CE - Sentencia 11001032500020230017100 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2023-00171-00 (2099-2023) Recurrente: Luis Armando López Reyes Asunto: Recurso extraordinario de revisión

Tema: recurso extraordinario de revisión. Causal del numeral 5 del artículo 250 del CPACA. Nulidad originada en la sentenci a que puso fin al proceso . Reiteración de jurisprudencia.

SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Luis Armando López Reyes contra la sentencia del 13 de diciembre de 2022, proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Girardot, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Luis Armando López Reyes interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 13 de diciembre de 2022 , proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , respecto de la causal

El señor Luis Armando López Reyes interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 13 de diciembre de 2022 , proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , respecto de la causal quinta del artículo 250 del CPACA. Según el recurrente, la decisión vulneró el principio de congruencia, al no haberse pronunciado sobre todos los motivos de inconformidad expuestos frente al fallo de primera instancia.

II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

1. A partir de las pruebas aportadas por el recurrente las cuales se valorarán de acuerdo con las reglas probatorias establecidas en el Código General del Proceso, en adelante CGP1, y el expediente ordinario allegado a este trámite, la Sala sintetiza, a continuación, los siguientes hechos relevantes y actuaciones del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radica do número 25307-33-33-0012019-00214-00/012.

1 Según el artículo 246 del CGP: «Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia». 2 SAMAI, índice índice 25, 23_MemorialWeb_Respuesta-21_Salida_reparto_T1(.pdf) NroActua 25 y SAMAI Tribunal Administrativo de Cundinamarca expediente 25307-33-33-001-2019-00214-01.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00171-00

Recurrente: Luis Armando López Reyes

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Administrativo de Cundinamarca expediente 25307-33-33-001-2019-00214-01.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00171-00

Recurrente: Luis Armando López Reyes

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2.1.1. La demanda

2. El señor Luis Armando López Reyes presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército

Nacional, en la que pidió lo siguiente:

(i) Se declare la nulidad del Oficio 20183111732461 MDN-CGFM-COEJC-SECEJJEMGF-COPER-DIPER-1.10 del 12 de septiembre de 2018, mediante el cual la entidad accionada negó el reconocimiento y pago del subsidio familiar previsto en el Decreto 1794 de 2000.

(ii) A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la entidad demandada el reconocimiento y pago del subsidio familiar según lo previsto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

(iii) Se condene a que los valores adeudados se actualicen de conformidad con el IPC; que se condene en costas procesales y agencias en derecho ; y se dé cumplimiento a la sentencia de conformidad con el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3.

3. Fundamentó su demanda en la existencia de desigualdad y discriminación hacia los soldados profesionales, al demostrar que un grupo de ellos percibe el

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3.

3. Fundamentó su demanda en la existencia de desigualdad y discriminación hacia los soldados profesionales, al demostrar que un grupo de ellos percibe el subsidio familiar conforme al Decreto 1794 de 2000 , con un valor aproximado de $700.000 mensuales, mientras que otros lo devengan bajo el Decreto 1161 de 2014, con un pago cercano a los $ 300.000 pesos mensuales. Es ta diferencia, según el demandante, vulnera el principio de igualdad.

4. Alegó que, conforme a lo establecido por el principio de favorabilidad en materia laboral, así como por l a condición más beneficiosa, el principio de in dubio pro operario, y demás aplicables a los soldados profesionales, tiene derecho a que se le reconozca y pague el subsidio familiar según lo previsto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

2.1.2. Contestación de la demanda

5. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional , contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones del actor, y propuso como excepciones : (i) inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones; (ii) inepta demanda por no controvertir el acto administrativo que reconoció el subsidio familiar; y (iii) prescripción cuatrienal4.

6. Señaló que su representada actuó conforme a derecho, toda vez que, expidió el acto acusado con base en la normativa vigente, esto es, los decretos 1794 de 2000; 3770 de 2009; 4433 de 2004 y la Ley 923 del 30 de diciembre de 2004.

el acto acusado con base en la normativa vigente, esto es, los decretos 1794 de 2000; 3770 de 2009; 4433 de 2004 y la Ley 923 del 30 de diciembre de 2004.

7. Precisó que el acto administrativo relevante en este caso es la orden administrativa de personal mediante la cual se reconoció el subsidio familiar al señor Luis Armando López Reyes. Indicó que dicho reconocimiento se efectúo desde el año 2014, con un porcentaje del 20%. En este sentido, agregó que era en ese momento, y frente a dicho acto, cuando debieron interponerse los recursos en sede administrativa.

8. Por último, sostuvo que se configuró la prescripción cuatrienal de derechos laborales, ya que desde el momento en el que el demandante declaró su unión marital

3 En adelante CPACA. 4 SAMAI, índice 25, 23_MemorialWeb_Respuesta-21_Salida_reparto_T1(.pdf)029 contestación demanda.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00171-00

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de hecho, contaba con la posibilidad de ejercer las acciones correspondientes para solicitar el reajuste o el reconocimiento del subsidio familiar que ahora pretende.

2.1.3. Sentencia de primera instancia

9. El Juzgado Primero Administrativo de Girardot profirió sentencia anticipada el 25 de mayo de 2022 en la que negó las pretensiones de la demanda5.

10. Indicó que el reconocimiento del subsidio familiar procede a partir de la fecha

9. El Juzgado Primero Administrativo de Girardot profirió sentencia anticipada el 25 de mayo de 2022 en la que negó las pretensiones de la demanda5.

10. Indicó que el reconocimiento del subsidio familiar procede a partir de la fecha en que se consolida el derecho subjetivo que lo hace acreedor del mismo, y no desde el momento en que se informa el cambio de estado civil ante el Ejército Nacional.

11. Señaló que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 establecía el reconocimiento y pago del subsidio familiar a favor de quienes estuvieran casados o mantuvieran una unión marital de hecho vigente, equivalente al 4% de l salario básico mensual más la prima de antigüedad. Dicha norma fue derogada por el Decreto 3770 de 2009, aunque se mantuvo el derecho para los soldados profesionales que ya lo percibían, permitiéndoles seguir devengándolo hasta su retiro del servicio. Posteriormente, el Decreto 1161 de 2014 creó, a partir del 1 de julio de 2014, un nuevo subsidio familiar para l os soldados profesionales e infantes de marina de las fuerzas militares en servicio activo que no percibieran el subsidio regulado en el Decreto 1794 de 2000 , equivalente al 20% de la asignación básica por cónyuge o compañera permanente.

12. Expuso que, mediante la sentencia del 8 de junio de 2017 6, el Consejo de Estado declaró la nulidad con efectos ex tunc del Decreto 3770 de 2009, por considerar que su contenido era regresivo y no progresivo. Como consecuencia, las situaciones jurídicas no consolidad as quedaron regidas por el artículo 11 del Decreto 1794 de

que su contenido era regresivo y no progresivo. Como consecuencia, las situaciones jurídicas no consolidad as quedaron regidas por el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, desde su promulgación hasta la entrada en vigor del Decreto 1161 de 2014; momento en el cual dicho artículo se entiende subrogado.

13. Afirmó que, conforme a lo probado en el plenario, el señor Luis Armando López Reyes no conformó una unión marital de hecho durante el tiempo en que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 estuvo excluido del ordenamiento jurídico. Dicha unión solo se formalizó el 20 de agosto de 2014, es decir, bajo la vigencia del Decreto 1161 de

2014. Por esta razón, se le reconoció en un 20% mediante la Orden Administrativa de Personal núm. 2201 del 30 de octubre de 2014, en razón de su unión con la señora

Angie Susana Jiménez Morales.

14. Precisó que al actor no le asiste el derecho al reconocimiento del subsidio familiar conforme al Decreto 1794 de 2000, ya que no cumplió con el presupuesto normativo exigido, al no haber constituido la unión marital de hecho durante la vigencia de dicha norma. En consecuencia, no puede predicarse la vulneración al derecho de igualdad, dado que a los soldados profesionales que consolidaron su derecho entre el 1 de enero de 2001 y el 24 de julio de 2014 les resulta aplicable el Decreto 1794 de 2000, mientras que a quienes lo hicieron a partir del 1 de julio de 2014 les corresponde la aplicación del Decreto 1161 de 2014.

15. Finalmente, consideró que no procedía condenar en costas al demandante.

la aplicación del Decreto 1161 de 2014.

15. Finalmente, consideró que no procedía condenar en costas al demandante.

5 SAMAI, índice 25, 23_MemorialWeb_Respuesta-21_Salida_reparto_T1(.pdf)056, sentencia subsidio familiar. 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Rad. 0686-2010.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00171-00

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2.1.4. Recurso de apelación de la parte demandante

16. La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, en el que insistió que en dicha providencia se transgredió el principio de congruencia, en tanto omitió pronunciarse sobre la excepción de inconstitucionalidad invocada en contra del acto administrativo acusado7.

17. Indicó como cargos contra la sentencia apelada los siguientes:

(i) El despacho incurrió en error interpretativo al atribuir al artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 un alcance que no corresponde con su verdadero sentido, en específico respecto a la expresión «unión marital de hecho». Esta interpretación yerra el contenido normativo al asumir que la vigencia de la unión depende exclusivamente de su declaración formal, desconociendo que dicha unión puede existir jurídicamente desde el inicio de la convivencia, sin necesidad de una manifestación expresa.

normativo al asumir que la vigencia de la unión depende exclusivamente de su declaración formal, desconociendo que dicha unión puede existir jurídicamente desde el inicio de la convivencia, sin necesidad de una manifestación expresa.

(ii) La sentencia no estudio la excepción de inconstitucionalidad, pese a que en su parecer tiene vocación de prosperidad.

(iii) Acusó que en la sentencia consideró probado, sin existir elementos suficientes para ello, que la entidad demandada logró desvirtuar la presunción de inconstitucionalidad que recae sobre el acto administrativo que negó el reajuste del subsidio familiar. En este sentido, el acto acusado debió ser inaplicado mediante la excepción de inconstitucionalidad, invocada de forma subsidiaria en la demanda, debido a que existe una presunción de inconstitucionalidad que no fue desvirtuada por la entidad demandada durant e el proceso. Insistió en que dicha excepción resulta legítima y procedente, incluso si el demandante no cumple con los requisitos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, ya que en tal caso corresponde declarar la nulidad del acto, al desvirtuarse la legalidad del acto acusado.

(iv) Vulneró el artículo 53 de la Constitución Política, al desconocer el principio in dubio pro operario , al optar por una interpretación desfavorable para el trabajador en lugar de aquella que protege sus derechos. Asimismo, sostuvo que la decisión no solo resulta contraria al orden constitucional, sino que también omite sin justificación el precedente constitucional aplicable en, materia laboral.

(v) Desconoció el principio de la condición más beneficiosa para el trabajador, al

resulta contraria al orden constitucional, sino que también omite sin justificación el precedente constitucional aplicable en, materia laboral.

(v) Desconoció el principio de la condición más beneficiosa para el trabajador, al optar por una interpretación que desfavorece el derecho a recibir el subsidio familiar, pese a la existencia de una expectativa legítima generada por el tránsito normativo en materia de seguridad social, derivado de la expedición del Decreto 1161 de 2014. Esta decisión no solo vulnera el orden constitucional, sino que también omite sin justificación el precedente constitucional aplicable, lo que debilita la validez del fallo.

(vi) Vulneró el artículo 13 de la Constitución Política, al desconocer el principio de igualdad, por considerar que los sujetos comparados no eran susceptibles de ello, pese a que la entidad demandada no logró desvirtuar el trato discriminatorio hacia el demandante en relación con el subsidio familiar, el cual resulta inferior al que reciben otros soldados profesionales en condiciones laborales similares, Esta omisión probatoria debería llevar a la segunda instancia a aplicar el criterio según el cual, si la parte acusada no satisface adecuadamente la carga de la prueba, debe presumirse que hubo discriminación, y en consecuencia, revocar la sentencia y acceder al reconocimiento del subsidio familiar solicitado en la demanda.

7 SAMAI, índice 25, 23_MemorialWeb_Respuesta-21_Salida_reparto_T1(.pdf) 062 apelación sentencia.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00171-00

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2.1.5. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

18. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia dictada el 13 de diciembre de 2022 , confirmó la decisión de

primera instancia con los siguientes argumentos8:

19. Destacó que el Consejo de Estado evalúo la competencia para pronunciarse sobre la derogatoria del artí culo 11 del Decreto 1794 de 2000, que establecía el subsidio familiar para los soldados e infantes de marina profesionales . E n ese contexto, declaró la nulidad con e fectos ex tunc del Decreto 3770 de 2009, en la que

se consideró lo siguiente9:

De la revisión en conjunto de las dos disposiciones normativas transcritas es dable establecer con facilidad que la derogatoria contemplada en el Decreto 3770 de 2009 expulsa del mundo jurídico, a partir de su entrada en vigencia, la prerrogativa estatuida con el artículo 11 del Decreto 1974 de 2000, consistente en el reconocimiento de la prestación del subsidio familiar para los soldados profesionales que para ese momento hubieren contraído matrimonio o tuvieren unión marital de hecho.

20. Sostuvo que el régimen salarial y prestacional de los soldados profesionales fue autorizado por el artículo 38 del Decreto 1793 de 2000, el cual facultó al Gobierno nacional para expedirlo conforme a la Ley 4ª de 1992. En ejercicio de dicha facultad,

autorizado por el artículo 38 del Decreto 1793 de 2000, el cual facultó al Gobierno nacional para expedirlo conforme a la Ley 4ª de 1992. En ejercicio de dicha facultad, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1794 de 2000, que estableció las condiciones y el monto de la asignación mensual para los soldados profesionales, tanto para quienes ingresaban por primera vez como para aquellos que ya prestaban servicio como voluntarios.

21. Señaló que los soldados profesionales, sin distinción alguna , tienen derecho a prestaciones como primas de antigüedad, de servicio anual, vacaciones , de navidad, subsidio familiar y cesantías, las cuales se calculan con base en el salario básico.

22. Conforme a los hechos probados precisó que la unión marital de hecho del demandante se formalizó el 20 de agosto de 2014, aunque la convivencia inició el 7 de julio de 2011. El subsidio familiar fue reconocido conforme al Decreto 1161 de 2014, mediante orden administrativa de personal núm. 2201 del 30 de octubre del mismo año. No obstante, concluyó que dicho subsidio no puede computa rse dentro de la asignación mensual según el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, ya que la unión se constituyó después de la entrada en vigor del nuevo decreto, sin cumplir el requisito legal para su declaratoria bajo la norma anterior.

23. Agregó que en lo que respecta al subsidio familiar como partida computable en la asignación mensual, no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000. Aunque se probó que la convivencia se dio mientras entraba en vigor el Decreto 1161 del 24 de junio de 2014, es claro que la unión marital de hecho se

1794 de 2000. Aunque se probó que la convivencia se dio mientras entraba en vigor el Decreto 1161 del 24 de junio de 2014, es claro que la unión marital de hecho se constituyó con posterioridad a dicha norma.

24. Explicó que como consecuencia de la nulidad del Decreto 3770 de 2009 y sus efectos ex tunc, al actor le habría correspondido el reconocimiento del subsidio familiar conforme al artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, esto es, el 4% del salario básico mensual más la prima de antigüedad, si la unión marital de hecho se hubiese constituido dentro de la vigencia de dicha norma , lo cual no ocurrió. En cambio, se constató que el subsidio fue regido bajo el Decreto 1161 de 2014, desde el momento

8 SAMAI, Tribunal Administrativo de Cundinamarca expediente 25307-33-33-001-2019-00214-01 índice 009. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Sentencia del 8 de junio de 2017, expediente 11001-03-25-000-2010-00065-00 (0686-10)Radicación: 11001-03-25-000-2023-00171-00

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en que se puso en conocimiento la condición ante la autoridad competente, y fue otorgado conforme a la normativa vigente en ese momento.

2.2. Recurso extraordinario de revisión

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en que se puso en conocimiento la condición ante la autoridad competente, y fue otorgado conforme a la normativa vigente en ese momento.

2.2. Recurso extraordinario de revisión

25. El señor Luis Armando López Reyes interpuso recurso extraordinario de revisión el 6 de marzo de 202310, a través de la ventanilla virtual del Sistema de Gestión Judicial SAMAI, contra la sentencia de segunda instancia proferida el 13 de diciembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El recurso se fundamentó en la causal quinta del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, relativa a la existencia de nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación11.

26. Alegó que el Tribunal omitió pronunciarse sobre la excepción de inconstitucionalidad solicitada en la demanda, a pesar de que la entidad demandada no desvirtúo la presunción de inconstitucionalidad que recae sobre el acto administrativo que negó el reconocimiento del reajuste del subsidio familiar.

27. Afirmó que no se realizó un análisis exhaustivo de lo solicitado en el recurso de apelación, específicamente en lo relativo a la vulneración del artículo 53 de la Constitución Política , en cuanto al principio in dubio pro operario. S eñaló que el Tribunal adoptó una interpretación desfavorable para el demandante, al desconocer el precedente constitucional y la afectación al derecho de recibir el subsidio familia r, respecto del cual existía una expectativa legítima en materia de seguridad social, generada por la expedición del Decreto 1161 del 2014.

precedente constitucional y la afectación al derecho de recibir el subsidio familia r, respecto del cual existía una expectativa legítima en materia de seguridad social, generada por la expedición del Decreto 1161 del 2014.

28. Manifestó que la sentencia vulnera el artículo 13 de la Constitución Política , al establecer una comparación entre sujetos que no son equiparables, lo que afecta el principio de igualdad.

29. Agregó que las omisiones incurridas por el Tribunal , como la falta de pronunciamiento sobre la petición de nulidad de la sentencia por violación del derecho fundamental al debido proceso y del principio de congruencia , configuran errores in procedendo. Estas omisiones vulneran el artículo 55 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, que exige que las sentencias se pronuncien sobre todos los hechos y asuntos planteados en el proceso , así como los artículos 280 y 281 del Código General del Proceso, relativo al contenido y congruencia de las sentencias.

30. Adujo que no se estudió el desconocimiento del artículo 53 de la Constitución Política, al acoger una posición desfavorable para el demandante en calidad de trabajador, y de esta forma se ignoró su expectativa legítima respecto al reconocimiento del subsidio familiar . Asimismo, se vulneró el artículo 13 Superior, al considerar que los soldados profesionales no son sujetos comparables frente a los oficiales y suboficiales.

31. Concluyó que las omisiones en que incurrió el Tribunal al proferir la sentencia de segunda instancia configuran la nulidad de dicha providencia y hacen procedente el recurso de revisión, en tanto constituyen una vulneración sustancial del derecho fundamental del debido proceso y del mandato de congruencia de las sentencias

de segunda instancia configuran la nulidad de dicha providencia y hacen procedente el recurso de revisión, en tanto constituyen una vulneración sustancial del derecho fundamental del debido proceso y del mandato de congruencia de las sentencias judiciales; principios que constituyen garantías fundamentales del ordenamiento jurídico procesal.

10 SAMAI, índice 003. 11 SAMAI índice 003.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00171-00

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2.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión

32. Esta Corporación admitió el recurso en auto del 26 de agosto de 2024 12, y ordenó la notificación personal de esta decisión a la Nación, Ministerio de Defensa

Nacional, Ejército Nacional y al Ministerio Público.

33. Posteriormente, una vez notificada la decisión a las partes, estas guardaron silencio.

34. Mediante providencia del 26 de agosto de 2025 , se decretó y se tuvo como prueba la copia de: la sentencia de primera instancia del 25 de mayo de 2022 proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Girardot, dentro del proceso de radicado núm. 25307 -33-33-001 2019 -00214-00, y la sentencia de segunda instancia del 13 de diciembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, dentro del proceso de radicado

segunda instancia del 13 de diciembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, dentro del proceso de radicado núm. 25307-33-33-001-2019-00214 0113.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

35. La Sala tiene competencia para conocer del recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Luis Armando López Reyes contra la sentencia del 13 de diciembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 249 del CPACA14.

3.2. Oportunidad

36. La sentencia objeto del recurso fue proferida el 13 de diciembre de 2022 , se notificó el 14 de diciembre de 202215, y quedó ejecutoriada el 13 de enero de 2023, en aplicación de lo previsto en los artículos 302 del CGP y 205 del CPACA modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021. A continuación, el señor Luis Armando López Reyes interpuso el extraordinario de revisión el 6 de marzo de 2023, según la anotación realizada a índice 3 del aplicativo SAMAI16, dentro del término dispuesto por el artículo 251 del CPACA17.

3.3. Legitimación en la causa

37. El señor Luis Armando López Reyes está legitimado en la causa para ser parte en este trámite, toda vez que fue demandante en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho18.

3.4. Problema jurídico

38. De acuerdo con los argumentos del recurso extraordinario de revisión,

en este trámite, toda vez que fue demandante en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho18.

3.4. Problema jurídico

38. De acuerdo con los argumentos del recurso extraordinario de revisión,

corresponde a la Sala determinar si:

12 SAMAI, índice 13. 13 SAMAI, índice 20. 14 «De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia». 15 SAMAI, Tribunal Administrativo de Cundinamarca expediente 25307-33-33-001-2019-00214-01, índice 011. 16 Se presentó demanda por ventanilla virtual con solicitud No 6326, fecha de presentación: 06/03/2023 8:28:16, anexos remitidos:3 secuencia de reparto:2107. 17 «El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia». 18 Esta calidad fue reconocida en el auto admisorio de la demanda ordinaria proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Girardot el 30 de enero de 2020. SAMAI, índice 25, pdf 014, auto admite demanda.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00171-00

Recurrente: Luis Armando López Reyes

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39. ¿La sentencia impugnada desconoció el objeto del litigio y omitió resolver de fondo cargos del recurso de apelación, incurriendo en la causal 5 de art ículo 250 del

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39. ¿La sentencia impugnada desconoció el objeto del litigio y omitió resolver de fondo cargos del recurso de apelación, incurriendo en la causal 5 de art ículo 250 del

CPACA?

40. Para resolver el problema jurídico, la Sala se referirá, en primer lugar, a la naturaleza del recurso extraordinario de revisión; luego abordará el alcance de la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA atinente a que exista nulidad originada en la sentencia; en tercer lugar, resolverá el caso en concreto; y, por último, decidirá sobre la condena en costas.

3.5. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión

41. El recurso extraordinario de revisión ha sido considerado por la jurisprudencia y la doctrina nacional como un mecanismo de impugnación y, al mismo tiempo, una excepción al principio de inmutabilidad de las decisiones judiciales que ponen fin a una controversia, siempre que estén incursas en alguna de las causales previstas taxativamente en el artículo 250 del CPACA19.

42. El objeto de este mecanismo es el restablecimiento de la justicia material del fallo recurrido cuando haya sido afectado p or situaciones exógenas que no pudieron analizarse en el curso del proceso por ello, no puede ser utilizado para corregir errores judiciales. Es un medio excepcional de impugnación de las decisiones judiciales, regulado en los artículos 248 y subsiguientes del CPACA20, para casos en que la decisión judicial está inmersa en supuestos como «[…] la falsedad, el fraude, el error, la aparición de documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión […]», entre otros21.

decisión judicial está inmersa en supuestos como «[…] la falsedad, el fraude, el error, la aparición de documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión […]», entre otros21.

43. Por tal motivo, el carácter excepcional del recurso extraordinario de revisión supone que no puede utilizarse «[…] para cuestionar la actividad interpretativa, ni la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material»22.

44. De ahí deviene la importancia de que los hechos del caso se subsuman en la causal invocada sin necesidad de recurrir a interpretaciones amplias que reabran la discusión como si se tratara de una nueva instancia judicial.

45. Para lograr lo anterior, se exige del recurrente «una carga argumentativa precisa […], toda vez que debe hacerse de manera técnica, rigurosa y fundamentada […]» 23.

Así pues, la parte que acuda al recurso extraordinario de revisión bajo el amparo de una de las causales previstas para su procedencia tiene el deber de «[…] explicar cuáles son los motivos que la soportan y, especialmen