CE - Sentencia 11001032500020230018300 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2023-00183-00 (2207-2023)

Demandante Cristian Camilo Marín Guarín

Demandado: Providencia

recurrida: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional Sentencia del 23 de febrero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño

Tema:

Causal 5 de revisión del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1

Sentencia de revisión

Asunto

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Cristian Camilo Marín Guarín contra la sentencia del 23 de febrero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.

1. Antecedentes

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Defensa Nacional, Policía Nacional.

1. Antecedentes

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA, Cristian Camilo Marín Guarín presentó una demanda en orden a que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) del 26 de febrero de 2016, expedido por el inspector delegado de la Región Cuatro (Popayán, Cauca) de la Policía Nacional, dentro del proceso disciplinario con radicado REGI4 -2014-39, que dispuso su destitución e inhabilidad por 12 años ; ii) del 31 de marzo de 2017, suscrit o por el inspector general de la institución, que confirmó la anterior decisión; y iii) de la Resolución

1 En adelante CPACA. 2 Samai, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL », documento s «8_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3 » y «7_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3».2

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00183-00 (2207-2023)

Demandante: Cristian Camilo Marín Guarín

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3839 del 2 de junio de 2017, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, que estableció su retiro del servicio activo e impuso el correctivo de 12 años de inhabilidad.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho

estableció su retiro del servicio activo e impuso el correctivo de 12 años de inhabilidad.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó: i) el reintegro a la institución policial en el grado que tenía o en uno superior en el que se enc ontraran sus compañeros de curso , con la declaración de que no existió solución de continuidad en los servicios prestados desde la fecha de retiro hasta la de reincorporación; ii) la pérdida de los efectos de las sanciones impuestas en los actos de primera y segunda instancia; iii) el pago de los salarios, las primas, vacaciones, cesantías y demás emolumentos dejados de percibir como consecuencia de la desvinculación; iv) el reconocimiento de los intereses moratorios; y v) el cumplimiento de la sentencia en los términos del

CPACA.

1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

3.1. Cristian Camilo Marín Guarín ingresó a la Policía Nacional en febrero de 1998 y permaneció en la institución hasta el 2 de junio de 2017. Se desempeñó como patrullero y, al momento del retiro, ejercía el cargo de subcomandante de la Sección de Operaciones Especiales (GOES) de Hidrocarburos 14, acantonada en la Estación Ricaurte del Departamento de Policía de Nariño.

3.2. A partir de la indagación preliminar P -DENAR-2014-14 se inició la investigación disciplinaria REGI4-2014-39 por hechos ocurridos el 18 de febrero de 2014, relacionados con la pérdida de un arma de dotación oficial (fusil Galil

investigación disciplinaria REGI4-2014-39 por hechos ocurridos el 18 de febrero de 2014, relacionados con la pérdida de un arma de dotación oficial (fusil Galil 5.56-08442344), con un cargador de 35 cartuchos, lote SD92, en el búnker de la Estación de Policía del municipio de Ricaurte (Nariño).

3.3. El 22 de agosto de 2014, el inspector delegado de la Región de Policía 4 avocó conocimiento de la investigación, dentro de la cual el 13 de diciembre de 2015 se profirió auto de cargos por presunta infracción relacionada con el manejo de bienes y equipos bajo su responsabilidad, consistente en extraviar o permitir la pérdida de elementos de dotación oficial bajo la modalidad de culpa gravísima.

3.4. El 3 de febrero de 2016 se expidió auto de traslado para alegar de conclusión, y el 26 de ese mes y año se dictó fallo de primera instancia mediante el cual se impuso la sanción de destitución e inhabilidad por el término de 12 años, decisión que fue confirmada en segunda instancia el 31 de mayo de 2017.

3.5. Mediante la Resolución 3839 del 2 de junio de 2017, el actor fue retirado del servicio activo de la Policía Nacional. El acto administrativo fue notificado el 9 de junio de 2017.

3.6. Durante el trámite del proceso disciplinario se registró que el demandante había rendido testimonio en actuaciones relacionadas con la denominada «comunidad del anillo». Debido a ello se solicitó que la Procuraduría General de la Nación asumiera la investigación en ejercicio del poder preferente; sin embargo,3

había rendido testimonio en actuaciones relacionadas con la denominada «comunidad del anillo». Debido a ello se solicitó que la Procuraduría General de la Nación asumiera la investigación en ejercicio del poder preferente; sin embargo,3

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00183-00 (2207-2023)

Demandante: Cristian Camilo Marín Guarín

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Viceprocuraduría determinó que no era procedente, por lo cual la Policía Nacional continuó con el trámite disciplinario.

1.2. Sentencia de primera instancia3

4. Mediante sentencia proferida el 30 de junio de 20 21 el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Pasto declaró probada la excepci ón de legalidad de los actos administrativos acusados y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda. Para el efecto, consideró:

4.1. En el expediente disciplinario quedaron acreditados los hechos relativos al cargo único imputado al actor, y se recaudaron los elementos materiales de prueba que demostraron la pérdida del fusil asignado al demandante. El argumento de la defensa, según el cual su superior le había autorizado no portar el arma de dotación, fue desmentido directamente por el mayor Sánchez Valderrama en su declaración, sin que se evidenciara prueba alguna que desvirtuara la ocurrencia del hecho investigado ni las circunstancia s de tiempo, modo y lugar en que sucedió, tal como fueron registradas y valoradas en los actos acusados.

Valderrama en su declaración, sin que se evidenciara prueba alguna que desvirtuara la ocurrencia del hecho investigado ni las circunstancia s de tiempo, modo y lugar en que sucedió, tal como fueron registradas y valoradas en los actos acusados.

4.2. El recorrido procesal demostró que se observaron las formalidades legales, así como el derecho de audiencia y defensa del investigado. El demandante alegó presuntos errores en el trámite, pero no precisó en qué consistían las irregularidades invocadas, y la sanción disciplinaria fue impuesta con fundamento en pruebas documentales, entre ellas informes oficiales, minutas de servicio y declaraciones de testigos que dieron cuenta de las circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores a la falta disciplinaria.

4.3. En el proceso existía plena prueba de la conducta por la cual se impuso la sanción, razón por la cual no se encontró mérito para declarar la nulidad solicitada, máxime cuando los cargos carecían de precisión y no señalaban irregularidades específicas. La supuesta indebida notificación del auto que corrió traslado para alegar de conclusión fue debatida y resuelta dentro del trámite disciplinario.

4.4. En cuanto al cargo por falsa motivación y desviación de poder, correspondía al demandante aportar las pruebas que demostraran la incongruencia entre lo expuesto en los actos acusados y la realidad fáctica. La afirmación de persecución por haber formulado denuncias careció de sustento probatorio, pues del examen del expediente no se advirtió indicio alguno de que hubiera sido objeto de represalias por parte de miembros de la institución a raíz de los hechos que

por haber formulado denuncias careció de sustento probatorio, pues del examen del expediente no se advirtió indicio alguno de que hubiera sido objeto de represalias por parte de miembros de la institución a raíz de los hechos que motivaron la sanción. Además, el cargo no fue desarrollado ni sustentado, ya que no describió hechos concretos que pudieran configurar actos de persecución.

4.5. Aunque el rigor técnico de las demandas de nulidad no era absoluto en esta jurisdicción, sí debían señalarse las disposiciones presuntamente vulneradas y el

3 Samai, índice 24, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO », documento «32RECIBEMEMORIAL_EXPEDIENTE_20170028800zip(.zip) NroActua 24», archivo «013Sentencia.pdf».4

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Demandante: Cristian Camilo Marín Guarín

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co concepto de la violación, con el fin de garantizar un debate jurídico claro y el respeto del derecho de defensa. De acuerdo con el «numeral 4 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo », la demanda debía indicar las normas vulneradas y explicar su infracción, pero en este caso se invocaron genéricamente algunas disposiciones constitucionales sin precisar la violación específica relacionada con el trámite disciplinario, lo que impidió advertir la nulidad alegada.

4.6. En consecuencia, los actos acusados contuvieron la descripción y el análisis

algunas disposiciones constitucionales sin precisar la violación específica relacionada con el trámite disciplinario, lo que impidió advertir la nulidad alegada.

4.6. En consecuencia, los actos acusados contuvieron la descripción y el análisis de los hechos constitutivos de la falta, así como la determinación de la culpabilidad. No se demostró la v ulneración de las normas invocadas ni de los conceptos jurídicos desarrollados en la demanda, por lo cual se d ebían denegar las pretensiones de la demanda.

1.3. El recurso de apelación4

5. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de

primer grado con fundamento en lo siguiente:

5.1. En el proceso no se realizó una adecuada valoración probatoria, pues se demostró que la Policía Nacional vulneró el debido proceso durante la actuación disciplinaria adelantada. Las pruebas no fueron apreciadas correctamente por el fallador de primera inst ancia, en especial la declaración del mayor Sánchez Valderrama, quien afirmó que nunca había autorizado a Cristian Camilo Marín Guarín para dejar el arma en su lugar de alojamiento. No existía prueba que confirmara dicha versión ni elemento que permitiera concluir que el oficial carecía de autorización para portar el arma dentro del «búnker policial».

5.2. En la actuación disciplinaria se profirió auto de traslado para presentar alegatos de conclusión, el cual debía notificarse tanto al disciplinado como a su apoderado, pero solo se notificó al primero. Esa omisión vulneró el derecho de defensa, al impedir la presentación oportuna de los alegatos f inales, esenciales para analizar las pruebas practicadas en la primera instancia.

apoderado, pero solo se notificó al primero. Esa omisión vulneró el derecho de defensa, al impedir la presentación oportuna de los alegatos f inales, esenciales para analizar las pruebas practicadas en la primera instancia.

5.3. La sanción impuesta resultó desproporcionada. En casos similares de pérdida o extravío de armas de dotación se habían impuesto sanciones menos severas, lo que evidenció un trato desigual. Además, el arma no se extravió fuera de la estación, sino dentro del «búnker policial », espacio restringido al personal uniformado.

5.4. El disciplinado fue objeto de represalias por haber denunciado y declarado en el caso conocido como la «Comunidad del Anillo». La sanción impuesta fue consecuencia de esa circunstancia y representó una medida desproporcionada y excesiva.

5.5. La conducta debía calificarse como culposa y no dolosa, pues no hubo intención ni negligencia grave en la pérdida del arma . En consecuencia, el juez

4 Samai, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL », documento «6_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3».5

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Demandante: Cristian Camilo Marín Guarín

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de segunda instancia podía ajustar la sanción de acuerdo con las pruebas y las circunstancias del caso.

1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión5

www.consejodeestado.gov.co de segunda instancia podía ajustar la sanción de acuerdo con las pruebas y las circunstancias del caso.

1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión5

6. El Tribunal Administrativo de Nariño en la sentencia proferida el 23 de febrero de 2022 confirmó la decisión de primera instancia. La decisión se fundamentó en

las siguientes consideraciones:

6.1. La investigación disciplinaria tuvo origen en el extravío de un fusil Galil 5.5608442344, con un cargador de 35 cartuchos, ocurrido el 18 de febrero de 2014 en la Estación de Policía 12 de Ricaurte (Nariño), bajo responsabilidad del entonces teniente Cristian Camilo Marín Guarín.

6.2. Por este hecho, la autoridad competente formuló cargos por la comisión de una falta gravísima, conforme con el artículo 34, numeral 21, literal d) de la Ley 1015 de 2006, consistente en permitir la pérdida de un bien institucional bajo su custodia.

6.3. El proceso se adelantó mediante el procedimiento verbal previsto en el artículo 175 de la Ley 734 de 2002. Durante la actuación se respetaron las garantías del debido proceso, el derecho de defensa y las etapas procesales correspondientes. El 26 de febrero de 2016 se profirió acto de primera instancia que declaró probada la falta e impuso la sanción de destitución e inhabilidad general por 12 años, decisión que fue confirmada el 31 de mayo de 2017 por la Inspección Delegada Región de Policía 4.

6.4. La investigación fue adelantada por autoridad competente y conforme a derecho, sin que se demostrara vulneración del debido proceso ni falsa motivación.

Región de Policía 4.

6.4. La investigación fue adelantada por autoridad competente y conforme a derecho, sin que se demostrara vulneración del debido proceso ni falsa motivación.

6.5. Del análisis probatorio se concluyó que el disciplinado permitió la pérdida del fusil asignado al incumplir los protocolos de custodia y porte del armamento. La defensa argumentó que un superior le había autorizado conservar el arma en su alojamiento, pero dicha versión fue desmentida por un testigo, y no se aportó prueba que acreditara esa supuesta orden, conforme con el artículo 167 del Código General del Proceso6.

6.6. La conducta fue calificada como una omisión culposa gravísima, dado que el oficial, con pleno conocimiento de sus deberes, actuó con descuido y falta de diligencia, lo que comprometió la seguridad institucional y el cumplimiento de sus funciones.

6.7. Durante la actuación disciplinaria el investigado contó con defensa técnica, rindió versión libre, fue notificado de todas las decisiones y ejerció los recursos legales. No se acreditaron irregularidades, persecución ni desviación de poder.

5 Samai, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL », documento «3_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3». 6 En lo que sigue CGP.6

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Demandante: Cristian Camilo Marín Guarín

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Demandante: Cristian Camilo Marín Guarín

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.8. Como lo consideró el fallo disciplinario de segunda instancia, no se vulneró el derecho de defensa del disciplinado con la notificación del auto que corrió traslado para alegatos de conclusión, puesto que aquella providencia se surtió en estado, tal y como lo disponía la ley aplicable.

6.9. La falta tuvo carácter antijurídico, por vulnerar el deber funcional previsto en el artículo 5 de la Ley 734 de 2002 . En materia disciplinaria, basta la infracción sustancial de los deberes públicos, sin que sea necesario demostrar un daño material.

6.10. En consecuencia, se estableció la responsabilidad de l actor por la comisión de una falta gravísima a título de culpa gravísima. La sanción impuesta guardó proporcionalidad con la gravedad de la conducta y se ajustó a la ley, la jurisprudencia y la Constitución Política.

6.11. En estas condiciones, resultaba procedente confirmar la sentencia de primera instancia, ya que la actuación administrativa cumplió con los parámetros legales y que la sanción resultó acorde con la falta cometida.

1.5. Recurso extraordinario de revisión7

7. Cristian Camilo Marín Guarín interpuso recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia proferida el 23 de febrero de 20 22 por el Tribunal Administrativo de Nariño. Lo anterior con fundamento en la causal establecida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA. Para tal efecto, consideró lo siguiente:

contra de la sentencia proferida el 23 de febrero de 20 22 por el Tribunal Administrativo de Nariño. Lo anterior con fundamento en la causal establecida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA. Para tal efecto, consideró lo siguiente:

7.1. El Tribunal incurrió en error al aplicar las normas del procedimiento disciplinario, pues citó los artículos 175 y siguientes de la Ley 734 de 2002, referidos al proceso verbal, cuando el trámite correspondía al procedimiento ordinario. El pliego de cargos ordenó contestar en 10 días, sin convocar a audiencia, lo que evidenció una aplicación normativa errada y generó una nulidad sustancial en la sentencia.

7.2. El a quo omitió valorar las pruebas allegadas con la demanda y su reforma, las cuales demostraban la vulneración del derecho a la igualdad, ya que la Inspección Delegada Región 4 impuso una sanción más severa frente a otros uniformados que, en situaciones más graves, recibieron medidas disciplinarias menos drásticas. No se examinó una comunicación aportada como prueba, proveniente de otro proceso disciplinario, en la que se notificó por correo electrónico el traslado para alegatos, práctica que no se aplicó en su caso.

7.3. La valoración probatoria fue incompleta, pues no se analizó el testimonio del Mayor Sánchez Valderrama, quien explicó que el actor mantenía el fusil a la mano dentro de su alojamiento, conforme con los protocolos de reacción ante eventuales ataques. Tampoco se tuvo en cuenta que la Estación de Policía de Ricaurte era un recinto cerrado, con filtros de seguridad que impedían el ingreso de personas ajenas, por lo que la pérdida del arma debía atribuirse a una falla del

eventuales ataques. Tampoco se tuvo en cuenta que la Estación de Policía de Ricaurte era un recinto cerrado, con filtros de seguridad que impedían el ingreso de personas ajenas, por lo que la pérdida del arma debía atribuirse a una falla del

7 Samai, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL », documento «1_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3».7

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00183-00 (2207-2023)

Demandante: Cristian Camilo Marín Guarín

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co servicio y no a una acción individual.

7.4. El análisis judicial fue parcial y desconoció principios esenciales del derecho disciplinario, como la proscripción de la responsabilidad objetiva y la aplicación del principio de culpabilidad previsto en el artículo 13 de la Ley 734 de 2002. En su concepto, la conducta debía calificarse, en todo caso, a título de culpa leve o exonerarse por ausencia de responsabilidad. Además, la falta de notificación al apoderado sobre la etapa de alegatos vulneró el derecho de defensa, ya que un día antes se le habían entregado copias del expediente y no fue informado de la fijación del estado.

7.5. El Tribunal desatendió el principio de in dubio pro disciplinado, al resolver las dudas existentes en su contra y no a su favor. No existió prueba que demostrara su responsabilidad en la pérdida del fusil, el cual permanecía dentro de la estación policial bajo condiciones de seguridad institucional.

dudas existentes en su contra y no a su favor. No existió prueba que demostrara su responsabilidad en la pérdida del fusil, el cual permanecía dentro de la estación policial bajo condiciones de seguridad institucional.

1.6. Contestación del recurso extraordinario de revisión

8. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, no se pronunció en la instancia procesal8.

1.7. Intervención del Ministerio Público

9. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto9.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

10. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de revisión de conformidad con lo regulado en el artículo 249 del CPACA, que estableció «[d]e los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia». Asimismo, de acuerdo con el criterio de especialidad, le corresponde a la Sección Segunda conocer de los asuntos laborales, según el artículo 13 numeral 3 del Reglamento Interno del Consejo de Estado10 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Legitimación en la causa

11. En el asunto objeto de estudio, Cristian Camilo Marín Guarín se encuentra legitimado para actuar como demandante, comoquiera que tuvo igual calidad dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho presentado contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, y en el cual se profirió la sentencia que se recurre en esta oportunidad.

8 Tal y como consta en el auto del 24 de junio de 2024. Samai, índice 18, actuación «Auto que

la sentencia que se recurre en esta oportunidad.

8 Tal y como consta en el auto del 24 de junio de 2024. Samai, índice 18, actuación «Auto que decreta pruebas», documento «25Autoquedecret_22072023PruebasRERco(.pdf) NroActua 18». 9 Ibidem. 10 Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019.8

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00183-00 (2207-2023)

Demandante: Cristian Camilo Marín Guarín

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3. Oportunidad para presentar el recurso

12. En este caso, la sentencia del 23 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, fue notificada el 10 de marzo de 20 2211 y quedó ejecutoriada el 17 de igual mes y año12. Posteriormente el recurso extraordinario de revisión fue radicado el 10 de marzo de 202313.

13. De acuerdo con lo anterior, el recurso extraordinario de revisión fue presentado dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia recurrida, tal y como lo prevé el artículo 251 del CPACA.

2.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

14. El recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del CPACA es un medio de impugnación que afecta el principio de la inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la cosa juzgada 14. Su finalidad es la de invalidar los efectos jurídicos de una

un medio de impugnación que afecta el principio de la inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la cosa juzgada 14. Su finalidad es la de invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que se encuentra ejecutoriada 15 y persigue el restablecimiento del criterio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales cuando estas han sido lesionadas en aquella, al ocurrir alguna de las causales por las cuales procede, establecidas en la ley. Tiene dos características principales:

15. La primera se refiere a que su naturaleza es excepcional y, por lo tanto, solo opera por razón de las causales taxativas señaladas en el artículo 250 del CPACA, en concordancia con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Estas señalan vicios o errores de nat uraleza procedimental que permiten la revisión de la sentencia proferida dentro del proceso. En ese orden, para que el juez pueda examinar la controversia materia del recurso, a quien lo ejerce le corresponde indicar con precisión cuál es la causal que inv oca para invalidar la sentencia recurrida y las razones de hecho y de derecho que la sustentan.

16. La segunda indica que se trata de un nuevo proceso que tiene por objeto cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario y no una nueva oportunidad para reabrir el debate jurídico, probatorio y/o fáctico propio de las instancias procesales que ya se han surtido en aquel. Tampoco es una vía para cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir en la discusión de los problemas debatidos en el proceso original ni para subsanar las falencias de las actuaciones procesales de las partes, puesto que no constituye una tercera instancia.

cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir en la discusión de los problemas debatidos en el proceso original ni para subsanar las falencias de las actuaciones procesales de las partes, puesto que no constituye una tercera instancia.

11 Samai, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL », documento «4_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3». 12 Según auto admisorio del recurso extraordinario de revisión del 1 5 de marzo de 2024. Samai, índice 1 2, actuación «Auto que admite recurso extraordinario de revisión », documento «19AUTOQUEADMITE_22072023ADMITERERPOR(.pdf) NroActua 12». 13 Samai, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL », documento «5_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3». 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión. Sentencia 13 de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00. 15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia 15 de marzo de 2018. Rad. 1001-03-25-000-2014-00862-00.9

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00183-00 (2207-2023)

Demandante: Cristian Camilo Marín Guarín

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.5. Problema jurídico

Demandante: Cristian Camilo Marín Guarín

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.5. Problema jurídico

17. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:

¿Se configuró la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA por vulneración del debido proceso y desconocimiento del principio de congruencia en la sentencia del 23 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, al aplicar normas procedimentales distintas de las observadas en la actuación disciplinaria, omitir la valoración integral de las pruebas y testimonios aportados, y no pronunciarse de manera suficiente sobre las alegaciones relacionadas con la garantía del derecho de defensa del actor?

18. Para la Sala es importante precisar que si bien en el escrito de revisión el recurrente no mencionó de manera expresa la vulneración del principio de congruencia, de la lectura de sus argumentos se advierte que cuestionó la falta de valoración de pruebas r elevantes y la omisión de pronunciamiento sobre aspectos esenciales del proceso disciplinario. Por ello, se consider a pertinente incorporar en el problema jurídico la referencia a dicho principio, en cuanto guarda relación directa con el debido proceso y c on la coherencia entre lo debatido y lo resuelto en la sentencia cuestionada.

2.6. La nulidad originada en la sentencia como causal del recurso extraordinario de revisión

19. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispuso que la «nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación […]»

extraordinario de revisión

19. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispuso que la «nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación […]» es causal de revisión de las sentencias ejecutoriadas. Sobre los eventos en los que se estructura la nulidad de la sentencia, la jurisprudencia del Consejo de

Estado ha señalado los siguientes:

1. cuando se configura alguna de las situaciones previstas de manera taxativa en el artículo 133 del C GP que solo pudieron ser advertidas en la sentencia. Este criterio adoptó la tesis basada en el respeto a la taxatividad y legalidad de las nulidades16 y;

1. cuando se vulnera el debido proceso a partir del artículo 29 de la Constitución Política. La transgresión debe ser de naturaleza procesal, por lo que no es posible que el recurrente cuestione la motivación de la providencia, la valoración probatoria o la a plicación de las normas 17. Dentro de este tipo de nulidades la jurisprudencia ha precisado, a modo enunciativo, que pueden ser las siguientes:

«[…] 66.1. Cuando sin ninguna otra actuación, se profiere una nueva sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia en firme.

66.2. Cuando sin más actuación se profiere sentencia des