CE - Sentencia 11001032500020230022100 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., seis (6) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001 03 25 000 2023 00221 00 (2596-2023)

Demandante: Guillermo Arbey Rodríguez Buitrago

Providencia recurrida: Sentencia del 15 de septiembre de 202 1 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, aclarada mediante providencia del 28 de octubre del mismo año

Tema:

Causal 5 de revisión del artículo 250 del CPACA. Nulidad originada en la sentencia.

Sentencia de revisión

Asunto

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Guillermo Arbey Rodríguez Buitrago contra la sentencia del 15 de septiembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , aclarada mediante providencia del 28 de octubre del mismo año, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido en contra de Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS.

1. Antecedentes

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho1

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Administrativo para la Prosperidad Social, DPS.

1. Antecedentes

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho1

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, Guillermo Arbey Rodríguez Buitrago presentó una demanda en orden a que se declarara la nulidad de la Resolución 01155 del 27 de noviembre de 2013 , por la cual el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social declaró la insubsistencia de su nombramiento como director regional del Valle del Cauca.

1 Índice 24 de Samai, documento «35RECIBEMEMORIAL_EXPEDIENTE_20140018600zip(.zip)». Expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 76001 33 33 015 2014 00186 00. 2 En adelante CPACA.2

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2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reintegro al cargo o a uno de igual o superior categoría, sin solución de continuidad para todos los efectos laborales, así como el pago de los salarios y prestaciones sociales desde la fecha de retiro hasta su reintegro al cargo, debidamente actualizados. Igualmente, pidió el cumplimiento de la sentencia de conformidad con el artículo 192 del CPACA y

laborales, así como el pago de los salarios y prestaciones sociales desde la fecha de retiro hasta su reintegro al cargo, debidamente actualizados. Igualmente, pidió el cumplimiento de la sentencia de conformidad con el artículo 192 del CPACA y la condena en costas de la parte demandada.

1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

3.1. Guillermo Arbey Rodríguez Buitrago laboró como coordinador de la Red de Solidaridad de la Regional Valle del Cauca desde el 11 de mayo de 2004.

3.2. Como consecuencia de la transformación de la entidad, a partir del 17 de agosto de 2005 fue coordinador de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional de la Presidencia de la República, Acción Social.

3.3. El 14 de febrero de 2012 se posesionó como director regional del Departamento Administrativo de la Prosperidad Social en atención a una nueva modificación de la estructura administrativa de la entidad.

3.4. El 14 de noviembre de 2013, el demandante recibió una llamada del jefe de la Oficina de Gestión Regional del DPS a través de la cual le requirió que presentara su renuncia al cargo.

3.5. El 28 de noviembre de 2013 recibió la comunicación de la expedición de la Resolución 01155 del 27 de noviembre de 2013, que declaró la insubsistencia de su nombramiento.

1.2. Sentencia de primera instancia

4. Mediante sentencia proferida el 21 de junio de 2019 el Juzgado Quince Administrativo Oral de Cali declaró probadas las excepciones de mérito 3

su nombramiento.

1.2. Sentencia de primera instancia

4. Mediante sentencia proferida el 21 de junio de 2019 el Juzgado Quince Administrativo Oral de Cali declaró probadas las excepciones de mérito 3 formuladas por el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social y negó las pretensiones de la demanda. Para el efecto, consideró:

4.1. El empleo de director regional código 0042 grado 15 del DPS era un cargo de libre nombramiento y remoción , en atención al alto grado de confianza que la gestión del nominador demandaba de quien lo desempeñara. Así se desprendía del manual de funciones de la entidad vigente para la época de los hechos. El documento estableció que el superior del cargo era el director general que tenía las atribuciones de nominador, de acuerdo con el Decreto 4155 de 2011.

4.2. En esas condiciones, en principio el acto administrativo que declaró la insubsistencia del nombramiento del demandante estaba amparado por la presunción de legalidad . De ahí que era necesario acreditar el cargo de

3 La entidad demandada propuso las excepciones de mérito la facultad de remoción del empleo por ser de libre nombramiento y remoción, presunción de legalidad del acto demandado y la genérica.3

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desviación de poder, por haber desatendido las disposiciones de la ley de

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desviación de poder, por haber desatendido las disposiciones de la ley de garantías electorales y por haber perseguido la finalidad de persecución política y no el mejoramiento del servicio , en la medida en que la persona que lo reemplazó no cumplía con las calidades para desempeñarse como director regional del DPS.

4.3. El solicitante adujo que el acto acusado fue expedido como represalia a la oposición que presentó su «padrino político» y «por directrices del alto gobierno» por cuanto se trataba de un «exsenador conservador que manifestó no comulgar con la campaña reeleccionista del entonces presidente de Colombia».

4.4. Las pruebas allegadas al expediente no ofrecían suficiente claridad de que las declaraciones del exsenado r César Tulio Delgado [padrino político del demandante] fueran el factor determinante que desatara la desvinculación de Guillermo Arbey Rodríguez Buitrago del cargo que desempeñaba.

4.5. De acuerdo con las declaraciones rendidas y las constancias emitidas en el Senado las alegadas manifestaciones del entonces senador obedecieron a una postura personal dirig ida al partido y « a la opinión » sobre su consideración de cómo debía actuar la colectividad a la que pertenecía frente a la elección del presidente de la Repúbli ca. Tampoco se acreditó que la persona que fue designada en reemplazo del demandante fuera « ahijado» político de otro congresista.

4.6. Si bien las gacetas del Congreso aportadas daban cuenta de las

presidente de la Repúbli ca. Tampoco se acreditó que la persona que fue designada en reemplazo del demandante fuera « ahijado» político de otro congresista.

4.6. Si bien las gacetas del Congreso aportadas daban cuenta de las declaraciones de César Tulio Delgado, ello no demostró una relación directa de causalidad entre la declaratoria de insubsi stencia del actor y la presunta persecución política que alegó.

4.7. No se vulneró la Ley 996 de 2005, de Garantías Electorales, que restringía las vinculaciones a la nómina estatal durante los 4 meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la segunda vuelta . En este caso , el nombramiento del funcionario que reemplazó al demandante se rea lizó el 24 de enero de 2014 y la restricción legal operó desde el 25 de enero de ese año.

4.8. Tampoco se acreditó que el acto demandado tuv iera fines distintos del mejoramiento del servicio. De acuerdo con las pruebas aportadas, Héctor Fabio Cortés López, quien fue designado como director regional del DPS del Valle del Cauca después del retiro de l demandante, cumplía con los requisitos para el desempeño d el cargo , pues demostró una experiencia de más de 20 años, además de que contaba con un «master» en salud ocupacional y una calificación del DAFP de 86%.

4.9. En efecto, de conformidad con la Resolución 0007 del 6 de febrero de 2012, un profesional de la medicina , como lo era Héctor Fabio Cortés López, con una experiencia relacionada de 44 meses el empleo podía desarrollar las funciones asignadas.

un profesional de la medicina , como lo era Héctor Fabio Cortés López, con una experiencia relacionada de 44 meses el empleo podía desarrollar las funciones asignadas.

4.10. Por otra parte, aunque el demandante indicó que su ejercicio del empleo fue muy satisfactorio, según las evaluaciones de desempeño aportadas con su hoja de vida, ello no le otorgaba un fuero de estabilidad, en los términos de la4

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jurisprudencia del Consejo de Estado4. Ciertamente, se constituía en un deber de todo servidor público desarrollar sus funciones con diligencia y responsabilidad , sin que ello enervara la facultad discrecional del nominador.

1.3. El recurso de apelación

5. El demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de primer

grado con fundamento en lo siguiente:

5.1. Las pruebas allegadas al proceso demostraron la persecución política de que fue objeto. La parte demandada aceptó que el 28 de noviembre de 2013 lo notificó del acto de insubsistencia . Para el siguiente 3 de diciembre del mismo año, el senador César Tulio Delgado declaró en la plenaria del Senado de la República «como respuesta de aquella opinión que expresa el clamor de las bases y militantes del partido conservador hoy desvinculan declarando insubsistente a un funcionario que en representación del partido ejercía funciones en el Valle del Cauca, desde hace más de

«como respuesta de aquella opinión que expresa el clamor de las bases y militantes del partido conservador hoy desvinculan declarando insubsistente a un funcionario que en representación del partido ejercía funciones en el Valle del Cauca, desde hace más de 6 años» [sic].

5.2. La valoración del juez de primera instancia desconoció la posición política asumida por el entonces senador del partido Conservador en contra de la reelección presidencial , demostrada con l as gacetas, constancias y declaraciones aportadas al expediente. De manera que su oposición por el uso indiscriminado de los recursos públicos para el servicio de fines electorales y políticos del primer mandatario fue castigada con la expedición del acto acusado.

5.3. Lo anterior se podía deducir de la secuencia cronológica de los hechos demostrados en el juicio.

5.4. Adicionalmente, se vulner aron los artículos 9 y 32 de la Ley de Garantías Electorales, que se encontraba vigente al momento en el que se declaró la insubsistencia del nombramiento del demandante. La sentencia C-1153 de 2005 declaró exequible la disposición « en el entendido que para el Presidente o el Vicepresidente de la República dicha restricción se aplica desde que manifiestan el interés previsto en el artículo 9.°».

5.5. De acuerdo con lo anterior, la limitación de vinculación a la nómina estatal por 6 meses operaba desde que el entonces presidente manifestó públicamente su voluntad de aspirar a la reelección presidencial, el 25 de noviembre de 2013. En esas condiciones, el nominador no podía disponer su retiro el 27 de noviembre

6 meses operaba desde que el entonces presidente manifestó públicamente su voluntad de aspirar a la reelección presidencial, el 25 de noviembre de 2013. En esas condiciones, el nominador no podía disponer su retiro el 27 de noviembre de 2013, como lo hizo. En este mismo sentido lo consideró el Consejo de Estado en la sentencia del 11 de noviembre de 20105.

1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión

6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia del 15 de septiembre de 2021 revocó la decisión de primera instancia. En su lugar, declaró la nulidad del acto acusado y condenó a la entidad demandada al reconocimiento

4 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de septiembre de 2018, radicado: 25000 23 25 000 2010 00739 01(4541-2012). 5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de noviembre de 2010, radicado: 73001 23 32 0 2006 01792 01(0481-2010).5

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y pago de los emolumentos dejados de devengar por el demandante desde el 27 de noviembre de 2013 hasta el 14 de junio de 2014, día de la segunda vuelta para las elecciones pres idenciales. Igualmente, condenó en costas a l DPS. La

de noviembre de 2013 hasta el 14 de junio de 2014, día de la segunda vuelta para las elecciones pres idenciales. Igualmente, condenó en costas a l DPS. La decisión se fundamentó en las siguientes consideraciones:

6.1. De conformidad con la Resolución 00070 de 2012, los requisitos para desempeñar el cargo de director regional código 0042 grado 15 consistían en: título profesional en sociología, antropo logía, trabajo social, sicología, filosofía, arquitectura, medicina, bacteriología, administración de empresas, administración pública, derecho, economía o ingeniería , y 68 meses de experiencia relacionada. Para quienes además tuvieran título de posgrado en la modalidad de especialización en administración pública, derecho administrativo o gerencia, la experiencia profesional relacionada sería de 44 meses.

6.2. El demandante acreditó que había obtenido el título de abogado, especialización en gestión de empresas y servicios públicos y 27 años de experiencia relacionada. Para la designación de cargos del nive l directivo del orden nacional, el grupo de meritocracia del Departamento Administrativo de la Función Pública le asignó « promedio perfil directivo: 80%, y ajuste candidato perfil: 85%».

6.3. Sin embargo , no se allegó prueba de las condiciones profesionales y de experiencia de Pedro Pablo Castrillón, quien fue encargado como su reemplazo, como tampoco del acto de retiro. En cuanto a Héctor Fabio Cortés López, quien más adelante fue designado director regional 0042 grado 15 del DPS regional Valle del Cauca, se aportó su título de médico y cirujano, un máster en salud ocupacional y 28 años de experiencia relacionada , con el siguiente puntaje

más adelante fue designado director regional 0042 grado 15 del DPS regional Valle del Cauca, se aportó su título de médico y cirujano, un máster en salud ocupacional y 28 años de experiencia relacionada , con el siguiente puntaje asignado por el DAFP «promedio perfil directivo: 85%, y ajuste candidato perfil: 86%».

6.4. Como hecho notorio se podía tener probado que el 20 de noviembre de 2013, el entonces presidente de la República manifestó públicamente su intención de aspirar a la reelección presidencial, la cual protocolizó con la presentación de los documentos pertinentes ante la Registraduría Nacional del Estado Civil el 25 de los mismos mes y año.

6.5. En ese orden la limitación de modificar la nómina de las entidades de la rama ejecutiva operó desde el 26 de noviembre de 2013 hasta el 15 de junio de 2014, fecha de la segunda vuelta . Como el acto de insubsistencia del nombramiento del demandante se expidió el 27 de noviembre de ese año, estaba viciado de nulidad.

6.6. En cuanto al restablecimiento del derecho del demandante, era procedente acceder al reconocimiento y pago de los emolumentos que dejó de devengar , incluidos los aportes a la seguridad social en salud y pensión, desde la fecha de la declaratoria de insubsistencia hasta el día en el que se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

6.7. Si bien se dispuso una designación después de un encargo, lo cierto es que el poder de nominación se encontraba supeditado a la Ley de Garantías Electorales « al no darse la vacante por una de las excepciones que estableció » la

6.7. Si bien se dispuso una designación después de un encargo, lo cierto es que el poder de nominación se encontraba supeditado a la Ley de Garantías Electorales « al no darse la vacante por una de las excepciones que estableció » la Corte Constitucional en la sentencia C-1153 de 2015.6

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7. Mediante providencia del 28 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó la solicitud de aclaración de la sentencia de segundo grado y la adicionó en el sentido de negar las demás pretensiones de la demanda. Para

el efecto, expuso:

7.1. Se debía adicionar la decisión de segunda instancia para resolver expresamente sobre la pretensión de reintegro del demandante al cargo de director regional, código 0042, grado15, de la Dirección Regional del Valle del Cauca.

7.2. Al respecto, se debía señalar que no era procedente tal pretensión, p ues la nulidad del acto acusado estuvo soportada únicamente en la violación de los límites de nominación impuestos por la Ley de Garantías Electorales, más allá de su vigencia. Por lo tanto, no existía sustento legal para la orden de permanencia en el cargo, comoquiera que su naturaleza era la de libre nombramiento y remoción, por lo tanto, no gozaba de fuero de estabilidad alguno.

su vigencia. Por lo tanto, no existía sustento legal para la orden de permanencia en el cargo, comoquiera que su naturaleza era la de libre nombramiento y remoción, por lo tanto, no gozaba de fuero de estabilidad alguno.

1.3. Recurso extraordinario de revisión6

8. Guillermo Arbey Rodríguez Buitrago interpuso recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia del 15 de septiembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, adicionada por la providencia del 28 de octubre de 2021 . Lo anterior con fundamento en la causal establecida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».

9. El demandante solicitó la revisión de la providencia objeto del recurso y que como consecuencia de ello se declarara su nulidad parcial, para que en su lugar se dispusiera su reintegro al cargo, sin solución de continuidad, el pago de todos los salarios y prestaciones sociales que dejó de recibir, desde que fue retirado del servicio hasta que fuera nuevamente vinculado « todo ello con base en los principios de igualdad y de congruencia ». Asimismo, que se ordenara dar cumplimiento a la sentencia en los términ os de los artículos 192 y 195 del

CPACA.

10. Las pretensiones se sustentaron en los siguientes argumentos:

10.1. La sentencia limitó injustificadamente lo pretendido a título de restablecimiento del derecho y desconoció los principios de congruencia y de igualdad, al condenar a la entidad al reconocimiento desde la fecha de la

10.1. La sentencia limitó injustificadamente lo pretendido a título de restablecimiento del derecho y desconoció los principios de congruencia y de igualdad, al condenar a la entidad al reconocimiento desde la fecha de la insubsistencia y el 14 de junio de 2014, día en el que se celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

10.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca omitió su deber constitucional de interpretar y aplicar al caso concreto todos los alcances del artículo 138 del CPACA, al considerar que no era procedente ordenar el reintegro , con el argumento de que no existía sustento legal para ordenar su permanencia en el

6 Índice 2 de Samai . Expediente del recurso extraordinario de revisión. Documento «ED_ANEXOS_22_76001333301520140(.pdf) NroActua 2»7

Radicado: 11001 03 25 000 2023 00221 00 (2596-2023)

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cargo, en atención a que su naturaleza de libre nombramiento y remoción implicaba que no contara con fuero de estabilidad alguno.

10.3. Con lo anterior el tribunal vulneró la reparación integral en justicia y equidad, debido a que se demostró que el acto de retiro fue ilegal , además de que se encontraron probados los vicios de ley o desviación de poder en su expedición . De ahí que su nulidad era absoluta y definitiva, pues esos vicios no podían sanearse por el paso del tiempo.

encontraron probados los vicios de ley o desviación de poder en su expedición . De ahí que su nulidad era absoluta y definitiva, pues esos vicios no podían sanearse por el paso del tiempo.

10.4. Por lo tanto, la declaratoria de nulidad del acto de insubsistencia implicaba retrotraer la situación al estado inicial, como si nunca hubiera existido, es decir , producía los efectos ex tunc [desde entonces].

10.5. Si bien no estaba amparado por el fuero de estabilidad por la naturaleza del cargo, no se podía « premiar» a la demandada con la reducción drástica de los efectos de «desviada y falsamente motivada actuación», basado en el entendimiento de que, en todo caso, superado el término previsto por la Ley de Garantías, se declararía la insubsistencia. Con ello se constituyó una restricción injustificada de los verdaderos efectos legales y patrimoniales derivados de la nulidad.

10.6. En este sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado se ha pronunciado y ha ordenado el reintegro al cargo como lo hizo en las sentencias del 11 de noviembre de 2010 7, 26 de julio de 2012 8, 27 de agosto de 2012 9, 26 de septiembre de 201210, 7 de febrero de 201311, 17 de abril de 201312, 13 de junio de 201313, 11 de julio de 201314, 10 de octubre de 201315 y del 19 de febrero de 201516.

10.7. Incluso, en un asunto «igual» al presente, la sentencia del 12 de abril de 201217 se pronunció sobre la nulidad del acto de insubsistencia de un

201516.

10.7. Incluso, en un asunto «igual» al presente, la sentencia del 12 de abril de 201217 se pronunció sobre la nulidad del acto de insubsistencia de un nombramiento efectuado en un cargo de libre nombramiento y remoción , respecto de lo cual consideró:

«[…] carece de sustento jurídico la declaratoria de nulidad parcial temporal del acto de insubsistencia ordenada en la sentencia impugnada, toda vez

7 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de noviembre de 2010, radicado: 73001 23 31 000 2006 01792 01(0481-2010) 8 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de julio de 2012, radicado: 68001 23 31 000 2003 02964 01(1853-2011) 9 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de agosto de 2012, radicado: 19001 23 31 000 2004 00005 01(1584-2009) 10 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de septiembre de 2012, radicado: 76001 23 31 000 2007 00331 01(0037-2010). 11 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de febrero de 2013, radicado: 54001 23 31 000 1998 00639 02(1107-2011) 12 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de abril de 2013,

radicado: 54001 23 31 000 1998 00639 02(1107-2011) 12 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de abril de 2013, radicado: 76001 23 31 000 2006 01754 01(0900-2011) 13 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de junio de 2013, radicado: 25000 23 25 000 2006 04060 01(103609) 14 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de julio de 2013, radicado: 54001 23 31 000 1999 01033 01(1293 2010) 15 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de octubre de 2013, radicado: 76001 23 31 000 2001 05359 03(1260-2012) 16 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, sentencia del 19 de febrero de 2015, radicado: 25000 23 25 000 2002 00526 01(1726-2008) 17 Citó: Consejo de Estado, sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de abril de 2012 , radicado: 25000 23 25 000 2006 04197 01(0461-2009)8

Radicado: 11001 03 25 000 2023 00221 00 (2596-2023)

Demandante: Guillermo Arbey Rodríguez Buitrago

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que la existencia de vicios de violación de la ley y desviación de poder, en la producción de los actos administrativos demandados, generan la nulidad de los mismos, al tenor del artículo 84 del C.C.A, NULIDAD QUE ES ABSOLUTA Y DEFINITIVA, MAS NO TEMPORAL, porque no existe en el ordenamiento jurídico colombiano la posibilidad de que tales vicios puedan ser convalidados por el curso del tiempo.

Si bien es cierto que una vez superada la etapa preelectoral, el nominador estaba en posibilidad de ejercer su facultad discrecional, esta circunstancia no conduce a afirmar que a partir de entonces, “adquirió vigencia la desvinculación del servicio del ac tor”, conforme lo interpreta el Tribunal, pues en primer lugar, no puede desconocerse que el retiro del servicio del actor se produjo por un acto administrativo que nació afectado de nulidad, la cual es insaneable, y por tal motivo no puede convalidarse po r el paso del tiempo; y segundo, porque no es dable al intérprete suponer que cumplido el término de la restricción legal, debía producirse efectivamente el retiro del actor, ya que su nombramiento no se sujetó a ningún plazo, y además su retiro dependía de la voluntad del nominador sujeta a la ponderación de las circunstancias de oportunidad y conveniencia, decisión que por sus efectos, debía ser escrita, expresa y debidamente comunicada al empleado, al tenor de las reglas que rigen las relaciones laborales en el servicio público (artículo

circunstancias de oportunidad y conveniencia, decisión que por sus efectos, debía ser escrita, expresa y debidamente comunicada al empleado, al tenor de las reglas que rigen las relaciones laborales en el servicio público (artículo 41 Ley 909 de 2004). Entonces, poner un límite a la permanencia del demandante en el cargo, basado en el hecho de que el nominador estaba facultado para terminar la vinculación laboral del demandante, constituye una restricción injustificada de los efectos patrimoniales que devienen de la declaratoria de nulidad […]» [sic]

10.8. Con fundamento en lo anterior, la providencia en cita ordenó el reintegro del demandante al cargo , sin limitarlo en el tiempo . Asimismo, lo consideró la sentencia del 10 de febrero de 2022 18, al resolver un recurso extraordinario de revisión, en el que consideró desconocido el principio de congruencia de una sentencia que había limitado el derecho al reintegro de un miembro de la Fuerza Pública.

1.4. Contestación del recurso extraordinario de revisión19

11. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social contestó el recurso extraordinario de revisión y solicitó que no se infirmara la sentencia del 15 de septiembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

con sustento en el siguiente razonamiento:

11.1. Contrario a lo manifestado por la parte recurrente, no se configuró causal alguna de las previstas en el artículo 250 del CPACA. El recurso señaló que se estructuró el supuesto descrito en el numeral 5, por considerar que la sentencia no era congruente con las pretensiones de la demanda. En su sentir, el artículo

alguna de las previstas en el artículo 250 del CPACA. El recurso señaló que se estructuró el supuesto descrito en el numeral 5, por considerar que la sentencia no era congruente con las pretensiones de la demanda. En su sentir, el artículo 138 de CPACA conlleva ba su reintegro junto con el pago de salarios y prestaciones desde la desvinculación hasta que lo anterior se cumpliera . No obstante, lo cierto fue que el tribunal sustentó y decidió el problema jurídico que

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de febrero de 2022, radicado: 11001 03 25 000 2019 00161 00(1040-2019) 19 Índice 15 de Samai. Expediente del recurso extraordinario de revisión.9

Radicado: 11001 03 25 000 2023 00221 00 (2596-2023)

Demandante: Guillermo Arbey Rodríguez Buitrago

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planteó en la sentencia «en forma amplia, proporcional y razonada con apego a la ley y la jurisprudencia».

11.2. El artículo 138 del CPACA no limitaba las condiciones del restablecimiento del derecho y la reparación del daño . Aquella norma era general, abstracta e impersonal. En el evento en el que se declarara la nulidad del acto acusado debía restablecerse el derecho . En este caso, esa circunstancia fue verificada por l a segunda instancia y , al encontrar la nulidad alegada, así la declaró con el

restablecerse el derecho . En este caso, esa circunstancia fue verificada por l a segunda instancia y , al encontrar la nulidad alegada, así la declaró con el consecuente restablecimiento del derecho en la forma y condiciones en que fue cumplida la sentencia por parte de esa entidad.

11.3. El hecho de que no se hubieran concedido las pretensiones en los términos en los que lo solicitó, en manera alguna implica el vicio que alegó, en la medida en que existió congruencia entre la