CE - Sentencia 11001032500020230026300 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD.

Radicación: 11001-03-25-000-2023-00263-00 (3240-2023)

Demandantes: José Luis Avella Chaparro

Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura ,

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Temas: Presunción de legalidad. Competencia administrativa. Potestad reglamentaria del Consejo Superior de la Judicatura respecto al

funcionamiento de la carrera judicial . Inhabilidades e incompatibilidades. ACCEDE PARCIALMENTE A LAS

PRETENSIONES.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de nulidad promovido por el señor José Luis Avella Chaparro contra el Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad parcial del Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018 «Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial». Específicamente, los siguientes fragmentos (subrayados) del artículo 3:

2018 «Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial». Específicamente, los siguientes fragmentos (subrayados) del artículo 3:

• Numeral 2.2: «Material de inscripción. Para la inscripción al concurso el aspirante deberá diligenciar el formulario electrónico dispuesto en el Portal de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co, link concursos, y seleccionar el cargo de aspiración, dentro del término señalado para el efecto. En el formulario será obligatorio registrar el correo electrónico (e-mail) del aspirante.

Al diligenciar el formulario en el aplicativo, el aspirante deberá declarar, bajo la gravedad del juramento, que cumple y acredita los requisitos mínimos exigidos para el cargo seleccionado y que son veraces y fidedignos los documentos que lo soportan, so pena de las investigaciones a que haya lugar y del rechazo de plano de la inscripción».

• Numeral 2.4.6: «2.4. Documentación. Los aspirantes deberán anexar, de conformidad con el instructivo, en archivo de formato PDF, copia de los siguientes documentos o certificaciones, tanto para acreditar el cumplimiento deRadicación: 11001-03-25-000-2023-00263-00 (3240-2023)

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los requisitos mínimos exigidos para el cargo de aspiración, como para acreditar la experiencia y la capacitación que otorgan puntaje adicional.

2.4.6. Declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades».

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los requisitos mínimos exigidos para el cargo de aspiración, como para acreditar la experiencia y la capacitación que otorgan puntaje adicional.

2.4.6. Declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades».

• Numeral 3.5: «3. CAUSALES DE RECHAZO. Serán causales de rechazo, entre

otras:

3.5. No presentar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades».

HECHOS

La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que la Constitución Política de 1991 dispuso el derecho de acceso a los cargos públicos y el principio del mérito como rector del m ismo. Sin embargo, en la Rama Judicial se presenta una tasa de cargos provistos en provisionalidad del 33.95% atribuible, entre otras razones, a la imposición de requisitos irrazonables, desproporcionados e ineficaces en los concursos públicos de méritos.

Que, entre estos, se ubica el deber de aportar declaraciones juramentadas de ausencia de inhabilidades o de veracidad de la información suministrada, como sucede en el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018 , en los apartes indicados.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Que el acto acusado se expidió con infracción de las normas en que debía fundarse, pues vulneró los artículos 4, 13, 40.7, 83, 84, 122, 125 y 209 de la Constitución

Que el acto acusado se expidió con infracción de las normas en que debía fundarse, pues vulneró los artículos 4, 13, 40.7, 83, 84, 122, 125 y 209 de la Constitución Política; 127, 151, 160, 161 y 164.2 de la Ley 270 de 1996; 1, 10 y 33 del Decreto Ley 2150 de 1995; 2A, 6, 10 y 11 de la Ley 527 de 1999; 3 y 6 de la Ley 962 de 2005; 4, 5, 24, y 25 del Decreto Ley 19 de 2019; 8 del Decreto Ley 2106 de 2019; 3, 5, 9, 53, 53A, 54, 186 de la Ley 1437 de 2011 y 244 de la Ley 1564 de 2012.

Que los requisitos previstos en los fragmentos demandados son inconstitucionales e ilegales, pues contradicen los principios de efic iencia, eficacia y economía previstos en el artículo 209 de la Constitución. Además, que restringen el principio del mérito, el derecho de acceso a cargos públicos e imponen cargas ciudadanas que corresponden al Estado.

Que de no anularse las expresiones reprochadas en el caso de la Convocatoria 27, se excluirían concursantes que superaron el examen de conocimientos, lo que conlleva la declaratoria de desierta de algunas vacantes y supone un gasto público ineficaz e ineficiente.

Que, conforme con el artículo 122 de la Constitución Política y 127 de la Ley 270 de

conlleva la declaratoria de desierta de algunas vacantes y supone un gasto público ineficaz e ineficiente.

Que, conforme con el artículo 122 de la Constitución Política y 127 de la Ley 270 de 1996, la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidadesRadicación: 11001-03-25-000-2023-00263-00 (3240-2023)

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cumple objetivos legítimos para la fase de vinculación de los ganadores de un concurso público de méritos, cuando se encuentra en firme la lista de elegibles, es decir, antes de tomar posesión del cargo. No así en la etapa de inscripción al concurso público de méritos.

Que los requisitos para participar en un concurso público de méritos para acceder a un cargo en la Rama Judicial están previstos en los artículos 160 y 161 de Ley 270 de 1996, que no incluyen la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades al momento de la inscripción. Que, conforme con el artículo 6 de la Constitución, e l Consejo Superior de la Judicatura carecía de competencia para disponer requisitos adicionales a los allí previstos , es decir, que excedió la facultad reglamentaria atribuida.

Que no tiene sentido requerir la declaración juramentada en la etapa de la inscripción, pues todos los eventuales concursantes que se encuentren ejerciendo funciones públicas, árbitros, conciliadores o amigables componedores, miembros de la fuerza pública, comerciantes, abogados en ejercicio y ministros de cultos

inscripción, pues todos los eventuales concursantes que se encuentren ejerciendo funciones públicas, árbitros, conciliadores o amigables componedores, miembros de la fuerza pública, comerciantes, abogados en ejercicio y ministros de cultos religiosos estarían inhabilitados para participar del concurso.

Que la exigencia de una declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades contraría el principio constitucional de buena fe previsto en el artículo 83 de la Constitución Política, toda vez que, según este, se presumen veraces las manifestaciones que realizan los ciudadanos frente a la Administración.

Que el legislador se ha esforzado en garantizar los principios de eficiencia, eficacia y economía para simplificar la gestión pública, eliminando requisitos y formalismos innecesarios, como se observa en los artículos 1, 10 y 33 del Decreto Ley 2150 de 1995; 3 y 6 de la Ley 962 de 2005; 4, 5, 24, y 25 del Decreto Ley 19 de 2019 y 8 del Decreto Ley 2106 de 2019. Que de estas normas se concluye una prohibición para que la Administración e xija a los ciudadanos documentos no previstos expresamente por la ley, ignorada por el acto demandado.

Que la exigencia de la declaración juramentada por medios escriturales y no admitiendo medios digitales contraría los principios que orientan la funció n administrativa, previstos en el artículo 209 de la Constitución , los artículos 3, 5, 9, 53, 53A, 54 y 186 de la Ley 1437 de 2011, que admiten la aplicación de la Ley 527 de 1999 en los procedimientos administrativos.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

53, 53A, 54 y 186 de la Ley 1437 de 2011, que admiten la aplicación de la Ley 527 de 1999 en los procedimientos administrativos.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Nación – Rama Judicial1. Se opuso a las pretensiones de la demanda. Manifestó que, según los artículos 254, 255, 256 y 257 de la Constitución Política, y los artículos 162 y 164 de la Ley 270 de 1996, el régimen de la carrera administrativa en la Rama judicial es de carácter especial y el Consejo Superior de la Judicatura

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tiene la facultad para expedir «actos reglamentarios» encaminados a la selección de funcionarios judiciales.

Que la Corte Constitucional2 y el Consejo de Estado3 reconocen la competencia del Consejo Superior de la Judicatura para administrar la carrera judicial y, a su vez, para reglamentar algunos aspectos del sistema de carrera, siempre y cuando no se trate de materias de competencia exclusiva del legislador.

Que, si bien la Ley 270 de 1996 prevé pautas que rigen al Consejo Superior de la Judicatura para ejercer la potestad reglamentaria, no regula con absoluta precisión y detalle cada una de las etapas del proceso de selección, por lo que, atendiendo a criterios de necesidad y proporcionalidad, el Consejo Superior de la Judicatura debe fijar el contenido, alcance y particularidades de cada una de estas.

y detalle cada una de las etapas del proceso de selección, por lo que, atendiendo a criterios de necesidad y proporcionalidad, el Consejo Superior de la Judicatura debe fijar el contenido, alcance y particularidades de cada una de estas.

Que el requisito relacionado con acreditar en documento PDF no estar incurso en una causal de inhabilidad e incompatibilidad es objetivo, proporcional y racion al, pues desarrolla el contenido de los artículos 127 y 128 de la Ley 270 de 1996, que disponen requisitos generales y especiales para el desempeño de cargos en la Rama Judicial. En síntesis, que se trata de una carga legítima para los aspirantes.

Como excepción de mérito propuso: «Inexistencia de infracción de las disposiciones legales en que debían fundarse el Acto administrativo - desconocimiento y extralimitación de la facultad reglamentaria al expedir el Acuerdo PCSJA18 -11077 16 de agosto de 2018», argumentando:

Que el acto demandado no vulnera las normas invocadas, pues el Consejo Superior de la Judicatura lo expidió con base en las facultades constitucionales, legales y reglamentarias conferidas en la Constitución de 1991 y la Ley 270 de 1996, que le permiten definir la for ma, clase, contenido, alcances, requisitos y demás aspectos de la convocatoria.

Que las normas «anti trámites» invocadas por el demandante no son aplicables al procedimiento administrativo del concurso público de méritos y que la carga de la prueba sobre el cumplimiento de los requisitos está a cargo de quien se inscribe a la convocatoria.

Que la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades constituye una garantía de idoneidad de quien va a ser nombrado como funcionario

prueba sobre el cumplimiento de los requisitos está a cargo de quien se inscribe a la convocatoria.

Que la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades constituye una garantía de idoneidad de quien va a ser nombrado como funcionario judicial, pues representa un compromiso que asume el concursante quien, ante un eventual nombramiento, se encontrará libre de algún límite legal de esta naturaleza. De allí que garantiza el cumplimiento del artículo 150 de la Ley 270 de 1996 y, en sí mismo, no es un limitante desproporcionado.

2 Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; Corte Constitucional. Sentencia SU-539 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 3 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 22 de junio de 2023. Exp. 11001-03-25000-2018-01625-00 (5406-2018) C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar ; Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 30 de noviembre de 2023. Exp. 11001-03-25-000-2019-00311-00 (2042-2019). C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00263-00 (3240-2023)

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Que quienes se inscriben a un concurso público de méritos deben sujetarse a las reglas fijadas en el acto de convocatoria que vincula a todos los aspirantes en condiciones de igualdad.

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Que quienes se inscriben a un concurso público de méritos deben sujetarse a las reglas fijadas en el acto de convocatoria que vincula a todos los aspirantes en condiciones de igualdad.

Que la exigencia de una declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades no vulnera el principio de buena fe, eficacia, eficiencia o economía, mucho menos el mérito, pues tiene como objetivo que quien aspire a emplearse en la Rama Judicial no incurra en una inhabilidad o incompatibilidad, aun teniendo en cuenta que la inscripción solo genera una expectativa y no un derecho a ocupar un cargo.

TRÁMITE EN ÚNICA INSTANCIA

El 25 de septiembre de 20234 se dispuso el trámite de sentencia anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, se prescindió de la audiencia inicial prevista en el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, se decretaron las pruebas, se fijó el correspondiente litigio y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Parte demandada5. Reiteró los argumentos de la contestación de la demanda y añadió que el demandante participó del concurso para el cargo de juez la boral y resultó excluido por medio de la Resolución CJR23-0061 de 2023, específicamente, por la causal de rechazo prevista en el numeral 3.5 del artículo 3 del Acuerdo demandado, es decir, «No presentar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades». De allí que debió interponer el medio de control

por la causal de rechazo prevista en el numeral 3.5 del artículo 3 del Acuerdo demandado, es decir, «No presentar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades». De allí que debió interponer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y no el de nulidad, pues al declararse nulas las disposiciones cuestionadas se restablecería automáticamente su derecho subjetivo.

Insistió en la legalidad del requisito previsto en los acápites demandados como una herramienta para garantizar la idoneidad del funcionario judicial, es decir, una medida razonable para la protección del interés público.

Indicó que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió en fallo de tutela dej ar parcialmente sin efectos la Resolución CJR23 -0061 de 2023, respecto de la exclusión de los aspirantes del concurso Convocatoria 27 por la configuración d e la causal de rechazo 3.5 del artículo 3 del Acuerdo PSCJA1811077 de 2018. En su lugar, ordenó a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial emitir un nuevo acto administrativo de admisión de los aspirantes. La Sala de Casación Civil, Agraria y Ru ral de la Corte Suprema de Justicia confirmó esta decisión en segunda instancia.

4 Índice 17, plataforma Samai. 5 Índice 21, ídem.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00263-00 (3240-2023)

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En cumplimiento de la orden judicial, expidió la Resolución CJR23 -0213 del 8 de junio de 2023, que admitió a los aspirantes excluidos por la causal en discusión.

El agente del Ministerio Público no actuó en esta etapa procesal.

CONSIDERACIONES

Cuestión previa

La Nación – Rama Judicial manifestó en los alegatos de conclusión que el demandante participó en la convocatoria parcialmente cuestionada en el presente caso, fue excluido por la causal de rechazo prevista en el numeral 3.5 del artículo 3.° y, en consecuencia, debió acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues de declararse la nulidad del Acuerdo PSCJA1811077 se restablecería automáticamente un derecho en su favor.

La Sala estima pertinente aclarar que, en el marco de la Ley 1437 de 2011, es deber del juez interpretar los hechos, las pretensiones y el concepto de violación de la demanda para determinar, de conformidad a los móviles que la inspiran, el medio de control pertinente para el trámite de cualquier demanda. En el caso, desde el estudio de a dmisión se concluyó que lo discutido era una controversia de pura legalidad y no suponía el restablecimiento del derecho en favor del demandante o un tercero.

A esto se suma la información suministrada por la entidad demandada en el mismo escrito de alegatos, cuando refiere que la Corte Suprema de Justicia resolvió una

un tercero.

A esto se suma la información suministrada por la entidad demandada en el mismo escrito de alegatos, cuando refiere que la Corte Suprema de Justicia resolvió una acción de tutela ampar ando los derechos fundamentales de los participantes y ordenó a la Unidad de Administración de Carrera Judicial que emitiera un acto administrativo admitiendo los aspirantes excluidos por la no presentación de la declaración juramentada de inhabilidades e incompatibilidades . Agregó que la decisión fue cumplida y referenció el acto administrativo.

Este es, precisamente, un argumento adicional para concluir que la eventual declaratoria de nulidad del acto administrativo demandado no produce el restablecimiento automático de un derecho en favor del demandante o un tercero. En síntesis, la elección y trámite del medio de control de nulidad correspondió a lo dispuesto por el ordenamiento jurídic o: el control abstracto de juridicidad . De allí que, en relación con este asunto , no se advierte cuestión procesal alguna que requiera del pronunciamiento de la Sala.

Por último, se destaca que el control de constitucionalidad en sede de tutela no afecta la presunción de legalidad del acto administrativo , entre muchas razones, porque constituyen un juicio orientado a la identificación de eventuales vulneraciones a derechos fundamentales, y no un examen sobre los elementos del acto administrativo. Por lo anterior, es el medio de control de nulidad la vía procesalRadicación: 11001-03-25-000-2023-00263-00 (3240-2023)

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adecuada para desvirtuar, o no, dicha presunción ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Presunción de legalidad de los actos administrativos

La presunción de legalidad, también denominada, de legitimidad, de validez o juridicidad6, es una característica o cualidad atribuida a los actos administrativos, según la cual, se presupone que estos son expedidos en estricto sometimiento de las normas vigentes. Para Dromi , «[...] es la suposición de que el acto fue emitido conforme a derecho, dictado en armonía con el ordenamiento jurídico»7.

El efecto principal de dicha presunción es la inalterabilidad de la validez de los actos hasta que no exista un pronunciamiento anulatorio que emane de autoridad judicial competente, así como su obligatoriedad. Tomás-Ramón Fernández y Eduardo García de Enterría lo explican en los siguientes términos:

«Se trata de una técnica formal para imponer el inmediato cumplimiento de las decisiones administrativas, consagrando una capacidad de autotutela de la Administración y dispensándola de la necesidad de obtenerla de los Tribunales, pero sin que ello suponga excluir la eventual intervención de éstos. Concretamente la “presunción de legalidad” del acto opera en tanto que los interesados no la destruyan, para lo cual tendrán que impugnarlo mediante las vías de los recursos disponibles y justificar que el acto, en realidad, no se ajusta a derecho»8.

Se comprende como una presunción iuris tantum, es decir, que admite prueba en

vías de los recursos disponibles y justificar que el acto, en realidad, no se ajusta a derecho»8.

Se comprende como una presunción iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario y que, más que un medio de prueba, supone una inversión de la carga de la prueba9. Lo cierto es que, sin entrar a considerar si la presunción de legalidad se inserta o no en una lógica probatoria, pues no se adapta a la estructura básica de las presunciones en la acepción procesal del término (hecho base, hecho presunto y juicio de probabilidad), sí es claro que impone una carga argumentativa relevante para quien discute la legalidad de los actos administrativos, pues debe demostrar lógicamente la contradicción del acto con el ordenamiento o el desconocimiento de las reglas que orientan su expedición.

Similar a como ocurre con la presunción de inocencia, quien alega la nulidad está obligado a demostrar con argumentos de hecho y, especialmente, de derecho, la existencia de un vicio invalidante del acto administrativo, de conformidad con las causales de nulidad que prevé el CPACA. Esto implica identificar las disposiciones vulneradas y las razones de la transgresión, pues no basta con la enunciación genérica de las normas que se estiman ignoradas. Los cargos presentados por el

6 Quienes prefieren el uso de este término suelen argumentar que se ajusta de mejor manera a la construcción vigente del sistema de fuentes, pues sería ingenuo sostener que solo la Ley somete la administración, quien actúa conforme al reglamento, la Constitución, la jurisprudencia e, incluso, los principios generales del derecho. Sin embargo, se propone que la «presunción de legalidad» es un sintagma capaz de explicar con suficiencia la

actúa conforme al reglamento, la Constitución, la jurisprudencia e, incluso, los principios generales del derecho. Sin embargo, se propone que la «presunción de legalidad» es un sintagma capaz de explicar con suficiencia la sujeción estatal al derecho, especialmente, considerando su relación con el principio de legalidad y las raíces históricas de ambas nociones. De allí que se trata de una diferenciación innecesaria. 7 Dromi, Roberto. Derecho administrativo. 5ª ed. Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina, 1996. p. 225. 8 García de Enterría , Eduardo & Fernández, Tomás Ramón. Curso de derecho administrativo. 6ª ed. Madrid: Editorial Civitas, S.A., 1993. p. 490. 9 Dromi. Op. Cit., p. 226.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00263-00 (3240-2023)

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demandante son el límite que debe observar el juez en su pronunciamiento, quien no está habilitado para declarar la nulidad de un acto oficiosamente.

Esta Sala ha atribuido el fundamento constitucional de la presunción de legalidad a los artículos 83 y 209 superiores10. El primero se refiere a la presunción de buena fe, tanto de las autoridades como de los particulares11. Su relación con la presunción de validez deviene del hecho de que, estando la administración sometida al principio de legalidad, y establecidos los procedimientos que median la manifestación de su voluntad por un tamiz de racionalidad, entonces, en principio, sus actuaciones

de validez deviene del hecho de que, estando la administración sometida al principio de legalidad, y establecidos los procedimientos que median la manifestación de su voluntad por un tamiz de racionalidad, entonces, en principio, sus actuaciones deben tenerse como ajustadas a derecho, pues según la Carta Política se presume que el Estado acata el ordenamiento y los fines que este le impone12.

El segundo prevé los principios que rigen la función administrativa y, especialmente, la somete a la obtención de un máximo fin constitucional: el interés general13. Como lo propuso la Corte Constitucional, la presunción de validez garantiza la capacidad de respuesta del Estado para la satisfacción de las necesidades urgentes de la comunidad, lo que difícilmente se cumpliría si la legalidad de cada acto expedido pudiese ser cuestionada e inaplicada previo a pronunciamiento judicial14. En sentido similar, Jorge Héctor Escola propone:

«Por nuestra parte, pensamos que el verdadero y real fundamento de esa presunción reside en la existencia del interés público que está ínsito en todo acto administrativo y para cuya consecución éstos son dictados. Es ese interés público el que explica satisfactoriamente y justifica la presencia de un privilegio tan especial, que sólo cede cuando se ha demostrado, por vías legales previstas para ello, que un acto es ilegítimo.

Sin la presunción de legitimidad toda la actividad administrativa, por lo común legítima, podría verse cuestionada, lo que llevaría a una perniciosa paralización del accionar administrativo, impidiéndose de ese modo la satisfacción directa e inmediata de las necesidades colectivas y el logro de los fines del Estado, que es el objeto propio del actuar de la administración pública»15.

del accionar administrativo, impidiéndose de ese modo la satisfacción directa e inmediata de las necesidades colectivas y el logro de los fines del Estado, que es el objeto propio del actuar de la administración pública»15.

10 Consejo de Estado. Sección Segunda , Subsección A. Sentencia del 21 de marzo de 2024. Exp. 76001 -2333-000-2020-00154-02 (4137-2021). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez. 11 Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas. 12 En este sentido, Dromi plantea: «[…] Las garantías subjetivas y objetivas que preceden a la emanación de los actos administrativos, fundamentan formalmente la presunción. Este argumento se impone indiscutidamente con la sanción de las leyes de procedimiento administrativo que regulan orgánicamente los procedimientos y requisitos del acto; en suma, el origen, preparación y emisión de la voluntad administrativa» (Dromi. Op. Cit., p. 225). 13 Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. […] 14 En palabras de la Corte Constitucional: «La necesidad de hacer prevalecer los intereses públicos o sociales sobre los intereses particulares y de responder en forma inmediata a la satisfacción de las necesidades urgentes de la comunidad, determina que los actos administrativos, una vez expedidos conforme a las formalidades

sobre los intereses particulares y de responder en forma inmediata a la satisfacción de las necesidades urgentes de la comunidad, determina que los actos administrativos, una vez expedidos conforme a las formalidades jurídicas y puestos en conocimiento de los administrados, se presuman legales y tengan fuerza ejecutiva y ejecutoria, es decir, sean obligatorios para sus destinatarios y pueden ser realizados materialmente aun contra la voluntad de éstos» (Corte Constitucional. Sentencia C-197 de 1999. M.P. Antonio Barrera Carbonell). 15 Escola, Jorge Héctor. El interés público como fundamento del derecho administrativo. Buenos Aires: Depalma, 1984. p. 151.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00263-00 (3240-2023)

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De este modo, el interés general no es solo un fundamento sino un fin de la presunción. Este se mate rializa en la «[…] certeza y estabilidad en el tráfico de relaciones jurídicas que emprende la administración con los administrados»16.

Competencia

La competencia es otra entre m últiples manifestaciones del principio de legalidad, una limitación al ejercicio del poder, consecuencia lógica del sometimiento del Estado al derecho. Según este concepto, mientras que a los particulares todo les resulta permitido salvo lo expresamente prohibido, a la administración todo le está proscrito excepto lo permitido por el ordenamiento 17. En otras palabras, mientras que los primeros se rigen por la autonomía de la voluntad, la segunda se ciñe a la competencia como requisito de su actuación válida. En la Constitución Política, este

proscrito excepto lo permitido por el ordenamiento 17. En otras palabras, mientras que los primeros se rigen por la autonomía de la voluntad, la segunda se ciñe a la competencia como requisito de su actuación válida. En la Constitución Política, este se encuentra implícito en los artículos 6, 121, 122 y 123.

El artículo 6 prevé que los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las le yes, mientras que los servidores lo son por la misma causa y por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus competencias. El artículo 121 dispone que ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen el ordenam iento. El artículo 122 ordena que todo empleo público se regirá por las funciones detalladas y predeterminadas en la l