CE - Sentencia 11001032500020230027400 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2023-00274-00 (3490-2023)

Demandante Azucena López Aya

Demandado: Providencia

recurrida: Beneficencia de Cundinamarca Sentencia del 5 de noviembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E

Tema:

Causales 1 y 5 de revisión del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1

Sentencia de revisión

Asunto

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Azucena López Aya contra la sentencia del 5 de noviembre de 20 21 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido en contra de la Beneficencia de Cundinamarca.

1. Antecedentes

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

contra de la Beneficencia de Cundinamarca.

1. Antecedentes

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del C PACA, Azucena López Aya presentó una demanda en orden a que se declarara la nulidad del Oficio BEN-G.G.50000-184 004417 del 14 de marzo de 20 18, por medio del cual la Beneficencia de Cundinamarca le negó el reconocimiento y pago de las cesantías retroactivas.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó: i) el reconocimiento de las cesantías de conformidad con el régimen retroactivo, a partir del 11 de septiembre de 1996 ; ii) el pago de los intereses moratorios a los que h ubiera lugar; y i ii) la condena en costas a la entidad demandada.

1 En adelante CPACA. 2 Folios 42 a 49.2

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00274-00 (3490-2023)

Demandante: Azucena López Aya

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1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

3.1. A través de la Resolución 01666 del 28 de junio de 1995, Azucena López Aya fue nombrada en provisionalidad por 3 meses como profesional VI en la División

3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

3.1. A través de la Resolución 01666 del 28 de junio de 1995, Azucena López Aya fue nombrada en provisionalidad por 3 meses como profesional VI en la División de Asistencia Mental de la Beneficencia de Cundinamarca, luego, en igual forma, como profesional universitaria código 3245, grado 2, en la Subgerencia de Programas Sociales de la entidad por medio de la Resolución 1544 del 6 de septiembre de 1996. De este último cargo tomó posesión por Acta 191 del 11 de ese mes y año.

3.2. Para ese entonces se encontraba vigente el Acuerdo 21 del 25 de agosto de 1994, que modificó los estatutos de la entidad. Este acuerdo estableció que la entidad constituía un establecimiento público de carácter departamental, con personería jurídica y autonomía financiera, cuyo patrimonio se encontraba bajo la tutela del departamento.

3.3. El 16 de enero de 201 8, solicitó a la Beneficencia de Cundinamarca el reconocimiento y pago de las cesantías retroactivas; no obstante, fue negado por el gerente general de la entidad mediante el Oficio BEN-G.G.50000-184 004417 del 14 de marzo de 2018.

1.2. Sentencia de primera instancia3

4. Mediante sentencia proferida el 24 de agosto de 2020 el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá negó las pretensiones de la

demanda. Para el efecto, consideró:

4.1. Se acreditó que Azucena López Aya se vinculó a la Beneficencia de

Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá negó las pretensiones de la demanda. Para el efecto, consideró:

4.1. Se acreditó que Azucena López Aya se vinculó a la Beneficencia de Cundinamarca por el término de 3 meses como profesional VI, en funciones de bacterióloga, en la Granja Taller Julio Manrique, a través de la Resolución 01666 del 28 de junio de 1995, cargo del cual tomó posesión mediante Acta 052 del 31 de julio de igual año.

4.2. Posteriormente, se vinculó a la entidad en provisionalidad como bacterióloga, código 3245, grado 2, de la Subgerencia de Programas Sociales, mediante la Resolución 1544 del 6 de septiembre de 1996, del cual se posesionó el 11 de ese mes y año.

4.3. Según certificación de la Secretaría General de la entidad, expedida el 27 de agosto de 2019, aquella se desempeñaba como profesional universitario, código 219, grado 4, y había laborado para la Beneficencia de Cundinamarca desde el 11 de septiembre de 1996, con una interrupción de 2 días.

4.4. Para el 11 de septiembre de 1996, fecha de vinculación de la demandante, la Beneficencia de Cundinamarca tenía a su cargo funciones en el sector salud, en particular en materia de salud mental y atención a la tercera edad, conforme con

3 Folios 186 a 192.3

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00274-00 (3490-2023)

Demandante: Azucena López Aya

3 Folios 186 a 192.3

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00274-00 (3490-2023)

Demandante: Azucena López Aya

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el Decreto 0683 de 1996. En ese marco, la actora se vinculó en el cargo de bacterióloga.

4.5. Si bien, en principio, podía sostenerse que la liquidación de las cesantías de la actora debía efectuarse de manera retroactiva, con inclusión de todos los factores salariales, dado que su vinculación fue de carácter territorial y anterior al 30 de diciembre de 1996 , fecha en que entró en vigor la Ley 344 de 1996 que modificó el régimen de cesantías de los servidores públicos, lo cierto es que, al haber ejercido funciones en el sector salud desde el momento de su vinculación, resultaba aplicable lo previsto en el artículo 242 de la Ley 100 de 1993, el cual dispuso que, a partir de su vigencia, «no podrán reconocerse ni pactarse para los nuevos servidores del sector salud, retroactividad en el régimen de cesantía a ellos aplicable».

4.6. Esto permitía concluir que el reconocimiento y pago de las cesantías deb ía realizarse de manera anualizada, tal como lo ven ía haciendo la entidad demandada y no de forma retroactiva, como se pretendió.

1.3. El recurso de apelación4

5. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de

primer grado con fundamento en lo siguiente:

demandada y no de forma retroactiva, como se pretendió.

1.3. El recurso de apelación4

5. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de

primer grado con fundamento en lo siguiente:

5.1. En el caso concreto no resultaba procedente la aplicación del Decreto 0683 de 1996, toda vez que la Beneficencia de Cundinamarca no había tenido la calidad de entidad prestadora de servicios de salud, pues su naturaleza y funciones eran eminentemente sociales.

5.2. La entidad no contaba en su planta con personal destinado a la prestación de servicios de salud, ni disponía de la estructura exigida en el artículo 19 de la Ley 10 de 1990 para las empresas sociales del Estado. Asimismo, los beneficiarios y pacientes atendidos en los albergues, sanitarios y ancianatos bajo el cuidado de la Beneficencia de Cundinamarca se encontraban afiliados al SISBEN, a la EPS Departamental Convida o a los hospitales y centros de salud del departamento.

5.3. La Beneficencia de Cundinamarca tampoco disponía de laboratorio clínico en el cual la demandante pudiera realizar análisis destinados a la prevención y tratamiento de enfermedades, ni contaba con equipos profesionales para tal fin.

5.4. En consecuencia, era procedente revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, ordenar la reliquidación de las cesantías de acuerdo con el régimen retroactivo.

1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión5

6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en la sentencia proferida el 5 de noviembre de 20 21 confirmó la decisión de

1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión5

6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en la sentencia proferida el 5 de noviembre de 20 21 confirmó la decisión de primera instancia . Sostuvo que la demandante no tenía derecho al

4 Folios 1 a 5. 5 Folios 223 a 230.4

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00274-00 (3490-2023)

Demandante: Azucena López Aya

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reconocimiento y pago de las cesantías de forma retroactiva, toda vez que el régimen salarial y prestacional aplicable para la fecha de su vinculación era el previsto para el sector salud . La decisión se fundamentó en las siguientes

consideraciones:

6.1. Se encontraba probado que la demandante prestó sus servicios a la Beneficencia de Cundinamarca desde el 28 de junio de 1995 como bacterióloga en la Granja Taller Julio Manrique, División de Asistencia Mensual, por un periodo de tres meses. Posteriormente, se vinculó mediante la Resolución 1544 del 6 de septiembre de 1996, en provisionalidad, en el cargo de bacterióloga de la Subgerencia de Programas Sociales, del cual tomó posesión el 11 de septiembre de 1996. Para la fecha de expedición de la certificación del 27 de agosto de 2019, aún se encontraba vinculada a la entidad como profesional universitario, código 219, grado 4.

de 1996. Para la fecha de expedición de la certificación del 27 de agosto de 2019, aún se encontraba vinculada a la entidad como profesional universitario, código 219, grado 4.

6.2. Para el momento de la vinculación de la actora, la Beneficencia de Cundinamarca tenía la naturaleza jurídica de establecimiento público del orden territorial, cuyo objeto principal era la promoción y fomento de la seguridad social para la prevención, tratamiento y rehabilitación en salud mental. En consecuencia, la normativ a aplicable era la Ley 100 de 1993, la cual, en su artículo 242, estableció que no era procedente reconocer ni pactar retroactividad en el régimen de cesantías para los nuevos servidores del sector salud, sin diferenciar entre quienes realizaban labores asistenciales y quienes ejercían funciones administrativas en las entidades del sector.

6.3. Así las cosas, el personal que se vinculó a la Beneficencia de Cundinamarca durante la vigencia del Decreto 0683 del 29 de marzo de 1996 tenía el carácter de servidor del sector salud, sin que resultara relevante la ejecución de funciones directamente relacionadas con la prestación del servicio, en atención a la naturaleza jurídica de la entidad.

6.4. Además, el artículo 4 de la Ley 10 de 1990 estableció que el sistema de salud abarcaba los procesos de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, en los que incidían factores biológicos, ambientales, conductuales y de atención propiamente dicha. A ese sistema pertenecían tanto entidades públicas como privadas del sector, sometidas a las normas científicas y de control de riesgos expedidas por el Ministerio de Salud, así como aquellas de otros ámbitos cuyas

propiamente dicha. A ese sistema pertenecían tanto entidades públicas como privadas del sector, sometidas a las normas científicas y de control de riesgos expedidas por el Ministerio de Salud, así como aquellas de otros ámbitos cuyas actividades se relacionaran de manera directa o indirecta con la protección de la salud.

6.5. En estas condiciones, resultaba procedente confirmar la sentencia de primera instancia, toda vez que la demandante no tenía derecho al reconocimiento y pago de las cesantías de manera retroactiva.

1.5. Recurso extraordinario de revisión6

7. Azucena López Aya interpuso recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia proferida el 5 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo

6 Folios 42 a 47 y 59 a 64.5

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Demandante: Azucena López Aya

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de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E. Lo anterior con fundamento en las causales establecidas en los numerales 1 y 5 del artículo 250 del CPACA. Para tal efecto, consideró lo siguiente:

7.1. La parte actora invocó la causal prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA, al estimar que el acta de entrega del 26 de septiembre de 2017, junto con los oficios BENE-G-G 5000-606 del 10 de agosto de 2017, sin identificación

CPACA, al estimar que el acta de entrega del 26 de septiembre de 2017, junto con los oficios BENE-G-G 5000-606 del 10 de agosto de 2017, sin identificación del 9 de junio de 2017 y BENE-G-G 5000-563 del 28 de julio de 2017, constituían pruebas recobradas o recuperadas.

7.2. Dichos documentos demostraban que la Beneficencia de Cundinamarca no ostentaba la condición de entidad prestadora de servicios de salud, situación determinante para establecer el régimen aplicable en materia de cesantías. En efecto, de haberse valorado opo rtunamente esa circunstancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, habría concluido que a la demandante no le era aplicable el régimen especial del sector salud, sino el general de los empleados territoriales, lo que i mplicaba reconocer y liquidar sus cesantías bajo el sistema retroactivo.

7.3. Por otra parte, en el presente caso se configuró la causal de revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, toda vez que la sentencia recurrida incurrió en una nulidad originada en desconocimientos graves e insanables del debido proceso, previsto en el artículo 29 de la Constitución.

7.4. La nulidad se produjo, en primer lugar, por la falta de congruencia interna de la sentencia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en su providencia del 5 de noviembre de 2021, fundamentó de manera reiterada su análisis en la Ley 344 de 1996, pese a que esta norma fue expedida el 27 de diciembre de ese año, es decir, con posterioridad a la vinculación de la demandante, ocurrida el 6 de septiembre de 1996.

344 de 1996, pese a que esta norma fue expedida el 27 de diciembre de ese año, es decir, con posterioridad a la vinculación de la demandante, ocurrida el 6 de septiembre de 1996.

7.5. En consecuencia, dicha disposición no resultaba aplicable al caso, en virtud del principio de irretroactividad de la ley. No obstante, a pesar de basarse en consideraciones relacionadas con la Ley 344 de 1996, la sentencia confirm ó la decisión de primera instancia que negó el reconocimiento del régimen retroactivo de cesantías. Esta falta de armonía entre la parte motiva y la resolutiva constituía un claro ejemplo de incongruencia interna, que afecta de manera directa el derecho fundamental al debido proceso.

7.6. De igual manera, la jurisprudencia ha señalado que la nulidad de una sentencia se configura no solo cuando concurren las causales taxativas del artículo 133 del Código General del Proceso, sino también cuando se acreditaba la vulneración del derecho al debido proceso, lo que en este caso ocurrió por la incongruencia advertida.

7.7. El principio de congruencia, derivado del artículo 29 de la Constitución y recogido en la normativa procesal, garantiza ba que el fallo guardara coherencia con los fundamentos normativos y fácticos del caso, lo cual no sucedió en este asunto.6

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Demandante: Azucena López Aya

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7.8. A lo anterior se sumó que los decretos 1582 de 1998 y 1252 de 2000 regularon expresamente la transición entre los regímenes de cesantías retroactivo y anualizado, y dispusieron que los servidores públicos vinculados con anterioridad a la Ley 344 de 1996 mantenían el régimen re troactivo salvo manifestación expresa en contrario. En este caso, la demandante nunca renunció a su régimen y su afiliación a un fondo privado no implicó, por sí sola, un cambio de sistema. Al ignorar este marco normativo y aplicar de manera indebida la Ley 344 de 1996, la sentencia vulneró la legalidad y afectó el derecho de defensa de la demandante.

7.9. Por todo lo expuesto, la providencia recurrida incurrió en una nulidad originada en la sentencia, consistente en la falta de congruencia y en la indebida aplicación de una norma no vigente para la fecha de los hechos, lo cual comportó una violación del debido proceso. En consecuencia, se configura ba plenamente la causal de revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.

1.6. Contestación del recurso extraordinario de revisión

8. La Beneficencia de Cundinamarca contestó el recurso extraordinario de revisión con fundamento en las siguientes consideraciones7:

8.1. Los document os que la demandante aportó dentro del presente recurso fueron expedidos por la entidad en el año 2017 . Sin embargo, estos no podían tener incidencia en la decisión judicial, ya que no correspondían al momento de

8.1. Los document os que la demandante aportó dentro del presente recurso fueron expedidos por la entidad en el año 2017 . Sin embargo, estos no podían tener incidencia en la decisión judicial, ya que no correspondían al momento de los hechos, es decir, 1996, año en el que la actora ingresó a la entidad mediante la Resolución 1544 de ese año y tomó posesión con el Acta 191 del 11 de septiembre. Estos actos administrativos se sustentaron en el Decreto 0683 de 1996, que cre ó una estructura adecuada para el cumplim iento de la misión institucional para el sector salud.

8.2. El reconocimiento de la prestación reclamada debía hacerse según la normativa vigente en ese momento, esto es, las leyes 10 de 1990, 100 de 1993 y 344 de 1996 , así como el Decreto 1582 de 1998. Aquella normativa permitía establecer que la Beneficencia de Cundinamarca, durante el transcurso histórico de su existencia , prestó y realiz ó actividades directamente relacionadas con el sector salud.

8.3. El a rgumento expuesto se reforzaba si se observa ba que la demandante inicialmente trabajó 3 meses como supernumeraria en el cargo de profesional VI con funciones de bacterióloga en la Granja Taller Julio Manrique, División de Asistencia Mental. Incluso, dentro de su hoja de vida reposaba escrito elaborado por ella que dem ostraba que la Beneficencia de Cundinamarca prestaba actividades relacionadas con el sector salud.

8.4. La demandante conocía el régimen al cual pertenecía y bajo el cual se le liquidaron año tras año sus prestaciones sociales en forma regular. En consecuencia, no había lugar al restablecimiento del derecho que reclamaba.

8.4. La demandante conocía el régimen al cual pertenecía y bajo el cual se le liquidaron año tras año sus prestaciones sociales en forma regular. En consecuencia, no había lugar al restablecimiento del derecho que reclamaba.

7 Samai, índice 8, actuaci ón «RECIBE MEMORIALES ONLINE », documento «6_MemorialWeb_Respuesta(.pdf) NroActua 8».7

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8.5. Además, en consideración a que la vinculación se produjo el 11 de septiembre de 1996, resultaba aplicable el artículo 242 de la Ley 100 de 1993, cuyo parágrafo 3 estableció que: «[a] partir de la vigencia de la presente ley no podrán reconocerse ni pactarse para los nuevos servidores del sector salud, retroactividad en el régimen de cesantía a ellos aplicable».

8.6. La Ley 10 de 1990 dispuso que la asistencia pública en salud, como función del Estado, podía prestarse directamente por entidades públicas o a través de particulares. En ese sentido, aunque la demandante alegó que la Beneficencia de Cundinamarca no era una entidad prestadora de servicios de salud, lo cierto es que sí estaba facultada para hacerlo de manera directa o mediante terceros.

8.7. La recurrente invocó la causal de nulidad prevista en el artículo 29 de la Constitución, por la vulneración del debido proceso. Sin embargo, dicha causal

es que sí estaba facultada para hacerlo de manera directa o mediante terceros.

8.7. La recurrente invocó la causal de nulidad prevista en el artículo 29 de la Constitución, por la vulneración del debido proceso. Sin embargo, dicha causal solo procedía cuando se acreditaban los supuestos de nulidad establecidos de manera taxativa en el artículo 133 del Código General del Proceso o cuando se demostraba la violación efectiva de ese derecho fundamental.

8.8. En este caso no se configuró ninguno de los supuestos de nulidad ni se probó la vulneración del debido proceso, pues todas las etapas y formalidades legales se cumplieron tanto en primera como en segunda instancia.

8.9. Asimismo, los hechos relevantes ocurrieron en 1996, cuando la demandante ingresó a la entidad bajo la normativa vigente en ese momento, particularmente el Decreto 0683 de 1996 y el artículo 242 de la Ley 100 de 1993, que prohibía la retroactividad en cesantías para los nuevos servidores del sector salud. Por ello, no resultaba procedente valorar documentos expedidos con posterioridad, pues hacerlo implicaría desconocer el principio de irretroactividad de la ley.

8.10. Finalmente, tampoco prosperaba el argumento de incongruencia entre la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el estudio de la Ley 344 de 1996, ya que la norma aplicable era la Ley 100 de 1993, vigente al momento de los hechos. En consecuenc ia, no existía fundamento alguno para configurar la causal de nulidad alegada por la recurrente.

1.7. Intervención del Ministerio Público

9. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto.

2. Consideraciones

la causal de nulidad alegada por la recurrente.

1.7. Intervención del Ministerio Público

9. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

10. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de revisión de conformidad con lo regulado en el artículo 249 del CPACA, que estableció «[d]e los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia». Asimismo, de acuerdo con el criterio de especialidad, le corresponde a la Sección Segunda conocer de los asuntos laborales, según el8

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artículo 13 numeral 3 del Reglamento Interno del Consejo de Estado 8 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Legitimación en la causa

11. En el asunto objeto de estudio, Azucena López Aya se encuentra legitimada para actuar como demandante, comoquiera que tuvo igual calidad dentro del proceso de nulidad y restablecimiento presentado contra la Beneficencia de Cundinamarca y en el cual se profirió la sentencia que se recurre en esta oportunidad.

2.3. Oportunidad para presentar el recurso

12. En este caso, se observa que la sentencia del 5 de noviembre de 20 21

oportunidad.

2.3. Oportunidad para presentar el recurso

12. En este caso, se observa que la sentencia del 5 de noviembre de 20 21 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, se notificó el 9 de noviembre de 2021 y quedó ejecutoriada el 12 de ese mes y año , según la constancia expedida por la Secretaría del Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá 9, y el recurso fue radicado el 11 de noviembre de 202210.

13. De acuerdo con lo anterior, el recurso extraordinario de revisión fue presentado dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia recurrida, tal y como lo prevé el artículo 251 del CPACA.

2.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

14. El recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del CPACA es un medio de impugnación que afecta el principio de la inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la cosa juzgada 11. Su finalidad es la de invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que se encuentra ejecutoriada 12 y persigue el restablecimiento del criterio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales cuando estas han sido lesionadas en aquella, al ocurrir alguna de las causales por las cuales procede, establecidas en la ley. Tiene dos características principales:

15. La primera se refiere a que su naturaleza es excepcional y, por lo tanto, solo opera por razón de las causales taxativas señaladas en el artículo 250 del

cuales procede, establecidas en la ley. Tiene dos características principales:

15. La primera se refiere a que su naturaleza es excepcional y, por lo tanto, solo opera por razón de las causales taxativas señaladas en el artículo 250 del CPACA, en concordancia con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Estas señalan vicios o errores de nat uraleza procedimental que permiten la revisión de la sentencia proferida dentro del proceso. En ese orden, para que el juez pueda examinar la controversia materia del recurso, a quien lo ejerce le corresponde indicar con precisión cuál es la causal que inv oca para invalidar la sentencia recurrida y las razones de hecho y de derecho que la sustentan.

8 Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019. 9 Folio 242. 10 Folio 260. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión. Sentencia 13 de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00. 12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia 15 de marzo de 2018. Rad. 1001-03-25-000-2014-00862-00.9

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16. La segunda indica que se trata de un nuevo proceso que tiene por objeto cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario y no una nueva

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16. La segunda indica que se trata de un nuevo proceso que tiene por objeto cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario y no una nueva oportunidad para reabrir el debate jurídico, probatorio y/o fáctico propio de las instancias procesales que ya se han surtido en aquel. Tampoco es una vía para cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir en la discusión de los problemas debatidos en el proceso original ni para subsanar las falencias de las actuaciones procesales de las partes, puesto que no constituye una tercera instancia.

2.5. Problemas jurídicos

17. Se circunscriben a resolver los siguientes interrogantes:

¿Los documentos allegados por la parte recurrente tienen el carácter de pruebas encontradas o recobradas en los términos del numeral 1 del artículo 250 del CPACA?

¿Se configuró la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA en la sentencia del 5 de noviembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E , por vulneración del debido proceso al desconocer el principio de congruencia?

2.6. Causal de revisión prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA

18. El numeral 1 del artículo 250 del CPACA dispuso que «[h]aberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria […]» es causal de revisión de las sentencias ejecutoriadas.

hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria […]» es causal de revisión de las sentencias ejecutoriadas.

19. En relación con la causal, es pertinente señalar que el numeral 213 del artículo 188 del CCA también la establecía en similares términos a la prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA. De tiempo atrás, su sentido y alcance se desprendió del significado del verbo «recobrar» se entiende como «[…] volver a tomar o adquirir lo que antes se poseía o se tenía […]»14. Sobre su configuración, la Sala Plena del Consejo de Estado explicó lo siguiente:

«[…] Ha entendido la jurisprudencia, que prueba recobrada es aquella que existiendo, no pudo ser aportada oportunamente al proceso, así la prueba recobrada es aquél elemento probatorio nuevo, por ser recuperado luego de proferida la sentencia, que pudo ser decisivo en el sentido de la decisión y que no fue tenido en cuenta por el fallador, porque el interesado no pudo presentarla oportunamente dentro del proceso, por motivos de fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria […]»15

13 «2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mejor o caso fortuito o por obra de la parte contraria» 14 http://dle.rae.es/?id=VShJp3R. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de noviembre de 2005, expediente 1999-00218.10

14 http://dle.rae.es/?id=VShJp3R. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de noviembre de 2005, expediente 1999-00218.10

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00274-00 (3490-2023)

Demandante: Azucena López Aya

Calle 12 No.