CE - Sentencia 11001032500020230031500 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2023-00315-00 (4639-20231) Recurrente: Fernando Arévalo Carrascal Asunto: Recurso extraordinario de revisión

Tema: recurso extraordinario de revisión. Causal del numeral 5 del artículo 250 del CPACA. N ulidad originada en la sentenci a que puso fin al proceso . Reiteración de jurisprudencia.

SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Fernando Arévalo Carrascal, contra la sentencia del 25 de enero de 2023, proferida por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la cual se revocó la decisión de primera instancia dictada por el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo de Oralidad de Bogotá, el 16 de diciembre de 2020, que accedió a las pretensiones de la demanda que radicó contra la Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho.

I. ANTECEDENTES

1.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

1. A partir de las pruebas aportadas por las partes a este trámite , las cuales se valorarán de acuerdo con las reglas probatorias establecidas en el Código General del

1.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

1. A partir de las pruebas aportadas por las partes a este trámite , las cuales se valorarán de acuerdo con las reglas probatorias establecidas en el Código General del Proceso, en adelante CGP2, y el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho allegado por el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de

Bogotá D.C, Sección Segunda, identificado con el número de radicación 110013342049-2016-00718-00/01, la Sala sintetiza, a continuación , los siguientes hechos relevantes del citado trámite ordinario:

1 Expediente digital. 2 Artículos 244 y subsiguientes del CGP . «Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia». Artículo 246 del CGP .Radicación: 11001-03-25-000-2023-00315-00 (4639-2023)

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1.1.1. La demanda

2. Fernando Arévalo Carrascal radicó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, el 11 de noviembre de 2016, contra la Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho, en la que solicitó que se anulara la Resolución núm. 484 del 11 de julio de 2016, que aceptó la supuesta renuncia al cargo de director de desarrollo, del derecho y del ordenamiento jurídico , y la Resolución núm. 0478 del 13 de julio de 2018 , mediante la cual se aclaró que se trataba del viceministro de promoción de la justicia.

y del ordenamiento jurídico , y la Resolución núm. 0478 del 13 de julio de 2018 , mediante la cual se aclaró que se trataba del viceministro de promoción de la justicia.

3. Como consecuencia de esta declaración, pidió que se condenara a la Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho a reintegrarlo al cargo de director de desarrollo del derecho y del ordenamiento jurídico del viceministro de promoción de la justicia, o a otro de igual o superior categoría y remuneración. Además, que se condenara al reconocimiento y pago con la indexación y los aumentos legales que percibió, todos los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de recibir desde el día del retiro , el 12 de julio de 2016 , y hasta que fuera efectivamente reintegrado.

También solicitó que se condenara al pago de intereses y costas en el proceso3.

1.1.2. Contestación de la demanda

4. La Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho se opuso a las pretensiones de la demanda al considerar que la simple decisión contenida en la comunicación del 1 de junio de 2016 permitía establecer que el señor Fernando Arévalo Carrascal puso a disposición del nuevo ministro de justicia y del derecho su cargo, lo que implica ba la presentación de su renuncia protocolaria.

5. Así las cosas, esta decisión del demandante demostró su voluntad inequívoca de dejar en libertad a la administración para adoptar la decisión que considerara más adecuada. Planteó, como excepciones, la inexistencia de violación del literal d) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, la improcedencia de motivación de los actos

de dejar en libertad a la administración para adoptar la decisión que considerara más adecuada. Planteó, como excepciones, la inexistencia de violación del literal d) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, la improcedencia de motivación de los actos demandados por la naturaleza del empleo del actor, la inexistencia de situación sub judice, la estabilidad laboral y la mala fe del demandante. Por ende, solicitó negar las pretensiones de la demanda4.

3 Samai, índice 19, 34RECIBEMEMORIAL_EXPEDIENTE_ONEDRIVE21832024ZIP(.zip) NroActua 19, 01DemandaAnexos.pdf. 4 Samai, índice 19, 34RECIBEMEMORIAL_EXPEDIENTE_ONEDRIVE21832024ZIP(.zip) NroActua 19, 07ContestacionDemanda.pdf.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00315-00 (4639-2023)

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1.1.3. Sentencia de primera instancia

6. El Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, profirió sentencia, el 16 de diciembre de 20205, en la que decidió:

PRIMERO.- Declarar no probadas las excepciones denominadas «inexistencia de violación del literal d) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, improcedencia de motivación de los actos demandados por la naturaleza del empleo del actor, inexistencia de situación sub judice y de estabilidad laboral, y la de mala fe del demandante», de acuerdo con lo considerado en esta providencia.

motivación de los actos demandados por la naturaleza del empleo del actor, inexistencia de situación sub judice y de estabilidad laboral, y la de mala fe del demandante», de acuerdo con lo considerado en esta providencia.

SEGUNDO.- Declarar la nulidad de las Resoluciones 0464 de 11 de julio de 2016 y 0478 de 13 de julio de 2016, expedidas por el ministro de Justicia y del Derecho, mediante las cuales se aceptó y corrigió por un error formal la aceptación de la renuncia del señor Fernando Arévalo Carrascal al cargo de director técnico, código 0100, grado 23 de la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho del despacho del viceministro de promoción de la justicia.

TERCERO.- Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho reintegrar al señor Fernando Arévalo Carrascal en el cargo del cual le fue aceptada su renuncia mediante los actos acusados, o a uno de igual o superior categoría, y a pagarle los sueldos y prestaciones dejadas de devengar desde la fecha del retiro hasta que se haga efectivo el reintegro. Las sumas res ultantes deberán ser actualizadas e indexadas de conformidad con lo considerado en la parte motiva del presente proveído.

CUARTO.- Declarar para todos los efectos que no ha existido solución de continuidad en la prestación de los servicios prestados por parte del señor Fernando Arévalo Carrascal. […].

7. En sustento, indicó que estaba demostrado en el expediente que a través de la

en la prestación de los servicios prestados por parte del señor Fernando Arévalo Carrascal. […].

7. En sustento, indicó que estaba demostrado en el expediente que a través de la Resolución núm. 0549 del 8 de agosto de 2013 se reintegró al señor Fernando Arévalo Carrascal para desempeñar el cargo de director técnico, código 0100, grado 23 ,de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria de la planta global del Ministerio de Justicia y del Derecho, el cual ejerció a partir del 16 de agosto de 2013.

8. Además, que, con posterioridad, mediante la Resolución núm. 0020 del 16 de enero de 2014, el actor fue trasladado para desempeñar este mismo cargo en la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico del viceministerio de promoción de la justicia, a partir del 20 de enero siguiente.

9. Igualmente, obraba la copia del escrito que presentó el señor Fernando Arévalo Carrascal, el 1 de junio de 2016, ante el ministro de justicia y del derecho, en el que

5 Samai, índice 19, 34RECIBEMEMORIAL_EXPEDIENTE_ONEDRIVE21832024ZIP(.zip) NroActua 19, 25Sentencia.pdf.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00315-00 (4639-2023)

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puso a disposición el cargo. También se constató que, en la Resolución núm. 0464 del 11 de julio de 2016, al considerar que el señor Arévalo Carrascal presentó renuncia ,

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puso a disposición el cargo. También se constató que, en la Resolución núm. 0464 del 11 de julio de 2016, al considerar que el señor Arévalo Carrascal presentó renuncia , se aceptó esta con efectos a partir del 12 de julio de 2016. En igual sentido, se allegó la Resolución núm. 0478 del 13 de julio de 2016 que corrigió un error formal contenido en la Resolución núm. 0464, en concreto, el cargo desempeñado por el demandante. Finalmente, se hizo referencia al testimonio rendido por la señora Gloria Inés Córdoba Rocha, quien dio fe de que el actor no renunció, y frente al cual no procedía la tacha.

10. Por estos motivos, el Juzgado determinó que de conformidad con el Decreto 2400 de 1968, entre otras disposiciones, el acto de renuncia debía contener una serie de elementos característicos que tipificaban la voluntad del empleado, como lo son la manifestación propia, inequívoca y espontánea de dejar su empleo. Ello permit ía establecer que en el caso particular el señor Fernando Arévalo Carrascal no renunció, sino que lo puso a disposición del nominador. En consecuencia, procedió a analizar el segundo cargo presentado contra los actos, consistente en la falta de motivación.

11. Al respecto, expresó que las decisiones administrativas se sustentaron en la interposición de una renuncia que, en realidad, nunca ocurrió, motivo por el cual debían anularse con la consecuente orden de reintegrar al demandante, sin solución de continuidad , y además reconocerle y pagarle las acreencias prestacionales y salariales que se hayan generado desde la fecha de retiro y hasta que efectivamente

debían anularse con la consecuente orden de reintegrar al demandante, sin solución de continuidad , y además reconocerle y pagarle las acreencias prestacionales y salariales que se hayan generado desde la fecha de retiro y hasta que efectivamente fuera reintegrado al cargo. Por estas razones, el Juzgado declaró no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada, en razón a que se logró desvirtuar la legalidad de los actos acusados.

1.1.4. Recurso de apelación de la parte demandada

12. La apoderada judicial de la Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho manifestó que el Juzgado incurrió en error al pretender darle un alcance distinto al contenido de la comunicación de fecha 1 de junio de 2016, mediante la cual el señor Fernando Arévalo Carrascal expresó, enfáticamente, su intención de dejar a disposición el cargo que desem peñaba como director de la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico del viceministro de promoción de la justicia en la entidad.

13. Es más, por la naturaleza del cargo , el actor conocía la situación de reorganización en la que se encontraba la entidad con ocasión al cambio de administración, lo que le permitía inferir que su permanencia dependía de la voluntad del nominador al tratarse de un cargo de libre nombramiento y remoción. De esta forma, resulta ba evidente que dejó a este en libertad sin tener que recurrir a la declaratoria de insubsistencia, con el fin de brindarle la alternativa de optar por una renuncia protocolaria. En este orden, se refirió a la existencia de precedentes que no se podían desconocer en punto a esta clase de renuncias y a la equivalencia con la

declaratoria de insubsistencia, con el fin de brindarle la alternativa de optar por una renuncia protocolaria. En este orden, se refirió a la existencia de precedentes que no se podían desconocer en punto a esta clase de renuncias y a la equivalencia con la expresión «“poner el cargo a disposición”».Radicación: 11001-03-25-000-2023-00315-00 (4639-2023)

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14. Adicionalmente, destacó que la sentencia de primera instancia no analizó los medios exceptivos que propuso, directamente relacionados con el contenido del acto de renuncia, sino que se limitó a establecer que no los declaraba probados, con lo cual violaba su derecho de defensa. Así las cosas, reiteró que planteó la inexistencia de situación sub judice y de estabilidad laboral, para lo cual se refirió a la imposibilidad de otorgarle mérito probatorio al testimonio de la señora Gloria Inés Córdoba Rocha, toda vez que únicamente fungió como digitadora del escrito interpuesto por el actor.

15. Además, manifestó que era claro que para el momento de presentación de la renuncia el demandante no desempeñaba el cargo en el cual fue reintegrado por la vía de una sentencia de tutela, porque había sido trasladado a otra dirección de la entidad por solicitud propia. En concreto, el actor fue nombrado director de Política Criminal y Penitenciaria, y después sí fue trasladado como director técnico de la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico.

16. A lo anterior agregó que , cuando se aceptó la renuncia protocolaria , habían

Criminal y Penitenciaria, y después sí fue trasladado como director técnico de la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico.

16. A lo anterior agregó que , cuando se aceptó la renuncia protocolaria , habían pasado más de 3 meses desde que se dictó la orden judicial de reintegro, motivo que impedía suponer que a partir de una acción de tutela el señor Fernando Arévalo Carrascal adquirió un carácter inamovible en la entidad derivad o de su estabilidad laboral. Por ende, a la testigo Gloria Milena Ortiz Ortiz no le constaba la interposición de la renuncia ni la verdadera intención, ya que no solo no se desempeñaba como funcionaria de la cartera ministerial , sino que el demandante no tenía estabilidad al ocupar un cargo de libre nombramiento y remoción sometido al ejercicio de la facultad discrecional.

17. Por su parte, se refirió a la mala fe del demandante porque indujo en error al Juzgado al darle otra interpretación a la comunicación enviada el 1 de junio de 2016, pese a que de forma expresa manifestó su intención de poner a disposición el cargo.

En este orden, el proceder del accionante siempre hubiera conllevado a demandar en sede de nulidad y restablecimiento del derecho, ya fuera porque el nominador hubiera aceptado su renuncia protocolaria, como lo hizo, o lo hubiera declarado insubsistente, porque el fundamento era el mismo, que gozaba de estabilidad como consecuencia de la decisión de tutela que sustenta su escrito.

18. Finalmente, adujo que el Juzgado omitió valorar las pruebas que allegó al proceso y que están contenidas en el expediente administrativo relativas a los cargos

de la decisión de tutela que sustenta su escrito.

18. Finalmente, adujo que el Juzgado omitió valorar las pruebas que allegó al proceso y que están contenidas en el expediente administrativo relativas a los cargos que desempeñó porque, como se expuso, se le nombró en un empleo y luego fue trasladado a otro. Igualmente, dio por probados hechos sin estarlo, como lo atinente a la interrupción de las vacaciones y valoró indebidamente los testimonios de conformidad con las reglas de la sana crítica, toda vez que al margen de la tacha, la señora Gloria Inés Córdoba Rocha tenía el interés de favorecer al demandante , y la señora Gloria Milena Ortiz Ortiz no fue testigo directo de la renuncia protocolaria.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00315-00 (4639-2023)

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19. Por estos motivos, pidió revocar en su totalidad la sentencia apelada, en atención a que los actos administrativos se expidieron por funcionario competente y en uso de sus facultades legales, para, en su lugar, declarar probadas las excepciones propuestas y negar las pretensiones de la demanda6.

1.1.5. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

20. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de sentencia del 25 de enero de 2023, revocó la decisión proferida el 16 de diciembre de 2020 y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

21. Para sustentar sus consideraciones, hizo referencia a los hechos probados de

proferida el 16 de diciembre de 2020 y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

21. Para sustentar sus consideraciones, hizo referencia a los hechos probados de acuerdo con las pruebas del expediente. De estos destac ó que el señor Fernando Arévalo Carrascal se reintegró al cargo de director técnico conforme a una orden emitida en un fallo de tutela y que, posteriormente, fue trasladado a otro empleo .

Finalmente, presentó escrito el 1 de junio de 2016, mediante Resolución núm. 0464 del 11 de julio de 2016 se aceptó la renuncia presentada y, a través de la Resolución núm. 0478, se corrigió el artículo 1 de la Resolución núm. 0464.

22. Además, se refirió a la naturaleza de los cargos de libre nombramiento y remoción y al retiro del servicio de estos empleados, cuyas causales están previstas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, una de las cuales es la renuncia. En concreto, destacó que esta debía ser aceptada conforme a los requisitos legales y que existían disposiciones que regulaban la figura de la aceptación, aplicables al caso concreto por la fecha de expedición del acto enjuiciado, compiladas en el Decreto 1083 de 2015, único reglamentario de la función pública.

23. En razón a ello, destacó que en esta clase de cargos se podía recurrir a la solicitud de renuncia para conformar un equipo de dirección, bajo el entendido de que media el interés general y el buen servicio, caso en el cual se presume la buena fe y la legalidad mientras no se logre demostrar lo contrario.

24. Por su parte, expresó que las condiciones de renuncia al empleo público están

media el interés general y el buen servicio, caso en el cual se presume la buena fe y la legalidad mientras no se logre demostrar lo contrario.

24. Por su parte, expresó que las condiciones de renuncia al empleo público están contenidas en el Decreto 1083 de 2015, en particular que se trate de una manifestación escrita, espontánea e inequívoca del trabajador de retirarse del servicio y que debe señalar la fecha a partir de la cual esta surte efectos, sin que se puedan utilizar métodos imprecisos que den lugar a confusiones.

25. De acuerdo con lo expuesto, el Tribunal consideró que en el caso concreto está demostrado que el 1 de junio de 2016 el secretario general del Ministerio de Justicia y del Derecho les solicitó la renuncia a todos los empleados del nivel directivo y asesor,

6 Samai, índice 19, 34RECIBEMEMORIAL_EXPEDIENTE_ONEDRIVE21832024ZIP(.zip) NroActua 19, 26RecursoApelacionMinjusticia.pdf.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00315-00 (4639-2023)

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incluido el actor, por ostentar un cargo de esa categoría. Ello lo corroboró con el dicho de la testigo Gloria Inés Córdoba Rocha, del cual se desprend ía que ante el cambio de nominador se presentó la renuncia protocolaria, en razón a que el cargo desempeñado por el actor era de libre nombramiento y remoción, cuestión que no se discutía.

26. De esta forma, afirmó que la facultad discrecional se presume ejercida por el buen servicio y habilita, en un momento dado, a que se insinúe la presentación de la

discutía.

26. De esta forma, afirmó que la facultad discrecional se presume ejercida por el buen servicio y habilita, en un momento dado, a que se insinúe la presentación de la renuncia, para no hacer uso de la declaratoria de insubsistencia. En este orden, la solicitud de presentación de la renuncia, lejos de ser un acto de presión, constituye una manifestación cortés de la decisión que tomó el nominador frente al retiro.

Además, a ello agregó que el trámite de tutela que ordenó el reintegro d el actor no lo hacía inamovible.

27. Concretamente, el Tribunal expresó que con ocasión a la sugerencia realizada por el secretario el 1 de junio de 2016, el demandante optó por poner a disposición el cargo, proceder con el que pretendió hacer incurrir en error a la administración, quien procedió a aceptarla en vez de declararlo insubsistente. De ahí, consideró que la manifestación del señor Fernando Arévalo Carrascal conllevó a una declaratoria explícita que equivalía a una renuncia, en la medida en que anunció que no se oponía a su desvinculación y que dejaba en libertad al nuevo jefe, tal y como lo entendió la administración. Así las cosas, se refirió a la jurisprudencia que se ha proferido en punto a las renuncias protocolarias.

28. Bajo este entendido, puso de presente que lo sustancial del asunto era la facultad que tenía la administración de prescindir de sus servicios, por lo que con , o sin la manifestación hecha por el actor, el trabajador pudo haber sido declarado insubsistente. En estos términos, lo alegado por el demandante no es más que una

facultad que tenía la administración de prescindir de sus servicios, por lo que con , o sin la manifestación hecha por el actor, el trabajador pudo haber sido declarado insubsistente. En estos términos, lo alegado por el demandante no es más que una simple formalidad que no incide en el caso concreto, sumado al hecho de que desde el ingreso a la entidad el actor conocía que la naturaleza de su vínculo era de libre nombramiento y remoci ón, por lo que no era razonable que con su escrito buscara obtener una decisión diferente a la del retiro. En consecuencia, el Tribunal acogió los argumentos planteados por la entidad demandada en la alzada y, en su orden, revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda7.

1.2. Recurso extraordinario de revisión

29. El señor Fernando Arévalo Carrascal, el 28 de julio de 2023, radicó recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 25 de enero de 2023, en el que invocó que esta decisión incurrió en la causal de nulidad prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA por la vulneración del artículo 29 Superior ,

7 Samai, índice 19, 34RECIBEMEMORIAL_EXPEDIENTE_ONEDRIVE21832024ZIP(.zip) NroActua 19, 34Sentencia 2a instancia.pdf.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00315-00 (4639-2023)

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derivada de una «grave y deficiente motivación» que lesiona el debido proceso. En

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derivada de una «grave y deficiente motivación» que lesiona el debido proceso. En particular, alegó que la citada providencia, aunque fue sustentada, se encuadra en el supuesto de ser «carente de motivación» según la jurisprudencia.

30. Lo anterior, dado que la motivación no fue seria, adecuada o suficiente ni se relacionó con la decisión adoptada, por lo cual resultó arbitraria, ya que no expresó razones justificadas de cara al principio de publicidad y a la motivación, para concluir que sí renunció a su cargo, pese a la inexistencia de un escrito que así lo indicara .

Adicionalmente, porque convirtió sus afirmaciones en un auténtico acto de renuncia explícita libre, inequívoca y espontánea.

31. En este orden, a juicio del recurrente , la decisión no respetó el principio de legalidad razón por la cual incurrió en una omisión derivada de las graves deficiencias en la motivación , porque creyó , erradamente, que la carta que suscribió, dirigida al nuevo ministro de justicia, contenía una renuncia, cuando esta palabra no se extraía de su contenido y sin que esa hubiera sido su intención. Por consiguiente, el Tribunal incurrió en grave y deficiente motivación dado que tuvo por demostrado, sin estarlo, que renunció al cargo que ejercía y que es ta radicación cumplía con todos los presupuestos de ley, por lo que le otorgó un alcance distinto a la citada prueba.

32. Igualmente, la decisión está incursa en grave y deficiente motivación porque se contradijo en sus consideraciones al establecer, por un lado, que el escrito que

presupuestos de ley, por lo que le otorgó un alcance distinto a la citada prueba.

32. Igualmente, la decisión está incursa en grave y deficiente motivación porque se contradijo en sus consideraciones al establecer, por un lado, que el escrito que interpuso comprendía una declaración explícita de renuncia; y, por otro lado, que con este pretendió hacer incurrir en error a la administración. De esto se extraía la verdad del documento, relativa a que la única intención era dejar a disposición del nuevo ministro la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento por estar a la espera de una decisión emitida en sede de tutela, más no la de renunciar de manera expresa al cargo. En línea con esto, el Tribunal desconoció que la renuncia no podía ser sugerida o implícita, sino que exig ía que se trat ara de una expresión de la manifestación de voluntad libre, inequívoca y espontánea de separarse del servicio.

33. Adicionalmente, el Tribunal realizó manifestaciones que desconocen que no se debatió la estabilidad en los cargos de libre nombramiento y remoción, el cumplimiento de funciones, la calificación de su compromiso y los estándares de eficacia con el servicio público, sino únicamente si hubo o no renuncia conforme a derecho , la cual debía aceptarse adecuadamente. Por ende, el Tribunal incurrió en contradicciones lo que convierte su decisión en carente de sentido y lógica , ya que desvió del objeto de la controversia al considerar que podía ser retirado o no por ser funcionario de libre nombramiento y remoción, cuando el fin del proceso solo era saber si existió un verdadero escrito de renuncia.

34. Seguidamente, planteó que el Tribunal incurrió en grave y deficiente motivación

nombramiento y remoción, cuando el fin del proceso solo era saber si existió un verdadero escrito de renuncia.

34. Seguidamente, planteó que el Tribunal incurrió en grave y deficiente motivación en la medida en que no solo consideró que, en efecto, interpuso renuncia, sino que dejó de apreciar que no existió un acto administrativo, como el acusado, en el cual seRadicación: 11001-03-25-000-2023-00315-00 (4639-2023)

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verificaran los elementos de la renuncia. En razón a ello, ante la presunción de una renuncia se violó el artículo 41 literal d) de la Ley 909 de 2004 y, por ende, los derechos del demandante.

35. Al respecto, el recurrente citó un pronunciamiento de la Corte Constitucional, en la sentencia T-576 de 1998, relacionado con la motivación del acto. Además, hizo referencia a otras decisiones judiciales.

36. Por consiguiente, planteó como pretensiones que se anulara la sentencia dictada el 25 de enero de 2023 y, en consecuencia, se devolviera el proceso al Tribunal para que dictara una nueva decisión que fuera constitucional, legal, congruente con los hechos, pruebas y derechos y que garantizara el debido proceso sustancial8.

1.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión

37. Mediante auto del 30 de noviembre de 20239, se admitió el recurso, se ordenó la notificación personal a la Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho y al Ministerio Público, se le reconoció personería a la abogada del recurrente y se ofició al Tribunal

la notificación personal a la Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho y al Ministerio Público, se le reconoció personería a la abogada del recurrente y se ofició al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Juzgad o Cuarenta y Nueve Administrativo de Bogotá (49) para que env iaran, con destino a esta corporación, el expediente digital del proceso ordinario.

38. Luego de que esta providencia fue debidamente notificada, el apoderado de la Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho conte stó dentro del término previsto por el artículo 253 del CPACA, modificado por el 69 de la Ley 2080 de 2021, y dispuso que se atendía a lo que reposaba en los expedientes en las dos instancias en que se surtió el proceso. En este orden, consideró que este se tramitó de forma argumentada, adecuada, legal y transparente, de suerte que no se violó el debido proceso durante el trámite que ameritara la declaratoria de nulidad solicitada por el recurrente.

39. En particular, destacó que el señor Fernando Arévalo Carrascal desconoció la finalidad por la que se previó el recurso extraordinario de revisión , porque este se concibió como una medida para lograr el restablecimiento de la justicia material, más no para reabrir una discusión agotada en las dos instancias judiciales respectivas, para cuestionar fundamentos jurídicos o para enmendar errores por ind ebida o falta de aplicación de las normas o de las pruebas. De este modo, el recurrente utilizó los mismos argu mentos que invocó en sede del proceso para pretender una mejor interpretación de su asunto alineada con la tesis que pretendió defender.

40. En igual sentido, expresó que de conformidad con la jurisprudencia existe una

mismos argu mentos que invocó en sede del proceso para pretender una mejor interpretación de su asunto alineada con la tesis que pretendió defender.

40. En igual sentido, expresó que de conformidad con la jurisprudencia existe una diferencia sustancial entre la falta absoluta de motivación y la deficiente o errada

8 Samai, índice 2, ED_REVISION_RECURSOEXTRAORDINAR(.pdf) NroActua 2. 9 Samai, índice 4.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00315-00 (4639-2023)

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motivación, de ahí que solo la primera de estas es causal del recurso extraordinario de revisión. Por consiguiente, solicitó que se declare infundado el r