CE - Sentencia 11001032500020230033500 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2023-00335-00 (4927-2023)

Accionante: José Castro Peña Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional Temas: Causal 5.° del artículo 2 50 de la Ley 1137 de 20 11.

Presupuestos de configuración. Vulneración al debido proceso. Principio de congruencia.

I. ASUNTO

1. Se decide el Recurso Extraordinario de Revisión consagrado en el artículo 248 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, presentado por José Castro Peña1 en contra de la sentencia del 19 de enero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-051-2020-00296-01.

II. ANTECEDENTES DEL PROCESO ORDINARIO

2. Pretensiones. Con la demanda se solicitó declarar que, frente a la petición de 3 de diciembre de 2018 , se produjo el silencio administrativo negativo y, en consecuencia, se decrete su nulidad.

2. Pretensiones. Con la demanda se solicitó declarar que, frente a la petición de 3 de diciembre de 2018 , se produjo el silencio administrativo negativo y, en consecuencia, se decrete su nulidad.

3. Subsidiariamente, se apliquen las excepciones de inconstitucionalidad e inconvencionalidad, de acuerdo con lo explicado en el concepto de violación, y se anule la decisión ficta demandada.

4. Como restablecimiento del derecho exigió: i) reconocer que el demandante ha realizado las mismas funciones de los soldados profesionales que antes fungieron como voluntarios; ii) declarar que, al igual que los oficiales y suboficiales, el actor se encuentra en el mismo supuesto fáctico que le permite acceder a la prima de actividad; iii) condenar a la demandada a reconocer y pagar al accionante la diferencia del 20% dejada de percibir en su asignación básica mensual, la prima de actividad y el reajuste del subsidio familiar, con la respectiva reliquidación de sus prestaciones sociales.

5. Hechos. El demandante se vinculó al Ejército Nacional en calidad de soldado profesional en vigencia de los Decretos Leyes 1793 y 179 4 de 2000 . Desde

1 El escrito de revisión se presentó a través de la ventanilla virtual de esta corporación el 13 de julio de 2023, según se evidencia en el índice 3 de la plataforma SAMAI.Radicado: 11001-03-25-000-2023-00335-00 (4927-2023)

Recurrente: José Castro Peña

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Recurrente: José Castro Peña

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 entonces, su asignación básica mensual ha sido inferior a la recibida por los soldados profesionales que ingresaron a la institución con anterioridad a esa norma -otrora soldados voluntarios -, a pesar de que las funciones de unos y otros son similares.

6. Que ha estado en servicio activo en iguales condiciones de los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares, por lo que debe recibir la prima de actividad.

Además, tiene derecho a que el subsidio familiar que actualmente devenga sea reajustado en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

7. Normas violadas y concepto de violación . La negativa de los derechos reclamados evidencia la discriminación permanente, sistemática e injustificada que, a lo largo del tiempo, han experimentado los soldados profesionales en relación con los beneficios conferidos a otros grupos de militares -oficiales y suboficiales - en materia de prerrogativas emanadas de la muerte en combate, las partidas computables para fines de asignación de retiro y el subsidio familiar.

8. Sentencia de primera instancia . Mediante sentencia de 7 de julio de 2022, el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá declaró la ocurrencia del silencio administrativo negativo, condenó a la entidad demandada a reconocer el pago del subsidio familiar en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y negó las demás pretensiones de la demanda.

9. Con tales fines y después de referenciar brevemente las normas contentivas del

reconocer el pago del subsidio familiar en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y negó las demás pretensiones de la demanda.

9. Con tales fines y después de referenciar brevemente las normas contentivas del régimen de personal, salarial y prestacional de los soldados profesionales, así como la sentencia de unificación jurisprudencial de 25 de agosto de 2016 -radicado 34202015-, concluyó:

9.1 El demandante no tiene derecho a que su asignación básica mensual corresponda a un salario mínimo legal mensual más un sesenta por ciento (60%), porque se vinculó al Ejército Nacional en vigencia del Decreto Ley 1794 de 2000.

9.2 Tampoco le asiste razón en cuanto a la prima de actividad, pues en la norma en cita no se estableció ese beneficio en favor de los soldados profesionales. Además, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, los militares en mención no se encuentran en la misma situación de hecho, toda vez que pertenecen a categorías distintas dentro de la jerarquía militar y los porcentajes y partidas sobre las cuales realizan cotizaciones son diferentes.

9.3 A lo que sí tiene derecho el actor es al reconocimiento del subsidio familiar. Aunque ya tenga reconocido el 20%, a raíz de la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009, es procedente el reconocimiento del 4% equivalente al salario básico mensual má s la prima de antigüedad, desde el 15 de abril de 2010 (fecha de la celebración del matrimonio). Se deberán descontar las sumas ya pagadas por ese concepto.Radicado: 11001-03-25-000-2023-00335-00 (4927-2023)

15 de abril de 2010 (fecha de la celebración del matrimonio). Se deberán descontar las sumas ya pagadas por ese concepto.Radicado: 11001-03-25-000-2023-00335-00 (4927-2023)

Recurrente: José Castro Peña

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10. Recurso de apelación. Inconforme con la anterior decisión, el abogado de la parte actora la recurrió en apelación, arguyendo, en esencia, que:

11. En relación con la pretensión del 20% sobre la asignación básica mensual,

argumentó:

11.1 El a quo confundió que el juicio de igualdad propuesto en la demanda apuntaba a comparar la situación de los antiguos soldados voluntarios que decidieron vincularse como soldados profesionales y el grupo de uniformados que ingresó a las filas castrenses a partir de los Decretos Leyes 1793 y 1794 de 2000 quienes, en su totalidad, están gobernados por las mismas normas, tienen las mismas condiciones, responsabilidades y formación y, además, cumplen con las mismas funciones. Por tanto, no podía afirmar que ambos grupos pertenecen a regímenes jurídicos distintos a partir de la fecha de vinculación a la entidad que, por cierto, no es un criterio objetivo que patrocine esa desigualdad.

11.2 La sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 no podía aplicarse al presente caso, pues la regla jurisprudencial fijada estuvo encaminada a garantizar el derecho adquirido de los soldados voluntarios que, vinculados

11.2 La sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 no podía aplicarse al presente caso, pues la regla jurisprudencial fijada estuvo encaminada a garantizar el derecho adquirido de los soldados voluntarios que, vinculados posteriormente como soldados profesionales, experimentaron una reducción del 20% sobre su asignación básica mensual; mientras que en la demanda actual no se hicieron ese tipo de reclamaciones. Además, en dicha providencia no se analizó la vulneración del derecho a la igualdad salarial en la modalidad de «a trabajo igual - salario igual».

11.3 No se demostraron los criterios objetivos que, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, justifican un trato diferente en materia salarial, entre ellos, los de evaluación y desempeño, las divergencias en la estructura institucional y/o diversas clasificaciones de empleo.

11.4 Se desconocieron: las reglas jurisprudenciales sobre el principio de «a salario igual – trabajo igual»; la existencia de una igualdad formal entre los sujetos que deben ser comparados; los medios de prueba que evidencian la aludida similitud; la presunción de carga probatoria en materia de discriminación; los principios fundamentales del derecho al trabajo y de la carrera militar; la excepción de inconstitucionalidad e inconvencionalidad propuestas en la demanda.

12. En cuanto a la pretensión de reconocimiento de la prima de actividad, alegó:

12.1 Los soldados profesionales y los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares cumplen con el supuesto de hecho previsto en la norma para acceder a la prima de actividad , relacionada con la permanencia en el

12.1 Los soldados profesionales y los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares cumplen con el supuesto de hecho previsto en la norma para acceder a la prima de actividad , relacionada con la permanencia en el servicio. Por tanto, no existe patrón alguno que justifique la diferenciación existente al respecto.Radicado: 11001-03-25-000-2023-00335-00 (4927-2023)

Recurrente: José Castro Peña

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 12.2 La demandada no demostró la existencia de un criterio que justifique esa desigualdad , además de que las funciones desempeñadas por los oficiales y suboficiales no constituye un parámetro que avale la distinción, porque aún ellos tienen asignadas diversas misiones y no por eso se les deja de reconocer la prima.

12.3 Se desconoció que, en tratándose de discriminación, opera una inversión de la carga de la prueba que no fue satisfecha por la accionada.

13. Sentencia objeto de revisión. En sentencia de 19 de enero de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda , Subsección “ D” confirmó la sentencia de primera instancia.

14. Con dicho propósito , y luego de referenciar el régimen de los soldados profesionales, el derecho a la igualdad, la prima de actividad y el subsidio familiar ,

concluyó que:

14.1 El actor no tiene derecho a recibir el reajuste de la asignación básica mensual en un 20%, porque su vinculación al Ejército Nacional se cumplió en

concluyó que:

14.1 El actor no tiene derecho a recibir el reajuste de la asignación básica mensual en un 20%, porque su vinculación al Ejército Nacional se cumplió en vigencia del Decreto Ley 1794 de 2000. Además, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, se dijo que la diferencia tiene fundamento en la protección de los derechos adquiridos de los soldados voluntarios que se vincularon en vigencia de la Ley 131 de 1985.

14.2 Tampoco hay lugar a reconocer la prima de actividad, porque hace parte del régimen salarial y prestacional de los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares, del cual, por cierto, no participan los soldados profesionales.

14.3 No se configuró la violación al derecho de igualdad, porque esa diferencia está justificada en la naturaleza de las funciones, responsabilidad y en la racionalización de los recursos. 14.4 Por último, confirmó lo decidido frente al subsidio familiar.

15. Del recurso extraordinario de revisión . Para el recurrente, las sentencias dictadas en el proceso ordinario incurrieron en la causal de revisión contenida en el numeral 5.° del artículo 250 de la Ley 1437 de 20112.

16. Fundamentos. Se hicieron los siguientes reproches:

17. En cuanto a la sentencia de primer grado:

17.1 No examinó ni se pronunció frente a los supuestos fácticos, pretensiones y cargos jurídicos invocados en la demanda en torno al reajuste

2 «ARTICULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la ley 797 de

pretensiones y cargos jurídicos invocados en la demanda en torno al reajuste

2 «ARTICULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la ley 797 de 2003, son causales de revisión: […] 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.»Radicado: 11001-03-25-000-2023-00335-00 (4927-2023)

Recurrente: José Castro Peña

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 salarial, relacionados con la vulneración al derecho a la igualdad, el desconocimiento de los principios generales de la carrera administrativa de los soldados profesionales, de los postulados del derecho al trabajo, los hechos demostrados, las cargas probatorias y la presunción de discriminación -las tres últimas señaladas en los alegatos de conclusión-.

17.2 No valoró ni resolvió los supuestos de hecho, súplicas y argumentos jurídicos formulados en el libelo relacionados con la prima de actividad, entre ellos: la infracción al principio de igualdad y la omisión de los principios del derecho al trabajo.

18. En cuanto a la sentencia de segundo grado:

18.1 No resolvió la solicitud de adición y de nulidad de la sentencia de primer grado. La primera de ellas, relacionada con los puntos que no fueron objeto de decisión y, la segunda, fincada en la vulneración del principio de congruencia y, de contera, del derecho al debido proceso.

grado. La primera de ellas, relacionada con los puntos que no fueron objeto de decisión y, la segunda, fincada en la vulneración del principio de congruencia y, de contera, del derecho al debido proceso.

18.2 No se pronunció completa, exhaustiva y rigurosamente sobre los cargos formulados en contra de la negativa de las tres pretensiones invocadas en la demanda -reajuste salarial (21 reparos) y prima de actividad (8 reproches).

19. Con sustento en lo señalado, arguyó que las providencias de primera y segunda instancia desconocieron el principio de congruencia al no resolver todos y cada uno de los supuestos fácticos, pretensiones y argumentos jurídicos invocados en la demanda y en el recurso de apelación.

20. Pretensiones. Solicitó declarar la nulidad parcial de las aludidas providencias y, consecuentemente, devolver el expediente al juzgado de primera instancia para que profiera una sentencia en la que se resuelvan cada uno de los puntos planteados en la demanda.

21. La intervención del Ejército Nacional 3. Dentro de la oportunidad de ley, el abogado designado se opuso a la prosperidad del recurso extraordinario alegando,

en esencia:

22.1 Que dentro del trámite ordinario se le respetó al demandante su derecho al debido proceso, así como todas las garantías que lo integran.

22.2 El actor reitera que tenía dos pretensiones principales, a saber: i) el reconocimiento del 20% de la diferencia salarial con los soldados profesionales que antes eran voluntarios y ii) el reconocimiento de la prima de actividad militar.

22.3 La sentencia de segunda instancia resolvió todos los cargos y reproches

reconocimiento del 20% de la diferencia salarial con los soldados profesionales que antes eran voluntarios y ii) el reconocimiento de la prima de actividad militar.

22.3 La sentencia de segunda instancia resolvió todos los cargos y reproches

3 Ver índice 12 de la plataforma SAMAI.Radicado: 11001-03-25-000-2023-00335-00 (4927-2023)

Recurrente: José Castro Peña

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 formulados en la apelación, explicando las razones por las cuales no había lugar al reconocimiento del reajuste salarial del 20% , ni mucho menos desconocimiento del derecho a la igualdad.

22.4 Así las cosas, es claro que la intención del recurrente no es otra distinta que reabrir etapas procesales ya finalizadas, como reiterar alegatos ya rendidos.

22. La intervención de la procuradora delegada. No emitió concepto.

III. CONSIDERACIONES

23. Competencia. Esta subsección es competente para resolver este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Ley 1437 de 2011 y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, reglamento interno de esta corporación.

24. De la oportunidad para interponer el recurso . De conformidad con lo señalado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, cuando el recurso se fundamente en la causal de revisión prevista en el numeral 5°, entre otras, podrá presentarse «dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».

señalado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, cuando el recurso se fundamente en la causal de revisión prevista en el numeral 5°, entre otras, podrá presentarse «dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».

25. En el presente asunto, la sentencia impugnada fue proferida el 19 de enero de 2023, mientras que el recurso fue presentado el 13 de julio de 2023 a través de ventanilla virtual de est e tribunal 4. Por tanto, se concluye que su radicación se cumplió dentro de los términos de ley.

26. Problema jurídico. De acuerdo con lo planteado en el recurso, corresponde a la Sala determinar sí ¿La sentencia impugnada desconoció el principio de congruencia que debe irrigar toda providencia judicial y, de contera, vulneró el debido proceso del demandante?

27. Para resolver ese interrogante, se reseñará: i) la naturaleza y objeto del Recurso Extraordinario de Revisión; ii) el contenido y alcance de la causal 5 del artículo 250 del CPACA y; iii) el principio de congruencia de las providencias judiciales.

28. Normas y jurisprudencia aplicables.

29. La naturaleza y objeto del Recurso Extraordinario de Revisión. El artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, establece lo siguiente:

«ARTÍCULO 248. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».

contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».

4 Índice 3 de la plataforma SAMAI.Radicado: 11001-03-25-000-2023-00335-00 (4927-2023)

Recurrente: José Castro Peña

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30. La jurisprudencia de esta corporación ha indicado que, por su naturaleza, el recurso extraordinario de revisión es un medio judicial de impugnación que, por excepción, no encuentra límites en el principio de inmutabilidad propio de las sentencias que han adquirido la connotación de cosa juzgada. Lo anterior, en razón a que puede ser dirigido en contra de las providencias ejecutoriadas proferidas por cualquiera de las autoridades que integran la jurisdicción de lo contencioso administrativo -jueces y tribuna les administrativos, así como las subsecciones y secciones de esta corporación-.

31. En cuanto a su objeto, se ha dicho que radica en obtener el restablecimiento de la justicia material desconocida en la decisión cuestionada, a través de situaciones externas que no pudieron ser ventiladas en el trámite del proceso ordinario, pero que revisten tal gravedad que prohíjan la superación del principio de cosa juzgada.

En sentencia de 3 de marzo de 2020,5 la Sala Décima Especial de Revisión de este Tribunal, expresó:

«[…] 2.2.1. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión.

En sentencia de 3 de marzo de 2020,5 la Sala Décima Especial de Revisión de este Tribunal, expresó:

«[…] 2.2.1. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión.

43. El recurso extraordinario de revisión se encuentra regulado en el Título VI Capítulo I el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011 -, el cual ha sido definido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado como «un medio de impugnación excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e infirmarlas ante la demostración inequívoca de ser decisiones injustas, por incurrir en alguna de las causales que taxativamente consagra la ley».6

44. A través del citado medio de impugnación extraordinario es posible controvertir las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, las proferidas en cualquier instancia por los Tribunales Administrativos y por los Jueces Administrativos cuya naturaleza permita la interposición del recurso. En consecuencia, el recurso extraordinario de revisión, en cuanto a su naturaleza, es considerado por la doctrina7 como un medio de impugnación con la virtud de afectar de manera excepcional el principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, pues con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, siempre que se configure alguno de los eventos consagrados en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.8

con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, siempre que se configure alguno de los eventos consagrados en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.8

5 Expediente No. 11001-03-15-000-2013-02008-00 (REV), Consejera Ponente Dra. Sandra Liset Ibarra Vélez. 6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente Dr. Alberto Yepes Barreiro Sentencia de 30 de septiembre de 2014. 7 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso – parte general, Bogotá, Edit. DUPRE, 2016, Pág. 884. 8 «1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. // 2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. //3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mayor derecho para reclamar. // 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. // 5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violenci a o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. // 6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.// 7. Haberse dictado la sentencia con base en

cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. // 6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.// 7. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalme nte por ilícitos cometidos en su expedición. // 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada».Radicado: 11001-03-25-000-2023-00335-00 (4927-2023)

Recurrente: José Castro Peña

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

45. Resulta imprescindible mencionar que el recurso extraordinario de revisión tiene por objeto, procurar el restablecimiento de la justicia material de la decisión controvertida, cuando quiera que esta ha sido afectada por situaciones exógenas que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que, a juicio del legislador, revisten tal gravedad que autorizan desvirtuar el principio de la cosa juzgada […]».9

32. Sin embargo, se destaca que este medio no fue diseñado para: i) reabrir el debate propio de las instancias del proceso ordinario; ii) suplir las falencias probatorias de las partes; iii) discutir los fundamentos jurídicos de las providencias; iv) controvertir la actividad interpretativa del juez; v) corregir los errores por falta de aplicación de las normas y/o su indebida adscripción al momento de resolver el caso

probatorias de las partes; iii) discutir los fundamentos jurídicos de las providencias; iv) controvertir la actividad interpretativa del juez; v) corregir los errores por falta de aplicación de las normas y/o su indebida adscripción al momento de resolver el caso sometido a juicio.

33. De ahí que el legislador haya enlistado unas causales taxativas para la procedencia del recurso y, además, que la jurisprudencia exija de quien recurre una argumentación precisa, técnica y rigurosa que evidencie el nexo existente entre los fundamentos y la causal alegada. 10 En la sentencia que se viene citando, esta

corporación expresó:

«46. En ese sentido, el citado recurso no es una oportunidad para reabrir un debate propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria. Es decir, el recurso extraordinario de revisión no puede servir para controvertir la actividad interpret ativa del juez 11 o para corregir errores «in iudicando» 12, sino que fue consagrado para discutir y ventilar hechos procesales específicos que, o incidieron indebidamente en la decisión mediante la cual se resolvió el litigio –como es el caso de los documentos falsos o adulterados 13-, o no pudieron ser tenidos en cuenta a pesar de ser determinantes para la misma –como ocurre con las pruebas recobradas o la aparición de una persona con mejor derecho 14-, o fueron sobrevinientes a la decisión y hacen que esta última carezca de razón de ser – como en el caso de la causal cuarta, 15o deben poder ser objeto de examen judicial –como cuando existe una nulidad originada en la sentencia y esta no era objeto de recurso de apelación16-.

que esta última carezca de razón de ser – como en el caso de la causal cuarta, 15o deben poder ser objeto de examen judicial –como cuando existe una nulidad originada en la sentencia y esta no era objeto de recurso de apelación16-.

47. Por estas razones, es decir, por ser un recurso extraordinario cuya procedencia está limitada a causales taxativamente enumeradas, quien lo ejerce tiene la obligación elemental de indicar con precisión cuál es la invocada y, más allá de ese formalismo,

9 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2009, exp. 11001-03-150002003-00133-00 (REV), C.P. Enrique Gil Botero y, recientemente, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de agosto de 2014, exp. 34016, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. 10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión, sentencia de 13 de octubre de 2020, expediente No. 11001 -03-15-000-2019-00119-00(REV), Consejero Ponente Dr. Alberto Montaña Plata. 11 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de diciembre de 2010, exp . 11001-03-15000-2008-00480-00 (REV), C.P. Susana Buitrago Valencia. 12 En sentencia C998 de 2004, la Corte Constitucional sobre este concepto indicó lo siguiente: «(…) Los errores in iudicando son entonces errores de derecho que se producen por falta de aplicación o aplicación indebida de una norma sustancial o por interpretación errónea…».

in iudicando son entonces errores de derecho que se producen por falta de aplicación o aplicación indebida de una norma sustancial o por interpretación errónea…». 13 Ver artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. «2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados». 14 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 15 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. 16 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.Radicado: 11001-03-25-000-2023-00335-00 (4927-2023)

Recurrente: José Castro Peña

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 debe señalar con claridad y exactitud cuáles son los motivos y, especialmente, los hechos que le sirven de fundamento y la configuran.

48. En ese orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los argumentos en que se fundamenta y la causal alegada, de forma tal que no le es dable al recurrente realizar esfuerzos dirigidos a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios de valor que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida ni pretender subsanar o corregir errores u omisiones de la propia parte en el ejercicio del derecho

recurrente realizar esfuerzos dirigidos a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios de valor que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida ni pretender subsanar o corregir errores u omisiones de la propia parte en el ejercicio del derecho de contradicción y el agotamiento de los mecanismos ordinarios de defensa, como si se tratara de una nueva instancia.

49. En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las causales enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de la sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito interpretativo».17

34. El contenido y alcance de la causal