CE - Sentencia 11001032500020230033700 de 2025

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00337-00 (4938-2023)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2023-00337-00 (4938-2023) (AER)

Accionante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones

Parafiscales de la Protección SocialUGPP Demandado: José Ricardo Acero Guzmán Temas: Causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 Presupuestos de configuración

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓNART. 20 LEY 797 DE 2003

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la acción especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 presentada por la UGPP en contra de la sentencia de 21 de julio de 2019, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Cali dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 76001333300220170024000.

II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso ordinario inicial2

2.1.1. La demanda

restablecimiento del derecho radicado 76001333300220170024000.

II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso ordinario inicial2

2.1.1. La demanda

2. El señor José Ricardo Acero Guzmán por intermedio de apoderado, instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo contra la UGPP, con el objetivo de obtener, en síntesis, las siguientes declaraciones y condenas: • La nulidad parcial de las Resoluciones 17890 de 24 de abril de 2008, 10193 de 26 de marzo de 2014, por medio de las cuales la UGPP reconoció el pago de una prestación de vejez sin incluir todos los factores salariales devengados por el demandante.

1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia del 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001 -03-25000-2012-00561-00(2129-12). Accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés. 2 índice 44 de Samaiexpediente 76001333300220170024000.Radicado: 11001-03-25-000-2023-00337-00 (4938-2023)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: UGPP

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• Así mismo, pretende la nulidad de las Resoluci ones 14767 de 16 de abril de 2015, 14117 de 4 de abril de 2017, 21728 de 25 de mayo de 2017 y RDP 023761 de 6 de junio de 2017, a través de la cuales se confirmó la decisión de no reliquidar la pensión del demandante.

• Para restablecer el derecho, solicit ó el reconocimiento de su pensión de jubilación en cuantía de $2.803.271 de sueldo, con la inclusión de los siguientes factores salariales: sobresueldo, bonificación por servicios, las primas de servicios, de navidad, de riesgo, de vacaciones, los subsidio de unidad familiar y de alimentación y las primas de capacitación, de seguridad y de vigilancia instructores, que fueron debidamente acreditados, reliquidación efectiva a partir del 1.° de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015 y con los reajustes anuales de la Ley 100 de 1993 y los que la Ley ordena efectuar como reajustes pensionales del IPC.

• Además solicitó que se condene a la demandada pagar las diferencias entre las mesadas reconocidas y pagadas con ocasión a los actos acusados y las mesadas conforme a la reliquidación solicitada anteriormente, lo anterior, debidamente actualizado según lo d ispuesto en el artículo 187 inciso 4.° del

CPACA.

• Finalmente solicitó el pago de las costas, de conformidad con el artículo 188 del

mesadas conforme a la reliquidación solicitada anteriormente, lo anterior, debidamente actualizado según lo d ispuesto en el artículo 187 inciso 4.° del CPACA.

• Finalmente solicitó el pago de las costas, de conformidad con el artículo 188 del CPACA, el cumplimiento de la sentencia, según los artículos 189 y 192, y el reconociendo de los intereses moratorios señalados en el artículo 195 numeral

4.°.

2.1.2. Hechos relevantes

3. El señor José Ricardo Acero Guzmán laboró en el Instituto Penitenciario y Carcelario – INPEC desde el 16 de marzo de 1987 hasta el 31 de diciembre de 2015, para un total de 1.474 semanas de cotización. El último cargo desempeñado por éste fue el de capitán de prisiones, código 4078-18.

4. Durante su vinculación, cotizó inicialmente en la Caja Nacional de Previsión SocialCajanal, hoy UGPP y posteriormente ante el Instituto de Seguros SocialesISS, hoy Colpensiones.

5. Mediante Resolución 17890 de 24 de abril de 2008, la UGPP reconoció una pensión de vejez, que fue liquidada teniendo en cuenta los últimos 10 años de servicios en cuantía de $901.263 sin que en ella se tuvieran en cuenta como factores salariales sueldos, sobresueldos, bonificación por servicios, las primas de servicios, de navidad, de riesgos, de vacaciones, los subsidios de unidad familiar y de alimentación y las primas de capacitación, de seguridad y de vigilancia instructores.Radicado: 11001-03-25-000-2023-00337-00 (4938-2023)

Demandante: UGPP

primas de capacitación, de seguridad y de vigilancia instructores.Radicado: 11001-03-25-000-2023-00337-00 (4938-2023)

Demandante: UGPP

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6. En Resolución RDP 010193 de 26 de marzo de 2014, se reliquidó la pensión de vejez del señor Acero Guzmán con el último año de servicios y en cuantía de $1.676.686, sin embargo, en esta oportunidad no se incluyeron las primas de riesgo, de capacitación, de seguridad, de “vigilancia instructores” y el subsidio familiar.

7. El 1. ° de diciembre de 2016, el demandante solicitó a la entidad un nuevo estudio de las resoluciones mencionadas a fin de que se reliquidara la prestación con el último año de servicios y con todos los factores salariales, y a través de Resolución RDP 014117 de 4 de abril de 2017 se negó dicha reliquidación.

8. Contra la anterior decisión interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, que fueron resueltos a través de Resoluciones RDP 021728 de 25 de mayo de 2017 y RDP 023761 de 6 de junio de 2017, en las que negó dicha reliquidación y se confirmó lo resuelto.

2.1.3 Normas violadas y concepto de violación

9. Como disposiciones vulneradas, adujo que los actos acusados desconocen los artículos 2. °, 3. °, 25, 29, 53 y 58 de la Constitución Política; las Leyes 57 y 157 de

9. Como disposiciones vulneradas, adujo que los actos acusados desconocen los artículos 2. °, 3. °, 25, 29, 53 y 58 de la Constitución Política; las Leyes 57 y 157 de 1887; 100 de 1993 artículos 11 y 36; 33 y 62 de 1985, 32 de 1986, 18 y 48 de 1969, 6. ° de 1945 y los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 1158 de 1994 y artículo 6.° del Decreto 691 de 1994, el artículo 168 del Decreto 407 de 1994 y 14 de la Ley 50 de 1990 y el Decreto 0113 de 1998, así como la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010 y la sentencia de 1.° de agosto de 2013 y de 25 de febrero de 2016 proferidas por el Consejo de Estado.

10. Indicó que el demandante tenía derecho a que su pensión fuera reconocida de conformidad con las Leyes 33 y 62 de 1985, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el 45 del Decreto 1045 de 1978, con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.

11. Señaló que la Ley 33 de 1985 dispuso que los funcionarios del ministerio de justicia y del Derecho - Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, tienen derecho a una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios.

12. Sostuvo que en la sentencia de 1. ° de agosto de 2013, el Consejo de Estado,

una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios.

12. Sostuvo que en la sentencia de 1. ° de agosto de 2013, el Consejo de Estado, ordenó la inclusión prima de riesgo para efectos de determinar en IBL luego de encontrar probado en ese caso, que dicho factor fue devengado por el pensionado durante el último año de servicios.

13. Así mismo, precisó que, de acuerdo con la sentencia de 4 de agosto de 2010, constituyen salario aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica como contraprestación directa del servicio.Radicado: 11001-03-25-000-2023-00337-00 (4938-2023)

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2.1.4. Sentencia de objeto de revisión.3

14. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cali dictó sentencia de primera instancia el 2 1 de julio de 2019, en la cual, declaró la nulidad de los actos acusados y concedió las pretensiones de la demanda.

15. Señaló que en virtud de lo establecido en artículo 168 del Decreto 407 de 1994

(derogado por el artículo 11 del Decreto 2090), el actor tiene derecho a que su pensión sea reconocida de conformidad con lo dispuesto en la Ley 32 de 1985.

16. Indicó que dicha normativa no establece los factores a tener en cuenta para liquidar la prestación, y que, de acuerdo con la jurisprudencia, no puede aplicarse la

sea reconocida de conformidad con lo dispuesto en la Ley 32 de 1985.

16. Indicó que dicha normativa no establece los factores a tener en cuenta para liquidar la prestación, y que, de acuerdo con la jurisprudencia, no puede aplicarse la Ley 33 de 1985 por tratarse de un régimen especial, por lo que concluyó que los factores de salario son los que se encuentran en el Decreto 1045 de 1985.

17. Advirtió que la prima de riesgo fue devengada por el demandante, por lo que ordenó su inclusión para liquidar la prestación, lo anterior, con fundamento en las sentencias 24 de febrero de 2012, de 7 de noviembre de 2013 y, de 1. ° de agosto de 2013, de 7 de mayo de 2015 y de 2 de marzo de 2013.

18. Así mismo, ordenó la inclusión de las primas de capacitación y de seguridad consagradas en los artículos 6 y 10 del Decreto 446 de 1994, pues se encontró probado que el actor devengó dichas primas, lo anterior atendiendo al criterio con el que se decidió sobre la prima de riesgo, esto es, por estimar que son factores salariales todas las sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica.

19. Por otra parte, estimó que no resultaba procedente la inclusión del subsidio de unidad familiar, pues esta era una prestación del régimen de seguridad social que responde a un mecanismo de redistribución del ingreso , así como tampoco podía incluirse la prima técnica pues no encontró probado que el demandante la percibió.

20. Así las cosas, ordenó la reliquidación de la pensión del demandante, incorporando al IBL la prima de riesgo, la de capacitación y la de seguridad y precisó

20. Así las cosas, ordenó la reliquidación de la pensión del demandante, incorporando al IBL la prima de riesgo, la de capacitación y la de seguridad y precisó que si sobre tales factores no s e hubiesen realizado aportes a seguridad social la entidad debía descontar lo correspondiente a los últimos 5 años por haber operado sobre la prescripción extintiva.

2.1.7. La acción especial de revisión. 4

21. La UGPP invocó como causales de revisión las consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se refiere a la posibilidad de

3 índice 22 de Samai – expediente 76001333300220170024000. 4 Índice 3 de Samai.Radicado: 11001-03-25-000-2023-00337-00 (4938-2023)

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interponer la solicitud de revisión contra acuerdos conciliatorios o providencias judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública y especialmente:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso. b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere según la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

22. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:

(i) Revocar la sentencia de 21 de julio de 201 9 proferida por el Juzgado

22. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:

(i) Revocar la sentencia de 21 de julio de 201 9 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad de Cali dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por José Ricardo Acero Guzmán contra la UGPP identificado con el radicado No. 76001333300220170024000.

(ii) Declarar que la UGPP no debe reconocer la pensión de vejez realizada con un IBL del 75% sobre el ingreso base de liquidación con el promedio de lo devengado en el último año de prestación de servicios incluyendo como base de liquidación la prima de riesgo, la de capacitación y la de seguridad dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por José Ricardo Acero Guzmán contra la UGPP, en el proceso radicado con el No. 76001333300220170024000.

(iii) Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene a la UGPP a proceder con la reliquidación de la pensión de vejez reconocida al señor Acero Guzmán de conformidad con las normas aplicables al caso particular, es decir, según el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores salariales establecidos en el Decreto 1158 de 1994.

(iv) Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene a la parte demandada a restituir a la UGPP las sumas de dinero recibidas en virtud del reconocimiento efectuado en el proceso de nulid ad y restablecimiento del derecho desde la fecha en que dio cumplimiento al mencionado fallo hasta que se verifique el pago efectivo a la entidad demandante.

reconocimiento efectuado en el proceso de nulid ad y restablecimiento del derecho desde la fecha en que dio cumplimiento al mencionado fallo hasta que se verifique el pago efectivo a la entidad demandante.

23. Para fundamentar ambas causales de revisión la UGPP sostuvo que el señor José Ricardo Acero Guzmán tenía derecho a obtener la reliquidación ordenada, toda vez que por reconocerse su pensión en los términos de la Ley 32 de 1986, el ingreso base de liquidación debió determinarse de conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, esto es teniendo en cuenta los factores devengados durante los últimos 10 años de servicios que se encontraran establecidos taxativamente en el Decreto 1158 de 1994.Radicado: 11001-03-25-000-2023-00337-00 (4938-2023)

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24. Estimó que la pensión se liquidó con desconocimiento de las providencias de la Corte Constitucional, C-168 de 1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, Auto 326 de 2014, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017, SU631 de 2017, T-039 de 2018 y la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 proferida por el Consejo de Estado.

25. Sostuvo que la sentencia de primera instancia, reconoció una cuantía que excede lo debido de conformidad con la ley (Ley 100 de 1993 y su decreto

por el Consejo de Estado.

25. Sostuvo que la sentencia de primera instancia, reconoció una cuantía que excede lo debido de conformidad con la ley (Ley 100 de 1993 y su decreto reglamentario 1158 de 1994) y el precedente de unificación del Consejo de Estado de fecha 28 de agosto de 2018, desconociendo dicho precepto al incluir en el ingreso base de liquidación los factores de prima de riesgo, prima de capacitación y prima de seguridad pues estos factores no están enlistados en el Decreto 1158 de 1994.

2.1.8. Contestación.

26. El 13 de marzo de 20245 se notificó al señor José Ricardo Acevedo Guzmán del auto de 5 de febrero de 2024,6 el por medio del cual se admitió la acción Especial de revisión de la referencia.

27. A través de memorial allegado el 5 de abril de 2024 7, el señor Acero Guzmán contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones de la misma.

28. Indicó que era beneficiario del régimen especial de alto riesgo estatuido por la Ley 32 de 1986 para los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC y que la reliquidación realizada por el Juez se encontraba amparada por los precedentes imperantes por el Consejo de Estado y bajo la normatividad del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, teniendo en cuenta todos los factores devengados durante el último año de servicios, para lo cual citó las sentencia de 27 de julio de 2017 proferida por la

Sección Primera de esta Corporación.

29. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

III. CONSIDERACIONES

de servicios, para lo cual citó las sentencia de 27 de julio de 2017 proferida por la Sección Primera de esta Corporación.

29. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

30. La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para conocer del recurso de revisión del epígrafe, de conformidad con el artículo 249 del CPACA, norma que estableció que cuando se trate de sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos, conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. Igualmente, corresponde conocer a la Sección Segunda,

5 Índice 14 de Samai 6 Índice 07 de Samai 7 Índice 17 de SamaiRadicado: 11001-03-25-000-2023-00337-00 (4938-2023)

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según el art. 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

3.2. Oportunidad

31. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte Constitucional en la s entencia C -835 de 2003 8, declaró la inexequibilidad de dicha

expresión al señalar:

mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte Constitucional en la s entencia C -835 de 2003 8, declaró la inexequibilidad de dicha expresión al señalar:

«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de

2001. Términos que tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]».

32. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, que en su artículo 251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:

«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]».

33. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia SU -427 de 2016 estableció que, tratándose de fallos en contra de la UGPP, dicha entidad puede presentar las solicitudes de revisión, incluso, luego de vencido el plazo de los cinco años de caducidad, pues el mismo comienza a contabilizarse a partir del 12 de junio de 2013,

solicitudes de revisión, incluso, luego de vencido el plazo de los cinco años de caducidad, pues el mismo comienza a contabilizarse a partir del 12 de junio de 2013, providencia en la cual la Sala Plena de esa Corporación unificó su jurisprudencia y adoptó la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal».

34. Advierte la Sala que la decisión judicial de segunda instancia que se cuestiona

8 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: «[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).Radicado: 11001-03-25-000-2023-00337-00 (4938-2023)

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fue proferida el 21 de junio de 2019 9, y el escrito de revisión se radicó en el 15 de marzo de 202410 , es decir, que se presentó oportunamente.

3.3. Problema jurídico

35. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia de 21 de julio de 2019, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cali incurrió en las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 al condenar a la UGPP, a reliquidar el IBL de la pensión de jubilación del señor José Ricardo Acero Guzmán con la inclusión de las primas de riesgo, de seguridad y de capacitación bajo los parámetros establecidos en el Decreto 1045 de 1978.

36. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a las causales mencionadas, relacionadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si procede infirmar la decisión judicial cuestionada.

3.4. La acción especial de revisión y las causales contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

37. La acción especial de revisión es un medio que permite impugnar una providencia judicial ya ejecutoriada, siempre y cuando se configuren, de manera expresa, las causales señaladas en el artículo 250 del CPACA11 (antes artículo 188 del CCA), situación que es posible entenderse como una de las excepciones al principio

providencia judicial ya ejecutoriada, siempre y cuando se configuren, de manera expresa, las causales señaladas en el artículo 250 del CPACA11 (antes artículo 188 del CCA), situación que es posible entenderse como una de las excepciones al principio de la cosa juzgada 12, que se aplica exclusivamente a aquellas situaciones «críticas» en las que a pesar de la presunción de legalidad que cobija a las sentencias, ellas no pueden subsistir por el grave desconocimiento de los principios fundamentales del proceso.

38. Ahora bien, la solicitud de revisión formulada por la entidad recurrente está contemplada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y se considera precisamente como una acción especial 13, con algunas diferencias referidas a su finalidad y la

9 índice 22 de Samaiexpediente 76001333300220170024000. 10 Índice 4 de Samai 11 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con l os cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.

3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.

4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.

3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.

4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.

7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada.

Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada. 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil quince (2015), radicación número: 25000 -23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto Jiménez Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil. 13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001 -03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social,Radicado: 11001-03-25-000-2023-00337-00 (4938-2023)

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Demandante: UGPP

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legitimación en la causa por activa. De esta manera, se estableció para controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro público y contrarrestar los casos de corrupción en esta materia14 y para ejercerla se requiere de un solicitante calificado 15, que a su vez es un tercero que no intervino dentro del proceso ordinario o la conciliación.

39. En este sentido, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 16 facultó al Gobierno para que, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la R epública o del Procurador General de la Nación, soliciten ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia la revisión de aquellas providencias judiciales donde se reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública.

40. Adicionalmente, a través del ordinal 6.º del artículo 6.º del Decreto 5021 de 28 de diciembre de 2009 17 el Gobierno Nacional delegó como función de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

3.5. Análisis de la Sala

41. Las causales alegadas por la UGPP son las contempladas en los literales a) y

artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

3.5. Análisis de la Sala

41. Las causales alegadas por la UGPP son las contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que señala:

«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

3.5.1. En cuanto a la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003: «a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso».

Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés « […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento del recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las particularidades de la “ acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de contro l –Contraloría y Procuraduría - para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con e l fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]»(subrayas de la Sala). 14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. consejero ponente: Dr. William

de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]»(subrayas de la Sala). 14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez. Bogotá, D. C. diez (10) de agosto dos mil diecisiete (2017). Radicado: 250002325000200205275 01. Número Interno: 1273-2006. Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. Demandado: Carlos Rangel Moreno.

Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Decreto 01 de 2 de enero de 1984, CCA. 15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. consejera ponente: Sandra Lisset

Ibarra Vélez. Bogotá D.C. 1 de julio de 2016. Radicado: 11001 03 25 000 2014 00238 00 (0704 2014). Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP-. Demandado: José Efraín Mora Sánchez-. Admite acción de revisión. 16 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de