CE - Sentencia 11001032500020230034400 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2023-00344-00 (5002-2023) Recurrente: Carlos José Mejía Reyes Asunto: Recurso extraordinario de revisión

Tema: recurso extraordinario de revisión. Causal del numeral 5 del artículo 250 del CPACA. Nulidad originada en la sentenci a que puso fin al proceso . Reiteración de jurisprudencia.

SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Carlos José Mejía Reyes contra la sentencia del 16 de marzo de 2023 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que confirmó la decisión de primera instancia del Juzgado Segundo Administrativo de Girardot que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Carlos José Mejía Reyes interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 16 de marzo de 2023 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, invocando la causal quinta del artículo 250 del CPACA, al considerar que la decisión vulneró el principio de

la sentencia del 16 de marzo de 2023 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, invocando la causal quinta del artículo 250 del CPACA, al considerar que la decisión vulneró el principio de congruencia, porque supuestamente no se pronunció sobre todos los motivos de inconformidad desarrollados contra el fallo de primera instancia.

II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

1. A partir de las pruebas aportadas por el recurrente las cuales se valorarán de acuerdo con las reglas probatorias establecidas en el Código General del Proceso, en adelante CGP1, y el expediente ordinario allegado a este trámite, la Sala sintetiza, a continuación, los siguientes hechos relevantes y actuaciones del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radica do número 25307-33-33-0022021-00101-00/012.

2.1.1. La demanda

2. El señor Carlos José Mejía Reyes presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,

Ejército Nacional, en la que pidió lo siguiente3:

1 Según el artículo 246 del CGP: «Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia». 2 Samai, índice 12, documento 12RECIBEMEMORIAL_CES2SECRCONSEJODEEST(.pdf).

3 Samai, índice 12, documento 12RECIBEMEMORIAL_CES2SECRCONSEJODEEST(.pdf), link 202100101NR03, carpeta C1 Principal, archivo 002 DemandaAnexos.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00344-00 (5002-2023)

Recurrente: Carlos José Mejía Reyes

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(i) Se declare la existencia del acto ficto que se configuró por la no respuesta de la entidad accionada a la petición de reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20% y de la prima de actividad, con radicado A4KRPT6W3G.

(ii) Se declare la nulidad del acto administrativo ficto negativo, a través del cual la entidad demandada negó al demandante el reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20% y la prima de actividad.

(iii) En subsidio, en caso de no acceder a la anterior declaratoria de nulidad, se inaplique por inconstitucional el acto acusado y en su lugar, se atiendan los artículos 13, 25, 53 y 209 de la Constitución Política. Asimismo, se declare la excepción de convencionalidad, en el sentido de dar cumplimiento a los artículos 1, 2, 23 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

(iv) A título de restablecimiento del derecho, pidió que se declar ara que el demandante ha realizado las mismas funciones de un soldado profesional que fue voluntario; y que, al igual que los oficiales y suboficiales del Ejército Nacional, está

(iv) A título de restablecimiento del derecho, pidió que se declar ara que el demandante ha realizado las mismas funciones de un soldado profesional que fue voluntario; y que, al igual que los oficiales y suboficiales del Ejército Nacional, está en el mismo supuesto de hecho que establece la norma para el reconocimiento y pago de la prima de actividad.

(v) Se condene a la entidad demandada al reconocimiento y pago a favor del accionante de la diferencia salarial del 20% dejad a de percibir, de acuerdo con la Ley 131 de 1985 y el Decreto 1794 de 2000, y la prima de actividad.

(vi) Se ordene a la entidad accionada reliquidar las prestaciones sociales del demandante, teniendo en cuenta el salario básico equivalente al mínimo legal incrementado en un 60%.

(vii) Se condene a que los valores adeudados se actualicen de conformidad con IPC; que se condene en costas procesales y agencias en derecho; y se dé cumplimiento a la sentencia de conformidad con el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo (en adelante CPACA).

3. Fundamentó su demanda en que los soldados profesionales han sido objeto de desigualdad y discriminación. Por ejemplo, en caso de muerte no existe la posibilidad de una pensión , a diferencia de los oficiales y suboficiales del Ejército Nacional; se disminuyó en un 20% el salario de los soldados que se vincularon en vigencia de la Ley 131 de 1985; y las partidas computables para la asignación de retiro son distintas a los oficiales y suboficiales.

4. Sostuvo que el acto administrativo acusado transgrede el principio de igualdad

Ley 131 de 1985; y las partidas computables para la asignación de retiro son distintas a los oficiales y suboficiales.

4. Sostuvo que el acto administrativo acusado transgrede el principio de igualdad del artículo 13 de la Constitución Política , por cuanto desconoce que , a trabajo igual, salario igual; así como el principio de realidad sobre las formas. Adujo que los soldados voluntarios que , en aplicación de la Ley 131 de 1985 , fueron incorporados a profesionales, devengan un salario mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un 60% del mismo salario; mientras que los soldados profesionales, que no fueron antes voluntarios, perciben un salario mensual aumentado en un 40% , según el Decreto 1794 de 2000 . Lo anterior, materializa un trato injustificado a dos grupos que desempeñan las mismas funciones dentro del

Ejército Nacional.

5. Manifestó que el acto demandado no se fundamentó en los principios de la

función pública , de manera que vulner ó la carrera administrativa de las fuerzas militares. Además, obvió el principio de salario justo y proporcional a la cantidad y calidad de trabajo de los artículos 25 y 53 de la Constitución Política, comoquiera queRadicación: 11001-03-25-000-2023-00344-00 (5002-2023)

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el patrimonio de los soldados que antes fueron voluntarios se acrecentó; en cambio, el de quienes se vincularon como soldados profesionales, se empobreció.

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el patrimonio de los soldados que antes fueron voluntarios se acrecentó; en cambio, el de quienes se vincularon como soldados profesionales, se empobreció.

6. Por otro lado, a firmó que la accionada vulnera el principio de igualdad del demandante, pues pese a que en condición de soldado profesional cumple con el supuesto de hecho de estar «en servicio activo» , dispuesto en el Decreto 1211 de 1990, no tiene derecho a percibir la prima de actividad que sí se otorga a los oficiales y suboficiales del Ejército Nacional. Ello, evidencia la falta de un criterio objetivo para dar un trato diferente a ambos miembros de la entidad.

2.1.2. Contestación de la demanda

7. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones , toda vez que para el momento en que el accionante se vinculó a la entidad en calidad de soldado profesional se encontraban vigentes los decretos 1793 y 1794 de 2000, habiendo aceptado de manera libre y voluntaria el régimen salarial y prestacional en ellos contenido4.

8. Adujo que, en la sentencia de unificación de jurisprudencia del 25 de agosto de 2016 proferida por el Consejo de Estado, se definió que procede la reliquidación salarial de quienes ostentando la calidad de soldados voluntarios fueron incorporados como profesionales, bajo el régimen previsto en los decretos 1793 y 1794 de 2000; ordenando así, incluir dentro de la liquidación salarial y prestacional el 20% que dejaron de percibir.

9. Añadió que, según se dijo en la providencia de aclaración y adición, el anterior

ordenando así, incluir dentro de la liquidación salarial y prestacional el 20% que dejaron de percibir.

9. Añadió que, según se dijo en la providencia de aclaración y adición, el anterior criterio no transgrede el principio de igualdad, por cuanto el tratamiento igual solo puede predicarse entre iguales y en el caso, las situaciones a comparar no son fáctica ni normativamente similares.

10. Indicó que la prima de actividad concebida para los miembros de las fuerzas militares se destina única y exclusivamente a los oficiales y suboficiales. Por tal razón, los soldados profesionales están excluidos de recibir la mencionada prestación.

11. Relató que no se vulnera el derecho a la igualdad del accionante, toda vez que el personal de suboficiales y oficiales de las fuerzas militares y los soldados profesionales, no se encuentran en estado de igualdad. Señaló que la ley prevé funciones específicas y diferentes para los primeros, quienes tienen una experiencia e idoneidad en especialidad propias que no ostenta el soldado profesional.

2.1.3. Sentencia de primera instancia

12. El Juzgado Segundo Administrativo de Girardot profirió sentencia el 10 de junio de 2022 en la que se negaron las pretensiones de la demanda5.

13. Explicó que el régimen salarial previsto en el Decreto 1794 de 2000 que cobija a los soldados profesionales no se equipara, en punto al porcentaje aumentado del salario básico, al de los soldados que antes se desempeñaban como voluntarios bajo la Ley 131 de 1985, toda vez que los primeros (los nuevos soldados profesionales) al ingresar a las filas no gozaban de derecho adquirido alguno. Tal circunstancia impide

la Ley 131 de 1985, toda vez que los primeros (los nuevos soldados profesionales) al ingresar a las filas no gozaban de derecho adquirido alguno. Tal circunstancia impide brindar un trato equiparable a los soldados profesionales que se incorporaron desde el 1 de enero de 2001 y a quienes eran soldados voluntarios con antelación.

4 Samai, índice 12, documento 12RECIBEMEMORIAL_CES2SECRCONSEJODEEST(.pdf), link 202100101NR03, carpeta C1 Principal, archivo 028 Contestación. 5 Samai, índice 12, documento 12RECIBEMEMORIAL_CES2SECRCONSEJODEEST(.pdf), link 202100101NR03, carpeta C1 Principal, archivo 036 095nr21101Ejercito20%PnolgualdadPrimaActividad.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00344-00 (5002-2023)

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14. Relató que en la sentencia de unificación dictada el 25 de agosto de 2016 por el Consejo de Estado, se definió que la correcta interpretación del artículo 1 inciso 2 del Decreto 1794 de 2000 alude a que los soldados voluntarios, hoy profesionales, tienen derecho a percibir una asignación salarial mensual equivalente a un salario mínimo legal vigente incrementado en un 60%. En providencia de aclaración del 6 de octubre del mismo año, se precisó que no se vulneró el derecho a la igualdad respecto

tienen derecho a percibir una asignación salarial mensual equivalente a un salario mínimo legal vigente incrementado en un 60%. En providencia de aclaración del 6 de octubre del mismo año, se precisó que no se vulneró el derecho a la igualdad respecto de los soldados profesionales vinculados en vigencia de los decretos 1793 y 1794 de 2000, comoquiera que el tratamiento igual solo se puede predicar entre iguales.

15. Señaló que el Decreto 1794 de 2000 no incluyó la prima de actividad; así que, no es de recibo el pretender que este se inaplique por inconstitucional conforme con los artículos 4 y 13 de la Constitución Política, para acudir a disposiciones que regulan los salarios y prestaciones de otra clase de servidores de la Fuerza Pública. El hecho que los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares devenguen una prima de actividad que no perciben los soldados profesionales se justifica en los roles que ambos grupos desempeñan.

16. Afirmó que, según se probó en el plenario, el señor Carlos José Mejía Reyes ingresó al Ejército Nacional como soldado profesional, incorporado al régimen de

carrera y estatuto del personal de soldados profesionales de las fuerzas militares (Decreto 1794 de 2000), en calidad de soldado nuevo . Por tal razón el accionante nunca ostentó la calidad de soldado voluntario, ni se encontraba vinculado antes del 31 de diciembre de 2000, requisito sine qua non a fin de aplicar la excepción de que trata el inciso 2 del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000 6. Así, no tiene derecho al incremento salarial del 60% ni a la prima de actividad.

trata el inciso 2 del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000 6. Así, no tiene derecho al incremento salarial del 60% ni a la prima de actividad.

2.1.4. Recurso de apelación de la parte demandante

17. La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, en el que insistió en que el señor Carlos José Mejía Reyes tiene derecho al reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20%; y la prima de actividad, en calidad de soldado profesional. Alegó que desconocer sus derechos vulnera el principio de igualdad, toda vez que recibe un trato salarial diferente a quienes fueron soldados voluntarios antes del 31 de diciembre de 2000, así como en relación con los oficiales y suboficiales del Ejército, pese a tener las mismas funciones que ellos7.

18. Manifestó que la sentencia de primera instancia transgredió el principio de congruencia, en tanto omitió pronunciarse sobre algunos hechos y pretensiones de la demanda. En punto, el artículo 55 de la Ley Estatutaria de Justicia dispone que la sentencia deberá referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales.

19. Afirmó que se dictó un fallo non liquet , al argumentarse que «el enunciado descriptivo no ha sido probado por la parte », lo cual vulneró el derecho al debido proceso del accionante, comoquiera que el juez de instancia no ejerció la actividad probatoria de oficio.

6 Artículo 1. Asignación salarial mensual. Los soldados profesionales que se vinculen a las Fuerzas Militares devengarán un (1) salario mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un cuarenta por

6 Artículo 1. Asignación salarial mensual. Los soldados profesionales que se vinculen a las Fuerzas Militares devengarán un (1) salario mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un cuarenta por ciento (40%) del mismo salario. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo del artículo siguiente, quienes al 31 de diciembre del año 2000 se encontraban como soldados de acuerdo con la Ley 131 de 1985, devengarán un salario mínimo legal vigente incrementado en un sesenta por ciento (60%). 7 Samai, índice 12, documento 12RECIBEMEMORIAL_CES2SECRCONSEJODEEST(.pdf), link 202100101NR03, carpeta C1 Principal, archivo 039ApelacionSentencia.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00344-00 (5002-2023)

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20. Indicó como cargos contra la sentencia apelada los siguientes:

(i) Desconocimiento del tema petendi de la demanda, toda vez que no se hizo el comparativo del accionante respecto de aquellos soldados que antes de la entrada en vigor del Decreto 1794 de 2000 se encontraban vinculados como voluntarios y luego de este, continuaron en la institución en calidad de soldados profesionales.

(ii) Incurrió en error al considerar que no eran pasibles de comparación los soldados que habían sido voluntarios y los soldados profesionales, dada la existencia de dos regímenes diferentes; máxime cuando al haberse acogido al Decreto 1793 de 2000, este

habían sido voluntarios y los soldados profesionales, dada la existencia de dos regímenes diferentes; máxime cuando al haberse acogido al Decreto 1793 de 2000, este les es aplicable por igual, habiendo quedado derogada la Ley 131 de 1985.

(iii) Los efectos de la sentencia de unificación proferida el 25 de agosto de 2016 por el Consejo de Estado no pueden extenderse al caso concreto, por cuanto solo puede aplicarse a los soldados profesionales que hubiesen sido vinculados como voluntarios. Además, en aquella no se abordó el derecho fundamental a la igualdad salarial en la modalidad a trabajo igual, salario igual.

(iv) Yerra la sentencia en afirmar que existe un régimen de transición laboral para los soldados voluntarios y que por ello el demandante no tiene derecho a la diferencia del 20% del salario reclamada en la demanda.

(v) Incurre en error el Juzgado al estimar que el accionante no puede acceder a la diferencia salarial, dada la naturaleza jurídica que tiene para quienes fueron soldados voluntarios.

(vi) Se negó el «restablecimiento de la igualdad en un criterio objetivo ficticio », pues la fecha de vinculación no es un parámetro que justifique un trato desigual. A su vez, se desconoció el precedente fijado en la sentencia T -097 de 2006 , según el cual la diferencia salarial entre trabajadores no puede sustentarse en argumentos meramente formales como la fecha de vinculación a un cargo.

(vii) Se desconocen las sentencias T-369 de 2016; T-097 de 2006; T -545 A de 2007; T833 de 2012, entre otras.

(viii) Se desconoce el precedente constitucional contenido en las sentencias C -022 de

(vii) Se desconocen las sentencias T-369 de 2016; T-097 de 2006; T -545 A de 2007; T833 de 2012, entre otras.

(viii) Se desconoce el precedente constitucional contenido en las sentencias C -022 de 1996; C-862 de 2008 y C-536 de 2016, en las que se señala que «la carga argumentativa está inclinada a favor de la igualdad».

(ix) No conformó la proposición jurídica completa de las normas aplicables para resolver la litis, pues se omitió aplicar la sentencia SU-519 de 1997, reiterada en la sentencia SU547 de 1997.

(x) Se desconoce la igualdad formal en la cual se encuentra el accionante con relación a los soldados profesionales que antes fueron soldados voluntarios.

(xi) Se pretermitió la valoración de los medios de convicción que obran en el expediente, que permiten comparar la igualdad de los sujetos a comparar.

(xii) Se negó de manera arbitraria a reconocer y valorar los hechos probados en el proceso con relación a la igualdad material.

(xiii) Se desconocieron las sentencias T-230 de 1994; T-079 de 1999 y T-247 de 2019, en las que se fija el contenido del derecho fundamental del debido proceso probatorio.

(xiv) No existe prueba que justifique el trato desigual que recibe el accionante.

(xv) Se desconoció la inversión de la carga de la prueba, pues la entidad accionada debía acreditar el trato desigual que ofrece al demandante.

(xvi) Se desconoció el artículo 53 de la Constitución Política.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00344-00 (5002-2023)

Recurrente: Carlos José Mejía Reyes

(xvi) Se desconoció el artículo 53 de la Constitución Política.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00344-00 (5002-2023)

Recurrente: Carlos José Mejía Reyes

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(xvii) Se tuvo por probado, sin estarlo, la existencia del pago proporcional al accionante de un salario acorde a la cantidad y calidad de trabajo que aporta a la institución.

(xviii) Se vulneraron los principios de la función pública, y de la carrera administrativa.

(xix) No se resolvió la excepción de inconstitucionalidad.

(xx) No se realizó ningún test de ponderación de derechos.

(xxi) Se incurrió en un yerro al afirmar que de reconocerse la igualdad salarial se incurriría en una violación al principio de la inescendibilidad normativa.

(xxii) La excepción de inconstitucionalidad invocada es procedente.

21. Señaló como cargos respecto a la prima de actividad, los siguientes:

(i) Los sujetos en el juicio de comparación si son comparables.

(ii) Se incurrió en un yerro de tipo conceptual entre la naturaleza jurídica del salario y la naturaleza jurídica de la prestación salarial.

(iii) Se desconoció que el accionante acredita las condiciones de hecho para ser acreedor de la prima de actividad.

(iv) El juzgado no tuvo en cuenta que la entidad accionada no probó ningún criterio objetivo de justificación del derecho a la no discriminación.

acreedor de la prima de actividad.

(iv) El juzgado no tuvo en cuenta que la entidad accionada no probó ningún criterio objetivo de justificación del derecho a la no discriminación.

(v) No se puede asumir que es justificado el trato de exclusión de la prima de actividad.

(vi) Se desconoció el precedente de la Corte Const itucional previsto en las sentencias C-022 de 1996; C-862 de 2008; y C-536 de 2016.

(vii) Se desconoció el precedente de la Corte Constitucional previsto en las sentencias T-230 de 1994; T-079 de 1995; T-335 de 2000; y T-247 de 2010.

(viii) Se desconoció la inversión de la prueba y la presunción de discriminación.

2.1.5. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

22. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia dictada el 16 de marzo de 2023 confirmó la decisión de primera instancia

con los siguientes argumentos8:

23. Indicó que el Decreto 1794 de 2000 estableció el régimen salarial y prestacional para los soldados profesionales. Aquellos que se vincularan luego del 31 de diciembre de 2000, devengarían un salario mínimo legal vigente, incrementado en un 40% del mismo salario; mient ras que quienes venían vinculados en virtud de la Ley 131 de 1985, esto es, como soldados voluntarios, se les mantendría como retribución del servicio un salario mínimo legal vigente incrementado en un 60%.

24. Afirmó que el primero de los supuestos es el aplicable al accionante , toda vez

1985, esto es, como soldados voluntarios, se les mantendría como retribución del servicio un salario mínimo legal vigente incrementado en un 60%.

24. Afirmó que el primero de los supuestos es el aplicable al accionante , toda vez que se vinculó como soldado profesional con posterioridad al 31 de diciembre de 2000, por lo que su asignación básica corresponde a un salario mínimo incrementado en un

40%.

8 Samai, índice 12, documento 12RECIBEMEMORIAL_CES2SECRCONSEJODEEST(.pdf), link 202100101NR03, carpeta C2 Tribunal, archivo 5_1SENTENCIA20230425084807.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00344-00 (5002-2023)

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25. Explicó que según lo ha definido la jurisprudencia de la Corte Constitucional9, el juicio de igualdad o proporcionalidad se divide en tres etapas: (i) definir el criterio de comparación: precisar si los supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si se comparan sujetos de la misma naturaleza; (ii) determinar si en el plano fáctico y en el plano jurídico existe un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales; y (iii) averiguar si la diferencia de trato está constitucionalmente justificada.

26. Sostuvo que, el accionante afirm ó que los soldados que ingresaron como voluntarios antes de la entrada en vig or del Decreto 1794 de 2000 y que fueron

averiguar si la diferencia de trato está constitucionalmente justificada.

26. Sostuvo que, el accionante afirm ó que los soldados que ingresaron como voluntarios antes de la entrada en vig or del Decreto 1794 de 2000 y que fueron incorporados como soldados profesionales, tienen idénticas funciones, responsabilidades, derechos, deberes y régimen pensional y laboral que quienes ingresaron directamente al escalafón, por lo que no hay motivo alguno constitucional que avale la diferencia salarial que existe entre ambos, prevista en el artículo 1 del Decreto 1794 de 2000. Sin embargo, lo cierto es que en sentencia del 25 de agosto de 201610 el Consejo de Estado concluyó que los soldados e infantes de marina profesionales que se encontraban vinculados como voluntarios al 31 de diciembre de 2000, tienen derecho a que su asignación básica sea el equivalente a un salario mínimo incrementado en un 60%, y no en un 40% ; predicándose así una protección de derechos adquiridos, además de una serie de diferencias objetivas en cuanto a su vinculación, esto es, la antigüedad de unos y la novedad de otros , y la remuneración mínima que recibían los voluntarios.

27. Aclaró que no es posible realizar un juicio de igualdad entre los soldados voluntarios que luego fueron enlistados como profesionales y los soldados profesionales que se vincularon por vez primera, en la medida que el tratamiento igual solo puede predicarse entre iguales, y en este caso, las situaciones a comparar no son fáctica ni normativamente similares. Ello, en tanto la diferencia obedece a la protección de los derechos adquiridos prevista en el artículo 58 de la Constitución Política, en lo que respecta a aquellos que venían de ser soldados voluntarios, por lo que se entiende

fáctica ni normativamente similares. Ello, en tanto la diferencia obedece a la protección de los derechos adquiridos prevista en el artículo 58 de la Constitución Política, en lo que respecta a aquellos que venían de ser soldados voluntarios, por lo que se entiende justificado el monto del salario básico que percibían en vigencia de la Ley 131 de 1985.

28. Precisó que no procede la excepción de inconstitucionalidad, en relación con el inciso primero del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000 , comoquiera que la diferenciación entre soldados voluntarios que pasaron a profesionales y los que se incorporaron directamente, tiene fundamentos de hecho legales, sin desconocer principios constitucionales.

29. Adujo, en cuanto a la prima de actividad que no devengan los soldados profesionales, cuyo reconocimiento se solicita sobre la presunta vulneración del principio de igualdad, respecto a los oficiales y suboficiales, que existen patrones que impiden hacer juicios de comparación, comenzando por el hecho de que se trata de una institución je rarquizada, en la que la remuneración depende de los escalafones, grados, especialidad, antigüedad , naturaleza funcional, entre otras. Por ende, en lo único que pueden asimilarse los oficiales y soldados profesionales es en que son parte de la Fuerza Pública, sin que ello implique la realización de las mismas funciones y/o asuman las mismas responsabilidades.

30. Concluyó que la actuación de la demandada no vulneró el principio de igualdad y tampoco exist ía fundamento normativo que permitiera prosperar el recurso de apelación.

9 Citó: Sentencia T-230 DE 1994 y C-022 de 1996.

y tampoco exist ía fundamento normativo que permitiera prosperar el recurso de apelación.

9 Citó: Sentencia T-230 DE 1994 y C-022 de 1996. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, Rad. radicado 25001333300220130006001(3420-2015), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00344-00 (5002-2023)

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2.2. Recurso extraordinario de revisión

31. El señor Carlos José Mejía Reyes interpuso recurso extraordinario de revisión el 22 de agosto de 2023 11, a través de la ventanilla virtual del Sistema de Gestión Judicial SAMAI, contra la sentencia de segunda instancia proferida el 16 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El recurso se fundamentó en la causal 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, consistente en la existencia de nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación12.

32. Alegó que el Tribunal no se pronunció sobre la solicitud de adición de la sentencia de primera instancia para analizar de forma exhaustiva todas las omisiones en las que se incurrió, ni sobre la petición de declaratoria de nulidad de dicha sentencia por violación del derecho fundamental al debido proceso y del principio de

sentencia de primera instancia para analizar de forma exhaustiva todas las omisiones en las que se incurrió, ni sobre la petición de declaratoria de nulidad de dicha sentencia por violación del derecho fundamental al debido proceso y del principio de congruencia. Añadió que esas omisiones procesales configuran yerros in procedendo que vulneran el artículo 55 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, que establece que las sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso, así como los artículos 280 y 281 del CGP sobre el contenido y congruencia de las sentencias.

33. El recurrente fundamentó su recurso en los ejes argumentativos que se

resumen a continuación:

Del reajuste salarial del 20%

34. Sostuvo que el Tribunal de segunda instancia incurrió en omisiones sustanciales al no resolver los múltiples aspectos planteados en el recurso de apelación sobre el reajuste salarial del 20%. En primer lugar, argumentó que la sentencia no motivó ni estudió las premisas fácticas presentadas