CE - Sentencia 11001032500020230035100 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Radicación: 11001-03-25-000-2023-00351-00 (5048-2023) Recurrente: Elguis Fernando Beltrán Care Asunto: Recurso extraordinario de revisión

Tema: Recurso extraordinario de revisión. Causal del numeral 5 del artículo 250 del CPACA. Nulidad originada en la sentenci a que puso fin al proceso . Reiteración de jurisprudencia.

SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Elguis Fernando Beltrán Care contra la sentencia del 22 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta, que confirmó la decisión de primera instancia del Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Tunja que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Elguis Fernando Beltrán Care interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 22 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta , invocando la causal quinta del artículo 2 50 del

El señor Elguis Fernando Beltrán Care interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 22 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta , invocando la causal quinta del artículo 2 50 del CPACA, al considerar que la decisión vulneró el principio de congruencia , porque supuestamente no se pronunció sobre todos los motivos de inconformidad desarrollados contra el fallo de primera instancia.

II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

1. A partir de las pruebas aportadas por el recurrente, las cuales se valorarán de acuerdo con las reglas probatorias establecidas en el Código General del Proceso, en adelante CGP1, y el expediente ordinario allegado a este trámite, la Sala sintetiza, a continuación, los siguientes hechos relevantes y actuaciones del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radica do número 15001-33-33-0092021-00067-00/012.

2.1.1. La demanda

2. El señor Elguis Fernando Beltrán Care presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,

Ejército Nacional, en la que pidió lo siguiente3:

1 Según el artículo 246 del CGP: «Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia». 2 Samai, índices 3, 1_DemandaWeb_Demanda-(.pdf).

disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia». 2 Samai, índices 3, 1_DemandaWeb_Demanda-(.pdf). 3 Samai, índices 3, 1_DemandaWeb_Demanda-(.pdf), págs. 46 a 60.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00351-00 (5048-2023)

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(i) Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio 20183111996381 del 16 de octubre de 2018, por medio del cual la entidad demandada dio respuesta parcial a la petición LP483DL5P2 del 23 de junio de 2018 presentada por el demandante, negando expresamen te el reconocimiento y pago del subsidio familiar del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

(ii) Se declare la existencia y nulidad del acto administrativo ficto, en tanto se produjo el silencio administrativo negativo por parte de la entidad demandada, en relación con la petición radicada el 23 de junio de 2018, particularmente en lo referente al rec onocimiento y pago de la diferencia salarial del 20% y la prima de actividad, conforme a la Ley 131 de 1985 y el Decreto 1794 de 2000.

(iii) En subsidio, en caso de no acceder a la anterior declaratoria de nulidad, se declare la excepción de inconstitucionalidad , para inaplicar los actos acusados y en su lugar, acatar los artículos 13, 25, 53 y 209 de la

(iii) En subsidio, en caso de no acceder a la anterior declaratoria de nulidad, se declare la excepción de inconstitucionalidad , para inaplicar los actos acusados y en su lugar, acatar los artículos 13, 25, 53 y 209 de la Constitución Política. Asimismo, se declare la excepción de convencionalidad, en el sentido de atender lo dispuesto en los artículos 1, 2, 23 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

(iv) A título de restablecimiento del derecho, pidió que se declare que el demandante ha realizado las mismas funciones de un soldado profesional que fue voluntario; y que, al igual que los oficiales y suboficiales del Ejército Nacional, está en el supuesto de hecho que establece la norma para el reconocimiento y pago de la prima de actividad.

(v) Se condene a la entidad demandada al reconocimiento y pago a favor del accionante de la diferencia salarial del 20% dejad a de percibir; la prima de actividad; y el subsidio familiar, de acuerdo con la Ley 131 de 1985 y el Decreto 1794 de 2000.

(vi) Se ordene a la entidad accionada reliquidar las prestaciones sociales del demandante, teniendo en cuenta el salario básico equivalente al mínimo legal incrementado en un 60%.

(vii) Se condene a que los valores adeudados se actualicen de conformidad con IPC; que se condene en costas procesales y agencias en derecho ; y se dé cumplimiento a la sentencia de conformidad con el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA).

3. Fundamentó su demanda en que los soldados profesionales han sido objeto de

cumplimiento a la sentencia de conformidad con el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA).

3. Fundamentó su demanda en que los soldados profesionales han sido objeto de desigualdad y discriminación. Por ejemplo, en caso de muerte no existe la posibilidad de una pensión , a diferencia de los oficiales y suboficiales del Ejército Nacional; se disminuyó en un 20% el salario de los soldados que se vincularon en vigencia de la Ley 131 de 1985; las partidas computables para la asignación de retiro son distintas a los oficiales y suboficiales; y el subsidio familiar creado a través del Decreto 1794 de 2000 fue derogado por el Decreto 3770 de 2009.

4. Sostuvo que el acto administrativo acusado transgrede el principio de igualdad del artículo 13 de la Constitución Política, por cuanto desconoce que, a trabajo igual, salario igual ; así como el principio de realidad sobre las formas . Adujo que los soldados voluntarios que, en aplicación de la Ley 131 de 1985, fueron incorporados a profesionales, devengan un salario mensual equivalente al salario mínimo legalRadicación: 11001-03-25-000-2023-00351-00 (5048-2023)

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vigente, incrementado en un 60% del mismo salario; mientras que los soldados profesionales, que no fueron antes voluntarios, perciben un salario mensual aumentado en un 40% , según el Decreto 1794 de 2000 . Lo anterior, materializa un

vigente, incrementado en un 60% del mismo salario; mientras que los soldados profesionales, que no fueron antes voluntarios, perciben un salario mensual aumentado en un 40% , según el Decreto 1794 de 2000 . Lo anterior, materializa un trato injustificado a dos grupos que desempeñan las mismas funciones dentro del Ejército Nacional.

5. Manifestó que el oficio demandado no se fundamentó en los principios de la

función pública , de manera que vulnera la carrera administrativa de las fuerzas militares. Además, obvió el principio de salario justo y proporcional a la cantidad y calidad de trabajo de los artículos 25 y 53 de la Constitución Política, comoquiera que el patrimonio de los soldados que antes fueron voluntarios se acrecentó; en cambio, el de quienes se vincularon como soldados profesionales, se empobreció.

6. De otro lado, a firmó que la accionada vulnera el principio de igualdad del demandante, pues pese a que en condición de soldado profesional cumple con el supuesto de hecho de estar «en servicio activo» , dispuesto en el Decreto 1211 de 1990, no tiene derecho a percibir la prima de actividad que sí se otorga a los oficiales y suboficiales del Ejército Nacional. Ello, evidencia la falta de un criterio objetivo para dar un trato diferente a ambos miembros de la entidad.

7. Señaló que el acto acusado debió aplicar el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, el cual se encuentra vigente y, en tal sentido, reconocer y pagar a favor del demandante el subsidio familiar equivalente al 4% del salario básico mensual más la totalidad de la prima de antigüedad . La inobservancia de la anterior norma acredita

2000, el cual se encuentra vigente y, en tal sentido, reconocer y pagar a favor del demandante el subsidio familiar equivalente al 4% del salario básico mensual más la totalidad de la prima de antigüedad . La inobservancia de la anterior norma acredita que se quebrantó el artículo 53 Superio r, sin que se haya efectuado un juicio de igualdad entre los soldados profesionales que tienen derecho al subsidio familiar de conformidad con el decreto en mención, y aquellos que tienen derecho de acuerdo con el Decreto 1161 de 2014.

2.1.2. Contestación de la demanda

8. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones , toda vez que para el momento en que el accionante se vinculó a la entidad en calidad de soldado profesional se encontraban vigentes los decretos 1793 y 1794 de 2000, habiendo aceptado de manera libre y voluntaria el régimen salarial y prestacional en ellos contenido4.

9. Adujo que en la sentencia de unificación de jurisprudencia del 25 de agosto de 2016 proferida por el Consejo de Estado, se definió que procede la reliquidación salarial de quienes ostentando la calidad de soldados voluntarios fueron incorporados como profesionales, bajo el régimen previsto en los decretos 1793 y 1794 de 2000; ordenando así, incluir dentro de la liquidación salarial y prestacional el 20% que dejaron de percibir.

10. Añadió que , según se dijo en la providencia mencionada anteriormente , el anterior criterio no transgrede el principio de igualdad, por cuanto el tratamiento igual solo puede predicarse entre iguales y en el caso, las situaciones a comparar no son

10. Añadió que , según se dijo en la providencia mencionada anteriormente , el anterior criterio no transgrede el principio de igualdad, por cuanto el tratamiento igual solo puede predicarse entre iguales y en el caso, las situaciones a comparar no son fáctica ni normativamente similares.

11. Indicó que la prima de actividad concebida para los miembros de las fuerzas militares se destina única y exclusivamente a los oficiales y suboficiales. Por tal razón, los soldados profesionales están excluidos de recibir la mencionada prestación.

4 Samai Juzgado, índice 19.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00351-00 (5048-2023)

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12. Relató que no se vulnera el derecho a la igualdad del accionante, toda vez que el personal de suboficiales y oficiales de las fuerzas militares y los soldados profesionales, no se encuentran en estado de igualdad. Señaló que la ley prevé funciones específicas y diferentes para los primeros, quienes tienen una experiencia e idoneidad en especialidad propias que no ostenta el soldado profesional.

13. Finalmente, la entidad accionada hizo alusión a la regulación del subsidio familiar y refirió que el demandante solicitó dicho emolumento bajo el Decreto 1161 de 2014, por lo que la entidad debe cumplir con el ordenamiento jurídico, y en este caso el decreto en mención es aplicable al momento en que radicó la solicitud de

familiar y refirió que el demandante solicitó dicho emolumento bajo el Decreto 1161 de 2014, por lo que la entidad debe cumplir con el ordenamiento jurídico, y en este caso el decreto en mención es aplicable al momento en que radicó la solicitud de reconocimiento del subsidio familiar; descon ocer dicho precepto es decretar el pago de lo no debido.

2.1.3. Sentencia de primera instancia

14. El Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Tunja profirió sentencia el 21 de junio de 2022 5 en la que se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

15. Delimitó el debate en establecer si, respecto del escrito del 23 de junio de 2018 presentado por el señor Elguis Fernando Beltrán Care, mediante el cual solicitó (i) la diferencia salarial del 20%, (ii) el subsidio familiar previsto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, y (iii) la prima de actividad, se configuraron actos administrativos fictos o presuntos por silencio de la administración.

16. Asimismo, precisó que debía determinarse si procedía declarar la nulidad del acto contenido en el Oficio n.º 20183111996381 del 16 de octubre de 2018 mediante el cual se negó expresamente el subsidio familiar y del acto ficto, en caso de declarar su existencia, derivado de la falta de respuesta a las demás solicitudes.

17. Estableció el problema jurídico en lo anteriormente mencionado y en definir si el demandante, en su calidad de soldado profesional, tenía derecho a: i) el incremento salarial del 20% previsto en el inciso 2 del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, ii) el

el demandante, en su calidad de soldado profesional, tenía derecho a: i) el incremento salarial del 20% previsto en el inciso 2 del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, ii) el pago de la prima de actividad, y iii) el reconocimiento del subsidio familiar conforme al artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

18. Explicó que la concesión y pago de la diferencia salarial del 20% fue diseñada para los soldados voluntarios vinculados en virtud de la Ley 131 de 1985, quienes, al incorporarse como profesionales antes del 31 de diciembre de 2000, conservaron la remuneración equivalente a un salario mínimo legal vigente incrementado en un 60%.

En contraste, quienes ingresaron directamente como soldados profesionales después de esa fecha, solo tienen derecho al 40% adicional.

19. Aclaró que esa diferencia responde a la garantía de irrenunciabilidad de los derechos adquiridos y no constit uye una vulneración al principio de igualdad ni al postulado de «a trabajo igual, salario igual », pues el régimen salarial distingue entre situaciones fácticas distintas: los soldados voluntarios ya devengaban un 60% y la norma buscó no desmejorar sus condiciones al profesionalizarlos.

20. Señaló que el Decreto 1794 de 2000 no incluyó la prima de actividad; así que, no es de recibo el pretender que este se inaplique por inconstitucional según los artículos 4 y 13 de la Constitución Política, para acudir a disposiciones que regulan los salarios y prestaciones de otra clase de servidores de la Fuerza Pública. Lo anterior, destacando que no se desconoce el principio de igualdad, pues oficiales, suboficiales

salarios y prestaciones de otra clase de servidores de la Fuerza Pública. Lo anterior, destacando que no se desconoce el principio de igualdad, pues oficiales, suboficiales

5 Samai, índice 03, 2_DemandaWeb_Demanda-(.docx).Radicación: 11001-03-25-000-2023-00351-00 (5048-2023)

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y soldados profesionales integran categorías diferenciadas dentro de la jerarquía militar, con responsabilidades, requisitos y funciones distintos, lo que justifica tratos prestacionales diferenciados. Por ello, no puede exigirse el reconocimiento de la prima de actividad a los soldados profesionales.

21. Narró que en la sentencia del 8 de junio de 20176 el Consejo de Estado declaró nulo con efectos ex tunc el Decreto 3770 de 2009, dado el carácter regresivo y no progresivo de la disposición. Ello conllevó a que las situaciones jurídicas no consolidadas se rigieran por el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, desde el momento de su promulgación hasta la entrada en vigor del Decreto 1161 de 2014; instante a partir del cual se entiende subrogado el referido artículo 11.

22. Afirmó que, según se probó en el plenario, el señor Elguis Fernando Beltrán Care ingresó al Ejército Nacional como soldado profesional mediante orden administrativa n.º 1114 del 20 de julio de 2002, con novedad fiscal desde el 1 .° del

Care ingresó al Ejército Nacional como soldado profesional mediante orden administrativa n.º 1114 del 20 de julio de 2002, con novedad fiscal desde el 1 .° del mismo mes y año , incorporado al régimen de carrera y estatuto del personal de soldados profesionales de las fuerzas militares (Decreto 1794 de 2000), en calidad de soldado «nuevo». Por tal razón el accionante nunca ostentó la calidad de soldado voluntario, ni se encontraba vinculado antes del 31 de diciembre de 2000 en tal calidad, requisito sine qua non a fin de aplicar la excepción de que trata el inciso 2 del artículo 1 del Decreto 1794 de 20007. Así, no tiene derecho al incremento salarial del 60% ni a la prima de actividad.

23. Frente al subsidio familia r, indicó que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 estableció el reconocimiento y pago del subsidio familiar a favor de quienes estuvieran casados o con unión marital de hecho vigente, equivalente al 4% de su salario básico mensual más la prima de antigüedad. Dicha norma fue derogada por el Decreto 3770 de 2009, aunque mantuvo el derecho de los soldados profesionales que lo venían percibiendo, pudiéndolo devengar hasta el retiro del servicio. Posteriormente, se expidió el Decreto 1161 de 2014, mediante el cual se creó a partir del 1 de julio de 2014 el subsidio familiar a favor de los soldados profesionales e infantes de marina profesionales de las fuerzas militares en servicio activo que no percibieran el subsidio regulado en el Decreto 1794 de 2000, equivalente al 20% de la asignación básica por la cónyuge o compañera permanente.

profesionales de las fuerzas militares en servicio activo que no percibieran el subsidio regulado en el Decreto 1794 de 2000, equivalente al 20% de la asignación básica por la cónyuge o compañera permanente.

24. Adujo que el actor contrajo matrimonio e l 26 de mayo de 2010 y que percibía desde 2014 un subsidio del 20% (actualmente en un 2 5% como consecuencia del nacimiento de sus dos hijos ). Por esto , el despacho determinó que al actor le corresponde el subsidio familiar conforme al Decreto 1794 de 2000 desde el 26 de mayo de 201 0 y mientras permanezca activo, aplicando la siguiente formula: «4% Salario Básico Mensual + 100% Prima de Antigüedad Mensual », con los descuentos correspondientes por los montos ya reconocidos y pagados.

2.1.4. Recurso de apelación de la parte demandante

25. La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, en el que insistió en que el señor Elguis Fernando Beltrán Care tiene derecho al reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20% y a la prima de actividad, en calidad de soldado profesional. Alegó que desconocer sus derechos

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Rad. 0686-2010. M.P. César Palomino Cortés. 7 Artículo 1. Asignación salarial mensual. Los soldados profesionales que se vinculen a las Fuerzas Militares devengarán un (1) salario mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un cuarenta por ciento (40%) del mismo salario.

devengarán un (1) salario mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un cuarenta por ciento (40%) del mismo salario. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo del artículo siguiente, quienes al 31 de diciembre del año 2000 se encontraban como soldados de acuerdo con la Ley 131 de 1985, devengarán un salario mínimo legal vigente incrementado en un sesenta por ciento (60%).Radicación: 11001-03-25-000-2023-00351-00 (5048-2023)

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vulnera el principio de igualdad, toda vez que recibe un trato salarial diferente a quienes fueron soldados voluntarios antes del 31 de diciembre de 2000, así como en relación con los oficiales y suboficiales del Ejército, pese a tener las mismas funciones que ellos8.

26. Manifestó que la sentencia de primera instancia transgredió el principio de congruencia, en tanto omitió pronunciarse sobre algunos hechos y pretensiones de la demanda. Al respecto, el artículo 55 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia dispone que la sentencia deberá referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales.

27. Afirmó que se dictó un fallo non liquet , al argumentarse que «el enunciado descriptivo no ha sido probado por la parte », lo cual vulneró el derecho al debido proceso del accionante, comoquiera que el juez de instancia no ejerció la actividad probatoria de oficio.

descriptivo no ha sido probado por la parte », lo cual vulneró el derecho al debido proceso del accionante, comoquiera que el juez de instancia no ejerció la actividad probatoria de oficio.

28. Indicó como cargos contra la sentencia apelada los siguientes:

(i) Desconocimiento del tema petendi de la demanda, toda vez que no se hizo el comparativo del accionante respecto de aquellos soldados que antes de la entrada en vigor del Decreto 1794 de 2000 se encontraban vinculados como voluntarios y luego de este, continuaron en la institución en calidad de soldados profesionales.

(ii) Incurrió en error al considerar que no eran pasibles de comparación los soldados que habían sido voluntarios y los soldados profesionales, dada la existencia de dos regímenes diferentes; máxime cuando al haberse acogido al Decreto 1793 de 2000, este les es aplicable por igual, habiendo quedado derogada la Ley 131 de 1985.

(iii) Los efectos de la sentencia de unificación proferida el 25 de agosto de 2016 por el Consejo de Estado no pueden extenderse al caso concreto, por cuanto solo puede aplicarse a los soldados profesionales que hubiesen sido vinculados como voluntarios. Además, en aquella no se abordó el derecho fundamental a la igualdad salarial en la modalidad a trabajo igual, salario igual.

(iv) Yerra la sentencia en afirmar que existe un régimen de transición laboral para los soldados voluntarios y que por ello el demandante no tiene derecho a la diferencia del 20% del salario reclamada en la demanda.

(v) Incurre en error el Tribunal al estimar que el accionante no puede acceder a la diferencia salarial, dada la naturaleza jurídica que tiene para quienes fueron soldados voluntarios.

20% del salario reclamada en la demanda.

(v) Incurre en error el Tribunal al estimar que el accionante no puede acceder a la diferencia salarial, dada la naturaleza jurídica que tiene para quienes fueron soldados voluntarios.

(vi) Se negó el «restablecimiento de la igualdad en un criterio objetivo ficticio», pues la fecha de vinculación no es un parámetro que justifique un trato desigual. A su vez, se desconoció el precedente fijado en la sentencia T -097 de 2006 , según el cual la diferencia salarial entre trabajadores no puede sust entarse en argumentos meramente formales como la fecha de vinculación a un cargo.

(vii) Se desconocen las sentencias T-369 de 2016; T-097 de 2006; T -545 A de 2007; T833 de 2012, entre otras.

(viii) Se desconoce el precedente constitucional contenido en las sentencias C -022 de 1996; C-862 de 2008 y C-536 de 2016, en las que se señala que «la carga argumentativa está inclinada a favor de la igualdad».

8 Samai, índice 03, 1_DemandaWeb_Demanda-(.pdf), págs. 71 a 149.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00351-00 (5048-2023)

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(ix) No conformó la proposición jurídica completa de las normas aplicables para resolver

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(ix) No conformó la proposición jurídica completa de las normas aplicables para resolver la litis, pues se omitió aplicar la sentencia SU-519 de 1997, reiterada en la sentencia SU547 de 1997.

(x) Se desconoce la igualdad formal en la cual se encuentra el accionante con relación a los soldados profesionales que antes fueron soldados voluntarios.

(xi) Se pretermitió la valoración de los medios de convicción que obran en el expediente, que permiten comparar la igualdad de los sujetos a comparar.

(xii) Se negó de manera arbitraria a reconocer y valorar los hechos probados en el proceso con relación a la igualdad material.

(xiii) Se desconocieron las sentencias T-230 de 1994; T-079 de 1999 y T-247 de 2019, en las que se fija el contenido del derecho fundamental del debido proceso probatorio.

(xiv) No existe prueba que justifique el trato desigual que recibe el accionante.

(xv) Se desconoció la inversión de la carga de la prueba, pues la entidad accionada debía acreditar el trato desigual que ofrece al demandante.

(xvi) Se desconoció el artículo 53 de la Constitución Política.

(xvii) Se tuvo por probado, sin estarlo, la existencia del pago proporcional al accionante de un salario acorde a la cantidad y calidad de trabajo que aporta a la institución.

(xviii) Se vulneraron los principios de la función pública, y de la carrera administrativa.

(xix) No se realizó ningún test de ponderación de derechos.

de un salario acorde a la cantidad y calidad de trabajo que aporta a la institución.

(xviii) Se vulneraron los principios de la función pública, y de la carrera administrativa.

(xix) No se realizó ningún test de ponderación de derechos.

(xx) Se incurrió en un yerro al afirmar que de reconocerse la igualdad salarial se incurriría en una violación al principio de la inescendibilidad normativa.

(xxi) La excepción de inconstitucionalidad invocada es procedente.

29. Señaló como cargos respecto a la prima de actividad, los siguientes:

(i) Los sujetos en el juicio de comparación si son comparables.

(ii) Se incurrió en un yerro de tipo conceptual entre la naturaleza jurídica del salario y la naturaleza jurídica de la prestación salarial.

(iii) Se desconoció que el accionante acredita las condiciones de hecho para ser acreedor de la prima de actividad.

(iv) El juzgado no tuvo en cuenta que la entidad accionada no probó ningún criterio objetivo de justificación del derecho a la no discriminación.

(v) No se puede asumir que es justificado el trato de exclusión de la prima de actividad.

(vi) Se desconoció el precedente de la Corte Const itucional previsto en las sentencias C-022 de 1996; C-862 de 2008; y C-536 de 2016.

(vii) Se desconoció el precedente de la Corte Constitucional previsto en las sentencias T-230 de 1994; T-079 de 1995; T-335 de 2000; y T-247 de 2010.

(vii) Se desconoció el precedente de la Corte Constitucional previsto en las sentencias T-230 de 1994; T-079 de 1995; T-335 de 2000; y T-247 de 2010.

(viii) Se desconoció la inversión de la prueba y la presunción de discriminación.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00351-00 (5048-2023)

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2.1.5. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

30. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta , en sentencia dictada el 22 de marzo de 2023, confirmó la decisión de primera instancia con los

siguientes argumentos9:

31. Delimitó como problemas jurídicos las siguientes interrogantes:

(i) ¿La sentencia de primera instancia es incongruente y, por ende, está afectada por un vicio insubsanable? (ii) ¿La diferencia que existe en la asignación salarial mensual de los soldados profesionales y la de los voluntarios que se incorporaron como tal, configura un trato discriminatorio en perjuicio de los primeros, que desconoce el principio “a trabajo igual, salario igual”? (iii) ¿Las pretensiones declarativas subsidiarias de la demanda fueron debidamente formuladas o simplemente son redundantes respecto de la pretensión principal?

32. De manera preliminar señaló que, los argumentos del recurso no controvierten el reconocimiento del subsidio familiar efectuado en primera instancia, por lo que el

formuladas o simplemente son redundantes respecto de la pretensión principal?

32. De manera preliminar señaló que, los argumentos del recurso no controvierten el reconocimiento del subsidio familiar efectuado en primera instancia, por lo que el análisis se limitaría a los cargos de impugnación. Además, precisó que está probado que el demandante fue incorporado como soldado profesional desde el 1 de julio de 2002, sin haber sido soldado voluntario previamente.

33. Frente al primer problema planteado , la Sala rechazó la apreciación de incongruencia, indicando que esta no constituye causal de nulidad y que, en este caso, la decisión apelada no incurrió en ese defecto. Lo anterior al expresar que las nulidades procesales son de carácter taxativo, es decir, solo las irregularidades previstas expresamente por la ley tienen la entidad de invalidar una actuación. Citó la sentencia C-491 de 1995 de la Corte Constitucional, que reconoció como única nulidad de origen constitucional la referida a la obtención de pruebas con violación del debido proceso.

34. Observó que el juzgado de primera instancia resolvió adecuadamente las pretensiones, verificó la situación fáctica del demandante y analizó si le era extensible la prerrogativa salarial reclamada. Lo anterior, puesto que el