CE - Sentencia 11001032500020230038400 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., trece (13) de noviembre dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2023-00384-00 (5348-2023) (AER) Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección SocialUGPPDemandado: Oscar Antonio Ospina Sandoval Tema: Causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

Presupuestos de configuración Decisión: Declarar infundada la acción por la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Sin condena en costas.

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓNART. 20 LEY 797 DE 2003

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la acción especial de revisión 1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP-, en contra de la sentencia de 30 de marzo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, dictada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 1001333300320190027100/01.

II. ANTECEDENTES

sentencia de 30 de marzo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, dictada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 1001333300320190027100/01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso ordinario inicial2 2.1.1. La demanda

2. El señor Oscar Antonio Ospina Sandoval , por intermedio de apoderado, instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP-, con el objetivo de obtener, en síntesis, las siguientes declaraciones y condenas:

1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia de 27 de marzo de 2014. Radicación: 1100103-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, M inisterio del Trabajo.

Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés. 2 Expediente digitalizado Sistema Samai. Archivo « 004_DemandaWeb_Demanda-.pdf».Acción especial de revisión Radicación:11001-03-25-000-2023-00384-00 (5348-2023)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

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2 - Declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 012106 del 9 de abril de 2018 y RDP 023067 del 20 de junio de 2018, proferidas por la UGPP, mediante las cuales se negó el reconocimiento y pago de la sustitución pensional a favor de OSCAR ANTONIO OSPINA SANDOVAL. - Ordenar el restablecimiento del derecho mediante el reconocimiento y pago de la sustitución pensional a favor del señor Oscar Antonio Ospina Sandoval, en calidad de hijo discapacitado del señor Antonio Ospina Andrade, de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, desde el día siguiente al fallecimiento del pensionado, es decir, el 12 de octubre de 2017. - Ordenar el pago de las mesadas pensi onales a que haya lugar sin prescripción, incluidas las mesadas adicionales, con retroactividad y efectividad desde la fecha en que adquirió el estatus pensional, indexadas con el IPC. - Condenar a la entidad demandada al pago de intereses moratorios, sobre los dineros provenientes del reconocimiento a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, de acuerdo con el artículo 192 del CPACA. - Condenar a la entidad demanda a que d é estricto cumplimiento a la sentencia conforme a lo dispuesto en los Artículos 189 y 192 del CPACA. - Condenar en costas y agencias en derecho a la demandada.

2.1.2 Hechos Relevantes

sentencia conforme a lo dispuesto en los Artículos 189 y 192 del CPACA. - Condenar en costas y agencias en derecho a la demandada.

2.1.2 Hechos Relevantes

3. El señor Oscar Antonio Ospina Sandoval es hijo del señor Antonio Ospina Andrade (q.e.p.d.) y la señora María Emma Sandoval Rojas (q.e.p.d.).

4. A través de la Resolución 23579 del 3 de septiembre de 1998 CAJANAL le reconoció una pensión de vejez a favor del causante Antonio Ospina Andrade, condicionada al retiro del servicio, que fue reliquidada mediante Resolución 015028 del 13 de diciembre de 1999 con efectividad a partir del 1 .° de enero de

1999.

5. EI señor Oscar Antonio Ospina Sandoval el 20 de enero de 2014 sufrió herida con proyectil de arma de fuego que le provocó como secuelas de alteraciones de la médula espinal y una cuadriplejia «plácida» y parálisis de las cuerdas vocales y de la laringe, por lo que requirió atención de enfermería permanente. Por ello, se residenció en la vivienda de su padre Antonio Ospina Andrade, quien a partir de ese momento le suministró toda la ayuda económica y moral que requería, ya que no obstante tener una pensión de invalidez, la misma no alcanzaba paraAcción especial de revisión Radicación:11001-03-25-000-2023-00384-00 (5348-2023)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00384-00 (5348-2023)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección SocialUGPP835 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 suplir las múltiples necesidades del señor Oscar Antonio Ospina Sandoval, debido a su complejo cuadro clínico.

6. El 11 de octubre de 2017 el señor Antonio Ospina Andrade, falleció por lo que su hijo Oscar Antonio Ospina Sandoval a través de apoderado elevó solicitud de sustitución pensional ante la UGPP, que fue resuelta negativamente a través de la Resolución RDP 012106 del 9 de abril de 2018.

7. Mediante la Resolución RDP 023067 del 20 de junio de 2018, la UGPP resolvió desfavorablemente un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución RDP 012106 del 9 de abril de 2018. 2.1.3 Normas violadas y concepto de violación

8. Como disposiciones vulneradas, adujo que los actos administrativos acusados, desconocieron los artículos 2.°, 6.°, 13, 25, 53 y 58, 21 del CPACA, las Leyes 33 de 1985 y 62 de 1985, 100 de 1993 y el Código Sustantivo del Trabajo.

9. En cuanto al concepto de violación, indicó que al no reconocerse la

de 1985 y 62 de 1985, 100 de 1993 y el Código Sustantivo del Trabajo.

9. En cuanto al concepto de violación, indicó que al no reconocerse la sustitución pensional a favor del señor Ospina Sandoval se están desconociendo las disposiciones legales citadas, por inadecuada interpretación y aplicación del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003.

2.1.4. Sentencia de primera instancia3

10. El Juzgado Tercero Administrativo de Oralidad del Circuito de Neiva, mediante providencia de 25 enero de 2017, accedió a las súplicas de la demanda.

11. Para tales efectos ordenó el reconocimiento de la sustitución pensional a favor del señor Oscar Antonio Ospina Sandoval y dispuso:

«[…] PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los actos Administrativos contenidos en la Resolución No. RDP 012106 del 9 de abril de 2016 y Resolución No. RDP 023067 del 20 de junio del 2018, actos administrativos estos por medio de los cuales se negó el pago de una pensión de sobrevivientes.

SEGUNDO: Como restablecimiento del Derecho se dispone:

3 Expediente digitalizado. plataforma SAMAI. Archivo « 004_DemandaWeb_Demanda-.pdf». páginas 573 y s.s..Acción especial de revisión Radicación:11001-03-25-000-2023-00384-00 (5348-2023)

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4 a) ORDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPPa sustituir y pagar el total de la pensión de vejez que devengaba el señor ANTONIO OSPINA ANDRADE (q.e.p.d.) al señor OSCAR ANTONIO OSPINA SANDOVAL, identificada (sic) con la C.C. No. 7.699.982, en calidad de hijo y a partir del 11 de octubre de 2017, fecha de deceso del mencionado.

b) ORDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP al pago de intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el día 11 de octubre de 2017.

c) Deberá reconocer y pagar al señor OSCAR ANTONIO OSPINA ANDRADE todos los reajustes y demás beneficios consagrados en la ley y devengados en vida por el señor ANTONIO OSPINA ANDRADE (q.e.p.d.).

d) La sentencia será cumplida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 195, numeral 4º de la Ley 1437 de 2011, así como se ajustará la condena en los términos del inciso cuarto del artículo 187

d) La sentencia será cumplida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 195, numeral 4º de la Ley 1437 de 2011, así como se ajustará la condena en los términos del inciso cuarto del artículo 187 ibidem. […]».

2.1.5. Recurso de apelación4

12. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la parte demandada interpuso recurso de apelación , en el que solicit ó la revocatoria de la sentencia de primera instancia, bajo los siguientes argumentos:

13. La parte actora no logró probar que verdaderamente dependiera total o parcialmente del causante, pues no se allegó ninguna prueba en ese sentido; sino que el análisis del a quo se limitó a la calidad de invalidez del demandante, sin detenerse en su vulnerabilidad económica o en que se hubiese acreditado un cambio drástico en sus condiciones de subsistencia mínima. Por lo anterior, ordenó el reconocimiento y pago del 100% de la a ludida mesada pensional, a partir del 11 de octubre de 2017, por ser la fecha de fallecimiento del causante.

14. Indicó que , aunque la sentencia se refería a un embargo del 50% por concepto de alimentos en la pensión por invalidez que reduce los ingresos del demandante, no se constató si se encontraba vigente dicha medida; y que, en todo caso, las pruebas aportadas en punto de la dependencia económica no eran suficientes.

4 Según se indica en la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Administrativo del Huila . Ff. 588 y s.s. ibidemAcción especial de revisión Radicación:11001-03-25-000-2023-00384-00 (5348-2023)

4 Según se indica en la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Administrativo del Huila . Ff. 588 y s.s. ibidemAcción especial de revisión Radicación:11001-03-25-000-2023-00384-00 (5348-2023)

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5 2.1.6. Sentencia objeto de revisión.5

15. El Tribunal Administrativo del Huila dictó sentencia de segunda instancia el 30 de marzo de 2022, en la cual confirmó la providencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Neiva y se abstuvo de imponer

condena en costas, con los siguientes argumentos:

«Dado que el recurso de apelación no controvierte la existencia de la pensión de vejez devengada por el extinto Antonio Ospina Andrade, el parentesco entre el causante y el demandante, y el grado de invalidez de este último, la Sala centrará su análisis en el requisito de dependencia económica, que es el que se alega incumplido.

Pues bien, partiendo de que la dependencia económica se configura ante la falta de condiciones materiales para auto proporcionarse o mantener la subsistencia propia, y que se es (sic) independiente cuando por sus propios medios una persona puede mantener su mínimo existencial en condiciones dignas; a juicio de esta Corporación, una pérdida de capacidad laboral del 92.15% es prueba suficiente de que una persona no está en condiciones de

medios una persona puede mantener su mínimo existencial en condiciones dignas; a juicio de esta Corporación, una pérdida de capacidad laboral del 92.15% es prueba suficiente de que una persona no está en condiciones de auto proporcionarse un mínimo de existencia digna, pues de entrada se infiere que el menos del 8% de capacidad laboral residual no le permite desarrollar ninguna actividad tendiente a gestionar ingresos económicos suficientes, o generarlos a cambio de su trabajo, máxime si se tiene en cuenta que, en el caso del demandante, se encuentra postrado en cama y es asistido en todas su actividades básicas, como consta en el dictamen que determinó su invalidez.

Con todo, obran declaraciones extraprocesales en las que el señor Rodrigo Alberto Cuevas y las señoras Magda Fernanda Cortés Jiménez y Doralid Imbachi Ramos, dan fe de la dependencia económica del demandante respecto del causante. Si bien lo manifestado por los declarantes no ofrece grado de detalle respecto de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se daba la dependencia económica son todas coincidentes en referir la convivencia del causante y su hijo, así como el apoyo que aquel brindaba al demandante; igualmente, la entidad demandada no controvirtió ni desconoció el contenido de dichas declaraciones, pudiendo incluso, pedir su ratificación como prueba, de ahí que no fueran cuestionadas en curso del proceso judicial y, por lo que se ve, tampoco tenidas en cuenta por la entidad demandada en sede administrativa, aunque obraban justamente en el expediente allegado por esta.

[….]

Recuérdese que resulta a todas luces inconstitucional exigir la ausencia total e

tampoco tenidas en cuenta por la entidad demandada en sede administrativa, aunque obraban justamente en el expediente allegado por esta.

[….]

Recuérdese que resulta a todas luces inconstitucional exigir la ausencia total e ingresos como demostración de una dependencia económica, pues bien lo ha dicho la Corte Constitucional que constituye una barrera discriminatoria para las personas en condición de discapacidad; máxime cuando respecto de ellas, el

5 Ibidem. Folios 588 y s.s.Acción especial de revisión Radicación:11001-03-25-000-2023-00384-00 (5348-2023)

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6 Estado –del cual hacen parte las entidades del sistema de seguridad social como la UGPP – tiene obligaciones específicas de protección, que incluyen la generación de condiciones adecuadas y dignas de existencia, la que a su vez implica prestar apoyo económico suficiente a quienes padecen una discapacidad permanente, tendiente a cubrir sus necesidades especiales de asistencia y otros gastos derivados de su discapacidad, en los términos del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, y las observaciones generales N° 5 y 19 que respecto de este ha hecho el Comité Internacional de DESC.

Así pues, para la Sala, además de estar probada la dependencia económica exigida por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 –con lo que se encontrarían

y 19 que respecto de este ha hecho el Comité Internacional de DESC.

Así pues, para la Sala, además de estar probada la dependencia económica exigida por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 –con lo que se encontrarían reunidos los requisitos para acceder la sustitución pensional deprecada –, el reconocimiento y pago de esta prestación contribuiría a efectivizar los derechos y la protección especial que atañen al demandante, derivado de su condición de invalidez.

En consecuencia, le asiste razón a la a quo al retirar del ordenamiento jurídico las Resoluciones RDP 012106 del 9 de abril de 2018 y RDP 023067 del 20 de junio de 2018, a través de las cuales se negó el reconocimiento y pago de la sustitución pensional a favor del señor Oscar Antonio Ospina Sandoval; motivo por el cual se confirmará la providencia impugnada. (Sic)».

2.1.7. La acción especial de revisión6

16. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP-, invocó como causal de revisión la consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se refiere a la posibilidad de interponer la solicitud de revisión contra acuerdos conciliatorios o providencias judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública y especialmente:

«[…] b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

17. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

17. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:

1. Revocar de manera parcial la sentencia expedida el 30 de marzo de 2022 dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por Oscar Antonio Ospina Sandoval contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección SocialUGPP, radicado 1001333300320190027100/01 que confirmó el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Huila

6 Ibidem. Archivo «002_DemandaWeb_Demanda-.pdf».Acción especial de revisión Radicación:11001-03-25-000-2023-00384-00 (5348-2023)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

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7 del 21 de junio de 2021 . Esto en cuanto « […] ordenó a la mencionada entidad, sustituir y pagar la pensión de vejez que devengaba en vida el señor ANTONIO OSPINA ANDRADE (q.e.p.d.), al accionante, siendo que al pago de los intereses moratorios allí reconocidos a los que hacen referencia el artículo 14 1 de la Ley 100 de 1993, NO SE GENERAN por cuanto la sustitución pensional no se había

OSPINA ANDRADE (q.e.p.d.), al accionante, siendo que al pago de los intereses moratorios allí reconocidos a los que hacen referencia el artículo 14 1 de la Ley 100 de 1993, NO SE GENERAN por cuanto la sustitución pensional no se había reconocido y son INCOMPATIBLES con la indexación de que trata el artículo 187 del CPACA.»

1. Declarar que el señor Oscar Antonio Ospina Sandoval, no le asiste el derecho a que se le reconozca y pague los intereses moratorios de los que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, «pues los mismos NO SE CAUSARON y son INCOMPATIBLES con la indexación de que trata el artículo 187 del CPACA».

1. Declarar que los intereses moratorios de los que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, no se causaron y son incompatibles con la indexación de que trata el artículo 187 del CPACA, pues ambos reconocimientos tienen como objetivo compensar la pérdida del valor adquisitivo del dinero, por lo tanto, no deben ser reconocidos ni pagados por la UGPP.

1. Ordenar al señor Oscar Antonio Ospina Sandoval, efectuar la devolución de las sumas pagadas en virtud del acto administrativo de sustitución de la pensión de vejez debidamente indexadas, al no haberse causado los intereses moratorios de los que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y existir incompatibilidad entre los mimos y la indexación de que trata el artículo 187 del CPACA.

18. Para fundamentar la causal de revisión, la Unidad Administrativa Especial de

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección SocialUGPP,

entre los mimos y la indexación de que trata el artículo 187 del CPACA.

18. Para fundamentar la causal de revisión, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección SocialUGPP, sostuvo que, la sentencia proferida el 30 de marzo de 2022, por el Tribunal Administrativo del Huila, que confirmó la providencia proferida el 21 de junio de 2021, por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Neiva, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral con radicado 41001333300320190027100, promovido por el señor Oscar Antonio Ospina Sandoval, contra la UGPP incurrió en un yerro al ordenar a la entidad, además de la sustitución y el pago de la pensión del causante, el pago de los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, siendo que como lo ha estab lecido el Consejo de Estado en sentencia de 2 de marzo de 2023, en el proceso con radicado 05001233300020140102501 (1239 -2016), se señaló que de la lectura del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se concluye que los intereses de mora proceden cuando las mesadas pensionales no están en discusión, es decir, que el reconocimiento de la prestación ya fue efectuado en favor del pensionado y únicamente se presenta una omisión por parte de la entidad de realizar el pago de la respectiva mesada.Acción especial de revisión Radicación:11001-03-25-000-2023-00384-00 (5348-2023)

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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00384-00 (5348-2023)

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19. Además, el Tribunal en la decisión objeto de revisión ordenó dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, así como el ajuste del inciso cuarto del artículo 187 ibidem que dispone el ajuste de acuerdo con el índice de precios al consumidor.

20. Concluyó que respecto a los intereses moratorios sobre los que versa el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, no se encuentran causados, toda vez, que como la misma ley lo señala, estos solo tienen lugar cuando las mesadas pensionales no son gracia de discusión, es decir el derecho pensional ya se encuentra reconocido y se eviden cie una omisión por parte de la entidad de realizar el pago correspondiente y en este caso, ello no se observa pues el derecho pensional, es decir la sustitución pensional en favo r del señor Oscar Antonio Ospina Andrade, con ocasión al fallecimiento del causante no se había realizado, pues solo hasta proferirse la sentencia objeto de revisión es que se reconoce el mismo, por lo tanto, no hay lugar al pago de los mencionados intereses.

21. Además, según lo señalado la Corte Suprema de Justicia7 son incompatibles los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 con la indexación

intereses.

21. Además, según lo señalado la Corte Suprema de Justicia7 son incompatibles los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 con la indexación tales intereses moratorios , pues éstos últimos se pagan a “la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago”, lo que equivale a una suma considerablemente superior a la corrección monetaria o indexación, que alcanza para cubrir perfectamente la devaluación de la moneda, esto es, que el valor adeudado se «actualice» y mantenga el mismo poder adquisitivo al momento de su pago. De ahí que se entienda, en términos de justicia y equidad, que aplicado el interés moratorio este comprende el valor por indexación.

2.1.8. Contestación

22. El señor Oscar Antonio Ospina Sandoval se opuso a las pretensiones de la acción especial de revisión, a través de apoderado judicial , en escrito en el cual señaló que, al acreditarse los requisitos para reclamar la sustitución pensional de su padre, actuando de buena fe ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento contra la UGPP, profiriéndose una decisión judicial que configuró un derecho reconocido en acato de la legalidad.

23. Según lo precisó , la incompatibilidad de la indexación consagrada en el artículo 187 del CPACA es con el interés moratorio del artículo 192 del CPACA,

7 Citó la sentencia 46984 de 29 de junio de 2016, con ponencia del magistrado Jorge Mauricio Burgos.Acción especial de revisión Radicación:11001-03-25-000-2023-00384-00 (5348-2023)

7 Citó la sentencia 46984 de 29 de junio de 2016, con ponencia del magistrado Jorge Mauricio Burgos.Acción especial de revisión Radicación:11001-03-25-000-2023-00384-00 (5348-2023)

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9 por ser excluyente y ser determinados con base en la devaluación del dinero; y no con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 que corresponden a una sanción a cargo del fondo pensional al desconocer sin argumentos jurídicos viables un derecho pensional, que a la postre afectó sus derechos fundamentales como la vida digna y el mínimo vital, por lo que esa afectación debe ser indemnizada.

24. Según lo sostuvo, el espíritu de la norma consagrada en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, es reconocer unos perjuicios sin necesidad de ser justificados en razón a la afectación que se presume, por el desconocimiento injustificado de un derecho, máxim e para una persona como el demandado, que goza de un tratamiento preferente por su alto grado de discapacidad, situación plena y oportunamente conocida por el fondo pensional.

25. Además, indicó que los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 nunca han sido pagados «y menos en el acto administrativo contenido en la resolución 033570 del 27 de Diciembre de 2022 de cumplimiento de fallo

25. Además, indicó que los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 nunca han sido pagados «y menos en el acto administrativo contenido en la resolución 033570 del 27 de Diciembre de 2022 de cumplimiento de fallo judicial en la cual se pagaron las mesadas pensionales causadas y se incorporó en nómina».

26. Propuso las excepciones de (i) inexistencia del derecho reclamado, referida a que la solicitud de revocatoria parcial que pretende la demandante no obedece a «sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza» conforme el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 sino a un interés moratorio consagrado en el artículo 141 de la Ley ; (ii) cosa juzgada: esta última con base en que la entidad interpuso la acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04683-00 para obtener las mismas pretensiones.

2.1.9 El agente del Ministerio Público adscrito a esta dependencia, no rindió concepto al caso objeto de estudio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

27. La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para conocer del recurso de revisión del epígrafe, de conformidad con el artículo 249 del CPACA norma que estableció que cuando se trate de sentencias proferidas por los Tribunales Adm inistrativos, conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.Acción especial de revisión Radicación:11001-03-25-000-2023-00384-00 (5348-2023)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección SocialUGPP835

Radicación: 11001-03-25-000-2023-00384-00 (5348-2023)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección SocialUGPP835 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

10 3.2. Oportunidad

28. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte Constitucional en la sentencia C-835 de 20038, declaró la inexequibilidad de dicha

expresión al señalar:

«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Códi go Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]».

29. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, comoquiera que la solicitud de revisión fue presentada en vigencia de la misma, la cual en su artículo 251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria d e la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:

251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria d e la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:

«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]».

30. En el sub lite ,