CE - Sentencia 11001032500020230040500 de 2025

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2023-00405-00 (5519-2023)

Demandante: Jhon Jaiber Esparza Yate

Providencia recurrida: Sentencia del 21 de julio de 2023 proferida por el Tribunal

Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A

Tema:

Causal 5 de revisión del artículo 250 del CPACA. Nulidad originada en la sentencia. Congruencia.

Sentencia de revisión

Asunto

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Jhon Jaiber Esparza Yate contra la sentencia del 21 de julio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional.

1. Antecedentes

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho1

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

1. Antecedentes

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho1

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 2, Jhon Jaiber Esparza Yate presentó una demanda en orden a que se declarara la nulidad del acto ficto producto del silencio administrativo respecto de la petición del 31 de agosto de 2018, mediante el cual Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional le negó el reajuste de la asignación básica y el reconocimiento de la prima de actividad.

1 Índice 22 Samai . Expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 110013335017-20200023800. 2 En adelante CPACA.2

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00405-00 (5519-2023)

Demandante: Jhon Jaiber Esparza Yate

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reajuste de la asignación en un 20% de conformidad con la Ley 131 de 1985 y el Decreto 1794 de 2000 y el reconocimiento de la prima de actividad. En caso de que lo anterior no fuera

procedente, pidió:

1. la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad y de convencionalidad, de conformidad con los artículos 13, 25, 53 y 209 de la Constitución Política, y 1, 2, 23 y 24 de la Convención Americana de

1. la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad y de convencionalidad, de conformidad con los artículos 13, 25, 53 y 209 de la Constitución Política, y 1, 2, 23 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos; ii) la declaración de que realiz ó las mismas funciones de un soldado profesional que fue voluntario y que se encontraba en el mismo supuesto de hecho que los oficiales y suboficiales del Ejército Nacional para el reconocimiento de la prima de actividad; iii) el reajuste del 20% de la diferencia salarial que dejó de percibir y la reliquidación de todos los factores salariales de acuerdo con dicho incremento, de conformidad con la Ley 131 de 1985 y el Decreto 1794 de 2000; iv) el reconocimiento de la prima de actividad; v) la condena en costas a cargo de la demandada; y vi) el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 y siguientes del CPACA.

1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

3.1. Jhon Jaiber Esparza Yate se vinculó al Ejército Nacional y fue incorporado al régimen de carrera del personal de soldados profesionales previsto por el Decreto 1793 de 2000, sin haber sido soldado voluntario.

3.2. Desde su ingreso a la institución, realizó las mismas funciones que desempeñaban los soldados profesionales que fueron soldados voluntarios.

3.3. A pesar de lo anterior, recibió una remuneración equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente incrementado en un 40%, mientras que el salario de los soldados voluntarios que pasaron a ser profesionales era de un salario

3.3. A pesar de lo anterior, recibió una remuneración equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente incrementado en un 40%, mientras que el salario de los soldados voluntarios que pasaron a ser profesionales era de un salario mínimo mensual legal vigente incrementado en un 60%. Por lo tanto, sufrió una discriminación en materia salarial.

3.4. Tampoco recibió la prima de actividad, a pesar de que se encontraba en el mismo supuesto de hecho que los oficiales y suboficiales del Ejército Nacional.

3.5. El 31 de agosto de 2018 le solicitó al Ministerio de Defensa, Ejército Nacional el reajuste de su asignación básica en un 20% y el reconocimiento y pago de la prima de actividad. Sin embargo, la entidad guardó silencio de manera que se configuró el silencio administrativo negativo.3

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00405-00 (5519-2023)

Demandante: Jhon Jaiber Esparza Yate

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.2. Sentencia de primera instancia

4. Mediante sentencia proferida el 22 de noviembre de 2021 el Juzgado 17

Administrativo de Bogotá negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas. Para el efecto, consideró:

4.1. Los soldados profesionales que se encontraban vinculados como soldados voluntarios para el 31 de diciembre de 2000 tenían derecho a que su asignación básica fuera el equivalente a 1 salario mínimo mensual legal vigente

4.1. Los soldados profesionales que se encontraban vinculados como soldados voluntarios para el 31 de diciembre de 2000 tenían derecho a que su asignación básica fuera el equivalente a 1 salario mínimo mensual legal vigente incrementado en un 60%. Por su parte, quienes se incorporaron directamente como soldados profesionales tenían una asignación mensual de un salario mínimo mensual legal vigente incrementado en un 40%, por disposición del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000.

4.2. De acuerdo con lo anterior, se acreditó que el demandante se vinculó el 22 de octubre de 2001 , en vigencia del Decreto 1793 de 2000 , y que no fue soldado voluntario. Por lo tanto, su remuneración estaba regulada por el inciso 1 del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000 . De ahí que su salario era equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente, incrementado en un 40% , tal y como lo consideró la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 25 de agosto de 2016.

4.3. Con lo expuesto, no se vulneró el derecho a la igualdad «puesto que dichos soldados nunca ejercieron como soldados voluntarios luego no ingresaron bajo las mismas condiciones que ellos» [sic], por ello, existió una diferencia salarial.

4.4. Las manifestaciones del demandante no eran suficientes para que se estudiara si la norma ofrecía un trato discriminatorio. Ciertamente, para acreditar que una medida era irrazonable y desproporcionada «el esfuerzo argumentativo se torna más exigente».

4.5. En atención a que el régimen salarial que gobernaba al actor no señaló el

que una medida era irrazonable y desproporcionada «el esfuerzo argumentativo se torna más exigente».

4.5. En atención a que el régimen salarial que gobernaba al actor no señaló el reconocimiento y pago de la prima de actividad que solicitó, no era procedente acceder a dicho emolumento. Esta conclusión no desconocía el derecho a la igualdad, pues los soldados no tenían el mismo nivel jerárquico no desempeñaban las mismas funciones que los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares.

1.3. El recurso de apelación

5. El demandante interpuso recurso de apelación, en el cual solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se accediera a las súplicas del escrito inicial, con sustento en extensos argumentos que se

sintetizan a continuación:

5.1. La sentencia de prime ra instancia incurrió en omisiones , por falta de aplicación de la ley procesal , en particular de los artículos 55 de la LEA, 280 y 281 del CGP y 187 del CPACA. Por ende, el a quo transgredió el principio de congruencia.4

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00405-00 (5519-2023)

Demandante: Jhon Jaiber Esparza Yate

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5.2. En efecto, dejó de analizar las premisas fácticas expuestas en los hechos «8,

www.consejodeestado.gov.co

5.2. En efecto, dejó de analizar las premisas fácticas expuestas en los hechos «8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 21» del escrito inicial, que eran relevantes para analizar el juicio de igualdad en la modalidad « TRABAJO IGUAL – SALARIO IGUAL », en atención a la diferencia de l 20% que afecta a la remuneración de los soldados profesionales. Con ello dejó la «questio facti de la sentencia sin motivación».

5.3. La providencia no resolvió de forma completa, exhaustiva y rigurosa cada uno de los siguientes cargos:

- «SITUACIÓN HISTÓRICA DE DISCRIMINACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS

DERECHOS LABORALES DE LOS SOLDADOS PROFESIONALES EN

COLOMBIA» [sic]

- «AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO DE NO HABERSE

FUNDAMENTADO EN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, ART 13 DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y POR TANTO SER VIOLATORIO DEL MISMO»

[sic]

- «AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO DE NO HABERSE

FUNDAMENTADO EN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, ART 13 DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA, EN LA MODALIDAD DE IGUALDAD SALARIAL

COMO DERECHO FUNDAMENTAL» [sic]

- «AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO DE NO HABERSE

FUNDAMENTADO EN LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ART 209

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y POR TANTO SER VIOLATORIO DEL

MISMO, EN LA MODALIDAD DE VIOLACIÓN DE LOS PRINCIPIOS

FUNDAMENTADO EN LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ART 209

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y POR TANTO SER VIOLATORIO DEL

MISMO, EN LA MODALIDAD DE VIOLACIÓN DE LOS PRINCIPIOS

GENERALES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA - Y DE LA CARRERA

ADMINISTRATIVA EN LAS FUERZAS MILITARES PARA LOS SOLDADOS

PROFESIONALES» [sic]

• «AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDO DE NO HABERSE FUNDAMENTADO EN EL PRINCIPIO DE SALARIO JUSTO Y PROPORCIONAL A LA CANTIDAD Y CALIDAD DE TRABAJO, ARTÍCULOS 25 y 53 DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y POR TANTO SER VIOLATORIO DEL MISMO,

EN LA MODALIDAD DE ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE

DEL ESTADO EN DESMEDRO DEL PATRIMONIO DEL TRABAJADOR» [sic]

- «ACUSO AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDO DE NO HABERSE

FUNDAMENTADO EN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, ART 13 DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y POR TANTO SER VIOLATORIO DEL MISMO,

EN LA MODALIDAD DERECHO FUNDAMENTAL A LA NO DISCRIMINACION»

[sic]

• «pidió el amparo de las garantías mínimas del artículo 53 de la Constitución, esto es: a. Igualdad de oportunidades para los trabajadores; b. remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; c. primacía de la realidad sob re formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, y demás garantías allí consignadas» [sic]

vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; c. primacía de la realidad sob re formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, y demás garantías allí consignadas» [sic]

5.4. El juzgado tampoco abordó lo relacionado con la pretensión declarativa dirigida a que se declarara que desempeñó las mismas funciones de un soldado profesional que fue voluntario. También dejó de pronunciarse sobre los hechos «22, 23, 24» relativos a la reclamación de la prima de actividad.

5.5. Además, el juez de instancia planteó una solución al problema jurídico sin haber analizado la totalidad de los hechos ni la validez de los argumentos del actor, solamente abordó los que eran útiles a la tesis del despacho.5

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00405-00 (5519-2023)

Demandante: Jhon Jaiber Esparza Yate

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5.6. En consideración a «tantas omisiones prohibidas por el ordenamiento jurídico, en las cuales el aquo ha incurrido al momento de dictar la sentencia de este proceso, le ruego encarecidamente que proceda a declarar la nulidad de lo actuado, a fin de seguir agraviando el ordenamiento jurídico vigente» [sic].

5.7. No era cierto que existieran regímenes salariales y prestacionales diferentes para los soldados voluntarios que pasaron a ser profesionales y para los incorporados directamente. Todos los soldados quedaron sometidos al mismo

5.7. No era cierto que existieran regímenes salariales y prestacionales diferentes para los soldados voluntarios que pasaron a ser profesionales y para los incorporados directamente. Todos los soldados quedaron sometidos al mismo régimen de conformidad con los decretos 1793 y 1794 de 2000.

5.8. Era incorrecto suponer que existía un régimen de transición laboral para los «soldados voluntarios hoy profesionales».

5.9. La sentencia de unificación del 25 de agosto de 2015 del Consejo de Estado no era aplicable al presente asunto.

5.10. No existía un criterio objetivo que justificara la diferencia salarial que afectaba al demandante respecto de la remuneración de los soldados profesionales que fueron voluntarios.

1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión3

6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 21 de julio de 2023 confirmó la de primera instancia, sin condena en costas, con fundamento en las siguientes consideraciones:

6.1. La excepción de inconstitucionalidad y el control de convencionalidad que propuso el demandante se concretó en que se debía ordenar el reajuste de su salario básico en un 20% y, como consecuencia de ello, la reliquidación de las demás prestaciones sociales , así como el reconocimiento de la prima de actividad.

6.2. Lo anterior en razón a que la igualdad en materia salarial , como especie de derecho fundamental, es «la realización del principio y valor que legitima todo el derecho a la justicia, y no una justicia formal sino una justicia real, pues con ello lo que se busca es que lo recibido como salario por el trabajador sea lo justo de acuerdo a sus

derecho fundamental, es «la realización del principio y valor que legitima todo el derecho a la justicia, y no una justicia formal sino una justicia real, pues con ello lo que se busca es que lo recibido como salario por el trabajador sea lo justo de acuerdo a sus condiciones laborales» [sic]. A su vez, la prima de actividad se estableció «para premiar que los miembros de las Fuerzas Militares permanezcan en el desempeño de sus funciones, y al no ser reconocida al soldado, se le está diciendo que no se le valora su permanencia en el desempeño de sus funciones» [sic].

6.3. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 4, la desigualdad de trato en una situación en concreto debe ser razonable a la luz de la Carta Política, lo cual era posible determinar si se encontraban configurados los siguientes elementos: i) que el trato desigual tuviera un objetivo; ii) que ese

3 Índice 22 Samai . Expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 110013335017 -20200023800. 4 Citó: «Ver entre otras: T -789-2000 MP: Carlos Gaviria Díaz; T-1082-2001 MP: Marco Gerardo Monroy Cabra»6

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00405-00 (5519-2023)

Demandante: Jhon Jaiber Esparza Yate

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

objetivo tuviera validez constitucional; y iii) que existiera una relación de proporcionalidad entre el trato desigual y el fin perseguido.

www.consejodeestado.gov.co

objetivo tuviera validez constitucional; y iii) que existiera una relación de proporcionalidad entre el trato desigual y el fin perseguido.

6.4. En la sentencia del 25 de agosto de 2016 5, la Sección Segunda del Consejo de Estado analizó el tema relacionado con el reajuste salarial del 20% para los soldados profesionales . La providencia definió reglas jurisprudenciales de acuerdo con las cuales tendrían derecho a aquel incremento los soldados profesionales que se desempeñaron como soldados voluntarios . Lo anterior, de conformidad con el i nciso 2 del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000 y en aplicación del principio del respeto por los derechos adquiridos.

6.5. En la providencia del 6 de octubre de 2016 6, al resolver la solicitud de aclaración de sentencia de unificación mencionada, la misma corporación sostuvo que no era viable un juicio de igualdad entre los soldados voluntarios que luego fueron enlistados como profesionales y los soldados profesionales que se vincularon por vez primera . Ello con sustento en que , el tratamiento igual solo puede predicarse entre iguales, y en este caso, las situaciones a comparar no son fáctica y normativamente similares.

6.6. Las normas que regían a los soldados distinguieron entre dos categorías. Por una parte, los soldados voluntarios que pasaron a ser profesionales. Por otra, los que ingresaron a ser profesionales de manera directa durante la vigencia del Decreto 1794 de 2000. De esta manera se presentó una diferencia objetiva entre ambos grupos, esto es, la antigüedad de unos y la novedad de otros.

que ingresaron a ser profesionales de manera directa durante la vigencia del Decreto 1794 de 2000. De esta manera se presentó una diferencia objetiva entre ambos grupos, esto es, la antigüedad de unos y la novedad de otros.

6.7. En atención a lo expuesto, no era posible un juicio de igualdad . Ello en la medida en que se trataba de situaciones con diferencias fácticas y jurídicas que impedían su comparación. Además, esa diferencia obedeció a la protección de la garantía constitucional de los derechos adquiridos de quienes fueron soldados voluntarios. De ahí que se les co nservó el monto básico del salario que devengaban en vigencia de la Ley 131 de 1985.

6.8. Como el Decreto 1794 de 2000 estaba amparado por la presunción de legalidad, se encontraba vigente y era de obligatorio cumplimiento , además del sustento jurisprudencial contenido en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 del Consejo de Estado, la entidad demandada debía dar cumplimiento al marco jurídico vinculante.

6.9. En consecuencia, si el demandante tenía reparos respecto del acto expedido por el gobierno nacional debió demandarlo oportunamente. Sin embargo, como el decreto no fue anulado por la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, mantenía su presunción de legalidad. Por lo tanto, no existían fundamentos para apartarse de sus disposiciones , con fundamento en la excepción de inconstitucionalidad no del control de convencionalidad.

5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado : 8500133-33-002-2013-00060-01(342015) CE-SUJ2-003-16. 6 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 26 de octubre de 2016, radicado: 85001-33-33002-2013-00060-01(3420-15).7

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00405-00 (5519-2023)

Demandante: Jhon Jaiber Esparza Yate

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6.10. Por otra parte, el Decreto 1794 de 2000 no previó el reconocimiento y pago de la prima de actividad para los soldados profesionales, como si lo hicieron otras normas en favor de los oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública.

6.11. El análisis de las normas invocadas por el demandante no permitió identificar los elementos señalados por la Corte Constitucional como parámetros para determinar un trato diferente que fuera injustificado desde un punto de vista constitucional. El Decreto 1794 de 2000 no vulneró el derecho a la igualdad . En efecto, los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares estaban sometidos a condiciones de formación y de asignación de funciones sustancialmente distintas de las de los soldados profesionales. Por esa razón no podía predicarse que se encontraran en igualdad de condiciones.

6.12. Además, el legislador tenía autonomía y libertad de configuración para

condiciones de formación y de asignación de funciones sustancialmente distintas de las de los soldados profesionales. Por esa razón no podía predicarse que se encontraran en igualdad de condiciones.

6.12. Además, el legislador tenía autonomía y libertad de configuración para establecer los componentes que constituían factor para liquidar prestaciones. La Constitución Política no le impedía expedir normas que instauraran diferentes regímenes jurídicos que gobernaran diversos aspectos de la relación laboral. Esta sola circunstancia no podía concebirse como una vulneración al principio de igualdad.

6.13. La sentencia de primera instancia no desconoció el principio de congruencia que acusó el apelante, al señar que dejó de resolver todos los planteamientos expuestos en el escrito inicial . La decisión del a quo atendió lo solicitado por el demandante y con lo expuesto en la contestación de la demanda . Realizó un análisis normativo, fáctico y probatorio acorde con el problema jurídico por resolver, con sustento en la jurisprudencia del Consejo de Estado.

6.14. La decisión de unificación invocada en la providencia de primer grado sí era pertinente, en la medida en que estudió las implicaciones de haber sido soldado voluntario y luego incorporarse como soldado profesional, así como de haber ingresado de manera directa a esta última categoría.

6.15. El hecho de que no se haya referido de manera expresa a los hechos «8, 9, 14, 15, 21, 22, 23 y 24 » de la demanda, en manera alguna implic ó que no se hubieran analizado, máxime cuando la decisión del juez se estructuró de forma integral y coherente. Así las cosas, no había punto alguno respecto del cual fuera

hubieran analizado, máxime cuando la decisión del juez se estructuró de forma integral y coherente. Así las cosas, no había punto alguno respecto del cual fuera necesario complementar la sentencia de primera instancia , que estuvo fundada en una interpretación razonable de los hechos y pretensiones de la demanda, así como de su contestación.

1.3. Recurso extraordinario de revisión7

7. Jhon Jaiber Esparza Yate interpuso recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia del 21 de julio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Lo anterior con fundamento en la causal establecida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».

7 Índice 3 de Samai. Expediente del recurso extraordinario de revisión.8

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00405-00 (5519-2023)

Demandante: Jhon Jaiber Esparza Yate

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8. El demandante solicitó la revisión de la providencia objeto del recurso y que se declarara la nulidad parcial de las sentencias de primera y segunda instancia y «[c]omo consecuencia de loa anterior, se envíe el expediente al JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA para que dicte una nueva sentencia, donde se resuelva de fondo lo planteado en la demanda, desde el punto de vista fáctico como lo jurídico» [sic].

PRIMERA INSTANCIA para que dicte una nueva sentencia, donde se resuelva de fondo lo planteado en la demanda, desde el punto de vista fáctico como lo jurídico» [sic].

9. Como pretensión subsidiaria, pidió: «[d]ebido al parecido que existen entre la figura jurídica de la incongruencia y la decisión judicial motivada de forma incompleta y deficiente, le ruego al Despacho que estudie el presente proceso como violación del derecho fundamental del debido proceso a la luz de la institución de la decisión judicial motivada de forma incompleta y deficiente» [sic].

10. Las pretensiones se sustentaron en los siguientes argumentos:

10.1. La sentencia objeto del recurso desconoció el principio de congruencia pues no resolvió los planteamientos expuestos en el recurso de apelación.

10.2. Respecto de la reclamación de ajuste salarial por la diferencia del 20%, l a providencia que puso fin a la primera instancia no se pronunció respecto de los hechos «8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 21 » de la demanda que eran relevantes para «la aplicación de la consecuencia jurídica emanada del derecho fundamental a la igualdad en materia salarial y las consecuencias jurídicas establecidas en los principios básicos del artículo 53 de la Constitución» [sic]. Esta situación se puso de presente en el recurso de apelación.

10.3. En cuanto a la pretensión de reconocimiento de la prima de actividad, en la sentencia no se analizaron los hechos « 22, 23, 24 » que sustentaron aquella reclamación.

10.4. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no se refirió a la

sentencia no se analizaron los hechos « 22, 23, 24 » que sustentaron aquella reclamación.

10.4. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no se refirió a la motivación de aquellos hechos ni mencionó la petición de adición. Lo anterior, a pesar de que tenía el deber de efectuar un pronunciamiento exhaustivo sobre todos los hechos de la demanda.

10.5. Al considerar l os planteamientos del recurso de apelación , era posible advertir que la sentencia de primera instancia estaba afectada por incongruencia «en la modalidad de cifra petita» al dejar de resolver sobre los puntos identificados por el apelante.

10.6. En el recurso de apelación, expuso 18 cargos contra la decisión de primera instancia, en atención a las omisiones anunciadas. Sin embargo, el tribunal no los resolvió ni justificó la razón de su omisión.

10.7. Con lo anterior, la providencia recurrida desconoció las formas de cada juicio, pues según los artículos 55 de la LEA , 280 y 281 del CGP y 187 del CPACA debía «referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales». Por ende, al dejar de referirse a cada uno de los argumentos expuestos, la sentencia fue incompleta.

10.8. La sentencia del T ribunal Administrativo de Cundinamarca no agotó «el debate jurídico planteado en la demanda y en el recurso de apelación, el cual debe ser9

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00405-00 (5519-2023)

Demandante: Jhon Jaiber Esparza Yate

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00405-00 (5519-2023)

Demandante: Jhon Jaiber Esparza Yate

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

superado, incluso para desestimarlo, razón por la cual, se hace necesario el remedio de la nulidad, para que dicho debate sea realizado, y quede zanjado» [sic].

1.4. Contestación del recurso extraordinario de revisión8

11. La n ación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional contestó el recurso extraordinario de revisión, para solicitar que no se infirmara la sentencia del 21 de julio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con

sustento en el siguiente razonamiento:

11.1. El recurso extraordinario de revisión no es una nueva instancia judicial que admita someter a consideración del juez de la revisión asuntos de hecho o de derecho resueltos en la providencia recurrida. Tampoco es una oportunidad para corregir los yerros jurídicos y probatorios en que hubiesen podido incurrir las partes. Este medio de control tampoco es un mecanismo para cuestionar la actividad interpretativa del juez, la valoración que realizó ni reabre la posibilidad de proponer cuestiones que dejaron de alegarse en el proceso ordinario. Se trata de un instrumento cuya finalidad es discutir aspectos procesales externos a la labor funcional del juez que puedan llegar a afectar el principio de justicia material.

11.2. En el presente asunto, el recurrente reiteró que tenía dos pretensiones

de un instrumento cuya finalidad es discutir aspectos procesales externos a la labor funcional del juez que puedan llegar a afectar el principio de justicia material.

11.2. En el presente asunto, el recurrente reiteró que tenía dos pretensiones principales. La primera estaba relacionada con el incremento del 20% , que sustentó en 21 cargos de nulidad, y la segunda, con el reconocimiento de la prima de actividad , fundada en 8 . Sin embargo, todos y cada uno de los cargos reiteraron los argumentos de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Además, sobre el tema ya se había proferido una sentencia de unificación.

11.3. Las sentencias de primera y segunda instancia no estuvieron afectadas por falta de motivación interna. Por el contrario, fueron coherentes y, de manera adecuada, negaron las pretensiones. En efecto, la providencia del tribunal invocó como fundamentos normativos las leyes 131 de 1985, 578 de 2000 , el Decreto 1793 de 2000 . Igualmente, tuvo en cuenta la jurisprudencia relevante al tema como contenida en la sentencia SU-225 de 1997 de la Corte Constitucional y en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 del Consejo de Estado. También se refirió al derecho a la igualdad en materia salarial e incluso adelantó un juicio de igualdad.

11.4. Al estudiar el caso concreto, la providencia expuso de manera razonable los motivos por los cuales no se vulneró el derecho a la igualdad de los soldados que se incorporaron directamente como profesionales , respecto de aquellos que fueron voluntarios y pasaron a ser profesionales.

11.5. El recurso extraordinario de revisión interpuesto pretendió abrir una tercera

se incorporaron directamente como profesionales , respecto de aquellos que fueron voluntarios y pasaron a ser profesionales.

11.5. El recurso extraordinario de revisión interpuesto pretendió abrir una tercera instancia, para que se volvieran a debatir todos los argumentos que ya fueron expuestos, como si se tratara de un recurso de apelación.

2. Consideraciones

8 Índice 12 de Samai. Expediente del recurso extraordinario de revisión.10

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00405-00 (5519-2023)

Demandante: Jhon Jaiber Esparza Yate

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2.1. Competencia

12. Esta Sala es competente pa