CE - Sentencia 11001032500020230041100 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003

Radicación: 11001-03-25-000-2023-00411-00 (5548-2023)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Demandado: Jorge Emilio López Palacios

Temas: Revisión de providencia judicial en la que se reconoce prestación periódica a cargo del tesoro público. Causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reconocimiento sustitución pensional sin cumplimiento de requisitos legales.

Tiempo de convivencia. DECLARA INFUNDADA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide la acción especial de revisión que interpus o1 la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) en contra la sentencia del veintiséis (26) de febrero de dos mil veinte (2020) proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño2, para lo cual invocó las causales de los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

dos mil veinte (2020) proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño2, para lo cual invocó las causales de los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que mediante la Resolución 025637 del 6 de octubre de 1998, CAJANAL le reconoció a la señora Rosa Edith Enríquez Casanova una pensión gracia equivalente al 75% del promedio devengado en el último año, por un valor de $171.886,48, con efectos retroactivos desde el 26 de septiembre de 1993.

Que, tras el fallecimiento de la señora Rosa Edith Enríquez Casanova el 1.° de julio de 2011, al señor Jorge Emilio López Palacios, le fue negada por la UGPP la pensión de sobreviviente, por lo que ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento y el Juzgado Quinto Administrativo de Pasto acogió sus pretensiones, ordenando el reconocimiento y pago de la pensión gracia en el equivalente al 100% de la mesada, con efectos a partir del 27 de julio de 2014, considerando la prescripción trienal.

1 La presentación de la acción se efectuó el 17 de agosto de 2023 , de acuerdo con el registro que obra en el índice 00003 de SAMAI. 2 Decisión que confirmó la proferida el 4 de septiembre de 2018 por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito

de Pasto que accedió a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.Radicado: 11001-03-25-000-2023-00411-00 (5548-2023)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Nariño el 28 de febrero de 2020 y en cumplimiento de lo ordenado, la entidad expidió la Resolución RDP 11317 del 11 de mayo de 2020, reconociendo al señor López Palacios la sustitución pensional, efectiva desde el 2 de julio de 2011, día siguiente al fallecimiento de la causante, por una cuantía igual a la que percibía la pensionada.

El señor Carlos Julio Enríquez Jaramillo presentó, el 24 de octubre de 2022, una denuncia ante la UGPP, en la que informó sobre un presunto fraude cometido por el beneficiario para obtener el reconocimiento de la pensión gracia. Con fundamento en dicha denuncia, la entidad ordenó la práctica de un estudio de seguridad con el fin de verificar la veracidad de la información relacionada con la convivencia efectiva entre el demandado y la causante.

Que el resultado se consignó en el Informe Técnico de Investigación Administrativa 393186 del 21 de diciembre de 2022, el cual concluyó que la convivencia entre el señor López Palacios y la señora Enríquez Casanova se habría extendido por aproximadamente 4 años, 9 meses y 25 días antes del fallecimiento de la causante.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

señor López Palacios y la señora Enríquez Casanova se habría extendido por aproximadamente 4 años, 9 meses y 25 días antes del fallecimiento de la causante.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

En providencia del 26 de febrero de 2020, el Tribunal Administrativo de Nariño confirmó la decisión de primera instancia al considerar que el señor Jorge Emilio López Palacios sí tenía derecho a obtener el reconocimiento a la sustitución pensional derivada de la prestación que en vida percibía su esposa Rosa Edith Enríquez Casanova.

Para sustentar su decisión, el Tribunal expuso los siguientes argumentos:

Que la pensión gracia de jubilación fue concedida a la causante por cumplir los requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913, dado que prestó sus servicios como docente territorial entre el 1.° de septiembre de 1975 y el 25 de septiembre de 1995, acumulando un total de 20 años, 3 semanas y 3 días.

Consideró que por tratarse de una prestación creada exclusivamente para docentes —servidores pertenecientes a un régimen especial excluido del Sistema General de Seguridad Social, conforme al artículo 279 de la Ley 100 de 1993 —, el reconocimiento de la sustitución pensional se rige por lo previsto en la Ley 71 de 1988 y su Decreto Reglamentario 1160 de 1989, tal como lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado, particularmente en la Sentencia del 21 de junio de 2018, exp. 520001-23-33-000-2013-00190-01 (1666-15), que a su vez remite a la decisión del 10 de octubre de 1996 (exp. 11223).

de 2018, exp. 520001-23-33-000-2013-00190-01 (1666-15), que a su vez remite a la decisión del 10 de octubre de 1996 (exp. 11223).

Señaló que el Decreto 1160 de 1989, reglamentario de la Ley 71 de 1988, no establece ningún requisito relacionado con un tiempo mínimo de convivencia para acceder a la sustitución pensional reclamada por el cónyuge supérstite.

Que, en consecuencia, el cónyuge sobreviviente tiene derecho a que se le reconozcaRadicado: 11001-03-25-000-2023-00411-00 (5548-2023)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 y pague el 100% de la pensión que recibía la causante, en forma vitalicia, siempre que demuestre tal calidad. En este caso, dicha condición quedó acreditada mediante el registro civil de matrimonio, la escritura pública correspondiente, vigente al momento del fallecimiento, y el registro civil de defunción de la señora Enríquez Casanova.

Adujo que, aunque no era exigible acreditar la convivencia, las declaraciones de la señora Dalia Elizabeth Ramos Guerrero evidencian que, para el 31 de octubre de 2005, el señor Jorge Emilio López Palacios convivía de forma permanente e ininterrumpida con la causant e, situación que se mantuvo hasta su fallecimiento, demostrando así una vida marital superior a cinco años. A ello se suman los testimonios de las señoras Ximena Enríquez Burbano y Sara Leonor Ortiz Burbano, que confirman este hecho.

demostrando así una vida marital superior a cinco años. A ello se suman los testimonios de las señoras Ximena Enríquez Burbano y Sara Leonor Ortiz Burbano, que confirman este hecho.

Que carece de fundamento el argumento del apelante según el cual no es posible establecer con certeza los extremos temporales de la convivencia, pues, aunque no existe una fecha exacta de inicio, los testimonios aportados acreditan una relación superior a cinco años.

Que, finalmente, frente a la afirmación del apelante, basada en que del registro civil de matrimonio solo sería posible inferir una convivencia de 4 años y 10 meses, resulta infundada, no solo desde el punto de vista fáctico sino también jurídico, y no constituye razón válida para desconocer el derecho del actor.

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN

La UGPP interpuso acción de revisión 3 la cual sustentó con los siguientes argumentos:

Que la postura asumida por el Tribunal Administrativo de Nariño resulta equivocada, en la medida en que desconoció el cumplimiento de los requisitos legales para que el señor Jorge Emilio López Palacios pudiera hacerse acreedor a la prestación reclamada. Ello al constatar que, de acuerdo con los elementos probatorios obrantes en el expediente, entre el beneficiario y la causante solo existió convivencia por un período de 4 años, 9 meses y 25 días, según se desprende del registro civil de matrimonio.

Que esta circunstancia resulta aún más gravosa si se tiene en cuenta que, en el marco del Estudio de Seguridad ordenado por la UGPP, el señor Carlos Julio Enríquez Jaramillo, sobrino de la causante y conocedor directo de sus circunstancias

Que esta circunstancia resulta aún más gravosa si se tiene en cuenta que, en el marco del Estudio de Seguridad ordenado por la UGPP, el señor Carlos Julio Enríquez Jaramillo, sobrino de la causante y conocedor directo de sus circunstancias personales, manifestó expresamente que el señor Jorge Emilio López Palacios y la señora Rosa Edith Enríquez Casanova no convivieron efectivamente durante los cinco (5) años anteriores al fallecimiento de esta última.

Por el contrario, manifestó que el mismo Carlos Julio Enríquez Jaramillo interpuso denuncia ante la UGPP, radicada bajo el número 2022200502825952 del 24 de

3 Véase índice 00002 de SAMAI, archivo digital denominado «DemandaWeb-Demanda-(.pdf) NroActua 2».Radicado: 11001-03-25-000-2023-00411-00 (5548-2023)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 octubre de 2022, en la cual afirma que el señor Jorge Emilio López Palacios y la señora Cristina del Pilar Enríquez Burbano —sobrina de la causante— sostenían una relación sentimental, fruto de la cual procrearon una hija. Señaló, además, que ambos acordaron tramitar la sustitución pensional con el fin de apropiarse del derecho pensional reconocido a la causante, a pesar de saber que no les asistía tal derecho.

Que estas afirmaciones encuentran corroboradas en el Informe Técnico de Investigación Administrativa 393186 del 21 de diciembre de 2022, en el que se

pensional reconocido a la causante, a pesar de saber que no les asistía tal derecho.

Que estas afirmaciones encuentran corroboradas en el Informe Técnico de Investigación Administrativa 393186 del 21 de diciembre de 2022, en el que se recogen las declaraciones del denunciante y de la señora Ana Milena Enríquez Jaramillo, también sobrina de la causante, quienes c oinciden en señalar que la presunta convivencia entre el señor López Palacios y la señora Enríquez Casanova nunca se llevó a cabo. Indicó que el informe concluyó que no se logró establecer que, entre el 7 de septiembre de 2006 y el 1.º de julio de 2011, la pareja compartiera techo, lecho y mesa de manera permanente e ininterrumpida.

Que el solicitante, durante la entrevista practicada en el marco de la investigación, no aportó información relevante para desvirtuar estos hechos; por el contrario, adoptó una actitud evasiva y renuente frente a las preguntas de protocolo. Adicionalmente, adujo que tanto el denunciante como otros familiares de la causante coinciden en que los implicados n o convivieron juntos hasta el fallecimiento de la señora Enríquez Casanova, y que, en realidad, el señor López Palacios mantenía una relación marital vigente con la señora Cristina del Pilar Enríquez Burbano, con quien procreó una hija. Todo ello evidencia la existencia de un acuerdo fraudulento entre ambos, con el objetivo de obtener indebidamente el beneficio pensional.

Que conforme al artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, para acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes,

objetivo de obtener indebidamente el beneficio pensional.

Que conforme al artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, para acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, el cónyuge solicitante no solo debe acreditar su vínculo conyugal con el causante, sino también demostrar convivencia efectiva y continua por un período no inferior a 5 años inmediatamente anteriores a su fallecimiento.

Considera que, si bien el señor López Palacios acreditó su condición de cónyuge mediante el registro civil de matrimonio, no cumplió con el requisito de convivencia mínima. Al contrastar las entrevistas rendidas en el Informe Técnico de Investigación Administrativa con las declaraciones extrajuicio allegadas por el demandado, se advierte que estas últimas carecen de veracidad y presentan contradicciones sustanciales respecto de los hechos probados, lo que demuestra que el trámite de sustitución pensional se obtuvo mediante un acto no ajustado a derecho.

Contestación a la acción especial de revisión

La parte demandada se opuso4 a las pretensiones al considerar que lo que pretende es reabrir el debate sobre el cumplimiento del requisito de convivencia por un lapso mínimo de 5 años, tema que ya fue objeto de discusión y que resulta improcedente, dado el carácter excepcional y restrictivo del recurso extraordinario de revisión.

4 La demandada contestó el 14 de enero de 2025. Véase índice 00036 del aplicativo SAMAI.Radicado: 11001-03-25-000-2023-00411-00 (5548-2023)

4 La demandada contestó el 14 de enero de 2025. Véase índice 00036 del aplicativo SAMAI.Radicado: 11001-03-25-000-2023-00411-00 (5548-2023)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 En relación con el literal a), sostuvo que dicha causal no está llamada a prosperar, porque a la UGPP le fueron respetadas plenamente las garantías del debido proceso en todos los escenarios judiciales. En ningún momento la ahora demandante formuló incidente de nulidad ni alegó causal alguna que pudiera invalidar las actuaciones surtidas dentro del proceso con radicado núm. 52001-3333-005-2017-00189-00, el cual fue objeto de saneamiento oportuno.

Que se demostró que entre los señores Jorge Emilio López Palacios y Rosa Edith Enríquez Casanova existió una convivencia marital desde agosto de 2005 hasta el 1.º de julio de 2011, fecha del fallecimiento de la causante. En consecuencia, las decisiones adoptadas en primera y segunda instancia se profirieron conforme a derecho.

Respecto del literal b) señaló que, tal como lo admite la propia actora en el acápite de pruebas, la prestación económica fue reconocida al señor J orge Emilio López Palacios en cuantía igual a la que percibía la causante en su condición de pensionada. En tal sentido, la cuantía del derecho no excede lo legalmente debido, razón por la cual no hay lugar a revocar la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Nariño. Por lo tanto, no hay obligación de reintegrar suma alguna.

pensionada. En tal sentido, la cuantía del derecho no excede lo legalmente debido, razón por la cual no hay lugar a revocar la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Nariño. Por lo tanto, no hay obligación de reintegrar suma alguna.

Afirma que se desconocen los documentos que integran el denominado «expediente prestacional» de la señora Rosa Edith Enríquez Casanova, el cual se pretende hacer valer en el presente trámite. Además, alega que no se allegó ni se relacionó como medio probatorio la supuesta denuncia presentada por el señor Carlos Julio Enríquez Jaramillo, por lo que su contenido es igualmente desconocido. Frente a este punto, rechazó de plano la existencia de fraude, en tanto que, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del de recho con intervención judicial y pleno ejercicio del derecho de contradicción, se probó la convivencia marital entre la causante y el señor López Palacios por un periodo superior a 5 años.

En cuanto a la presunta denuncia atribuida al señor Carlos Julio Enríquez Jaramillo advirtió que entre este y su padre, el señor Jorge Eduardo Enríquez Rosero, así como con otros miembros de su familia, existen conflictos relacionados con presuntas perturbaciones a la posesión, actualmente en investigación ante la Inspección de Policía del Municipio de Ricaurte. En consecuencia, los señalamientos provenientes del mencionado denunciante y de su hermana Milena Enríquez Jaramillo carecen de objetividad e imparcialidad.

Aduce que toda vez que el domicilio y residencia del señor Carlos Julio Enríquez Jaramillo se encuentra en la ciudad de Popayán (Cauca), carece de conocimiento sobre la intimidad familiar de los señores López Palacios y Enríquez Casanova, así

Aduce que toda vez que el domicilio y residencia del señor Carlos Julio Enríquez Jaramillo se encuentra en la ciudad de Popayán (Cauca), carece de conocimiento sobre la intimidad familiar de los señores López Palacios y Enríquez Casanova, así como de la señora Milena Enríquez Jaramillo. En contraste, las pruebas recaudadas y practicadas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho permiten concluir, de forma fehaciente, que la convivencia marital superó los 5 años exigidos por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó la Ley 100 de 1993.Radicado: 11001-03-25-000-2023-00411-00 (5548-2023)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Concepto del Ministerio Público

La Procuraduría Tercero Delegada ante el Consejo de Estado guardó silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Debe determinar la Subsección si se configuran las causales de revisión invocadas por la entidad demandante, esto es, si el reconocimiento de la sustitución pensional a favor del señor Jorge Emilio López Palacios, respecto de la pensión gracia que en vida percibía la señora Rosa Edith Enríquez Casanova, se obtuvo con violación del debido proceso y si dicho otorgamiento excedió lo legalmente debido, al haberse concedido, presuntamente, sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley.

Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) Generalidad de la acción especial de

debido proceso y si dicho otorgamiento excedió lo legalmente debido, al haberse concedido, presuntamente, sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley.

Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) Generalidad de la acción especial de revisión, ii) Causales de revisión invocadas; y iii) Caso concreto.

Generalidades de la acción especial de revisión

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 habilitó al Gobierno para que por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de l a Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones5 formulara la revisión de las providencias judiciales que imponen al tesoro público o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza.

Conviene precisar que, esta acción tal como el recurso extraordinario de revisión tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa juzgada, y las causales para su procedencia están establecidas taxativamente en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Aunque la acción de revisión contemplada el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para el recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que al interior de la jurisdicción contenciosa administrativa ha sido considerada como una acción especial 6 por al menos tres razones: su finalidad, las causales para su procedencia y la calificación de quien está habilitado para ejercer la acción.

administrativa ha sido considerada como una acción especial 6 por al menos tres razones: su finalidad, las causales para su procedencia y la calificación de quien está habilitado para ejercer la acción.

5 Corte Constitucional. Sentencia SU-427 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 6 Para tales efectos la providencia del 27 de marzo de 2014, Exp. 11001-03-25-000-2012-00561-00 (2129-12), C.P. Gerardo Arenas Monsalve, estableció que es claro que las particularidades de la «acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procur aduríapara promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]».Radicado: 11001-03-25-000-2023-00411-00 (5548-2023)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...) a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales (…)»7.

Frente a las causales para interponer el recurso se advierte que son aquellas

herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales (…)»7.

Frente a las causales para interponer el recurso se advierte que son aquellas establecidas taxativamente en los artículos 250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de 2003 y que solo aquellos sujetos indicados en el inciso primero de la norma pueden ejercer la acción.

Luego, la intención para la que fue creada la norma fue contrarrestar los graves casos de corrupción e impactos fiscales en el erario por los reconocimientos pensionales, salvaguardando el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira8 y no la de reabrir un nuevo debate probatorio.

Causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

La UGPP invocó como sustento de la acción de revisión las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, los cuales disponen:

«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso. b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

En lo que respecta a la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, cuando el reconocimiento de la prestación periódica a cargo del tesoro público se haya obtenido con violación al debido proceso, debe resaltarse

En lo que respecta a la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, cuando el reconocimiento de la prestación periódica a cargo del tesoro público se haya obtenido con violación al debido proceso, debe resaltarse que la Constitución Política en su artículo 29, prevé este derecho como fundamental, encaminado a garantizar a la persona el respeto en todas las actuaciones que se surten en los procesos judiciales o en trámites administrativos, con el propósito de lograr la aplicación correcta de la justicia.

Sobre el particular, tanto el Consejo de Estado9 como la Corte Constitucional10 son concordantes en el sentido de establecer que el derecho fundamental previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, comprende al menos tres elementos:

«i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii) Las gara ntías de audiencia y defensa, que, desde luego,

7 Ibidem. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión. Sentencia del 1° de agosto de 2017. Exp: 11001-03-15-000-2016-02022-00 (REV). 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, Providencia del 5 de febrero de 2019 . Exp. 11001-03-15-000-2018-01884-00 (REV). C.P: Alberto Yepes Barreiro.

Providencia del 5 de febrero de 2019 . Exp. 11001-03-15-000-2018-01884-00 (REV). C.P: Alberto Yepes Barreiro. 10 Corte Constitucional, Sentencias T-115 de 2018 y T-010 de 2017.Radicado: 11001-03-25-000-2023-00411-00 (5548-2023)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in idem»11.

Acerca de la causal consagrada en el literal b, relativa a la liquidación de la pensión sobre una cuantía excesiva, se señala que la exposición de motivos del proyecto de la Ley 797 de 2003, obedeció precisamente a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]» 12. De igual manera, se advierte que se manifestó en dicha ocasión por parte del Gobierno Nacional y se estudió por parte del Congreso de la República la conveniencia de establecer un mecanismo para revisar las pensiones irregularmente otorgadas o por montos que no establece la ley, con el fin de «[…] afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación. […]».

revisar las pensiones irregularmente otorgadas o por montos que no establece la ley, con el fin de «[…] afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación. […]».

Nótese que el principal objetivo del artículo 20 ibidem está dirigido a reducir el déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos que permitiera la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes.

Limitación y alcance de la sede de revisión

Dada la naturaleza excepcional de la revisión, las causas o motivos en que se fundamenta esta acción no deben considerarse como una vía procesal para corregir fallos o errores que las partes o sus representantes legales pudieran haber cometido durante el desarrollo del proceso que dio lugar a la sentencia impugnada, ya que este mecanismo no supone una nu eva instancia ni brinda la oportunidad de enmendar errores o negligencias derivados de la falta de diligencia del interesado.

En estos términos ya se pronunció esta Corporación al señalar que dicha acción «[…] no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se reconoció con vulneración del debido proceso o de la Ley, o en un valor mayor al que corresponde»13.

Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos parámetros.

Caso concreto

Atendiendo a las causales planteadas por la recurrente, la Sala se ocupará de

Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos parámetros.

Caso concreto

Atendiendo a las causales planteadas por la recurrente, la Sala se ocupará de

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, Providencia del 5 de febrero de 2019 . Exp. 11001-03-15-000-2018-01884-00 (REV). C. P. Alberto Yepes Barreiro. 12 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Tercera Especial de Revisión. Sentencia del 2 de junio de 2021, Exp. 11001-03-15-000-2020-03049-00. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-25-000-2023-00411-00 (5548-2023)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 determinar si, en efecto, el cargo alegado respecto del reconocimiento de la prestación periódica con violación al debido proceso se encuentra debidamente fundamentado, caso en el cual se procederá al análisis de fondo y en caso negativo, se examinará si la segunda causal invocada frente al reconocimiento excesivo de la pensión está llamada a prosperar y, por tanto, si resulta procedente revocar su reconocimiento.

La UGPP reprocha que la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño, al confirmar el reconocimiento a la sustitución pensional a favor del señor Jorge Emilio

reconocimiento.

La UGPP reprocha que la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño, al confirmar el reconocimiento a la sustitución pensional a favor del señor Jorge Emilio López Palacios, desconoció que este no cumplía el requisito legal de convivencia mínima de 5 años exigido por el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, pues las pruebas del expediente acreditan una convivencia de solo 4 años, 9 meses y 25 días. Además, que del Informe Técnico 393186 y la denuncia 2022200502825952 evidencian la inexistencia de convivencia efectiva y revelan un posible acuerdo fraudulento para apropiarse del beneficio.

Sobre este punto, la Subsección reitera que la acción especial de revisión no es un mecanismo destinado a reabrir el debate propio del proceso ordinario ni a efectuar nuevas valoraciones del acervo probatorio apreciado por los jueces de instancia. Sin embargo, ello no obsta para que, bajo la causal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se examine un cargo cuando el mismo no se dirige a discrepar con la conclusión probatoria alcanzada, sino a denunciar una irregularidad que, de verificarse, comprometería directamente las garantías del debido proceso en la obtenció