CE - Sentencia 11001032500020230042800 de 2025
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001032500020230042800 de 2025
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00428-00 (5759-2023) Recurrente: Jonathan Ruiz Zolano Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Tema: Recurso extraordinario de revisión. Causal del numeral 5 del artículo 250 del CPACA. Nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso. Reiteración de jurisprudencia.
SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Jonathan Ruiz Zolano contra la sentencia del 24 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que confirmó la decisión de primera instancia del Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Bogotá que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Jonathan Ruiz Zolano interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 24 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, invocando la causal quinta del
El señor Jonathan Ruiz Zolano interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 24 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, invocando la causal quinta del artículo 250 del CPACA, al considerar que la decisión vulneró el principio de congruencia, porque supuestamente no se pronunció sobre todos los motivos de inconformidad desarrollados contra el fallo de primera instancia.
II. ANTECEDENTES
2.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
1. A partir de las pruebas aportadas por el recurrente, las cuales se valorarán de acuerdo con las reglas probatorias establecidas en el Código General del Proceso, en adelante CGP1, y el expediente ordinario allegado a este trámite, la Sala sintetiza, a continuación, los siguientes hechos relevantes y actuaciones del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado número 11001-33-35-0172020-00327-00/012.
2.1.1. La demanda3
2. El señor Jonathan Ruiz Zolano radicó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, en la que solicitó, en síntesis: (i) la configuración del silencio administrativo negativo y (ii) la
1 Según el artículo 246 del CGP: «Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia». 2 Samai, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL».
disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia». 2 Samai, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL». 3 Samai, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento «1_DemandaWeb_Demanda- (.pdf) NroActua 3» imagen 47.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00428-00 (5759-2023)
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nulidad del acto administrativo ficto mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20 %, así como de la prima de actividad y el subsidio familiar. Como pretensión subsidiaria invocó (iii) la excepción de inconstitucionalidad para inaplicar los actos administrativos demandados.
3. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad, solicitó a título de restablecimiento del derecho: (iv) el pago de la diferencia salarial del 20 % dejada de percibir, como salario básico mensual o asignación salarial mensual, conforme con la Ley 131 de 1985 y el Decreto 1794 de 2000; (v) el reconocimiento de la prima de actividad, según los porcentajes establecidos para oficiales y suboficiales en las normas vigentes; (vi) el subsidio familiar; (vii) la reliquidación de todas las prestaciones sociales y factores salariales, así como de aquellos que no tienen tal carácter, con base en un salario básico equivalente al mínimo legal incrementado en un 60 %; (viii)
sociales y factores salariales, así como de aquellos que no tienen tal carácter, con base en un salario básico equivalente al mínimo legal incrementado en un 60 %; (viii) la actualización de los valores adeudados conforme al IPC; y (ix) el pago de costas y agencias en derecho.
4. En lo relacionado con el reajuste salarial, fundamentó su demanda en que la entidad demandada vulneró el principio de igualdad y el derecho a un salario justo al establecer un trato diferenciado e injustificado entre los soldados profesionales que inicialmente prestaron servicio como voluntarios y aquellos que ingresaron directamente como profesionales. Señaló que, pese a desempeñar las mismas funciones y estar sujetos a idénticas condiciones, se les reconocen salarios distintos, con una diferencia del 20 %.
5. De otro lado, respecto de la prima de actividad, sostuvo que no existe un criterio objetivo para excluir a los soldados profesionales de su reconocimiento, cuando esta sí se concede a oficiales y suboficiales, pese a que ambos ostentan la misma categoría jurídica como miembros de la Fuerza Pública y están sometidos a condiciones de servicio similares.
6. Finalmente, frente al subsidio familiar, señaló que, según la normativa aplicable, el soldado profesional casado o con unión marital de hecho vigente tiene derecho al reconocimiento mensual de un subsidio equivalente al 4 % de su salario básico, más la prima de antigüedad, requisito que cumple el demandante.
2.1.2. Contestación de la demanda4
7. La Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones. Para fundamentar su posición, la entidad sostuvo que
2.1.2. Contestación de la demanda4
7. La Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones. Para fundamentar su posición, la entidad sostuvo que el accionante nunca fue soldado voluntario, sino que ingresó directamente como soldado profesional, motivo por el cual le resultan aplicables los decretos 1793 y 1794 de 2000, disposiciones que regulan el régimen salarial y prestacional de los miembros de la Fuerza Pública.
8. Afirmó que las diferencias entre quienes pasaron de voluntarios a profesionales y quienes ingresaron directamente como soldados profesionales se sustentan en un régimen especial establecido por mandato constitucional. Precisó que dichas distinciones responden a la naturaleza del vínculo, a las funciones asignadas y a las necesidades del servicio, por lo que no se vulnera el principio de igualdad.
4 Samai, gestión en otros despachos, Juzgados Administrativos de Bogotá, proceso 11001333501720200032700 índice 58, actuación «Expediente digital», documento «Expediente Digital Proceso (.zip) NroActua 58», archivo «19ContestacionDemanda.pdf».Radicación: 11001-03-25-000-2023-00428-00 (5759-2023)
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9. En lo referente al subsidio familiar, precisó que para su reconocimiento el soldado profesional debe reportar el cambio de estado civil a partir de su inicio al
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9. En lo referente al subsidio familiar, precisó que para su reconocimiento el soldado profesional debe reportar el cambio de estado civil a partir de su inicio al comando de la fuerza, de conformidad con la reglamentación vigente.
2.1.3. Sentencia de primera instancia5
10. El Juzgado Diecisiete Administrativo de Bogotá profirió sentencia el 17 de mayo
de 2022 en la que resolvió:
PRIMERO.- Declarar la nulidad parcial del acto administrativo No. 20183111779631: MDN-CGFM-COEJC-SEJEC-JEMGF-COPER-DIPER-1-10 del 18 de septiembre de 2018, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO.- Como consecuencia de la anterior declaración a título de restablecimiento del derecho, reconocer a favor del demandante el Subsidio Familiar, desde el 21 de diciembre de 2010 de conformidad con el artículo 11 del decreto 1794 del año 2000 y la sentencia proferida por el H. Consejo de estado que declara la nulidad con efectos ex tunc del decreto 3770 de 2009. conforme lo establece el Art. 15 del Decreto 1794 del 2000, la demandada debe realizar las actuaciones administrativas pertinentes para el reajuste de prestaciones sociales del accionante.
Prescripción: no se decreta la prescripción por las razones expuestas en la parte motiva.
Diferencias a pagar: Del subsidio reconocido se deben deducir las sumas ya pagadas, y su resultado, en cada caso, constituye las diferencias a pagar por este concepto.
Ajuste al valor: Al final, la suma que resulte no pagada deberá ser ajustada, dando
Diferencias a pagar: Del subsidio reconocido se deben deducir las sumas ya pagadas, y su resultado, en cada caso, constituye las diferencias a pagar por este concepto.
Ajuste al valor: Al final, la suma que resulte no pagada deberá ser ajustada, dando
aplicación a la siguiente fórmula: […]
TERCERO.- Ordenar a la Nación – MinDefensa – Ejército Nacional, conforme lo establece el Art. 15 del Decreto 1794 del 2000, realizar las actuaciones administrativas pertinentes para el reajuste de prestaciones sociales del accionante, entre ellas, la asignación de retiro.
CUARTO.- Negar las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO.- Negar la condena en costas6.(Sic para la cita)
11. Señaló que no había vulneración del derecho a la igualdad, pues los soldados voluntarios, que fueron incorporados como profesionales, conservaron el derecho a un salario con incremento del 60%, mientras que quienes ingresaron directamente como profesionales solo tenían derecho al 40%. En este escenario, al demandante le era aplicable este último régimen, sin configurarse trato desigual o discriminatorio.
12. Respecto de la prima de actividad para los soldados profesionales, señaló que, conforme a la normativa, esta se reconoce a los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, en atención a sus condiciones particulares en cuanto a rangos de autoridad, requisitos de ingreso y atribuciones en las operaciones militares de distinto orden. Tales diferencias justifican que tengan un régimen salarial y prestacional propio. En consecuencia, no se trata de sujetos en igualdad de condiciones ni que desempeñen las mismas funciones, supuestos indispensables para
de distinto orden. Tales diferencias justifican que tengan un régimen salarial y prestacional propio. En consecuencia, no se trata de sujetos en igualdad de condiciones ni que desempeñen las mismas funciones, supuestos indispensables para predicar una vulneración del derecho a la igualdad.
5 Samai, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento «2_DemandaWeb_Demanda- (.pdf) NroActua 3». 6 Transcripción literal errores ortográficos.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00428-00 (5759-2023)
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13. Finalmente, en relación con la pretensión sobre el subsidio familiar, esta fue reconocida en primera instancia con fundamento en la nulidad con efectos ex tunc del Decreto 3770 de 2009, declarada mediante sentencia del 8 de junio de 2017 por el Consejo de Estado, lo que permitió recobrar la vigencia del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000. Por ende, dado que el accionante contrajo matrimonio el 21 de diciembre de 2010, tiene derecho al subsidio.
2.1.4. Recurso de apelación de la parte demandante7
14. El señor Jonathan Ruiz Zolano interpuso recurso de apelación en contra el numeral cuarto de la sentencia de primera instancia, por cuanto omitió pronunciarse de manera congruente y motivada sobre los hechos y cargos planteados en la demanda relacionados con la discriminación salarial de los soldados profesionales, la
numeral cuarto de la sentencia de primera instancia, por cuanto omitió pronunciarse de manera congruente y motivada sobre los hechos y cargos planteados en la demanda relacionados con la discriminación salarial de los soldados profesionales, la violación al principio de igualdad, así como la infracción a los artículos 25 y 53 de la Constitución Política.
15. Señaló que, en su condición de soldado profesional, ha desempeñado idénticas funciones a quienes inicialmente fueron soldados voluntarios y luego
ingresaron a la carrera de soldados profesionales, sin que exista justificación objetiva para el trato diferenciado en materia salarial.
16. Asimismo, reprochó la indebida valoración de la prueba que acreditaba la igualdad funcional entre ambos grupos y advirtió la inexistencia de criterios objetivos que justificaran la diferencia salarial del 20% reconocida únicamente a quienes habían sido voluntarios ; y desconoció la «presunción de discriminación» a favor del demandante.
17. Igualmente, consideró que en la decisión de primera instancia se omitió la aplicación de las sentencias SU-519 de 1997, C-022 de 1996, C-862 de 2008 y C-536 de 2016, entre otras, proferidas por la Corte Constitucional.
18. Finalmente, cuestionó la negativa al reconocimiento de la prima de actividad, afirmando que el despacho omitió aplicar el juicio de igualdad conforme a la jurisprudencia constitucional, respecto a los soldados profesionales, y los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional.
2.1.5. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión8
19. La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
suboficiales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional.
2.1.5. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión8
19. La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia el 24 de agosto de 2023, en cuya parte resolutiva
consignó:
Primero: Confirmar la sentencia de diecisiete (17) de mayo de dos mil veintidós (2022), proferida por el Juzgado Diecisiete (17) Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, que accedió parcialmente [a] las pretensiones de la demanda en el proceso instaurado por el señor Jonathan Ruiz Zolano contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, de acuerdo con la motiva.
Segundo: Sin condena en costas en ambas instancias, de acuerdo con la considerativa.
20. Para soportar lo expuesto, el Tribunal señaló que, según las pruebas obrantes en el proceso, el demandante ingresó al Ejército Nacional como soldado profesional a
7 Samai, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento «1_DemandaWeb_Demanda- (.pdf) NroActua 3» imagen 77. 8 Samai, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento «1_DemandaWeb_Demanda- (.pdf) NroActua 3» imagen 145.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00428-00 (5759-2023)
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partir del año 2010, por lo cual nunca ostentó la calidad de soldado voluntario. En consecuencia, consideró que no le era aplicable el inciso 2 del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, que otorgó a los soldados voluntarios posteriormente incorporados como profesionales el derecho a una asignación básica superior. Por lo tanto, advirtió que resultaba improcedente reliquidar su asignación básica y las demás prestaciones sociales, particularmente si se tiene en cuenta que, tal como lo precisó la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, dicha normativa buscó proteger los derechos adquiridos de los soldados voluntarios regulados por la Ley 131 de 1985, supuesto que no corresponde al caso del actor.
21. Respecto de la prima de actividad, aludió a la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 (CE-SUJ2-015-19) del Consejo de Estado, que resolvió la discrepancia sobre su reconocimiento a oficiales y suboficiales, mas no a los soldados profesionales.
Precisó que las diferencias entre estas categorías obedecen a criterios normativos objetivos relacionados con la jerarquía, la naturaleza de las funciones y el nivel de responsabilidad.
22. Finalmente, frente a la excepción de inconstitucionalidad, reiteró que, atendiendo a la fecha de vinculación del señor Jonathan Ruiz Zolano, al régimen aplicable y a lo considerado por el Consejo de Estado en la sentencia SUJ2-003-16 sobre los derechos
a la fecha de vinculación del señor Jonathan Ruiz Zolano, al régimen aplicable y a lo considerado por el Consejo de Estado en la sentencia SUJ2-003-16 sobre los derechos adquiridos de los soldados voluntarios, no era posible realizar un test de igualdad entre quienes pasaron de voluntarios a profesionales y quienes ingresaron directamente como soldados profesionales. Señaló que el principio de igualdad se predica entre situaciones equivalentes, y en este caso las condiciones normativas difieren.
23. Asimismo, precisó que no se vulnera el derecho a la igualdad entre los soldados profesionales y los demás miembros de la Fuerza Pública respecto del reconocimiento de la prima de actividad, dado que no se encuentran en las mismas circunstancias ni desempeñan funciones iguales. Por estas razones, concluyó que la excepción alegada no estaba llamada a prosperar.
24. De otro lado, frente al recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, respecto a los reparos de la sentencia de primera instancia relacionados con el reconocimiento del subsidio familiar, el Tribunal advirtió que, aunque el actor recibe subsidio familiar desde octubre de 2014 conforme al Decreto 1161 de 2014, su unión marital de hecho se declaró el 21 de diciembre de 2010 bajo la vigencia del Decreto 1794 de 2000. Con la nulidad del Decreto 3770 de 2009, declarada con efectos ex tunc por el Consejo de Estado, recobró vigencia el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, por lo cual el actor tiene derecho al subsidio en los términos allí previstos.
2.2. Recurso extraordinario de revisión 9
25. El señor Jonathan Ruiz Zolano interpuso recurso extraordinario de revisión el 9
2000, por lo cual el actor tiene derecho al subsidio en los términos allí previstos.
2.2. Recurso extraordinario de revisión 9
25. El señor Jonathan Ruiz Zolano interpuso recurso extraordinario de revisión el 9 de septiembre de 202310, a través de la ventanilla virtual del Sistema de Gestión Judicial SAMAI, sustentado en que la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue incongruente al omitir pronunciarse de manera completa sobre los cargos y pretensiones planteados en la demanda y en el recurso en el recurso de apelación.
26. Para desarrollar lo anterior, refirió que el Tribunal no se refirió a los hechos relevantes que demostraban la igualdad funcional entre soldados voluntarios y
9 Samai, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento «1_DemandaWeb_Demanda- (.pdf) NroActua 3» imagen 1. 10 Samai, índice 3, obra la siguiente anotación: « Se presentó demanda por ventanilla virtual con solicitud No 8481, fecha de presentación: 09/09/2023 12:11:04, anexos remitidos:2 secuencia de reparto:5781».Radicación: 11001-03-25-000-2023-00428-00 (5759-2023)
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profesionales, desconoció la alegada discriminación salarial y prestacional, y dejó sin resolver múltiples cargos de disenso relativos al reajuste del 20% y a la prima de
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profesionales, desconoció la alegada discriminación salarial y prestacional, y dejó sin resolver múltiples cargos de disenso relativos al reajuste del 20% y a la prima de actividad, así como la solicitud de nulidad de la sentencia de primera instancia.
27. En relación con la diferencia salarial del 20 % , esta incongruencia se tradujo en que el Tribunal no se pronunció sobre varios cargos planteados en la apelación, entre ellos: la inaplicabilidad de la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, la existencia de un régimen de transición para los soldados voluntarios, la igualdad formal y material entre quienes cumplen las mismas funciones y la ausencia de criterios objetivos que justifiquen un trato diferenciado. Asimismo, reprochó que en el fallo de segunda instancia no se valoraron las pruebas allegadas, se omitió considerar la «presunción de discriminación» reconocida en la jurisprudencia constitucional y se desconocieron precedentes que ordenan aplicar el principio de igualdad y el artículo 53 de la Constitución en materia de condiciones laborales.
28. Respecto de la prima de actividad , alegó que el Tribunal incurrió también en la vulneración del principio de incongruencia, al evidenciarse una falencia argumentativa para resolver el problema jurídico relacionado con dicha prestación, en particular lo concerniente a la justificación o mandato que permite su exclusión respecto de algunos miembros de las fuerzas militares.
29. Además, el recurrente reprochó que la sentencia del Tribunal no resolviera las solicitudes de adición y nulidad del fallo de primera instancia, fundadas en la presunta vulneración del principio de congruencia y en la indebida motivación.
29. Además, el recurrente reprochó que la sentencia del Tribunal no resolviera las solicitudes de adición y nulidad del fallo de primera instancia, fundadas en la presunta vulneración del principio de congruencia y en la indebida motivación.
30. Por estas razones, el señor Jonathan Ruiz Zolano solicitó a esta corporación: i) declarar fundado el recurso extraordinario de revisión con base en la causal quinta del artículo 250 del CPACA, por violación del principio de congruencia; ii) declarar la nulidad parcial de las sentencias de primera y segunda instancia; iii) remitir el proceso al Juzgado 17 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá para que resuelva de nuevo y de fondo la controversia planteada; y, como pretensión subsidiaria, iv) «[…]que estudie el presente proceso como violación del derecho fundamental al debido proceso a la luz de la institución de la decisión judicial motivada de forma incompleta y deficiente».
2.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión
31. Esta corporación admitió el recurso en auto del 26 de agosto de 2024 11, ordenó la notificación personal de esta decisión a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y al Ministerio Público y le reconoció personería al abogado del recurrente; La notificación respectiva se surtió a las partes enunciadas12. El ente ministerial no emitió pronunciamiento.
32. A través de auto del 20 de agosto de 202513, se decretó como prueba la remisión del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho y se incorporaron los documentos allegados con el recurso extraordinario de revisión.
33. El Juzgado 17 Administrativo de Bogotá remitió el enlace de acceso al
del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho y se incorporaron los documentos allegados con el recurso extraordinario de revisión.
33. El Juzgado 17 Administrativo de Bogotá remitió el enlace de acceso al expediente digital del proceso ordinario14.
11 Samai, índice 7, actuación «Auto que admite recurso extraordinario de revisión», documento «3Autoqueadmite_57592023ADMITERER208(.pdf) NroActua 7». 12 Samai, índice 10 y 11. 13 Samai, índice 16, actuación «Auto que decreta pruebas», documento « 9Autoquedecret_57592023AutodePrueba(.pdf) NroActua 16». 14 Samai, índice 21.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00428-00 (5759-2023)
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III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
34. La Sala tiene competencia para conocer del recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Jonathan Ruiz Zolano contra la sentencia del 24 de agosto de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 249 del CPACA15.
3.2. Oportunidad
35. La sentencia objeto del recurso fue proferida el 24 de agosto de 2023, se notificó el 5 de septiembre de 2023 16, y quedó ejecutoriada el 12 de septiembre de 2023, en
3.2. Oportunidad
35. La sentencia objeto del recurso fue proferida el 24 de agosto de 2023, se notificó el 5 de septiembre de 2023 16, y quedó ejecutoriada el 12 de septiembre de 2023, en aplicación de lo previsto en los artículos 302 del CGP y 205 del CPACA modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021. Así las cosas, como el señor Jonathan Ruiz Zolano interpuso el recurso extraordinario de revisión el 9 de septiembre de 2023, según obra en la anotación realizada a índice 3 del aplicativo Samai, su radicación fue oportuna dentro del término dispuesto por el artículo 251 del CPACA17.
3.3. Legitimación en la causa
36. Jonathan Ruiz Zolano está legitimado en la causa para ser parte en este trámite, toda vez que fue demandante en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho18.
3.4. Problema jurídico
37. De acuerdo con los argumentos del recurso extraordinario de revisión, corresponde a la Sala determinar si: ¿La sentencia impugnada desconoció el objeto del litigio y omitió resolver de fondo los cargos del recurso de apelación, incurriendo en la causal 5 del artículo 250 del CPACA?
38. Para resolver el problema jurídico, la Sala se referirá, en primer lugar, a la naturaleza del recurso extraordinario de revisión; luego, abordará el alcance de la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA atinente a que exista nulidad originada en la sentencia; en tercer lugar, resolverá el caso en concreto; y, por último, decidirá sobre la condena en costas.
causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA atinente a que exista nulidad originada en la sentencia; en tercer lugar, resolverá el caso en concreto; y, por último, decidirá sobre la condena en costas.
3.5. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión
39. El recurso extraordinario de revisión ha sido considerado por la jurisprudencia y la doctrina nacional como un mecanismo de impugnación y, al mismo tiempo, una excepción al principio de inmutabilidad de las decisiones judiciales que ponen fin a una controversia, siempre que estén incursas en alguna de las causales previstas taxativamente en el artículo 250 del CPACA19.
15 «De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia». 16 Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso 11001333501720200032701, índice 12. 17 «El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia». 18 Estas calidades fueron reconocidas en el auto admisorio de la demanda ordinaria proferido por el Juzgado Diecisiete Administrativo de Bogotá el 16 de diciembre de 2020. Samai, gestión en otros despachos, Juzgados Administrativos de Bogotá, proceso 11001333501720200032700 índice 58, actuación «Expediente digital», documento «Expediente Digital Proceso (.zip) NroActua 58», archivo «19ContestacionDemanda.pdf». 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de julio
documento «Expediente Digital Proceso (.zip) NroActua 58», archivo «19ContestacionDemanda.pdf». 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de julio de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.Radicación: 11001-03-25-000-2023-00428-00 (5759-2023)
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40. El objeto de este mecanismo es el restablecimiento de la justicia material del fallo recurrido cuando haya sido afectado por situaciones exógenas que no pudieron analizarse en el curso del proceso. Por ello, no puede ser utilizado para corregir errores judiciales. Es un medio excepcional de impugnación de las decisiones judiciales, regulado en los artículos 248 y subsiguientes del CPACA20, para casos en que la decisión judicial está inmersa en supuestos como «[…] la falsedad, el fraude, el error, la aparición de documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión […]», entre otros21.
41. Por tal motivo, el carácter excepcional del recurso extraordinario de revisión supone que no puede utilizarse «[…] para cuestionar la actividad interpretativa, ni la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material»22.
cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material»22.
42. De ahí deviene la importancia de que los hechos del caso se subsuman en la causal invocada sin necesidad de recurrir a interpretaciones amplias que reabran la discusión como si se tratara de una nueva instancia judicial.
43. Para lograr lo anterior, se exige del recurrente «una carga argumentativa precisa […], toda vez que debe hacerse de manera técnica, rigurosa y fundamentada […]» 23.
Así pues, la parte que acuda al recurso extraordinario de revisión bajo el amparo de una de las causales previstas para su procedencia t
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