CE - Sentencia 11001032500020230043500 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2023-00435-00 (5926-2023) (AER) Accionante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones

Parafiscales de la Protección SocialUGPP Demandado: Mary Luz Rojas Rubiano Temas: Causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 Presupuestos de configuración

Decisión: Declara fundada parcialmente la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Sin condena en costas

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓNART. 20 LEY 797 DE 2003

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la acción especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 20032 presentada por la UGPP en contra de la sentencia de 26 de abril de 2013 , proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Villavicencio dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado

50001333100320120019200.

proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Villavicencio dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 50001333100320120019200.

1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia del 27 de marzo de 2014. Radicación: 1100103-25-000-2012-00561-00(2129-12). Accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.

Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés. 2 Se presentó el 8 de junio de 2018 (f. 260 «expediente digital archivo «6_6_110010325000202300435002EXPEDIENTEDIGIEXPDIGITA20230926171043.pdf»), de manera que está regulado por los artículos 248 y s.s. del CPACA, por remisión del inciso 3.º del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2023 -00435 -00 (5926 -202 3)(A ER)

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II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso ordinario inicial

2.1.1. La demanda3

2. La señora Mary Luz Rojas Rubiano , por intermedio de apoderado, instauró demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo , con el

2. La señora Mary Luz Rojas Rubiano , por intermedio de apoderado, instauró demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo , con el objetivo de obtener, en síntesis, las siguientes declaraciones y condenas:

• Declarar la nulidad de la Resolución PAP 048591 del 15 de abril de 2011, proferida por CAJANAL E.I.C.E en liquidación, por medio de la cual se le negó la reliquidación de la pensión de jubilación, teniendo en cuenta lo contemplado en el Decreto Ley 3135 de 1968 y la Ley 33 de 1985.

• A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordene a la entidad reliquidarle la pensión de jubilación, teniendo en cuenta el Decreto-Ley 3135 de 1968 y la Ley 33 de 1985, con base en el 75% del promedio de los factores salariales devengados durante el último año de servicios, como son la asignación básica, la bonificación por servicios , las horas extras , las primas de servicios, de vacaciones y de navidad, devengados durante el último año de servicios co mprendido entre el 1.° de enero y el 30 de diciembre de 2002, cuando ocurrió el retiro definitivo del servicio; lo anterior debidamente actualizado de acuerdo con el IPC, junto con el pago de las diferencias resultantes por concepto de mesadas atrasadas causadas desde la fecha de su status pensional y la inclusión en nómina y cumplimiento de la sentencia que así lo ordene.

• Finalmente, solicitó que se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.

en nómina y cumplimiento de la sentencia que así lo ordene.

• Finalmente, solicitó que se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.

1.1.2 Hechos Relevantes

3. Según se indicó en la demanda la señora Mary Luz Rojas Rubiano nació el 24 de enero de 1948 y laboró por más de 20 años desde el 7 de diciembre de

3 Expediente originario visible en el índice 27 del expediente digital visible en el sistema Samai, del radicado del epígrafe.Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2023 -00435 -00 (5926 -202 3)(A ER)

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3 1980 hasta el 30 de diciembre de 2002, como auxiliar de servicios generales en el Hospital Departamental de Granada, por lo que adquirió su estatus jurídico el 24 de enero de 2003.

4. Por lo anterior, CAJANAL E.I.C.E mediante la Resolución 14273 del 15 de julio de 2004, le reconoció la pensión de jubilación en cuantía de $486.441,83, efectiva a partir del 24 de enero de 2003, condicionada a demostrar el retiro definitivo del servicio.

5. El anterior rec onocimiento se efectuó con base en la edad y el tiempo de servicios contemplados en el artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, pero en cuanto al

servicio.

5. El anterior rec onocimiento se efectuó con base en la edad y el tiempo de servicios contemplados en el artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, pero en cuanto al monto para la liquidación de la prestación, s ólo tuvo en cuenta la asignación básica mensual, y la bonificación por servicios devengadas durante su último año, con base en la Ley 100 de 1993.

6. Por lo anterior, el 27 de diciembre de 2010 la allí demandante solicitó ante CAJANAL E.I.C.E en liquidación, la reliquidación de su pensión de jubilación para que se tuviera en cuenta todos los factores salariales devengados en el último año de prestación d e servicios, en atención a las Leyes 33 y 62 de 1985 y a la sentencia de 4 de agosto de 2010 de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

7. Su petición fue resuelta negativamente a través de la Resolución PAP 048591 del 15 de abril de 2011, que se encuentra ejecutoriada.

2.1.3 Normas violadas y concepto de violación

8. Como disposiciones vulneradas, adujo que los actos acusados desconocieron los artículos 36 de la Ley 100 de 1993, el 1. ° de la Ley 33 de 1985, el 1. ° de la Ley 62 de 1985 y la sentencia de 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado.

9. En cuanto al concepto de violación, indicó que el acto demandado desconoció lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 de acuerdo con el cual le asiste derecho a la aplicación integral de las disposiciones anteriores como son las Leyes 33 y 62 de 1985.

desconoció lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 de acuerdo con el cual le asiste derecho a la aplicación integral de las disposiciones anteriores como son las Leyes 33 y 62 de 1985.

2.1.4. Sentencia objeto de revisión4

10. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Villavicencio, mediante

4 Expediente originario visible en el índice 27 del expediente digital visible en el sistema Samai, del radicado del epígrafe. Folios 88 y s.s.Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2023 -00435 -00 (5926 -202 3)(A ER)

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4 providencia de 26 de abril de 2013 , declaró la nulidad de l acto acusado y concedió las súplicas de la demanda.

11. Para tal efecto, señaló que la accionante era beneficiari a del régimen de transición contenido el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que, de acuerdo con dicha disposición, las pensiones de quienes cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1 . ° de la Ley 33 de 1985 deben liquidarse de conformidad con lo establecido en el inciso final del precitado artículo 36. A su vez, indicó que, según esta norma, la liquidación debió efectuarse de conformidad con la Ley 33 de 1985.

12. En consecuencia, ordenó a la UGPP a reliquidar la pensión de la señora Mary

vez, indicó que, según esta norma, la liquidación debió efectuarse de conformidad con la Ley 33 de 1985.

12. En consecuencia, ordenó a la UGPP a reliquidar la pensión de la señora Mary Luz Rojas Rubiano en una cuantía equivalente «[…] con la inclusión de todos los factores salariales percibidos durante el año inmediatamente anterior a la adquisición del status jurídico de pensiona da, además de los factores ya reconocidos, los siguientes: las doceavas (1/12) partes de la prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, bonificación recreativa, auxilio de transporte y auxilio de alimentación. ». Esto es, con efectividad desd e el 27 de diciembre de 2007, dada la ocurrencia del fenómeno de la prescripción.

13. Así mismo , autorizó practicar los descuentos correspondientes sobre los aportes no realizados y los descuentos relativos a los montos pagados por concepto de mesadas pen sionales ya canceladas. Ordenó el reajuste de l as sumas correspondientes y dar cumplimiento al fallo, de conformidad con los artículos 176 a 178 del C.C.A.

14. Contra la citada decisión se interpuso recurso de apelación que fue declarado desierto a través de auto de 31 de enero de 2014 por falta de comparecencia a la audiencia de conciliación.

2.1.7. La acción especial de revisión5

15. La UGPP invocó como causal de revisión la consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norm a que se refiere a la posibilidad de interponer la solicitud de revisión contra acuerdos conciliatorios o providencias

15. La UGPP invocó como causal de revisión la consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norm a que se refiere a la posibilidad de interponer la solicitud de revisión contra acuerdos conciliatorios o providencias judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o de fondos de

naturaleza pública y especialmente:

5Folios 237 y s.s. del expediente digital. Archivo: «6_6_110010325000202300435002EXPEDIENTEDIGIEXPDIGITA20230926171043.pdf».Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2023 -00435 -00 (5926 -202 3)(A ER)

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5 b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

16. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:

• Revocar la sentencia de Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Villavicencio del 26 de abril de 2013, dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento instaurado por Mary Luz Rojas Rubiano contra CAJANAL, en el proceso radicado con el núm.

50001333100320120019200.

• Declarar que la señora Rojas Rubiano en cuanto a la liquidación de su mesada pensional, no es acreedora de un derecho adquirido amparable por la legislación colombiana, y en su lugar, ordenar la reliquidación y pago

• Declarar que la señora Rojas Rubiano en cuanto a la liquidación de su mesada pensional, no es acreedora de un derecho adquirido amparable por la legislación colombiana, y en su lugar, ordenar la reliquidación y pago de su mesada pensional conforme a las reglas previstas en las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU -230 de 2015, SU427 de 2016, SU -210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU -395 de 2017, SU631 de 2017, T -039 de 2018 proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional, esto es con un ingreso base de liquidación de conformidad con el artículo 21 y el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así como los factores base de cotización taxativamente determinados en el Decreto 1158 de 1994 y con u na tasa de reemplazo del 75% previsto en Ley 33 de 1985.

17. Para fundamentar la causal de revisión la UGPP sostuvo que la señora Rojas Rubiano no tenía derecho a obtener la reliquidación ordenada, toda vez que es beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por ello, su pensión debe liquidarse de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 3. ° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y con los factores de cotización establecidos taxativamente en los Decretos 1158 de 1994.

18. Estimó que la pensión se liquidó con desconocimiento de las providencias de la Corte Constitucional, C-168 de 1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, Auto

18. Estimó que la pensión se liquidó con desconocimiento de las providencias de la Corte Constitucional, C-168 de 1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, Auto 326 de 2014, SU-427 de 2016, Auto 229 de 2017, SU -395 de 2017, SU631 de 2017 y, T-039 de 2018.

2.1.8. Contestación

19. La señora Mary Luz Rojas Rubiano fue notificad a personalmente de la admisión de la acción de revisión el 15 de febrero de 2024, como se advierte en el índice 2 2 del expediente digital disponible en Samai, pero no contestó la demanda.Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2023 -00435 -00 (5926 -202 3)(A ER)

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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

20. La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para conocer de la acción de revisión del epígrafe.

21. En efecto, si bien han surgido tesis contradictorias sobre la competencia para conocer de las acciones especiales de revisión establecidas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, formuladas contra sentencias proferidas por Juzgados Administrativos, no obs tante, a través de auto de 22 de agosto de 2023 esta Corporación avocó conocimiento de la acción especial de revisión del epígrafe 6,

la Ley 797 de 2003, formuladas contra sentencias proferidas por Juzgados Administrativos, no obs tante, a través de auto de 22 de agosto de 2023 esta Corporación avocó conocimiento de la acción especial de revisión del epígrafe 6, con base en el auto de 8 de mayo de 2018 7, dictado por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, con pon encia de la consejera Sandra

Lisset Ibarra donde se señaló:

«22. Por otra parte, la revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública que se realicen a través de providencias judiciales, transacci ones o conciliaciones serán competencia del Consejo de Estado, teniendo como fundamento lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

23. De acuerdo con la competencia establecida en la norma antes citada, se observa que los asuntos del conocim iento de los Tribunales Administrativos fueron establecidos en los artículos 151 y 152 de la Ley 1437 de 2011, y en ellos no aparece que el legislador les haya asignado la competencia para el recurso extraordinario de revisión de que trata la Ley 797 de 2003 encontrando que la misma aparece de manera expresa, concreta y directamente asignada al Consejo de Estado.

24. De acuerdo con lo expresado anteriormente y con fundamento en las normas que se ha estudiado, se procederá a declarar la nulidad de la decisión de primera instancia y en su lugar se asumirá el conocimiento por esta Corporación, de conformidad con la regla de competencia fijada por la Ley 797 de 2003.

[…] ».

instancia y en su lugar se asumirá el conocimiento por esta Corporación, de conformidad con la regla de competencia fijada por la Ley 797 de 2003. […] ».

22. Con base el anterior pronunciamiento, y a través de providencia de 12 de diciembre de 2023 8 fue admitida la demanda de revisión y se ordenó la notificación de auto admisorio a la señora Mary Luz Rojas Rubiano.

6 Radicado 50001-23-33-000-2018-00182-01 (2445-2022). Por error había sido radicada como conflicto de competencia. Archivo: «007AUTOQUEAVOCACONOCIMIENTOPORREMISIONDEPROCESOORDINARIO.pdf» visible en el expediente digital del sistema Samai correspondiente a la radicación del epígrafe.

7 Radicado 85001-23-33-000 2017-00056-01 (2698 – 2017).

8 Índice 17 aplicativo SAMAI.Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2023 -00435 -00 (5926 -202 3)(A ER)

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3.2. Oportunidad

23. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte Constitucional en la sentencia C-835 de 20039, declaró la inexequibilidad de dicha

expresión al señalar:

mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte Constitucional en la sentencia C-835 de 20039, declaró la inexequibilidad de dicha expresión al señalar:

«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]».

24. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, comoquiera que la solicitud de revisión fue presentada el 8 de junio de 2018 10 en vigencia de la misma, la cual en su artículo 251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.

Sin embargo, entre las excepciones a dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:

«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]».

25. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia SU-427 de 2016 estableció que, tratándose de fallos en contra de la UGPP, dicha entidad puede presentar las solicitudes de revisión, incluso, luego de vencido el plazo de los cinco años

25. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia SU-427 de 2016 estableció que, tratándose de fallos en contra de la UGPP, dicha entidad puede presentar las solicitudes de revisión, incluso, luego de vencido el plazo de los cinco años de caducidad, pues el mismo comienza a contabilizarse a partir del 12 de junio de 2013, providencia en la cual la Sala Plena de esa Corporación unificó su

jurisprudencia y adoptó la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de

9 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: «[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá form ularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto). 10 Folio 260. Expediente digital. Archivo: «6_6_110010325000202300435002EXPEDIENTEDIGIEXPDIGITA20230926171043.pdf»Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2023 -00435 -00 (5926 -202 3)(A ER)

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8 Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo

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8 Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal».

26. En este caso, la solicitud de revisión se presentó en tiempo, toda vez que, la decisión judicial que se cuestiona fue proferida el 26 de abril de 2013 y, y si bien no se aportó constancia de ejecutoria , se advierte que en la Resolución RDP 016121 de 23 mayo de 2014, por la cual se dio cumplimiento a la decisión judicial se indicó que quedó ejecutoriada el 11 de febrero de 2014. Por tanto , como la acción de revisión se presentó el 8 de junio de 2018, se colige que su radicación ocurrió en tiempo.

3.3. Problema jurídico

27. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia de 26 de abril de 2013 , proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Villavicencio incurrió en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 al condenar a la UGPP a reliquidar la pensión de jubilación d e la señora Mary Luz Rojas Rubiano con el 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio, incluyendo la totalidad de los factores salariales de ley

Rojas Rubiano con el 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio, incluyendo la totalidad de los factores salariales de ley devengados durante dicho periodo, es decir, además de la asignación básica, las horas extras y la bonificación por servicios , las doceavas (1/12) partes de la s primas de servicios, de vacaciones y de navidad, la bonificación recreativa, el auxilio de transporte y el auxilio de alimentación.

28. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a la causal mencionada relacionada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si procede infirmar la decisión judicial cuestionada.

3.4. La acción especial de revisión y la causal contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

29. La acción especial de revisión es un medio que permite impugnar una providencia judicial ya ejecutoriada, siempre y cuando se configuren, de manera expresa, las causales señaladas en el artículo 250 del CPACA 11 (antes artículo

11 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2023 -00435 -00 (5926 -202 3)(A ER)

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9 188 del CCA), situación que es posible entenderse como una de las excepciones al principio de la cosa juzgada 12, que se aplica exclusivamente a aquellas

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9 188 del CCA), situación que es posible entenderse como una de las excepciones al principio de la cosa juzgada 12, que se aplica exclusivamente a aquellas situaciones «críticas» en las que a pesar de la presunción de legalidad que cobija a las sentencias, ellas no pueden subsisti r por el grave desconocimiento de los principios fundamentales del proceso.

30. Ahora bien, la solicitud de revisión formulada por la entidad recurrente está contemplada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y está considerada precisamente como una acción especial13, con algunas diferencias referidas a su finalidad y la legitimación en la causa por activa. De esta manera, se estableció para controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro público y contrarres tar los casos de corrupción en esta materia14 y para ejercerla se requiere de un solicitante calificado 15, que a su vez

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.

3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.

4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.

3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.

4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.

7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada. 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil quince (2015), radicación número: 25000 -23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto Jiménez Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil. 13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001 -03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez

Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001 -03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés « […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento del recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tan to, es claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduríapara promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]»(subrayas de la Sala). 14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez. Bogotá, D. C. diez (10) de agosto dos mil diecisiete (2017).

Radicado: 250002325000200205275 01. Número Interno: 1273 -2006. Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. Demandado: Carlos Rangel Moreno. Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Decreto 01 de 2 de enero de 1984, CCA. 15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. consejera

Restablecimiento del Derecho, Decreto 01 de 2 de enero de 1984, CCA. 15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D.C. 1 de julio de 2016. Radicado: 11001 03 25 000 2014 00238Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2023 -00435 -00 (5926 -202 3)(A ER)

Accionante : UGPP

835 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

10 es un tercero que no intervino dentro del proceso ordinario o la conciliación.

31. En este sentido, el artículo 20 de la Ley 797 de 20 0316 facultó al Gobierno para que, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación, soliciten ante el Consejo de Estado o l a Corte Suprema de Justicia la revisión de aquellas providencias judiciales donde se reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública.

32. Adicionalmente, a través del ordinal 6.º del artículo 6.º del Decret o 5021 de 28 de diciembre de 2009 17 el Gobierno Nacional delegó como función de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

3.5. Análisis de la Sala

33. La causal alegada por la UGPP se encuentra contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que señala:

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

34. Esta causal ha sido considerada jurisprudencialmente18 como un instrumento que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa 19 y permite corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que afectan los principios filosóficos que orientan el Sistema General de Pensiones20, en especial, el principio de solidaridad21 y equilibrio financiero.

00 (0704 2014). Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP-. Demandado: José Efraín Mora Sánchez -. Admite acción de revisión. 16 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales 17 Por e