CE - Sentencia 11001032500020230049000 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2023-00490-00 (6702-2023)

Demandante José Manuel Tuta Rojas

Demandado: Providencia

recurrida: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional Sentencia del 23 de febrero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión

Tema:

Causal 5 de revisión del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1

Sentencia de revisión

Asunto

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por José Manuel Tuta Rojas contra la sentencia del 23 de febrero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión , dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.

1. Antecedentes

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.

1. Antecedentes

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA, José Manuel Tuta Rojas presentó una demanda en orden a que se declarara la nulidad de la Resolución 02826 del 30 de junio de 201 5, por medio de la cual el director general de la Policía Nacional dispuso su retiro del servicio activo en el grado de subintendente, en ejercicio de la facultad discrecional.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó: i) el reintegro a la institución policial en el grado que desempeñaba o en uno superior en el que se encuentren sus compañeros de curso y

1 En adelante CPACA. 2 Samai, índice 3, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO », documento «20RECIBEMEMORIAL_70001333300420160001(.zip) NroActua 17 », carpeta «70001333300420160001200», archivo «01Demanda.pdf», folios 1 a 34.2

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Demandante: José Manuel Tuta Rojas

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antigüedad, con la declaración de que no existió solución de continuidad en los servicios prestados desde la fecha de retiro hasta la de reincorporación; ii)

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antigüedad, con la declaración de que no existió solución de continuidad en los servicios prestados desde la fecha de retiro hasta la de reincorporación; ii) el pago de los salarios, las primas, las bonificaciones, los subsidios, las vacaciones, las partidas alimentarias, los seguros, las cesantías y demás emolumentos dejados de percibir como consecuencia de la desvinculación; iii) la devolución de las sumas de dinero que se demuestre haber pagado por servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos, odontológicos y laboratorio para él y su núcleo familiar que se encontraba afiliado al Sistema de Salud de la Policía Nacional, durante el tiempo que permanezca retirado de la institución policial; iv) el reconocimiento de una indemnización equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y $3.000.000 por concepto de perjuicios morales y materiales, respectivamente ; v) la indexación de las sumas que resulten a su favor ; v i) el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; y vii) la condena en costas a la parte demandada.

1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

3.1. José Manuel Tuta Rojas ingresó a la Policía Nacional el 15 de octubre de 2009 en el grado de patrullero. Inicialmente desempeñó funciones de vigilancia y, con posterioridad, fue destinado a la Secci ón de Infancia y Adolescencia del Departamento de Policía de Sucre, con sede en Sincelejo.

2009 en el grado de patrullero. Inicialmente desempeñó funciones de vigilancia y, con posterioridad, fue destinado a la Secci ón de Infancia y Adolescencia del Departamento de Policía de Sucre, con sede en Sincelejo.

3.2. Entre los años 2009 y 2015, su desempeño fue calificado en el «RANGO SUPERIOR o LISTA UNO », recibió 2 menciones honorificas, obtuvo varias felicitaciones y no recibió ningún llamado de atención ni anotaciones negativas en su hoja de vida.

3.3. El 30 de mayo de 2015, encontrándose fuera de servicio y de civil, fue objeto del delito de hurto por parte de algunos sujetos en un establecimiento público. Ante tal situación, acudió a uno de sus compañeros, Harold Herazo Seba, a quien le solicitó el arm a de dotación oficial y realizó 2 disparos para persuadir a los delincuentes. Seguidamente, acudieron otros uniformados, que lo despojaron del arma.

3.4. El demandante interpuso denuncia penal contra los presuntos responsables del hurto. A su vez, 2 personas formularon denuncia en su contra por presuntas agresiones físicas y Harold Herazo Seba lo acusó penalmente de haberle sustraído su arma de dotación oficial. No obstante, los denunciantes desistieron posteriormente de las acciones judiciales iniciadas.

3.5. Como consecuencia de estos hechos, la Oficina de Control Interno Disciplinario del Departamento de Policía de Sucre inició investigación en su contra y lo citó a audiencia de descargos por la presunta comisión de faltas graves y gravísimas a título de dolo, sancionables con destitución en caso de comprobarse la responsabilidad.3

contra y lo citó a audiencia de descargos por la presunta comisión de faltas graves y gravísimas a título de dolo, sancionables con destitución en caso de comprobarse la responsabilidad.3

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3.6. Sin embargo, tras el desistimiento de las denuncias penales presentadas en su contra, la funcionaria instructora le manifestó que podría reclasificar la falta para imponerle suspensión en lugar de destitución, a cambio de que no apelara la decisión, con el argumento de que existía «presión del nivel central», especialmente del director general, para imponer la máxima sanción. Finalmente, fue sancionado disciplinariamente con suspensión por manipulación imprudente de armas de fuego.

3.7. A través de la Resolución 02826 del 30 de junio de 2015 , suscrita por el director general de la Policía Nacional, el demandante fue retirado del servicio activo en ejercicio de la facultad discrecional. Según su apreciación, la decisión carecía de fundamento real, pues no se tuvo en cuenta su desempeño laboral calificado como superior, ni el hecho de que no registraba antecedentes penales, anotaciones judiciales ni investigaciones disciplinarias vigentes.

3.8. El acto administrativo fue notificado; no obstante, no se le suministró copia del acta de la junta asesora que recomendó el retiro, pese a haberla solicitado

vigentes.

3.8. El acto administrativo fue notificado; no obstante, no se le suministró copia del acta de la junta asesora que recomendó el retiro, pese a haberla solicitado formalmente.

1.2. Sentencia de primera instancia3

4. Mediante sentencia proferida el 7 de noviembre de 2019 el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo negó las pretensiones de la

demanda. Para el efecto, consideró:

4.1. En el caso concreto, se comprobó que, según los formularios de seguimiento o en el folio de vida del actor, correspondientes a los años 2010 a 2015, existían varias anotaciones positivas y también registros negativos.

4.2. Asimismo, se acreditó que mediante Acta 030 -APROP -GRURE-3-22 del 9 de junio de 2015, la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales, personal del Nivel Ejecutivo y Agentes, recomendó el retiro del servicio del demandante de la Policía Nacional , con fundamento en l as siguientes

consideraciones:

«Siguiendo con lo expuesto hasta el momento, es pertinente señalar que la conducta atribuida al señor Patrullero JOSÉ MANUEL TUTA ROJAS, va en contravía de todos los principios éticos y morales fijados por la institución y que se encuentran resumidos en el Código de Ética Policial, al señalarse que "Como policía tenemos la obligación fundamental de servir a la sociedad, proteger vidas y bienes, llevar una vida irreprochable como ejemplo para todos, ser un ejemplo en el cumplimiento de las leyes y reglamentos de la

"Como policía tenemos la obligación fundamental de servir a la sociedad, proteger vidas y bienes, llevar una vida irreprochable como ejemplo para todos, ser un ejemplo en el cumplimiento de las leyes y reglamentos de la institución y nunca actuar ilegalmente", preceptos que como vislumbró esta junta omitió el policial con su presunto actuar.

De lo transcrito se determina la omisión del señor Patrullero por aplicar los criterios que frente a la cultura de la legalidad se han establecido, ya que como se ha evidenciado a lo largo del presente escrito el señor Patrullero JOSÉ MANUEL TUTA ROJAS, co n su comportamiento se apartó por

3 Samai, índice 3, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO », documento «20RECIBEMEMORIAL_70001333300420160001(.zip) NroActua 17 », carpeta «70001333300420160001200», archivo «44Sentencia.pdf».4

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completo del marco legal que rige el actuar en sociedad, lo cual incide de manera negativa en el servicio público encomendado a la Policía Nacional, supuestos que permiten concluir que existen elementos suficientes para colegir que adolece de la confianza de la que debe ser depositario un Funcionario de Policía, el cual debe cumplir de manera irrestricta una serie de requisitos y calidades desde el ámbito profesional y personal, que

colegir que adolece de la confianza de la que debe ser depositario un Funcionario de Policía, el cual debe cumplir de manera irrestricta una serie de requisitos y calidades desde el ámbito profesional y personal, que garanticen la idoneidad, moralidad, probidad y eficacia en el ejercicio de las altas responsabilidades estatales encomendadas.

Por todas las razones hasta aquí expuestas, la presente Junta de Evaluación y Clasificación desestima entonces, la posibilidad de la continuación en el servicio del señor Patrullero JOSÉ MANUEL TUTA ROJAS, como quiera que el policial con su actuar desmedid o no tuvo en cuenta las disposiciones legales creadas por el órgano legislativo con el objetivo principal de proteger vidas y bienes, del mismo modo, desconoció las los reglamentos e instrucciones impartidas al interior de la institución respecto del compromiso de acatar las normas y el código de ética policial, así como su desconocimiento de los compromisos concertados con su evaluador para adelantar con decoro y profesionalismo las labores encomendadas» [sic].

4.3. Conforme con la anterior recomendación, a través de la Resolución 02826 de 30 de junio de 201514, expedida por el director general de Policía Nacional, se dispuso el retiro del actor del servicio activo, conforme con lo previsto en los artículos 55, numeral 6, y 62 del Decreto 1791 de 2000.

4.4. La normativa y la jurisprudencia han reiterado que todo acto discrecional de retiro supone el mejoramiento del servicio y, en este orden, correspond ía al juez valorar los elementos probatorios del expediente que pudieran desvirtuar dicha presunción, especialmente los antecedentes laborales del

de retiro supone el mejoramiento del servicio y, en este orden, correspond ía al juez valorar los elementos probatorios del expediente que pudieran desvirtuar dicha presunción, especialmente los antecedentes laborales del funcionario y las anotaciones recientes en su hoja de vida, con el fin de verificar la proporcionalidad de la medida adoptada.

4.5. Del análisis de las pruebas se estableció que, durante el año 2015, próximo al retiro del actor, se presentaron circunstancias que ponían en duda su desempeño óptimo en el ejercicio de sus funciones.

4.6. Aunado a lo anterior, se observ ó que la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Nacional, a través de auto de l 1 de junio de 2015, responsabilizó disciplinariamente al actor, razón por la cual se le impuso como sanción el correctivo de 10 meses de suspensión e inhabilidad especial por haberse establecido que con su conducta infringió la Ley 1015 de 2006 . Esta situación permit ía inferir que lo manifestado por el demandante no e ra suficiente para desvirtuar la legalidad del acto acusado, toda vez que la jurisprudencia sostuvo que la eficiente prestación del servicio es una obligación de todo servidor público, que debía demostrar un buen desempeño laboral y profesional.

4.7. En ese contexto, la decisión contenida en el acto administrativo acusado se ajustó a los principios que regían la función pública, previstos en el artículo 209 de la Constitución Política, en la medida en que el retiro del actor respondió al interés general de la comunidad, que deposita su confianza en la idoneidad y capacidad del personal encargado de ejecutar la s tareas

209 de la Constitución Política, en la medida en que el retiro del actor respondió al interés general de la comunidad, que deposita su confianza en la idoneidad y capacidad del personal encargado de ejecutar la s tareas asignadas a la Fuerza Pública.5

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4.8. En consecuencia, debía concluirse que la parte demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad que cobijaba al acto administrativo acusado y las razones de buen servicio que sustentaban su retiro, por lo cual los cargos de desviación de poder y falsa motivación carecían de fundamento y no podían prosperar.

1.3. El recurso de apelación4

5. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de

primer grado con fundamento en lo siguiente:

5.1. El a quo faltó a la verdad procesal, pues el actor no registraba anotaciones negativas en su folio de vida, contrario a lo afirmado en el fallo recurrido, según el cual la existencia de registros positivos y negativos ponía en entredicho su desempeño óptimo en el ejercicio de sus funciones. Tal afirmación carecía de sustento, ya que la hoja de vida únicamente reflejaba reconocimientos, felicitaciones y calificaciones en nivel superior. En consecuencia, nunca se comprometió su idoneidad profesional ni su desempeño institucional.

5.2. La administración no ordenó el retiro del actor para mejorar la función

felicitaciones y calificaciones en nivel superior. En consecuencia, nunca se comprometió su idoneidad profesional ni su desempeño institucional.

5.2. La administración no ordenó el retiro del actor para mejorar la función policial, sino con el propósito de separarlo del cargo por una vía más expedita. Para ello, utilizó la facultad discrecional prevista en el Decreto Ley 1 791 de 2000, pese a que existía un proceso disciplinario en curso con radicado DESUC-2015-40, en el cual no se demostró responsabilidad alguna.

5.3. El director general de la institución policial abusó de dicha potestad al sustentar la decisión en piezas procesales del expediente disciplinario, que ya habían sido archivadas o desistidas. En dicho trámite, la jefa de la Oficina de Control Interno Disciplinario actuó de forma irregular al emitir 2 autos de cargos: el primero por falta gravísima y el segundo por falta grave, cuando los denunciantes ya habían desistido de las quejas.

5.4. Además, le manifestó al actor que no interpusiera recurso, bajo el argumento de que la sanción sería leve, lo que le privó del ejercicio pleno de su defensa. Posteriormente, la administración utilizó dicha actuación para justificar un retiro discrecional improcedente, lo que constituyó un claro abuso de autoridad y una desviación de poder.

5.5. La motivación del acto administrativo careció de fundamento real, pues no era razonable ordenar el retiro por razones del servicio de un uniformado que durante toda su carrera obtuvo calificaciones superiores, careció de antecedentes penales y disciplinari os y demostró un desempeño ejemplar

era razonable ordenar el retiro por razones del servicio de un uniformado que durante toda su carrera obtuvo calificaciones superiores, careció de antecedentes penales y disciplinari os y demostró un desempeño ejemplar acorde con los fines constitucionales de la Policía Nacional, de modo que la medida no se orientó al mejoramiento institucional, sino a separarlo del cargo de manera injustificada.

4 Samai, índice 3, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO », documento «20RECIBEMEMORIAL_70001333300420160001(.zip) NroActua 17 », carpeta «70001333300420160001200», archivo «46RecursoApelacion.pdf», folios 1 a 17.6

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00490-00 (6702-2023)

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5.6. La hoja de vida, las calificaciones y los reconocimientos del actor acreditaban su idoneidad, moralidad y eficiencia en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, la Junta de Evaluación y Clasificación ignoró esos méritos y recomendó su retiro con base en hechos inexistentes, en contravía de los principios de justicia, equidad y prudencia previstos en el artículo 209 de la Constitución Política. El acto impugnado distorsionó la realidad de su trayectoria y vulneró sus derechos al debido proceso y a la defensa.

1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión5

6. El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, en la

trayectoria y vulneró sus derechos al debido proceso y a la defensa.

1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión5

6. El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, en la sentencia proferida el 23 de febrero de 20 23 confirmó la providencia de primera instancia . La decisión se fundamentó en las siguientes

consideraciones:

6.1. Se encontraba probado que el demandante ingresó a la Policía Nacional el 5 de enero de 2009 y fue retirado mediante la Resolución 02826 del 30 de junio de 2015, notificada el mismo día.

6.2. La decisión de retiro se basó en la facultad discrecional prevista en los artículos 55 numeral 6 y 62 del Decreto 1791 de 2000, precedida de la recomendación de la Junta de Evaluación y Clasificación sobre la inconveniencia de su permanencia en la institución.

6.3. El ejercicio de dicha facultad debía ajustarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, con fundamento en motivos ciertos y verificables que evidenciaran afectación al servicio o a los fines constitucionales de la Policía Nacional.

6.4. En el Acta 030-APROP-GRURE-3-22 se registró un hecho ocurrido el 3 de mayo de 2015, cuando el uniformado, fuera de servicio, tomó un arma de dotación oficial y efectuó disparos al aire, conducta que originó sanción disciplinaria de suspensión por 10 meses. Este comportamiento vulneró los principios institucionales, afectó la confianza ciudadana y comprometió la imagen de la entidad.

6.5. La recomendación de retiro se sustentó en hechos objetivos y

disciplinaria de suspensión por 10 meses. Este comportamiento vulneró los principios institucionales, afectó la confianza ciudadana y comprometió la imagen de la entidad.

6.5. La recomendación de retiro se sustentó en hechos objetivos y comprobables, analizados con proporcionalidad. La pérdida de confianza resultó suficiente para disponer la desvinculación, sin requerir proceso disciplinario o penal previo, pues la facultad discrecional no constituía sanción, sino un instrumento para preservar el buen servicio.

6.6. El desempeño sobresaliente y la hoja de vida favorable del funcionario no desvirtuaron la legalidad de la medida, dado que la decisión se originó en una situación concreta que evidenció pérdida de idoneidad y moralidad. La buena conducta o la ausencia de s anciones no garantizaban estabilidad en cargos que exigían confianza y ejemplaridad.

5 Samai, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL », documento «1_DemandaWeb_ConstanciadeenvioaDemandado(.pdf) NroActua 3».7

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00490-00 (6702-2023)

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6.7. En consecuencia, el acto de retiro se mantuvo ajustado a la normativa aplicable y conservó su presunción de legalidad, por haber sido expedido con base en razones objetivas y orientadas al mejoramiento del servicio.

6.7. En consecuencia, el acto de retiro se mantuvo ajustado a la normativa aplicable y conservó su presunción de legalidad, por haber sido expedido con base en razones objetivas y orientadas al mejoramiento del servicio.

6.8. En estas condiciones, era procedente confirmar la sentencia de primera instancia proferida el 7 de noviembre de 2019 por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo.

1.5. Recurso extraordinario de revisión6

7. José Manuel Tuta Rojas interpuso recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia proferida el 23 de febrero de 20 23 por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión . Lo anterior con fundamento en la causal establecida en el numeral 5 del artículo 250 del

CPACA. Para tal efecto, consideró lo siguiente:

7.1. El fallo recurrido vulneró el debido proceso y careció de un examen riguroso del material probatorio allegado al proceso. No se revisaron ni analizaron de forma adecuada las pruebas obrantes en el expediente, pues resultó sorprendente que los registros negativos que se afirmó que existían en la hoja de vida del actor no correspondían al período que antecedió su retiro. Además, se omitió valorar documentos que incidían directamente en la decisión final.

7.2. El Tribunal Administrativo de Sucre se refirió únicamente a algunas pruebas, pero ignoró otras que desvirtuaban la legalidad del acto administrativo de retiro discrecional. Esa omisión vulneró el derecho fundamental al debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, al desconocer la valoración integral del acervo probatorio.

7.3. Era improcedente concluir que la existencia de registros positivos y

fundamental al debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, al desconocer la valoración integral del acervo probatorio.

7.3. Era improcedente concluir que la existencia de registros positivos y negativos en la hoja de vida ponía en duda su desempeño óptimo, y menos aún sostener que una sanción disciplinaria justificaba el retiro discrecional. Tal apreciación carecía de fundamento, ya que aceptar esa tesis equivaldría a considerar que toda sanción disciplinaria bastaba para aplicar el retiro discrecional, lo que haría innecesario el régimen disciplinario que regula la destitución de los servidores públicos, en especia l de los miem bros de la Policía Nacional. Por tanto, el fallador de segunda instancia faltó a la verdad procesal.

7.4. La jurisprudencia del Consejo de Estado, incluso citada en el fallo objeto de revisión, ha precisado que la facultad discrecional de retiro debe sustentarse en razones del servicio fundadas en criterios objetivos, razonables y proporcionales, orientadas a garantizar la eficiencia y eficacia de la fuerza pública, en defensa del interés general y de los fines institucionales. De acuerdo con el artículo 44 de la Ley 1437 de 2011, dicha potestad debía ejercerse de manera adecuada y motivada.

6 Samai, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL », documento «2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3», folios 1 a 19.8

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00490-00 (6702-2023)

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7.5. No obstante, los jueces de primera y segunda instancia incurrieron en error al valorar las pruebas, al considerar que la sola existencia de registros positivos y negativos demostraba un desempeño deficiente y justificaba la aplicación de la facultad discre cional. Esa conclusión se desvirtuaba con la hoja de vida del actor, que no contenía anotaciones negativas en el período previo al retiro. En consecuencia, el tribunal desconoció la verdad procesal y desestimó sin sustento las pretensiones de la demanda.

7.6. Del análisis del fallo de segunda instancia se desprendía, además, que la parte considerativa reconocía los argumentos del demandante, al advertir que solo existía una anotación negativa del año 2010, mientras que el retiro se produjo en 2015, hecho que de mostraba la inexistencia de antecedentes recientes que justificaran la decisión de desvinculación.

7.7. Por otra parte, el fallo aceptó que la acción penal y la disciplinaria eran independientes del ejercicio de la facultad discrecional, pero de manera contradictoria avaló el acto administrativo de retiro sustentado únicamente en una denuncia contra el actor, pese a que este ya había sido sancionado y no existía proceso penal en su contra.

7.8. En suma, la parte considerativa del fallo no guardó coherencia con su parte

una denuncia contra el actor, pese a que este ya había sido sancionado y no existía proceso penal en su contra.

7.8. En suma, la parte considerativa del fallo no guardó coherencia con su parte resolutiva, lo que evidenció una vulneración al debido proceso y a la valoración probatoria.

7.9. Además, aunque se presentó un incidente entre el actor y otras personas, del cual surgieron una denuncia penal y una queja interpuesta por un compañero policial que lo acusó del hurto de un arma de dotación, tales hechos fueron desvirtuados. La denuncia pe nal no prosperó, pues se demostró su falsedad, y el compañero policial envió comunicación a la Fiscalía Nacional en la que se retractó y aclaró que el actor no le había sustraído arma alguna.

7.10. A pesar de que estos hechos constaban plenamente en el expediente, el fallador de segunda instancia no los mencionó ni valoró su incidencia en la decisión, lo que configuró una incongruencia externa, en la medida en que la sentencia no guardó coherencia co n el acervo probatorio que demostraba la ilegalidad del retiro discrecional.

7.11. La sentencia de segunda instancia vulneró el principio de congruencia, al no existir correspondencia entre la parte considerativa y la resolutiva. En las motivaciones se reconoció que el actor solo registraba una anotación negativa del año 2010, mientras que el retiro se produjo en 2015, y que la acción penal y la disciplinaria eran independientes. No obstante, el fallo confirmó la legalidad del acto de retiro discrecional sin justificar la relación entre tales hechos y la decisión adoptada, lo que evidenció una contradicción interna que comprometió la validez de la providencia.

legalidad del acto de retiro discrecional sin justificar la relación entre tales hechos y la decisión adoptada, lo que evidenció una contradicción interna que comprometió la validez de la providencia.

7.12. En lo demás reiteró los argumentos del recurso de apelación, en cuanto a que el director general de la Policía Nacional ejerció indebidamente la facultad discrecional al basar el retiro en piezas procesales archivadas o9

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00490-00 (6702-2023)

Demandante: José Manuel Tuta Rojas

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desistidas. La jefa de Control Interno Disciplinario emitió dos autos de cargos pese al desistimiento de los denunciantes y persuadió al actor para no apelar, lo que limitó su defensa. Esa actuación se utilizó luego para justificar un retiro discrecional improcedente, lo que configuró una desviación de poder.

1.6. Contestación del recurso extraordinario de revisión

8. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, no se pronunció en la instancia procesal7.

1.7. Intervención del Ministerio Público

9. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto8.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

10. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de revisión de conformidad con lo regulado en el artículo 249 del CPACA, que estableció «[d]e los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas

2.1. Competencia

10. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de revisión de conformidad con lo regulado en el artículo 249 del CPACA, que estableció «[d]e los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia». Asimismo, de acuerdo con el criterio de especialidad , le corresponde a la Sección Segunda conocer de los asuntos laborales, según el artículo 13 numeral 3 del Reglamento Interno del Consejo de Estado9 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Legitimación en la causa

11. En el asunto objeto de estudio, José Manuel Tuta Rojas se encuentra legitimado para actuar como demandante, comoquiera que tuvo igual calidad dentro del proceso de nulidad y restablecimiento presentado contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, y en el cual se profirió la sentencia que se recurre en esta oportunidad.

2.3. Oportunidad para presentar el recurso

12. En este caso, la sentencia del 23 de febrero de 20 23, proferida por el Tribunal Administrativo d