CE - Sentencia 11001032500020230053300 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción especial de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2023-00533-00 (7116-2023)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Providencia recurrida: Sentencia del 7 de febrero de 20 23 proferida por el Tribunal

Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B Temas: Causal de revisión del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de

2003. Reconocimiento pensión de sobreviviente

Sentencia de revisión

Asunto

La Sala decide la acción de revisión interpuesta por la Ugpp contra la sentencia del 7 de febrero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2 que promovió María Concepción Gaona de Ovalle contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

1. Antecedentes

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho3

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Protección Social.

1. Antecedentes

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho3

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 4, María Concepción Gaona de Ovalle presentó demanda en orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones RDP-040775 del 10 de octubre de 2018, RDP 046178 del 9 de diciembre 2018 y RDP 000160 del 4 de enero de 2019 por medio de las cuales la Ugpp le negó el reconocimiento y pago de una pensión post mortem con ocasión del fallecimiento de Pablo Enrique

Ovalle Melo.

2. A título de restablecimiento del derecho pidió (i) el reconocimiento de la prestación social aludida «[…] a partir del 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993»; y el pago de las sumas reconocidas debidamente indexadas.

1 En adelante Ugpp. 2 Expediente 1001333502020190043800. 3 Ver ítem 3 de Samai. Archivo 2_DemandaWeb_Demanda(.pdf) NroActua 3 (págs. 1-9). 4 En adelante CPACA.2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-25-000-2023-00533-00

Demandante: Ugpp

1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00533-00

Demandante: Ugpp

1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Pablo Enrique Ovalle Melo nació el 20 de octubre de 1948.

3.2. Contó con un total de 17 años, 9 meses y 22 de días de servicio, así:

3.3. El servidor falleció el 26 de octubre de 1990, a los 42 años de edad.

3.4. María Concepción Gaona de Ovalle , en calidad de cónyuge supérstite, solicitó ante la Caja Nacional de Previsión Social5 el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990 y la Ley 100 de 1993.

3.5. A través de la Resolución 3538 del 16 de febrero de 2004 , Cajanal le negó el reconocimiento de la prestación social. Decisión confirmada con la Resolución 31420 del 27 de diciembre de 2004.

3.6. El 15 de junio de 2010 elevó ante Cajanal PAR Buen Futuro el reconocimiento y pago de la prestación preten dida. A través de la Resolución PAP 21457 del 21 de octubre de 2010, se le negó toda vez que, «el causante debía reunir el requisito de 20 años de servicio, toda vez que la ley 12/75 únicamente habilita la edad más no el tiempo de servicio, requisito que no cumple el causante, teniendo en cuenta que trabajó solamente 18 años 3 meses y 17 días, no adquiriendo ningún derecho, ni siendo dable la sustitución del

servicio, requisito que no cumple el causante, teniendo en cuenta que trabajó solamente 18 años 3 meses y 17 días, no adquiriendo ningún derecho, ni siendo dable la sustitución del mismo» (sic). Decisión confirmada con la Resolución PAP 40566 del 25 de febrero de 2011.

3.7. Con la Resolución RDP 040775 del 10 de octubre de 2018, la U gpp negó el reconocimiento de una pensión de vejez post mortem, al considerar que, de acuerdo con la Ley 33 de 1985, « es requisito sine quanon que el causante haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos al Estado, y para el caso en estudio dicho causante sólo acreditó un tiempo de servicio de 6,033 días, correspondientes a 862 semanas, tiempo insuficiente para proceder al reconocimiento de la prestación solicitada » (sic). Decisión confirmada con las resoluciones RDP 046178 del 09 de diciembre de 2018 y RDP 000160 del 4 de enero de 2019, esta última en la que se señaló:

«[…] Que de conformidad con las normas anteriormente transcritas y los elementos de juicio existentes en el cuaderno administrativo, no es procedente el reconocimiento de la Pensión de jubilación a favor del causante y por ende la sustitución de la misma, en razón a que el causante debía reunir el requisito de 20 años de servicio, requisito que no cumplió, teniendo en cuenta que solo se acredito 17 años 10 meses y 6 días. […] Que el Decreto 758 del 11 de abril de 1990, es el que aprueba el Acuerdo Número 049 de febrero 1 de 1990 emanado del Consejo Nacional del Seguro Social, es decir dicho

el Decreto 758 del 11 de abril de 1990, es el que aprueba el Acuerdo Número 049 de febrero 1 de 1990 emanado del Consejo Nacional del Seguro Social, es decir dicho acuerdo es procedente para esta última entidad y no para CAJANAL, hoy esta entidad,

5 En adelante Cajanal.3

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Demandante: Ugpp

por cuanto es una norma especialmente creada para aquellos tiempos que fueron cotizados única y exclusivamente al Instituto de los Seguros Sociales y que no sean computables con aquellos aportados a otras cajas o fondos de pensiones. […]». (sic)

1.2. Sentencia de primera instancia6

4. En sentencia proferida el 19 de abril de 2021, el Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá declar ó la nulidad de los actos acusados y , como restablecimiento, ordenó a la Ugpp «reconocer y pagar a favor de la señora María Concepción Gaona de Ovalle, […], en su condición de cónyuge supérstite, la pensión de sobrevinientes de conformidad con el artículo 20 del Decreto 758 de 1990, calculada con el 69% del salario mensual de base, el cual se obtiene multiplicando por el factor 4.33, la centésima parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó el trabajador en las últimas cien (100) semanas. El factor 4.33 resulta de dividir el número de semanas

centésima parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó el trabajador en las últimas cien (100) semanas. El factor 4.33 resulta de dividir el número de semanas de un año por el número de meses. La prestación debe ser reconocida a partir del 26 de octubre de 1990, fecha de fallecimiento del causante, pero con efectos fiscales desde el 24 de septiembre de 2015, por prescripción trienal» (sic).

5. La decisión se sustentó en los siguientes argumentos:

5.1. En atención a que el causante falleció el 26 de octubre de 1990, quien en laboró por 17 años, 10 meses y 64 días, le era aplicable el Decreto 758 de 1990, «por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1 de 1990 emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios ». Así, se le exigía haber cotizado 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a la muerte, o 300 semanas, en cualquier época.

5.2. En cuanto al monto, se debía acudir a los dispuesto en el artículo 20 del Decreto 758 de 1990, que determinaba las cuantías de la pensión de invalidez y vejez , así, «oscila[ba] entre el 45% y el 90% del salario mensual base, teniendo en cuenta el número de semanas cotizadas y en cuanto al salario mensual base prevé que este se obtiene multiplicando por el factor 4.33, la centésima parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó el trabajador en las últimas cien (100) semanas» (sic).

5.3. De acuerdo con la jur isprudencia de la Corte Constitucional 7 y el Consejo de

sobre los cuales cotizó el trabajador en las últimas cien (100) semanas» (sic).

5.3. De acuerdo con la jur isprudencia de la Corte Constitucional 7 y el Consejo de Estado, era posible que al afiliado que hubiera cotizado en diferentes regímenes, le fueran acumulados tiempos públicos y privados para efectos del reconocimiento pensional, de acuerdo con el Decreto 758 de 1990 , tal como aconteció en el caso de Pablo Enrique Ovalle Melo , quien antes de su fallecimient o aportó más de 300 semanas (926).

5.4. Concepción Gaona de Ovalle acreditó la condición de cónyuge supérstite previo al fallecimiento del causante, por lo que era titular del derecho reclamado, en los términos del artículo 25 del Decreto 758 de 1990.

5.5. En atención al día del fallecimiento del afiliado (26 de octubre de 1990), respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 24 de septiembre de 2015 se consideraron prescritas, pues la reclamación se presentó el 24 de septiembre de 2018.

6 Ver ítem 3 de Samai. Archivo 4_DemandaWeb_Anexos(.pdf) NroActua 3 (págs. 27-46). 7 Citó la sentencia T-938 de 2013.4

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Demandante: Ugpp

1.3. Recursos de apelación8

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Demandante: Ugpp

1.3. Recursos de apelación8

6. Concepción Gaona de Ovalle solicitó la revocatoria de la sentencia, en lo que a la configuración del fenómeno prescrip tivo se refirió , al considerar que existieron peticiones previas en las que solicitó el reconocimiento del derecho pretendido, por lo que, en aplicación del principio de favorabilidad, se debía tener en cuenta que «las mesadas prescribieron no por inactividad de mi representada, que es lo que castiga el fenómeno de la prescripción, sino por una causa no imputable a ella; como lo fue la negatoria por parte de la entidad aquí demandada» (sic).

7. La Ugpp apeló la sentencia al considerar que al causante no le era aplicable el Decreto 758 de 1990 , pues, «regula las prestaciones exclusivamente para los afiliados al ISS», circunstancia ajena a su situación, ya que como empleado público le era aplicable la Ley 33 de 1985 , la cual, al no traer la pensión de sobrevivientes, «por condición más beneficiosa [le] sería [aplicable] la ley 12 de 1975, sin embargo [aquel] no cumplió los requisitos de tiempo necesarios para tal fin» (sic).

1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión9

8. En sentencia del 7 de febrero de 202 3, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F confirmó la decisión del a quo y se abstuvo de condenar en costas en esa instancia.

9. Sustentó la decisión en los siguientes argumentos:

Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F confirmó la decisión del a quo y se abstuvo de condenar en costas en esa instancia.

9. Sustentó la decisión en los siguientes argumentos:

9.1. En razón a la fecha de l fallecimiento del causante (26 de octubre de 1990) n o eran aplicable las leyes 100 de 1993 ni 797 de 2003, sino a aquellas vigentes al momento de la causación del derecho reclamado10, esto es, el Decreto 758 de 1990.

9.2. De acuerdo con la jurisprudencia del C onsejo de Estado 11, era viable la acumulación de tiempos de servicios de diferentes empleadores con el fin de reunir el número mínimo de cotizaciones para completar el tiempo para adquirir el derecho pensional. Además, «el reconocimiento de la pensión por muerte del afiliado está a cargo de la última Entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado el causante cuando su vinculación obedeció a 6 o más años, de lo contrario la prestación corresponderá al Ente al cual se realizaron los aportes»12.

9.3. La Corte Constitucional13, en un asunto de contornos similares, determinó que, «si el afiliado acredita el cumplimiento de los requisitos contenidos en el Decreto 758 de 1990, el reconocimiento pensional le corresponde a la UGPP por ser la última Entidad a la que estuvo afiliado, en la medida que se encuentra facultada para realizar las actuaciones necesarias a efectos de realizar los recobros correspondientes» (sic).

8 Ver ítem 3 de Samai. Archivo 4_DemandaWeb_Anexos(.pdf) NroActua 3 (págs. 27-46).

necesarias a efectos de realizar los recobros correspondientes» (sic).

8 Ver ítem 3 de Samai. Archivo 4_DemandaWeb_Anexos(.pdf) NroActua 3 (págs. 27-46). 9 Ver ítem 3 de Samai. Archivo 4_DemandaWeb_Anexos(.pdf) NroActua 3 (págs. 1-26). 10 Citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

C. P. Dr. Carmelo Perdomo Cuéter, sentencia 27 de noviembre de 2020, expediente No. 05001 -2333-000-2014 01874-01(1691-18). 11 Citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Dr. Carmelo Perdomo Cuéter, expediente No. 05001-23-33-000-2015-02343-01 (3575-2021). 12 Ibidem. 13 Citó: Sentencia T-938 de 2013.5

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Demandante: Ugpp

9.4. Se probó que el afiliado acumuló 17 años, 9 meses y 29 días de servicio, lo que equivalió a 917 semanas, por lo que superó el término de cotización establecido en el artículo 6 del Decreto 758 de 1990.

9.5. Así las cosas, y al acreditarse la calidad de cónyuge supérstite de Concepción

equivalió a 917 semanas, por lo que superó el término de cotización establecido en el artículo 6 del Decreto 758 de 1990.

9.5. Así las cosas, y al acreditarse la calidad de cónyuge supérstite de Concepción Gaona de Ovalle , era beneficiaria « de forma vitalicia de la pensión por muerte del afiliado, dado que, contrajo matrimonio con el causante el 18 de diciembre de 1972, con quien convivió hasta la fecha de su fallecimiento» (sic).

9.6. Si bien se acreditaron las múltiples peticiones elevadas por la demandante para lograr el reconocimiento del derecho pretendido, lo cierto es que solo radicó la demanda el 24 de mayo de 2019, por lo que se debió tomar en cuenta para efectos prescriptivos, la última petición presentada (24 de septiembre de 2018).

1.5. Acción especial de revisión14

10. La Ugpp interpuso la acción de revisión en contra de la sentencia del 7 de febrero de 20 23 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F. Como causal de revisión invocó la establecida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

11. Como pretensión pidió infirmar la sentencia recurrida y «[ d]eclarar que María Concepción Gaona de Ovalle en calidad de cónyuge de Pablo Enrique Ovalle Melo no tiene derecho a la pensión de sobrevivientes reconocida mediante las sentencias objeto de revisión, con efectos fiscales a partir de 24 de septiembre de 2015, por cuanto las normas aplicables son las leyes 33 y 62 de 1985, NO el Decreto 758 de 1990, ap robatorio del

revisión, con efectos fiscales a partir de 24 de septiembre de 2015, por cuanto las normas aplicables son las leyes 33 y 62 de 1985, NO el Decreto 758 de 1990, ap robatorio del Acuerdo 049 de 1990 del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios. […]» (sic) y, ordenar la restitución de las sumas percibidas consecuencia del « indebido reconocimiento pensional», debidamente indexadas.

12. Lo anterior lo fundamentó en lo siguiente:

12.1. La providencia incurrió en errada aplicación del «Decreto 758 de 1990, aprobatorio del Acuerdo 049 de 1990 del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, aplicable para los afiliados al seguro de invalidez, vejez y muerte del ISS enlistados en el numeral 1º, NO para CAJANAL máxime que el fallecido sus últimos 15 años comprendidos entre el 20 de junio de 1975 estaba afiliado a CAJANAL hasta la fecha de retiro de su empleo público con el INPEC 26/10/1990, gobernando su situación pensional las Leyes 33 y 62 de 1985, sin que puedan ser aplicadas a escogencia el Decreto 758 de 1990 la cual solo aplica para el ISS, máxime que lo servido en el sector privado data de 28 de septiembre de 1970» (sic). 12.2. No se pretendió desconocer la sentencia T -938 de 2013, cuyos efectos fueron inter partes, solo que allí el último fondo de afiliación fue el Instituto del Seguro Social y, por ello, el obligado a reconocer la prestaci ón, lo cual dista de la situación en revisión, toda vez que, el causante estuvo afiliado a C ajanal previo a su

y, por ello, el obligado a reconocer la prestaci ón, lo cual dista de la situación en revisión, toda vez que, el causante estuvo afiliado a C ajanal previo a su fallecimiento, por lo que no le resultaba aplicable el Acuerdo 049 de 1990.

12.3. La decisi ón revisada desconoció el principio de la sostenibilidad financiera, pues, « conforme las liquidaciones realizadas por la Subdirección de Nomina y Determinaciones (periodo comprendido entre el 26 de octubre de 1990 al 31 de agosto de

14 Ver ítem 3 de Samai. Archivo 2_DemandaWeb_Demanda(.pdf) NroActua 3 (págs. 1-9).6

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Demandante: Ugpp

2023), arroja un total de pago por retroactivo por la suma de $107.655.706,93 m/cte» (sic).

1.6. Contestación de la acción de revisión15

13. María Concepci ón Gaona de Ovalle se opuso a l recurso , por las siguie ntes

razones:

13.1. Le asist ió el derecho a percibir la pensi ón de sobre viviente respecto del causante Pablo Enrique Ovalle Melo, en su calidad de cónyuge supérstite, pues, cumplió con los requisitos para ello contenidos en el Decreto 758 de 1990, ya que el afiliado cotizó más de 300 semanas previo a su deceso.

cumplió con los requisitos para ello contenidos en el Decreto 758 de 1990, ya que el afiliado cotizó más de 300 semanas previo a su deceso.

13.2. La jurisprudencia del Consejo de Estado 16 permitió la acumulación de tiempos de servicio públicos y privados, para acreditar los requisitos del referido decreto. En la sentencia T-938 de la Corte Constitucional, se «precisó que si el afiliado acredita el cumplimiento de los requisitos contenidos en el Decreto 758 de 1990, el reconocimiento pensional le corresponde a la UGPP por ser la última entidad a la que estuvo afiliado, en la medida en que se encuentra facultada para realiz ar las actuaciones necesarias a efectos de realizar los recobros pertinentes».

13.3. La causal de revisión invocada, descrita en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , resultó improcedente , pues, la prestación pensional reconocida se ajustó a los requisitos legales y jurisprudenciales aplicables, frente a la cual se aplicó la prescripción trienal y se le incluyó en nómina en marzo del 2024.

1.7. Ministerio Público

14. El Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no se pronunciaron.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

15. Esta Sala es competente para decidir la presente acción de revisión de conformidad con lo regulado en el artículo 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003, 249, inciso 2 del CPACA17 y 13 del Acuerdo 080 de 201918 expedido por la Sala Plena de esta corporación por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda

inciso 2 del CPACA17 y 13 del Acuerdo 080 de 201918 expedido por la Sala Plena de esta corporación por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

16. Para el análisis del requisito de oportunidad de la acción de revisión en este asunto, es importante precisar que el artículo 251 del CPACA dispone que debe

15 Ver ítem 3 de Samai. Archivo 13_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda(.pdf) NroActua 14. 16 Citó: «providencia de 23 de abril de 2020, expediente 25000 -23-42-000-2016-02417-01 (33512018). C.P. Gabriel Valbuena Hernández». 17 Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […] 18 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.7

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Demandante: Ugpp

interponerse « dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el presente caso, la sentencia del 7 de febrero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B fue notificada el 22 de febrero de 2023 por correo electrónico19 y las partes no solicitaron

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B fue notificada el 22 de febrero de 2023 por correo electrónico19 y las partes no solicitaron su aclaración o complementación, por lo que quedó ejecutoriada el 1.° de marzo siguiente20. Así las cosas, al radicarse el recurso el 31 de octubre de 202 3 se concluye que su presentación fue oportuna.

2.3. Problema jurídico

17. Se circunscribe a resolver : ¿si e n la sentencia del 7 de febrero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B se configuró la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , en cuanto se accedió al reconocimiento de la pensión de sobreviviente a favor de María Concepción Gaona de Ovalle?

2.3.1. Generalidades de la acción especial de revisión

18. La Ley 797 de 2003 21 se expidió con el fin de reformar algunas de las disposiciones previstas en el régimen general de pensiones regulado en la Ley 100 de 1993. Entre las normas que introdujo se encuentra el artículo 20 en el que

dispuso lo siguiente:

Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo22 hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del

de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables […]. (se resalta)

19 Ver ítem 19 de Samai en el expediente contencioso 1001333502020190043801. Archivo 17_NOTIFICACIONELECTRONICADESENTENCIA_SECRETARIA_20190043801(.pdf) NroActua 19. 20 Ver ítem 20 de Samai en el expediente contencioso 1001333502020190043801. Archivo 18_OFICIOCOMUNICANDOLADECISION_OFICIOCOM_20190438DOCX(.pdf) NroActua 20 21 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales. 22 Texto subrayado declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C -835 de

100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales. 22 Texto subrayado declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C -835 de 2003.8

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Demandante: Ugpp

19. De conformidad con lo dispuesto en el artículo citado, las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias y por las causales descritas en sus literales a) y b). De este modo, a través de la acción especial de revisión es posible invalidar los efectos jurídicos de las sentencias ejecutoriadas que incurran en estas, por lo que constituye una excepción al principio de cosa juzgada.

20. En lo que respecta a la causal del literal a) «[c]uando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso […]», la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que para su configuración debe acreditarse que la pensión fue reconocida con vulneración de alguna de las garantías que el artículo 29 de la Constitución Política incluyó como parte de tal derecho.

21. Entre esta s se han mencionado las siguientes i) el derecho al juez natural o funcionario competente; ii) el derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento; y iii) las garantías de audiencia y defensa, dentro de las que se

21. Entre esta s se han mencionado las siguientes i) el derecho al juez natural o funcionario competente; ii) el derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento; y iii) las garantías de audiencia y defensa, dentro de las que se encuentran el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem23.

22. Así mismo, a la parte demandante le corresponde demostrar que el juez desconoció alguna de las garantías aludidas al proferir la decisión. En efecto «[ l]a prueba de la violación del debido proceso es carga de quien la invoca, hecho que debe estar suficientemente acreditado en el expediente, pues solo así podría quebrarse la cosa juzgada de la sentencia recurrida y dar paso al restablecimiento de la justicia material como fin legítimo de esta acción especial de revisión […]»24.

23. A su vez, la causal del literal b) «[c]uando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables […]» se configura cuando la sentencia objeto de controversia reúne los

siguientes supuestos:

1. decretó el derecho a devengar sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza con determinado monto.

1. que los recursos para el pago del derecho conferido están a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública; y

1. que el monto de la prestación periódica no corresponda a lo legalmente

cualquier naturaleza con determinado monto.

1. que los recursos para el pago del derecho conferido están a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública; y

1. que el monto de la prestación periódica no corresponda a lo legalmente establecido porque excede la cuantía determinada por las normas aplicables

24. La finalidad de esta causal es permitir que las entidades públicas legitimadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 puedan accionar contra una sentencia judicial ya ejecutoriada y que ha hecho tránsito a cosa juzgada, para corregirla porque reconoció pr estaciones periódicas cuyo monto o cuantía excede lo legalmente

23 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicado: 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV). 24 Consejo de Estado, Sala 2 Especial de Decisión, sentencia del 24 de septiembre de 2021, radicado: 11001-03-15-000-2018-01426-00(REV).9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-25-000-2023-00533-00

Demandante: Ugpp

previsto. En ese orden, en lo que respecta al sistema pensional pretende restablecer el propósito y la sostenibilidad del sistema pensional bajo los principios de solidaridad y equilibrio financiero.

25. Además de lo anterior, la jurisprudencia , incluida la de esta Sala de Decisión 25,

el propósito y la sostenibilidad del sistema pensional bajo los principios de solidaridad y equilibrio financiero.

25. Además de lo anterior, la jurisprudencia , incluida la de esta Sala de Decisión 25, ha establecido que cuando se alega la materialización de la causal b) aludida no basta acreditar el hecho objetivo de que el valor pensional reconocido excedió el que legalmente debió otorgarse, sino que es necesario que se pruebe que el incremento fue consecuencia de una evidente vuln eración del ordenamiento jurídico, con una interpretación de la ley caprichosa o con abuso del derecho o fraude a la ley o que no guarde relación con la trayectoria laboral del pensionado.

Esto descarta los casos en que se produjo como resultado de una in terpretación jurisprudencial válida sobre determinada norma26.

26. Así mismo, la causal se creó con el objetivo específico de discutir la cuantía o el monto de la prestación social y no para que las entidades de previsión social reabran el debate sobre el cumplimiento de los requisitos del derecho pensional. Al respecto, esta corporación ha ind