CE - Sentencia 11001032500020230056900 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2023-00569-00 (7607-2023)

Demandante: Joel Miranda Navarro

Demandado: Nación Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Temas: Causal de revisión del artículo 250.5 del CPACA. Nulidad de la sentencia por vulneración del principio de congruenc ia.

DECLARA INFUNDADO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto 1 por el señor Joel Miranda Navarro contra la sentencia del veintisiete (27) de octubre de dos mil veintitrés (2023) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E2, para lo cual invocó la causal contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el señor Joel Miranda Navarro ostenta la condición de soldado profesional y el 24 de agosto de 2018 presentó una petición con el fin de que se le reconociera y pagara el reajuste del 20% en el salario básico mensual , el subsidio familiar y la

Que el señor Joel Miranda Navarro ostenta la condición de soldado profesional y el 24 de agosto de 2018 presentó una petición con el fin de que se le reconociera y pagara el reajuste del 20% en el salario básico mensual , el subsidio familiar y la prima de actividad; sin embargo, el Ejército Nacional por medio de oficio del 12 de septiembre de 2018 negó el reconocimiento del subsidio familiar y guardó silencio frente a lo demás.

Que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instauró demanda co ntra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, solicitando entre otras cosas, que se declarara la configuración del acto ficto, por medio del cual se niega el reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20% y de la prima de actividad y como consecuencia de ello, se condenara a la entidad al reconocimiento y pago de tales emolumentos, del subsidio familiar , y a reliquidar las prestaciones sociales y factores salariales de acuerdo al salario básico conformado por el mínimo aumentado al 60%.

1 La presentación del recurso se efectuó el 21 de noviembre de 2023 , de acuerdo con la anotación efectuada por la Secretaría de esta Corporación que reposa en el índice 00003 de SAMAI. 2 Decisión que modificó y confirmó la sentencia proferida el 19 de enero de 2023 , por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Girardot que negó las pretensiones dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.Radicado: 11001-03-25-000-2023-00569-00 (7607-2023)

Administrativo del Circuito Judicial de Girardot que negó las pretensiones dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.Radicado: 11001-03-25-000-2023-00569-00 (7607-2023)

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Dicho proceso fue fallado por el Juzgado Primero Administrativo de Girardot, el 19 de enero de 2023. Declaró la existencia del acto ficto que negó el reajuste del 20% y la prima de actividad; tuvo por probada la excepción de carencia del derecho del demandante e inexistencia de la obligación ; declaró no probada la excepción de caducidad y negó las demás pretensiones de la demanda.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

En providencia del 27 de octubre de 2023 , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E modificó y confirmó la decisión proferida por el juez de primera instancia, que negó las pretensiones.

Para sustentar su decisión desarrolló los siguientes argumentos:

Que el inciso 1.º del artículo 1.º del Decreto 1794 de 2000, consagra un mandato expreso al establecer que los soldados profesionales que se incorporaron después de su entrada en vigencia tienen derecho al reconocimiento y pago de una asignación salarial mensual incrementada en un 40% y los soldados voluntarios que se encontraban vinculados a 31 de diciembre de 2000 y que i ngresaron como soldados profesionales, seguirían devengando un salario mínimo mensual legal vigente incrementado en un 60%. Regla jurisprudencial que se fijó en sentencia de

se encontraban vinculados a 31 de diciembre de 2000 y que i ngresaron como soldados profesionales, seguirían devengando un salario mínimo mensual legal vigente incrementado en un 60%. Regla jurisprudencial que se fijó en sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, radicado 20130006001(3420-2015) proferida por esta Corporación.

En cuanto al reconocimiento del subsidio familiar, dijo obra en el expediente copia de la escritura pública No. 113 del 22 de julio de 2015 otorgada por la Notaría Única del Circuito de Tamalameque, mediante la cual se realizó la de claración de unión marital de hecho entre el demandante y la señora Silvia Marina Ortega Jiménez a partir del 24 de diciembre de 2011, de cuya unión nacieron tres hijas, entre ellas una menor de edad.

Que aun cuando la entidad demandada conoció de la unión marital de hecho desde que fue declarada por medio de escritura pública , la misma se originó y constituyó desde el 24 de diciembre de 2011, por lo que es esta la fecha que debe tenerse en cuenta a efectos de determ inar la procedencia de dicho beneficio. Que resultaría desproporcionado exigirle al demandante informar el cambio de estado civil cuando en virtud de lo dispuesto en el Decreto 3770 de 2009 y con la expedición del Decreto 1161 de 2014, no se impuso el cumplimiento de dicho deber.

Ordenó en consecuencia, liquidar el subsidio desde el 24 de diciembre de 2011 hasta la fecha del retiro en un 4% de la asignación básica más el 58.5% de la asignación básica por concepto de prima de antigüedad. Que la entidad deb erá

hasta la fecha del retiro en un 4% de la asignación básica más el 58.5% de la asignación básica por concepto de prima de antigüedad. Que la entidad deb erá descontar del valor reconocido las sumas que fueron canceladas por concepto de subsidio familiar pagado con fundamento en el Decreto 1161 de 2014, haciendo la salvedad que viene percibiendo lo correspondiente al 25%.

Respecto del reajuste salarial di jo que el demandante prestó su servicio militar delRadicado: 11001-03-25-000-2023-00569-00 (7607-2023)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 6 de julio del 2000 al 16 de septiembre de 2001 e ingresó como soldado profesional el 19 de septiembre de 2001 hasta el 28 de agosto de 2019, sin haber ostentado la calidad de soldado voluntario, por lo q ue no tiene derecho al reajuste salarial del 20%, pues su vinculación como soldado profesional se dio con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 1794 del 2000, esto es, 1.º de enero de 2001.

En relación a la petición de inaplicar los Decretos 1793 y 1794 de 2000 por inconstitucionalidad, dijo que debe tener se en cuenta que los mismos fueron expedidos conforme a la competencia compartida entre el legislador y el Gobierno Nacional para regular el régimen salarial y prestacional de los miembros de la Fuerza Pública, por lo que, el demandante confunde el derecho a la igualdad con las condiciones temporales de igualdad en las que las asignaciones salariales

Nacional para regular el régimen salarial y prestacional de los miembros de la Fuerza Pública, por lo que, el demandante confunde el derecho a la igualdad con las condiciones temporales de igualdad en las que las asignaciones salariales pueden adquirirse, p ues tal diferenciación se encuentra justificada en el límite temporal fijado por medio del Decreto 1794 de 2000. Que en lo que atañe al control de convencionalidad, no se advierte ninguna vulneración de los derechos humanos del demandante que justifique la inaplicación de dichas normas.

Frente a la solicitud del reconocimiento y pago de la prima de actividad prevista para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, afirmó que los soldados profesionales no tienen derecho a devengar otras prestaciones sociales diferentes a las señaladas en el Decreto 1 794 del 2000 , dentro del cual no se previó dicha prestación, lo que se encuentra justificado en tanto que no se está frente a s ujetos que se encuentren en las mismas condiciones y que desempeñen las mismas funciones, supuestos necesarios para que se predique la vulneración del derecho a la igualdad.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

El actor presentó recurso extraordinario de revisión, para lo cual invocó la causal 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 y s olicita se declare la nulidad de la sentencia y se envíe el expediente al juez de primera instancia para que dicte una nueva decisión, donde se resuelva de fondo lo planteado en la demanda. De manera subsidiaria, solicita que, se examine la violación al debido proceso «a la luz de la institución de la decisión judicial motivada de forma incompleta y deficiente», dadas

nueva decisión, donde se resuelva de fondo lo planteado en la demanda. De manera subsidiaria, solicita que, se examine la violación al debido proceso «a la luz de la institución de la decisión judicial motivada de forma incompleta y deficiente», dadas las similitudes que comparte esta figura con la falta de congruencia.

Para sustentar el recurso, presentó los siguientes argumentos:

Que como soldado profesional, tien e asignadas las mismas funciones que los soldados profesionales que fueron incorporados al Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares que estaban activos antes de su entrada en vigencia, es decir, los sold ados voluntarios . S in embargo, se encuentra en una situación de discriminación salarial pues nunca ha recibido el salario proporcional a su trabajo ni lo correspondiente a la prima de actividad.

Se refirió a la sentencia de primera instancia para decir que en ella no se realizó el juicio de igualdad en la modalidad trabajo igual – salario igual debido a la diferenciaRadicado: 11001-03-25-000-2023-00569-00 (7607-2023)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 salarial del 20%, no resolvió de forma completa, exhaustiva, y rigurosa lo relacionado con el contenido de los siguientes cargos presentados en la demanda y tampoco se pronunció de forma completa sobre los hechos 8, 9, 10, 12, 13 ,14, 15, 20, 21 ni sobre los argumentos expuestos en los alegatos de conclusión.

También cuestionó que en el recurso de apelación, se solicitó al Tribunal adicionar

15, 20, 21 ni sobre los argumentos expuestos en los alegatos de conclusión.

También cuestionó que en el recurso de apelación, se solicitó al Tribunal adicionar la sentencia de primera instancia para que analizara de manera exhaustiva cada uno de los argumentos planteados en las pretensiones de la demanda y anulara la decisión por desconocer el artículo 55 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, los artículos 280 y 281 del Código General del Proceso y el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, aspectos que no fueron objeto de estudio. Como no se resolvieron de manera completa y rigurosa los reparos o críticas a la providencia apelada, especialmente en relación con el reconocimiento del reajuste del 20 % salarial y la prima de actividad, ya que hizo caso omiso a los puntos planteados en el recurso.

Expresó que dentro de los argumentos planteados en el recurso de apelación respecto de la diferencia salarial, no se resolvieron los siguientes aspectos:

• El desconocimiento del thema petendi señalado en la demanda. • El error del juez en considerar que no son pasibles de comparación los sujetos que se le ruegan sean comparados en el juicio de igualdad por existir dos regímenes diferentes, lo cual a su vez lo lleva a resolver el caso con una norma derogada. • El despacho de primera instancia cometió un error al aplicar la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, dado que no correspondía en el caso concreto. • «Yerra el Despacho, en la sentencia, al considerar que existe un régimen de transición laboral para los solados voluntarios y que debido a tal supuesto régimen el demandante no tiene derecho a la diferencia del 20% de salario reclamada en la

concreto. • «Yerra el Despacho, en la sentencia, al considerar que existe un régimen de transición laboral para los solados voluntarios y que debido a tal supuesto régimen el demandante no tiene derecho a la diferencia del 20% de salario reclamada en la demanda». • «Yerra el Despacho, en la sentencia, al considerar que dada la naturaleza jurídica que tiene la diferencia del 20% para los soldados voluntarios, incorporados al nuevo régimen de carrera del soldado profesional creado en el Decreto Ley 1793 de 2000, que se produjo de manera generalizada a través de las Órdenes Administrativas de Personal números 1241 de 20 de enero de 2001 y 1175 de 20 de octubre de 2003, por medio de las cuales el Ministerio de Defensa dispuso la conversión obligatoria de todos los soldados volun tarios en soldados profesionales, el demandante no puede acceder a dicha diferencia salarial». • «El Despacho, en su fallo, fundamentó la negación del restablecimiento de la igualdad en un criterio objetivo ficticio, que no tiene capacidad de ser objetivo para justificar la desigualad, y además lo dio por probado sin estarlo». • «Incurre en un error de hecho, pues da por probado sin estarlo, los verdaderos criterios objetivos que justifican el trato diferente en materia salarial a la luz del precedente constitucional, lo que configura su violación, Sentencia T-369/16, T-097 de 2006, T-545A de 2007, T-833 de 2012, entre otros» • «El Despacho desconoce el precedente Constitucional, contenido entre otras sentencias en la C -022/96; Sentencia C -862/08, y Sentencia C -536/16, donde se

• «El Despacho desconoce el precedente Constitucional, contenido entre otras sentencias en la C -022/96; Sentencia C -862/08, y Sentencia C -536/16, donde se afirma que: “la carga argumentativa está inclinada en favor de la igualdad».Radicado: 11001-03-25-000-2023-00569-00 (7607-2023)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 • «No conformó la proposición jurídica completa de las normas aplicables para resolver la litis, pues omitió aplicar la Sentencia de Unificación de la H. Corte Constitucional, Sentencia SU-519/97 que fue reiterada en la sentencia SU 547 de

1997. Pese a que hi zo una mención en la sentencia con relación a la solicitud realizada por el suscrito, nunca hubo un estudio profundo de tal situación». • «El Despacho con la sentencia apelada, desconoce la igualdad formal en la cual se encuentra mi poderdante con relación a los soldados profesionales que antes fueron soldados voluntarios». • «El Despacho pretermitió en la valoración de los medios de convicción que obran en el expediente, y la aplicación de las instituciones jurídico probatorias vigentes con los cuales se prueba la igualdad material, y a pesar de ello niega el derecho pedido». • «El Despacho desconoce el precedente Constitucional contenido en la Sentencia T230/94; el precedente contenido en la Sentencia T -079/95 que fue ratificado después en la sentencia T -335/00, así como el precedente contenido en la Sentencia T-247 de 2010, el cual fija el contenido del DERECHO FUNDAMENTAL

230/94; el precedente contenido en la Sentencia T -079/95 que fue ratificado después en la sentencia T -335/00, así como el precedente contenido en la Sentencia T-247 de 2010, el cual fija el contenido del DERECHO FUNDAMENTAL DEL DEBIDO PROCESO PROBATORIO». • «No existe una sola prueba, y tampoco existe probada una causal objetiva que justifique el trato de desigu aldad que recibe mi poderdante, y a pesar de ello, el Despacho negó el reconocimiento del derecho pedido». • «El Despacho, en la sentencia, desconoció la inversión de la carga de la prueba ipso iure y la PRESUNCIÓN DE DISCRIMINACIÓN , a favor de mi poderdante, y en contra de la entidad demandada quien debía probar que el trato desigual que ofrece a mi poderdante está basado en un criterio objetivo y exento de violación del derecho fundamental de la igualdad en cabeza del demandante». • «Acuso la sentencia de desconocer abiertamente el artículo 53 de la Constitución política, específicamente los siguientes principios mínimos fundamentales: a. Igualdad de oportunidades para los trabajadores; b. remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; c. primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales». • «El Despacho tuvo por probado, sin estarlo, la existencia del pago proporcional al demandante de un salario acorde a la cantidad y calidad de trabajo que aporta a la institución». • «La sentencia incurre en violación directa de la constitución, específicamente de los principios de la función pública, concretamente en el desconocimiento de los principios generales de la carrera administrativay de la carrera administrativa en

institución». • «La sentencia incurre en violación directa de la constitución, específicamente de los principios de la función pública, concretamente en el desconocimiento de los principios generales de la carrera administrativay de la carrera administrativa en las fuerzas militares para los soldados profesionales, como el merito y la igualdad de oportunidades». • La sentencia no resolvió la excepción de inconstitucionalidad ni la de inconvencionalidad propuestas, y no realizó el test de ponderación de derechos, pese a haberlo afirmado. • «La sentencia incurre en un yerro al afirmar que de reconocerse la igualdad salarial se incurriría en una violación al PRINCIPIO DE LA INESCENDIBILIDAD NORMATIVA». • En el presente caso son procedentes las excepciones de inconstitucionalidad y de inconvencionalidad.

En cuanto a la prima de actividad, se señaló que no se resolvieron los siguientes planteamientos:

• El error del juez en considerar que no son pasibles de comparación los sujetos que se le ruegan sean comparados en el juicio de igualdad.Radicado: 11001-03-25-000-2023-00569-00 (7607-2023)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 • La sentencia incurre en un error conceptual al confundir la naturaleza jurídica del salario con la de la prestación salarial. • Se desconoció que el demandante cu mple las condiciones previstas en la norma que regula la prima de actividad para oficiales y suboficiales. • «La entidad demandada no presentó ninguna excepción en la contestación de la

del salario con la de la prestación salarial. • Se desconoció que el demandante cu mple las condiciones previstas en la norma que regula la prima de actividad para oficiales y suboficiales. • «La entidad demandada no presentó ninguna excepción en la contestación de la demanda, ni probó ningún criterio objetivo de justificación del derecho a la no discriminación, situación que no tuvo en cuenta el Despacho». • «El despacho asume en la sentencia El criterio de que las funciones de los oficiales y suboficiales son diferentes a las que presta el soldado profesional, y que, por eso, es justificado el trato de exclusión de la prima de actividad. Y soporta tal justificación, en sendas sentencias judiciales». • «El Despacho desconocer el precedente Constitucional, contenido entre otras sentencias en la C -022/96; Sentencia C -862/08, y Sentencia C -536/16, donde se afirma que: “la carga argumentativa está inclinada en favor de la igualdad”». • «El Despacho desconoce el precedente Constitucional contenido en la Sentencia T-230/94; el precedente contenido en la Sentencia T -079/95 que fue ratificado después en la sentencia T -335/00, así como el precedente contenido en la Sentencia T-247 de 2010, el cual fija el contenido del DERECHO FUNDAMENTAL DEL DEBIDO PROCESO PROBATORIO». • «El Despacho, en la sentencia, desconoció la inversión de la carga de la prueba ipso iure y la PRESUNCIÓN DE DISCRIMINACIÓN, a favor de mi poderdante, y en contra de la entidad demandada quien debía probar que el trato desigual que ofrece a mi poderdante está basado en un criterio objetivo y exento de violación del derecho fundamental de la igualdad en cabeza del demandante».

contra de la entidad demandada quien debía probar que el trato desigual que ofrece a mi poderdante está basado en un criterio objetivo y exento de violación del derecho fundamental de la igualdad en cabeza del demandante».

TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto del 1.º de febrero de 2024 , se admitió el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra La NaciónMinisterio de DefensaEjército Nacional.

Contestación al recurso extraordinario

La NaciónMinisterio de DefensaEjercito Nacional guardó silencio3.

Concepto del Ministerio Público

La Procuraduría Tercera Delegada ante esta Corporación rindió concepto en el que solicitó declarar infundado el recurs o. Que no hay vulneración al principio de congruencia, pues lo que se plantea que no fue objeto de pronunciamiento por parte del juez de segunda instancia, no se co rresponde con la realidad, ya que lo que pretende el recurrente es que el juez se pronuncie en los términos y con el orden y criterio temático que él desea. Estimó que todos los aspectos men cionados en el recurso se encuentran subsumidos dentro de los ac ápites de los fallos acusados , por lo que, a pesar de que la causal fue debidamente invocada, en este caso no se vulneró el principio de congruencia.

Se decidirá previas las siguientes,

3 Véase índice 00012 de SAMAI.Radicado: 11001-03-25-000-2023-00569-00 (7607-2023)

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CONSIDERACIONES

Con el fin de determinar si procede la revisión de la sentencia impugnada , la Sala estudiará: i) generalidades del recurso extraordinario de revisión , ii) la c ausal de revisión invocada en el recurso, iii) el principio de congruencia; y, finalmente, v) el caso concreto.

Generalidades del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de las decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada4. En términos de artículo 248 del

CPACA:

«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».

El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos legales de una sentencia ya ejecutoriada 5. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo 250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por alguno de los siguientes eventos:

1. Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las cuales, de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente6.

1. Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en la adopción de la sentencia que se pretende anular7.

de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente6.

1. Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en la adopción de la sentencia que se pretende anular7.

1. Existencia de nuli dades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que no podían ser objeto de recurso de apelación.

1. Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada8.

Si bien la revisión constituye una vía que afecta el principio de la inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al principio de la cosa juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia para discutir los problema s jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas

4 El ar tículo 248 del CPACA señala: «El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos». 5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15 de marzo de 2018. Exp. 1001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez. 6 Como la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso fortuito, la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada o la desaparición, al momento del reconocimiento, de las razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación periódica.

la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada o la desaparición, al momento del reconocimiento, de las razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación periódica. 7 Como el hallazgo de documentos falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos relevantes por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o violencia en la emisión del fallo. 8 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613)Radicado: 11001-03-25-000-2023-00569-00 (7607-2023)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las partes ni para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.

En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del recurso, es necesario que la causal invocada por la recurrente se encuentre debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias consagradas taxativamente en la ley9.

Causal quinta de revisión

El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el hecho de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra

consagradas taxativamente en la ley9.

Causal quinta de revisión

El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el hecho de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación […]». De allí que, para que resulte procedente la causal en mención, debe existir una sentencia ejecutoriada que ponga fin al proceso . Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.

Es preciso que la nulidad se desprenda de la sente ncia objeto del recurso extraordinario, es decir, que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en que se profiere la decisión judicial pues, de generarse por una situación ocurrida con anterioridad que no fue oportunamente alega da, procedería su saneamiento. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado como nulidad originada en la sentencia la que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien tiene la carga procesal de demostrar esta circunstancia10.

La causal de nulidad contemplada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA se configura cuando (i) ocurre alguna de las causales expresamente previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso (CGP) 11, que establece ocho motivos específicos de nulidad de las sentencias, o (ii) cuando se presentan irregularidades insaneables que vulneran de manera sustancial el derecho al debido proceso 12, al

artículo 133 del Código General del Proceso (CGP) 11, que establece ocho motivos específicos de nulidad de las sentencias, o (ii) cuando se presentan irregularidades insaneables que vulneran de manera sustancial el derecho al debido proceso 12, al punto de que, de no haberse producido, la decisión judicial hab ría sido distinta; A modo enunciativo, la jurisprudencia ha señalado que esto ocurre en situaciones como:

9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Admin istrativo. Sala Veintitrés Especial de Decisión. Sentencia del 1 de octubre de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. 10 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 3 de diciembre de 20 19 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001 -03-15-000-2018-01235-00) y el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-15-000-2012-00643-00). 11 Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 1100103-15-000-1998-00157-01. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001 -03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de De La

Hoz; y Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Exp. 11001 -03-15-000-201502342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro 12 La Sala Plena del Consejo de Estado, en diversas providen cias, incluyendo la sentencia del 31 de mayo de 2011 (expediente 11001-03-15-000-2008-00294-00), ha señalado otros casos en los que se configura la nulidad en la sentencia, a saber : falta de competencia, pronunc