CE - Sentencia 11001032500020240005900 de 2025

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2024-00059-00 (0895-2024)

Demandante: Nelson Fidel Barbosa Ospina

Demandados: Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH y Comisión

Nacional del Servicio Civil (CNSC)- Carlos Ernesto García Ruiz

Temas: Causal quinta de revisión. Trámite previo a la sentencia.

Publicación de estado electrónico. Ausencia de envío de mensaje de datos. DECLARA FUNDADO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto1 por el señor Nelson Fidel Barbosa Ospina contra la sentencia del veintiuno (21) de julio de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E 2, para lo cual invoc ó la causal del numeral 5 del artículo 250 del CPACA.

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que mediante el Acuerdo 550 del 28 de agosto de 2015, la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) convocó a concurso abierto de méritos para proveer empleos

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que mediante el Acuerdo 550 del 28 de agosto de 2015, la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) convocó a concurso abierto de méritos para proveer empleos vacantes en la planta de personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), bajo la Convocatoria 333 de 2015. Entre los empleos ofertados se encontraba el cargo de Experto, Código G3, Grado 6, en la Vicepresidencia Técnica de la ANH.

En la etapa de verificación de requisitos mínimos, la CNSC admitió a varios aspirantes, entre ellos, al demandante y al señor Carlos Ernesto García Ruiz. Superadas las pruebas, en febrero de 2017 se publicaron los resultados y, el 5 de abril del mismo año, se conformó la lista de elegibles mediante Resolución CNSC 20172110023295, en la cual él ocupó el primer lugar, y el señor Carlos Ernesto García Ruiz el segundo, quien ya venía desempeñando ese cargo por encargo desde 2012.

Que l a Comisión de Personal y la Subdirección de Talento Humano de la ANH solicitaron a la CNSC su exclusión de la lista, alegando que no acreditó experiencia

1 La presentación del recurso se efectuó el 19 de febrero de 2024. Véase índice 00001 del aplicativo SAMAI. 2 Decisión que confirmó la sentencia proferida el 13 de junio de 2017, por el Juzgado Tercero Administrativo del

Circuito de Pereira en el cual se abstuvo de continuar con la ejecución.Radicado: 11001-03-25-000-2024-00059-00 (0895-2024)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 en el sector hidrocarburos. En respuesta, la CNSC, mediante Auto 20172110005304 del 16 de mayo de 2017, le requirió para constatar el cumplimiento de los requisitos y, posteriormente, mediante Auto 20172110006524 del 27 de julio de 2017, archivó la actuación al verificar que sí cumplía con lo exigido . Adicionalmente, el Departamento Administrativo de la Función Pública emitió concepto el 2 de junio de 2017, indicando que no se debían incluir observaciones restrictivas sobre la formación académica en el manual de funciones, conforme a la normativa vigente y al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior

(SNIES).

Como resultado, la ANH expidió la Resolución 590 del 13 de octubre de 2017, nombrándolo en el cargo de Experto, Código G3, Grado 6, en el cual se posesionó el 1º de diciembre de 2017 y, una vez superado el periodo de prueba, ejerció el cargo de forma sobre saliente hasta 2023, según consta en sus calificaciones anuales.

Que el señor Carlos Ernesto García Ruiz ejerció el medio de nulidad y restablecimiento del derecho contra la ANH y la CNSC, solicitando anular la Resolución 590 de 2017, la lista de elegibles y el auto de archivo, y que se ordenara su reintegro al cargo.

restablecimiento del derecho contra la ANH y la CNSC, solicitando anular la Resolución 590 de 2017, la lista de elegibles y el auto de archivo, y que se ordenara su reintegro al cargo.

Que fue vinculado como tercero interesado el 23 de mayo de 2019, pero su contestación del 8 de agosto de 2019 no fue tenida en cuenta por no contar con apoderado judicial.

Que, mediante auto del 6 de marzo de 2020, el Juzgado consideró improcedente la solicitud presentada por el tercero interesado para que se le designara un apoderado de oficio, al estimar que «la figura de ‘abogado de oficio’ no está contemplada dentro del procedimiento administrativo […]. El tercero con interés presentó en nombre propio contestación a la demanda, sin que en ninguna de sus partes solicitara el amparo de pobreza. [Y en tanto] al notificarse personalmente de la demanda el 23 de mayo de 2019 [y pre sentarse la solicitud por fuera del plazo previsto en el artículo 152 del CGP], […] no e[ra] viable darle trámite a la solicitud [y] no se tendrá por contestada la demanda respecto a éste».

Que el Juzgado 20 Administrativo Oral de Bogotá negó las pretensiones mediante sentencia del 16 de diciembre de 2021, validando su nombramiento , al considerar que los actos acusados habían sido expedidos conforme a derecho, teniendo en cuenta que el empleo ocupado por el demandante lo era en encargo, y aunque conformaba la lista de elegibles, ocupaba el segundo puesto, por lo que delante de él existía una persona con mejor derecho, a quien efectivamente había nombrado la entidad en el cargo ofertado.

Que la anterior decisión fue notificada a la dirección electrónica de correo indicada

conformaba la lista de elegibles, ocupaba el segundo puesto, por lo que delante de él existía una persona con mejor derecho, a quien efectivamente había nombrado la entidad en el cargo ofertado.

Que la anterior decisión fue notificada a la dirección electrónica de correo indicada desde su ignorada participación en el proceso el 9 de febrero de 2022.

Esta decisión fue apelada por el señor García Ruiz el 25 de enero de 2022 —sin remitir copia del memorial a las demás partes —, y mediante auto del 14 deRadicado: 11001-03-25-000-2024-00059-00 (0895-2024)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 diciembre de 2022 se admitió el recurso. No obstante, el despacho únicamente envió el mensaje de datos con el aviso de notificación a los buzones electrónicos de las entidades accionadas, omitiendo hacerlo respecto del suyo.

Que el 9 de marzo de 2023, la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ingresó el expediente al Despacho respectivo, indicándole que ninguna de las partes ni el Ministerio Público habían efectuado pronunciamiento alguno.

Como consecuencia, el Tribunal resolvió la apelación sin permitirle intervenir y, mediante fallo del 21 de julio de 2023, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, entre otros aspectos, declaró la nulidad de la lista de elegibles y su nombramiento en el cargo aludido.

Que fue notificado de la decisión el 24 de julio de 2023, momento en el cual conoció

en su lugar, entre otros aspectos, declaró la nulidad de la lista de elegibles y su nombramiento en el cargo aludido.

Que fue notificado de la decisión el 24 de julio de 2023, momento en el cual conoció que se había interpuesto, tramitado y decidido un recurso de apelación contra la providencia —favorable a sus pretensiones — proferida en primera instancia. Posteriormente, el 22 de septiembre del mismo año, recibió notificación oficial de su retiro del cargo, formalizado mediante Resolución 10769 del 11 de septiembre de 2023.

Que interpuso acción de tutela en agosto de 2023, alegando vulneración a su derecho al debido proceso, defensa y contradicción, y solicitó dejar sin efectos los actos procesales posteriores a la admisión de la apelación. La Sección Primera del Consejo de E stado la negó por improcedente; decisión que la Sección Quinta confirmó el 9 de noviembre de 2023, señalando que existían otros mecanismos judiciales, como el establecido en el artículo 250 del CPACA.

Que, durante el trámite constitucional, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca reconoció que por error de un escribiente no se le notificó sobre la admisión de la apelación, pese a que su dirección electrónica era conocida desde la primera instancia.

Que la autoridad judicial intentó subsanar el error con posterioridad a la notificación de la sentencia, al remitir tardíamente a su correo electrónico la comunicación del estado que notificó la admisión del recurso de apelación el 24 de agosto de 2023.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

El 21 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia

estado que notificó la admisión del recurso de apelación el 24 de agosto de 2023.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

El 21 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia mediante la cual revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró la nulidad de los actos administrativos y ordenó a la CNSC excluir al señor Nelson Fidel Barbosa Ospina de la lista de elegibles conformada en la Convocatoria 333 de 2015, para el empleo de carrera denominado «experto», código G3, grado 6 de la ANH. Además, dispuso la reestructuración de dicha lista únicamente en lo que concierne al demandante, Carlos Ernesto García Ruíz.

Para sustentar su decisión desarrolló los siguientes argumentos:Radicado: 11001-03-25-000-2024-00059-00 (0895-2024)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Indicó que el nombramiento del señor Barbosa Ospina, quien ocupó el primer lugar, se realizó de manera irregular, ya que este no cumplía con los requisitos de experiencia en el sector de hidrocarburos, exigidos por la convocatoria para el empleo con OPEC 205138. E sta plaza, correspondiente al nivel asesor de la Vicepresidencia Técnica de la ANH, exigía como requisito mínimo 51 meses de experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo si se acreditaba especialización, o 75 meses en caso contra rio. Adicionalmente, para quienes se postularan en el núcleo básico de conocimientos denominado «ingeniería civil y

experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo si se acreditaba especialización, o 75 meses en caso contra rio. Adicionalmente, para quienes se postularan en el núcleo básico de conocimientos denominado «ingeniería civil y afines» —categoría en la que se inscribió el señor Barbosa Ospina —, la ANH estableció que la experiencia debía ser específicamente en el sector de hidrocarburos.

Encontró que e l señor Barbosa Ospina acreditó título profesional en Ingeniería Catastral y Geodesia y título de especialista en Gerencia de Proyectos en Ingeniería, cumpliendo así con los requisitos académicos y habilitándose para acreditar 51 meses de experiencia. Sin embargo, determinó que la experiencia presentada fue desempeñada en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entidad cuya función principal es la producción y gestión de información estadística oficial, sin vinculación con el sector de hidrocarburos. Por lo tanto, consideró que la experiencia aportada no podía considerarse válida para efectos de la convocatoria, dado el requisito específico exigido por la ANH.

Dijo que en el Auto CNSC-20172110006524 del 27 de julio de 2017, la CNSC indicó que el señor Barbosa Ospina contaba con 54 meses de experiencia relacionada. Sin embargo, del análisis probatorio se evidenció que la experiencia realmente acreditada era de 57 meses y 1 día, y que existían inconsistencias entre los contratos suscritos y las certificaciones aportadas.

Indicó que la CNSC no realizó un análisis sustancial sobre si dicha experiencia se desarrolló efectivamente en el sector de hidrocarburos, limitándose a validar documentos sin verificar el cumplimiento del requisito sectorial específico. Incluso,

Indicó que la CNSC no realizó un análisis sustancial sobre si dicha experiencia se desarrolló efectivamente en el sector de hidrocarburos, limitándose a validar documentos sin verificar el cumplimiento del requisito sectorial específico. Incluso, expuso que d el análisis contenido en dicho auto se observa que se aludió a otro empleo distinto y a un tercero (Eduin Yezid Carrillo Vega), sin emitir pronunciamiento específico sobre el señor Barbosa Ospina, lo que descartó que se tratara de un simple error mecanográfico, como se argumentó en la sentencia de primera instancia.

Concluyó que el Auto CNSC-20172110006524 estaba viciado por falsa motivación, al no realizar un estudio de fondo respecto de la experiencia profesional exigida. La omisión de este análisis implicó que se incluyera en la lista de elegibles a un aspirante que no cumplía los requisitos establecidos para el empleo OPEC 205138, lo cual justifica su exclusión. En consecuencia, era procedente revocar la sentencia de primera instancia, accediendo parcialmente a las pretensiones.

Declaró la nulidad parcial del auto mencionado, exclusivamente en lo referente al señor Barbosa Ospina, así como de la Resolución 590 del 13 de octubre de 2017, por medio de la cual fue nombrado en el cargo mencionado. Se ordenó además a la CNSC reestructur ar la lista de elegibles únicamente en lo que atañe al señorRadicado: 11001-03-25-000-2024-00059-00 (0895-2024)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Carlos Ernesto García Ruíz.

Aclaró que la nueva lista de elegibles, en lo que respecta al demandante, tendr ía una vigencia de dos años contados a partir de su publicación por parte de la CNSC. Sin embargo, precisó que no es competencia de esta jurisdicción ordenar el reintegro del señor García Ruíz al cargo que venía desempeñando en encargo, ni su nombramiento en el empleo para el cual concursó.

Que, aunque se probó que el señor Barbosa Ospina no cumplía los requisitos exigidos, lo procedente era retrotraer la actuación administrativa al momento de conformación de la lista, para que la ANH, como entidad nominadora, sea quien determine si el señor García Ruíz cumple con los requisitos exigidos para su eventual nombramiento. En esa medida, tampoco procede el reconocimiento de salarios, prestaciones o perjuicios morales, toda vez que no se trata de un caso de reintegro sino de una corrección en la conformación de la lista de elegibles, derivada del incumplimiento de los requisitos por parte de quien originalmente ocupó el primer lugar. De este modo, indicó que se abre la posibilidad de que el señor García Ruíz ascienda al primer puesto, pero será la ANH quien evalúe y decida sobre su nombramiento en periodo de prueba.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

El señor Nelson Fidel Barbosa Ospina interpuso recurso extraordinario de revisión al considerar que la sentencia impugnada se encuentra incursa en la causal quinta prevista en dicha disposición.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

El señor Nelson Fidel Barbosa Ospina interpuso recurso extraordinario de revisión al considerar que la sentencia impugnada se encuentra incursa en la causal quinta prevista en dicha disposición.

Para sustentar el recurso, presenta los fundamentos que pasan a exponerse:

Que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , omitió notificarle la admisión del recurso de apelación interpuesto por el señor Carlos Ernesto García Ruiz contra la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 20 Administrativo del Circuito de Bogotá, omisión que le impidió ejercer su derecho de defensa, intervenir en segunda instancia, pronunciarse sobre el recurso, solicitar pruebas o presentar alegatos de conclusión, configurando una nulidad procesal sustancial conforme al artículo 208 del CPACA, que remite a las causales de nulidad previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso (CGP).

Que particularmente se configuran las establecidas en los numerales 5 y 6, que sancionan las omisiones en la oportunidad para practicar pruebas, alegar de conclusión, sustentar o controvertir recursos.

Cito el artículo 201 del CPACA que dispone que las providencias no sujetas a notificación personal deben comunicarse por estado, mediante anotación electrónica y con el envío de mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales; obligación que, de omitirse según la Sentencia del 24 de octubre de 2013, Exp. 08001-23-33-000-2012-0047-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez hace que la notificación no surta efectos.Radicado: 11001-03-25-000-2024-00059-00 (0895-2024)

2013, Exp. 08001-23-33-000-2012-0047-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez hace que la notificación no surta efectos.Radicado: 11001-03-25-000-2024-00059-00 (0895-2024)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Que el propio Tribunal en sede de tutela reconoció que no se envió el mensaje de datos al correo electrónico del señor Barbosa Ospina, a pesar de estar registrado desde la primera instancia. Esta omisión, atribuida a un error del escribiente, fue igualmente reconocida por el Consejo de Estado – Sección Quinta al resolver la tutela.

Señaló que el mensaje de datos enviado no incluyó, relacionó ni identificó su correo electrónico, y en el memorial de apelación tampoco fue mencionado ni copiado. Esta última omisión vulneró también el numeral 4º del artículo 78 del CGP y desconoció el deber legal consagrado en el artículo 2º de la Ley 2213 de 2022, frustrando su derecho a intervenir oportunamente.

En consecuencia, el Tribunal pretermitió de forma absoluta la segunda instancia para el recurrente, impidiéndole: i) pronunciarse sobre el recurso de apelación conforme a lo previsto en el artículo 247, numeral 4º del CPACA; ii) solicitar y practicar pruebas en los términos del artículo 212 ibídem; y iii) presentar alegatos de conclusión, como lo establece el numeral 5º del artículo 247.

A pesar de ello, la Secretaría del Tribunal indicó erradamente , a través de

practicar pruebas en los términos del artículo 212 ibídem; y iii) presentar alegatos de conclusión, como lo establece el numeral 5º del artículo 247.

A pesar de ello, la Secretaría del Tribunal indicó erradamente , a través de constancia secretarial, que ningún sujeto procesal se había pronunciado sobre el recurso ni había presentado alegatos , afirmación que desconoce que la falta de intervención del señor Barbosa Ospina no fue una decisión voluntaria, sino la consecuencia directa de no haber sido notificado de la admisión del recurso.

Considera que l a omisión de notificación del auto admisorio, primera providencia dentro del trámite de segunda instancia, implica la pretermisión de toda la segunda instancia y, por ende, una grave vulneración del debido proceso; circunstancia que no fue advertida por el Tribunal al momento de dictar sentencia de segunda instancia, ni siquiera después de haber reconocido en sede de tutela el error de notificación.

Que tampoco puede afirmarse que la notificación extemporánea corregía el defecto, pues dicha comunicación fue tardía e ineficaz para garantizar su participación o defensa, y fue emitida cuando ya se encontraba en curso la decisión definitiva del Tribunal, que c ulminó con la revocatoria de la sentencia favorable y su desvinculación del cargo público que ejercía desde el 1º de diciembre de 2017 , el cual representaba el único sustento laboral que tenía.

Manifestó que las nulidades procesales invocadas —i) falta de notificación del auto admisorio de apelación; ii) omisión de oportunidad probatoria en segunda instancia; iii) omisión del traslado para alegar de conclusión; y iv) omisión del traslado para

Manifestó que las nulidades procesales invocadas —i) falta de notificación del auto admisorio de apelación; ii) omisión de oportunidad probatoria en segunda instancia; iii) omisión del traslado para alegar de conclusión; y iv) omisión del traslado para pronunciarse sobre el recurso— solo pudieron ser conocidas una vez fue notificado del fallo de segunda instancia. Fue entonces cuando tuvo conocimiento de la existencia del recurso, de su admisión y de la decisión que revocó su nombramiento.

Estas irregularidades, constitutivas de nulidad, afectaron gravemente su derecho de defensa, contradicción y acceso a la justicia. De haberse respetado el procedimiento, su intervención podría haber conducido a una decisión distinta o, alRadicado: 11001-03-25-000-2024-00059-00 (0895-2024)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 menos, habría permitido exponer argumentos y pruebas que respaldaban la legalidad de su nombramiento.

Afirmó que la negativa del juez de primera instancia a concederle el amparo de pobreza le impidió ejercer adecuadamente su defensa en esa etapa, por lo que la segunda instancia representaba su única oportunidad para hacerlo, incluyendo la posibilidad de solicitar la práctica de pruebas, como lo autoriza el artículo 212 del CPACA.

Contestaciones al recurso extraordinario de revisión

La ANH3 expresó que no tiene dentro de sus funciones la provisión de vacantes en los concursos de mérito, dado que la CNSC es la entidad encargada de adelantar el

CPACA.

Contestaciones al recurso extraordinario de revisión

La ANH3 expresó que no tiene dentro de sus funciones la provisión de vacantes en los concursos de mérito, dado que la CNSC es la entidad encargada de adelantar el proceso de selección para la provisión de empleos de la planta de personal, desde su diseño, construcción, v alidación, individualización, ensamble, diagramación y aplicación de las pruebas escritas.

Que, al no proferir autos ni sentencias, la ANH no puede ser ejecutora de la decisión contenida en el recurso, ni puede predicarse omisión alguna de esa entidad.

Que, cumplió con lo dispuesto en la sentencia judicial, dando aplicación a los principios de debido proceso y cosa juzgada establecidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – en fallo de segunda instancia.

Por su parte, la CNSC4 señaló que, de evidenciarse que la decisión del Tribunal vulneró el derecho fundamental al debido proceso del recurrente, se estaría afectando la garantía prevista en el artículo 29 de la Constitución. Esto habría dejado al interesado en estado de indefen sión, al carecer de un medio o mecanismo procesal que le permitiera ejercer su derecho de contradicción y legítima defensa para demostrar al fallador judicial el error en que incurrió al adoptar su decisión.

El señor Carlos Ernesto García Ruiz, pese a haber sido notificado en debida forma, guardó silencio.

Concepto del Ministerio Público

La Procuraduría Tercera Delegada ante esta Corporación no rindió concepto.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala determinar si procede la revisión de la sentencia emitida el

La Procuraduría Tercera Delegada ante esta Corporación no rindió concepto.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala determinar si procede la revisión de la sentencia emitida el 21 de julio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , considerando la causal presentada por el recurrente.

3 Véase índice 00022 del aplicativo SAMAI. 4 Véase índice 00023 del aplicativo SAMAI.Radicado: 11001-03-25-000-2024-00059-00 (0895-2024)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Para el efecto, la Sala estudiará: i) Generalidades del recurso extraordinario de revisión, ii) Causal de revisión invocada y iii) Caso concreto.

Generalidades del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de las decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada5. En términos de artículo 248 del

CPACA:

«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».

El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos legales de una sentencia ya ejecutoriada 6. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo 250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de

El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos legales de una sentencia ya ejecutoriada 6. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo 250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por alguno de los siguientes eventos:

1. Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, l as cuales, de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente7.

1. Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en la adopción de la sentencia que se pretende anular8.

1. Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que no podían ser objeto de recurso de apelación.

1. Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada9.

Si bien la revisión constituye una vía que afecta el principio de la inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al principio de la cosa juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia para discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las partes o para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.

5 El ar tículo 248 del CPACA señala: «El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del

5 El ar tículo 248 del CPACA señala: «El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos». 6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15 de marzo de 2018. Exp. 11001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P . William Hernández Gómez. 7 Como la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso fortuito, la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada o la desaparición, al momento del reconocimiento, de l as razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación periódica. 8 Como el hallazgo de documentos falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos relevantes por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o violencia en la emisión del fallo. 9 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613)Radicado: 11001-03-25-000-2024-00059-00 (0895-2024)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del recurso, es necesario que la causal invocada por la recurrente se encuentre debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias consagradas taxativamente en la ley10.

Causal quinta de revisión

El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el hecho de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación […]». De allí que, para que resulte procedente la causal en mención, debe existir una sentencia ejecutoriada que ponga fin al proceso . Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.

Es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto del recurso extraordinario, es decir, que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en que se profiere la decisión judicial pues, de generarse por una situación ocurrida con anterioridad q ue no fue oportunamente alega da, procedería su saneamiento. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado como nulidad originada en la sentencia la que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien tiene la carga procesal de demostrar esta circunstancia11.

en la sentencia la que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien tiene la carga procesal de demostrar esta circunstancia11.

La causal de nulidad contemplada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA se configura cuando (i) ocurre alguna de las causales expresamente previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso (CGP) 12, que establece ocho motivos específicos de nulidad de las sentencias, o (ii) cuando se presentan irregularidades insaneables que vulneran de manera sustancia