CE - Sentencia 11001032500020240007000 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2024-0007-00 (1137-2024)

Demandante: Luis Felipe Montejo Casas Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Causal 5 del artículo 250 del CPACA . Improcedencia para discutir errores por aplicación normativa. Alteración en el objeto del litigio. DECLARA FUNDADO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión que interpuso1 el señor Luis Felipe Montejo Casas contra la sentencia del veintidós (22) de febrero de dos mil veintitrés (2023), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca2, para lo cual invocó la causal contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que ingresó al Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC) como dragoneante, el 16 de septiembre de 1988 y completó los 20 años de servicio el 16 de septiembre de 2008.

Que ingresó al Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC) como dragoneante, el 16 de septiembre de 1988 y completó los 20 años de servicio el 16 de septiembre de 2008.

Afirmó que m ediante Resolución PAP 051904 del 5 de mayo de 2011, la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL) le reconoció el derecho a la pensión de vejez, con fundamento en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986, pero calculó el ingreso base de liquidación conforme a la Ley 100 de 1993 e incluyó únicamente los factores salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994.

Que solicitó en varias oportunidades a la UGPP la correcta liquidación de su pensión, con fundamento en las normas que regulan su régimen especial de pensiones —Ley 32 de 1986 y artículo 45 del Decreto 1045 de 1978—. Sin embargo, dichas peticiones fueron negadas mediante las Resoluciones RDP 016340 del 20

1 La presentación del recurso se efectuó el 16 de febrero de 2024, de acuerdo con la anotación efectuada por la Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación que reposa en el índice 00001 de SAMAI. 2 Decisión que revocó la sentencia proferida el 21 de agosto de 2020 , por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga que negó las pretensiones dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho.Radicado: 11001-03-25-000-2024-0007-00 (1137-2024)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 de abril de 2016, RDP 041148 del 30 de octubre de 2017, RDP 048785 del 5 de diciembre de 2017 y RDP 047903 del 22 de diciembre de 2017.

Que ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el propósito de que se efectuara la correcta liquidación de su prestación, tomando como base los factores salariales devengados durante su último año de servicios, conforme a lo previsto en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buga, mediante sentencia del 21 de agosto de 2020, negó las pretensiones, al considerar que, si bien el ingreso del actor a la entidad se produjo antes de la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, no se acreditó que se hubiesen efectuado cotizaciones sobre los factores cuya inclusión se solicitaba y aplicó lo dispuesto en la sentencia del 28 de agosto de 2018 del Consejo de Estado.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el actor, revocó la decisión de primera instancia. En cumplimiento de esta providencia, la UGPP expidió la Resolución RDP 013383 del 26 de mayo de 2023, med iante la cual reconoció la prestación pensional, y aplicó el régimen pensional definido en la decisión judicial.

de esta providencia, la UGPP expidió la Resolución RDP 013383 del 26 de mayo de 2023, med iante la cual reconoció la prestación pensional, y aplicó el régimen pensional definido en la decisión judicial.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

En la providencia del del 22 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó la decisión de primera instancia y declaró la nulidad de los actos administrativos que reconocieron y reliquidaron la pensión de vejez del señor Luis Felipe Montejo Casas, por considerar que se aplicó un régimen pensional indebido en contravía del ordenamiento jurídico y en detrimento del patrimonio público.

Para sustentar su decisión desarrolló los siguientes argumentos:

Que aunque en el escrito de apelación se indicó que la controversia se limitaba a la Resolución 047903 del 22 de diciembre de 2017, mediante la cual se confirmó la negativa a reliquidar la pensión con la inclusión de todos los factores salariales percibidos, lo cierto es que, por tratarse de prestaciones periódicas y de actos administrativos estrechamente vinculados, resultaba necesario examinar el régimen pensional aplicable y analizar de manera integral la totalidad de los actos administrativos que conforman la unidad de materia.

Señaló que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, para ser beneficiario del régimen de transición del Decreto 2090 de 2003 es necesario cumplir dos requisitos: acreditar al menos 500 semanas cotizadas al 28 de julio de 2003 y satisfacer, adicion almente, las condiciones de edad o tiempo de servicio previstas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

cumplir dos requisitos: acreditar al menos 500 semanas cotizadas al 28 de julio de 2003 y satisfacer, adicion almente, las condiciones de edad o tiempo de servicio previstas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Afirmó que, si bien el demandante contaba con las 500 semanas exigidas y se había vinculado al INPEC desde el 16 de septiembre de 1988, no cumplía con los requisitos adicionales de transición, pues para el 1° de abril de 1994 tenía 26 años y menos de seis años de servicio, lejos de los 40 años o 15 años de servicios queRadicado: 11001-03-25-000-2024-0007-00 (1137-2024)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 exige la norma. Por tanto, no podía acogerse al régimen especial de la Ley 32 de 1986.

Determinó que la pensión debía liquidarse bajo las reglas generales del sistema de prima media con prestación definida previsto en la Ley 100 de 1993, pues el actor cumplía los requisitos del artículo 36 —mínimo de 1300 semanas y 55 años de edad alcanzados el 8 de julio de 2022 —, y que el ingreso base de liquidación debía calcularse con el promedio de los últimos diez años de cotización, conforme al artículo 21 de la misma ley y al Decreto 1158 de 1994, criterio que la entidad había reconocido en la Resoluc ión 016340 pero no aplicó al invocar el principio de favorabilidad.

Que la pretensión del actor de incluir todos los factores salariales del último año de

reconocido en la Resoluc ión 016340 pero no aplicó al invocar el principio de favorabilidad.

Que la pretensión del actor de incluir todos los factores salariales del último año de servicio no estaba llamada a prosperar pues las partidas reclamadas no estaban enlistadas en el citado decreto.

Citó la sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, el 19 de enero de 2017, expediente radicado núm. 11001 -03-15-000-2015-02281-01, para destacar que el principio de la non reformatio in pejus no es absoluto ni ilimitado. Que cuando se evidencia que un reconocimiento no se ajusta al ordenamiento jurídico, en detrimento del patrimonio público, lo procedente es estudiar el asunto, primando el interés general sobre el particular. A su juicio, ello no vulnera el derecho al debido proceso, la defensa y la contradicción de la parte actora precisamente, porque fue ella quien sometió al escrutinio judicial la legalidad del acto administrativo por infracción del ordenamiento en que debía fundarse.

Declaró la nulidad de la Resolución 016340 del 20 de abril de 2016 en lo relativo a la reliquidación de la pensión con base en lo devengado durante el último año de servicio. Sin embargo, la consideró ajustada a derecho en cuanto a la inclusión de los factores salariales correctos, conforme a los enlistados en el Decreto 1158 de

1994. Por las mismas razones, declaró la nulidad de la Resolución 047903 de 2017, la cual, aunque indicó que lo procedente era tener en cuenta lo devengado en los últimos diez años de servicio, confirmó la decisión anterior.

1994. Por las mismas razones, declaró la nulidad de la Resolución 047903 de 2017, la cual, aunque indicó que lo procedente era tener en cuenta lo devengado en los últimos diez años de servicio, confirmó la decisión anterior.

Además, declaró la nulidad de la Resolución PAP 051904 de 5 de mayo de 2011 que reconoció y ordenó el pago de la pensión, pues consideró que se trataba de una actuación administrativa que integra una unidad de materia y propósito, que es efectuar un reconocimiento carente de respaldo legal, lo que conlleva a que deban tener idéntico destino: ser extraídas del ordenamiento jurídico.

Ordenó a la UGPP expedir un nuevo acto administrativo reconociendo la pensión bajo las reglas del Decreto 2090 de 2003, calculando el ingreso base de liquidación con Ley 100 de 1993 y limitando los factores salariales a aquellos sobre los cuales efectivamente se realizaron aportes. Además, precisó que, aunque el reconocimiento se efectuará a partir del 8 de julio de 2022, no habr ía lugar al pago de retroactivos ni a la devolución de valores percibidos, dado que el actor actuó de buena fe.Radicado: 11001-03-25-000-2024-0007-00 (1137-2024)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

El señor Luis Felipe Montejo Casas interpuso recurso extraordinario de revisión al considerar que la sentencia está incursa en la causal 5 de la citada legislación.

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

El señor Luis Felipe Montejo Casas interpuso recurso extraordinario de revisión al considerar que la sentencia está incursa en la causal 5 de la citada legislación.

Para sustentar el recurso, presentó los siguientes argumentos:

Sostuvo que el Tribunal incurrió en un error al considerar que no era beneficiario de la Ley 32 de 1986, pues, aun cuando la sentencia cuestionada verificó que el demandante ingresó al INPEC antes del 28 de julio de 2003 y que cumplía con las 500 semanas de cotiz ación exigidas por el Decreto 2090 de 2003 para acceder a los beneficios de dicha ley, le impuso el cumplimiento de los requisitos de transición previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Que esta exigencia resulta ajena al régimen especial aplicable a los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional y había sido descartada de manera expresa por la jurisprudencia pacífica y reiterada del Consejo de Estado en pronu nciamientos previos, entre ellos, citó las sentencias del 19 de enero (exp. 3752-2021), 2 de febrero (exp. 3423-2018) y 16 de febrero de 2023 (exp. 6382-2019), que constituyen precedente judicial o, en su defecto, doctrina probable que debía ser observada por el juez ad quem.

Que, en cumplimiento de la sentencia recurrida, la UGPP, mediante la Resolución RDP 013383 del 26 de mayo de 2023, reconoció la pensión del actor bajo un régimen diferente y más desfavorable, disminuyendo incluso el monto frente a lo

Que, en cumplimiento de la sentencia recurrida, la UGPP, mediante la Resolución RDP 013383 del 26 de mayo de 2023, reconoció la pensión del actor bajo un régimen diferente y más desfavorable, disminuyendo incluso el monto frente a lo que venía percibiendo, situa ción que vulnera directamente el inciso octavo del artículo 48 de la Constitución Política. Precisa que, en ningún momento, la pretensión de la demanda estuvo dirigida a cuestionar el reconocimiento de la pensión —que siempre fue válido y ajustado a derech o—, sino exclusivamente a solicitar su reliquidación con base en los factores salariales devengados en el último año de servicios, conforme a la Ley 32 de 1986 y al artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

Adujo que, por haber ingresado al INPEC antes de la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, es beneficiario del régimen de transición constitucional aplicable a este régimen especial, condición que se encuentra plenamente demostrada mediante los certifica dos expedidos por el INPEC y allegados como prueba. Desconocer este hecho —afirma— resulta contrario a la justicia material, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la realidad probatoria acreditada en el proceso.

Que resulta contraria al régimen constitucional y legal que regula las pensiones de los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC, vulnerando principios y derechos fundamentales como el debido proceso, la congruencia, la seguridad social, la dignidad humana, la justicia material y los derechos adquiridos.

Reprochó que se haya ordenado el reconocimiento de la pensión con base en los

y derechos fundamentales como el debido proceso, la congruencia, la seguridad social, la dignidad humana, la justicia material y los derechos adquiridos.

Reprochó que se haya ordenado el reconocimiento de la pensión con base en los artículos 3, 4 y 7 del Decreto 2090 de 2003, aplicando un régimen no solicitado yRadicado: 11001-03-25-000-2024-0007-00 (1137-2024)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 menos favorable que el previsto en la Ley 32 de 1986, en la Constitución y en la jurisprudencia consolidada del Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

Manifestó que la correcta liquidación de su pensión debe efectuarse conforme a los factores salariales previstos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 o en los establecidos por el Decreto 446 de 1994, sobre los cuales realizó aportes durante toda su vida laboral, circunstancia aceptada mediante la Circular 0027 de 2013 del INPEC.

Contestación al recurso extraordinario de revisión

La UGPP, debidamente notificada de la admisión del recurso 3, no presentó pronunciamiento alguno.

Concepto del Ministerio Público

El señor Procurador Tercero Delegado ante esta Corporación, mediante concepto núm. 268 del 30 de julio de 2024, solicitó declarar infundado el recurso extraordinario de revisión, al considerar que no se configuran los presupuestos de la causal quinta invocada, pues no se advierte vulneración de la regla procesal de

núm. 268 del 30 de julio de 2024, solicitó declarar infundado el recurso extraordinario de revisión, al considerar que no se configuran los presupuestos de la causal quinta invocada, pues no se advierte vulneración de la regla procesal de congruencia.

Indicó que al señor Luis Felipe Montejo Casas le es aplicable el régimen pensional de la Ley 32 de 1986, que cobija a los miembros del INPEC en actividades de alto riesgo y exige únicamente veinte (20) años de servicio, requisito que fue cumplido, dado que el actor laboró entre el 16 de septiembre de 1988 y el 31 de diciembre de 2016.

Precisó que, al no regular la Ley 32 de 1986 el monto de la pensión resulta aplicable el artículo 4 de la Ley 4ª de 1966, según el cual esta se liquida con el 75% del promedio mensual del último año de servicios, considerando los factores establecidos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

Si bien se acreditó que el actor devengó en ese período la prima de navidad, también prevista en el decreto citado, no existe prueba de que sobre dicho emolumento se hubieran efectuado aportes al sistema pensional; por tanto, concluyó que no procede reliquidar la pensión de jubilación reconocida.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala determinar si procede la revisión de la sentencia emitida el 22 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo d el Valle del Cauca , considerando la causal invocada por el recurrente.

3 La entidad se notificó personalmente del auto admisorio de la demanda mediante mensaje de datos enviado

22 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo d el Valle del Cauca , considerando la causal invocada por el recurrente.

3 La entidad se notificó personalmente del auto admisorio de la demanda mediante mensaje de datos enviado el 17 de junio de 2024 (véase índice 00011 de SAMAI).Radicado: 11001-03-25-000-2024-0007-00 (1137-2024)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Para ello, la Sala abordará los siguientes aspectos : i) Generalidades del recurso extraordinario de revisión, ii) Causal de revisión invocada, y iii) Caso concreto.

Generalidades del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de las decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada4. En términos de artículo 248 del

CPACA:

«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».

El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos legales de una sentencia ya ejecutoriada 5. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo 250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por alguno de los siguientes eventos:

250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por alguno de los siguientes eventos:

1. Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, l as cuales, de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente6.

1. Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en la adopción de la sentencia que se pretende anular7.

1. Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que no podían ser objeto de recurso de apelación.

1. Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada8.

Si bien la revisión constituye una vía que afecta el principio de la inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al principio de la cosa juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia para discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las partes ni para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.

4 El ar tículo 248 del CPACA señala: «El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos». 5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15

Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos». 5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15 de marzo de 2018. Exp. 1001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez. 6 Como la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso fortuito, la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada o la desaparición, al momento del reconocimiento, de las razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación periódica. 7 Como el hallazgo de documentos falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos relevantes por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o violencia en la emisión del fallo. 8 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613)Radicado: 11001-03-25-000-2024-0007-00 (1137-2024)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del recurso, es necesario que la causal invocada por la recurrente se encuentre debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias

recurso, es necesario que la causal invocada por la recurrente se encuentre debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias consagradas taxativamente en la ley9.

Causal quinta de revisión

El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el hecho de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación […]». De allí que, para que resulte procedente la causal en mención, debe existir una sentencia ejecutoriada que ponga fin al proceso . Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.

Es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto del recurso extraordinario, es decir, que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en que se profiere la decisión judicial pues, de generarse por una situación ocurrida con anterioridad q ue no fue oportunamente alega da, procedería su saneamiento. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado como nulidad originada en la sentencia la que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien tiene la carga procesal de demostrar esta circunstancia10.

La causal de nulidad contemplada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA se configura cuando (i) ocurre alguna de las causales expresamente previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso (CGP) 11, que establece ocho motivos

La causal de nulidad contemplada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA se configura cuando (i) ocurre alguna de las causales expresamente previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso (CGP) 11, que establece ocho motivos específicos de nulidad de las sentencias, o (ii) cuando se presentan irregularidades insaneables que vulneran de manera sustancial el derecho al debido proceso 12, al punto de que, de no haberse producido, la decisión judicial habría sido distinta; A modo enunciativo, la jurisprudencia ha señalado que esto ocurre en situaciones como:

«(i) es inhibitorio; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el principio de la non reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se

9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintitrés Especial de Decisión. Sentencia del 1 de octubre de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. 10 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001 -03-15-000-2018-01235-00) y el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-15-000-2012-00643-00).

11 Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 1100103-15-000-1998-00157-01. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001 -03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; y Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Exp. 11001 -03-15-000-201502342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro 12 La Sala Plena del Consejo de Estado, en diversas providencias, incluyendo la sentencia del 31 de mayo de 2011 (expediente 11001-03-15-000-2008-00294-00), ha señalado otros casos en los que se configura la nulidad en la sentencia, a saber: falta de compete ncia, pronunciamientos sin el trámite debido, decisiones adoptadas fuera de los términos legales, condenas sobre aspectos no solicitados o respecto de personas ajenas al proceso, ausencia total de motivación, o irregularidades en la votación o suscripción del fallo.Radicado: 11001-03-25-000-2024-0007-00 (1137-2024)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena extra,

8 profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena extra, ultra o infra petita»13.

Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a otros eventos insanables que implican la violación de derechos constitucionales y procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma finalidad del recurso extraordinario de revisión: por un lado, permitir que decisiones manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el principio de seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones excepcionales en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que sin ella el fallo se hubiera proferido en otro sentido14.

Principio de congruencia

Sobre la congruencia de la sentencia, el artículo 281 del CGP, prevé:

«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. […]».

Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia del 9 de julio de 202015, señaló que el principio de congruencia es entendido como el deber legal que tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto puesto en su conocimiento con

Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia del 9 de julio de 202015, señaló que el principio de congruencia es entendido como el deber legal que tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto puesto en su conocimiento con fundamento en las pretensiones, las pruebas aportadas, las normas aplicables y lo alegado por las partes, sin incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita16, como regla general.

Dicho principio tiene dos connotaciones, a saber, externa, cuando la decisión está en armonía con lo pedido y alegado por las partes e interna, cuando existe coherencia en lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la providencia17. Al respecto, es importante destacar que, en caso de existir incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez de la

13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia del 16 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez. 14 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado. Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia del 18 de agosto de 2020. Exp.11001-03-15-000-2017-02369-00. 15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 9 de julio de

2020. Exp. 11001-03-25-000-2015-00391-00. C.P. William Hernández Gómez. Cfr. Consejo de Estado. Sala de

lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. S entencia del 25 de enero de 2018. Exp. 25000 -23-41-0002013-00911-01. C.P. María Elizabeth García González. 16 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 16 de agosto de 2002. Exp. 76001 -23-24-000-1997-04345-01 (12668 -1997). C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié donde se indicó: «[…] Cuando en una providencia judicial, no se respeta el principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una causa diferente o deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones». 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Exp.: 50001-23-31-000-2002-00198-02 (15770). C.P. María Inés Ortiz Barbosa.Radicado: 11001-03-25-000-2024-0007-00 (1137-2024)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a su nulidad.

Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos parámetros.

www.consejodeestado.gov.co 9 sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución difere