CE - Sentencia 11001032500020240023300 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2024-00233-00 (3152-2024) Recurrente: Gina Cristina Guayacán Mora Asunto: Recurso extraordinario de revisión

Tema: recurso extraordinario de revisión. Causal del numeral 5 del artículo 250 del CPACA. Nulidad originada en la sentenci a que puso fin al proceso . Reiteración de jurisprudencia.

SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Gina Cristina Guayacán Mora contra la sentencia del 18 de mayo de 2023, proferida por la Sección Segunda, Subsección D, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, que negó las pretensiones de la demanda.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Gina Cristina Guayacán Mora interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 18 de mayo de 2023 , proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , con fundamento en la causal 5 del artículo 250 del CPACA.

2. ANTECEDENTES

2.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , con fundamento en la causal 5 del artículo 250 del CPACA.

2. ANTECEDENTES

2.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

1. A partir de las pruebas aportadas por la recurrente las cuales se valorarán de acuerdo con las reglas probatorias establecidas en el Código General del Proceso, en adelante CGP1, y el expediente ordinario allegado a este trámite, la Sala sintetiza, a continuación, los siguientes hechos relevantes y actuaciones del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radica do número 11001-33-35-0072019-00518-00/ 012.

1 Según el artículo 246 del CGP: «Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia». 2 Samai, índice 22 y 23 27RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250528zip(.zip).Radicación: 11001-03-25-000-2024-00233-00 (3152-2024)

Recurrente: Gina Cristina Guayacán Mora

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2.1.1. La demanda

2. La señora Gina Cristina Guayacán Mora presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército

Nacional, en la que pidió lo siguiente:

1. Declarar la nulidad de la Resolución 5567 del 2 de agosto de 2018, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, mediante la cual se resolvió retirar del

Nacional, en la que pidió lo siguiente:

1. Declarar la nulidad de la Resolución 5567 del 2 de agosto de 2018, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, mediante la cual se resolvió retirar del servicio activo de las Fuerzas Militares, Armada Nacional a la demandante, en forma temporal con pase a la reserva por «llamamiento a calificar servicios», a partir del 10 de junio de 2019.

1. A título de restablecimiento del derecho, orden ar a la entidad demandada reintegrar a la actora al servicio activo, con el consecuente ascenso al grado de superior jerarquía , con retroactividad. Igualmente, reconoc er y pag ar los salarios y prestaciones sociales tales como: primas, bonificaciones, subsidios y demás emolumentos, dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación y hasta que se haga efectivo el reintegro.

1. Ordenar el ajuste de las sumas adeudadas de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 187 del CPACA.

1. Ordenar el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.

3. En el concepto de violación, sostuvo que la decisión adoptada por la entidad demandada vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social, a la salud, a la vida digna, a la igualdad y estabilidad laboral reforzada, dado que la actora , al momento del retiro, tenía una disminución de la capacidad laboral, declarada mediante juntas médicas de fechas 2 de mayo y 8 de noviembre de 2012.

4. Alegó que debió ser reubicada por encontra rse en estado de discapacidad,

momento del retiro, tenía una disminución de la capacidad laboral, declarada mediante juntas médicas de fechas 2 de mayo y 8 de noviembre de 2012.

4. Alegó que debió ser reubicada por encontra rse en estado de discapacidad, razón por la cual la administración estaba obligada a preservar su seguridad e integridad. En consecuencia, afirmó que no existe justificación en la decisión adoptada por la entidad demandada

2.1.2. Contestación de la demanda

5. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional, no contestó la demanda3.

3 Samai, índice 22 y 23 27RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250528zip(.zip), pdf 15. Audiencia inicial.Radicación: 11001-03-25-000-2024-00233-00 (3152-2024)

Recurrente: Gina Cristina Guayacán Mora

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2.1.3. Sentencia de primera instancia

6. El Juzgado Séptimo Administrativo de l Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda profirió sentencia el 21 de julio de 2022 en la que negó las pretensiones de la demanda4.

7. Indicó respecto a la facultad discrecional de la administración que está condicionada por las disposiciones constitucionales que regulan el ejercicio de la función pública y las normas especiales que autorizan la expedición del acto administrativo. Por ello, debe estar sustentada en razones objetivas, proporcionales y razonables, con el fin de atender los fines de la Fuerza Pública consisten tes en garantizar la seguridad ciudadana y la del Estado, entre otros.

administrativo. Por ello, debe estar sustentada en razones objetivas, proporcionales y razonables, con el fin de atender los fines de la Fuerza Pública consisten tes en garantizar la seguridad ciudadana y la del Estado, entre otros.

8. Expuso que las causales de retiro temporal del servicio y pase a la reserva, incluyen el llamamiento a calificar servicios, el cual está definido en el artículo 103 del Decreto 1790 de 2000. En este sentido , para que proceda el retiro por dicha causal,

es necesario:

1. que exista un concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa de las Fuerzas Militares, y, ii) que el oficial y suboficial haya cumplido con los requisitos legales para ser beneficiario de la asignación de retiro.

9. Agregó que, de acuerdo con las pruebas allegadas al plenario, se demostró que la demandante padece de esclerosis múltiple tipo R -R, según consta en el Oficio 003843 del 14 de julio de 2008 , emitido por la Dirección de Sanidad de la Armada Nacional. Asimismo, reposa el acta de la Junta Médico Laboral núm. 085 del 2 de mayo de 2012 , en la que se determinó que la demandante presenta un 13.50% de disminución de la capacidad laboral. Igualmente, está el Acta 053 del 3 de octubre de 2012 del Comité de Reubicación Laboral , en la que se estableció que la actora hace parte del cuerpo administrativo y, por tanto, no requiere reubicación laboral, dado que su vinculación con la institución se produjo en la parte administrativa como médico.

10. Señaló que el artículo 53 de la Constitución Política dispuso una protección

parte del cuerpo administrativo y, por tanto, no requiere reubicación laboral, dado que su vinculación con la institución se produjo en la parte administrativa como médico.

10. Señaló que el artículo 53 de la Constitución Política dispuso una protección reforzada para aquellos trabajadores que , por sus condiciones personales podrían verse afectados en el caso de ser desvinculados laboralmente sin consideración a s u estado de salud. En este sentido, adujo que para que se configure el derecho a la estabilidad laboral reforzada deben concurrir los siguientes elementos: «(i) el derecho a conservar el empleo, (ii) a no ser despedido en razón a su situación de vulnerabilidad,

(iii) a permanecer en él hasta que se configure una causal objetiva que amerite la desvinculación laboral y (iv) a que el inspector de trabajo o la aut oridad que haga sus veces, autorice el despido con base en la verificación previa de dicha causal, a fin de que el mismo pueda ser considerado eficaz»5.

11. En relación con la falsa motivación alegada por la parte demandante, precis ó que esta no se encuentra probada, toda vez que el acto acusado se ajustó a la

4 Samai, índice 22 y 23 27RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250528zip(.zip), pdf 39. Sentencia 2019-518-00. 5 Se transcribe con errores de texto.Radicación: 11001-03-25-000-2024-00233-00 (3152-2024)

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normatividad y jurisprudencia vigentes para sustentar el retiro por llamamiento a calificar servicios. En el expediente obran la hoja de vida de la actora y demás pruebas,

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normatividad y jurisprudencia vigentes para sustentar el retiro por llamamiento a calificar servicios. En el expediente obran la hoja de vida de la actora y demás pruebas, mediante las cuales se acreditó que laboró por 21 años, 5 meses y 6 días, tiempo superior al exigido para el reconocimiento de la asignación de retiro del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares.

12. Asimismo, la decisión se fundamentó en la recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional, consignada en el Acta 006 del 29 de junio de 2018, en la que se expusieron las razones para emitir la directriz de retiro por llamamiento a calificar servicios, entre ellas, por cumplir con el tiempo requerido para el goce de la asignación de retiro. En consecuencia, la causa de la desvinculación de la actora con la entidad demandada fue el llamado a calificar servicios.

13. Sumado a lo anterior, consideró que no le asiste razón a la demandante al afirmar que las motivaciones del acto de retiro obedecieron a una discriminación por su enfermedad y pérdida de la capacidad laboral, sin que hubiese sido reubicada. Ello, por cuanto la Resolución 5567 del 2 de agosto de 2018 fue expedida con fundamento en el Acta 006 del 29 de junio de 2018 de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares, la cual recomendó su retiro del servicio por cumplir con los requisitos para el reconocimiento de su asignación de retiro.

14. Indicó que la demandante tuvo una trayectoria militar destacada, condecoraciones y ausencia de sanciones disciplinarias. No obstante, se cumplieron

con los requisitos para el reconocimiento de su asignación de retiro.

14. Indicó que la demandante tuvo una trayectoria militar destacada, condecoraciones y ausencia de sanciones disciplinarias. No obstante, se cumplieron los requisitos para su retiro por llamamiento a calificar servicios, figura que no requiere de motivación expresa y no constituye sanción ni desmérito. Refirió que , según jurisprudencia de la Corte Constitucional 6, un buen desempeño no garantiza permanencia ni limita la facultad de la institución para organizar sus líneas de mando.

15. Agregó que la desviación de poder se configura cuando el nominador expide un acto dentro de sus atribuciones, pero lo hace con fines distintos a los previstos por la normativa, es decir, contrarios al buen servicio. En este sentido, insistió en que el retiro por llamamiento a calificar servicios de la demandante constituye una forma normal y

decorosa de culminar su carrera militar . Esto quedó de mostrado con la Resolución 5567 del 2 de agosto de 2018, mediante la cual se dispuso su retiro, al tratarse de una figura discrecional que exige el cumplimiento de requisitos como el tiempo necesario para acceder a una asignación de retiro y la recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa de las Fuerzas Militares.

16. Iteró que , en la estructura piramidal de la Armada Nacional , no todos sus miembros pueden acceder a los grados superiores. Por ello, la no escogencia de un militar no significa una actuación que afecte su honor ni constituye persecución alguna.

17. Refirió que, la Armada Nacional ratificó las incapacidades médicas emitidas por un psiquiatra particular y permitió que la oficial se ausentara para recibir la atención

militar no significa una actuación que afecte su honor ni constituye persecución alguna.

17. Refirió que, la Armada Nacional ratificó las incapacidades médicas emitidas por un psiquiatra particular y permitió que la oficial se ausentara para recibir la atención adecuada, sin negarle tratamientos. De esta manera, no se probó que su retiro se debiera a su estado de salud, sino a la figura de llamamiento a calificar servicios.

6 Sentencia del 6 de febrero de 2020, expediente No. 11001-33-35-007-2017-00196-01.Radicación: 11001-03-25-000-2024-00233-00 (3152-2024)

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18. Finalmente, consideró que no procedía condenar en costas al demandante.

2.1.4. Recurso de apelación de la parte demandante

19. La parte demandante 7 interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, en la que insistió que el juez no aplicó las reglas jurisprudenciales vinculantes para el control judicial del llamamiento a calificar servicios. Argumentó que la sola mención del precedente no garantiza su correcta aplicación, dado que no se realizó un análisis de los requisitos objetivos para el retiro por dicha causal . Señaló que únicamente se verificó que cumplía el tiempo para acceder a la asignación de retiro y que contaba con la recomendación emitida por la Junta Asesora del Ministerio

de Defensa Nacional.

20. Indicó que se desconocieron los elementos que configuran la estabilidad laboral reforzada de la demandante , así como los límites que dicha garantía impone a la

de Defensa Nacional.

20. Indicó que se desconocieron los elementos que configuran la estabilidad laboral reforzada de la demandante , así como los límites que dicha garantía impone a la discrecionalidad administrativa . Explicó que esta protección no solo restringe decisiones arbitrarias, sino que exige que cualquier actuación se ajuste a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, así como las medidas adoptadas no vulneren los derechos fundamentales a la vida y a la salud.

21. Manifestó que la normativa prevé varias causales de retiro, incluida la disminución de la capacidad laboral; sin embargo, la entidad omitió dar el tratamiento administrativo adecuado a la situación de la demandante y, en lugar de justificar su actuación, promovió prácticas discriminatorias para evitar el pago de indemnizaciones y el estudio de su reubicación. Esto evidencia que, contrario a lo señalado por el fallador de primera instancia, se probó que la facultad legal se utilizó con un fin indebido, lo que generó una desviación de poder.

2.1.5. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

22. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, mediante sentencia dictada el 18 de mayo de 2023 , confirmó la decisión de primera

instancia con los siguientes argumentos8:

23. Destacó que el Consejo de Estado se refirió a la facultad discrecional para retirar del servicio al personal de las Fuerzas Militares, por la causal de llamamiento a calificar

servicio, en los siguientes términos:

La causal de retiro por llamamiento a calificar servicios debe entenderse en el sentido de ser una causal de terminación normal de la situación laboral de un uniformado dentro

servicio, en los siguientes términos:

La causal de retiro por llamamiento a calificar servicios debe entenderse en el sentido de ser una causal de terminación normal de la situación laboral de un uniformado dentro de la Institución que se aplica como un mecanismo de renovación dentro de la lín ea jerárquica institucional garantizando la dinámica de la carrera de los uniformados en la Policía Nacional. Se trata de una facultad discrecional del Gobierno Nacional que no exige motivación y no es indispensable que se expliquen las intenciones que lo llevan a tomar la decisión. Es la expresión de voluntad del nominador que no requiere explicación de los móviles en que se inspira, se presume expedida en procura o

7 Samai, índice 22 y 23 27RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250528zip(.zip), pdf 41. Apelación Sentencia. 8 Samai, índice 22 y 23 27RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250528zip(.zip) pdf 48. SentenciaSegundaInstancia.Radicación: 11001-03-25-000-2024-00233-00 (3152-2024)

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beneficio de la Institución Policial y sólo procede cuando el servidor ha alcanzado el tiempo mínimo (15 años) para acceder a la asignación de retiro9.

24. También citó jurisprudencia de la Corte Constitucional acerca de la figura del llamamiento a calificar servicios y en la que se precisó:

En conclusión, la sentencia SU -091 de 2016 unificó una regla jurisprudencial que determinó que los actos de llamamiento a calificar servicios, si bien están sometidos a la eventualidad de un control judicial posterior como todos los actos administrativos, no

En conclusión, la sentencia SU -091 de 2016 unificó una regla jurisprudencial que determinó que los actos de llamamiento a calificar servicios, si bien están sometidos a la eventualidad de un control judicial posterior como todos los actos administrativos, no requieren de una motivación más allá de la extratextual contemplada en las normas sobre la materia. Así, no se le impone una carga excesiva a la administración, se promueve la necesaria renovación de los cuadros de mando en la Fuerza Pública y se observan todas las garantías procesales y sustanciales de los oficiales que son objeto de esta medida que, a diferencia del retiro por voluntad de la Dirección General o del Gobierno, no es una sanción sino una manera decorosa de culminar la carrera militar o policial (…)10.

25. Aunado a lo anterior, afirmó que tanto los oficiales como suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional pueden ser retirados del servicio de manera discrecional por el Gobierno nacional, siempre que exista una recomendación previa emitida por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa o por el Comité de Evaluación.

26. Agregó que es te tipo de retiro no constituye una sanción o castigo, sino que responde a la necesidad de renovación de los cuerpos armados, conforme a su estructura piramidal, y permite que el funcionario sea acreedor de la asignación de retiro. Igualmente, precisó que, en caso de que un servidor considere que dicha facultad fue utilizada de manera fraudulenta, le corresponde demostrarlo mediante pruebas suficientes que acrediten el uso indebido de la figura.

27. Resaltó que el llamamiento a calificar servicios , no es un castigo o sanción

facultad fue utilizada de manera fraudulenta, le corresponde demostrarlo mediante pruebas suficientes que acrediten el uso indebido de la figura.

27. Resaltó que el llamamiento a calificar servicios , no es un castigo o sanción encubierta como lo plantea la demandante, sino por el contrario, es la manera

decorosa de terminar la carrera militar y una facultad leg ítima de renovar el personal de la Fuerza Pública. Asimismo, se produce en ejercicio de una facultad discrecional, lo que implica que el acto administrativo no requiera motivación expresa.

28. Conforme a los hechos probados precisó que la señora Gina Cristina Guayacán Mora, prestó sus servicios a la Armada Nacional por un período de 21 años, 8 meses y 4 días , es decir, que cumplió con los presupuestos legales para el retiro por llamamiento a calificar servicios, lo que la hacía acreedora a la asignación de retiro.

29. Señaló que la anterior decisión se materializó mediante la Resolución 5567 del 2 de agosto de 2018, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, en la que se

determinó:

Que la Honorable Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, en sesión ordinaria de fecha 29 de junio de 2018, registrada en el Acta No. 006/18,

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, expediente 250002315000200900195-01. 10 Corte Constitucional, Sentencia SU-217 de 362 del 28 de abril de 2016, expedientes T-5.173.085, T00195-01. 10 Corte Constitucional, Sentencia SU-217 de 362 del 28 de abril de 2016, expedientes T-5.173.085, T53189.329, T-5.189.400 (acumulados). SU-091 de 2019.Radicación: 11001-03-25-000-2024-00233-00 (3152-2024)

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recomendó por unanimidad el retiro del servicio activo por “Llamamiento a Calificar Servicios” de la señora Capitán de Fragata GUAYACÁN MORA GINA CRISTINA, (…), por las razones que se exponen a continuación.

[…] Que la Armada Nacional es una Institución jerarquizada que se caracteriza por su estructura piramidal, lo que implica que deben ser retirados algunos de sus miembros, pues como bien claro resulta, todos no podrían permanecer en servicio activo y por consiguiente ascender hasta la cúspide de la institución uniformada, circunstancia que sirve de fundamento constitucional para que sea el Presidente de la República, quien dirija la Fuerza Pública y disponga de ella, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República.

Que en ese orden de ideas, la permanencia del personal uniformado, no depende solamente de una hoja de vida en donde no se advierta la existencia de antecedentes penales o disciplinarios en contra, ni de la revisión de conceptos obtenidos con anterioridad al retiro, sino cobra relevancia las necesidades de la Fuerza.

[…] Que aunado a lo anterior, las disposiciones mencionadas facultan al Gobierno Nacional para decidir el llamamiento a calificar servicios de los uniformados que cumplan con el

anterioridad al retiro, sino cobra relevancia las necesidades de la Fuerza.

[…] Que aunado a lo anterior, las disposiciones mencionadas facultan al Gobierno Nacional para decidir el llamamiento a calificar servicios de los uniformados que cumplan con el requisito del tiempo de servicios exigido que garantiza el acceso a una asignación de retiro, puesto que solo se está dando aplicación a una norma positiva que prevé la situación específica del retiro del servicio por el cumplimiento del lapso en servicio activo, preestablecido por la ley. […]

Que el oficial (sic) relacionado en la presente acta, cuenta con más de quince (15) de servicio, tiempo que lo hace acreditar a una asignación mensual de retiro, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0991 del 15 de mayo de 2015. (…) Que según certificación de fecha 17 de julio de 2018, suscrita por el Director de Personal Armada Nacional, la señora Oficial cuenta con un tiempo de servicio de más de veinte (20) años.

Que de conformidad con lo anteriormente indicado se considera procedente retirar del servicio activo de las Fuerzas Militares – Armada Nacional, a la oficial que se relaciona en el presente acto administrativo. […] ARTÍCULO 1. Retirar del servicio activo de las Fuerzas Militares – Armada Nacional, en forma temporal con pase a la reserva, por “Llamamiento a Calificar Servicios”, a la señora Capitán de Fr agata GUAYACÁN MORA GINA CRISTINA (…), a partir de la fecha de comunicación del presente acto administrativo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 100 literal a) numeral 3, (modificado por el artículo 5 de la Ley 1792 de

fecha de comunicación del presente acto administrativo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 100 literal a) numeral 3, (modificado por el artículo 5 de la Ley 1792 de 2016) y 103 (modificado por el artículo 25 de la ley 1104 de 2006) del Decreto ley 1790 de 2000, y de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO. La Oficial relacionada en el presente artículo, continuará dada de alta por el lapso de tres (3) meses contados a partir de la fecha de retiro en la TesoreríaRadicación: 11001-03-25-000-2024-00233-00 (3152-2024)

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Principal del Comando de la Armada Nacional remitirá dicha información a las autoridades competentes, de conformidad con lo establecido en la norma. (…)”11

30. Argumentó que el acto impugnado se fundamentó en que la señora oficial contaba con más de 15 años de servicio, lo que la hacía acreedora a la asignación de retiro con pase a la reserva. Precisó que en ningún momento se hizo alusión a que tal decisión estuviese motivada por su condición de salud, tal y como lo interpretó el fallador de primera instancia al aplicar la normativa y jurisprudencia sobre el retiro por la causal de llamamiento a calificar servicios.

31. Asimismo, e xplicó que la razón institucional para recomendar el retiro del servicio de la demandante fue la necesidad de renovación del personal de la institución, conforme a la estructura piramidal. No obstante, la apelante di screpa de esta justificación, al considerar que la decisión obedeció a un acto discriminatorio

servicio de la demandante fue la necesidad de renovación del personal de la institución, conforme a la estructura piramidal. No obstante, la apelante di screpa de esta justificación, al considerar que la decisión obedeció a un acto discriminatorio derivado de su condición de salud, toda vez que estaba excusada del servicio en el momento en que le fue notificó su retiro.

32. El Tribunal r ealizó un análisis del material probatorio obrante en el plenario ,

entre ellos, los siguientes documentos:

• Constancia del diagnóstico de esclerosis múltiple (R -R) emitido por el Hospital Militar Central. • Copia del Acta de la Junta Médico Laboral núm. 085 del 2 de mayo de 2012, en la que se determinó una pérdida de la capacidad laboral del 13.50 %, por incapacidad permanente parcial. • Acta núm. 050 del 3 de octubre de 2012, expedido por el Comité de reubicación Laboral de la Armada Nacional en el que se concluyó: «Analizada la proyección institucional y teniendo en cuenta que la Señora Oficial es del cuerpo administrativo se determinó que no requiere reubicación laboral, toda vez que la vinculación de ella a la institución se produjo en el cuerpo administrativo desempeñando funciones como médico». • Acta aclaratoria núm. 013 -DISAN-2012 del 8 de noviembre de 2012 y se determinó que la afección le produjo «INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL, NO APTA, SE SUGIERE REUBICACIÓN LABORAL». • Resolución núm. 1699 del 4 de diciembre de 2012 por medio de la cual la entidad demandada le otorgó indemnización por la pérdida de la capacidad

PARCIAL, NO APTA, SE SUGIERE REUBICACIÓN LABORAL». • Resolución núm. 1699 del 4 de diciembre de 2012 por medio de la cual la entidad demandada le otorgó indemnización por la pérdida de la capacidad laboral. En este sentido, la Armada Nacional tenía conocimiento de su condición de salud. • Historia clínica en la que constan las incapacidades médicas de manera continua por el per íodo comprendido entre el 30 de agosto de 2018 al 12 de octubre de 2019, debido a las afecciones que le causaba la enfermedad. • Oficio del 24 de mayo de 2018, presentado por la demandante y dirigido al jefe de Recursos Humanos de la Armada Nacional, mediante el cual se puso en conocimiento de dicha entidad su situación m édica y en la que expuso que se encontraba bajo la figura de estabilidad laboral reforzada por su condición de salud. Circunstancia reiterada mediante Oficio del 30 de agosto del mismo año

11 Se escribe con errores de texto.Radicación: 11001-03-25-000-2024-00233-00 (3152-2024)

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y en la que manifestó que estaba excusada del servicio por el área de psiquiatría. • Actas y oficios por medio de los cuales se aplazó el trámite de ascenso de la oficial, por no acreditar aptitud psicofísica de acuerdo con el reglamento institucional. • Extracto de la hoja de vida de la demandante.

33. El Tribunal también tuvo en cuenta los testimonios rendidos por el jefe de talento Humano del Centro de Medicina Naval y del médico neurólogo que trató el diagnóstico

institucional. • Extracto de la hoja de vida de la demandante.

33. El Tribunal también tuvo en cuenta los testimonios rendidos por el jefe de talento Humano del Centro de Medicina Naval y del médico neurólogo que trató el diagnóstico de esclerosis múltiple, así como el interrogatorio de parte practicado a la demandante.

34. Explicó que el estado de salud de la demandante no fue la causa de su retiro, pues no había iniciado un nuevo proceso de calificación por disminución de capacidad laboral. Aunque contaba con una valoración del año 2012 que determinó una pérdida del 13.50% y ordenó su reubicación, no solicitó la revisión ante el Tribunal Médico Militar si consideraba que dicho porcentaje no correspondía a sus enfermedades .

Igualmente, recibió una indemnización por la pérdida de capacidad laboral.

35. Consecuente con lo anterior, afirmó que la entidad demand ada, al expedir el acto acusado , no plasmó argumentos distintos al mejoramiento del servicio y a la renovación del personal . De esta manera, resaltó que en el llamamiento los motivos se entienden «extra textuales », pues , en palabras de la H. Corte Constitucional la «motivación está dada expresamente por la ley ». Así las cosas, para que proceda el retiro basta con que el uniformado acredite el tiempo para acceder a la asignación de retiro y que la decisión no sea arbitraria ni utilizada como instrumento p ara la persecución o discriminación.

36. Aseveró que no existe prueba fehaciente como lo afirma la demandante, que indique que la decisión se hubiese tomado como discriminación por su condición médica o con fines distintos a los previstos por la normativa aplicable. Tampoco existe

36. Aseveró que no existe prueba fehaciente como lo afirma la demandante, que indique que la decisión se hubiese tomado como discriminación por su condición médica o con fines distintos a los previstos por la normativa aplicable. Tampoco existe una relación de causalidad entre el hecho de estar incapacitada por psiquiatría para el momento del retiro y llamamiento a calificar servicios.

37. Concluyó que la parte demandante tenía la carga probatoria de demostrar que