CE - Sentencia 11001032600020080001200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de nulidad Número único de radicación: 11001-03-26-000-2008-00012-00

Demandante: Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra Demandado: Agencia Nacional de Tierras (ANT), en calidad de sucesora procesal del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER)

Asunto: Se accede a declarar la nulidad de la Resolución núm. 046 de 10 de abril de 2003, considerando que la Junta Directiva del Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) incurrió en falta de competencia, cuando suspendió los efectos jurídicos de la Resolución núm. 028 del 10 de diciembre de 2002, “[…] mediante la cual se constituyó la zona de reserva campesina valle del río cimitarra, en jurisdicción de los mun icipios de Yondó y Remedios en el departamento de Antioquia y Cantagallo y San Pablo en el departamento de Bolívar […]”, hasta que se establezcan plenamente los hechos que motivan esta decisión o se consideren superados los motivos de inconformidad, expresados por sectores de la comunidad, la junta directiva proferirá la decisión que sea legalmente procedente […]”.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por e l Asociación2

que sea legalmente procedente […]”.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por e l Asociación2

Número único de radicación: 11001-03-26-000-2008-00012-00

Actor: Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Campesina del Valle del Río Cimitarra -ACVRC-1, en adelante la parte demandante, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 046 de 10 de abril de 2003 , "[…] Por la cual se suspende la Resolución No. 028 de Diciembre 10 de 2002 […] ", expedida por la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, en adelante el INCORA.

I.- ANTECEDENTES

I.1. En apoyo de su pretensión, la parte demandante manifestó, en síntesis, los siguientes hechos:

1. Que mediante Resolución núm. 028 de 10 de diciembre de 20022, la Junta Directiva del INCORA constituyó y delimitó la Zona de Reserva Campesina Valle del Río Cimitarra en los municipios de Yondó y Remedios, en el departamento de Antioquia, y de Cantagallo y San Pablo en el departamento de Bolívar, en área aproximada de 184 mil hectáreas.

2. Que la mencionada resolución se encuentra debidamente ejecutoriada y no ha perdido su fuerza ejecutoria, puesto que no ha sido suspendida o anulada por la jurisdicción contenciosa administrativa.

2. Que la mencionada resolución se encuentra debidamente ejecutoriada y no ha perdido su fuerza ejecutoria, puesto que no ha sido suspendida o anulada por la jurisdicción contenciosa administrativa.

3. Que mediante Resolución núm. 046 de 10 de abril de 2003, la Junta Directiva del INCORA resolvió suspender los efectos jurídicos de la Resolución núm. 028, “[…] hasta que se establezcan plenamente los hechos que motivan esta decisión o se consideren superados los motivos de inconformidad expresados por sectores de la comunidad, la Junta Directiva proferirá la decisión que sea legalmente procedente […]”.

1 Mediante apoderado. 2 Publicada en el diario oficial núm. 45.082 de 31 de enero de 2003 y se comunicó a las autoridades de los respectivos municipios3

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4. Que según lo considerado en la Resolución núm. 046, el 7 de marzo de 2003 se llevó a efecto una reunión convocada por la Presidencia del Concejo Municipal de Yondó para tratar la problemática generada por la Resolución 028 de 2002; en la cual, “[…] quienes manifiestan ser autoridades, representantes y comunidad en general de los municipios de Yondó, Cantagallo, Remedios y San Pablo, profirieron un Comunicado a la opinión pública expresando su

de 2002; en la cual, “[…] quienes manifiestan ser autoridades, representantes y comunidad en general de los municipios de Yondó, Cantagallo, Remedios y San Pablo, profirieron un Comunicado a la opinión pública expresando su descontento por la constitución y delimitación de la referida ZRC, argumentando que la mayoría no pudieron asistir a la Audiencia realizada en la Vereda La Poza, municipio de Cantagallo , el día 18 de agosto de 2002, por falta de garantías. […] Por esta razón dichas comunidades solicitan al gobierno nacional y a esta Junta Directiva, revocar la resolución que constituyó y delimitó la mencionada ZCR […]".

5. Que, de igual forma, la Resolución núm. 046 consideró la comunicación del director ejecutivo de la Asociación de Municipios del Magdalena Medio Bolivarense dirigida al Presidente de la República, mediante la cual manifestó su preocupación en el sentido de que “[…] no se lleguen a canalizar los recursos de manera correcta […]”.

I.2. La parte demandante adujo la violación de los artículos 4° y 238 de la Constitución Política; 66, 82 y 158 del Decreto Ley 01 de 2 de enero de 198 43, en adelante, Código Contencioso Administrativo ; e n síntesis, señaló los siguientes cargos de violación:

PRIMER CARGO: FALTA DE COMPETENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INCORA PARA EXPEDIR LA RESOLUCION NÚM. 046 DE ABRIL 10 DE

2003

6. Manifestó que la Junta Directiva del INCORA no era la autoridad competente

DEL INCORA PARA EXPEDIR LA RESOLUCION NÚM. 046 DE ABRIL 10 DE

2003

6. Manifestó que la Junta Directiva del INCORA no era la autoridad competente para suspender los efectos jurídicos de la Resolución núm. 028 , puesto que

3 Cfr. “[…] Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]”.4

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dicho acto administrativo alcanzó fuerza ejecutoria según lo previsto en el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo , esto es: se publicó en el diario oficial No. 45.082 de 31 de enero de 2003, fue comunicada a las autoridades de los respectivos municipios , y contra ella no se presentaron recursos de la vía gubernativa.

7. Afirmó que según lo previsto en el artículo 66 ibidem, la Resolución núm. 028 resultaba obligatoria , tanto para los particulares como para las autoridades, porque para el momento en que fue suspendida su ejecución no había sido anulada ni suspendid a por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, siendo ésta la única autoridad estatal facultada para suspender los efectos de los actos administrativos, conforme lo prevé el artículo 238 de la Constitución.

8. Aseveró que los artículos 152 y siguientes del Código Contencioso Administrativo prevén que le corresponde al Consejo de Estado y a los

los actos administrativos, conforme lo prevé el artículo 238 de la Constitución.

8. Aseveró que los artículos 152 y siguientes del Código Contencioso Administrativo prevén que le corresponde al Consejo de Estado y a los tribunales administrativos suspender los actos administrativos , conforme con los requisitos y procedimientos exigidos para tal efecto.

9. Señaló que de acuerdo con las sentencias C-127 de 19984 y T-142 de 19955, la suspensión provisional “[…] e s una declaración judicial atribuida por la Constitución Política a la jurisdicción de lo contencioso administrativo […]”; en consecuencia, los actos administrativos dejan de ser oponibles temporalmente cuando son suspendidos provisionalmente, y en forma definitiva cuando la jurisdicción de lo contencioso administrativo declara que son nulos.

10. Dijo que en las mencionadas sentencias, la Corte Constitucional consideró que la cláusula general de competencia prevista en el artículo 238 superior, impide que el legislador le otorgue la facultad de suspensión de los actos administrativos a cualquier otra autoridad distinta a los jueces de lo contencioso

4 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia de 1 de abril de 1998. MP. Jorge Arango Mejía. 5 Corte Constitucional. Sala Cuarta de Revisión de tutelas. Sentencia de 30 de marzo de 1995. MP. Carlos Gaviria Díaz.5

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administrativo; con lo cual, el ejercicio de esa competencia por parte de una autoridad administrativa, resulta contrario al principio de separación de poderes previsto en el artículo 113 de la Constitución.

11. Indicó que en la misma línea se ha pronunciado el Consejo de Estado 6, considerando que el ejercicio de las potestades públicas es innegociable y la legalidad de los actos administrativos es indisponible , razón por la cual, solo a la jurisdicción contencioso-administrativa compete la decisión sobre la suspensión provisional de los actos administrativos y la de su inconformidad con la legalidad.

12. En ese orden, c oncluyó que la Junta Directiva del INCORA no podía, mediante el acto administrativo acusado, modificar la Constitución y usurpar competencias que son propias y exclusivas del poder jurisdiccional , en este caso del Consejo de Estado, y que excluyen su ejercicio en cabeza de otras autoridades.

13. Por último, manifestó que no siendo el INCORA la autoridad competente para suspender los efectos de un acto administrativo , la Resolución núm. 046 esta viciada de nulidad según lo previsto en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, al haber sido proferida por una autoridad incompetente.

SEGUNDO CARGO: EXPEDICIÓN IRREGULAR DE LA RESOLUCIÓN NÚM. 046 DE 2003

14. Indicó que de acuerdo con lo considerado en la Resolución núm. 046, la

incompetente.

SEGUNDO CARGO: EXPEDICIÓN IRREGULAR DE LA RESOLUCIÓN NÚM. 046 DE 2003

14. Indicó que de acuerdo con lo considerado en la Resolución núm. 046, la actuación que dio lugar a suspender los efectos de la Resolución núm. 028 se inició a petición de parte, contenida en "[…] un comunicado a la opinión pública

6 Cfr. “[…] Consejo de Estado. Sentencia de 24 de febrero de 1994. MP. Jaime Abella Zárate, radicación 5025-94. Sentencia de Sección Tercera. Consejero Ponente: A lier Eduardo Hernández Enríquez. Santa Fe De Bogotá, Junio Ocho (8) de Dos Mil (2000). Radicación Número: 169734 […]”.6

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de 7 de marzo de 2003 y en una comunicación que del Director Ejecutivo de la Asociación de Municipios del Magdalena Medio Bolivarense dirige al presidente de la república el 12 de marzo de 2003 […]”.

15. Manifestó que las mencionadas comunicaciones no reúnen los requisitos previstos en el artículo 5° del Código Contencioso Administrativo, referidos a: i) la designación de la autoridad a la que se dirigen; ii) los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o apoderado, si es el caso, con

previstos en el artículo 5° del Código Contencioso Administrativo, referidos a: i) la designación de la autoridad a la que se dirigen; ii) los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o apoderado, si es el caso, con indicación del documento de identidad y de la dirección; iii) el objeto de la petición; iv) las razones en que se apoya; v) la relación de documentos que se acompañan y la firma del peticionario, cuando fuere el caso.

16. Aseveró que en el comunicado se indicó el no rechazo a la zona de reserva campesina constituida, y que se requería de su revisión para que “[…] los cuatro alcaldes de los municipios lideren la zona de reserva campesina del río Cimitarra y sean los entes territoriales los que canalicen los recursos de esta reserva, evitando de esta forma que una Asociación muy cuestionada ya que su junta directiva posee órdenes de captura, sea la que maneje los dineros (sic) corre el riesgo de que sean desviados para otros fines muy diferentes a los del bienestar de la población campesina […]”.

17. Señaló que la ley o la Resolución núm. 028 de 2002 suspendida, no realizan alguna disposición sobre la administración de la zona de reserva campesina, en esencia, porque se trata de una figura que conjuga los esfuerzos y la participación democrática de la población campesina , las entidades públicas y los particulares; de esta manera, dicha c uestión de administración no afecta la legalidad de la zona de reserva campesina constituida, sin perjuicio de que pueda discutirse y definirse por los actores involucrados.

entidades públicas y los particulares; de esta manera, dicha c uestión de administración no afecta la legalidad de la zona de reserva campesina constituida, sin perjuicio de que pueda discutirse y definirse por los actores involucrados.

18. En ese orden, afirmó que las comunicaciones que piden la revocatoria de la7

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zona de reserva campesina no determinaron cuáles son las causales, de las previstas en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, que dieron lugar a dicha petición; tampoco aportaron prueba de que no se permitió la participación de campesinos.

19. Aseguró que las mismas carencias se advierten en la comunicación enviada al presidente de la República, más aún si se tiene en cuenta que el director ejecutivo de la Asociación de Municipios del Magdalena Medio Bolivarense pretendía que se revisara n los procedimientos adelantados para establecer la zona de reserva campesina.

20. Conforme con todo lo anterior, c oncluyó que la Resolución núm. 046 fue expedida irregularmente por el INCORA, porque los documentos que dieron lugar al inicio de la actuación administrativa no cumplían con los requisitos que la ley impone.

TERCER CARGO: FALSA MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN NÚM. 046 DE

2003.

lugar al inicio de la actuación administrativa no cumplían con los requisitos que la ley impone.

TERCER CARGO: FALSA MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN NÚM. 046 DE

2003.

21. Afirmó que en la Resolución núm. 046 de 2003 se consignó que los hechos denunciados en el comunicado a la opinión pública y en la carta dirigida al presidente de la República : “[…] no fortalecen la concertación social y podrían profundizar el conflicto social que afecta a la comunidad de esta región del país; y por razones de interés general y con el fin de garantizar un espacio que permita mayor participación a todos los integrantes de la comunidad, considera conveniente suspender los efectos jurídicos de la resolución 028 de 2002 […]”.

22. Indicó que en dicho acto administrativo : i) no se determinó cuál es la manifiesta infracción de las normas que sustentó la suspensión, y que según el8

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INCORA se trata del Decreto núm. 1777 de 1° de octubre de 19967; ii) no se expresó en qué consiste dicha infracción : simplemente se formula una “[…] premonición […]”, referida a que “[…] podrían profundizar el conflicto social […]”.

23. En ese orden, manifestó que la Resolución núm. 046 adolece de falsa

premonición […]”, referida a que “[…] podrían profundizar el conflicto social […]”.

23. En ese orden, manifestó que la Resolución núm. 046 adolece de falsa motivación, toda vez que los hechos consignados en ella no corresponden a la realidad, al presentar como infracción manifiesta del Decreto núm. 1777 de 1996 un hecho no probado, consistente en que “[…] p or la presencia de los actores armados no hubo participación de la " mayoría" en la audiencia pública celebrada el 22 de junio de 2001[…]”.

24. Afirmó que contrario a lo anterior, la Resolución núm. 028 de 2002, la cual goza de presunción de legalidad, consideró cumplido lo previsto en el Decreto núm. 1777 y en el Acuerdo núm. 024 de 25 de noviembre de 1996 8, expedido por la Junta Directiva del INCORA.

25. En consecuencia, dijo que la motivación argüida por la Junta Directiva del INCORA, nada tiene que ver con lo que exige el artículo 152 del C ódigo Contencioso Administrativo para que sea procedente la suspensión de un acto administrativo en firme ; máxime cuando las comunicaciones enviadas apuntaron a señalar un desconocimiento del derecho de audiencia y la preocupación por la adecuada canalización de los recursos , hipótesis que no fueron probadas ni son causal de nulidad de las taxativamente previstas para los actos administrativos.

I.3. La parte demandante solicitó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución núm. 028 de 2002 , en escrito que presentó por separado ; dicha

los actos administrativos.

I.3. La parte demandante solicitó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución núm. 028 de 2002 , en escrito que presentó por separado ; dicha

7 Cfr. “[…] por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo XIII de la Ley 160 de 1994, en lo relativo a las Zonas de Reserva Campesina […]”. 8 Cfr. “[…] Por el cual se fijan los criterios generales y el procedimiento para seleccionar y delimitar las Zonas de Reserva Campesina de que tratan el Capítulo XIII de la Ley 160 de 1994 y el Decreto 1777 de 1996 y se dictan otras disposiciones […]”.9

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medida cautelar fue negada por la Sección Primera mediante auto de 22 de abril de 2009, y confirmada por la misma sección mediante auto de 22 de abril de 2010.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. El Instituto Colombiano de Reforma Agraria -INCODER-, en adelante INCODER, mediante apoderado, solicitó denegar las súplicas de la demanda ; para oponerse a la prosperidad de las pretensiones adujo, en esencia, lo siguiente:

a) En primer lugar, observó que dentro de las políticas o instrumentos de desarrollo rural, las Zonas de Reserva Campesina son áreas geográficas

para oponerse a la prosperidad de las pretensiones adujo, en esencia, lo siguiente:

a) En primer lugar, observó que dentro de las políticas o instrumentos de desarrollo rural, las Zonas de Reserva Campesina son áreas geográficas seleccionadas teniendo en cuenta las características agroecológicas y socio económicas regionales, donde predomine la existencia de tierras baldías y las zonas de colonización, conforme con lo previsto en los artículos 80 y 81 de la Ley 160 de 3 de agosto de 19949.

b) Explicó que las Zonas de Reserva Campesina buscan proveer el acceso progresivo a la propiedad de la tierra y cumplir los objetivos previsto s en el artículo 20 del Decreto 1777 de 1996 , dirigidos a fomentar y estabilizar la economía campesina; superar las causas de los conflictos sociales que las afecten y, en general, crear las condiciones para el logro de la paz y la justicia social en las respectivas áreas , buscando promover y encau zar recursos y programas para el desarrollo común de la región.

c) Afirmó que sobre dichos parámetros y de acuerdo con el Plan de Desarrollo Sostenible se expidió la Resolución núm. 028 de 2002, mediante la cual se constituyó y delimitó la Zona de Reserva Campesina del Valle de

9 Cfr. ”[…] Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones […]”.10

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establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones […]”.10

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Cimitarra, con siete programas 10, respecto de los cuales se concertaron compromisos interinstitucionales11 de canalización de recursos y de proyectos. d) Conforme con lo expuesto, dijo que la constitución de la Reserva Campesina Valle del Río Cimitarra, como instrumento de política pública, constituyó una de las estrategias para resolver problemas territoriales, ambientales, sociales y económicos estructurales de la región, basado en la concertación y la participación.

e) En eso orden, concluyó que la Resolución núm. 028 de 2002 tiene carácter programático y no prevé cuáles son los efectos jurídicos de la delimitación y constitución de esa Zona de Reserva Campesina; el acto se limita a constituirla y delimitarla como una posibilidad de la ejecución de políticas públicas, razón por la cual no crea derechos ni constituye obligaciones recíprocas o de ordenamiento territorial : indicó que tampoco regula o limita la propiedad u otros derechos dentro de la zona delimitada.

f) Señaló que , por el contrario, se trata de un conjunto de programas dentro de la política, orientado al desarrollo económico y social , que busca influir, directa o indirectamente, la acción social del Estado en cuanto a la

f) Señaló que , por el contrario, se trata de un conjunto de programas dentro de la política, orientado al desarrollo económico y social , que busca influir, directa o indirectamente, la acción social del Estado en cuanto a la asignación de recursos y el apoyo institucional, con el fin de minimizar los conflictos territoriales y propiciar el desarrollo productivo.

10 Desarrollo agropecuario y forestal; dotación de infraestructura básica; dotación de servicios; redistribución y formalización de la tenencia de la tierra; recuperación y protección ambiental; difusión del estado local; y seguimiento y control y derechos humanos.

11 Por ejemplo: i) Proyecto Piloto ZRC – IIICA con inversión de recursos del Banco Mundial; ii) gestión del apoyo del Ministerio de Medio Ambiente para el mercado internacional forestal; iii) contribución con proyectos de irrigación en pequeña escala y capacitación del Instituto Nacional de Adecuación de TierrasINAT-, para la administración, operación y manteamiento de los mismos; iv) acompañamiento y apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a proyectos productivos, a través de las instituciones del sector productivo, en asistencia técnica, organización, capacitación y fomento de producción; v) adelantamiento de programas de titulación y adquisición de tierras y programas de gestión empresarial por parte del INCORA; vi) Protección de los derechos constitucionales con apoyo de la Red de Solidaridad para la seguridad y asistencia alimentaria, en especial, a proyectos de cultivo de arroz en la región; vii) gestión de recursos nacionales e internacional para el desarrollo comunitario; viii) apoyo de los programas y proyectos integrales a corto, mediano y largo plazo relacionados con el ordenamiento territorial y ambiental.11

gestión de recursos nacionales e internacional para el desarrollo comunitario; viii) apoyo de los programas y proyectos integrales a corto, mediano y largo plazo relacionados con el ordenamiento territorial y ambiental.11

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g) Dijo que ese mismo sentido se predica de la Resolución núm. 046 de 2003, que suspendió los efectos jurídicos de la constitución y delimitación de la Zona de Reserva Campesina Valle del Cimitarra en beneficio del interés general y para evitar la profundización del conflicto social, como se deducía de las comunicaciones realizadas por la Presidencia del Concejo Municipal de Yondó y el director ejecutivo de la Asociación de Municipios del Magdalena Medio Bolivarense, estaba ocurriendo.

II.2. De otra parte, el INCODER propuso la excepción de falta de legitimación por pasiva ; manifestó que nada le consta sobre los supuesto fácticos y jurídicos en que se funda la demanda, puesto que dicho instituto no expidió el acto administrativo; tampoco había sido creado para el momento en que el acto acusado fue expedido.

Puso de presente que el INCORA fue suprimido y su liquidación fue ordenada mediante el Decreto núm. 1292 del 21 de mayo de 2003, en cuyo artículo 26 se señaló que corresponde al Gerente Liquidador del INCORA en Liquidación,

Puso de presente que el INCORA fue suprimido y su liquidación fue ordenada mediante el Decreto núm. 1292 del 21 de mayo de 2003, en cuyo artículo 26 se señaló que corresponde al Gerente Liquidador del INCORA en Liquidación, atender los procesos judiciales y demás reclamaciones en curso o los que llegaron a iniciarse dentro del término de la liquidación, hasta tanto se efectúe la entrega de inventarios al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y que a esta última entidad le corresponde, una vez culminada la liquidación del INCORA, asumir los procesos judiciales en los que sea parte dicha entidad en liquidación y las obligaciones que se deriven de éstos.

Afirmó que dicha norma se modificó por el artículo 2° del el Decreto núm. 4915 del 26 de diciembre de 2007 12, en el sentido de que : i) el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural asumirá, una vez culminada la liquidación del INCORA, los procesos judiciales y reclamaciones en que fuere parte dicha entidad, a excepción de los procesos y reclamaciones que se relacionen con

12 “[…] por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1292 de 2003 […]”.12

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los bienes inmuebles que hacen parte del Fondo Nacional Agrario, que serán asumidos por la entidad que tenga a su cargo la ejecución de la política

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los bienes inmuebles que hacen parte del Fondo Nacional Agrario, que serán asumidos por la entidad que tenga a su cargo la ejecución de la política agropecuaria y de Desarrollo Rural, y ii) cada entidad que recibe asumirá las obligaciones derivadas de estos procesos y reclamaciones.

En consecuencia, manifestó que el INCODER no es la entidad que está llamada a intervenir en defensa de la legalidad de la Resolución núm. 046, expedida por la Junta Directiva del INCORA.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

El magistrado sustanciador del proceso se pronunció sobre la solicitud de sucesión procesal presentada por la Agencia Nacional de Tierras , mediante auto proferido el 15 de mayo de 2019 en el que resolvió ”[…] RECONOCER a la Agencia Nacional de Tierras como sucesora procesal del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - Incoder, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”.

Mediante auto proferido el 30 de septiembre de 2020, se corrió traslado común a las partes y al Ministerio Público, para alegar de conclusión.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante, la parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA13

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silencio en esta oportunidad procesal.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA13

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El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de la Resolución núm. 046 de 10 de abril de 2003, “[…] Por el cual (sic) se suspende la Resolución número 028 de diciembre 10 de 2002 […]” (sic) expedida por la Junta Directiva del INCORA, “[…] Por la cual se constituye y se delimita la Zona de Res erva Campesina del valle del río Cimitarra en los municipios de Yondó y Remedios en el departamento de Antioquía. Cantagallo y San Pablo en el depa rtamento de Bolívar […]”

V.1.1. Problema jurídico

Para dicho efecto, la Sala debe determinar si la Junta Directiva del INCORA, hoy Agencia Nacional de Tierras , podía suspender los efectos jurídicos de la Resolución núm. 028 de 2002 ; en caso afirmativo , la Sala procederá a determinar si es a decisión se ajustó a derecho, o si fue expedida irregularmente por falta de competencia y/o con falsa motivación.

V.1.2. El acto administrativo demandado

“[…] RESOLUCIÓN NÚMERO 046 DE 2003

(abril 10)

Por el cual se suspende la Resolución número 028 de diciembre 10 de 2002.

V.1.2. El acto administrativo demandado

“[…] RESOLUCIÓN NÚMERO 046 DE 2003

(abril 10)

Por el cual se suspende la Resolución número 028 de diciembre 10 de 2002.

La Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las contenidas en el artículo 76 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO

Que previo el trámite consagrado en la Ley 160 de 1994, en el Decreto Reglamentario número 1777 de 1996 y en el Acuerdo de J.D. del Incora número 024 de 1996, y teniendo en cuenta lo acordado en la audiencia pública celebrada el 22 de junio de 2001, en la vereda La P