CE - Sentencia 11001032600020130004401 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado nœmero: 11001-03-26-000-2013-00044-01 (46699)

Demandante: Aportes San Isidro S.A.S. (ASI SAS) Demandado: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) — sucedido procesalmente por la Agencia Nacional de Tierras (ANT)1— Referencia: Acción de revisión agraria

TEMAS: ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LA ACCIÓN DE REVISIÓN AGRARIA . Tiene por objeto verificar que la entidad pœblica haya ejercido sus competencias conforme a l a Ley 160 de 1994 y al Decreto 2665 de 1994, en materia de extinción del dominio agrario. FENECIMIENTO DE LA POTESTAD SANCIONATORIA Y COMPETENCIA DEL INCODER –La extinción del dominio agrario no tiene carÆcter sancionatorio, sino que es un procedimiento administrativo orientado a v erificar la función social y ecológica de la propiedad. El tØrmino trienal del artículo 52 de la Ley 160 de 1994 es un presupuesto habilitante, por lo que no aplica la caducidad del artículo 38 del C.C.A. NATURALEZA DE LA VISITA PREVIA – La visita previa prevista en la Ley 160 de 1994 y el Decreto 2665 de 1994 constituye una actuación preparatoria y tØcnica de carÆcter no contradictorio, que no exige notificación

DE LA VISITA PREVIA – La visita previa prevista en la Ley 160 de 1994 y el Decreto 2665 de 1994 constituye una actuación preparatoria y tØcnica de carÆcter no contradictorio, que no exige notificación previa al propietario. RÉGIMEN DE NOTIFICACIONES Y FINALIDAD GARANTISTA – Las irregularidades formales en la notificación no invalidan el acto cuando el admi nistrado conoce su contenido y ejerce su defensa . DECAIMIENTO DEL ACTO DE INICIO – El acto de apertura es instrumental y solo exige indicios razonables de incumplimiento; la pØrdi da posterior de vigencia normativa no afecta su validez ni continuidad del trÆmite . EFICACIA Y OPONIBILIDAD FRENTE A TERCEROS – La publicidad del acto de inicio mediante su inscripción produce efectos frente a terceros; el conocimiento y actuación procesal frente a este configura notificación por conduct a concluyente, saneando eventuales defectos formales. VALOR PROBATORIO DE ACTUACIONES TÉCNICAS PREVIAS – Los elementos tØcnicos y las inspecciones en campo deben valorarse conforme a su pertinencia temporal y metodológica; las diligencias anteriores a la verific ación definitiva carecen de incidencia determinante en la decisión. COMPETENCIA INSTITUCIONAL DEL INCODER – La atribución para decidir los procesos de extinción de dominio agrario corresponde a la Gerencia General o a su delegatario, sin requerir aprobación de Junta Directiva, conforme al marc o normativo vigente durante la actuación. MENCIONES SOBRE DESPLAZAMIENTO Y CONFLICTO ARMADO – Las alusiones al desplazamiento o a actores armados son contextuales, pues la extinción de l dominio se

durante la actuación. MENCIONES SOBRE DESPLAZAMIENTO Y CONFLICTO ARMADO – Las alusiones al desplazamiento o a actores armados son contextuales, pues la extinción de l dominio se fundamentó exclusivamente en la inexplotación económica del predio. INFORMES DE INSPECCIÓN OCULAR – La coexistencia de dos informes no genera nulidad: el informe de 2010 carece de efectos jurídicos conforme a la sentencia T-267 de 2011 y la decisión de extinción se soportó en la inspección ocular practicada en octubre de 2012. PUBLICIDAD Y CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA – La inspección ocular y el dictamen tØcnico se practicaron con adecuada public idad y oportunidad de intervención; la inasistencia del apoderado de la sociedad actora fue voluntaria. No se vulneró el derecho de defensa. DECLARACIONES Y VALOR PROBATORIO – La decisión no se fundó en versiones informales, sino en inspección ocular, informe tØcnico y declaraciones juramentadas; la parte no ejerció diligentemente su carga de aportar y hacer comparecer testigos. TRASLADO DEL INFORME TÉCNICO – Aun cuando se demostró una omisión formal de traslado del informe tØcnico, no se acreditó afectación sustancial del derecho de defensa ni incidencia en la motivación. No proc ede nulidad por expedición irregular. SUSTENTO F`CTICO Y TÉCNICO – La inexplotación económica quedó acreditada por la inspección ocular de 2012 y su informe tØcnico. DICT`MENES PERICIALES – Los dictÆmenes practicados en sede judicial se realizaron conforme a las reglas procesales, pero no tienen

acreditada por la inspección ocular de 2012 y su informe tØcnico. DICT`MENES PERICIALES – Los dictÆmenes practicados en sede judicial se realizaron conforme a las reglas procesales, pero no tienen la entidad suficiente para desvirtuar las conclusiones del dictamen tØcn ico elaborado durante la

1 Los actos administrativos objeto de control jurisdiccion al fueron expedidos por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER). No obstante, resulta necesario precisar que las funciones asignadas a dicho establecimiento pœblico —actualmente suprimido y en proceso de liquidación — fueron reasignadas a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en virtud de lo dispuesto en el Decreto 2363 del 7 de diciembre de 2015.Radicado:11001-03-26-000-2013-00044-01 (46699)

Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.

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actuación administrativa. El dictamen agronómico presenta debilidades metodológicas y el contable es un indicio insuficiente. FUERZA MAYOR POR INUNDACIONES – Las inundaciones eran riesgos previsibles y gestionables al tratarse de suelos total o parcialmente inunda bles; requerían manejo y drenaje que no se implementó. No se configura fuerza mayor. FUERZA MAYOR POR OCUPACIÓN DEL PREDIO – El testimonio invocado es inconsistente, sin detalles verificables y contradi ctorio; ademÆs, los hechos aluden a un período anterior a la titularidad de la demandante. No acredita fuerza mayor.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en œnica instancia, la acción de revisión agraria promovida por la

mayor.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en œnica instancia, la acción de revisión agraria promovida por la sociedad Aportes San Isidro S.A.S. (ASI S.A.S.) ―en adelante, ASI S.A.S.― contra las Resoluciones nœm. 1473 de 11 de noviembre de 2008, 2266 de 5 de noviembre de 2009, 1612 de 23 de junio de 2011, 2284 de 14 de noviembre de 2012 y 0166 de 8 de febrero de 2013, expedidas en el marco de un procedimiento de extinción de dominio agrario adelantado por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural ―en adelante, INCODER―.

I. S˝NTESIS DEL CASO

La controversia se contrae a resolver la legalidad de las Resoluciones nœm. 1473 del 11 de noviembre de 2008, 2266 del 5 de noviembre de 2009, 1612 del 23 de junio de 2011, 2284 del 14 de noviembre de 2012 y 0166 del 8 de febrero de 2013, expedidas por el INCODER dentro del procedimiento administrativo especial de extinción del dominio agrario respecto de los predios denominados Las Pavas, Peæaloza y Si Dios Quiere , ubicados en el municipio de San Martín de Loba, departamento de Bolívar, actos mediante los cuales se inició el trÆmite, se decidieron los recursos interpuestos y se declaró la extinción del derecho de dominio privado sobre dichos inmuebles.

La parte demandante sostiene que el procedimiento se adelantó co n irregularidades de orden sustancial y formal, al atribuir la falta de explotaci ón

dominio privado sobre dichos inmuebles.

La parte demandante sostiene que el procedimiento se adelantó co n irregularidades de orden sustancial y formal, al atribuir la falta de explotaci ón económica a hechos imputables al anterior propietario y no al adquirente, omitir la valoración de pruebas que demostraban la realización de actividades agrícolas y ganaderas y desconocer el concepto de “explotación regular y estable” previsto en la normativa agraria. Igualmente, afirma que la administración incurrió en vicios de notificación, aplicó disposiciones declaradas inexequibles, dejó de delimitar las Æreas carentes de explotación y profirió el acto de extinción una vez vencido e l tØrmino trienal de caducidad de la potestad sancionatoria.

En este marco, sostuvo que los actos acusados vulneran el derecho de propiedad previsto en el artículo 58 de la Constitución Política, al imponer la sanción de extinción del dominio a un propietario que cumplía con la función social de la propiedad. En consecuencia, solicita la nulidad de los actos administrativos demandados, la cancelación de su inscripción en los folios de matrícula inmobiliaria correspondientes y la anotación de la sentencia en la Oficina de Registro de Instrumentos Pœblicos del municipio de MaganguØ, Bolívar.Radicado:11001-03-26-000-2013-00044-01 (46699)

Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.

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II. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. El 8 de abril de 2013, por conducto de apoderado judicial2, la sociedad ASI

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II. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. El 8 de abril de 2013, por conducto de apoderado judicial2, la sociedad ASI S.A.S. formuló demanda, en ejercicio de la acción de revisión agraria 3, contra el INCODER, con el propósito de que se revisara el procedimiento de extinción de dominio adelantado por dicha entidad respecto de los predios denominados Las Pavas, Peæaloza y Si Dios Quiere, ubicados en jurisdicción del municipio de San Martín de Loba, departamento de Bolívar. La parte actora sustentó su solicitud en las siguientes pretensiones, las cuales se transcriben de manera literal, conservando incluso sus eventuales errores formales o de redacción:

“(…) PRIMERA:

Solicito mediante la presente demanda la REVISIÓN JUDICIAL del procedimiento administrativo de extinción del derecho de dominio privado realizado por el INCODER sobre los predios rurales denominados LAS PAVAS, PEÑALOZA y SI DIOS QUIERE, ubicados en el corregimiento de Buenos Aires, jurisdicción del municipio de El Peæón, Departamento de Bolívar, cuyas descripciones son las siguientes:

PREDIO LAS PAVAS: EstÆ ubicado en la Vereda Buenos Aires, Municipio San Martín de Loba, Departamento de Bolívar. Se identifica con la matrícula MaganguØ, Departamento de Bolívar.

Tiene un Ærea de I.I27 hectÆreas con 6.534 M2. Sus linderos son: NORTE: En 746 metros lineales con propiedad que es o fue de Belisario VØlez, en 748 ml, con propiedad que es o fue de

Tiene un Ærea de I.I27 hectÆreas con 6.534 M2. Sus linderos son: NORTE: En 746 metros lineales con propiedad que es o fue de Belisario VØlez, en 748 ml, con propiedad que es o fue de Francisco Flórez; en 2.458 ml, con propiedad que es o fue de Pedro Caballero; en 293 ml, con propiedad que es o fue de Pedro Cabrales; en 874 ml, con propiedad que es o fue de Francisco Flórez; y, en 1.192 ml con propiedad que es o fue de Diego Paternina. ESTE: En 951 ml, con propiedad que es o fue de Francisco Lobo. SUR: En 1.672 ml, con propiedad que es o fue de Edeumecio Silva; en 713 ml, con propiedad que es o fue de Domingo Guerrero; en 1.830 ml, con propiedad que es o fue de Santos Montero; 125 ml, con propiedad que es o fue de Ramón Rodríguez y/o Manuel Martínez; en 1.550 ml, con propiedad que es o fue de JosØ Rangel; en 302 ml, con propiedad que es o fue de LÆzaro GutiØrrez; en 320 ml, con propiedad que es o fue de Joaquín JimØnez; y, en 1.090 ml, con propiedad que es o fue de Samuel Cano 1090. OESTE: con predios de Domingo G., playón y con una manga que desemboca al playón. Estos datos son tomados del folio de matrícula inmobiliaria 064-0000395.

PREDIO PEÑALOZA:

2 Poder conferido por su representante legal, y certificado de existencia y representación de la CÆmara de

tomados del folio de matrícula inmobiliaria 064-0000395.

PREDIO PEÑALOZA:

2 Poder conferido por su representante legal, y certificado de existencia y representación de la CÆmara de Comercio de Barranquilla nœm. 18863008 obrante a folios 99 a 106 del cuaderno 1 3 Folios 1 a 106 del cuaderno 1Radicado:11001-03-26-000-2013-00044-01 (46699)

Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.

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EstÆ ubicado en la Vereda Buenos Aires, Municipio San Martín de Loba, Departamento de Bolívar. Se identifica con la matrícula inmobiliaria 064-0006808 de la Oficina de Registro de Instrumentos Pœblicos de MaganguØ, Departamento de Bolívar. Tiene un Ærea de 198 hectÆreas con 3.250 M2. Sus linderos son: NORTE: Con terrenos del caserío del Congo y predio que es o fue de JosØ Isabel Rangel. SUR: Brazuelo de papayal en medio, con el predio el Deseo. ESTE: Con predios es o fue ocupado por Juan Martínez Mariano Vanegas y Anastasio Molina. OESTE: Camino real en medio, con finca denominada el Palmar que es o fue de propiedad de Trino Luna Morón. Estos datos son tomados del folio de matrícula inmobiliaria 064-0006808.

PREDIO SI DIOS QUIERE:

EstÆ ubicado en la Vereda Playitas, Paraje de LÆzaro, Municipio San Martín de Loba, Departamento de Bolívar. Se identifica con

PREDIO SI DIOS QUIERE:

EstÆ ubicado en la Vereda Playitas, Paraje de LÆzaro, Municipio San Martín de Loba, Departamento de Bolívar. Se identifica con la matrícula inmobiliaria 064-0002766 de la Oficina de Registro de Instrumentos Pœblicos de MaganguØ, Departamento de Bolívar. Tiene un Ærea de 42.5 hectÆreas. Sus linderos son: NORTE: Terrenos ocupados que fueron o son ocupados por Elermes y Concepción Cabrales Pacheco y Sixto Ramos HernÆndez. SUR: Con. terrenos que son o fueron ocupados por Francisco Flórez. ESTE: Con terrenos que fueron o son ocupados por Pompilio Viloria. OESTE: Con terrenos que son o fueron ocupados por Luis Vargas, Ana Gregoria Bello y Francisco Flórez. Estos datos son tomados de la escritura pœblica 619 del 10 de marzo de 2007, de la Notaría Novena de Barranquilla, y del folio de matrícula inmobiliaria 064-0002766.

SEGUNDA:

Como resultado de la REVISIÓN JUDICIAL del procedimiento administrativo de extinción del derecho de dominio privado realizado por el INCODER sobre los predios rurales denominados LAS PAVAS, PEÑALOZA y SI DIOS QUIERE, se declare que el procedimiento de extinción del derecho de dominio y los actos administrativos en el curso de tal procedimiento administrativo y mediante los cuales se decidió el procedimiento resolviendo extinguir el derecho de dominio privado, son ilegales.

TERCERA: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se declare la NULIDAD de las actuaciones surtidas dentro del

mediante los cuales se decidió el procedimiento resolviendo extinguir el derecho de dominio privado, son ilegales.

TERCERA: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se declare la NULIDAD de las actuaciones surtidas dentro del referido procedimiento administrativo adelantado por INCODER. así como la NULIDAD de las siguientes resoluciones proferidas por la entidad en desarrollo del procedimiento de extinción del

derecho de dominio privado:

a. Resolución No. 1473 del 11 de noviembre de 2008 , proferida por INCODER mediante la cual ordenó iniciar el procedimiento Administrativo de Extinción de Dominio sobre los predios LAS PAVAS, PEÑALOZA y SI DIOS QUIERE, la cual noRadicado:11001-03-26-000-2013-00044-01 (46699)

Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.

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fue notificada personalmente a APORTES SAN ISIDRO, quien se vinculó a la actuación interponiendo recurso de reposición contra este acto. b. Resolución N. 2266 del 05 de noviembre de 2009 por la cual el INCODER resolvió un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 1473 de 2008, notificada por edicto fijado el 20 de noviembre de 2009. c. Resolución No 1612 del 23 de junio de 2011 , por la cual el INCODER resolvió modificar la Resolución No. 1473 de 2008. d. Resolución No. 2284 del 14 de noviembre de 2012 , proferida por el Gerente General de INCODER, mediante la cual declaró la extinción del dominio privado agrario de los predios

d. Resolución No. 2284 del 14 de noviembre de 2012 , proferida por el Gerente General de INCODER, mediante la cual declaró la extinción del dominio privado agrario de los predios LAS PAVAS, PEÑALOZA y SI DIOS QUIERE, ubicados en el corregimiento de Buenos Aires, jurisdicción del municipio de El Peæón, Departamento de Bolívar, notificada el día 26 de noviembre de 2012. e. Resolución No 0166 del 08 de febrero de 2013, proferida por el Gerente General de INCODER. notificada mediante Edicto fijado el cuatro (4) de marzo de 2013 y desfijado el quince (15) de marzo de 2013, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 2284 de 2012.

CUARTA:

Se ordene comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Pœblicos de MaganguØ, Departamento de Bolívar, que debe inscribir el fallo respectivo y, en consecuencia, cancelar las inscripciones que con respecto al trÆmite de extinción del derecho de dominio, adelantadas por el INCODER, se efectuaron en los folios de matrícula inmobiliaria nœmeros 064-0000395 correspondiente al predio LAS PAVAS; 064-006808 correspondiente al predio PEÑALOZA; y 064-0002766 correspondiente al predio SI DIOS QUIERE de la oficina de Registro de Instrumentos Pœblicos de MaganguØ, Departamento de Bolívar (…)”.

1.2. Para fundamentar sus pretensiones, la parte accionante seæaló, en síntesis, los siguientes hechos:

Registro de Instrumentos Pœblicos de MaganguØ, Departamento de Bolívar (…)”.

1.2. Para fundamentar sus pretensiones, la parte accionante seæaló, en síntesis, los siguientes hechos:

1.2.1. En el aæo 2006, un grupo de personas identificadas como integrantes de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires ―ASOCAB― presentó ante el INCODER una solicitud de extinción del derecho de dominio privado sobre el predio denominado Las Pavas. Alegaron que dicho inmueble había permanecido abandonado por su propietario, Jesœs Emilio Escobar FernÆndez, durante quince (15) aæos y que, desde 1998, venía siendo explotado por campesinos sin reconocimiento de dominio ajeno.

1.2.2. Con ocasión de esta solicitud, el 9 de junio de 2006, la Oficina de Enlace Territorial No. 2, Regional Bolívar, dispuso adelantar diligencias previas conforme a lo previsto en la Ley 160 de 1994 y el Decreto 2665 de ese mismo aæ o, con el fin de verificar la procedencia de iniciar el trÆmite de extinción. En consecuencia, se ordenó la prÆctica de una visita previa al predio Las Pavas.Radicado:11001-03-26-000-2013-00044-01 (46699)

Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.

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1.2.3. La diligencia se llevó a cabo entre el 20 y el 23 de junio de 2006 y, segœn el informe elaborado por los funcionarios de la entidad, el predio se encontraba

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1.2.3. La diligencia se llevó a cabo entre el 20 y el 23 de junio de 2006 y, segœn el informe elaborado por los funcionarios de la entidad, el predio se encontraba abandonado hacía quince (15) aæos y era explotado por campesinos. Pese a que el auto de apertura œnicamente contemplaba visita al predio Las Pavas, el informe se extendió tambiØn a los predios Peæaloza y Si Dios Quiere, sobre los cuales se seæaló igualmente abandono y explotación por terceros sin vínculo alguno con los propietarios.

1.2.4. Posteriormente, el 10 de marzo de 2007, el seæor Jesœs Emilio Escobar FernÆndez enajenó los predios Las Pavas, Peæaloza y Si Dios Quiere a favor de las sociedades Aportes San Isidro S.A.S. y C.I. Tequendama S.A., mediante escritura pœblica No. 619 de esa fecha, inscrita en los folios de matrícula inmobiliaria correspondientes ante la Oficina de Registro de Instrumentos Pœblicos de MaganguØ, Bolívar, el 12 de abril del mismo aæo.

1.2.5. Con la expedición de la Ley 1152 de 2007 ―Estatuto de Desarrollo Rural― se derogó la Ley 160 de 1994 y su Decreto Reglamentario 2665 de 199 4, se reformó el INCODER y se creó la Unidad Nacional de Tierras Rurales ―UNAT― como unidad administrativa especial, con competencia para adelantar los procedimientos administrativos de extinción del derecho de dominio privado.

reformó el INCODER y se creó la Unidad Nacional de Tierras Rurales ―UNAT― como unidad administrativa especial, con competencia para adelantar los procedimientos administrativos de extinción del derecho de dominio privado.

1.2.6. En virtud de este cambio institucional, el INCODER, mediante auto del 21 de agosto de 2008, remitió a la UNAT las actuaciones correspondientes a las diligencias previas sobre los predios Las Pavas , Peæaloza y Si Dios Quiere , asumiendo esta œltima el conocimiento mediante auto del 8 de septiem bre de 2008.

1.2.7. El 11 de noviembre de 2008, mÆs de dos aæos despuØs de la visita inicial, la UNAT expidió la Resolución No. 1473, por medio de la cual se ordenó iniciar formalmente el procedimiento de extinción del derecho de dominio respecto de los citados predios. Este acto no fue notificado a los propietarios, pero sí al representante de ASOCAB el 12 de diciembre de 2008. Poco despuØ s, en enero de 2009, se produjo la invasión de los predios por parte de integrantes de dicha asociación campesina.

1.2.8. Ante esta situación, las sociedades Aportes San Isidro S.A.S. y C.I. Tequendama S.A., en su calidad de propietarias, presentaron querella policiva de amparo a la posesión el 21 de enero de 2009, la cual fue resuelta a su favor mediante Resoluciones No. 002 y 003 del 25 de febrero de 2009, proferida s por la Inspección Central de Policía del municipio de El Peæón, Bolívar. Fue en ese

mediante Resoluciones No. 002 y 003 del 25 de febrero de 2009, proferida s por la Inspección Central de Policía del municipio de El Peæón, Bolívar. Fue en ese contexto que las sociedades propietarias tuvieron conocimiento de la Resolució n No. 1473 de 2008, ya que el acto no había sido notificado ni inscrito e n los folios de matrícula inmobiliaria correspondientes.

1.2.9. Una vez enteradas de dicha actuación, la sociedad Aportes San Isidro interpuso recurso de reposición, alegando, entre otros aspectos, la omisión del trÆmite previo establecido en el artículo 8 del Decreto 639 de 2008, la falta de identificación material y jurídica de los predios y la ausencia de requerimiento al propietario para aportar información. El recurso fue resuelto por el INCODER mediante la Resolución No. 2266 de 5 de noviembre de 2009, confirmando la decisión inicial.Radicado:11001-03-26-000-2013-00044-01 (46699)

Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.

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1.2.10. A continuación, ambas sociedades formularon solicitudes de decaimiento y revocatoria de la Resolución 1473, que fueron resueltas mediante Resolución No. 346 de 23 de febrero de 2010, en la cual el INCODER declaró la nulidad de la actuación administrativa, aduciendo violación al debido proceso, por no hab erse vinculado al propietario inscrito al momento de la visita previa, por la omisión de inscripción del acto en los folios de matrícula inmobiliaria y por inconsistencias en

actuación administrativa, aduciendo violación al debido proceso, por no hab erse vinculado al propietario inscrito al momento de la visita previa, por la omisión de inscripción del acto en los folios de matrícula inmobiliaria y por inconsistencias en el auto que ordenaba la visita. Esta decisión fue confirmada mediante Resolución No. 766 de 7 de abril de 2010.

1.2.11. Una vez en firme la nulidad, el INCODER ordenó nuevas diligencias previas y practicó una visita en abril de 2010, de la cual se concluyó que los predios estaban siendo explotados por sus propietarios, razón por la cual se abstuvo de iniciar un nuevo trÆmite de extinción mediante auto de 25 de mayo de 2010.

1.2.12. Sin embargo, en el marco de una acción de tutela promovida por integrantes de ASOCAB, la Corte Constitucional, mediante Sentencia T-267 de 8 de abril de 2011, dejó sin efectos la Resolución No. 346 de 2010 y orden ó proseguir el trÆmite iniciado con la Resolución No. 1473 de 2008. En cumplimiento de dicha providencia, el INCODER expidió el Auto de 21 de junio de 2011 y la Resolución No. 1612 de 23 de junio del mismo aæo, mediante las cuales se reanudó el trÆmite y se incluyó como sujetos procesales a las sociedades propietarias.

1.2.13. Finalmente, luego de nuevas diligencias, entre ellas una inspección ocular practicada en octubre de 2012, el INCODER expidió la Resolución No. 2284 de 14 de noviembre de 2012, decretando la extinción del dominio privado de los

practicada en octubre de 2012, el INCODER expidió la Resolución No. 2284 de 14 de noviembre de 2012, decretando la extinción del dominio privado de los predios Las Pavas, Peæaloza y Si Dios Quiere. Contra esta decisión se interpuso recurso de reposición, resuelto mediante la Resolución No. 0166 de 8 de febrero de 2013, que confirmó lo decidido, acto que fue notificado mediante ed icto fijado el 4 de marzo y desfijado el 15 del mismo mes y aæo.

1.3. Como fundamento de la nulidad deprecada, la sociedad ASI SAS formuló los siguientes cargos:

1.3.1. Inexistencia de los presupuestos fÆcticos exigidos por la normativa aplicable:

La parte actora afirma que no se encontraban acreditados los supuestos de hecho que habilitaban la declaratoria de extinción de dominio, pues la conducta atribuida al seæor Jesœs Emilio Escobar FernÆndez, consistente en la presunta falta de explotación de los predios entre 1998 y marzo de 2007, “no podía ser atribuida a ASI SAS, y aquel no fue vinculado al procedimiento administrativo de extinción de dominio agrario”.

Sostiene que, a partir de la adquisición de los bienes en marzo de 2007, la sociedad demandante explotó de manera regular los predios Peæaloza, Las Pavas y Si Dios Quiere , que en adelante se denominaron bajo el nombre único “ Las Pavas”, mediante cultivos de palma africana desarrollados por intermedio de la sociedad Palmeras El Labrador S.A., de la cual ASI S.A.S. era accionista, ademÆs

y Si Dios Quiere , que en adelante se denominaron bajo el nombre único “ Las Pavas”, mediante cultivos de palma africana desarrollados por intermedio de la sociedad Palmeras El Labrador S.A., de la cual ASI S.A.S. era accionista, ademÆs de actividades de ganadería y de construcción. Explica que tal explotación se llevóRadicado:11001-03-26-000-2013-00044-01 (46699)

Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.

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a cabo desconociendo por completo la existencia del procedimiento de extinción, toda vez que “el inicio de este procedimiento no figuraba en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios”.

Agrega que esta circunstancia fue acreditada con documentos y corrobo rada en la visita de 2010 y en el dictamen elaborado con fundamento en dicha diligencia, pruebas que resultan vÆlidas por haberse practicado con la participación del propietario, “sin que fueran invalidadas por la Corte Constitucional”. Sin embargo, la explotación así demostrada fue ignorada en el procedimiento, lo que constituye un desconocimiento del artículo 3.17 del Decreto 2665 de 1994.

La sociedad demandante tambiØn refiere que, conforme a la jurispruden cia, el periodo de tres (3) aæos de inexplotación debe contarse inmediatamente antes de la diligencia de inspección ocular, esto es, entre octubre de 2009 y octubre de

2012. No obstante, el INCODER consideró que en ese lapso los predios habían sido explotados irregularmente, conclusión que la actora refuta, pues en su criterio

2012. No obstante, el INCODER consideró que en ese lapso los predios habían sido explotados irregularmente, conclusión que la actora refuta, pues en su criterio “no se exige que sea explotada la totalidad del predio, y la palma africana es, por su naturaleza, un cultivo regu lar y estable”, incluso frente a circunstancias externas como las inundaciones ocurridas entre 2008 y 2012 y la invasión de los terrenos.

En consecuencia, al “sancionar” a la sociedad con la extinción del dominio, pe se a haberse acreditado una explotación económica que cumplía con la f unción social de la propiedad, el INCODER vulneró el artículo 58 de la Constitución, al desconocer el contenido esencial del derecho de dominio.

1.3.2. Expedición irregular de los actos administrativos:

La actora tambiØn cuestiona la validez formal de los actos administrativos, alegando la existencia de anomalías sustanciales en su formación. Asegura que la Resolución 1473 de 11 de noviembre de 2008, que dio inicio al proced imiento, se basó en hechos previos imputables a un tercero —el seæor Escobar FernÆndez— quien no participó en la visita previa de 2006. Sin embargo, en aplicación del artículo 9 del Decreto 2665 de 1994, los efectos de dicho acto solo eran oponibles a terceros desde el registro en el folio de matrícula inmobiliaria, lo que aconteció el 15 de septiembre de 2011. De este modo, lo su cedido con anterioridad resultaba “inoponible a la demandante”.

eran oponibles a terceros desde el registro en el folio de matrícula inmobiliaria, lo que aconteció el 15 de septiembre de 2011. De este modo, lo su cedido con anterioridad resultaba “inoponible a la demandante”.

La sociedad tambiØn expone que: (i) en la visita previa de 2006 no intervi no el entonces propietario, a quien le correspondía demostrar la explotación y que, ademÆs, tenía la convicción de que el predio estaba siendo negociado con el INCODER, conculcÆndose su derecho de defensa y contradicción en los tØrminos de los artículos 7 y 10 del Decreto 2665 de 1994 y 14 y 28 del CPACA; (ii) la Resolución 1473 de 2008 fue notificada a C.I. Tequendama S.A. conforme a l Decreto 639 de 2008, pese a que dicha norma había “desaparecido del ordenamiento jurídico” con la inexequibilidad de la Ley 1152 de 2007; (iii) operó el decaimiento del acto de iniciación conforme al artículo 66.2 del CCA, por cuant o los predios ya se encontraban en explotación y dicho acto se expidió con fundamento en normas posteriormente declaradas inconstitucionales, las cuales incluso fueron aplicadas al resolver los recursos subsiguientes. AdemÆs, el INCODER incorporó en los actos demandados referencias al desplazamiento forzado de miembros de ASOCAB, circunstancia ajena a las causales de extinciónRadicado:11001-03-26-000-2013-00044-01 (46699)

Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.

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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.

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del dominio previstas en la Ley 160 de 1994; (iv) la Resolución 1612 de 2011, que modificó el acto inicial, se profirió de manera extemporÆnea y sin notificar a Tequendama S.A.; (v) el INCODER inc