CE - Sentencia 11001032600020140012100 de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-26-000-2014-00121-00 (51.996)

Demandante: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE

CUNDINAMARCA (CAR CUNDINAMARCA)

Demandado: GLORIA LUCÍA ÁLVAREZ PINZÓN Y LILIAN

ALEXANDRA HURTADO BUITRAGO Medio de control: REPETICIÓN

Asunto: AUSENCIA DE DOLO Y CULPA GRAVE

Síntesis del caso: la demanda se dirige en contra de las señoras Gloria Lucía Álvarez Pinzón y Lilian Alexandra Hurtado Buitrago quienes se desempeñaron como directora general y jefe de la oficina de talento humano de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, respectivamente, con el fin de que se les declare patrimonialmente responsables, la primera a título de dolo y la segunda a título de culpa grave, con ocasión de la condena impuesta po r la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se declaró la nulidad del acto administrativo por medio del cual se informó al señor Samuel Castillo Berrío que el cargo que desempeñaba fue suprimido.

Decide la Sala en única instancia la demanda de repetición presentada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en contra de las señoras

al señor Samuel Castillo Berrío que el cargo que desempeñaba fue suprimido.

Decide la Sala en única instancia la demanda de repetición presentada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en contra de las señoras Gloria Lucía Álvarez Pinzón y Lilian Alexandra Hurtado Buitrago.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito presentado el 21 de agosto de 20141, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca a través de apoderado judicial promovió demanda de repetición en contra de las señoras Gloria Lucía Álvarez Pinzón y Lilian Alexandra Hurtado Buitrago con las siguientes súplicas:

1 Fl. 1 cdno. ppal.Expediente 11001-03-26-000-2014-00121-00 (51.996)

Actor: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca Repetición Sentencia de única instancia

2 “1) Que se declare administrativa y patrimonialmente responsables a las Doctoras GLORIA LUCÍA ÁLVAREZ PINZÓN y LILIAN ALEXANDRA HURTADO BUITRAGO, identificadas con cédula de ciudadanía No. 51.796.816 de Bogotá y 52.031.168 de Bogotá respectivamente, de los perjuicios ocasionados a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR por la condena emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección ‘F’, dictada el siete (7) de octubre de dos mil once (2011) (sic), por concepto del reintegro y pago de la condena a favor del Señor SAMUEL CASTILLO BERRÍO.

octubre de dos mil once (2011) (sic), por concepto del reintegro y pago de la condena a favor del Señor SAMUEL CASTILLO BERRÍO.

1. Que se le condene a las señoras GLORIA LUCÍA ÁLVAREZ PINZÓN y LILIAN ALEXANDRA HURTADO BUITRAGO, identificadas con cédula de ciudadanía No. 51.796.816 de Bogotá y 52.031.168 de Bogotá respectivamente, a rembolsar (sic) a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CARla suma económica efectivamente pagada por esta Corporación al señor SAMUEL CASTILLO BERRÍO como consecuencia de la orden judicial impartida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dictada el siete (7) de junio de dos mil doce (2012) en fallo de segunda instancia y del 17 de enero de 2011 proferida por la Sección Segunda del Juzgado 11 Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá en desarrollo del proceso ordinario No. 2006-05448.

1. Que en virtud de lo anterior, se ordene a las señoras GLORIA LUCÍA ÁLVAREZ PINZÓN y LILIAN ALEXANDRA HURTADO BUITRA GO efectúe el pago de la suma de CIENTO SESENTA MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($160.612.836.oo) M/CTE, a favor de la CAR o el mayor valor que resulte probado dentro del proceso.

1. Solicito así mismo que la sentencia que ponga fin al proceso, sea de aquellas que reúnan los requisitos exigidos por los artículos 187 del

probado dentro del proceso.

1. Solicito así mismo que la sentencia que ponga fin al proceso, sea de aquellas que reúnan los requisitos exigidos por los artículos 187 del C.P.A.C.A., es decir, que en ella conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible, con el fin de que preste mérito ejecutivo.

1. Que se ordene el pago de los intereses previstos en el artículo 192 del

C.P.A.C.A.

1. Que el monto de la condena que se profiera en contra de las doctoras GLORIA LUCÍA ÁLVAREZ PINZÓN y LILIAN ALEXANDRA HURTADO BUITRAGO, sea actualizada hasta el momento del pago efectivo.

1. Que se condene en costas al demandado.” (fls. 14 y 15 cdno. ppal. - mayúsculas fijas y negrillas del texto original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso, en síntesis, lo siguiente:

1. El señor Samuel Castillo Berrío fue vinculado en provisionalidad y prestó sus servicios en la CAR Cundinamarca del 18 de febrero de 1997 al 27 de enero deExpediente 11001-03-26-000-2014-00121-00 (51.996)

Actor: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca Repetición Sentencia de única instancia

3 2006, inicialmente ocupó el cargo de técnico profesional 4175-11, el cual posteriormente se denominó técnico administrativo 4065-13.

1. El consejo directivo de la CAR Cundinamarca expidió el Acuerdo no. 044 de 2005

2006, inicialmente ocupó el cargo de técnico profesional 4175-11, el cual posteriormente se denominó técnico administrativo 4065-13.

1. El consejo directivo de la CAR Cundinamarca expidió el Acuerdo no. 044 de 2005 por medio del cual modificó la estructura orgánica de la entidad y determinó las funciones de sus dependencias, a su vez, profirió el Acuerdo no. 046 de 2005 a través del cual adoptó la planta de personal de la CAR y con base en el cual se retiró del servicio al señor Samuel Castillo Berrío.

1. Mediante oficio del 24 de enero de 2006, la jefatura de la oficina de talento humano y asuntos disciplinarios de la CAR Cundinamarca le comunicó al señor Samuel Castillo Berrío que el empleo que desempeñaba fue suprimido, motivo por el cual presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la entidad, toda vez que el acto administrativo fue proferido sin competencia, con falsa motivación y con infracción de las normas en que debía fundarse.

1. Mediante sentencia de 7 de junio de 2012 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se confirmó el fallo de primera instancia emitid o el 17 de enero de 2011 por el Juzgado 11

Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en la cual se declaró la nulidad del oficio emitido por la CAR Cundinamarca el 24 de enero de 2006 y, a título de restablecimiento del derecho se ordenó el reintegro al servicio del señor Samuel Castillo Berrío, a quien se le debían pagar todos los salarios y demás emolumentos

oficio emitido por la CAR Cundinamarca el 24 de enero de 2006 y, a título de restablecimiento del derecho se ordenó el reintegro al servicio del señor Samuel Castillo Berrío, a quien se le debían pagar todos los salarios y demás emolumentos dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación hasta la fecha del reintegro efectivo al servicio público.

1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que el acto acusado estaba viciado de falsa motivación y fue expedido irregularmente, pues, el cargo desempeñado por el señor Samuel Castillo Berrío denominado técnico administrativo 4065-13 no desapareció de la planta de personal de la CAR y, por el contrario, sus funciones y requisitos prevalecieron en la nueva planta de personal con una denominación diferente, de manera que la entidad estaba obligada a reclasificarlo o, en su defecto, si lo pretendido era retirar al empleado provisional se debió expedir un acto de declaración de insubsistencia de su nombramiento mas no removerlo del servicio con motivo de la supresión de su empleo, cuando tal situaciónExpediente 11001-03-26-000-2014-00121-00 (51.996)

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4 no correspondía a la realidad del proceso de reestructuración administrativa de la entidad; además, la CAR Cundinamarca desconoció la ley de garantías.

1. A través de la Resolución no. 2190 del 10 de septiembre de 2012, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca dispuso el reintegro laboral del señor Samuel Castillo Berrío, quien no aceptó el nombramiento y, mediante la orden de pago no.

Autónoma Regional de Cundinamarca dispuso el reintegro laboral del señor Samuel Castillo Berrío, quien no aceptó el nombramiento y, mediante la orden de pago no. 5142 del 3 de octubre de 2012 dispuso el pago en favor del demandante de la suma de ciento sesenta millones seiscientos doce mil ochocientos treinta y seis pesos ($160`612.836).

1. La señora Gloria Lucía Álvarez Pinzón, como directora general de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca actuó con dolo, por cuanto, era responsable de la transparencia y legalidad del proceso de reestructuración de la entidad y de la distribución de los empleos según lo dispuesto en el Acuerdo no. 046 de 2005; no obstante, incurrió en falsa motivación por el hecho de que en la condición de nominadora tomó la decisión de no incorporar al señor Samuel Castillo Berrío al servicio, aun sabiendo que no se presentó una supresión de su cargo y de que subsistieron otros empleos idénticos.

1. La señora Lilian Alexandra Hurtado Buitrago, en la condición de jefe de la oficina de talento humano de la entidad actuó con culpa grave, debido a que expidió en forma irregular el oficio de 24 de enero de 2006 a través del cual se desvinculó del servicio al señor Samuel Castillo Berrío sin tener competencia para ello.

1. Respecto de la conducta de las demandadas operan las presunciones establecidas en los artículos originales 5 y 6 de la Ley 678 de 2001.

3. Trámite procesal y contestaciones de la demanda

1. Por auto de 15 de septiembre de 2016 se admitió la demanda en única instancia

establecidas en los artículos originales 5 y 6 de la Ley 678 de 2001.

3. Trámite procesal y contestaciones de la demanda

1. Por auto de 15 de septiembre de 2016 se admitió la demanda en única instancia en contra de las señoras Gloria Lucía Álvarez Pinzón y Lilian Alexandra Hurtado Buitrago y se ordenó notificar el auto admisorio2, así como también correr traslado de la demanda (fls. 169 a 172 cdno. ppal.). 2 Gloria Lucía Álvarez Pinzón fue notificada personalmente el 27 de abril de 2018 (fl. 199 cdno. ppal.) y Lilian Alexandra Hurtado Buitrago se notificó por conducta concluyente en la audiencia inicial realizada el 28 de octubre de 2019 (fls. 262 a 265 ibidem).Expediente 11001-03-26-000-2014-00121-00 (51.996)

Actor: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca Repetición Sentencia de única instancia

5 2) Mediante escrito radicado el 8 de junio de 2018, la señora Gloria Lucía Álvarez Pinzón solicitó desestimar las pretensiones de la demanda, porque i) no adoptó ninguna decisión expresa y concreta respecto del señor Samuel Castillo Berrío; ii) en calidad de directora general de la CAR Cundinamarca profirió las Resoluciones nos. 050 y 051 del 18 de enero de 2006, con las cuales se realizó la distribución de los cargos entre las distintas dependencias de la CAR y se aprobó el nuevo manual de funciones y requisitos de la planta de personal, lo cual demuestra que sí hubo una supresión efectiva del cargo que ocupaba el demandante ya que, sus funciones

los cargos entre las distintas dependencias de la CAR y se aprobó el nuevo manual de funciones y requisitos de la planta de personal, lo cual demuestra que sí hubo una supresión efectiva del cargo que ocupaba el demandante ya que, sus funciones eran distintas; iii) no se violó la ley de garantías; iv) le asiste falta de legitimación en la causa por pasiva si se tiene en cuenta que el deber de comunicar la supresión del cargo recae en el jefe de la unidad de personal o quien haga sus veces, según lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto-ley 760 de 2005, en este caso era la oficina de gestión del talento humano y asuntos disciplinarios de la CAR, por lo tanto, no suscribió el acto cuestionado; v) la condena se dio por culpa exclusiva de la CAR, por cuanto, cometió graves errores en el ejercicio de defensa de la entidad en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho , sobre todo en materia de pruebas por el hecho de que no se aportaron las Resoluciones nos. 050 y 051 del 18 de enero de 2006 , lo cual indujo en error al Tribunal Administrativo de Cundinamarca; vi) debe declararse la caducidad del medio de control judicial de la referencia y, vii) no existe un daño antijurídico ni mucho menos se acreditó una conducta dolosa o el nexo de causalidad (fls. 204 a 222 cdno. ppal.).

1. Por su parte, a través de memorial presentado el 10 de diciembre de 2019, la señora Lilian Alexandra Hurtado Buitrago se opuso a las súplicas de la demanda por estimar que i) su actuar en condición de jefe de la oficina de talento humano y asuntos disciplinarios de la CAR Cundinamarca obedeció a una obligación legal

por estimar que i) su actuar en condición de jefe de la oficina de talento humano y asuntos disciplinarios de la CAR Cundinamarca obedeció a una obligación legal establecida como función propia de su cargo que, de no ser cumplida, impondría una responsabilidad disciplinaria, pues, el artículo 29 del Decreto-ley 760 de 2005 la facultaba para comunicarle por escrito al exempleado sobre la supresión del empleo y la imposibilidad de incorporarlo en la nueva planta de personal ; ii) la comunicación del 24 de enero de 2006 no adolece de falsa motivación ni fue expedida con violación de las normas que regulan la materia; por el contrario, operó la supresión efectiva del cargo que ocupaba el señor Samuel Castillo Berrío y no fue posible incorporarlo porque no existía un empleo equivalente, mas no se trató de una intención nociva o deliberada de retirarlo del servicio, iii) tampoco se desconoció la prohibición establecida en la ley de garantías respecto de no modificarExpediente 11001-03-26-000-2014-00121-00 (51.996)

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6 la nómina del Estado dentro de los cuatro (4) meses anteriores a la realización de unas elecciones; iv) no se acreditó la existencia de una conducta gravemente culposa ni irregular por extralimitación de las funciones o falta de competencia, como tampoco está probado el daño antijurídico y el nexo causal; v) la decisión del comité de conciliación de la CAR de repetir en su contra carece de objetividad y razonabilidad; vi) le asiste culpa exclusiva a la CAR Cundinamarca por la deficiente

comité de conciliación de la CAR de repetir en su contra carece de objetividad y razonabilidad; vi) le asiste culpa exclusiva a la CAR Cundinamarca por la deficiente defensa en el proceso que dio origen a la condena y, vii) carece de legitimación en la causa por pasiva porque el Acuerdo no. 046 de 2005 que suprimió el cargo del señor Samuel Castillo Berrío fue expedido por el consejo directivo de la CAR (fls. 268 a 380 cdno. ppal.3).

1. Por medio de auto de 23 de noviembre de 2020 (índice 58 SAMAI) se declararon no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y caducidad formuladas por la demandada Gloria Álvarez Pinzón.

1. Los días 28 de octubre de 20194 y 17 de marzo de 2025 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA5 (fls. 262 a 265 cdno. ppal. e índice 105 SAMAI), en dicha diligencia se resolvió sobre las pruebas solicitadas por las partes y, posteriormente, el 31 de marzo de 2025 se realizó la audiencia de pruebas en la cual se recepcionó el testimonio del señor Luis Francisco Velandia Olivar decretado a petición de la parte demandada (índice 117 SAMAI).

4. Alegatos de conclusión

Culminada la etapa probatoria, en la audiencia de pruebas realizada el 31 de marzo de 2025 (índice 117 SAMAI) se corrió traslado a las partes para que presentaran los alegatos de conclusión por el término común de diez (10) días y, por el mismo lapso, al Ministerio Público para que emitiera concepto.

de 2025 (índice 117 SAMAI) se corrió traslado a las partes para que presentaran los alegatos de conclusión por el término común de diez (10) días y, por el mismo lapso, al Ministerio Público para que emitiera concepto.

3 Escrito presentado el 10 de diciembre de 2019. 4 En esta fecha la audiencia inicial se suspendió para correr traslado de la demanda a la señora Lilian Alexandra Hurtado Buitrago y, posteriormente, se reanudó el 17 de marzo de 2025. 5 En la que se señaló que el objeto del litigio se circunscribía a “definir si las señoras Gloria Lucía Álvarez Pinzón y Lilian Alexandra Hurtado Buitrago son o no patrimonialmente responsables, la primera a título de dolo y la segunda a título de culpa grave, por la condena impuesta en el marco del proceso iniciado en ejercicio del medio de control jurisdiccional de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación número 25000-23-25-000-2006-05448-02 interpuesto por el señor Samuel Castillo Berrío en contra de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca .” (índice 105 SAMAI).Expediente 11001-03-26-000-2014-00121-00 (51.996)

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7 En dicha oportunidad procesal, las partes reiteraron los argumentos planteados durante el trámite del proceso (índices 119 y 120 SAMAI); mientras que el Ministerio Público solicitó denegar las pretensiones de la demanda porque, a su juicio, las pruebas aportadas al expediente no demuestran el elemento subjetivo, esto es, que

Público solicitó denegar las pretensiones de la demanda porque, a su juicio, las pruebas aportadas al expediente no demuestran el elemento subjetivo, esto es, que las demandadas actuaron con dolo y culpa grave (índice 86 SAMAI).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) prelación de fallo, 2 ) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 3) análisis del caso, 4) conclusión y, 5 ) condena en costas.

1. Prelación de fallo

En la actualidad, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado conoce de procesos que entraron para fallo con anterioridad, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en el turno estricto en el cual pasaron los expediente al despacho, no obstante, el artículo 18 también autoriza la modificación de la cronología de turno según “la naturaleza del asunto”6; de igual manera, el artículo 63 A de la Ley 270 de 1996 7 permitió que las denominadas altas cortes y los tribunales establecieran un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia. 6 El artículo 18 de la Ley 446 de 1998 preceptúa: “ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los

obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social. (…).” 7 El artículo 16 A, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, prevé: “Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación (…) Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las Salas de los Tribunales Superiores y de los Tribunales Contencioso-Administrativos de Distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia (…)”.Expediente 11001-03-26-000-2014-00121-00 (51.996)

de Distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia (…)”.Expediente 11001-03-26-000-2014-00121-00 (51.996)

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8 En este asunto sometido a consideración de la Sala, el objeto del litigio corresponde a una repetición en contra de unos exfuncionarios públicos, tema que en virtud de su naturaleza la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sesión y en el acta número 15 del 5 de mayo de 20058 consideró que debía dársele prelación, motivo por el cual, con fundamento en las normas previamente citadas y la referida acta, la Subsección se encuentra habilitada para emitir fallo de manera anticipada.

2. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Presentada la demanda de manera oportuna9, el centro de la controversia planteada consiste en determinar si se reúnen los requisitos necesarios para atribuirle responsabilidad a las señoras Gloria Lucía Álvarez Pinzón y Lilian Alexandra Hurtado Buitrago exdirectora general y exjefe de la oficina de talento humano de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, respectivamente, para la época de los hechos.

La Sala analizará, primero, si los elementos objetivos del medio de control de repetición se hallan acreditados , posteriormente, verificará si se encuentran demostrados los supuestos de hecho para que opere la presunción de dolo y de culpa grave alegados, además, si las conductas fueron determinantes en la causación del daño antijurídico por el cual la Corporación Autónoma Regional de

demostrados los supuestos de hecho para que opere la presunción de dolo y de culpa grave alegados, además, si las conductas fueron determinantes en la causación del daño antijurídico por el cual la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca fue condenada a indemnizar perjuicios en favor de un tercero y, si como consecuencia de ello, deben reembolsar la suma pagada por la entidad demandante.

Las pretensiones de la demanda serán negadas, porque i) la parte actora en el escrito de demanda no especificó qué presunción de dolo o culpa grave era atribuible a las demandadas de conformidad con los artículos 5 y 6 originales de la Ley 678 de 200110 y, ii) en todo caso, aún si se interpretara la demanda y se 8 Mediante la cual la Sala de la Sección Tercera del Consejo de Estado aprobó que los eventos de repetición podían fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno respectivo. 9 Según el literal I) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 , la demanda de repetición debe presentarse dentro de los dos años siguientes al día en que efectivamente se realice el pago de la condena o, a más tardar, contados desde el vencimiento del plazo con el que cuenta la administración para efectuar dicho pago. En el caso objeto de estudio, la sentencia condenatoria quedó ejecutoriada el 21 de junio de 2012 (fl. 83 cdno. ppal.), el pago de la condena al señor Samuel Castillo Berrío se hizo el 8 de octubre de 2012 (fl. 152 cdno. ppal.), esto es, dentro del término de diez (10) meses establecido en el artículo 192 del CPACA, de modo que la entidad demandante

Castillo Berrío se hizo el 8 de octubre de 2012 (fl. 152 cdno. ppal.), esto es, dentro del término de diez (10) meses establecido en el artículo 192 del CPACA, de modo que la entidad demandante tenía plazo hasta el 9 de octubre de 2014 para presentar la demanda de repetición y como esta fue radicada el 21 de agosto de 2014 (fl. 1 cdno. ppal.), se interpuso dentro del término legal. 10 La parte demandante, en relación con el dolo atribuido a la señora Gloria Lucía Álvarez Pinzón, tan solo se limitó a señalar que aquella actuó con falsa motivación; sin embargo, una revisión delExpediente 11001-03-26-000-2014-00121-00 (51.996)

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9 estableciera que se alegaron determinadas causales, lo cierto es que no se acreditó el supuesto de hecho de la presunción legal que, al parecer, pretendió invocar la entidad demandante.

3. Análisis del caso

Para el análisis del presente caso la Sala abordará su estudio en el siguiente orden: 1) generalidades del medio de control judicial de repetición, 2) la existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio, 3) la acreditación del pago, 4) la condición de agente de las demandadas, y 5) la calificación de la conducta de las demandadas.

3.1 Generalidades del medio de control judicial de repetición

El artículo 90 superior prevé que en los casos en que el Estado es obligado a reparar un daño debe repetir contra su agente cuando la condena ha sido el

demandadas.

3.1 Generalidades del medio de control judicial de repetición

El artículo 90 superior prevé que en los casos en que el Estado es obligado a reparar un daño debe repetir contra su agente cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este 11; de igual manera, la figura ha tenido desarrollo legal en el Decreto-ley 01 de 1984 y en forma más reciente en la Ley 678 de 2001.

En tal virtud la jurisprudencia de la Corporación ha sido unánime en determinar los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, a saber: (i) la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular; (ii) el pago efectivo a la víctima del daño y, (iii) la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente como factor determinante de la condena.

3.2 La existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio

Para la Sala, no cabe duda sobre la existencia de una condena judicial impuesta en contra de la parte actora consistente en el pago de una suma de dinero, pues, en el expediente obra copia de la sentencia del 7 de junio de 2012 proferida en

artículo 5 original de la Ley 678 de 2001 da cuenta de dos causales (en concreto los numerales segundo y tercero) relacionados con la motivación; asimismo, la parte actora se limitó a señalar que Lilian Alexandra Hurtado Buitrago actuó con culpa grave por falta de competencia sin explicitar a qué causal del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 se refería. 11 Constitución Política de Colombia, artículo 90, inciso segundo: “…en el evento de ser condenado

Lilian Alexandra Hurtado Buitrago actuó con culpa grave por falta de competencia sin explicitar a qué causal del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 se refería. 11 Constitución Política de Colombia, artículo 90, inciso segundo: “…en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra este”.Expediente 11001-03-26-000-2014-00121-00 (51.996)

Actor: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca Repetición Sentencia de única instancia

10 segunda instancia por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación no. 25000-23-25-000-2006-05448-02 (fls. 54 a 82 cdno. ppal.), mediante la cual se confirmó la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio no. 2006-0000-01212 del 24 de enero de 2006 expedido por la jefe de talento humano y asuntos disciplinarios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, a través del cual se le informó al señor Samuel Castillo Berrío que el cargo que desemp eñaba fue suprimido, situación que produjo su retiro del servicio y, como consecuencia de ello se ordenó i) el reintegro laboral del demandante y, ii) el pago de los salarios dejados de percibir por este, providencia que adquirió firmeza el 21 de junio de 2012 (fl. 83 ibidem).

3.3 La acreditación del pago

de percibir por este, providencia que adquirió firmeza el 21 de junio de 2012 (fl. 83 ibidem).

3.3 La acreditación del pago

Respecto del pago de la condena, la actuación se soporta en los siguientes documentos:

1. La Resolución no. 2303 de 26 de septiembre de 2012, por medio de la cual el director general de la CAR Cundinamarca reconoció en favor del señor Samuel Castillo Berrío la suma dineraria de ciento noventa y dos millones setecientos noventa y seis mil novecientos cuarenta y siete pesos ($192`796.947), equivalente a los emolumentos salariales y prestacionales e intereses causados (sin descontar los aportes a la Seguridad Social Integral y otros conceptos), dicho valor fue incluido en el certificado de disponibilidad presupuestal no. 1334 del 25 de septiembre de 2012 (fls. 26 a 100 y 118 a 121 cdno. ppal.).

1. La orden de pago no. 5142 de 3 de octubre de 2012, a través de la cual el contador de la CAR Cundinamarca liquidó la suma reconocida en favor del señor Samuel Castillo Berrío por un valor total de ciento sesenta millones