CE - Sentencia 11001032600020140017800 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Número interno: 52765

Radicación: 11001-03-26-000-2014-00178-00

Demandante: Gabriel Ordóñez Demandado: Agencia Nacional de Minería–ANM Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO-Competencia del Consejo de Estado en única instancia. ASUNTOS MINEROS-El Código de Minas , Ley 685 de 2001 , distribuye las competencias para conocer de controversias mineras en las diferentes autoridades de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO -Si l a causa del daño radica en la presunta ilegalidad de un acto administrativo, el medio de control procedente, de conformidad con el artículo 138 del CPACA, es la nulidad y restablecimiento del derecho . CÓDIGO DE MINAS -lnexequibilidad diferida de la Ley 1382 de 2010 . FORMALIZACIÓN DE MINERÍA TRADICIONAL-Vigencia de la Ley 1382 de 2011 y el Decreto 933 de 2013 por efectos de la sentencia C-366 de 2011. PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD-Atributo de los actos administrativos. DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO-La decisión de ilegalidad de un acto general no afecta la legalidad de los efectos de carácter particular que hubiere podido haber causado . NULIDAD DE ACTOS

DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO-La decisión de ilegalidad de un acto general no afecta la legalidad de los efectos de carácter particular que hubiere podido haber causado . NULIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS-Procede por infracción de las normas en que deberían fundarse.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver, en única instancia, la demanda promovida por Gabriel Ordóñez, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de unos actos administrativos expedidos por la Agencia Nacional de Minería (en adelante ANM).

I. SÍNTESIS DEL CASO

Gabriel Ordóñez presentó demanda contra la ANM para que se declare la nulidad de los actos administrativos No s. 4960 del 12 de noviembre de 2013 y 443 del 12 de febrero de 2014, que rechaz aron la solicitud de formalización de minería tradicional LFF 14102X, para la explotación de un yacimiento de minerales de oro, plata y sus concentrados, ubicado en el municipio de Marmato, departamento de Caldas. Lo anterior, porque se afirmó que las resoluciones acusadas infringieron normas superiores en las que debían fundarse . A título de restablecimiento del derecho se pidió la celebración d el respectivo contrato de concesión minera, junto con la reparación del daño sufrido por la privación de la explotación de los minerales.Radicación: 11001-03-26-000-2014-00178-00 (52765)

Demandante: Gabriel Ordóñez Demandado: Agencia Nacional de Minería-ANM Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Gabriel Ordóñez Demandado: Agencia Nacional de Minería-ANM Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

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II. ANTECEDENTES

La demanda y su trámite

El 7 de noviembre de 20141, Gabriel Ordóñez, por conducto de apoderada judicial, presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la ANM, para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas2 (transcripción literal, incluso los errores):

1. PRINCIPALES.

A. PRIMERA SERIE DE PRETENSIONES PRINCIPALES.

-PRIMERA: Que se DECLARE LA NULIDAD de la RESOLUCIÓN NÚMERO 004960 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2013, expedida por la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, “Por la cual se rechaza, se archiva la solicitud de minería tradicional No. LFF-14102X y se toman otras decisiones”.

-SEGUNDA: Que se DECLARE LA NULIDAD de la RESOLUCIÓN No. 000443

DEL 12 DE FEBRERO DE 2014, expedidas por la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposi ción interpuesto contra la Resolución No. 0004960 de 2013, dentro del expediente No. LFF14102X”.

-TERCERA: Que se ordene A LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA el cese de los efectos inmediatos de los actos administrativos, cuya nulidad se reclama en la presente demanda.

• CUARTA: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos

los efectos inmediatos de los actos administrativos, cuya nulidad se reclama en la presente demanda.

• CUARTA: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos, se otorgue por parte de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, el correspondiente CONTRATO DE CONCESIÓN del área identificada como LFF14102X, ubicada en la ZONA ALTA DE MARMATO - CALDAS - MINA LA CEIBACERRO EL BURRO.

• QUINTA: Que se CONDENE a la NACIÓN - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA a reparar los daños patrimoniales sufridos por el Señor GABRIEL ORDÓÑEZ, por cuanto se ha visto afectado su buen nombre, su actividad comercial y su vida familiar, como consecuencia de las decisiones emanadas de las diferentes autoridades mineras y actualmente de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, en la cuantía que estimen los peritos durante el presente proceso, a títu lo de lucro cesante.

-SEXTA: Que se indemnicen los perjuicios morales ocasionados al señor GABRIEL ORDÓÑEZ, por cuanto se ha visto afectado su buen nombre y su integridad física y moral, como consecuencia de las acusaciones infundadas y los desalojos de q ue ha sido objeto por parte de las autoridades administrativas. La cuantía de dichos perjuicios la estimamos en 500 S.M.M.L.V, o la suma que logre ser probada en el curso del proceso.

B. SEGUNDA SERIE DE PRETENSIONES PRINCIPALES.

-PRIMERA: Que se DECLARE por su Despacho, que el Señor GABRIEL ORDÓÑEZ no está obligado al cierre de la mina.

B. SEGUNDA SERIE DE PRETENSIONES PRINCIPALES.

-PRIMERA: Que se DECLARE por su Despacho, que el Señor GABRIEL ORDÓÑEZ no está obligado al cierre de la mina.

-SEGUNDA: Que se CONDENE a la NACIÓN - AGENCIA NACIONAL DE

1 Folio 1 del cuaderno principal. 2 Folios 1A a 50 del cuaderno principal.Radicación: 11001-03-26-000-2014-00178-00 (52765)

Demandante: Gabriel Ordóñez Demandado: Agencia Nacional de Minería-ANM Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

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MINERÍA a reparar los daños patrimoniales sufridos por el Señor GABRIEL ORDÓÑEZ, por cuanto se ha visto afecta do su buen nombre, su actividad comercial y su vida familiar, como consecuencia de las decisiones emanadas de las diferentes autoridades mineras y actualmente de la AGENCIA NACIONAL DE MINERIA, en la cuantía que estimen los peritos durante el presente proc eso, a título de lucro cesante.

-TERCERA: Que se indemnicen los perjuicios morales ocasionados al señor GABRIEL ORDÓÑEZ, por cuanto se ha visto afectado su buen nombre y su integridad física y moral, como consecuencia de las acusaciones infundadas y los desalojos de que ha sido objeto por parte de las autoridades administrativas. La cuantía de dichos perjuicios la estimamos en 500 S.M.M.L.V, o la suma que logre ser probada en el curso del proceso.

-CUARTA: Que se reconozca el pago de costas y gastos procesales, así como las

cuantía de dichos perjuicios la estimamos en 500 S.M.M.L.V, o la suma que logre ser probada en el curso del proceso.

-CUARTA: Que se reconozca el pago de costas y gastos procesales, así como las agencias en Derecho, por parte de la NACIÓN - AGENCIA NACIONAL DE

MINERÍA.

-QUINTA: Que se DISPONGA que las sumas liquidas de dinero contenidas en la condena devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, de acuerdo con el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. SUBSIDIARIAS.

A. PRIMERA: Que se ordene a la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, otorgar el correspondiente CONTRATO DE CONCESIÓN del á rea identificada como LFF14102X, ubicada en la ZONA ALTA DE MARMATO - CALDAS - MINAS EL SALTO, EL CAÑÓN Y LA ROCA - CERRO EL BURRO, y su correspondiente inscripción

en el REGISTRO MINERO NACIONAL.

Como fundamento fáctico, en síntesis, se narró:

El 15 de junio de 2010, Gabriel Ordóñez radicó , ante la Unidad Delegación Minera del Departamento de Caldas, «los formularios simplificados para la legalización de explotaciones mineras de hecho para las áreas identificadas como LH -0337 y LH0350 (Hoy , LFF-14101X y LFF-14102X)». Además, aport ó las facturas de compraventa de oro, a través de las cuales se pretendía demostrar que comercializaba el mineral extraído de las minas desde hace más de 30 años.

compraventa de oro, a través de las cuales se pretendía demostrar que comercializaba el mineral extraído de las minas desde hace más de 30 años.

Indica que el secretario de Gobierno del Departamento de Caldas desestimó las facturas allegadas, al tacharlas de falsas, por lo que remitió copias a la Fiscalía General de la Nación por el delito de falsedad en documento privado. Mediante decisión del 29 de enero de 2013, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Manizales «decretó “ … por decisión y sustento de la Fiscalía. la PRECLUSION (sic) de la investigación a favor del indiciado”, con lo cual se entiende que las facturas de venta aportadas por el Señor GABRIEL ORDÓÑEZ son auténticas y válidas para ser tenidas en cuenta como documentación comercial por parte de la UNIDAD DELEGACIÓN MINERA DE CALDAS».Radicación: 11001-03-26-000-2014-00178-00 (52765)

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Por lo anterior, el 11 de junio de 2013, se radicó nuevamente la documentación técnica con la cual se daba cumplimiento a lo indicado en el Decreto 2715 de 2010, entre las cuales se aportaron los estudios técnicos para las solicitudes LH0350-17,

LH0337-17 (hoy, LFF-14101X y LFF-14102X).

Ante la falta de respuesta por parte de la Unidad de Delegación Minera de Caldas de las solicitudes de lega lización, se presentó una petición a la entidad para que

LH0337-17 (hoy, LFF-14101X y LFF-14102X).

Ante la falta de respuesta por parte de la Unidad de Delegación Minera de Caldas de las solicitudes de lega lización, se presentó una petición a la entidad para que informara sobre el trámite adelantado. Como respuesta, se indicó que la actuación se había remitido a la Vicepresidencia de Contratación y Titulación Minera de la ANM.

Mediante proveído No. 000007 del 16 de septiembre de 2013 , la ANM avocó el conocimiento de las solicitudes de legalización minera, entre ellas la solicitud No. LFF-14102X, debido a que, por Resolución No. 0253 del 15 de abril de 2013, esa agencia reasumió las funciones que habían sido delegadas en el Departamento de Caldas, a partir del 18 de junio de 2013.

El 12 de noviembre de 2013, a través de la Resolución No. 4960, la ANM rechazó la solicitud de formalización de minería tradicional No. LFF-14102X, con fundamento en que el Decreto 933 de 2013 había limitado a una sola solicitud de formalización minera tradicional por solicitante, por lo que, al consultar el catastro minero, se encontró que Gabriel Ordóñez tenía radicada y vigente con anterioridad la solicitud LFF-14101X que estaba en estudio. Esta decisión se notificó personalmente al interesado el 4 de diciembre de 2013.

En escrito con radicado No. 20135000422782 del 11 de diciembre de 2013, se interpuso recurso de reposición contra la Resolución No. 4960 de 2013, el cual fue

interesado el 4 de diciembre de 2013.

En escrito con radicado No. 20135000422782 del 11 de diciembre de 2013, se interpuso recurso de reposición contra la Resolución No. 4960 de 2013, el cual fue resuelto mediante Resolución No. 443 de 2014, en la que se confirmó el rechazo de la solicitud. Decisión que quedó ejecutoriada el 14 de abril de 2014.

En relación con el fundamento jurídico –las normas violadas y el concepto de violación–, la parte demandante consideró que los actos acusados son nulos por: i) aplicación de una norma posterior a la vigente al momento de presentación de la solicitud de formalización minera que fue declarada inexequible, i i) «manifiesta contradicción con la ley» al no aplicar un sistema de coordenadas de la zona especial de Marmato y iii) la inexistencia de superposición de terreno y el uso inadecuado de un sistema de coordenadas que no permite identificar cotas.Radicación: 11001-03-26-000-2014-00178-00 (52765)

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Frente al cargo i), se indicó que l a solicitud de legalización presentada se hizo en cumplimiento del artículo 12 de la Ley 1382 de 2010, norma que se encontraba vigente al inicio del trámite y que otorgó el derecho a los mineros tradicionales para presentar las solicitudes de legalización, señalando para ello un plazo máximo de dos años.

Además, el parágrafo primero del artículo 1 de esa norma estableció tres requisitos

presentar las solicitudes de legalización, señalando para ello un plazo máximo de dos años.

Además, el parágrafo primero del artículo 1 de esa norma estableció tres requisitos para que se pudiera adelantar el trámite referido, a saber: 1) acreditar trabajos mineros en forma continua durante cinco años, 2) acreditar los trabajos mineros con documentación comercial y técnica y 3) existencia mínima de 10 años anteriores a la vigencia de la ley, los cuales fueron debidamente probados a lo largo del proceso ante la autoridad minera, sin que en ninguno de ellos se fijara limitación alguna diferente a la s contempladas en la misma ley, en relación con el número de solicitudes que se podían presentar por la misma persona natural o jurídica.

Se afirma que no era posible aplicar el Decreto 2715 de 2010, Decreto 1970 de 2012 y, en particular, el Decreto 933 d e 2013, a las solicitudes presentadas con anterioridad a la expedición de dichos actos, mediante los cuales se «modificó los parámetros para acudir ante la autoridad minera para presentar las solicitudes de formalización». Por ello, (transcripción literal):

(…) no resulta jurídicamente viable aplicar para en el caso concreto el Decreto 933 de 2013, toda vez que el mismo, además de ser posterior al inicio del trámite, desconoce los derechos otorgados en virtud de la Ley 1382 de 2010 y protegidos por la Corte Constitucional al prorrogar la entrada en vigencia de los efectos de la inexequibilidad de la ley 1382 de 2010, desconociendo entre otros, el Principio de la Irretroactividad. (…) Así las cosas, emerge con meridiana claridad que haber decidido NEGAR la

inexequibilidad de la ley 1382 de 2010, desconociendo entre otros, el Principio de la Irretroactividad. (…) Así las cosas, emerge con meridiana claridad que haber decidido NEGAR la solicitud de formalización instaurada por el Señor GABRIEL ORDÓÑEZ, amparados en lo estipulado en los artículos 2° y 4° del Decreto 933 de 2010, CONTRAVIENE LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES AL DEBIDO PROCESO, AL DERECHO AL TRABAJO Y AL DERECHO A LA IGUALDAD.

Por otra parte, expresó que, en relación con los cargos ii) y ii i) dadas las particularidades del sector denominado Cerro El Burro -municipio de Marmato-, el cual fue designado como un «distrito especial» con la expedición del Decreto 2223 de 1954, «las explotaciones se hacen en niveles o cotas o altimetría», por lo que la ANM debió realizar el estudio técnico con ese sistema y no a través del método de coordenadas planas Gauss, lo que podría demostrar que el área explotada si es susceptible de otorgamiento. Igualmente, (transcripción literal):Radicación: 11001-03-26-000-2014-00178-00 (52765)

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La ley 685 de 2001 no prohíbe el sistema por cotas de lo contrario, repito, no se hubiesen proferidos actuaciones administrativas por la autoridad minera, ni excusarse en un sistema cuando el mismo CATASTRO MINERO COLOMBIANO

La ley 685 de 2001 no prohíbe el sistema por cotas de lo contrario, repito, no se hubiesen proferidos actuaciones administrativas por la autoridad minera, ni excusarse en un sistema cuando el mismo CATASTRO MINERO COLOMBIANO CMCREFLEJA LAS COTAS, tal como se ha demostrado con suficiencia en el presente escrito. (…) Con lo anterior no solo se desconoce la evaluación por el sistema de COTAS, que es como se deben realizar las evaluaciones en atención a la ubicación de la Mina de propiedad del señor GABRIEL ORDÓÑEZ que por encontrarse localizada en el municipio de Marmato, CERRO EL BURRO, es considerada una zona especial tal y como lo manifestó la autoridad minera de la época en sus revaluaciones; por lo tanto, cualquier evaluación que se haga sobre esta zona DEBER Á HACERSE teniendo en cuenta las COTAS, ya que esta forma de evaluación fue considerada así con el único fin de salvaguardar los derechos fundamentales de los mineros tradicionales de esa región del país.

Mediante auto del 23 de febrero de 2015 , se admitió la demanda por encontrar reunidos los requisitos de ley3, decisión que fue notificada debidamente4.

En la misma fecha, en providencia separada 5, se corrió traslado de la medida cautelar de suspensión provisional de los actos acusados, de acuerdo con el artículo 233 del CPACA, actuación que también se notificó en debida forma6.

Contestación de la demanda

El 14 de octubre de 2015 7, la Agencia Nacional de Minería -ANM contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, porque las resoluciones

Contestación de la demanda

El 14 de octubre de 2015 7, la Agencia Nacional de Minería -ANM contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, porque las resoluciones acusadas se expidieron con apego al ordenamiento jurídico vigente , es decir, el Decreto 933 de 2013, el cual contemplaba -artículo 4 - que los solicitantes de formalización minera tradicional no podían presentar otras solicitudes en ese mismo sentido, que se superpongan total o parcialmente sobre la misma área solicitada en un inicio, pero en caso de presentarse dicha situación, estas solicitudes posteriores serían rechazadas.

Por ello, la solicitud de formalización LFF-14102X, presentada por el demandante, fue rechazada por la autoridad minera, en tanto, se demostró que Gabriel Ordóñez tenía otra solicitud en trámite radicada con anterioridad, identificada con la placa No. LFF-14101X y, en consecuencia, la ANM se vio avocada a rechazar la solicitud de

3 Folios 264 a 271 del cuaderno principal. Inicialmente, la demanda se inadmitió en providencia del 4 de diciembre de 2014 (folios 257 y 258) y se subsanó en término, a través de escrito del 16 de enero de 2015 (folios 259 a 261). 4 Folios 274 y 245 del cuaderno principal. 5 Folio 26 del cuaderno de medidas cautelares. 6 Folio 42 del cuaderno de medidas cautelares. 7 Folios 278 a 297 del cuaderno principal.Radicación: 11001-03-26-000-2014-00178-00 (52765)

Demandante: Gabriel Ordóñez

6 Folio 42 del cuaderno de medidas cautelares. 7 Folios 278 a 297 del cuaderno principal.Radicación: 11001-03-26-000-2014-00178-00 (52765)

Demandante: Gabriel Ordóñez Demandado: Agencia Nacional de Minería-ANM Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

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legalización de minería tradicional No. LFF -14102X, mediante los actos administrativos objeto de la presente demanda; además (transcripción literal):

Por lo anterior, dado que el demandante, presentó una solicitud de legalización minera objeto de la presente litis, es claro que lo que le asiste es una mera expectativa, que de reunir los requisitos establecidos en la ley eventualmente podía terminar en la suscripción de un contrato de concesión; no obstante, ante los cambios normativos contenidos en la Ley 1382 de 2010 el señor GABRIEL ORDÓÑEZ estaba obligado a ajustar su solicitud a los requisitos establecidos en la normativa vigente al momento de su evaluación, en consonancia con lo previsto en el artículo 17 de la ley 153 de 1887, que establece: "Las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley nueva que los anule o cercene." y a su vez con el artículo 18 de la Ley 153 de 1887,el cual prevé: "...Si la ley estableciere nuevas condiciones para el ejercicio de una industria, se concederá a los interesados el término que la ley señale, y si no lo señala, el de seis meses". (…) En este orden de ideas, bien puede afirmarse que una confrontación de los actos administrativos demandados con las normas superiores supuestamente infringidas no permite llegar a una conclusión diferente al apego absoluto de los mismos a la

(…) En este orden de ideas, bien puede afirmarse que una confrontación de los actos administrativos demandados con las normas superiores supuestamente infringidas no permite llegar a una conclusión diferente al apego absoluto de los mismos a la legislación minera; por cuanto el rechazo se sustentó en la inobservancia de unos requisitos estatuidos específicamente en el Decreto 0933 de 2013 para la celebración de un contrato de concesión minera.

En relación con los motivos de inconformidad con la aplicación de l sistema de coordenadas plana Gauss a la solicitud de legalización de minería tradicional en la zona de Marmato, indicó que el Decreto 2390 de 2002, en concordancia con el numeral 1 del artículo 28 del Decreto 933 de 2013, establecen como causal de rechazo cuando el área solicitada se encuentre ocupada por títulos mineros diferentes a los contratos de concesión, contratos en áreas de aporte o autorizaciones temporales, es decir, si existe superposición con otr as solicitudes vigentes al momento de la presentación.

Por ello, no se puede desconocer que la red geológica nacional -artículo 65 de la Ley 685 de 2001 - adoptó las coordenadas MAGNAS SIRGAS y las coordenadas planas Gauss , lo que se aplica al sistema de información minera -artículo 336, ibidem-, (transcripción literal):

Bajo este entendido, encontramos que si bien a partir del Decreto 2345 de 2008, se adopta la plataforma tecnológica Catastro Minero Colombiano -CMC, la cual a su vez adopto el sistema de coordenadas planas de Gauss, sistema de origen Datum Bogotá, esta pla taforma no fue diseñada ni cuenta con las herramientas tecnológicas suficientes para evaluar y definir áreas a través del sistema de

su vez adopto el sistema de coordenadas planas de Gauss, sistema de origen Datum Bogotá, esta pla taforma no fue diseñada ni cuenta con las herramientas tecnológicas suficientes para evaluar y definir áreas a través del sistema de altimetría con manejo de la coordenada "Z", lo que desde luego no corresponde a un mero capricho a la hora de implementar e l sistema, pues en ese evento se deberían adelantar las gestiones pertinentes para adecuar la herramienta tecnológica a las necesidades que se requieran. En consecuencia, el hecho que el sistema oficial no se encuentre habilitado para evaluar y definir áreas por cotas de nivel, obedece específicamente a que por ley, se estableció que a partir de su entrada en vigencia, las áreas se deben identificar a través de un polígono deRadicación: 11001-03-26-000-2014-00178-00 (52765)

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superficie, que por su naturaleza para su identificación, referenciación y delimitación, se debe adecuar al sistema de planimetría por coordenadas planas de Gauss en vértices "X y Y".

Así las cosas, conforme a lo establecido por la Ley, el sistema se diseñó e implementó para el estudio y definición de áreas por planimetría a través de la identificación con coordenadas con vértices únicamente en "X y Y", sin considerar la coordenada "Z" para la identificación de áreas por cotas de nivel, explicación de orden legal que no puede ser obviada por esta Autoridad Minera.

En lo que respecta a las minas de Marmato -Caldas, señaló que, si bien el Decreto

la coordenada "Z" para la identificación de áreas por cotas de nivel, explicación de orden legal que no puede ser obviada por esta Autoridad Minera.

En lo que respecta a las minas de Marmato -Caldas, señaló que, si bien el Decreto 2223 de 1954, el cual se refiere a un régimen de contratación de las Minas Nacionales de Marmato, este rige para los títulos que fueron otorgados por dicha normatividad para esa época, a partir de la expedición de la Ley 685 de 2001, la obtención de un título minero se adquiere mediante la modalidad de contrato de concesión, salvo los títulos otorgados antes, tal como lo dispone el artículo 14 de esa ley, en concordancia con el artículo 348 de la misma codificación, circunstancia que no ocurre en este asunto.

Decisión sobre medidas cautelares

El 21 de mayo de 2019 8 se resolvió decretar la medida cautelar solicitada por la parte demandante, que consistió en la suspensión provisional de los efectos de actos acusados, providencia que fue notificada mediante estado del 24 de mayo de

20199. Contra esta determinación, la parte demandada interpuso recurso de súplica10, que la Subsección C de la Sección Tercera del Co nsejo de Estado confirmó, en providencia del 29 de abril de 202211.

Trámite de sentencia anticipada

Mediante auto del 3 de marzo de 202312 se prescindió de la audiencia inicial con el fin de dictar sentencia anticipada, se fijó el litigio 13, se decretaron las pruebas documentales solicitadas por la s partes, se negaron las testimoniales y se corrió

fin de dictar sentencia anticipada, se fijó el litigio 13, se decretaron las pruebas documentales solicitadas por la s partes, se negaron las testimoniales y se corrió

8 Folios 70 y 71 del cuaderno de medidas cautelares. 9 Folio 71 anverso del cuaderno de medidas cautelares. 10 Folios 73 a 73 del cuaderno de medidas cautelares. 11 Folios 80 a 91 de cuaderno de medidas cautelares. 12 Cfr. SAMAI, índice 74. Mediante auto del 21 de abril de 2023, se resolvió favorablemente el recurso de reposición interpuesto por la ANM , por lo que se adicionó la parte resolutiva para seña lar «SÉPTIMO: DECLÁRASE que el escrito de contestación de la demanda de la Agencia Nacional de Minería se presentó en tiempo. // OCTAVO: NIÉGASE el testimonio solicitado por la Agencia Nacional de Minería en la contestación de la demanda» (visible a índice 83, SAMAI). Decisión que se notificó por estado electrónico del 26 de abril de 2023 (visible a índice 85, SAMAI). 13 El cual se plasmó en los siguientes términos: «Corresponde a la Sala determinar si las Resoluciones n.º 4960 del 12 de noviembre de 2013 y n°. 443 del 12 de febrero de 2014 son ilegales por desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa, falsa motivación e infracción de las normas en que debía fundarse».Radicación: 11001-03-26-000-2014-00178-00 (52765)

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traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir el concepto respectivo, oportunidad en la que guardaron silencio. El 17 de julio de 202514, el Despacho interrumpió el proceso por la constatación de la muerte del demandante, según lo dispuesto en el artículo 159.1 del CGP . Por ello, en los términos del artículo 160 del CGP, requirió a la cónyuge o compañera permanente, a los herederos, al albacea con tenencia de bienes, al curador de la herencia yacente para que comparecieran al proceso y design aran nuevo apoderado, lo cual se cumplió con el memorial del 28 de agosto de 202515.

Por auto del 16 de septiembre de 2025, se reconoció como sucesor procesal del demandante a Jhon Edison Ordóñez Largo , al demostrar la calidad de hijo del causante16.

III. CONSIDERACIONES

Régimen procesal del litigio

1. Al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de interposición de la demanda -7 de noviembre de 2014 -, que corresponden a las contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), así como l os preceptos del Código General del Proceso (en adelante CGP), en virtud de la remisión expresa prevista por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados.

También, resulta aplicable la Ley 2080 de 2021 -reforma al Código de Procedimiento

Código General del Proceso (en adelante CGP), en virtud de la remisión expresa prevista por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados.

También, resulta aplicable la Ley 2080 de 2021 -reforma al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) -, con excepción de las modificaciones sobre competencia, las cuales solo se aplicarán a las demandas que se presenten un año después de publicada dicha ley , según lo prevé el artículo 86 de esta norma -régimen de vigencia y transición normativa-17, en concordancia con

14 Cfr. SAMAI, índice 97. Decisión que se notificó por estado electrónico del 1 de agosto de 2025 (visible a índice 99, SAMAI). 15 Cfr. SAMAI, índice 107. Reiterado en escrito del 9 de septiembre de 2025 (visible a índice 109, SAMAI). 16 Cfr. SAMAI, índice 110. 17 ARTÍCULO 86. RÉGIMEN DE VIGENCIA Y TRANSICIÓN NORMATIVA. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley. (…) De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.

Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011. En estos mismos