CE - Sentencia 11001032600020150003800 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 19 de septiembre de 2025

Radicado: 11001-03-26-000-2015-00038-00 (53263)

Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada Demandado: Felipe Muñoz Gómez y Otra Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011

Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN – única instancia – no configuración de presunciones – ausencia de elemento subjetivo.

Síntesis del caso: Una trabajadora de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada fue desvinculada de la entidad en el trámite de su re estructuración. Promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho y obtuvo sentencia favorable. Sobre la base de que actuaron de manera gravemente culposa , se demandó en acción de repetición a l funcionario que tenía la potestad nominadora y quien comunicó el acto de desvinculación.

Conoce la Sala, en única instancia, la repetición de la referencia. La Subsección tiene competencia para estudiar este asunto por tratarse de una repetición contra el exrepresentante de una entidad del orden nacional en virtud del artículo 149 numeral 13 de la Ley 1437 de 20111.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

virtud del artículo 149 numeral 13 de la Ley 1437 de 20111.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3. Actuación relevante en única instancia.

1.1 Posición de la parte demandante

1. El 30 de enero de 2014 2, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada interpuso demanda de repetici ón en contra de Felipe Mu ñoz Gómez y Elsy Correal Ortiz , con el fin de que se les declarara responsables del detrimento patrimonial causado con la condena impuesta a la entidad en Sentencia de 13 de abril de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sus pretensiones fueron (se trascribe):

“1. Que se declare patrimonialmente responsable a FELIPE MUÑOZ GOMEZ Y ELSY CORREAL ORTIZ, ex funcionarios de la Super Intendencia de Vigilancia y seguridad Privada, y en Calidad de Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada y directora administrativa, respectivamente, del detrimento patrimonial ocasionado a la SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, como consecuencia de la condena proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda - Subsección " E" en Des congestión, en sentencia definitiva del 16 de abril 2013, mediante proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro del proceso No., 2007-00028, instaurado por NUBIA ISABEL CAMARGO LÓPEZ , identifica do con Cedula de Ciudadanía, No .,

sentencia definitiva del 16 de abril 2013, mediante proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro del proceso No., 2007-00028, instaurado por NUBIA ISABEL CAMARGO LÓPEZ , identifica do con Cedula de Ciudadanía, No ., 41.706.812.

2. Que se condene [a los demandados] a cancelar la suma de (…) ($222.425.094), a favor de la Nación Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, suma

1 El Artículo 149, en su versión vigente al momento de la presentación de la demanda. 2 Folio 1.Radicado: 11001-03-26-000-2015-00038-00 (53263)

Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada Demandado: Felipe Muñoz Gómez y Otra Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011

Decisión: Niega pretensiones ____________________________________________________________________________________________________________

2 de 10 de dinero que pagó esta entidad a NUBIA ISABEL CAMARGO LÓPEZ , en cumplimiento de la sentencia proferida el 16 de abril de 2013, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda - Subsección " E" en Descongestión, proceso No., 2007-00028”

2. Los hechos que fundamentan las pretensiones se resumen así:

3. 1) Nubia Isabel Camargo López ingresó a la Superin tendencia el 19 de noviembre de 1997 en el cargo de Profesional Universitaria, Código 3 020, Grado 8; posteriormente, por Resolución 154 de 3 de febrero de 2005, fue nombrada Profesional Universitari o Código 320 Grado 10 . El 17 de julio de

Grado 8; posteriormente, por Resolución 154 de 3 de febrero de 2005, fue nombrada Profesional Universitari o Código 320 Grado 10 . El 17 de julio de 2006, el Presidente de la República expidió el Decreto 2356, en el que se modificó la planta de personal. La directora administrativa de la entidad , Elsy Correal Ortiz (demandada), por memorando de 3 de octubre de 2006, informó a Camargo López que su cargo había sido suprimido.

4. 2) La afectada promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Obtuvo sentencia adversa en primera instancia y en e l fallo que resolvió la apelación , proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 16 de abril de 2013, se dispuso su reintegro y el pago de salarios y prestaciones por el tiempo que duró la d esvinculación. El fundamento de la condena estuvo dado porque el oficio por medio del cual se retiró de servicio a la demandante fue expedido por un funcionario incompetente. La directora administrativa no estaba facultada para tomar esa determinación, habida cuenta de que la función nominadora, antes y después de la reestructuración de la entidad, la ostentaba el jefe del organismo, quien no profirió el acto de retiro como correspondía.

5. 3) Acerca del elemento su bjetivo de la acción, la parte actora sostuvo

que:

6. En relación con Elsy Correal Ortiz , se estructuraban los supuestos de las presunciones previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, porque “…no tenía competencia para retirar a Nubia Isabel Camargo

6. En relación con Elsy Correal Ortiz , se estructuraban los supuestos de las presunciones previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, porque “…no tenía competencia para retirar a Nubia Isabel Camargo López (…) y según la norma, el único competente para retirarla era el Señor Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, tal como se desprende del numeral 12 del artículo 6 del Decreto 2355 de 2006 , norma que la Directora Administrativa no tuvo en cuenta al momento de suscribir el oficio del 3 de octubre de 2006 ”. La Superintendencia agregó que, con su conducta, la demandada también desconoció el artículo 5 de la Ley 489 de 1998.

7. A propósito de la conducta de Felipe Muñoz Gómez, afirmó que se daban los supuestos de las presunciones previstas en los numerales 1 y 3 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001. Al respecto, explicó que según los artículos 5 y 6 del Decreto 2356 de 2006 (así como las previsiones de la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1227 de 2005) , era de su competencia nombrar y remover a los funcionarios de la entidad y, en este caso, “revisado el procedimiento que siguió la Superintendencia (…), se verificó que no se expidió un actoRadicado: 11001-03-26-000-2015-00038-00 (53263)

Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada Demandado: Felipe Muñoz Gómez y Otra Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011

Decisión: Niega pretensiones ____________________________________________________________________________________________________________

Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada Demandado: Felipe Muñoz Gómez y Otra Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011

Decisión: Niega pretensiones ____________________________________________________________________________________________________________

3 de 10 administrativo por parte del Superintendente donde se retiraran los funcionarios de los cargos suprimidos y a su vez se incorporaran los funcionarios que quedaban en planta, simplemente se profirió el acto administrativo que incorporó los funcionarios que permanecían en la entidad”. En otros términos, alegó que no existía acto administrativo suscrito por el demandado que definiera la situación de Nubia Isabel Camargo López, cuyo cargo no había sido suprimido por el Decreto 2356 de 2006.

1.2 . Posición de los demandados

8. Felipe Muñoz Gómez alegó que, para la modificación de la planta de personal de la Superintendencia, se realizó un estudio técnico que obtuvo concepto favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública. Planteó que, en el fallo proferido dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, no se determinó “el grado de intervención ni de responsabilidad del entonces superintendente (…) [en] la expedición del oficio del 3 de octubre de 2006, pues este fue elaborado y firmado por la Secretaria General de la entidad ” (excepción de “No ser el [demandado] destinatario de la presunción que establece 6º (sic) de la Ley 678 de 2001 ” y, en el mismo sentido la de “ inexistencia de nexo causal… ”), de manera que, la alegada falta de competencia, no le era imputable (excepción de

y, en el mismo sentido la de “ inexistencia de nexo causal… ”), de manera que, la alegada falta de competencia, no le era imputable (excepción de “Falta de legitimación en la causa por pasiva… ”). Planteó que , si se asumiera que sí tuvo participación en la expedición de dicho oficio, entonces ese acto habría sido proferido por el funcionario competente (excepción de “ inexistencia de falta de competencia ”). Por último, indicó que no existía prueba de que el acreedor de la condena hubiera recibido el pago (excepción de “incumplimiento de los requisitos legales”)3.

9. Elsy Correal Ortiz propuso las excepciones de: “Ausencia de los presupuestos y/o requisitos legales para que proceda la acción de repetición”, con fundamento en que no había prueba de la sentencia proferida contra el Estado , ni de l pago de la condena . También alegó “ausencia de conducta dolosa o culposa …”, que soportó en que no se allegaron pruebas que acreditaran comportamientos de ese tipo , pues el hecho de que existiera una condena contra el Estado no activaba la responsabilidad patrimonial del servidor público. Expuso que la desvinculación de Nubia Isabel Camargo López, tal y como lo puso de presente la Superintendencia al contestar la de manda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, obedeció al concepto técnico previsto en el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, los artículos 95-97 del Decreto 1227 de 2005 y el Decreto 2356 de 2006. Propuso asimismo como excepción la caducidad de la acción y, por último, la de “actuación de la demandada en cumplimiento de un deber legal y una orden legítima de autoridad

1227 de 2005 y el Decreto 2356 de 2006. Propuso asimismo como excepción la caducidad de la acción y, por último, la de “actuación de la demandada en cumplimiento de un deber legal y una orden legítima de autoridad competente”, ya que la desvinculación se sustentó en esas normas, como en el hecho de que el Superintendente le dio instrucciones verbales para que la comunicara4.

3 Folio 151-157. 4 Folio 158-175.Radicado: 11001-03-26-000-2015-00038-00 (53263)

Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada Demandado: Felipe Muñoz Gómez y Otra Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011

Decisión: Niega pretensiones ____________________________________________________________________________________________________________

4 de 10 1.3. Actuación relevante en única instancia

10. Por Auto de 5 de febrero de 2021, el Despacho: 1. Declaró no probada la excepción de caducidad y 2. Estableció que sí se había allegado la sentencia condenatoria contra el Estado, así como prueba del pago que se repite5.

11. La audiencia inicial se instaló el 12 de diciembre de 2022. En ella, se fijó el litigio 6 y se decretaron pruebas. Por Auto de 28 de abril de 2025, el despacho admitió el desistimiento de l os testimonios postulados por el demandado Felipe Muñoz Gómez 7 y, por Auto de 19 de junio de 2025, en vista de que las únicas pruebas decretadas eran documentos ya incorporados a la actuación , prescindió de continuar con el trámite de la

demandado Felipe Muñoz Gómez 7 y, por Auto de 19 de junio de 2025, en vista de que las únicas pruebas decretadas eran documentos ya incorporados a la actuación , prescindió de continuar con el trámite de la audiencia inicial8. Por último, en Auto de 14 de julio de 2025, el Despacho ordenó correr traslado a las partes para que alegaran de conclusión9.

12. Los sujetos procesales se reafirmaron en su posición general frente a la controversia10. El Ministerio Público emitió el concepto 114 de 2025, en el que solicitó denegar las pretensiones por falta de prueba d el elemento subjetivo11.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Exposición del litigio y decisiones que se adoptarán; 2.2. El elemento subjetivo; 2.3. Costas.

2.1. Exposición del litigio y decisiones que se adoptarán

13. La Sala se pronunciará de fondo sobre el asunto porque están reunidos los presupuestos procesales para dictar sentencia. Al respecto, la demanda se presentó en forma oportuna12.

5 Folio 209 y siguientes. 6 De la siguiente forma: “ El objeto del presente medio de control es determinar si es posible declarar patrimonialmente responsables a los señores Felipe Muñoz Gómez y Elsy Correal Ortiz por haberse demostrado el pago, la codena y la calidad de agentes, así como el elemento subjetivo en los términos planteados en la demanda” (índice 83 Samai). 7 Índice 108 Samai. 8 Índice 113 Samai. 9 Índice 118 Samai.

demanda” (índice 83 Samai). 7 Índice 108 Samai. 8 Índice 113 Samai. 9 Índice 118 Samai. 10 Índice 122, 124 y 126 Samai. 11 “…Para el Ministerio P úblico en la Sentencia del Tribunal [proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho] sólo se hace un análisis frente a la legalidad del acto administrativo evidenciando la falta de competencia de quien lo expidió, no se hizo valoración alguna frente a la conducta de los agentes del Estado, además porque estos no hicieron parte del proceso de nulidad y restablecimiento del Derecho . // La sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho si bien constituye un elemento necesario para revisar si se cumplen los demás presupuestos para presentar la demanda de repetición, no constituye por sí misma prueba para demostrar la conducta dolosa o gravemente culposa de los demandados. // Es necesario probar el elemento subjetivo dolo o culpa grave para aplicar la presunción, en este caso la parte demandante no lo hizo, por lo tanto, continuó en su cabeza la carga de probar el supuesto de hecho de la norma para que se aplique la consecuencia jurídica” -resaltado original- (índice 123 Samai). 12 La Sala reafirma en esta oportunidad las consideraciones realizadas por el magistrado ponente en el Auto de 5 de febrero de 2021 a propósito de la caducidad. En esta ocasión, la Subsección pone de presente que el término para el ejercicio oportuno de la acción de 2 años, está previsto en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y en el literal i) del artículo 164 del CPACA (en su versión vigente a la fecha de presentación de la demanda). En este caso, el

para el ejercicio oportuno de la acción de 2 años, está previsto en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y en el literal i) del artículo 164 del CPACA (en su versión vigente a la fecha de presentación de la demanda). En este caso, el pago completo de la condena se hizo el 22 de agosto de 2013 (fl. 48), antes de que venciera el plazo previsto por la ley con ese fin. La sentencia condenatoria quedó ejecutoriada el 30 de abril de 2013 (fl. 36 vto.), de modo que el plazo para el pago se extendía hasta octubre de 2014 (la Sala toma el plazo de 18 meses para el cumplimiento del fallo, en la medida en que el estatuto procesal con el cual se tramitó la acción de nulidad y restablecimiento fue el Decreto 1 de 1984). El conteo de la caducidad comenzó, entonces, desde el pago total de la indemnización, por lo que la acción caducaría en agosto de 2015. La demanda promovida el 30 de enero de 2014 (fl. 1) fue, entonces, oportuna.Radicado: 11001-03-26-000-2015-00038-00 (53263)

Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada Demandado: Felipe Muñoz Gómez y Otra Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011

Decisión: Niega pretensiones ____________________________________________________________________________________________________________

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14. Como están satisfechos los tres elementos objetivos de la acción de repetición: existencia de condena13, pago14 y calidad de agente estatal de los demandados15, el análisis de la Sala se centrará en la prueba del elemento subjetivo de la responsabilidad personal del agente del Estado.

repetición: existencia de condena13, pago14 y calidad de agente estatal de los demandados15, el análisis de la Sala se centrará en la prueba del elemento subjetivo de la responsabilidad personal del agente del Estado.

15. En relación con esto último, a la controversia le es aplicable el régimen jurídico previsto en la Ley 678 de 200116, porque los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron durante su vigencia y, además, la parte actora manifestó en forma expresa que el fundamento legal de la repetición lo daban las presunciones previstas en el artículo 6 de esa normativa. Debido a lo anterior, el estudio de la Sala se limitará a verificar si se demostró el supuesto de hecho de la s presunciones de culpa grave alegados en la demanda.

16. La Sala no accederá a las pretensiones de la demanda por las siguientes razones: 1. La condición de inexcusable que debe tener el comportamiento de los demandados para que operen las presunciones de culpa invocadas en la demanda (previstas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 17), no se estructura a partir del cont enido de la sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que impuso una condena a cargo del Estado;

2. Los demandados acreditaron circunstancias a partir de las cuales es posible concluir que, la desvinculación de Nubia Isabel Camargo López de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada , sería una falencia excusable.

2.2. Análisis del elemento subjetivo

17. Para probar el supuesto de hecho de la presunción alegada, la parte

la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada , sería una falencia excusable.

2.2. Análisis del elemento subjetivo

17. Para probar el supuesto de hecho de la presunción alegada, la parte demandante únicamente allegó la Sentencia de segunda instancia

13 La existencia de la condena está demostrada, como tuvo oportunidad de establecerlo el magistrado ponente en el Auto de 5 de febrero de 2021, con la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 16 de abril de 2013, ejecutoriada 30 de abril de ese año (fl. 10-36). En ella se revocó el fallo de 28 de febrero de 2011, proferido por el juzgado 7 Administrativo de descongestión, se declaró la nulidad de la comunicación de 3 de octubre de 2006 y, a título de restablecimiento, ordenó: a. reintegrar a la deman dante al mismo cargo que ocupaba o a otro de igual o superior categoría b. pagarle los salarios y prestaciones sociales. 14 Frente al pago de la condena, del mismo modo en el que fue advertido por el despacho en Auto de 5 de febrero de 2021, el certificado que se acompañó con la demanda, expedido por el Grupo de Recursos Financieros de la entidad demandante, da cuenta de un desembolsó por la suma de $222’425.094 . Ese documento es “prueba suficiente” de dicho presupuesto, como lo dispone el artículo 142 del CPACA. En cualquier caso, con la demanda también se allegaron los soportes de esa certificación (resoluciones de pago, ordenes de pago y comprobantes de egreso [fl. 41-47]).

suficiente” de dicho presupuesto, como lo dispone el artículo 142 del CPACA. En cualquier caso, con la demanda también se allegaron los soportes de esa certificación (resoluciones de pago, ordenes de pago y comprobantes de egreso [fl. 41-47]). 15 Respecto de la calidad de agente, la parte actora allegó las actas d e posesión de Felipe Muñoz Gómez y Elsy Correal Ortiz, respectivamente, como Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada y Secretaria General de esa entidad (fl. 109-111). Además, los demandados, por las afirmaciones que realizaron en la contestación de la demanda, reconocieron su calidad de agentes estatales de la Superintendencia para la época de los hechos. 16 Esta norma es aplicable en su redacción original, anterior a las modificaciones introducidas por la Ley 2195 de 2022, porque esta no estaba vigente al momento de los hechos. 17 Ese artículo, en su versión antes de la modificación introducida por la Ley 2195 de 2022, disponía lo siguiente: “La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infr acción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:

1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.

2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable.

3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable. 4. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Violar manifiesta e inexcusablemente el debido proceso en lo referente a

3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable. 4. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Violar manifiesta e inexcusablemente el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal” -se resalta-.Radicado: 11001-03-26-000-2015-00038-00 (53263)

Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada Demandado: Felipe Muñoz Gómez y Otra Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011

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6 de 10 proferida el 16 de abril de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho impulsado por Nubia Isabel Camargo López . En ella se revocó el fallo de primera instancia (adverso a las pretensiones de la entonces demandante), se declaró la nulidad de la comunicación de 3 de octubre de 2006, “por medio de la cual se suprimió el empleo de Profesional Universitario código 3020, grado 10, que ocupaba”, y se ordenó su reintegro y el pago de salarios y prestaciones sociales por el tiempo que duró su desvinculación.

18. En la referida sentencia, el Tribunal Administrativo determinó que:

-1. A partir de una revisión del Decreto 2356 de 2006, e l cargo de Profesional Universitario 3020, grado 10 que desempeñaba la actora “no fue suprimido de la planta de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad

-1. A partir de una revisión del Decreto 2356 de 2006, e l cargo de Profesional Universitario 3020, grado 10 que desempeñaba la actora “no fue suprimido de la planta de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada”, pues constaba que “se crearon 10 cargos, de los que no es posible definir con claridad que el cargo que ocupaba [la demandante] , fuera efectivamente suprimido, como quiera que no obra acto administrativo posterior que ordene la incorporación a la nueva planta de personal y donde no estuviera inscrito el nombre de quien ahora demanda ”. En esas condiciones, dete rminó que , el acto administrativo que debía ser demandado -como en efecto lo fue-, era la comunicación de 3 octubre de 2006 pues fue este, y no el Decreto 2356 de 2006 (como lo había alegado la Superintendencia), el que afectó la situación jurídica particular de la demandante18.

-2. Que según el artículo 46 de la Ley 90 9 de 2004 (y su Decreto Reglamentario 1227 de 2005), las reformas de las plantas de personal de las entidades de la rama ejecutiva debían basarse en justificaciones o estudios técnicos y debían ser aprobadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Precisó que, conforme al Decreto 2453 de 1993, era función del Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada “nombrar y remover a sus empleados de acuerdo con las normas vigentes ”, previsión reiterada en el numeral 12 del artículo 6 del Decreto 2355 de 2006, que atribuyó competencias al Superintendente en el proceso de modificación d e la estructura de la entidad19.

en el numeral 12 del artículo 6 del Decreto 2355 de 2006, que atribuyó competencias al Superintendente en el proceso de modificación d e la estructura de la entidad19.

-3. Con respaldo en lo anterior, concluyó que, el oficio por medio del cual se retiró del servicio a la demandante por la supresión de su cargo, determinada por la modificación general de la planta de personal de la entidad, “fue expedido por funcionario incompetente, como quiera que la Directora Administrativa no se encontraba facultada para tomar la determinación, y la función nominadora antes y después de la modificación

18 Folio 21. 19 El fallo indicó: “ Teniendo en cuenta la normatividad anteriormente transcrita, es claro para la Sala que las funciones de nombramiento y remoción del personal vinculado al ente demandad fueron atribuidas por la Suprema Autoridad Administrativa al Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, las cuales se conservaron en el precepto normativo que modificó la estructura funcional de la entidad ”, precisando que, dentro de las funciones asignadas a la Dirección Administrativa de la entidad por el Decreto 2453 de 1993, “ no se delegó la función nominadora” (folio 30).Radicado: 11001-03-26-000-2015-00038-00 (53263)

Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada Demandado: Felipe Muñoz Gómez y Otra Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011

Decisión: Niega pretensiones ____________________________________________________________________________________________________________

7 de 10 de la estructura de la entidad siempre la ostentó el Jefe del organismo quien no profirió el acto de retiro como correspondía”.

Decisión: Niega pretensiones ____________________________________________________________________________________________________________

7 de 10 de la estructura de la entidad siempre la ostentó el Jefe del organismo quien no profirió el acto de retiro como correspondía”.

19. Aunque la sentencia condenatoria proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho d a cuenta de una vulneración de los derechos laborales de la entonces demandante, como consecuencia de falencias en la implementación de la reestructuración de la entidad

(concretamente, por el hecho de que 1. no se expidió un acto que suprimiera de manera expresa el cargo en el que estaba designada20 y, 2. la comunicación que comportó ese efecto fue proferida por una funcionaria desprovista de la potestad nominadora), esas comprobaciones, a juicio de la Sala, son insuficientes para concluir que los acá demandados incurrieron, a título personal, en comportamientos gravemente culposos, tal y como ya tuvo la oportunidad de establecerlo la Subsección en un caso análogo entre las mismas partes21.

20. En otras palabras, aunque es claro que la forma como se desvinculó a Nubia Isabel Camargo López de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada constituyó una actuación ilegal, tal situación no permite concluir, sin ningún análisis adicional , que los agentes estatales demandados son responsables patrimonialmente en el marco de la repetición. Para la Sala, cuando se alega n los supuestos previstos en el numeral 1, 2 y 3 del artículo 6, de la ley 678 de 2001, no basta con allegar el fallo condenatorio contra el Estado.

21. En este caso, la sentencia que condenó al Estado no hi zo ningún juicio

numeral 1, 2 y 3 del artículo 6, de la ley 678 de 2001, no basta con allegar el fallo condenatorio contra el Estado.

21. En este caso, la sentencia que condenó al Estado no hi zo ningún juicio de valor de carácter concreto sobre la conducta de los acá demandados, que de manera inequívoca reflejara que la anulación del acto administrativo y la consiguiente orden de restablecimiento del derecho, fueron una consecuencia directa del desconocimiento inexcusable de la ley por parte de aquellos, en concreto, porque se desatendieron de manera injustificada las normas que regulaban la competencia para la expedición de actos administrativos, o las que gobernaban sus presupuestos de validez

(eventos previstos en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 6 de la Ley 678/2001).

22. De manera que, si bien el fallo de nulidad y restablecimiento del derecho estableció que, en la desvinculación de la entonces demandante , se presentaron las falencias ya identificadas, a partir de los elementos de juicio recaudados no se puede sostener que esas fallas, en relación con Felipe Muñoz Gómez y Elsy Correal Ortiz, tuvieron la connotación de inexcusables.

23. Por el contrario, de las pruebas incorporadas a la actuación por solicitud de los demandados , fundamentalmente de las copias del proceso de

20 Del fallo de nulidad y restablecimiento del derecho se entiende con claridad que la entonces demandante fue desvinculada sin que materialmente hubiera sido suprimido su cargo; a juicio del T ribunal, el Decreto 2356 de 17 de julio de 2006 no indicó en forma expresa qué empleos con la denominación del que ostentaba habían sido

desvinculada sin que materialmente hubiera sido suprimido su cargo; a juicio del T ribunal, el Decreto 2356 de 17 de julio de 2006 no indicó en forma expresa qué empleos con la denominación del que ostentaba habían sido suprimidos, pues no dispuso la supresión individual de cargos, simplemente que, dentro de la nueva planta, habría 10 con la misma denominación del que ostentaba. 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección