CE - Sentencia 11001032600020160001000 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Once (11) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 11001-03-26-000-2016-00010-00 (56150)

Actor: JESÚS ARBEY GONZÁLEZ ALZATE

Demandado: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Tema: TITULACIÓN MINERA – CERRO EL BURRO MUNICIPIO DE MARMATO, CALDAS – Régimen jurídico especial contenido en la Ley 66 de 1946 y el Decreto 2223 de 1954 – Solución de antinomia normativa / SOLICITUD DE LEGALIZACIÓN DE MINERÍA DE HECHO – No habrá lugar a la legalización de explotaciones mineras cuando a juicio de la autoridad ambiental no sean viables, y/o cuando a juicio de la autoridad minera delegada sean manifiestamente inseguras, presenten peligro inminente para la vida de los mineros o de los habitantes de las zonas aledañas -artículo 8° del Decreto 2390 de 2002- / Nulidad de actos administrativos por haberse expedido con infracción de las normas en que debía fundarse y falsa motivación.

Decide la Sala, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra la Agencia Nacional de Minería, por haber proferido las

fundarse y falsa motivación.

Decide la Sala, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra la Agencia Nacional de Minería, por haber proferido las Resoluciones No. 004515 del 4 de noviembre de 2014 y No. 000776 del 7 de mayo de 2015, mediante las cuales se rechazó la solicitud de legalización de minería de hecho LH0232 -17. La parte actora aduce que los actos demandados fueron expedidos con violación de los derechos al debido proceso y a la igualdad, infracción de las normas en que debía fundarse y falsa motivación.

I.- ANTECEDENTES

1. La demanda

El señor Jesús Arbey González Alzate presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Agencia Nacional de Minería – ANM, con el fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones No. 004515 del 4 de2

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Actor: Jesús Arbey González Alzate Demandado: Agencia Nacional de Minería Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

noviembre de 2014 y No. 000776 del 7 de mayo de 2015, mediante las cuales se rechazó y archivó la solicitud de legalización de minería de hecho LH0232-17.

Como restablecimiento del derecho solicitó que se ordenara a la Agencia Nacional de Minería el otorgamiento del contrato de concesión minera LH0232 -17 -con su respectiva inscripción en el Registro Minero Nacional -, así como la indemnización de perjuicios materiales por la suma de $125.000.000, y morales, tasados en 200

de Minería el otorgamiento del contrato de concesión minera LH0232 -17 -con su respectiva inscripción en el Registro Minero Nacional -, así como la indemnización de perjuicios materiales por la suma de $125.000.000, y morales, tasados en 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se adujo que el señor Jesús Arbey González Alzate presentó el 22 de diciembre de 2004 una solicitud de legalización de minería de hecho de la mina denominada “La Esperanza 3”, la cual se identificó con la placa LH0232-17.

Esta solicitud se tramitó inicialmente ante la Unidad de Delegación Minera del Departamento de Caldas, pero fue rechazada por esta autoridad, debido a que la identificación del área del proyecto minero se hizo bajo un sistema de coordenadas planas (ejes X y Y) y no bajo un sistema de cotas (ejes X, Y y Z).

Frente a esa decisión, se interpuso recurso de reposición en el que se aportó la correcta identificación del área objeto de la solicitud, delimitando la cota piso y cota techo de la mina, es decir, dando aplicación al sistema echado de menos por la autoridad. De este modo, se continuó con el trámite para el otorgamiento del título minero y el 26 de septiembre de 2006 se realizó por parte de la autoridad delegada una nueva evaluación documental del trámite en la que se dio viabilidad técnica a la propuesta.

Entre el 2008 y el 2010 se presentaron por parte del señor González Alzate varios informes en los que se daba cuenta que la explotación minera tradicional en el área objeto de la solicitud de legalización se estaba adelantando bajo parámetros

Entre el 2008 y el 2010 se presentaron por parte del señor González Alzate varios informes en los que se daba cuenta que la explotación minera tradicional en el área objeto de la solicitud de legalización se estaba adelantando bajo parámetros técnicos y esto fue avalado por la autoridad minera.

Mediante la Resolución No. 381 del 9 de julio de 2010, la Corporación Autónoma Regional de Caldas aprobó el Plan de Manejo Ambiental, con lo cual se dio viabilidad ambiental al proyecto minero. Por su parte, la Unidad de Delegación Minera de Caldas, median te auto del 11 de noviembre de 2010, viabilizó técnicamente la solicitud al aprobar el Programa de Trabajos y Obras presentado por el minero tradicional.3

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Actor: Jesús Arbey González Alzate Demandado: Agencia Nacional de Minería Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Hasta el 2012, el solicitante cumplió con las obligaciones y los requerimientos emitidos por la autoridad minera delegada -pago de regalías, certificados de venta de oro, pago de seguridad social, presentación de planos actualizados de la mina (ejes X, Y y Z)-. A su vez, la entidad re alizó nuevamente realizó evaluaciones técnicas y documentales que señalaban que el área objeto de la solicitud de legalización identificada bajo el sistema de cotas era técnicamente viable para que se otorgara el título minero.

Debido a la creación y entrada en funcionamiento de la Agencia Nacional de Minería, esta entidad asumió el conocimiento de la solicitud de legalización de

legalización identificada bajo el sistema de cotas era técnicamente viable para que se otorgara el título minero.

Debido a la creación y entrada en funcionamiento de la Agencia Nacional de Minería, esta entidad asumió el conocimiento de la solicitud de legalización de minería de hecho LH0232 -17. Mediante la Resolución No. 004515 del 4 de noviembre de 2014, esta entidad rechazó y archivó la solicitud en cuestión, pues al analizar su área bajo un sistema de coordenadas planas (ejes X y Y), se observó la existencia de varias superposiciones con propuestas y títulos mineros anteriores. Además, consideró que el sistema de Catastro Minero Colombiano creado mediante el Decreto 2345 de 2008, no permitía incluir en sus registros aquellos datos sobre cotas o puntos de altitud a efectos de identificar los títulos mineros. Contra esa decisión se interpuso el recurso de reposición, sin embargo fue confirmada mediante la Resolución No. 000776 del 7 de mayo de 2015.

1.1. Causales de nulidad invocadas

En la demanda se adujo que los actos administrativos cuestionados fueron expedidos con violación de los derechos al debido proceso y a la igualdad, infracción de las normas en que debía fundarse y falsa motivación.

Un aspecto transversal en la sustentación de los cargos de nulidad fue la consideración de que la solicitud de legalización de minería de hecho LH0232 -17 se evaluó erróneamente bajo un sistema de coordenadas planas (ejes X y Y), cuando en realidad debió ev aluarse con un sistema de cotas (ejes X, Y y Z), de acuerdo con las condiciones especiales previstas en el ordenamiento jurídico para

se evaluó erróneamente bajo un sistema de coordenadas planas (ejes X y Y), cuando en realidad debió ev aluarse con un sistema de cotas (ejes X, Y y Z), de acuerdo con las condiciones especiales previstas en el ordenamiento jurídico para la delimitación y otorgamiento de títulos mineros en el cerro El Burro del municipio de Marmato, Caldas.

Específicamente, en la demanda se explicó que, desde la expedición de la Ley 66 de 1946 y del Decreto 2223 de 1954, el cerro El Burro -lugar en el que se encuentra la mina “ La Esperanza 3 ”, objeto de solicitud de legalización -, fue dividido en dos zonas: la “Zona Alta. A”, destinada a la explotación por parte de pequeños mineros,4

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y la “ Zona Baja. B ”, destinada al aprovechamiento económico de los recursos no renovables por cualquier persona natural o jurídica.

Por virtud de esa regulación especial, la identificación o alinderación de los títulos mineros en el cerro El Burro no podía hacerse bajo un sistema de coordenadas planas, sino bajo un método que permitiera establecer la parte -alta o baja - en la que se en contraba el respectivo proyecto minero. Sin embargo, para el caso particular, la ANM rechazó de manera antijurídica la solicitud formulada por el señor González Alzate en la medida en que desconoció el contexto social y normativo específico inherente a la titulación minera del cerro El Burro.

particular, la ANM rechazó de manera antijurídica la solicitud formulada por el señor González Alzate en la medida en que desconoció el contexto social y normativo específico inherente a la titulación minera del cerro El Burro.

Para sustentar el cargo de violación del derecho al debido proceso, se adujo que desde la presentación de la solicitud de legalización de minería de hecho en el año 2004 se cumplieron los requisitos exigidos por la normativa para el otorgamiento del título minero. Sin embargo, cuando el trámite pasó del conocimiento de l a Unidad de Delegación Minera del Departamento de Caldas a la Agencia Nacional de Minería, esta entidad incumplió con la obligación de conceder el contrato de concesión minera correspondiente, en inobservancia de lo previsto en los artículos 258 del Código de Minas y 4° numeral 3 del Decreto 4134 de 20111.

Esto ocurrió porque se evaluó la solicitud de legalización minera bajo un sistema de coordenadas planas, cuando debió evaluarse bajo un sistema de cotas, pues,

1 Al respecto se señaló: “El debido proceso en el caso del señor JOSÉ ARBEY GONZÁLEZ ALZATE, se vulnera a partir del momento en que éste cumple, de conformidad con las normas vigentes y con las directrices impartidas por el Ministerio de Minas y Energía, con todos los requisitos para que le sea otorgado su contrato de concesión y la autoridad minera, sin razón alguna, dilata el cumplimiento de una obligación legal, que antes estaba en cabeza de la UNIDAD DELEGACIÓN MINERA DE CALDAS E INGEOMINAS imponiendo más cargas al administrado a medida que el Gobierno Nacional expide nuevos decretos y leyes además hoy realizar evaluaciones técnicas para determinar

de una obligación legal, que antes estaba en cabeza de la UNIDAD DELEGACIÓN MINERA DE CALDAS E INGEOMINAS imponiendo más cargas al administrado a medida que el Gobierno Nacional expide nuevos decretos y leyes además hoy realizar evaluaciones técnicas para determinar libertad de área sin tener en cuenta las COTAS de ubicación del área solicitada y que al final terminan con la negativa por parte de la autoridad minera a otorgar al minero tradicional el contrato de concesión minero para legalizar su condición y acceder a un derecho que le está siendo arrebatado (…). / A la fecha, la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA está violando un DEBER LEGAL como es el de OTORGAR EL CONTRATO DE CONCESIÓN al señor JOSÉ ARBEY GONZÁLEZ ALZATE, vulnerando así los derechos que él como particular tiene de contar con un título minero que le permita legalizar no solo su condición de minero tradicional, sino además la explotación que desarrolla en el área denominada MINA LA ESPERANZA TRES y poder ejercer el derecho que como titular tendría para oponerse futuras solicitudes presentadas por terceros que puedan desco nocer ese derecho (…). / En este sentido y atendiendo lo indicado en el presente numeral nos encontramos ante una clara violación al debido proceso por el incumplimiento por parte de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA a las normas que le imponen como obligació n celebrar, una vez reunidos los requisitos, los CONTRATOS DE CONCESIÓN MINERA SIN DILACIONES, teniendo en cuenta que la fecha de radicación de la SOLICITUD DE LEGALIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN MINERA DE HECHO número LH0232-17 para LA MINA LA ESPERANZA 3 fue rad icada por señor JOSÉ ARBEY GONZÁLEZ

radicación de la SOLICITUD DE LEGALIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN MINERA DE HECHO número LH0232-17 para LA MINA LA ESPERANZA 3 fue rad icada por señor JOSÉ ARBEY GONZÁLEZ ALZATE desde el mes de diciembre del año 2004, es decir, han transcurrido casi 10 años desde que la autoridad minera tenía la carga legal de haber otorgado el CONTRATO DE CONCESIÓN y no ha cumplido con la misma”.5

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contrario a lo señalado por la autoridad en los actos cuya nulidad se pretende, tanto el Código de Minas -artículo 65-, como el Decreto 2345 de 2008 -mediante el cual se adoptó el Catastro Minero Colombiano -, permiten identificar las solicitudes y títulos mineros bajo ese parámetro técnico.

Argumentó que pesar de que en el transcurso del procedimiento administrativo se realizaron diversas evaluaciones técnicas que avalaron la alinderación del proyecto minero bajo el sistema de cotas -la última de ellas el 12 de diciembre de 2012 -, y que con esto se daba viabilidad técnica al otorgamiento del título correspondiente, finalmente la ANM decidió rechazar y archivar su trámite.

De la mano con estas consideraciones, adujo que la ANM incurrió en una violación del derecho a la igualdad, pues hubo otras solicitudes de legalización de minería de hecho localizadas en el cerro El Burro que sí fueron otorgadas por la autoridad minera, pese a que su trámite se rigió por la misma normativa bajo la cual se rechazó

del derecho a la igualdad, pues hubo otras solicitudes de legalización de minería de hecho localizadas en el cerro El Burro que sí fueron otorgadas por la autoridad minera, pese a que su trámite se rigió por la misma normativa bajo la cual se rechazó la solicitud del demandante. Específicamente, se refirió a los contratos de concesión minera 827-17, ICQ-083114X, IEG-09091, ICQ-08313.

Por otra parte, el cargo de infracción de las normas en que debía fundarse se sustentó en el hecho de haberse expedido las Resoluciones No. 004515 del 4 de noviembre de 2014 y No. 000776 del 7 de mayo de 2015, con desconocimiento de lo previsto en la Ley 66 de 1946 y en el Decreto 2223 de 1954, que establece unas condiciones especiales para la titulación minera en el cerro El Burro.

Finalmente, en la demanda se adujo que los actos cuestionados adolecen de falsa motivación porque la ANM desconoció que, históricamente, la titulación minera en el cerro El Burro se ha hecho bajo un sistema de cotas. De hecho, en diversas ocasiones las entidades que han fungido como autoridad minera han emitido documentos y directrices de orden técnico encaminados a aclarar que la titulación se hacía de ese modo.

Insistió en que era tan jurídica y técnicamente viable el otorgamiento de títulos con el referido sistema, que la autoridad perfeccionó los contratos de concesión minera 827-17, ICQ-083114X, IEG-09091 e ICQ-08313 en el mismo cerro El Burro, cuando

el referido sistema, que la autoridad perfeccionó los contratos de concesión minera 827-17, ICQ-083114X, IEG-09091 e ICQ-08313 en el mismo cerro El Burro, cuando ya se en contraba vigente el actual Código de Minas -art. 65 - y sus decretos reglamentarios alusivos a la legalización de minería de hecho -Dto. 2390 de 2002y a la adopción del Catastro Minero Colombiano -Dto. 2345 de 2008-.6

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Señaló que en la plataforma web del catastro se observó la existencia de un módulo en el que se incluye la información de las cotas de los títulos mineros y aportó varios pantallazos, con el fin de desvirtuar las aseveraciones realizadas en los actos administrativos cuestionados, relativas a la imposibilidad técnica de incluir estos datos en el sistema.

2. El trámite en única instancia

2.1. En providencia del 12 de mayo de 2016 (fls. 255) se rechazó la demanda por considerar que había sido interpuesta de manera extemporánea, no obstante, dicha decisión fue revocada en sede de súplica -auto del 3 de agosto de 2017 (fl. 280) -, al constatar se que el derecho de acción se ejerció oportunamente, dado que el escrito inicial “ se radicó el 18 de diciembre de 2015 -según sello secretarial de la Sección Tercera2y no el 19 de enero de 2016 como erróneamente se consideró en

escrito inicial “ se radicó el 18 de diciembre de 2015 -según sello secretarial de la Sección Tercera2y no el 19 de enero de 2016 como erróneamente se consideró en el auto suplicado”3. De este modo, el 5 de octubre de 2019 se admitió la demanda (fl. 285).

2.2. La ANM se opuso a las pretensiones, al considerar que no era jurídicamente viable evaluar la solicitud de legalización de minería de hecho LH0232 -17 bajo un sistema de cotas.

Lo anterior, por cuanto el artículo 65 de la Ley 685 de 2001 -Código de Minas -, establece que el área de los títulos mineros “ estará delimitada por un polígono de cualquier forma y orientación delimitado con referencia a la red geodésica nacional”. Y aunque la referencia a esa red geodésica no comporta una limitación técnica para la alinderación de los títulos bajo un sistema de cotas, la delimitación por polígonos sí, pues estos corresponden a figuras geométricas bidimensionales. Esto se adujo en los siguientes términos (fl. 309):

Efectivamente, encontramos que en los términos del artículo 65 de la Ley 685 de 2001, cualquier área que pueda ser objeto de exploración o explotación minera debe ser delimitada a través de un POLÍGONO de cualquier forma u orientación delimitada con referencia a la red geodésica nacional.

La red geodésica nacional para Colombia adopta las coordenadas magnas sirgas y las coordenadas planas de Gauss, por lo que se debe aclarar que, la adopción de cualquiera de estos sistemas de coordenadas, bajo ningún punto de vista impide la utilización del vértice o coordenada Z, es decir cotas, a la

sirgas y las coordenadas planas de Gauss, por lo que se debe aclarar que, la adopción de cualquiera de estos sistemas de coordenadas, bajo ningún punto de vista impide la utilización del vértice o coordenada Z, es decir cotas, a la hora de georreferenciar la ubicación de un cuerpo específico, por lo que éste

2 Folio 1 del cuaderno principal. 3 Ver folio 282 vto. del cuaderno principal.7

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no resulta ser el sustento técnico -jurídico para determinar la inviabilidad de considerar áreas objeto de concesión definidas a través de un sistema de altimetría utilizando las tres coordenadas (X,Y,Z) .

No obstante lo anterior, ese mismo parámetro normativo establece que el área debe ser delimitada a través de un POLÍGONO, que como figura geometría (sic) corresponde a una figura plana compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que cierran una región en el plano y que ocupa un lugar en el espacio. Bajo este entendido, encontramos que geométricamente EL POLÍGONO SÓLO SE PUEDE DELIMITAR EN COORDENADAS X y Y, cuya orientación hace referencia a la posición espacial en el plano, más no a la posibilidad de georreferenciar la coordenada o vértice "Z" para identificar un cuerpo cierto. Así las cosas, se debe distinguir geométricamente el polígono que se identifica a través de coordenadas en X y Y, de un cuerpo geométrico como tal, que ya se debe identificar a través de

o vértice "Z" para identificar un cuerpo cierto. Así las cosas, se debe distinguir geométricamente el polígono que se identifica a través de coordenadas en X y Y, de un cuerpo geométrico como tal, que ya se debe identificar a través de los tres vértices, esto es en coordenadas X, Y y Z.

A partir de estas consideraciones, la ANM señaló que el sistema de Catastro Minero Colombiano, adoptado mediante el Decreto 2345 de 2008 “ como mecanismo de radicación de solicitudes mineras y sistema oficial de información minera del país ”, fue diseñado únicamente para que en él se alojaran los datos de los títulos mineros bajo un sistema de coordenadas planas. Sin embargo, en el mismo escrito se precisó que el sistema sí incluye un módulo para albergar datos sobre las cotas de los títulos, pero solo para aquellos que se perfeccionaron previamente por virtud de normas anteriores, y cuyas condiciones iniciales fueron respetadas por la normativa minera posterior.

Así las cosas, adujo que al evaluarse la solicitud LH0232 -17 con el sistema de coordenadas planas, pudo advertirse que no existía área libre susceptible de ser otorgada y, en esa medida, debía ordenarse su rechazo, en aplicación de lo previsto en los artículos 4 del Decreto 2390 de 2002 y 28 -num. 1del Decreto 933 de 2013.

En cuanto a la aplicabilidad de la Ley 66 de 1946 y del Decreto 2223 de 1954, la ANM sostuvo que a partir de la vigencia de la Ley 685 de 2001, los títulos mineros debían ser otorgados con base en las reglas previstas en esa codificación, y que

ANM sostuvo que a partir de la vigencia de la Ley 685 de 2001, los títulos mineros debían ser otorgados con base en las reglas previstas en esa codificación, y que solo en aqu ellos eventos en que previamente se hubiera perfeccionado un título minero con la normativa anterior podrían mantenerse y aplicarse las condiciones previas, situación que a su juicio no ocurrió en el caso concreto, pues la solicitud de legalización de minería del señor González Alzate no llegó a ser título minero4.

4 Así (fl. 310): “Ahora bien, respecto de la normatividad aplicable a alguna de las minas de Marmato - Caldas, es de aclarar que si bien el Decreto 2223 de 1954, el cual dicta normas para el régimen de contratación de las Minas Nacional de Marmato, rige para los títulos que fueron otorgados por dicha normatividad para la época, a partir de la expedición de la Ley 685 de 2001, la obtención de un título8

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2.3. En escrito separado, el señor Jesús Arbey González Alzate solicitó la suspensión provisional de los actos cuestionados, al considerar que con ellos se le vulneraron los derechos a la igualdad, al trabajo y al debido proceso. Además, adujo el desconoci miento de algunos aspectos técnicos que permitían evaluar adecuadamente las superposiciones de la solicitud de legalización minera LH023217 (fl. 1 c. medidas cautelares). A esta petición cautelar se accedió mediante

el desconoci miento de algunos aspectos técnicos que permitían evaluar adecuadamente las superposiciones de la solicitud de legalización minera LH023217 (fl. 1 c. medidas cautelares). A esta petición cautelar se accedió mediante proveído del 5 de febrero de 2019 (fl. 15 c. medidas cautelares), el cual quedó en firme al no interponerse recurso alguno.

2.4. En la audiencia inicial celebrada el 11 de octubre de 2019 se fijó el litigio y se decretaron las pruebas solicitadas por las partes. Una vez concluido el período probatorio, se corrió traslado para alegar de conclusión.

2.4.1. La ANM señaló que por virtud de las leyes 1753 de 2015 -art. 21y 1955 de 2019 -art. 24-, así como de las Resoluciones 504 de 2018 y 505 de 2019 -expedidas por la misma ANM -, se implementó el sistema de cuadrícula minera para la identificación de l as solicitudes y títulos mineros. A partir de esa consideración, señaló que debía aplicarse retrospectivamente dicho sistema, a efectos de determinar que la solicitud LH0232-17 presenta superposiciones totales con títulos y propuestas previas, lo que hace que la decisión adoptada por la administración esté revestida de legalidad. Además, se indicó que no existe prueba de los perjuicios alegados, pues la solicitud de legalización de minería de hecho comporta una mera expectativa y no un derecho adquirido (Samai, índice 158).

2.4.2. El demandante insistió en los argumentos expresados en la demanda y destacó que en el testimonio técnico rendido por el ingeniero Eduar Alberto Ríos y

expectativa y no un derecho adquirido (Samai, índice 158).

2.4.2. El demandante insistió en los argumentos expresados en la demanda y destacó que en el testimonio técnico rendido por el ingeniero Eduar Alberto Ríos y en el informe rendido por el presidente de la Agencia Nacional de Minería se reconoció explícitamente que la titulación minera en el cerro El Burro constituye una situación especial en el ordenamiento minero, puesto que se hace bajo un sistema de cotas; de ahí que los actos demandados deben ser anulados porque la solicitud de legalización sí era técnicamente viable (Samai, índice 159).

minero se adquiere mediante la modalidad de contrato de concesión, salvo los títulos adquiridos anteriormente, tal como lo dispone el artículo 14 de la ley 685 de 2001 (…). Por consiguiente, los títulos concedidos en vigencia del Decreto 2223 de 1954 por el sistema de cotas constituyen derechos adquiridos y actualmente el otorgamiento de títulos mineros se encuentra sujeto a las disposiciones vigentes que regulan en asunto, e s decir, la Ley 685 de 2001 y Decreto 0933 de 2013, cosa distinta sucede con las solicitudes que nunca se constituyeron en títulos mineros y que por lo tanto, tan solo eran acreedores de una mera expectativa, como sucede en el sub examine con la propuesta el señor JESÚS ARBEY GONZÁLEZ ALZATE, quien NUNCA FUE

ACREEDOR DE UN DERECHO ADQUIRIDO”.9

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Actor: Jesús Arbey González Alzate

Demandado: Agencia Nacional de Minería

ACREEDOR DE UN DERECHO ADQUIRIDO”.9

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Actor: Jesús Arbey González Alzate Demandado: Agencia Nacional de Minería Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

2.4.3. El Ministerio Público solicitó la negativa de las pretensiones. Para el efecto, explicó que, aunque después de la vigencia de la Ley 685 de 2001 se otorgaron títulos mineros en el cerro El Burro bajo un sistema de cotas, esto ocurrió antes de la cre ación de la ANM, quien desde su puesta en funcionamiento dio correcta aplicación a lo previsto en el ordenamiento jurídico minero sobre la identificación de solicitudes y contratos mineros bajo un sistema de coordenadas planas. Además, indicó que existen r azones técnicas de seguridad que justifican la decisión, pues existe una alta probabilidad de ocurrencia de siniestros en las labores mineras bajo un sistema de cotas (Samai, índice 160).

II.- CONSIDERACIONES

1. Competencia

La jurisprudencia de esta Sección 5 ha precisado que, cuando se controvierta la legalidad de un acto por medio del cual se rechaza la solicitud de celebración de un contrato de concesión minera la competencia será de esta Corporación en única instancia, pues no aplica el artículo 293 de la Ley 685 de 2001, sino la regla prevista en el artículo 295 ibídem que dispone que esta Corporación debe conocer “ las acciones que se promuevan sobre asuntos mineros, distintas de las contractuales y en los que la Nación o una entidad estatal nacional sea parte”6.

en el artículo 295 ibídem que dispone que esta Corporación debe conocer “ las acciones que se promuevan sobre asuntos mineros, distintas de las contractuales y en los que la Nación o una entidad estatal nacional sea parte”6.

Así las cosas, dado que en el presente asunto se demanda la nulidad de unos actos administrativos mediante los cuales se rechazó una solicitud de legalización de minería de hecho, se entiende que el sub lite comporta un asunto de carácter minero que, al ser distinto a una controversia contractual y haberse enfilado las pretensiones contra una entidad del orden nacional, permite establecer que esta Corporación tiene competencia funcional para conocerlo en única instancia.

2. Ejercicio oportuno de la acción

La notificación de la Resolución No. 000776 del 7 de mayo de 2015 -que concluyó el procedimiento administrativose realizó el 15 de junio de 2015. De este modo, el término de caducidad previsto en el artículo 164 numeral 2, literal d) del CPACA

5 Ver, por ejemplo, las providencias proferidas el 13 de febrero de 2014, exp. 48.521 (M.P. Enrique Gil Botero); el 8 de noviembre de 2021, exp. 53.038 (M.P. José Roberto Sáchica Méndez) y el 10 de octubre de 2022, exp. 57.154 (M.P. Maria Adriana Marín). 6 La Sala precisa que la determinación de la competencia se hace con aplicación de esta disposición, puesto que la demanda se radicó el 18 de diciembre de 2015, esto es, antes de la entrada en vigor de las normas sobre competencia establecidas en la Ley 2080 de 2021.10

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00010-00 (56150)

de las normas sobre competencia establecidas en la Ley 2080 de 2021.10

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Actor: Jesús Arbey González Alzate Demandado: Agencia Nacional de Minería Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

corría inicialmente hasta el 16 de octubre siguiente. Sin embargo, como la solicitud de conciliación fue presentada el 30 de septiembre de 2015 y la respectiva constancia se expidió el posterior 16 de diciembre, la oportunidad para demandar se extendió hasta el 12 de enero de 2016 -primer día hábil posterior al 2 de enero de 2016-. En ese contexto, como la demanda fue presentada el 18 de diciembre de 2015, se entiende que el ejercicio del derecho de acción fue oportuno.

3. Legitimación en la causa

El señor Jesús Arbey González Alzate se encuentra leg