CE - Sentencia 11001032600020160004200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado nœmero: 11001-03-26-000-2016-00042-00 (56570)

Demandante: Luis Alirio Loaiza López y otro Demandado: Departamento de Antioquia - Dirección de Titulación Minera - Agencia Nacional de Minería - Ministerio de Minas y Energía Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho — CPACA

TEMAS: SOLICITUD DE LEGALIZACIÓN DE MINER˝A TRADICIONAL – tiene por finalidad formalizar la actividad minera desarrollada de manera tradicional sin título minero ins crito en el Registro Minero Nacional – mecanismo excepcional para actividades históricas sin título inscrito; no otorga derecho adquirido por su sola solicitud, sino expectativa condiciona da a verificación integral.

PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS – ampara las resoluciones cuestionadas mientras no medie pronunciamiento judicial que las anule; impone a l a parte actora la carga de desvirtuarla con prueba suficiente. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA (art. 281 CGP) – delimita el anÆlisis judicial a los cargos efectivamente propuestos, garantizando el derecho de defensa. JUSTICIA ROGADA EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA – circunscribe el control de legalidad a los cargos formulados en la demanda y a las normas invocadas

defensa. JUSTICIA ROGADA EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA – circunscribe el control de legalidad a los cargos formulados en la demanda y a las normas invocadas por el actor; el escrito introductorio delimita la competencia del juez y garantiz a la observancia del principio de congruencia y del derecho de defensa de la parte demandada. DECRETO 933 DE 2013 – `MBITO APLICABLE – rige la evaluación de solicitudes de legalización en trÆmite al ampa ro del art. 12 L. 1382/2010 hasta su suspensión y posterior nulidad. REQUISITOS DOCUMENTALES Y TÉCNICOS (arts. 6 y 7 D. 933/2013) – exigen planos georreferenciados idóneos, identificación de bocaminas y acreditación tØcnica y comercial continua de la tradicionalid ad previa a la L. 685/2001. CAUSALES OBJETIVAS DE RECHAZO (art. 28 D. 933/2013) – incluyen documentación insuficiente frente a arts. 6 y 7 y superposición con Æreas ambientalmente restringidas (p. ej., Reserva Forestal Ley 2“/1959). DERECHO A LA IGUALDAD – TERTIUM COMPARATIONIS – requiere casos comparables en hechos y derecho; la ausencia de parÆmetros concretos impide estr ucturar trato desigual injustificado (C.P., art. 13). DERECHO AL TRABAJO EN MINER˝A – protección condicionada al cumplimiento de requisitos legales, tØcnicos y ambientales; l a formalización no confiere por sí misma derecho adquirido (C.P., arts. 25 y 53). TESTIGO TÉCNICO Y PERITO – el

condicionada al cumplimiento de requisitos legales, tØcnicos y ambientales; l a formalización no confiere por sí misma derecho adquirido (C.P., arts. 25 y 53). TESTIGO TÉCNICO Y PERITO – el testigo tØcnico declara sobre hechos percibidos directamente, aunque puede explicarlos c on apoyo en sus conocimientos especializados; el perito rinde un dictamen tØcnico o científico como medio de prueba autónomo regulado por la ley procesal. TESTIGO SOSPECHOSO (art. 211 CGP) – declaraciones de asesor tØcnico de la parte interesada exigen valoración estricta y c ontraste; no sustituyen prueba tØcnica o documental idónea. PREVALENCIA DE LO SUSTANCIAL SOBRE LO FORMAL – la negativa se fundamentó en incumplimientos materiales (cartografía, tradicionalidad, regalías, superposición ambiental), no en ritualidades vacías. FALSA MOTIVA CIÓN – INEXISTENCIA – los motivos fueron ciertos, claros y objetivos, verificados en informes sucesivos; no se omitieron hechos determinantes que alteraran el sentido de la decisión. COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO – procede condenar en costas a la parte vencida; liquidación por Secretaría y fijación de agencias en derecho conforme a tarifas del Consejo Superior de la Judicatu ra (CGP, arts. 361, 365 y 366; CPACA, art. 188).

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a dictar sentencia de œnica instancia en el proceso promo vido contra los entes demandados, con el propósito de que se declare la nulidad de los

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a dictar sentencia de œnica instancia en el proceso promo vido contra los entes demandados, con el propósito de que se declare la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se rechazó y archivó la solicitud deRadicado: 11001-03-26-000-2016-00042-00 (56570

Demandante: Luis Alirio Loaiza López y otro

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legalización de minería tradicional, así como del acto que rechazó el recurso d e reposición interpuesto contra la decisión inicial y, en consecuencia, se ordene el respectivo restablecimiento del derecho.

I. S˝NTESIS DEL CASO

La controversia gira en torno a la nulidad alegada por la parte demandante respecto de los actos administrativos expedidos por la Dirección de Titulación Minera del Departamento de Antioquia, dentro del trÆmite de la solicitud de formalización minera No. LKP-11141 para la explotación de un yacimiento de minerales preciosos y sus concentrados. Dichos actos corresponden a (i) la Resolución No. S201500002899 del 2 de febrero de 2015, por medio de la cua l se rechazó la solicitud y se ordenó el archivo de las diligencias, al considerar que los documentos allegados no cumplían con los lineamientos normativos aplicables, en tant o evidenciaban deficiencias de orden tØcnico y jurídico; y a (ii) la Resolución No. S201500187457 del 20 de mayo de 2015, mediante la cual se rechazó el recurso de reposición interpuesto contra la decisión inicial, por cuanto no cum plía con los

S201500187457 del 20 de mayo de 2015, mediante la cual se rechazó el recurso de reposición interpuesto contra la decisión inicial, por cuanto no cum plía con los requisitos del artículo 52 del CCA, al no expresar de manera concreta las razones de inconformidad frente al acto recurrido.

Los demandantes sostienen que los actos acusados vulneran los artículos 13, 25 y 53 de la Constitución Política, al afectar los derechos a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital y a la protección de los trabajadores. Seæalan que la documentación presentada cumplía con los requisitos establecidos en los artículos 6 y siguientes del Decreto 933 de 2013, motivo por el cual los actos demandados estarían viciados de falsa motivación al privilegiar formalidades sobre aspectos sustanciales. Como consecuencia, solicitan que, ademÆs de la declaratoria de nulidad, se disp onga el restablecimiento del derecho mediante la elaboración y otorgamiento de la concesión minera solicitada por parte de la entidad competente, así com o el reconocimiento de perjuicios morales.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. El 11 de diciembre de 2015 los seæores Luis Alirio Loaiza López y Luis Alfonso Jaramillo Zarrasola1, por conducto de apoderado judicial, formularon demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contr a el Departamento de Antioquia, la Dirección de Titulación Minera, la Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Minas y Energía, en la que solicitaron la declaratoria de nulidad de los actos administrativos expedidos dentro del trÆmite de la solicitud

Departamento de Antioquia, la Dirección de Titulación Minera, la Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Minas y Energía, en la que solicitaron la declaratoria de nulidad de los actos administrativos expedidos dentro del trÆmite de la solicitud de formalización minera No. LKP-11141, mediante los cuales se rechazó la solicitud, se ordenó el archivo de las diligencias y se confirmó tal decisión, con fundamento en las siguientes pretensiones —se transcriben de manera literal, incluso con sus posibles errores—:

“(…) 1. DECLARESE NULO EL ACTO ADMINISTRATIVO PROFERIDO POR LA DIRECCIÓN DE TITULACIÓN MINERA, mediante la Resolución No. S201500002899 del 02 de febrero de 2015, por haber sido expedido con infracción de las normas en que deberían fu ndarse,

1 Archivo electrónico identificado con certificado 4FFF4B0048972CE2 2310F7B90C475712 DF17CE2536D7EE6C 77F8715AB46F3B34, ubicado en el índice 194 del e xpediente digital, en el aplicativo Samai.Radicado: 11001-03-26-000-2016-00042-00 (56570

Demandante: Luis Alirio Loaiza López y otro

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mediante el cual se rechaza la Solicitud de Formalización de Minería T radicional con código No. LKP-11141, presentada por los seæores LUIS ALFONSO JARAMILLO ZARRASOLA, HERN`N GARC˝A RESTREPO y LUIS ALIRIO LOAIZA LÓPEZ, radicada en el Catastro Minero Colombiano el día 25 de noviembre de 2010, para un yacimiento de miner ales de

HERN`N GARC˝A RESTREPO y LUIS ALIRIO LOAIZA LÓPEZ, radicada en el Catastro Minero Colombiano el día 25 de noviembre de 2010, para un yacimiento de miner ales de metales y sus concentrados, ubicado en el Municipio de Argelia - Antioquia, entre otr as órdenes.

2. DECLARESE NULO EL ACTO ADMINISTRATIVO PROFERIDO POR LA DIRECCIÓN DE TITULACIÓN MINERA, mediante la Resolución No. S20I500187457, el 20 de mayo de 2015, mediante la cual se resolvió rechazar por improcedente el escrito presentado el 16 de febrero de 2015, contra la resolución No. S20I500002899 del 02 de febrero de 2015, expedida por esta Dirección de Titulación Minera., entre otras órdenes.

3. Como consecuencia de la anterior declaración, se restablezca el derecho de mis mandantes, en el sentido que se elabore y se conceda por la entidad minera correspondiente o autorizada, la concesión minera solicitada.

4. Así mismo, solicito se ventile en su Despacho la conciliación Extrap rocesal, tendiente a obtener el reconocimiento de los perjuicios Morales de la siguiente manera:

LOS PERJUICIOS MORALES TASADOS EN:

5. Se ordene la indexación de los conceptos que así lo admitan.

6. CondØnese ultra y extra petita de lo que resulte probado en el proceso.

7. DispondrÆ que las entidades accionadas estarÆn en la obligación de cubrir las costas, gastos y agencias en derecho que el proceso pueda generar (…)”

1.2. Para fundamentar sus pretensiones, la parte accionante seæaló, en síntesis, los

gastos y agencias en derecho que el proceso pueda generar (…)”

1.2. Para fundamentar sus pretensiones, la parte accionante seæaló, en síntesis, los siguientes hechos:

1.2.1. El 25 de noviembre de 2010, los seæores Luis Alfonso Jaramillo Zarra sola y Luis Alirio Loaiza López radicaron ante la autoridad competente solicitud de formalización de minería tradicional respecto de un yacimiento de minerales preciosos y sus concentrados, localizado en el municipio de Argelia (Antioqui a), la cual fue registrada con el radicado No. LKP-11141.

1.2.2. El 21 de enero de 2014, la Dirección de Titulación Minera de la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, una vez efectuado el estudio de la referida solicitud, concluyó que la documentación allegada no satisfacía las exigencias jurídicas y tØcnicas previstas en la normativa aplicable, motivo por el cual requirió a los solicitantes mediante Estado No. 1231 del 25 de febrero de 2014.

1.2.3. El 26 de marzo de 2014, dentro del tØrmino legal, los peticionarios presentaron la documentación tØcnica y comercial solicitada, con el propósito de atender de manera estricta lo requerido en el mencionado Estado.

1.2.4. El 2 de febrero de 2015, la Administración Departamental, mediante Resolución No. S201500002899, rechazó la solicitud de formalización minera tradicional identificada con el radicado No. LKP-11141, al considerar que los documentos allegados no cumplían con los lineamientos normativos aplicables, en

Resolución No. S201500002899, rechazó la solicitud de formalización minera tradicional identificada con el radicado No. LKP-11141, al considerar que los documentos allegados no cumplían con los lineamientos normativos aplicables, en tanto evidenciaban deficiencias de orden tØcnico y jurídico.

1.2.5. El 16 de febrero de 2015, dentro de la oportunidad legal, los solicitantes interpusieron recurso de reposición ante la Agencia Nacional de Minería y el Grupo de Legalización Minera, sosteniendo que el Plan de Trabajos y Obras —PTO—Radicado: 11001-03-26-000-2016-00042-00 (56570

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presentado cumplía como muestra de trabajo tØcnico minero de la explotación , y que las modificaciones relativas a la concesión de aguas y a la sanción impuesta ya se encontraban archivadas a la fecha de la interposición del recurso.

1.2.6. El 24 de febrero de 2015, los peticionarios allegaron escrito adicional e n el que manifestaron que los documentos aportados el 16 de febrero de ese aæo correspondían a la motivación del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. S201500002899 de 2 de febrero de 2015 , razón por la cual dicho recurso debía entenderse como presentado en debida forma y dentro del tØrmino legal.

1.2.7. El 20 de mayo de 2015, la Gobernación de Antioquia expidió la Resoluci ón No. S201500187457, mediante la cual rechazó el recurso de reposición interpuesto

legal.

1.2.7. El 20 de mayo de 2015, la Gobernación de Antioquia expidió la Resoluci ón No. S201500187457, mediante la cual rechazó el recurso de reposición interpuesto dentro de la solicitud de formalización minera No. LKP-11141, argumentando que el escrito presentado no cumplía con los requisitos exigidos por el artículo 52 del Decreto 01 de 1984, toda vez que no expresaba de manera concreta los motivos de inconformidad y, en consecuencia, no desvirtuaba la decisión adoptada en el acto recurrido.

1.3. Como concepto de violación , manifestaron los demandantes, que los actos administrativos acusados vulneran disposiciones constitucionales y legales que debieron servir de fundamento a su expedición, en particular los derechos al trabajo, a la igualdad y al mínimo vital, previstos en los artículos 25, 53 y 13 de la Constitución Política. Afirmaron que las personas trabajadoras y explotadoras del yacimiento minero son de condición humilde y carecen de formación o conocimientos tØcnicos, contando œnicamente con la experiencia prÆctica derivada del ejercicio de esa actividad, razón por la cual la imposibilidad de continua r desarrollÆndola les niega el acceso al trabajo, desconoce las garantías de protección establecidas en el artículo 53 superior y compromete el derecho al mínimo vital de quienes, junto con sus familias, dependen económicamente de dicha labor. Adicionalmente, adujeron la vulneración del derecho a la igualdad, en ta nto no se les dispensó un trato equitativo en el marco del procedimiento de formalización minera. En el mismo sentido, seæalaron que los actos demanda dos

labor. Adicionalmente, adujeron la vulneración del derecho a la igualdad, en ta nto no se les dispensó un trato equitativo en el marco del procedimiento de formalización minera. En el mismo sentido, seæalaron que los actos demanda dos desconocieron lo dispuesto en el artículo 6 y siguientes del Decreto 933 de 2013, por cuanto la documentación aportada evidenciaba, a su juicio, el cumplimiento d e los requisitos exigidos.

1.3.1. Expusieron, igualmente, que las resoluciones cuestionadas adolecen de falsa motivación, toda vez que el proceso de legalización se tramitó con sujeción a las disposiciones vigentes y en atención a lo previsto en el capítulo segundo, a rtículos 6 y siguientes, del Decreto 933 de 2013, relativos al procedimiento de formalización de la minería tradicional. Indicaron que la documentación allegada y la que reposaba en el expediente acreditaba el cumplimiento de los requisitos exigidos, y au nque algunos fueron omitidos en un primer momento, dicha omisión obedeció a circunstancias involuntarias que fueron subsanadas dentro del tØrmino legal, d eRadicado: 11001-03-26-000-2016-00042-00 (56570

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modo que no resultaba cierto afirmar que tales exigencias no hubieran sido satisfechas.

1.4. La parte accionante solicitó, como medida cautelar, la suspensión provisional de los actos demandados, reiterando para su sustento los argumentos e xpuestos en la demanda2.

2. TrÆmite procesal relevante

2.1 El conocimiento del asunto correspondió inicialmente al Juzgado Treinta y

de los actos demandados, reiterando para su sustento los argumentos e xpuestos en la demanda2.

2. TrÆmite procesal relevante

2.1 El conocimiento del asunto correspondió inicialmente al Juzgado Treinta y Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Medellín, autoridad judicial que, en auto del 28 de enero de 2016 3, declaró su falta de competencia para conocer del proceso y ordenó remitir el expediente a esta Corporación.

2.2. El 26 de febrero de 2016, el proceso fue asignado por reparto para decidir sobre la admisión de la demanda formulada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho4.

2.3. Por auto de fecha 7 de marzo de 2016, el despacho sustanciador inadmitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 5; a continuación, una vez presentado y evaluado el escrito de subsanación de fecha 20 de abril de esa anualidad6, la demanda fue admitida mediante providencia de fecha 10 de mayo de 2016; en consecuencia, se ordenaron las notificaciones y el traslado leg al correspondiente7.

2.4. Una vez surtida la notificación correspondiente, e l Ministerio de Minas y Energía, mediante escrito radicado el 14 de septiembre de 20168, dio contestación a la demanda y manifestó su oposición a las pretensiones en ella formula das, con fundamento en los siguientes aspectos:

2.4.1. Como primer argumento de defensa, formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, al seæalar que los actos administrativos demandados no fueron proferidos por dicha cartera, sino por la Dirección de

2.4.1. Como primer argumento de defensa, formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, al seæalar que los actos administrativos demandados no fueron proferidos por dicha cartera, sino por la Dirección de Titulación Minera de la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, en ejercicio de competencias delegadas por la Agencia Nacional de Minería ANM.

2 Archivo electrónico identificado con certificado A180BC1E82763E82 372AD31E585D51C7 EB4046A35B4EE051 C5738CE92F6087D8, ubicado en el índice 194 del expediente digital, en el aplicativo Samai.

3 Archivo electrónico identificado con certificado 8A4BAFF291AFF718 402A1F22A233ADD5 2B586FEFD44C2069 DFA366EA8EC9E21A, ubicado en el índice 194 del expediente digital, en el aplicativo Samai. 4 Archivo electrónico identificado con certificado 2DBE144482E7266C B66806B8AB562395 0DBE300BABD73609 402B749017527204, ubicado en el índice 19 4 del expediente digital, en el aplicativo Samai. 5 Archivo electrónico identificado con certificado D5EDA6E81ABABC08 7542BB5ADA07ADCD AAC8010A4AB95BBC 8D967CF838BE137A, ubicado en el índice 194 del ex pediente digital, en el aplicativo Samai. 6 Archivo electrónico identificado con certificado D5EDA6E81ABABC08 7542BB5ADA07ADCD AAC8010A4AB95BBC 8D967CF838BE137A, ubicado en el índice 194 del ex pediente digital, en el aplicativo Samai.

6 Archivo electrónico identificado con certificado D5EDA6E81ABABC08 7542BB5ADA07ADCD AAC8010A4AB95BBC 8D967CF838BE137A, ubicado en el índice 194 del ex pediente digital, en el aplicativo Samai. 7 Archivo electrónico identificado con certificado 4E04DAE56CAA0383 383C70EF343F1072 294E991186B8F4CF 57A9BF7DC53BFC00, ubicado en el índice 194 del expediente digital, en el aplicativo Samai. 8 Archivo electrónico identificado con certificado 154D1CF3E2B6E6B7 CEEAAF0918341C03 E0C5224DA2BD263D 22C990BD7E4B5ED3, ubicado en el índice 194 del expe diente digital, en el aplicativo Samai.Radicado: 11001-03-26-000-2016-00042-00 (56570

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Sostuvo que sus funciones se circunscriben a la formulación, adopción y seguimiento de la política pœblica del sector minero, mÆs no a la expedición de actos particulares en materia de legalización o formalización minera, lo cual excl uye cualquier nexo causal entre su actividad y las decisiones cuestionadas. Aæadió que no se probó actuación u omisión atribuible al Ministerio que hubiese prod ucido los daæos alegados por los demandantes, y que en todo caso los perjuicios reclamados carecen de soporte probatorio.

2.4.2. En esa misma línea, propuso como excepciones la improcedencia de atribuir responsabilidad patrimonial al Ministerio, por ausencia de imputación fÆctica y

carecen de soporte probatorio.

2.4.2. En esa misma línea, propuso como excepciones la improcedencia de atribuir responsabilidad patrimonial al Ministerio, por ausencia de imputación fÆctica y jurídica; la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales alegada p or los actores, en la medida en que los actos administrativos demandados se ajustaron al procedimiento previsto en el Decreto 933 de 2013; y la falta de prueba de l daæo antijurídico y de la relación de causalidad. Seæaló, ademÆs, que los solicitan tes contaron con las oportunidades procesales para aportar la documentación exigida, y que la decisión de rechazo estuvo debidamente motivada en deficiencias tØcnicas y jurídicas constatadas en la evaluación. Finalmente, planteó la excepción genØrica, solicitando que se reconociera la presunción de legalidad de los actos expedidos por las autoridades competentes, y que, en consecuencia, se absolvie ra al Ministerio de toda responsabilidad dentro del proceso.

2.5. La Agencia Nacional de Minería —en adelante, ANM—, por conducto de su apoderado judicial, contestó la demanda el día 16 de septiembre de 2016, en donde sostuvo, en síntesis, lo siguiente9:

2.5.1. La ANM afirmó que carece de legitimación en la causa por pasiva, dado que los actos administrativos cuya nulidad se pretende fueron expedidos por l a Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, autoridad competente en virtud de la delegación conferida por el Ministerio de Minas y Energía y la propia Agencia, mediante diversos actos administrativos y convenios interadministrativos. Seæaló

Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, autoridad competente en virtud de la delegación conferida por el Ministerio de Minas y Energía y la propia Agencia, mediante diversos actos administrativos y convenios interadministrativos. Seæaló que, conforme a la Ley 489 de 1998 y al artículo 211 de la Constitución Política, la delegación transfiere la responsabilidad al delegatario, de manera que los actos emitidos en ejercicio de dicha función corresponden exclusivamente a Øste, sin que pueda predicarse injerencia o responsabilidad de la entidad delegante.

2.5.2. En este contexto, ademÆs de enfatizar la falta de legitimación en la causa por pasiva, adujo la ausencia de responsabilidad de la autoridad delegante, en atención a que la normativa constitucional y legal vigente delimita claramente los efectos d e la delegación, de modo que cualquier eventual vicio o irregularidad en los actos administrativos impugnados resulta atribuible œnicamente a la entidad territorial que ejerció la competencia como delegataria

2.3. El Departamento de Antioquia, Dirección de Titulación Minera, no contestó la demanda.

2.4. De manera paralela, el despacho sustanciador, en auto del 21 de julio de 2016,

9 Archivo electrónico identificado con certificado 96D5CA7CCFAF4040 0DB5E05C39A2E1E2 ADADBB85B86E6D66 69BC0195A5BDF4EC, ubicado en el índice 194 del expediente digital, en el aplicativo Samai.Radicado: 11001-03-26-000-2016-00042-00 (56570

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negó la suspensión provisional de los actos demandadas10. Como sustento de la decisión, sostuvo que en esta etapa inicial del proceso no se configuraban los presupuestos del artículo 231 del CPACA para acceder a la medida cautelar, por cuanto los actores se limitaron a alegar de manera genØrica la vulneración de los derechos a la igualdad, al trabajo y a la seguridad social, sin exponer razones jurídicas concretas que demostraran la contradicción normativa con los actos acusados; ademÆs, constató que las resoluciones demandadas se fundaron en el incumplimiento de exigencias previstas en el Decreto 933 de 2013, aspecto qu e, prima facie, excluía la configuración de la ilegalidad alegada.

2.5. El 28 de julio de 2016, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de sœplica contra la providencia del 21 de julio del mismo aæo, en el cual alegó que los actos administrativos acusados transgredían de manera ostensible el derecho a la seguridad social de los trabajadores de la mina cuya formalización se solicitaba11.

2.6. En auto del 13 de febrero de 2017, el despacho del entonces Consejero de Estado Guillermo SÆnchez Luque ordenó la devolución del expediente al despacho sustanciador, a efectos de que el recurso de sœplica interpuesto por la parte demandante se tramitara como un recurso de reposición, en virtud de que el auto que niega una medida cautelar no tiene recurso de apelación de conformidad

despacho sustanciador, a efectos de que el recurso de sœplica interpuesto por la parte demandante se tramitara como un recurso de reposición, en virtud de que el auto que niega una medida cautelar no tiene recurso de apelación de conformidad con lo previsto en los artículos 236 y 243 del CPACA, y el recurso de reposici ón procede contra los autos que no sean susceptibles de apelación o de sœplica12.

2.6. Mediante auto del 17 de abril de 2017, el despacho sustanciador rechazó por extemporÆneo el recurso de reposición interpuesto por la parte demandante frente al auto de 21 de julio de 2016, mediante el cual se denegó la solicitud de suspensión provisional de los efectos de las Resoluciones No. S201500002899 de 2 de febrero de 2015 y S201500187 de 20 de mayo de 7015, em itidas por la Dirección de Titulación Minera del Departamento de Antioquia13.

2.7. Por medio de auto del 22 de julio de 2017, el despacho seæaló fecha para la celebración de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del CPACA 14. El 9 de septiembre del mismo aæo se dio apertura a dicha diligencia. En la men cionada audiencia, el actual Magistrado NicolÆs Yepes Corrales, en su momento agente del Ministerio Pœblico, rindió concepto sobre el proceso; así mismo, se propuso l a excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del Ministerio de Minas y Energía y de la ANM, solicitud que fue acogida por el despacho. Contra

10 Archivo electrónico identificado con certificado A180BC1E82763E82 372AD31E585D51C7

de Minas y Energía y de la ANM, solicitud que fue acogida por el despacho. Contra

10 Archivo electrónico identificado con certificado A180BC1E82763E82 372AD31E585D51C7 EB4046A35B4EE051 C5738CE92F6087D8, ubicado en el índice 194 del expediente digital, cuaderno de medidas cautelares (folios 123 al 144), en el aplicativo Samai. 11 Archivo electrónico identificado con certificado A180BC1E82763E82 372AD31E585D51C7 EB4046A35B4EE051 C5738CE92F6087D8, ubicado en el índice 194 del expediente digital, cuaderno de medidas cautelares (folios 147 al 150), en el aplicativo Samai. 12 Archivo electrónico identificado con certificado A180BC1E82763E82 372AD31E585D51C7 EB4046A35B4EE051 C5738CE92F6087D8, ubicado en el índice 194 del expediente digital, cuaderno de medidas cautelares (folio 244), en el aplicativo Samai. 13 Archivo electrónico identificado con certificado A180BC1E82763E82 372AD31E585D51C7 EB4046A35B4EE051 C5738CE92F6087D8, ubicado en el índice 194 del expediente digital, cuaderno de medidas cautelares (folios 252 al 256), en el aplicativo Samai. 14 Archivo electrónico identificado con certificado 17D8A21AD21ADE29 89A629E659D3B2C8 B01655C800D4065D CC0008C8DD8A3E48, ubicado en el índice 194 de l expediente digital, en el aplicativo

14 Archivo electrónico identificado con certificado 17D8A21AD21ADE29 89A629E659D3B2C8 B01655C800D4065D CC0008C8DD8A3E48, ubicado en el índice 194 de l expediente digital, en el aplicativo Samai.Radicado: 11001-03-26-000-2016-00042-00 (56570

Demandante: Luis Alirio Loaiza López y otro

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esta decisión, el apoderado de la parte demandante formuló recurso de sœplica15, el cual fue resuelto por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación en providencia de fecha 27 de febrero de 2019, en el sentido de confirmar la decisión recurrida. En consecuencia, el proceso continuó œnicamente contra el Departamento de Antioquia como entidad demandada16.

2.8. En escrito de fecha 3 de mayo de 2019, el Consejero de Estado NicolÆs Yepes Corrales manifestó que se encuentra impedido para conocer y decidir el proceso de la referencia, de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del artículo 140 y e n el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso –en adelante CGP-, por cuanto, en su calidad de Procurador Primero Delegado ante esta Corporación, emitió concepto dentro del trÆmite de la audiencia inicial. Dicho impedim ento fue declarado fundado por la Sala de Subsección mediante auto de fecha 29 de julio de 201917.

2.9. Como consecuencia de lo anterior, el despacho del Consejero de Estado Jaime Enrique Rodríguez Navas, en providencia de 9 de junio de 2020, avocó el

de 201917.

2.9. Como consecuencia de lo anterior, el despacho del Consejero de Estado Jaime Enrique Rodríguez Navas, en providencia de 9 de junio de 2020, avocó el conocimiento del proceso18. Seguidamente, en auto de fecha 17 de junio de 2022, fijó como fecha para continuar la audiencia inicial , el día 1 de agosto de ese aæo19.

No obstante, el despacho advirtió que la solicitud de formalización minera tradicional identificada con el radicado No. LKP 11141 fue presentada no solo por lo s demandantes sino tambiØn por HernÆn García Restrepo , lo que evidencia su interØs directo en las resultas del proceso respecto del yacimiento ubicado en el municipio de Argelia (Antioquia). En consecuencia, al configurarse la hipóte