CE - Sentencia 11001032600020160006301 de 2025

Radicación: 11001-03-26-000-2016-00063-01 (63.304)

Convocantes: TELMEX COLOMBIA S.A. (COMCEL S.A.) Y OTRO

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veinticinco (2025).

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL Radicación: 11001-03-26-000-2016-00063-01 (63.304)

Convocantes: TELMEX COLOMBIA S.A. (COMCEL S.A.1) Y OTRO

Convocado: DIVISIÓN MAYOR DEL FÚTBOL COLOMBIANO (DIMAYOR)

TEMAS: EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES - Sus características generales y su naturaleza - Solo permite juzgar errores in procedendo - No es segunda instancia / EL DEBER QUE LE ASISTE AL JUEZ NACIONAL DE SOLICITAR LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL OBLIGATORIA ANTE EL TJCA Y ADOPTARLA EN SUS DECISIONES - Los jueces consultantes deben adoptar en sus pronunciamientos las sentencias de interpretación prejudicial obligatoria del TJCA, siempre y cuando necesiten establecer, crear o aplicar un criterio jurídico interpretativo de la norma andina / LA OBLIGACIÓN DEL PANEL ARBITRAL DE

INCORPORAR LA SENTENCIA DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL OBLIGATORIA DEL TJCA

un criterio jurídico interpretativo de la norma andina / LA OBLIGACIÓN DEL PANEL ARBITRAL DE INCORPORAR LA SENTENCIA DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL OBLIGATORIA DEL TJCA EN UN LAUDO QUE NO RESUELVE DE FONDO LA CONTROVERSIA - El TJCA reconoce que la adopción de sus sentencias de interpretación prejudicial obligatoria solicitadas y emitidas no resulta exigible si el proceso arbitral concluye sin que se dicte una decisión que se refiera al fondo de la controversia y dicha conclusión no requirió la aplicación del derecho andino / LA CADUCIDAD Y SU REGULACIÓN EN EL DERECHO INTERNO - La caducidad es un presupuesto procesal que está regulado en el derecho interno (en el CPACA, si se trata de un juicio contencioso administrativo o uno arbitral en el que intervenga una entidad pública ) y no en preceptos del ordenamiento jurídico andino / LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA CADUCIDAD Y SUS NOTAS DISTINTIVAS - Es una figura procesal de orden público que no concede derechos subjetivos, es irrenunciable y, además, está instituida para proteger el interés genera l, de ahí que el juez institucional y/o arbitral deba emprender su estudio oficiosamente / LA CAUSAL 2ª DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 1563 DE 2012 - Caducidad, falta de jurisdicción y competencia - Requisito de procedibilidad para su estudio / LA CAUSAL 7ª DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 1563 DE 2012 - Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho - Diferencias entre el laudo en conciencia y el laudo en equidadNo es posible mediante esta causal controvertir la interpretación o valoración de las pruebas que

equidad, debiendo ser en derecho - Diferencias entre el laudo en conciencia y el laudo en equidadNo es posible mediante esta causal controvertir la interpretación o valoración de las pruebas que realizaron los árbitros / LA CAUSAL 9ª DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 1563 DE 2010 - Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitro s, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL

La Sala resuelve el recurso extraordinario de anulación interpuesto por la parte convocante en contra del laudo arbitral del 8 de noviembre de 2018, proferido por el Tribunal de Arbitramento que se constituyó para dirimir las controversias suscitadas

1 De conformidad con el certificado de existencia y representación de Comcel S.A., esta sociedad absorbió a Telmex Colombia S.A. (folios 547 a 560 del cuaderno principal del Consejo de Estado (No. Interno 63.304).Radicación: 11001-03-26-000-2016-00063-01 (63.304)

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entre TELMEX COLOMBIA S.A. (hoy COMCEL S.A. ) - UNE EPM

TELECOMUNICACIONES S.A. y la División Mayor del Fútbol Colombiano.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 7 de octubre de 2006, la División Mayor del Fútbol Colombiano (en lo sucesivo la DIMAYOR o la convocada) y TELMEX COLOMBIA S.A. (hoy COMCEL S.A.) - UNE

El 7 de octubre de 2006, la División Mayor del Fútbol Colombiano (en lo sucesivo la DIMAYOR o la convocada) y TELMEX COLOMBIA S.A. (hoy COMCEL S.A.) - UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. (a quienes en conjunto se hará referencia en adelante como TELMEX - UNE EPM o la s convocantes) celebraron un contrato derivado de una oferta comercial encaminada a otorgar la licencia de los derechos para la transmisión y comercialización del Campeonato de l Fútbol Profesional Colombiano. Las partes acordaron que, “(...) sobre la base de un desempeño contractual satisfactorio, las destinatarias de la oferta tendrán la opción preferente para que una vez cumplido el término de duración establecido se prefiera su oferta en condiciones de igualdad frente a la de cualquier tercero (...)”.

El 25 de julio de 2014, TELMEX - UNE EPM presentaron demanda arbitral en contra de la DIMAYOR, por el supuesto incumplimiento de la cláusula contentiva de la opción preferente. A través del laudo del 3 de diciembre de 2015, el Panel Arbitral constituido para el efecto declaró que la DIMAYOR incumplió el negocio jurídico en cuestión y, como consecuencia de ello, la condenó al pago de la cláusula penal pecuniaria pactada en dicho acuerdo de voluntades.

El 1º de febrero de 2016, la convocada interpuso recurso extraordinario de anulación, dado que, en su criterio, el laudo arbitral impugnado omitió el deber de solicitar la interpretación prejudicial de las normas comunitarias andinas aplicables al caso.

anulación, dado que, en su criterio, el laudo arbitral impugnado omitió el deber de solicitar la interpretación prejudicial de las normas comunitarias andinas aplicables al caso.

La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 10 de noviembre de 2016, adicionada y aclarada a través de providencia del 13 de diciembre de ese mismo año, anuló totalmente el laudo del 3 de diciembre 2015, porque el Tribunal de Arbitramento no solicitó la interpretación prejudicial obligatoria ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo TJCA).

Como consecuencia de lo anterior, y en virtud de lo ordenado por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia referida, se constituyó un nuevo Tribunal de Arbitraje que, luego de declararse competente para conocerRadicación: 11001-03-26-000-2016-00063-01 (63.304)

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de la controversia, decretó y tramitó la sol icitud de interpretación prejudicial obligatoria ante el TJCA, solicitud que fue resuelta por el juez comunitario mediante sentencia 371-IP-2017 del 8 de febrero de 2018.

El 8 de noviembre de 2018, el Tribunal de Arbitramento profirió el laudo arbitral cuya anulación ocupa la atención de la Sala, en el que declaró la caducidad de la “acción” y, por lo tanto, se abstuvo de resolver sobre mérito de las pretensiones de la demanda arbitral.

Inconforme con la anterior decisión, TELMEX - UNE EPM formul aron recurso

y, por lo tanto, se abstuvo de resolver sobre mérito de las pretensiones de la demanda arbitral.

Inconforme con la anterior decisión, TELMEX - UNE EPM formul aron recurso extraordinario de anulación, en el que solicitaron anular el l audo arbitral del 8 de noviembre de 2018, con fundamento en las causales previstas en los numerales 2, 7 y 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 y, además, argumentó (como causal autónoma de anulación) que el Panel Arbitral que nuevamente se constituyó para dirimir la controversia, estaba en el deber no solo de solicitar la interpretación prejudicial sino también de incorporar en el laudo la sentencia de interpretación prejudicial proferida por el TJCA (371-IP-2017 del 8 de febrero de 2018), lo que no ocurrió.

II. ANTECEDENTES

1. Del primer proceso y arbitral y su trámite en sede de anulación

1.1. La demanda arbitral

El 25 de julio de 20142, TELMEX COLOMBIA S.A. (hoy COMCEL S.A.) y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. solicitaron la integración de un Tribunal de Arbitramento, con el propósito de resolver las controversias suscitadas con la DIMAYOR, derivadas del contrato para la explotación de los derechos de transmisión y comercialización de los partidos del Fútbol Profesional Colombiano, particularmente en lo concerniente a una opción “preferente”, que se acordó entre las partes a favor de las convocantes. Mediante auto del 20 de octubre de 20143, el Panel Arbitral que se integró para dirimir la controversia admitió la demanda.

las partes a favor de las convocantes. Mediante auto del 20 de octubre de 20143, el Panel Arbitral que se integró para dirimir la controversia admitió la demanda.

2 Folios 1 a 39 del cuaderno principal No. 1 del primer proceso arbitral (Caso No. 3442). 3 Folios 133 a 136 del cuaderno principal No. 1 del primer proceso arbitral (Caso No. 3442).Radicación: 11001-03-26-000-2016-00063-01 (63.304)

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1.2. La contestación de la demanda arbitral

El 19 de noviembre de 2014 4, la DIMAYOR, por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda arbitral. En tal sentido, se opuso a las pretensiones y planteó excepciones de mérito. Asimismo, aceptó algunos hechos y negó otros.

1.3. El laudo arbitral y sus solicitudes de aclaración, corrección y adición

1.3.1. Mediante laudo del 3 de diciembre de 2015 5, el Tribunal de Arbitramento accedió a las pretensiones de TELMEX - UNE EPM y, como consecuencia de ello, en síntesis: (i) declaró que entre las partes se celebró un contrato perfeccionado con la oferta presentada por la DIMAYOR y aceptada por TELMEX - UNE EPM, relativo a una licencia de los derechos para la emisión, transmisión, retransmisión y comercialización de los partidos del Fútbol Profesional Colombiano; (ii) declaró el incumplimiento por parte de la DIMAYOR en lo concerniente a la cláusula de opción

comercialización de los partidos del Fútbol Profesional Colombiano; (ii) declaró el incumplimiento por parte de la DIMAYOR en lo concerniente a la cláusula de opción preferente del contrato principal y (iii) condenó a la DIMAYOR a pagar el valor de la cláusula penal pactada en el contrato junto con los intereses moratorios cau sados sobre dicho valor, calculados desde la notificación de la demanda hasta la fecha del laudo.

1.3.2. El 11 de diciembre de 2015 6, las convocantes solicitaron la aclaración y/o adición del laudo arbitral , mientras que la DIMAYOR pidió la corrección y complementación del mismo.

1.3.3. Por medio del auto del 14 de diciembre de 20157, el Tribunal de Arbitramento negó las solicitudes antes mencionadas, por considerarlas improcedentes.

1.4. El recurso extraordinario de anulación interpuesto

1.4.1. El 1° de febrero de 2016 8, la DIMAYOR formuló recurso extraordinario de anulación en contra del laudo arbitral proferido el 3 de diciembre de 2015 , con fundamento en las causales de anulación previstas en los numerales 7° y 9° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.

4 Folios 142 a 213 del cuaderno principal No. 1 del primer proceso arbitra l (Caso No. 3442). 5 Folios 287 a 413 del cuaderno del cuaderno del Consejo de Estado (No. Interno 56.845). 6 Folios 414 a 442 del cuaderno del Consejo de Estado (No. Interno 56.845). 7 Folios 444 a 460 del cuaderno del Consejo de Estado (No. Interno 56.845).

6 Folios 414 a 442 del cuaderno del Consejo de Estado (No. Interno 56.845). 7 Folios 444 a 460 del cuaderno del Consejo de Estado (No. Interno 56.845). 8 Folios 462 a 518 del cuaderno del Consejo de Estado (No. Interno 56.845).Radicación: 11001-03-26-000-2016-00063-01 (63.304)

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Aunado a lo anterior, la convocada advirtió que el laudo arbitral impugnado “(…) incurrió en la causal autónoma de anulación reconocida en forma pacífica por la jurisprudencia nacional y referida a la omisión del deber de solicitar la interpretación prejudicial de las normas comunitarias andinas aplicables al caso (…)” (énfasis añadido).

1.5. La sentencia que anuló el laudo arbitral y la providencia que la adicionó y aclaró

1.5.1. Mediante la sentencia del 10 de noviembre de 2016 9, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado anuló totalmente el laudo arbitral del 3 de diciembre 2015 , porque el Tribunal de Arbitramento no solicitó la interpretación prejudicial obligatoria ante el TJCA y, como consecuencia de ello, ado ptó las siguientes medidas (se transcriben de forma literal):

“(…) Resta, entonces, averiguar qué otra medida debe ser adoptada por esta Sala cuando se declara la nulidad de un laudo por la causal aquí tratada, cuestión en la cual se tiene averiguado que la actuación que procedería es la de convocar un nuevo

“(…) Resta, entonces, averiguar qué otra medida debe ser adoptada por esta Sala cuando se declara la nulidad de un laudo por la causal aquí tratada, cuestión en la cual se tiene averiguado que la actuación que procedería es la de convocar un nuevo tribunal de arbitramento de acuerdo con las normas legales pertinentes, toda vez que el que se conformó para tramitar y dictar el laudo que ahora se anula feneció su existencia, jurídica y ontológicamente, con el pronunciamiento de esta decisión y las providencias de corrección o complementación (…).

Por consiguiente, se enviará, por conducto de la Secretaría de la Sección, copia íntegra y auténtica del presente fallo a los árbitros que integraron el Tribunal de Arbitramento y al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, sin otro particular. El Tribunal de Arbitramento que eventualmente se conforme para dirimir las presentes controversias deberá solicitar la interpretación prejudicial obligatoria, de acuerdo con lo expuesto (…)”.

Para sustentar su determinación, la Corporación realizó una aproximación conceptual acerca de los propósitos, las características y los elementos integrantes del derecho comunitario andino , así como también de la obligatoriedad de las decisiones del TJCA . Luego, delimitó cuál era el alcance de las causales de anulación previstas en los numerales 7 y 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 y, acto seguido, se ocupó de analizar la “ omisión consistente en solicitar la interpretación prejudicial de las normas comunitarias andinas aplicables al caso”.

1.5.2. El 24 de noviembre de 2016 10, la DIMAYOR solicitó la adición y

interpretación prejudicial de las normas comunitarias andinas aplicables al caso”.

1.5.2. El 24 de noviembre de 2016 10, la DIMAYOR solicitó la adición y complementación de la sentencia de anulación previamente referida. Para tal efecto,

9 Folios 647 a 683 del cuaderno del Consejo de Estado (No. Interno 56.845) 10 Folios 685 a 690 del cuaderno del Consejo de Estado (No. Interno 56.845).Radicación: 11001-03-26-000-2016-00063-01 (63.304)

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indicó que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al declarar la nulidad el laudo arbitral impugnado, debió ordenar la r estitución de todas las sumas pagadas a las convocantes11, en virtud de lo previsto en el artículo 45 de la Ley 1563 de 2012. Asimismo, precisó que a estos valores debía adicionársele la corrección monetaria correspondiente, tal y como lo ordena el inciso cuarto del artículo 187 del CPACA 12. De igual modo, adujo que al extremo convocante se le tenía que condenar al pago de intereses moratorios sobre las cantidades de dinero a restituir, de acuerdo con lo señalado en el tercer inciso del artículo 192 del

CPACA13.

1.5.3. El 25 de noviembre de 2016 14, las convocantes solicitaron la adición y aclaración de la sentencia que anuló el laudo arbitral. En ese sentido, pidieron que se precisaran los efectos de la nulidad declarada “(…) de cara al desenvolvimiento

aclaración de la sentencia que anuló el laudo arbitral. En ese sentido, pidieron que se precisaran los efectos de la nulidad declarada “(…) de cara al desenvolvimiento del nuevo tribunal arbitral que al efecto se integre (…)”.

1.5.4. Mediante la providencia del 13 de diciembre de 2016 15, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado adicionó y aclaró la sentencia del 10 de noviembre de la misma anualidad.

De acuerdo con la solicitado por la DIMAYOR, se ordenó a las convocantes restituir las sumas de dinero que les habían pag ado con fundamento en el laudo arbitral anulado, así como también se indicó que dichos montos causarían intereses moratorios, en virtud de lo previsto en el artículo 192 del CPACA.

Asimismo, se accedió a lo pedido por la parte convocante, en el sentido de señalar que la anulación solo afectaba el laudo impugnado, mientras que las pruebas que se practicaron válidamente y las demás actuaciones procesales surtidas en ese juicio arbitral conservarían validez.

11 La certificación y los comprobantes de pago a las convocantes obran en los folios 691 a 693 del cuaderno del Consejo de Estado (No. Interno 56.845). 12 “Artículo 187. Contenido de la sentencia. (…) Las condenas al pago o la devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como base el índice de precios al consumidor” (énfasis añadido). 13 “Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas. (…) Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una

consumidor” (énfasis añadido). 13 “Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas. (…) Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a par tir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este Código (…)” (énfasis añadido). 14 Folios 694 a 700 del cuaderno del Consejo de Estado (No. Interno 56.845). 15 Folios 702 a 705 del cuaderno del Consejo de Estado (No. Interno 56.845).Radicación: 11001-03-26-000-2016-00063-01 (63.304)

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Frente a este último particular, en la providencia se indicó que:

“(…) Pidieron Telmex Colombia S.A. y Une Epm Telecomunicaciones S.A. se aclarara el fallo dictado en cuanto hace a los efectos de la nulidad declarada. En este asunto, se advierte que no en vano la anulación del laudo de 3 de diciembre de 2015 obedeció a una c ausal no consagrada expresamente en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, tal cuestión no impide aplicar, vía analogía, lo prescrito en el inciso tercero del artículo 43 de esa ley y que enseña: “Cuando se anule el laudo por las causales 3 a 7, el interes ado podrá convocar un tribunal arbitral, en el que conservarán validez las pruebas debidamente practicadas y en lo posible las

por las causales 3 a 7, el interes ado podrá convocar un tribunal arbitral, en el que conservarán validez las pruebas debidamente practicadas y en lo posible las actuaciones que no hubieren resultado afectadas por la anulación”, y se dice que no hay reparo en aplicar este precepto por analo gía toda vez que, como lo hacen ver los solicitantes, la razón que llevó a la anulación del laudo lo fue el haber fallado el pleito sin tramitar la interpretación prejudicial obligatoria ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Por consiguiente, la Sala aclara que los efectos de la anulación decretada en el fallo del 10 de noviembre de 2016 comprenden el laudo dictado el 3 de diciembre de 2015 por el Tribunal de Arbitramento, conservando validez las pruebas practicadas y las demás actuaciones procesales surtidas con anterioridad al laudo (…)”.

2. Del segundo proceso arbitral y su trámite

2.1. La convocatoria arbitral

2.1.1. En cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia de anulación que dictó esta Sala de Subsección el 10 de noviembre de 2016, aclarada y adicionada por medio de la providencia del 13 de diciembre del 2016, TELMEX COLOMBIA S.A. (hoy COMCEL S.A ) y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. , el 1° de ma rzo de 201716, presentaron solicitud de convocatoria arbitral (con la advertencia expresa de que no era una nueva demanda 17) tendiente a dirimir las diferencias contractuales que surgieron con la DIMAYOR18.

16 Folios 1 a 14 del cuaderno principal No. 1 del segundo proceso arbitral (Caso No. 5089).

de que no era una nueva demanda 17) tendiente a dirimir las diferencias contractuales que surgieron con la DIMAYOR18.

16 Folios 1 a 14 del cuaderno principal No. 1 del segundo proceso arbitral (Caso No. 5089). 17 Al respecto, el extremo convocante precisó que (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores): “(…) (A) diferencia de lo que es usual en la materia arbitral, no consiste esta solicitud de convocatoria en una nueva demanda. La demanda arbitral que sirve de base al presente trámite, cuyas pretensiones deberá resolver el nuevo el tribunal que ha de integrarse conforme a lo señalado en esta solicitud, es la que presentaron Telmex Colombia S.A. y Une Epm Telecomunicaciones S.A.

el 25 de julio de 2014, cuya validez y efectos permanecen intactos acorde con lo dispuesto por el Consejo de Estado (…)” (énfasis añadido) (folio 2 del cuaderno principal No. 1 del segundo proceso arbitral (Caso No. 5089)).Radicación: 11001-03-26-000-2016-00063-01 (63.304)

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En tal virtud , pidieron que, “ (…) una vez instalado (el Tribunal Arbitral), avoque el conocimiento de la controversia ya reseñada, y siguiendo las directrices señaladas por el Consejo de Estado (…), decida de fondo sobre dicha controversia profiriendo el correspondiente laudo, previo agotamiento (…)” de la interpretación prejudicial obligatoria ante el TJCA (aclaración añadida).

2.1.2. El 25 de abril de 201719, la DIMAYOR complementó su pronunciamiento frente a la solicitud de convocatoria arbitral, en el sentido de señalar que dicho escrito no cumplía con las exigencias legales para ser catalogada como una demanda, lo cual apoyó en lo dispuesto en el artículo 82 del CGP.

Acto seguido, dedicó su atención a precisar cuáles eran, a su juicio, los efectos del fallo de anulación en el caso concreto. Respecto de la validez de las pruebas debidamente practicadas, señaló que no tenía ningún reparo; sin embargo, sostuvo que ello no implicaba que en el marco del nuevo trámite arbitral no se pudiesen solicitar, decretar y practicar nuevos elementos de convicción. Asimismo, afirmó que

que ello no implicaba que en el marco del nuevo trámite arbitral no se pudiesen solicitar, decretar y practicar nuevos elementos de convicción. Asimismo, afirmó que el nuevo panel arbitral también podría ejercer su “ facultad” oficiosa en materia probatoria.

En lo atinente a la validez de las actuaciones procesales surtidas, indicó que la solicitud de convocatoria arbitral presentada por las convocantes debió instrumentalizarse a través de una demanda propiamente dicha 20, de conformidad con lo regulado en el artículo 82 del CGP y lo previsto en el artículo 12 de la Ley 1563 de 2012.

2.2. La audiencia de instalación

2.2.1 El 13 de junio de 201721, se llevó a cabo la audiencia de instalación, diligencia en la que el nuevo Tribunal de Arbitramento adoptó las decisiones que se reseñan a continuación: (i) solicitó al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de

19 Folios 109 a 123 del cuaderno principal No. 1 del segundo proceso arbitral (Caso No. 5089). 20 Dicha alegación se plasmó así (se transcribe de forma literal, incluso co n posibles errores): “(…) No sobra señalar que en ningún aparte de la sentencia de anulación se relevó a Telmex y Une de la presentación de una convocatoria arbitral y, por el contrario, se dispuso en forma expresa que quedaban facultadas para “ convocar un nuevo tribunal de arbitramento de acuerdo con las normas legales”. Por tal razón, la argumentación de las convocantes orientada a sustraerse de su deber de presentar una convocatoria conforme con la ley, no pasa de ser un simple discurso sin peso

normas legales”. Por tal razón, la argumentación de las convocantes orientada a sustraerse de su deber de presentar una convocatoria conforme con la ley, no pasa de ser un simple discurso sin peso legal al guno (…)” (énfasis propio del texto transcrito ) (folio 116 del cuaderno principal No. 1 del segundo proceso arbitral (Caso No. 5089). 21 Folios 165 a 173 del cuaderno principal No. 1 del segundo proceso arbitral (Caso No. 5089).Radicación: 11001-03-26-000-2016-00063-01 (63.304)

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Comercio de Bogotá la remisión del expediente del primer proceso arbitral (auto No. 2) y (ii) determinó que la calificación de la solicitud de convocatoria la realizaría una vez contara con los elementos necesarios para dicho efecto (auto No. 3).

2.2.2. Mediante el auto No. 4 del 5 de jul io de 201722, el Panel Arbitral rechazó por improcedente la petición de la DIMAYOR, consistente en que la solicitud de convocatoria materia de análisis debiese plasmarse en una nueva demanda, puesto que los efectos invalidantes de la anulación declarada por el Consejo de Estado no se extendían a dicho acto procesal.

2.2.3. Inconforme con esta determinación , la convocada interpuso recurso de reposición23 y, en tal virtud, alegó que había operado la caducidad de la “acción”, tesis frente a la cual se opuso la parte convocante24 y el Ministerio Público25.

2.2.4. Por medio del auto No. 5 del 5 de julio de 2017 26, el Tribunal de Arbitraje

tesis frente a la cual se opuso la parte convocante24 y el Ministerio Público25.

2.2.4. Por medio del auto No. 5 del 5 de julio de 2017 26, el Tribunal de Arbitraje confirmó en su totalidad el proveído impugnado.

2.3. De la primera audiencia de trámite

2.3.1. El 3 de agosto de 2017 27 se llevó a cabo la primera audiencia de trámite, diligencia en la que el Panel Arbitral, a través del auto No. 7, se declaró competente para decidir en derecho las controversias sometidas a su conocimiento, “(…) previa remisión en solicitud de consulta prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (…)” (énfasis añadido).

En ese orden de ideas, ordenó la suspensión del proceso arbitral “(…) con el fin de efectuar la remisión prevista en el artículo 33, inciso segundo, del Trat ado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, suspensión que se mantendrá hasta tanto se reciba la interpretación prejudicial que directa e inmediatamente procederá a requerirse (…)” y, asimismo, precisó que, “(…) una vez producida y notificada la decisión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

22 Folios 183 a 191 del cuaderno principal No. 1 del segundo proceso arbitral (Caso No. 5089). 23 Folios 189 a 191 del cuaderno principal No. 1 del segundo proceso a rbitral (Caso No. 5089). 24 Folios 189 a 191 del cuaderno principal No. 1 del segundo proceso arbitral (Caso No. 5089). 25 Folios 189 a 191 del cuaderno principal No. 1 del segundo proceso arbitral (Caso No. 5089).

24 Folios 189 a 191 del cuaderno principal No. 1 del segundo proceso arbitral (Caso No. 5089). 25 Folios 189 a 191 del cuaderno principal No. 1 del segundo proceso arbitral (Caso No. 5089). 26 Folio 190 del cuaderno principal No. 1 del segundo proceso arbitral (Caso No. 5089). 27 Folios 198 a 206 del cuaderno principal No. 1 del segundo proceso arbitral (Caso No. 5089).Radicación: 11001-03-26-000-2016-00063-01 (63.304)

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se dispondrá la reanudación del proceso con el fin de continuar con el trámite del mismo (…)”.

2.3.2. La DIMAYOR interpuso recurso de reposición 28 en contra del referi do auto, puesto que, a su juicio , el Tribunal de Arbitramento carecía de competencia para proferir un nuevo laudo, porque se había configurado la caducidad29 de la “acción”30.

2.3.3. TELMEX - UNE EPM se opusieron31 a la prosperidad del recurso, toda vez que, a su juicio, las actuaciones dentro del trámite arbitral, con excepción del laudo, conservaban plena validez.

2.3.4. El Tribunal de Arbitraje, por medio del auto No. 8 del 23 de agosto de 201732, desestimó el recurso de reposición interpuesto por la DIMAYOR y, como consecuencia de ello, confirmó33 íntegramente la providencia recurrida.

Para tal efecto, indicó que “(…) la ausencia de caducidad es un requisito inherente

desestimó el recurso de reposición interpuesto por la DIMAYOR y, como consecuencia de ello, confirmó33 íntegramente la providencia recurrida.

Para tal efecto, indicó que “(…) la ausencia de caducidad es un requisito inherente por definición al ejercicio eficaz del derecho de accionar (…)” y también resaltó su naturaleza de orden público, “ (…) lo que explica su carácter irrenunciable y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia. También es una carga que debe cumplir quien esté interesado en acudir al aparato jurisdiccional y su omisión lo priva del derecho de acción (…)”.

Efectuada la precisión antecedente, el Tribunal de Arb itramento consideró que en el caso concreto “ (…) la caducidad en cuestión no aparece configurada con la

28 Folios 205 a 227 del cuaderno principal No. 1 del segundo proceso arbitral (Caso No. 5089). 29 La DIMAYOR ligó la configuración de la caducidad de la acción a la falta de competencia del Tribunal de Arbitramento en los siguientes términos (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores): “(…) (E)l tema de caducidad y el tema de la competencia guardan íntima relación. Y guardan una íntima relación porque, para decirlo en términos sencillos, la caducidad como institución de derecho público hace consistir que la controversia que aquí se debate haya perdido su condición de asunto de libre disposición o de asunto que sea susceptible de transacción. Ese punto, que es una condición especial del arbitraje, hace que este Tribunal, al haberse declarado competente para dictar