CE - Sentencia 11001032600020160015000 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Radicación: 110010326000201600150 00 (58024)

Demandante: UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

Demandado: ENRIQUE MEZA DAZA Y OTROS

Tema: Medio de control de repetición. Régimen jurídico aplicable Ley 678 de 2001. No se probó la conducta dolosa y/o gravemente culposa del agente estatal. Condena en costas.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide en única instancia y mediante sentencia anticipada 1 el medio de control de repetición promovido por la Universidad Popular del Cesar contra Enrique Meza Daza y otros.

I. SINTESIS DEL CASO

Mediante sentencia del 10 de julio de 2014 el Tribunal Administrativo del Cesar declaró la nulidad del oficio del 18 de mayo de 2012 expedido por la Universidad Popular del Cesar, declaró la existencia de una relación laboral entre José Armel González Roa y esa institución educativa y ordenó pagar al señor González Roa “el valor equivalente a las prestaciones sociales que se reconocen a los empleados de la universidad que desempeñaban similar labor” . El 12 de febrero de 2015 el Tribunal Administrativo del Cesar celebró audiencia de conciliación judicial, en la que se acordó que la Universidad Popular del Cesar pagaría a José Armel González

la universidad que desempeñaban similar labor” . El 12 de febrero de 2015 el Tribunal Administrativo del Cesar celebró audiencia de conciliación judicial, en la que se acordó que la Universidad Popular del Cesar pagaría a José Armel González Roa la suma de $53.635.556 “por concepto de condena judicial” y $8.045.333 “por concepto de costas y agencias en derecho”. Así las cosas, mediante auto del 26 de febrero de siguiente, el Tribun al Administrativo del Cesar aprobó la conciliación

1 Índice 156 Samai, expediente electrónico. Mediante auto del 7 de julio de 2025 se resolvió prescindir de la audiencia inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, con el objeto de dictar sentencia anticipada.2

Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)

Demandante: Universidad Popular del Cesar

judicial celebrada entre la Universidad Popular del Cesar y José Armel González Roa y declaró terminado el proceso.

Como la Universidad Popular del Cesar afirma que pagó una indemnización por concepto de dicha conciliación, en ejercicio del medio de control de repetición, presentó demanda en contra de José Guillermo Botero, Jesús María Valencia Bustamante, Enrique Meza Daza, Leonor Castrillo Guerra y Raúl Enrique Maya Pabón, pues considera que con su actuar doloso y/o gravemente culposo incidió en la producción del daño antijurídico por el cual debió suscribir la conciliación referida y pagar la suma allí acordada.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 22 de septiembre de 2016 2, la Universidad Popular del Cesar, mediante

y pagar la suma allí acordada.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 22 de septiembre de 2016 2, la Universidad Popular del Cesar, mediante apoderada judicial y en ejercicio del medio de control de repetición, presentó demanda en contra de José Guillermo Botero Cotes, Jesús María Valencia Bustamante, Enrique Meza Daza, Leonor Castrillo Guerra y Raúl Enrique Maya Pabón, para que se le s declare patrimonialmente responsable s del pago de $61.927.613 a José Armel González, realizado en cumplimiento de la conciliación aprobada por el Tribunal Administrativo del Cesar mediante auto del 26 de febrero de 2015.

En apoyo de las pretensio nes, la parte demandante afirma que entre el periodo comprendido del 14 de febrero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2011, José Guillermo Botero, Jesús María Valencia Bustamante, Enrique Meza Daza, Leonor Castrillo Guerra y Raúl Enrique Maya Pabón en calidad de “ funcionarios de la Universidad Popular del Cesar” mediante ordenes de prestación de servicios “vincularon irregularmente” a José Armel González Roa a dicha universidad como “celador” del Centro Experimental Piloto ubicado en el corregimiento de Valencia de Jesús.

2 Fl. 2 a 15, C. 1.3

Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)

Demandante: Universidad Popular del Cesar

Sostiene que, mediante oficio del 18 de mayo de 2012, la Universidad Popular del Cesar negó la solicitud efectuada por José Armel González Roa, consistente en que

Demandante: Universidad Popular del Cesar

Sostiene que, mediante oficio del 18 de mayo de 2012, la Universidad Popular del Cesar negó la solicitud efectuada por José Armel González Roa, consistente en que se le pagaran prestaciones sociales y demás emolumentos laborales que se le adeudaban “como celador del Centro Experimental Piloto” de dicha institución educativa.

Refiere que, en fecha indeterminada, José Armel González Roa instauró medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para que se declarara la nulidad del oficio del 18 de mayo de 2012, expedido por la Universidad Popular del Cesar y, en consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se ordenara el pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos laborales que ese centro educativo le adeudaba.

Manifiesta que, mediante sentencia del 10 de julio de 2014 el Tribunal Administrativo del Cesar declaró la nulidad del oficio del 18 de mayo de 2012 expedido por la Universidad Popular del Cesar , declaró la existencia de una relación laboral entre el señor González Roa y esa institución educativa y ordenó pagar al entonces accionante “el valor equivalente a las prestaciones sociales que se reconocen a los empleados de la universidad que desempeñaban similar labor”.

Destaca que el 12 de febrero de 2015 el Tribunal Administrativo del Cesar celebró audiencia de conciliación judicial, en la que se acordó que la Universidad Popular del Cesar pagaría a José Armel González Roa la suma de $53.635.556 “ por concepto de condena judicial” y $8.045.333 “por concepto de costas y agencias en derecho”.

del Cesar pagaría a José Armel González Roa la suma de $53.635.556 “ por concepto de condena judicial” y $8.045.333 “por concepto de costas y agencias en derecho”.

Señala que, mediante auto del 26 de febrero de siguiente, el Tribunal Administrativo del Cesar aprobó la conciliación judicial celebrada entre la Universidad Popular del Cesar y José Armel González Roa y declaró terminado el proceso.

Como la Universidad Popular del Cesar afirma que pagó una suma de dinero por concepto de la conciliación judicial mencionada, presentó demanda en ejercicio del medio de control de repetición en contra de José Guillermo Botero, Jesús María4

Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)

Demandante: Universidad Popular del Cesar

Valencia Bustamante, Enrique Meza Daza, Leonor Castrill o Guerra y Raúl Enrique Maya Pabón señalando que debían reembolsarle dicho dinero, dado que fueron los servidores públicos que con su actuar doloso y/o gravemente culposo incidieron en la producción del daño por el cual debió suscribir el acuerdo conciliatorio y pagar lo allí convenido.

Textualmente, la parte demandante solicitó: “Se declare responsable a José Guillermo Botero, Leonor Castrillo Guerra, Jesús María Valencia Bustamante, Enrique Meza Daza y Raúl Enrique Maya Pabón de los perjuicios ocasionados a la Universidad Popular del Cesar, condenada administrativamente por el Hon orable Tribunal Administrativo del Cesar en sentencia de fecha 10 de julio de 2014, por concepto de haber expedido el acto administrativo con ocultamiento a los hechos

Universidad Popular del Cesar, condenada administrativamente por el Hon orable Tribunal Administrativo del Cesar en sentencia de fecha 10 de julio de 2014, por concepto de haber expedido el acto administrativo con ocultamiento a los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración y por violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho. El acto administrativo acusado es el Oficio de fecha 18 de mayo de 2012, mediante la cual se le negó al señor Josi Armel González Roa las prestaciones sociales y demás emolumentos laborales desde el 14 de febrero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2011.”

2. Contestación

La demanda se admitió mediante auto 15 de noviembre de 2016 3 y se ordenó su notificación a los demandados y al ministerio público.

2.1. José Guillermo Botero Cotes 4 contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones. En sustento, manifestó que no actuó con dolo y/o culpa grave, pues no fue el servidor público que suscribió el oficio del 18 de mayo de 2012 a través del cual se negaron unos pagos de prestaciones sociales solicitadas por José Armel González Roa, el cual posteriormente fue anulado mediante sentencia del 10 de julio de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar . Por lo anterior, propuso las excepciones que denominó: “inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, falta de causa para pedir, falta de legitimación en la causa por pasiva, falta de legitimación en la causa por activa y la genérica”.

3 Fl. 90 a 93, C. 1. 4 Fl. 155 a 168, C. 1.5

falta de legitimación en la causa por activa y la genérica”.

3 Fl. 90 a 93, C. 1. 4 Fl. 155 a 168, C. 1.5

Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)

Demandante: Universidad Popular del Cesar

2.2. Jesús María Valencia Bustamante5 se opuso a las pretensiones de la demanda, en atención a que no se acreditó su conducta dolosa y/o gravemente culposa. Alega en su defensa que en varias ocasiones lo encargaron de funciones rectorales en la Universidad Popular del Cesar y en tal virtud suscribió un contrato de prestación de servicios con José Armel González Roa , no obstante, no está probado en este proceso que ese contrato se haya celebrado con desconocimiento de las normas legales que lo amparaban. Por ello, propuso las excepciones que denominó “ilegitimidad de la acción de repetición ante el vencimiento del t érmino del plazo temporal de los seis meses siguientes al pago de la condena a José Armel González Roa”, “ falta de legitimidad en la causa por pasiva” , “falta de integración del contradictorio por no vinculación del rector delegante Dr. Abdo Barrera como litisconsorte necesario”, “inexistencia del dolo o culpa grave ”, “inoponibilidad del presunto detrimento patrimonial”, “buena fe y presunción de inocencia” , “ausencia de error inexcusable en la suscripción de la OPS en marzo de 2009 en favor de José Armel González” y la genérica.

2.3. La curadora ad litem de Enrique Meza Daza y Leonor Castrillo Guerra contestó

de error inexcusable en la suscripción de la OPS en marzo de 2009 en favor de José Armel González” y la genérica.

2.3. La curadora ad litem de Enrique Meza Daza y Leonor Castrillo Guerra contestó la demanda6 oponiéndose a las pretensiones, pues no estaba acreditado el dolo y/o la culpa grave de sus representados. En efecto, sostuvo que el acto administrativo anulado por el Tribunal Administrativo del Cesar y de cuya anulación nació la obligación para la Univer sidad Popular del Cesar de pagar unos dineros al señor José Armel González, no fue suscrito por ninguno de sus defendidos, de allí que no incurrieron en las conductas alegadas en la demanda.

2.4. Raúl Enrique Maya Pabón7 no contestó la demanda.

3. Trámite de la sentencia anticipada

Encontrándose el proceso para convocar a la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA , se resolvió prescindir de esta con el fin de dictar sentencia

5 Fl. 202 a 225, C. 1. 6 Fl. 370 a 383, C. 1. 7 Índice 144 Samai, expediente electrónico.6

Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)

Demandante: Universidad Popular del Cesar

anticipada8. Al efecto, se constató la configuración de la s causales contenidas en los literales b) y d) del numeral 1° del artículo 182A del CPACA 9, por lo que se decretaron e incorporaron como pruebas los documentos aportados por la s partes

anticipada8. Al efecto, se constató la configuración de la s causales contenidas en los literales b) y d) del numeral 1° del artículo 182A del CPACA 9, por lo que se decretaron e incorporaron como pruebas los documentos aportados por la s partes y, en firme tal determinación, se fijó el objeto del litigio en torno a determinar “Si los señores José Guillermo Botero, Jesús María Valencia Bustamante, Enrique Meza Daza, Leonor Beatriz Castrillo Guerra y Raúl Enrique Maya Pabón, tienen la calidad de exfuncionarios de la Universidad Popular del Cesar y, en ejercicio de su cargo, incurrieron en conducta dolosa o gravemente culposa que diera lugar a la condena impuesta a la institución universitaria dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del der echo identificado con el radicado No. 20 -001-23-33-0032013-00047-00, trámite que derivó en un acuerdo de conciliación y posterior pago de $ 61'.927.613 a favor del señor José Armel González Roa”.

4. Alegatos de conclusión

El 25 de julio de 2025 10 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La Universidad Popular del Cesar 11 reiteró los argumentos expuesto s en la demanda e insistió que estaba demostrada la conducta dolosa y/o gravemente culposa de los demandados.

4.2. José Guillermo Botero Cotes 12 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Adicionalmente, indicó que “ el solo hecho de que en el fallo condenatorio (nulidad y restablecimiento del derecho que impetrara

4.2. José Guillermo Botero Cotes 12 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Adicionalmente, indicó que “ el solo hecho de que en el fallo condenatorio (nulidad y restablecimiento del derecho que impetrara González Roa, que dio lugar a la presente controversia se hu biere concluido la

8 Auto del 7 de julio de 2025, índice 156 Samai, expediente electrónico. 9 Artículo 182A. Sentencia anticipada. Se podrá dictar sentencia anticipada: 1. Antes de la audiencia inicial: a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho; b) Cuando no haya que practicar pruebas; c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las document ales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento; d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles (…)”. No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código. 10 Índice 162 Samai, expediente electrónico. 11 Índice 169 Samai, expediente electrónico. 12 Índice 166 Samai, expediente eléctronico.7

Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)

Demandante: Universidad Popular del Cesar

responsabilidad del aquí demandado, no es razón suficiente para endilgarle responsabilidad al exrector que aquí represento, a título de culpa grave. Si así fuera,

Demandante: Universidad Popular del Cesar

responsabilidad del aquí demandado, no es razón suficiente para endilgarle responsabilidad al exrector que aquí represento, a título de culpa grave. Si así fuera, bastaría con la constatación de los requisitos objetivos (existencia de co ndena, prueba del pago y condición de agente o ex agente estatal) para predicar, sin excepciones, la responsabilidad patrimonial del demandado en esta acción de repetición”.

4.3. El ministerio público13 solicitó negar las pretensiones de la demanda con fundamento en que no se probó la conducta dolosa y/o gravemente culposa de los demandados, pues ninguno de ellos fue quien en calidad de rector o rectora de la Universidad Popular del Cesar suscribió el oficio del 18 de mayo de 2012 , que posteriormente fue anulado por el Tribunal Administrativo del Cesar.

4.3. Jesús María Valencia Bustamante, Enrique Meza Daza, Leonor Castrillo Guerra y Raúl Enrique Maya Pabón guardaron silencio en esta etapa procesal.

III. CONSIDERACIONES

1. Jurisdicción y competencia

La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento

que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento

13 Índice 167 Samai, expediente electrónico.8

Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)

Demandante: Universidad Popular del Cesar

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) 14 y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 200115.

En punto a la competencia funcional del medio de control de repetición, la Ley 1437 de 2011, norma vigente al momento de la presentación de la demanda 16, en sus artículos 149, 152 y 155 introdujo el factor subjetivo -en relación con los procesos de única instancia ante el Consejo de Estado - y el objetivo por cuantía para los de doble instancia.

De hecho, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 149 del CPACA sin la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021 17, el Consejo de

14 Artículo 142. “Repetición. Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado. La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dent ro del

particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado. La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dent ro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública. Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será pru eba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño.” 15 Artículo 7º “Jurisdicción y Competencia. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de la acción de repetición.” 16 Por tratarse de una demanda promovida el 24 de septiembre de 2021, esto es, con posterioridad al 2 de julio de 2012, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el CPACA , de conformidad con lo dispuesto en el artícu lo 308 de la mencionada normatividad, a cuyo tenor: “El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y proces os que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso (CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos

jurídico anterior”. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso (CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante auto del 25 de junio de 2014, unificó su jurisprudencia para indicar que el CGP entró a regir a partir del primero de enero de 2014, “salvo las situaciones que se gobiernen por la norma de transición (…) las cuales se resolverán con la norma vigente al momento en que inició el respectivo trámite (…)”. Ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, expediente 49.299. 17 El artículo 149 del CPACA, sin la modificación contenida en el artículo 25 de la Ley 2080 de 2021, dispuso lo siguiente: El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…) 13. De la repetición que el Estado ejerza contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, Senadores y Representantes, Ministros del Despacho, Directores de Departamento Administrativo, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura, Registrador Nacional del Estado Civil, Auditor General de la República, magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, de los tribunales administrativos y del Tribunal Superior

Judicatura, Registrador Nacional del Estado Civil, Auditor General de la República, magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, de los tribunales administrativos y del Tribunal Superior Militar y, en general, de los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional (se destaca).9

Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)

Demandante: Universidad Popular del Cesar

Estado conoce, en única instancia, de los procesos de repetición que el Estado ejerce contra “los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional”. Adicionalmente, el parágrafo 2 del artículo 7 de la Ley 678 prevé que "Si la acción se intentara en contra de varios funcionarios, será competente el juez que conocería del proceso en contra del de mayor jerarquía".

Para el presente asunto, este Despacho encuentra que es competente para conocer de la pretensión incoada comoquiera que la misma se ejerce con ocasión de las actuaciones que desempeñaron los demandados como recto res en distintos periodos de la Universidad Popular del Cesar. En consecuencia, la competencia sobre este asunto está a cargo de esta Corporación, toda vez que la Ley 34 de 197618, transformó el Instituto Tecnológico Universitario del Cesar en la Universidad Popular del Cesar y la reguló como establecimiento público autónomo, con personería jurídica cuyo objetivo primordial es la investigación y la docencia a través de programas que conduzcan a la obtención de licenciaturas, grados profesionales y títulos académicos.

En este sentido, atendiendo a la calidad de José Guillermo Botero, Jesús María Valencia Bustamante, Enrique Meza Daza, Raúl Enrique Maya Pabón y Leonor

y títulos académicos.

En este sentido, atendiendo a la calidad de José Guillermo Botero, Jesús María Valencia Bustamante, Enrique Meza Daza, Raúl Enrique Maya Pabón y Leonor Castrillo Guerra como rectores y vicerrectora19, respectivamente, de la Universidad Popular del Cesar se concluye que esta Corporación es competente para decidir de fondo el presente proceso, en única instancia.

Es importante precisar que, si bien el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021 modificó el artículo 149 del CPACA y que el artículo 25 de la misma ley introdujo el artículo 149A al CPACA sobre la competencia del Consejo de Estado con garantía de doble conformidad respecto de las Repeticiones que el Estado ejerza contra congresistas, entre otros funcionarios, lo cierto es que tanto el artículo 149 modificado como el artículo 149A se aplican a las demandas instauradas a partir del 25 de enero de 2022, según lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021, pero esta demanda fue presentada el 24 de septiembre de 2021, por ello se aplica el artículo 149 del CPACA en su texto original. 18 “Por la cual el Instituto Tecnológico Universitario del Cesar se transforma en la Universidad Popular del Cesar y se dictan otras disposiciones”. 19 Fl. 53 a 54, C. 1. Reposa certificación expedida por la coordinadora del grupo de gestión de desarrollo humano de la Universidad Popular del Cesar, en la que hace constar que entre el año 2003 al 2011 Leonor Castrillo Guerra en calidad de vicerrectora, José Guiller mo Botero Cotes en calidad de rector, Jesús María Valencia Bustamante ejerciendo como rector “A”, Raúl Enrique Maya

2003 al 2011 Leonor Castrillo Guerra en calidad de vicerrectora, José Guiller mo Botero Cotes en calidad de rector, Jesús María Valencia Bustamante ejerciendo como rector “A”, Raúl Enrique Maya Pabón en calidad de rector y Enrique Alfonzo Meza como rector (e), suscribieron contratos de prestación de servicios con José Armel González Roa.10

Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)

Demandante: Universidad Popular del Cesar

2. Medio de control procedente

De conformidad con la definición del artículo 2º de la Ley 678 de 2001 20, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política21, el medio de control de repetición es una acción de carácter patrimonial que se ejerce contra el servidor, ex servidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto.

En este caso el medio de control procedente es el de repetición, porque se solicita declarar a José Guillermo Botero, Jesús María Valencia Bustamante, Enrique Meza Daza, Raúl Enrique Maya Pabón y Leonor Castrillo Guerra patrimonialmente responsables del pago de $61.927.613 a José Armel González , realizado en cumplimiento de la conciliación aprobada por el Tribunal Administrativo del Cesar mediante auto del 26 de febrero de 2015.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en

mediante auto del 26 de febrero de 2015.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal22.

20 “Artículo 2o. Acción de repetición. La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado rec onocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial […]”. 21 La Constitución de 1991 en su artículo 90 elevó a rango constitucional la acción de repetición, al disponer que “[e]n el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 22 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y general es. Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter

caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud d e parte, la caducidad de la11

Radicado: 110010326000201600150 00 (58024)

Demandante: Universidad Popular del Cesar

Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 23, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,

las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio