CE - Sentencia 11001032600020170007400 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado número: 11001-03-26-000-2017-00074-00 (59419)

Demandante: Bogotá Distrito Capital Demandado: Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Comisión de Regulación de Agua Potable y

Saneamiento Básico –CRA–

Referencia: Nulidad simple

TEMAS: RÉGIMEN NORMATIVO EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS – Reserva legal sobre el régimen jurídico aplicable y límites a la función reguladora. La regulación en servicios públicos domiciliarios está sujeta a un reparto competencial estricto: el legislador defin e el régimen jurídico aplicable (art. 150.23 CP), el presidente de la República señala políticas generales (art. 370 CP) y las Comisiones de Regulación ejercen funciones con sujeción a la ley o delegadas. Esta subregla, fijada por la jurisprudencia constitucional, impide que estas Comisiones reglamenten materias reservadas a la ley o actúen al margen de los fines autorizados por el legislador. EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA – Requisitos de identidad de objeto y causa para su procedencia. Aunque la CRA alegó que el Consejo de Estado ya había resuelto la legalidad del artículo 1.3.5.4 de la Resolución 151 de 2001, aquella decisión versó sobre el artículo en su conj unto, mientras que la demanda actual se limita al aparte final del literal

Estado ya había resuelto la legalidad del artículo 1.3.5.4 de la Resolución 151 de 2001, aquella decisión versó sobre el artículo en su conj unto, mientras que la demanda actual se limita al aparte final del literal c) ejusdem, con fundamento en normas distintas. Esta diferencia excluye la identidad de objeto y de causa, necesaria para declarar cosa juzgada. EFECTOS ERGA OMNES – Inaplicabilidad del análisis de identidad de partes. En los procesos de nulidad simple no se exige identidad de partes, dado que las decisiones tienen efectos generales. Aun así, al no concurrir los demás presupuestos, no se configura cosa juzgada, lo que habilita el examen de legalidad del aparte normativo acusado. EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA – Improcedencia por cumplimiento mínimo de los requisitos legales. La entidad demandada y la CRA alegaron que la demanda no satisfacía los requisitos del artículo 162.4 del CPACA, por no formular adecuadamente el concepto de la violación ni establecer un vínculo claro entre las normas invocadas y el acto acusado. Sin embargo, la Sala constata que el demandante identificó normas presuntamente vulneradas y expuso argumentos que permiten estructurar el debate jurídico. COMPETENCIA REGULATORIA – Los artículos 35 y 73.10 de la Ley 142 de 1994 facultan a las Comisiones de Regulación para establecer por vía general procedimientos que fomenten la concurrencia, pero no les atribuyen potestad reglamentaria. Su actuación se restringe al ámbito técnico de la regulación económica, sin posibilidad de modificar regímenes contractuales ni crear figuras jurídicas nuevas.

pero no les atribuyen potestad reglamentaria. Su actuación se restringe al ámbito técnico de la regulación económica, sin posibilidad de modificar regímenes contractuales ni crear figuras jurídicas nuevas. FUNCIÓN REGULATORIA Y POTESTAD REGLAMENTARIA – La CRA no cuenta con facultades reglamentarias. Al imponer un plazo fijo para los contratos de urgencia manifiesta , ejerció una función reservada al presidente de la República, excediendo su competencia. LÍMITE TEMPORAL EN CASOS DE URGENCIA MANIFIESTA – Carencia de sustento legal. El límite de seis (6) meses fijado en el literal c) del artículo 1.3.5.4 no proviene de la Ley 142 de 1994 ni de una facultad regulatoria válida. Se trata de una restricción no prevista por la Ley 80 de 1993. TELEOLOGÍA DE LA URGENCIA MANIFIESTA – Duración determinada por la emergencia. La urgencia manifiesta busca responde r a situaciones excepcionales y su duración depende de la persistencia de la causa, no de un límite temporal uniforme. CONTROL DE LA URGENCIA MANIFIESTA – La ley prevé controles fiscales y disciplinarios para sancionar excesos. Por ello, no era necesario fijar un plazo como el previsto en la norma demandada. VICIO DE COMPETENCIA – Declaratoria de nulidad. Al fijar un plazo no previsto en la ley, la CRA incurrió en un vicio de competencia que trae como consecuencia la declaratoria de nulidad de la norma acusada.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide , en única instancia , el proceso promovido con ocasión de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad simple previsto en el

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide , en única instancia , el proceso promovido con ocasión de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad simple previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —en adelante, CPACA—, presentó el Distrito Capital de Bogotá — en adelante, Bogotá D.C.— contra el literal c) del artículo 1.3.5.4 de la ResoluciónRadicado: 11001-03-26-000-2017-00074-00 (59419)

Demandante: Bogotá Distrito Capital

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151 de 2001, proferida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico —CRA—.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Bogotá D.C., en ejercicio del medio de control de nulidad simple, demandó la legalidad del apartado final del literal c) del artículo 1.3.5.4 de la Resolución 151 de 2001, expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA–, mediante la cual se estableció que, en caso de urgencia manifiesta —como una de las circunstancias en las que no es obligatorio para las empresas de servicios públicos domic iliarios adelantar licitación pública u otro de los procedimientos regulados —, los c ontratos no podr ían celebrarse por plazos superiores a seis (6) meses.

Según la parte actora, la CRA excedió el ámbito de sus competencias legales y constitucionales al fijar un límite temporal no previsto por el legislador, incurriendo así en un ejercicio indebido de la potestad reglamentaria. Alegó que ni la Ley 142

constitucionales al fijar un límite temporal no previsto por el legislador, incurriendo así en un ejercicio indebido de la potestad reglamentaria. Alegó que ni la Ley 142 de 1994 ni el Decreto 1524 del mismo año —por medio del cual el presidente de la República delegó funciones regulatorias en la CRA — conferían a dicha entidad la facultad de regular aspectos no definidos expresamente por el legislador, como es la duración de los c ontratos suscritos al amparo de la urgencia manifiesta. Adicionalmente, destacó que los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 regulan dicha figura sin establecer un plazo máximo de vigencia, por lo que consideró que la actuación de la autoridad demandada contravenía el principio de legalidad y, en consecuencia, debía ser anulada la disposición acusada.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Bogotá D.C., por conducto de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad simple con el propósito de “solicitar la declaración de la Nulidad del aparte final del literal c) Artículo 1.3.5.4 de la Resolución 151 de 2001 expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRAP SB, publicada en el Diario Oficial No. 44344 del 02 de marzo de 2001”1, disposición que regula las excepciones al deber de adelantar licitación pública en situaciones de urgencia manifiesta2, en los siguientes términos:

“(…) ARTÍCULO 1.3.5.4 EXCEPCIONES AL DEBER DE USAR

LICITACIÓN PÚBLICA O PROCEDIMIENTOS REGULADOS QUE

licitación pública en situaciones de urgencia manifiesta2, en los siguientes términos:

“(…) ARTÍCULO 1.3.5.4 EXCEPCIONES AL DEBER DE USAR

LICITACIÓN PÚBLICA O PROCEDIMIENTOS REGULADOS QUE ESTIMULEN LA CONCURRENCIA DE OFERENTES. No será obligatorio utilizar licitación pública o los otros procedimientos regulados en los siguientes casos: (…)

c. Por razón de las circunstancias en las que ha de celebrarse el contrato. Si hay urgencia manifiesta; pero los contratos en que se invoque esta causal no pueden celebrarse a plazos superiores a seis (6) meses (…)”. (Negritas y subrayado por fuera de texto).

1 Artículos integrados y unificados en la Resolución CRA 943 de 2021, “Por la cual se compila la regulación general de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, y se derogan unas disposiciones”, publicada en el Diario Oficial No. 51.690 de 30 de mayo de 2021. 2 Folios 43 a 56 del cuaderno principal.Radicado: 11001-03-26-000-2017-00074-00 (59419)

Demandante: Bogotá Distrito Capital

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La parte accionante solicitó, como medida cautelar, la suspensión provisional de la norma demandada, reiterando para su sustento los argumentos expuestos en la demanda.

1.2. En relación con las normas presuntamente vulneradas y el concepto de violación, la parte actora expuso su inconformidad en los siguientes términos:

1.2.1. La parte demandante invocó como normas vulneradas los artículos 189,

1.2. En relación con las normas presuntamente vulneradas y el concepto de violación, la parte actora expuso su inconformidad en los siguientes términos:

1.2.1. La parte demandante invocó como normas vulneradas los artículos 189, numeral 11, y 370 de la Constitución Política; los artículos 68 y 69 (parágrafo) de la Ley 142 de 1994; y, en el desarrollo del concepto de violación, hizo referencia al Decreto 1524 de 1994, mediante el cual el presidente de la República delegó en la Comisión de Regulación de expedir Agua Potable y Saneamiento Básico las funciones previstas en el artículo 68 y normas concordantes de la Ley 142 de 1994, así como a la Ley 80 de 1993.

1.2.2. A juicio de la parte accionante, las normas que regulan las facultades legales de la CRA, a saber, la Ley 142 3 y el Decreto 1524 de 1994 4, no le atribuyen la competencia para reglamentar los plazos de los contratos suscritos en circunstancias de urgencia manifiesta, pues no la habilitan para interpretar o llenar vacíos que no fueron definidos por el legislador, particularmente, en los artículos 425 y 436 de la Ley 80 de 1993, que regulan dicha situación.

1.2.3. Por otro lado, sostuvo que el presidente de la República no delegó a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, mediante el Decreto 1524 de 1994, la potestad reglamentaria para que, a través de la Resolución 151 de 2001, limitara tempo ralmente la duración de los contratos celebrados en el marco de una urgencia manifiesta.

Decreto 1524 de 1994, la potestad reglamentaria para que, a través de la Resolución 151 de 2001, limitara tempo ralmente la duración de los contratos celebrados en el marco de una urgencia manifiesta.

1.2.4. En consecuencia, y con fundamento en la jurisprudencia de esta Corporación7, solicitó la nulidad del acto acusado, al considerar que las comisiones de regulación no pueden arrogarse el ejercicio directo de la potestad reglamentaria

3 LEY 142 DE 1994, “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”. 4 DECRETO 1524 DE 1994, “Por el cual se delegan las funciones presidenciales de señalar políticas generales de administración y control de eficiencia en los servicios públicos domiciliarios, y se dictan otras disposiciones”. 5 LEY 80 DE 1993, artículo 42. “De la urgencia manifiesta. Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concurso públicos. La urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado”. 6 LEY 80 DE 1993, artículo 43. “ Del control de la contratación de urgencia. Inmediatamente después de

acudir a los procedimientos de selección o concurso públicos. La urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado”. 6 LEY 80 DE 1993, artículo 43. “ Del control de la contratación de urgencia. Inmediatamente después de celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta, éstos y el acto administrativo que la declaró, junto con el expediente contentivo de los antecedentes administrativos, de l a actuación y de las pruebas de los hechos, se enviará al funcionario u organismo que ejerza el control fiscal en la respectiva entidad, el cual deberá pronunciarse dentro de los dos (2) meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que determinaron t al declaración. Si fuere procedente, dicho funcionario u organismo solicitará al jefe inmediato del servidor público que celebró los referidos contratos o a la autoridad competente, según el caso, la iniciación de la correspondiente investigación disciplinaria y dispondrá el envío del asunto a los funcionarios competentes para el conocimiento de las otras acciones. El uso indebido de la contratación de urgencia será causal de mala conducta. Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de otros mecanismos de control que señale el reglamento para garantizar la adecuada y correcta utilización de la contratación de urgencia”. 7 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 30 de abril de 2009, Rad. 2004-00123-01.Radicado: 11001-03-26-000-2017-00074-00 (59419)

Demandante: Bogotá Distrito Capital

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atribuida al presidente de la República ni suplir vacíos legales que competen exclusivamente al legislador.

Demandante: Bogotá Distrito Capital

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atribuida al presidente de la República ni suplir vacíos legales que competen exclusivamente al legislador.

2. Trámite procesal relevante

2.1. El 7 de octubre de 2013, el proceso fue asignado por reparto al despacho sustanciador de la Sección Primera de esta Corporación, para decidir sobre la admisión de la demanda formulada en ejercicio del medio de control de nulidad simple8.

2.2. Por auto de fecha 31 de marzo de 2014, el despacho sustanciador de la Sección Primera resolvió admitir la demanda, corrió traslado a la parte demandada, ordenó la notificación a las partes y al Ministerio Público, y remitió copia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado9.

2.3. Una vez surtida la notificación correspondiente, la CRA contestó la demanda por conducto de su apoderada judicial, en la que se opuso a las pretensiones formuladas10. En su defensa, planteó las siguientes excepciones:

2.3.1. Inexistencia de causal para impetrar la acción . En criterio de la parte demandada, la parte actora desconoció las normas que fundamentaron su competencia en la expedición de la norma cuestionada, en particular, los artículos 7311 y 7412 de la Ley 142 de 1994. Así mismo, indicó que, de acuerdo con el artículo 3213 y el parágrafo del artículo 3914 ejusdem, los actos y contratos que celebren las empresas de servicios públicos se rigen por el derecho privado, sin que ello sea óbice para que, por medio de la regulación, se delimite, de acuerdo con la ley, su

empresas de servicios públicos se rigen por el derecho privado, sin que ello sea óbice para que, por medio de la regulación, se delimite, de acuerdo con la ley, su actividad económica e iniciativa privada. En ese orden, manifestó que, por medio de la norma demandada, “se reguló en debida forma y dentro del límite constitucional y legal la concurrencia de oferentes”15.

2.3.2. Ineptitud de la demanda por inexistencia de requisitos legales. Según la CRA, el concepto de violación se basa en argumentos “efímeros”, generales y abstractos, que desconocen la normatividad que sustentó la expedición de la Resolución 151 de 2001, el contexto en el que fue proferida y la presunción de legalidad de la disposición demandada. En esa línea, señaló que, conforme a los artículos 36.4 y 73 de la Ley 142 de 1994, las empresas de servicios públicos deben abstenerse, en todos sus actos y contratos, sin importar su posición contractual o el

8 Folio 58 del cuaderno principal. 9 Folio 59 al 62 del cuaderno principal 10 Folios 73 a 82 del cuaderno principal. 11 LEY 142 DE 1994, artículo 73. “Funciones y facultades generales. […]”. 12 LEY 142 DE 1994, artículo 74. “Funciones especiales de las comisiones de regulación. […]”. 13 LEY 142 DE 1994, artículo 32. “Régimen de derecho privado para los actos de las empresas. Salvo en cuanto la Constitución Política o esta Ley dispongan expresamente lo contrario, la constitución, y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la ad ministración y el ejercicio de los derechos

la Constitución Política o esta Ley dispongan expresamente lo contrario, la constitución, y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la ad ministración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta Ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado”. 14 LEY 142 DE 1994, artículo 39. “Contratos especiales. Para los efectos de la gestión de los servicios públicos se autoriza la celebración, entre otros, de los siguientes contratos especiales: […] Parágrafo. Salvo los contratos de que tratan el parágrafo del artículo 39 <sic> y el numeral 39.1 de la presente ley, todos aquellos a los que se refiere este artículo se regirán por el derecho privado. // Los que contemplan los numerales 39.1, 39.2 y el 39.3 no podrán ser cedidos a ningún título, ni podrán darse como garantía, ni ser objeto de ningún otro contrato, sin previa y expresa aprobación de la otra parte. // Cuando cualquiera de los contratos a que este capítulo se refiere permitan al contratista cobrar tarifas al público, que estén sujetas a regulación, el proponente debe incluir en su oferta la fórmula tarifaria que aplicaría”. 15 Folios 73 a 82 del cuaderno principal.Radicado: 11001-03-26-000-2017-00074-00 (59419)

Demandante: Bogotá Distrito Capital

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tipo de negocio jurídico, de incurrir en prácticas restrictivas de la competencia, entre ellas “la de prolongar en el tiempo una excepción para aplicar la licitación”16, puesto que tales conductas no solo afectan la competencia en el mercado, sino también la

tipo de negocio jurídico, de incurrir en prácticas restrictivas de la competencia, entre ellas “la de prolongar en el tiempo una excepción para aplicar la licitación”16, puesto que tales conductas no solo afectan la competencia en el mercado, sino también la libre concurrencia de prestadores y el acceso de los usuarios a un servicio público esencial, en condiciones de continuidad y calidad.

En ese sentido, sostuvo que, para promover y garantizar la libre competencia, era necesario ejercer control sobre el uso de la urgencia manifiesta. Con base en lo anterior, señaló que la Ley 142 facultó a las comisiones de regulación para: (i) exigir que, como regla general, los contratos se celebren mediante licitación pública o a través de otras modalidades que favorezcan la concurrencia de oferentes, y (ii) establecer, de manera general, límites a la duración de los contratos suscritos por los prestadores de servicios públicos17.

Resaltó que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 18 y del Consejo de Estado 19, la urgencia manifiesta debe utilizarse únicamente en circunstancias apremiantes, puesto que está diseñada para conjurar situaciones excepcionales, motivo por el que era necesario garantizar su legalidad y evitar excesos en su uso que conllevaran el desco nocimiento de su carácter temporal, y terminara convirtiéndose en un escenario permanente.

Por último, sostuvo que no ejerció ninguna facultad reglamentaria que no le hubiera sido atribuida, pues se limitó a cumplir las funciones conferidas directamente por la Ley 142 de 1994. Añadió que no modificó ni adicionó disposiciones de la Ley 80 de

sido atribuida, pues se limitó a cumplir las funciones conferidas directamente por la Ley 142 de 1994. Añadió que no modificó ni adicionó disposiciones de la Ley 80 de 1993, dado que la Resolución 151 de 2001 se limitó a integrar las normas vigentes sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios e incorporó “algunas medidas de control tendientes a garantizar la adecuada y eficiente prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo que se encuentran dentro de [su] ámbito de competencia”20.

2.3.3. Cosa juzgada. La CRA señaló que esta Corporación ya se había pronunciado sobre la legalidad de la disposición demandada en la sentencia del 5 de marzo de

2008. Indicó que, en ese proceso, se analizaron los mismos cuestionamientos planteados en la demanda actual, en part icular, la presunta usurpación de una facultad reglamentaria que no le corresponde. Añadió que, en dicha oportunidad, la norma fue declarada ajustada a derecho en su totalidad, en los siguientes

términos21:

“(…) Observa la Sala que esta disposición, dirigida a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, es apenas la manifestación de la potestad legal de las comisiones de regulación de determinar la obligatoriedad o no a cargo de dichas empresas, de adel antar procesos

16 Folios 73 a 82 del cuaderno principal. 17 LEY 142 DE 1994, artículo 73.10. “Dar concepto sobre la legalidad de las condiciones uniformes de los contratos de servicios públicos que se sometan a su consideración; y sobre aquellas modificaciones que puedan

17 LEY 142 DE 1994, artículo 73.10. “Dar concepto sobre la legalidad de las condiciones uniformes de los contratos de servicios públicos que se sometan a su consideración; y sobre aquellas modificaciones que puedan considerarse restrictivas de la competencia. Las comisiones podrán limitar, po r vía general, la duración de los contratos que celebren las empresas de servicios públicos, para evitar que se limite la posibilidad de competencia. […]”. 18 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-949 de 2001. 19 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 7 de febrero de 2011, Rad. 2007-00055-00. 20 Folios 73 a 82 del cuaderno principal. 21 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 5 de marzo de 2008, Rad. 2001-00029-01 (20409).Radicado: 11001-03-26-000-2017-00074-00 (59419)

Demandante: Bogotá Distrito Capital

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licitatorios o procedimientos regulados para la selección de sus contratistas, contemplada en el artículo 35 de la Ley 142 de 1994, y que así como les permite determinar en qué eventos deben tales entidades realizar los mencionados procedimientos de selecc ión, pueden también establecer aquellos casos en los que consideren que ello no es necesario, que fue precisamente lo que hizo en esta disposición acusada la CRA”.

En ese sentido, afirmó que en el caso objeto de análisis operaba la cosa juzgada, toda vez que esta Corporación ya se había pronunciado sobre la legalidad del

que fue precisamente lo que hizo en esta disposición acusada la CRA”.

En ese sentido, afirmó que en el caso objeto de análisis operaba la cosa juzgada, toda vez que esta Corporación ya se había pronunciado sobre la legalidad del artículo 1.3.5.4 de la Resolución 151 de 2001, luego de evaluar la supuesta vulneración del artículo 370 de la Constitución 22 y el alcance de las competencias atribuidas a la CRA en virtud de las Leyes 80 de 1993 y 142 de 1994.

2.3.4. Competencia de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico —CRA— en materia de concurrencia de oferentes. Al respecto, sostuvo que la Resolución CRA 151 de 2001, en especial el literal c) de su artículo 1.3.5.4, fue dictada en ejercicio de las competencias otorgadas por los artículos 73 y 74 de la Ley 142 de 1994. En su criterio, la norma busca fomentar la competencia en la prestación de servicios públicos, evitar barreras injustificadas al acceso de oferentes y prevenir el uso rei terado de la contratación directa por urgencia manifiesta, con el fin de proteger los derechos de los usuarios y asegurar eficiencia, continuidad y calidad en el servicio.

2.4. El 8 de julio de 2014, la CRA allegó memorial en el que solicitó la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda 23, con fundamento en la causal de indebida representación de alguna de las partes 24. A su juicio, dicha entidad no está habilitada para intervenir directamente en el proceso, dado que fue constituida como una Unidad Administrativa Especial, sin personería jurídica y

causal de indebida representación de alguna de las partes 24. A su juicio, dicha entidad no está habilitada para intervenir directamente en el proceso, dado que fue constituida como una Unidad Administrativa Especial, sin personería jurídica y adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, lo que implica que su representación legal recae en la Nación, a través de esa cartera. En consecuencia, solicitó la vinculación del mencionado ministerio, con el propósito de garantizar el adecuado desarrollo del proceso y asegurar la correcta integración del contradictorio.

2.5. Por medio de auto del 9 de octubre de 2015, el despacho sustanciador accedió a la solicitud y reconoció a la Nación, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio como la entidad demandada . En esa misma providencia, ordenó la notificación personal del auto admisorio de la demanda y el traslado de la solicitud de medida cautelar para su respectivo trámite25.

2.6. La Nación, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio , actuando por conducto de su apoderado judicial, también expresó oposición frente a las pretensiones de la demanda. En primer lugar, señaló que no era procedente declarar la nulidad del acto acusado, toda vez que no se acreditaban hechos ni fundamentos ju rídicos que configuraran alguna de las causales previstas en el

22 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991, artículo 370. “Corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliari os, el control, la

sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliari os, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten”. 23 Folios 101 a 103 del cuaderno principal 24 CGP, artículo 133. “Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: […] 4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder. […]”. 25 Folios 124 y 125 del cuaderno principalRadicado: 11001-03-26-000-2017-00074-00 (59419)

Demandante: Bogotá Distrito Capital

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artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

En segundo lugar, sostuvo que la disposición demandada era conforme con el ordenamiento jurídico y que la entidad demandante había pasado por alto que el artículo 35 de la Ley 142 de 1994 faculta a las comisiones de regulación para exigir, de manera genera l, la celebración de licitación pública u otros mecanismos que promuevan la concurrencia de oferentes. Asimismo, afirmó que el artículo 1.3.5.4 fue expedido en ejercicio de las competencias legales atribuidas a la CRA, y que su contenido se ajustaba tanto a la Constitución como a la ley26.

2.6.1. Propuso, como excepciones, la ineptitud sustantiva de la demanda por inexistencia de requisitos legales; cosa juzgada; la inexistencia de causal para

contenido se ajustaba tanto a la Constitución como a la ley26.

2.6.1. Propuso, como excepciones, la ineptitud sustantiva de la demanda por inexistencia de requisitos legales; cosa juzgada; la inexistencia de causal para impetrar la acción y , competencia de la CRA en materia de concurrencia de oferentes, con fundamento en los mismos argumentos expuestos por la Comisión en la contestación de la demanda . Igualmente, formuló la excepción denominada “Legalidad de la regulación expedida por la CRA”, en la que sostuvo que el literal c) del artículo 1.3.5.4 de la Resolución CRA 151 de 2001 se encuentra dentro del ámbito de las competencias atribuidas a la Comisión por los artículos 73.10 y 35 de la Ley 142 de 1994. En su criterio, la función reguladora permite legítimamente imponer límites a las libertades económicas para proteger la libre competencia, evitar prácticas abusivas y garantizar la calidad del servicio público. Asimismo, destacó que figuras como la contratación directa o la urgencia manifiest a — reguladas en la Ley 80 de 1993 — deben aplicarse bajo criterios de necesidad, temporalidad y control, conforme a los principios que rigen la contratación estatal, sin que puedan convertirse en mecanismos ordinarios de selección ni sustraerse a la intervención regulatoria.

2.7. Por auto del 8 de abril de 201627, el despacho sustanciador señaló como fecha para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 180 del CPACA 28, el 5 de junio de 2017; no obstante, mediante proveído del 4 de abril de 2017 29, la Sección Primera de esta Corporación remitió el expediente a la Sección Tercera,

5 de junio de 2017; no obstante, mediante proveído del 4 de abril de 2017 29, la Sección Primera de esta Corporación remitió el expediente a la Sección Tercera, al considerar que, conforme con lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo 55 de 200330, le correspondía asumir el conocimiento del proceso, como quiera que “ el acto acusado hace referencia a que los contratos que se celebren en virtud de la causal de “urgencia manifiesta” no deben superar el término de 6 meses”. En consecuencia, la sustanciación del asunto quedó a cargo del de