CE - Sentencia 11001032600020190006300 de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, primero (1º) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-26-000-2019-00063-00 (63.812)

Demandante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Demandado: BERNARDO MORENO VILLEGAS Medio de control: REPETICIÓN

Asunto: FALLO DE ÚNICA INSTANCIA - DECLARA

RESPONSABILIDAD A TÍTULO DE DOLO

Síntesis del caso: se dirige la demanda en contra del señor Bernardo Moreno Villegas, quien fungió como director de l Departamento Administrativo de la Presidencia de la República , con el fin de que se le declare patrimonialmente responsable, a título de dolo, con ocasión de la condena impuesta por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en contra del DAPRE en el marco del proceso de reparación directa número 11001-33-31-037-2011-00211-01. La Sala accede parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Decide la Sala en única instancia la demanda de repetición presentada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en contra del señor Bernardo Moreno Villegas.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 12 de abril de 2019 1, el Departamento Administrativo

Bernardo Moreno Villegas.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 12 de abril de 2019 1, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (en adelante DAPRE) por intermedio de apoderado judicial promovió demanda en ejercicio del medio de control judicial de

1 Fl. 1 cdno. ppal.Expediente 11001-03-26-000-2019-00063-00 (63.812) Actor: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Repetición Sentencia de única instancia

2 repetición previsto en el artículo 142 del CPACA en contra de l señor Bernardo Moreno Villegas2, en la cual se formularon las siguientes pretensiones:

“1. DECLARACIÓN ÚNICA DECLARATIVA. Que se declare administrativamente responsable al señor BERNARDO MORENO VILLEGAS, identificado con la cédula de ciudadanía 7.531.012 expedida en Armenia, Quindío, por la conducta dolosa que desplegó como Director del Departamento Adminis trativo de la Presidencia de la República en los hechos que llevaron al Tribunal Administrativo de Cundinamarca a declarar a esta entidad responsable de los perjuicios causados a los señores Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez, Marta Elena Tirado Uribe, Juan Pablo Espinosa Tirado, Mónica María Espinosa Tirado, Rosalyn Peña Hernández y Bladimir Cuadro Crespo ‘[…] con motivo de los seguimientos, interceptaciones, asedio, desprestigio, entre otras conductas ilegales, realizadas en contra del doctor SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ y miembros de su familia ’, decisión

con motivo de los seguimientos, interceptaciones, asedio, desprestigio, entre otras conductas ilegales, realizadas en contra del doctor SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ y miembros de su familia ’, decisión contenida en la sentencia ejecutoriada de segunda instancia de fecha 15 de febrero de 2017, proferida en el proceso con radicado 11001333103720110021100, que causó al pago de $224183.590,oo más el valor de los intereses moratorios, pago efectuado el 24 de abril de 2017.

2. CONDENAS

PRIMERA DE CONDENA. Que como consecuencia de la pretensión única declarativa, se condene al señor BERNARDO MORENO VILLEGAS al pago de la suma de $224970.562,06 a favor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en tanto esta cifra fue pagada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República como consecuencia de la sentencia ejecutoriada de segunda instancia de fecha 15 de febrero de 2017, proferida en el proceso con radicado 11001333103720110021100 del Tribunal Ad ministrativo de Cundinamarca.

El valor de la actualización de la suma reclamada a marzo de 2019 es $238.906.375,63.

SEGUNDA DE CONDENA. Que la suma objeto de condena se actualicen tomando como base el índice de precios al consumidor, desde la fecha en que se realizó el pago por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, pago realizado el 24 de abril de 2017.

TERCERA DE CONDENA. Que la sentencia que ponga fin al presente proceso preste mérito ejecutivo, y que se ordene que los pagos se

Presidencia de la República, pago realizado el 24 de abril de 2017.

TERCERA DE CONDENA. Que la sentencia que ponga fin al presente proceso preste mérito ejecutivo, y que se ordene que los pagos se efectúen en la oportunidad prevista en el ordenamiento jurídico.

CUARTA DE CONDENA. Que se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.” (fls. 3 a 4 cdno. 1 - mayúsculas sostenidas y negrillas del texto original).

2 Fls. 1 a 38 cdno. ppal.Expediente 11001-03-26-000-2019-00063-00 (63.812) Actor: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Repetición Sentencia de única instancia

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2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1. El señor Sigifredo de Jesús Pérez Espinosa, quien se desempeñó como magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, junto con su familia, instauró demanda de reparación directa en contra, entre otras entidades, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (D APRE) y el hoy extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) con el propósito de que se les declarara patrimonial y extracontractualmente responsables por “[….] los seguimientos, interceptaciones, asedio, desprestigio, entre otras conductas ilegales […] realizadas en su contra”3.

que se les declarara patrimonial y extracontractualmente responsables por “[….] los seguimientos, interceptaciones, asedio, desprestigio, entre otras conductas ilegales […] realizadas en su contra”3.

1. La referida demanda fue conocida en segunda instancia por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca quien, en sentencia del 15 de febrero de 2017 , declaró la responsabilidad patrimonial del Departamento Administrativo de Seguridad DAS 4 y del DAPRE por los perjuicios causados al señor Sigifredo de Jesús Pérez Espinosa y su familia; de manera que, las condenó a pagar en favor de los actores del respectivo proceso una indemnización por concepto de perjuicios morales y daño emergente , de la cual el DAPRE reconoció y pagó el cincuenta por ciento (50%)5.

1. En cumplimiento de la anterior providencia, l a Dirección de Operaciones del DAPRE mediante Resolución no. 224 de 30 de marzo de 2017 ordenó pagar la suma de doscientos veinticinco millones veintinueve mil setecientos noventa y seis pesos con seis centavos ($225.029.796,06) en favor de los demandantes del proceso de reparación directa, lo cual se efectuó el 24 de abril de 2017 a través de transferencia bancaria.

3 Fl. 8 cdno. ppal. 4 Sucedido procesalmente por la Fiduciaria La Previsora SA – Fiduprevisora. 5 Hecho décimo de la demanda (fl. 10 cdno. ppal.).Expediente 11001-03-26-000-2019-00063-00 (63.812) Actor: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Repetición Sentencia de única instancia

Actor: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Repetición Sentencia de única instancia

4 4) Se debe declarar la responsabilidad patrimonial extracontractual del señor Bernardo Moreno Villegas, quien, en el ejercicio del cargo de director del DAPRE6, incurrió en la conducta dolosa contemplada en el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, esto es, “haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado”.

1. En efecto, el demandado, entre otros hechos censurables, fue la persona que ordenó la interceptación ilegal de las comunicaciones personales del señor Sigifredo de Jesús Pérez Espinosa, hecho por el cual la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 28 de abril de 2015 lo declaró penalmente responsable como autor de los delitos de concierto para delinquir, abuso de función pública y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y determinador del delito de violación ilícita de comunicaciones ; asimismo, la Procuraduría General de la Nación en decisión de única instancia proferida el 1º de octubre de 2010 en el expediente IUS 2009-57515 lo declaró disciplinariamente responsable y lo sancionó con destitución e inhabilidad general por dieciocho (18) años.

1. La conducta del demandado Bernardo Moreno Villegas, calificada como dolosa por la autoridad penal competente, fue el factor determinante que motivó la declaración de responsabilidad patrimonial extracontractual del DAPRE y por la cual fue obligada a reconocer una indemnización por perjuicios morales y daño

por la autoridad penal competente, fue el factor determinante que motivó la declaración de responsabilidad patrimonial extracontractual del DAPRE y por la cual fue obligada a reconocer una indemnización por perjuicios morales y daño emergente, sumas de dinero que deben ser pagadas por el accionado a través del medio de control judicial de repetición.

3. Contestación de la demanda

Mediante escrito radicado el 23 de marzo de 2021 , el señor Bernardo Moreno Villegas, por conducto de apoderado , contestó la demanda con oposición a las pretensiones7 por estimar lo siguiente:

6 El señor Bernardo Moreno Villegas fue nombrado director del DAPRE mediante Decreto 2292 de 19 de julio de 2004 y ocupó este cargo hasta el 6 de agosto de 2010 (hecho primero de la demanda - fl. 7 cdno. ppal.). 7 Fls. 1 a 34, índice 54 SAMAI.Expediente 11001-03-26-000-2019-00063-00 (63.812) Actor: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Repetición Sentencia de única instancia

5 1) El único fundamento que tiene el DAPRE para endilgarle una conducta dolosa radica en la condena penal impuesta en providencia del 28 de abril de 2015; sin embargo, dicha decisión fue impugnada y mediante auto no. AP3459-2020 del 2 de diciembre de 2020 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la admitió de conformidad con los parámetros trazados por la Corte Constitucional en sentencia SU-146 de 2020 para la aplicación de la doble conformidad judicial ; en

diciembre de 2020 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la admitió de conformidad con los parámetros trazados por la Corte Constitucional en sentencia SU-146 de 2020 para la aplicación de la doble conformidad judicial ; en consecuencia, como no se ha resuelto dicha impugnación no puede tenerse la referida decisión penal como soporte de la repetición.

1. Se cumplen los presupuestos para la suspensión del proceso de repetición por cuanto se acredita la incidencia definitiva y directa de la decisión que se adopte en el proceso penal.

1. La Sección Segunda del Consejo de Estado a través de providencia del 12 de septiembre de 2019 declaró la nulidad de l acto administrativo dictado por la Procuraduría General de la Nación -mediante el cual fue declarado disciplinariamente responsable -, en ese orden no puede valora rse su contenido para concluir la existencia de una conducta dolosa.

1. La sentencia de segunda instancia dictada en el proceso de reparación directa por la cual se declaró la responsabilidad patrimonial extracontractual del DAPRE no debía fundarse en la providencia del 28 de abril de 2015 proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia , pues, dicha prueba no fue aportada al referido proceso ; por el contrario , es evidente que se tuvo como un “hecho notorio” la existencia de la condena penal que no pudo ser controvertida y, en todo caso, lo cierto es que , en la actualidad no se ha resuelto la “impugnación especial” formulada contra dicha decisión.

1. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de

en todo caso, lo cierto es que , en la actualidad no se ha resuelto la “impugnación especial” formulada contra dicha decisión.

1. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso de reparación directa condenó al DAPRE con sustento en una sentencia penal condenatoria que no reposaba en dicho expediente, por consiguiente, la defensa precaria de la entidad demandante en dicho proceso que permitió tener como “hecho notorio” la decisión penal no puede ser imputada al demandado en repetición.Expediente 11001-03-26-000-2019-00063-00 (63.812) Actor: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Repetición Sentencia de única instancia

6 6) No tuvo ninguna injerencia en los hechos por los cuales el DAPRE fue condenado, de la sentencia penal allegada al expediente de la referencia se desprende que no inició, promovió, generó o produjo las acciones que la entidad realizó junto con el DAS y que dieron lugar a la responsabilidad extracontractual de aquellas; en contraste, la condena en contra del DAPRE provino de la conducta de otros funcionarios que no fueron demandados.

1. Aunque la sentencia penal condenatoria dictada en su contra tiene efectos de cosa juzgada, es posible que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia modifique dicha decisión por virtud de la impugnación presentada ; por lo tanto, no se encuentra demostrada la supuesta conducta dolosa.

1. En cualquier caso, corresponde al DAPRE demostrar el porcentaje de incidencia del demandado en la declaración de responsabilidad extracontractual de la entidad

tanto, no se encuentra demostrada la supuesta conducta dolosa.

1. En cualquier caso, corresponde al DAPRE demostrar el porcentaje de incidencia del demandado en la declaración de responsabilidad extracontractual de la entidad y la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

4. Trámite de única instancia

1. En el escrito de contestación de la demanda 8, la apoderada del demandado solicitó la suspensión del proceso porque se reclama la responsabilidad patrimonial del señor Bernardo Moreno Villegas únicamente a partir de la sentencia penal condenatoria proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte S uprema de Justicia del 28 de abril de 2015 respecto de la cual se instauró impugnación especial que, para aquel momento no se había decidido.

Por auto del 7 de julio de 2023 el magistrado ponente negó la petición de suspensión porque la impugnación especial instaurada en contra de la sentencia condenatoria no altera el carácter de cosa juzgada que aquella ostenta de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU -146 de 2020; además, el referido fallo penal no constituye el único fundamento jurídico de la demanda porque también se hizo alusión a la decisión del 1º de octubre de 2010 emitida por la Procuraduría General de la Nación , que determinó la responsabilidad disciplinaria

8 Índice 54 SAMAIExpediente 11001-03-26-000-2019-00063-00 (63.812) Actor: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Repetición Sentencia de única instancia

7 del demandado9.

Actor: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Repetición Sentencia de única instancia

7 del demandado9.

1. El 19 de febrero de 2024 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA10 y se fijó el litigio en los siguientes términos:

“Se concluye que el objeto de la controversia es definir si el señor Bernardo Moreno Villegas es o no patrimonialmente responsable, a título de dolo, por la condena impuesta en el marco del proceso iniciado en ejercicio del medio de control jurisdiccional de reparación directa con radicación número 11001 -33-31-0372011-00211-01 interpuesto por el señor Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez y otros en contra del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (en el presente asunto operan las presunciones de la Ley 678 de 2001 por cuanto los hechos acaecieron en el año 2011)” (índice 138 SAMAI).

1. La entidad demandante solicitó el decreto y práctica de medidas cautelares consistentes en el embargo de los bienes inmuebles de propiedad del demandado y la inscripción de la demanda11, las cuales fueron decretadas en proveído del 9 de septiembre de 201912 y finalmente fueron cumplidas13.

1. El 8 de febrero de 2021, el demandado manifestó su intención de prestar caución sobre el valor de las pretensiones contenidas en la demanda para obtener el levantamiento de las medidas cautelares decretadas 14; este requerimiento fue aceptado en auto del 28 de noviembre de 2022; de modo que, la caución prestada

sobre el valor de las pretensiones contenidas en la demanda para obtener el levantamiento de las medidas cautelares decretadas 14; este requerimiento fue aceptado en auto del 28 de noviembre de 2022; de modo que, la caución prestada fue por valor de doscientos treinta y nueve millones de pesos ($239.000.000)15.

1. Por auto proferido el 7 de mayo de 202516 se corrió traslado a las partes para que presentaran las alegaciones de conclusión por el término común de diez (10) días y, por el mismo lapso, al Ministerio Público para que emitiera concepto, periodo en

el cual las partes expresaron lo siguiente:

9 Índice 113 SAMAI. 10 Índice 138 SAMAI. 11 Fls. 27 a 31 cdno. ppal. 12 Fls. 41 a 44 cdno. ppal. 13 Fls. 109 a 154 vlto. cdno. ppal. 14 Índice 51 SAMAI. 15 Índice 86 SAMAI. 16 Índice 191 SAMAI.Expediente 11001-03-26-000-2019-00063-00 (63.812) Actor: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Repetición Sentencia de única instancia

8 a) El DAPRE17 reafirmó los argumentos expuestos en la demanda y concluyó que la conducta del señor Bernardo Moreno Villegas , calificada como dolosa por el órgano de cierre de la justicia penal, fue el factor determinante por el cual la entidad fue declarada patrimonialmente responsable en el proceso de reparación directa promovido en su momento por el señor Sigifredo Espinosa Pérez y su familia.

órgano de cierre de la justicia penal, fue el factor determinante por el cual la entidad fue declarada patrimonialmente responsable en el proceso de reparación directa promovido en su momento por el señor Sigifredo Espinosa Pérez y su familia.

b) El demandado Bernardo Moreno Villegas 18, por conducto de su apoderad a, insistió en los argumentos de defensa planteados en la contestación y estimó que no existe fundamento para declarar su responsabilidad por los hechos que dieron origen a la condena impuesta al DAPRE.

c) Por su parte, el Ministerio Público19 rindió concepto en el que pidió acceder a las súplicas de la demanda por estimar que se encuentran satisfechos los elementos objetivo y subjetivo para la procedencia de l medio de control judicial repetición, pues, se demostró que el señor Bernardo Moreno Villegas fue declarado penalmente responsable por los mismos hechos que dieron lugar a la declaración de responsabilidad extracontractual de la entidad demandante ; en ese orden , correspondía al demandado desvirtuar la presunción contenida en el numeral 4 del artículo 5 del texto original de la Ley 678 de 2001, lo cual no aconteció.

1. Mediante auto del 17 de julio de 2025 se ordenó oficiar a la Secretaría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que allegara copia de la providencia del 7 de mayo de 2025 proferida en el proceso penal de única instancia identificado con el número de radicación 110010204000201101368-02 (interno 36.784), por la cual se resolvió la impugnación especial presentada por el señor Bernardo Moreno Villegas en contra de la sentencia condenatoria proferida el 28 de

identificado con el número de radicación 110010204000201101368-02 (interno 36.784), por la cual se resolvió la impugnación especial presentada por el señor Bernardo Moreno Villegas en contra de la sentencia condenatoria proferida el 28 de abril de 2015 , junto con la constancia de ejecutoria de dicha providencia. Los referidos documentos se aportaron al expediente el 12 de agosto y el 14 de agosto de 202520 y se cumplió el respectivo traslado a las partes por el término común de tres días, durante el cual guardaron silencio21.

17 Índice 195 SAMAI. 18 Índice 196 SAMAI. 19 Índice 197 SAMAI. 20 Índices 205 y 208 SAMAI. 21 Índice 212 SAMAI.Expediente 11001-03-26-000-2019-00063-00 (63.812) Actor: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Repetición Sentencia de única instancia

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el presente asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero : 1) prelación de fallo, 2) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 3) análisis del caso, 4) conclusión y, 5) condena en costas.

1. Prelación de fallo

En la actualidad, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado conoce de procesos que entraron para fallo con anterioridad, situación que en los

condena en costas.

1. Prelación de fallo

En la actualidad, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado conoce de procesos que entraron para fallo con anterioridad, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en el turno estricto en el cual pasaron los expediente al despacho, no obstante, el artículo 18 también autoriza la modificación de la cronología de turno según “la naturaleza del asunto”22, de igual manera, el artículo 63 A de la Ley 270 de 1996 23 permitió que las denominadas altas cortes y los tribunales establecieran un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia.

En este asunto sometido a consideración de la Sala, el objeto del litigio corresponde a una repetición en contra de un exfuncionario público, tema que en virtud de su naturaleza la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sesión y en el acta no.

22 El artículo 18 de la Ley 446 de 1998 preceptúa: “ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social (…).”. 23 El artículo 16 A, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, prevé: “ Cuando existan

jurídica y trascendencia social (…).”. 23 El artículo 16 A, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, prevé: “ Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y f allados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación (…) Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las Salas de los Tribunales Superiores y de los Tribunales Contencioso -Administrativos de Distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia (…)”.Expediente 11001-03-26-000-2019-00063-00 (63.812) Actor: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Repetición Sentencia de única instancia

10 15 del 5 de mayo de 2005 24 consideró que debía dársele prelación, motivo por el cual, con fundamento en las normas previamente citadas y la referida acta, la Subsección se encuentra habilitada para emitir fallo de manera anticipada.

2. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

cual, con fundamento en las normas previamente citadas y la referida acta, la Subsección se encuentra habilitada para emitir fallo de manera anticipada.

2. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

1. Presentada la demanda de manera oportuna 25, el objeto de la controversia consiste en determinar si se reúnen los requisitos necesarios para atribuirle responsabilidad patrimonial personal, a título de repetición, al señor Bernardo Moreno Villegas en la condición de exdirector del DAPRE con ocasión de la condena impuesta a la entidad demandante en el marco del proceso de reparación directa identificado con el número de radicación 11001-33-31-037-2011-00211-00 iniciado por el señor Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez y otros.

1. La parte demandante invoca la presunción consagrada en el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001 -sin la modificación introducida por el artículo 39 de la Ley 2195 de 2022-, esto es, haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daño s que sirvieron de base para la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado.

1. Para lo anterior, la Sala determinará, en primer lugar, si los elementos objetivos del medio de control judicial de repetición se hallan acreditados y, posteriormente, si se encuentra demostrado el supuesto de hecho para que opere la presunción de dolo alegada y que llevó a la causación del daño antijurídico por el cual el DAPRE tuvo que pagar una indemnización de perjuicios en favor de un tercero y, si como consecuencia de ello se le deben reembolsar las sumas de dinero que aduce en su momento pagó.

tuvo que pagar una indemnización de perjuicios en favor de un tercero y, si como consecuencia de ello se le deben reembolsar las sumas de dinero que aduce en su momento pagó.

24 Mediante la cual la Sala de la Sección Tercera del Consejo de Estado aprobó que los eventos de repetición podían fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno respectivo. 25 El literal I) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 establece que la demanda de repetición debe presentarse dentro de los dos años siguientes al día en que efectivamente se realice el pago de la condena o, a más tardar, contados desde el vencimiento del plazo con el que cuenta la administración para efectuar dicho pago. En este caso objeto de estudio, la sentencia condenatoria quedó ejecutoriada el 10 de marzo de 2017 (fls. 162 cdno. 2) , el pago de la condena se hizo el 24 de abril de 2017 (fl 40 cdno. 2); de modo que, la entidad demandante tenía plazo hasta el 25 de abril de 2019 para presentar la demanda de repetición y como esta fue radicada el 12 de abril de 2019 (fl. 1 cdno. 2) se interpuso dentro del término legal.Expediente 11001-03-26-000-2019-00063-00 (63.812) Actor: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Repetición Sentencia de única instancia

11 4) En ese sentido, la Sala declarará la responsabilidad patrimonial del demandado por encontrarse acreditados los elementos requeridos para la prosperidad del medio de control judicial de repetición ejercido con la demanda que dio origen al proceso de la referencia.

3. Análisis del caso

por encontrarse acreditados los elementos requeridos para la prosperidad del medio de control judicial de repetición ejercido con la demanda que dio origen al proceso de la referencia.

3. Análisis del caso

3.1 Generalidades del medio de control judicial de repetición

El artículo 90 superior prevé que en los casos en que el Estado es obligado a reparar un daño debe repetir contra su agente cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este 26; de igual manera, la figura ha tenido desarrollo legal en la Ley 678 de 2001 y la Ley 1437 de 2011.

En tal virtud la jurisprudencia de la Corporación ha sido unánime en determinar los presupuestos para la prosperidad del medio de control judicial de repetición, a saber: i) la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular; ii) el pago efectivo a la víctima del daño , iii) la calidad de agente estatal del demandado, y iv) la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente como factor determinante de la condena.

3.2 La existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio

Para la Sala no hay duda sobre la existencia de una condena judicial impuesta en contra de la parte demandante consistente en el pago de una suma de dinero, pues, obra en el expediente copia de la sentencia del 15 de febrero de 2017 dictada por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

en el proceso de reparación directa con radicación no. 11001 -33-31-037-201100211 que, en segunda instancia, modificó el fallo proferido el 27 de julio de 2015 por el Juzgado Veintiuno Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de

26 Constitución Política de Colombia, artículo 90, inciso segundo: “(…) en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra este”.Expediente 11001-03-26-000-2019-00063-00 (63.812) Actor: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Repetición Sentencia de única instancia

12 Bogotá mediante la cual declaró patrimonial y extracontractualmente responsable al DAPRE y al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) 27 por los pe rjuicios causados al señor Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez y a sus familiares , por haberse demostrado que este, en la condición de magistrado de la Corte Suprema de Ju