CE - Sentencia 11001032600020190012700 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Número interno: 64542

Radicación: 11001-03-26-000-2019-00127-00

Demandante: Municipio de Barrancabermeja-Santander Demandado: Agencia Nacional de Minería-ANM Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO-Competencia del Consejo de Estado en única instancia. ASUNTOS MINEROS-El Código de Minas , Ley 685 de 2001 , distribuye las competencias para conocer de controversias mineras en las diferentes autoridades de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO -Si la causa del daño radica en la presunta ilegalidad de un acto administrativo, el medio de control procedente, de conformidad con lo previsto en el artículo 138 del CPACA, es la nulidad y restablecimiento del derecho . EXCEPCIONES-Al dictar sentencia, el juez debe declarar todas aquellas que encuentre probadas. COSA JUZGADA-Tiene por propósito que las pretensiones que han sido resueltas a través de cualquiera de los medios judiciales aceptados por la ley no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior. EFECTOS DE LA SENTENCIA -La que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes [para todos]. La que niegue la nulidad pedida producirá

otro juicio posterior. EFECTOS DE LA SENTENCIA -La que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes [para todos]. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes [para todos] pero solo en relación con la causa petendi juzgada.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver, en única instancia, la demanda promovida por el Municipio de Barrancabermeja (Santander), en ejercicio del medio de control de nulidad y re stablecimiento del derecho, en contra de unos actos administrativos expedidos por la Agencia Nacional de Minería (en adelante ANM).

I. SÍNTESIS DEL CASO

El Municipio de Barrancabermeja presentó demanda contra la ANM, para que se declare la nulidad de los actos administrativos No. 20162200350431 del 14 de octubre de 2016 y 20172200036661 del 20 de febrero de 2017, que negaron la solicitud de incorporación de un predio en el Catastro Minero ; así como su inscripción en el Registro Minero Nacional , junto con las respectivas órdenes de prohibición del desarrollo de actividades mineras, el retiro y desalojo de las personas y maquinaria empleada para la explotación de minerales en el predio . Lo anterior, porque se afirmó que las resoluciones acusadas infringieron normas superiores en las que debían fundarse.

II. ANTECEDENTESRadicación: 110010326000201900127 00 (64542)

Demandante: Municipio de Barrancabermeja Demandado: Agencia Nacional de Minería Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

II. ANTECEDENTESRadicación: 110010326000201900127 00 (64542)

Demandante: Municipio de Barrancabermeja Demandado: Agencia Nacional de Minería Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

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La demanda y su trámite

El 31 de julio de 20171, el Municipio de Barrancabermeja–Santander, por conducto de apoderado judicial, presentó de manda ante el Tribunal Administrativo de Santander2, en ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la A NM, para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas (transcripción literal):

Primera: Que se DECLARE LA NULIDAD de los Actos Administrativos No.: 20162200350431 de 14 de octubre de 2016 y 20172200036661 de 20 de febrero de 2017, por cuanto que esas decisiones fueron expedidos (sic) por la AGENCIA NACIONAL MINERÍA con infracción de las normas en que deberían fundarse.

Segunda: Que se restablezcan los derechos del MUNICIPIO DE

BARRANCABERMEJA en los siguientes términos:

Que se disponga que la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA ANM está obligada a:

II.I. Incorporar al catastro minero la delimitación establecida en el Artículo Tercero del Decreto Municipal No. 294 del 7 de diciembre de 2015 en lo referente al predio No. 1 identificado con la matricula inmobiliaria No. 303 -815656, según las coordenadas que se indican en esa misma disposición normativa.

II.II. Inscribir en el registro minero nacional la Resolución que incorpora al catastro

No. 1 identificado con la matricula inmobiliaria No. 303 -815656, según las coordenadas que se indican en esa misma disposición normativa.

II.II. Inscribir en el registro minero nacional la Resolución que incorpora al catastro minero la delimitación establecida en el Artículo Tercero del Decreto Municipal No. 294 del 7 de diciembre de 2015 en lo referente al predio No. 1 identificado con la matrícula inmobiliaria No. 303-815656, según las coordenadas que se indican en esa misma disposición normativa.

II.III. Restringir la actividad minera de ntro de la delimitación establecida en el Artículo Tercero del Decreto Municipal No. 294 del 7 de diciembre de 2015 en lo referente al predio No. 1 identificado con la matrícula inmobiliaria No. 303-815656, según las coordenadas que se indican en esa misma disposición normativa, atendiendo a lo instituido en el Artículo Décimo de la misma norma, que establece como uso prohibido las demás actividades diferentes al uso residencial.

II.IV. Disponer el inmediato retiro y desalojo, sin pago, compensación o indemnización alguna por esta causa, de las personas y de las maquinarias utilizadas en la actividad minera que se adelanta en la delimitación establecida en el Artículo Tercero del Decreto Municipal No. 294 del 7 de diciembre de 2015, esto es, en el predio No. 1 identificado con la matrícula Inmobiliaria No. 303 -815656, según las coordenadas que se indican en esa misma disposición normativa.

Tercera: Que en forma subsidiaria a lo solicitado en la pretensión segunda de esta

según las coordenadas que se indican en esa misma disposición normativa.

Tercera: Que en forma subsidiaria a lo solicitado en la pretensión segunda de esta demanda, se disponga que la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA debe reconocer y pagar a favor del MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA la suma de CINCO MIL

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($5.158.242.947.00), por concepto de perjuicios.

Cuarta: Que se disponga que los valores solicitados en la Pretensión Tercera subsidiaria sean actualizados de conformidad con lo contemplado en el artíc ulo 187 del CPACA.

Quinta: Que se condene en costas a la Entidad Accionada.

1 Folio 147.del cuaderno principal. Según consta en el acta de reparto del Tribunal Administrativo de Santander. 2 La cual se tramitó bajo el radicado: 68001-23-33-000-2017-00966-00.Radicación: 110010326000201900127 00 (64542)

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Como fundamento fáctico, en síntesis, se narró:

Mediante el Decreto Municipal 294 del 7 de diciembre de 2015 , el alcalde del Municipio de Barrancabermeja modificó el Plan de Ordenamiento Territorial–POT con el fin de incorporar al perímetro urbano municipal varios predios, entre los que se encuentra «1. Predio denominado LA PUERTA LOTE TRES de propiedad de LA

Municipio de Barrancabermeja modificó el Plan de Ordenamiento Territorial–POT con el fin de incorporar al perímetro urbano municipal varios predios, entre los que se encuentra «1. Predio denominado LA PUERTA LOTE TRES de propiedad de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA (EDUBA)», para el de sarrollo de un proyecto de vivienda de interés social. En este acto administrativo también se prohibieron las actividades mineras en dicho predio con el objeto de permitir el desarrollo urbanístico.

Previo a la modificación del POT, la ANM había otorgado tres títulos mineros cuyas áreas presentaban traslapos con el predio No. 1 de propiedad de la EDUBA. Por lo anterior, el Municipio presentó petición con radicación No. 20165510234712, reiterada con el escrito de radicación No. 201655010328412, en la que solicitó: i) incorporar la delimitación del predio No. 1 en el Catastro Minero Colombiano ; ii) inscribir en el Registro Minero Nacional la resolución que incorpora ba al Catastro Minero Colombiano la delimitación de dicho predio ; iii) p rohibir las actividades mineras dentro del predio No. 1; iv) o rdenar el retiro y desalojo de las personas y maquinaria empleada para la explotación de minerales en el predio y v) adoptar las determinaciones necesarias para permitir el uso del predio.

En el oficio con radicado No. 20162200350431 –primero de los actos acusados–, la ANM respondió la solicitud del municipio y señaló que, en cuanto a la incorporación de la delimitación del predio al Catastro Minero Colombiano, no era posible pronunciarse, porque la entidad territorial no allegó con la petición el acto

ANM respondió la solicitud del municipio y señaló que, en cuanto a la incorporación de la delimitación del predio al Catastro Minero Colombiano, no era posible pronunciarse, porque la entidad territorial no allegó con la petición el acto administrativo que modificó el POT. Además, n egó la inscripción en el Regi stro Minero Nacional de la resolución que incorpora ba la delimitación del predio en el catastro minero, ya que por expresa disposición legal, los actos susceptibles de inscripción en el registro son taxativos y la decisión administrativa que se pretendía inscribir no correspondía con alguno de los precisos eventos descritos en las normas.

A la par , no accedió a la solicitud de prohibir las actividades de extracción y explotación minera en el predio No. 1, porque aquellas estaban permitidas en el perímetro urbano de los municipios , salvo expresa prohibición legal en ciertas circunstancias, lo cual no ocurría en es e caso. Igual decisión tomó en relación con el retiro y desalojo de los titulares mineros , pues, aunque reconoció que existíanRadicación: 110010326000201900127 00 (64542)

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tres títulos mineros cuya área presentaba traslape con el predio, señaló que la prohibición introducida por el acto que modificó el POT no podía afectarlos porque los contratos se perfeccionaron antes de la decisión municipal . También, negó la solicitud de adoptar las medidas necesarias para permitir el uso del predio , porque no tenía competencia para ello.

los contratos se perfeccionaron antes de la decisión municipal . También, negó la solicitud de adoptar las medidas necesarias para permitir el uso del predio , porque no tenía competencia para ello.

Mediante petición con radicado No. 20175510020014, el Municipio de Barrancabermeja radicó nuevamente ante la ANM los documentos necesarios para que dicha entidad resolviera la solicitud formulada con el fin de incorporar la delimitación del predio No. 1 en el Catastro Minero Colombian o y reiteró las peticiones impetradas para que la ANM prohibiera el desarroll o de actividades mineras en dicho inmueble.

En el oficio No. 20172200036661 –segundo acto administrativo acusado–, la ANM respondió lo pedido por el Municipio de Barrancabermeja . Oportunidad en la que, nuevamente, negó la solicitud de incorporar la delimitación del predio No. 1 en el Catastro Minero Colombiano, porque lo pretendido por el municipio era excluir dicha zona del desarrollo de actividades mineras, a pesar de que la determinación de las zonas excluibles de la minería compete al legislador y su delimitación al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Además, aclaró que las actividades mineras estaban permitidas, de manera restringida, en los perímetros urbanos municipales.

Asimismo, reiteró la negativa en relación con las solicitudes formuladas para que se prohibiera toda actividad minera en el predio y para que se ordenara el retiro y desalojo del personal y equipos empleados para la realización de las actividades mineras, según lo expuesto en el oficio No. 20162200350431.

En relaci ón con el fundamento jurídico –las normas violadas y el concepto de

desalojo del personal y equipos empleados para la realización de las actividades mineras, según lo expuesto en el oficio No. 20162200350431.

En relaci ón con el fundamento jurídico –las normas violadas y el concepto de violación–, la parte demandante consideró que los actos acusados son nulos debido a que contravienen las normas en que debían fundarse, en la medida en que:

1. Vulneran los artículos 311 y 313 de la Constitución Política y el artículo 29 de la Ley 1454 de 2011 que otorgan competencia a los concejos para ordenar su territorio y reglamentar los usos del suelo . Corresponde a las entidades territoriales prohibir las actividades mineras en su territorio, tal y como también lo establece el artículo 35 del Código de Minas.

2. Los actos acusados se contraponen al Decreto Municipal 294 de 2015, el cualRadicación: 110010326000201900127 00 (64542)

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modificó el Plan de Ordenamiento Territorial –POT del Municipio de Barrancabermeja, que incluyó dentro del perímetro urbano el predio No. 1 y prohibió las actividades mineras en este.

3. Desconocen «el precedente administrativo, la confianza legítima, la buena fe, el principio de no venir contra sus propios actos, el deber de coherencia y la seguridad jurídica». La ANM omitió decisiones previas en las cuales, ante solicitudes similares presentadas por el Municipio de Barrancabermeja, reconoció la competencia de las entidades territoriales para prohibir o restringir las actividades mineras, procediendo

jurídica». La ANM omitió decisiones previas en las cuales, ante solicitudes similares presentadas por el Municipio de Barrancabermeja, reconoció la competencia de las entidades territoriales para prohibir o restringir las actividades mineras, procediendo a incorporar en el Catastro Minero Colombiano la delimitación de zonas en las que se limitó su desarrollo.

4. Se ignoraron los «precedentes» establecidos por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado para i) el reconocimiento de derechos adquiridos por el uso del suelo, «según el cual, las reglas que son dictadas en esa materia no son intangibles», y i i) los cambios normativos en estos asuntos tienen aplicación inmediata, sin que puedan invocarse situaciones jurídicas consolidadas. En consecuencia, la prohibición introducida por el Municipio de Barrancabermeja debía ser implementada por la ANM, siendo inválido argumentar la existencia de negocios jurídicos celebrados con anterioridad al acto administrativo que modificó el POT.

Mediante auto del 18 de septiembre de 2017 3, el Tribunal Administrativo de Santander rechazó la demanda, ya que estimó que había operado la caducidad para formular el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Decisión que fue recurrida por la parte demandante 4 y que el Consejo de Estado–Sección Tercera, Subsección A, por auto del 31 de enero de 2019 5, decidió confirmar parcialmente, «únicamente respecto de la caducidad del oficio 20172200036661», por lo que ordenó al Tribunal Administrativo de Santander decidir en torno a la admisión de la demanda respecto de dicho oficio, proferido por la Agencia Nacional

parcialmente, «únicamente respecto de la caducidad del oficio 20172200036661», por lo que ordenó al Tribunal Administrativo de Santander decidir en torno a la admisión de la demanda respecto de dicho oficio, proferido por la Agencia Nacional de Minería, «pero solo en cuanto negó incorporación al castro (sic) minero de la delimitación establecida en el artículo 3 del decreto municipal 294 de 2015, en lo referente al predio 1».

3 Folios 148 y 149 del cuaderno principal. 4 Folios 152 a 156 del cuaderno principal. El expediente fue repartido, inicialmente, a la Sección Primera del Consejo de Estado (folio 167), la cual, en providencia del 8 de agosto de 2018 (folios 184 y 185), ordenó remitirlo a la Sección Tercera. 5 Folios 193 a 197 del cuaderno principal.Radicación: 110010326000201900127 00 (64542)

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El 6 de marzo de 2019, la parte demandante radicó solicitud de nulidad procesal6, la cual fue decidida por auto del 19 de julio de 20 197, proferido por el Consejo de Estado–Sección Tercera, Subsección A, que, si bien, negó la nulidad propuesta, declaró que esta Corporación debía conocer el proceso en única instancia, por lo que se sometió al reparto respectivo entre los despachos de la Sección Tercera y se asignó el radicado actual8.

Mediante auto del 17 de abril de 2020, se admitió la demanda por encontrar reunidos

que se sometió al reparto respectivo entre los despachos de la Sección Tercera y se asignó el radicado actual8.

Mediante auto del 17 de abril de 2020, se admitió la demanda por encontrar reunidos los requisitos de ley9, decisión que fue notificada debidamente10.

En la misma fecha, en providencia separada11, se negó la resolución de la solicitud de medida cautelar conforme al procedimiento del artículo 234 del CPACA –medida cautelar de urgencia – y, como consecuencia, se corrió traslado de la petición de acuerdo con el artículo 233 del CPACA, actuación que también se notificó en debida forma12.

El 15 de abril de 202113, la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado pasó el expediente al Despacho, en el que indicó que el término «de treinta (30) días para contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, llamar en garantía, y en su caso, presentar demanda de reconvención, corrió desde el 5 de febrero hasta el 18 de marzo de 2021». Además, (transcripción literal):

El 11 de marzo de 2021, el apoderado de la parte demandante allega memorial mediante el cual manifiesta que descorre el traslado de las excepciones propuestas en la contestación de la demanda (índice 28).

De acuerdo con lo anterior, se informa al despacho que se revisaron las actuaciones del proceso y no se encontró que la parte demandada hubiera aportado dicha contestación, por lo tanto, se procedió a verificar en el correo de la secretaría donde se recepc ionan (sic) los memoriales y no se encontró evidencia de la radicación de la misma (se destaca).

aportado dicha contestación, por lo tanto, se procedió a verificar en el correo de la secretaría donde se recepc ionan (sic) los memoriales y no se encontró evidencia de la radicación de la misma (se destaca).

Decisión sobre medidas cautelares

El 19 de abril de 202114 se resolvió denegar la medida cautelar solicitada por la parte

6 Folios 199 a 202 del cuaderno principal. 7 Folios 234 a 236 del cuaderno principal. 8 Folio 238 del cuaderno principal. 9 Cfr. SAMAI, índice 11. 10 Cfr. SAMAI, índices 22 y 23. 11 Cfr. SAMAI, índice 12. 12 Cfr. SAMAI, índice 14. 13 Cfr. SAMAI, índice 29. 14 Cfr. SAMAI, índice 30.Radicación: 110010326000201900127 00 (64542)

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demandante, providencia que fue notificada mediante estado electrónico del 1 de junio de 202 115. Decisión que fue confirmada en auto del 13 de septiembre de 202116, al resolver el recurso de reposición formulado por el Municipio de Barrancabermeja. Contra esta última determinación, se interpuso recurso de súplica17, que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado rechazó por extemporáneo, en providencia del 1 de diciembre de 202218.

Trámite de sentencia anticipada

Mediante auto del 18 de noviembre de 202219 se prescindió de la audiencia inicial

rechazó por extemporáneo, en providencia del 1 de diciembre de 202218.

Trámite de sentencia anticipada

Mediante auto del 18 de noviembre de 202219 se prescindió de la audiencia inicial con el fin de dictar sentencia anticipada, se fijó el litigio20, se decretaron las pruebas solicitadas por la parte demandante y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir el concepto respectivo.

En esa oportunidad, el demandante guardó silencio. Por su parte, en escrito del 9 de diciembre de 2022 21, la ANM alegó de conclusión y arguyó que las súplicas de la demanda no tenían vocación de prosperidad, en la medida en que las entidades territoriales no cuentan con una «competencia absoluta » sobre los recursos del subsuelo, tampoco poder de veto respecto de la realización de actividades par a la explotación de los recursos naturales no renovables. Si bien aquellas tienen ciertas competencias para reglamentar los usos del suelo, lo cierto es que, a la Nación, como propietaria del subsuelo, le corresponde la administración y manejo de los recursos naturales que yacen en él. Por este motivo, para el ejercicio de esas competencias asignadas en los distintos niveles se deben observar los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, los cuales fueron omitidos en el presente caso en el trámite de expedición del acto administrativo que modificó el

15 Cfr. SAMAI, índice 33. 16 Cfr. SAMAI, índice 41. 17 Cfr. SAMAI, índice 45. 18 Cfr. SAMAI, índice 53. 19 Cfr. SAMAI, índice 49.

15 Cfr. SAMAI, índice 33. 16 Cfr. SAMAI, índice 41. 17 Cfr. SAMAI, índice 45. 18 Cfr. SAMAI, índice 53. 19 Cfr. SAMAI, índice 49. 20 El cual se plasmó en los siguientes términos: «Corresponde a la Sala determinar si el acto administrativo nº. 2017-2200036661 del 20 de febrero de 2017, en cuanto a la decisión de negar la incorporación de un decreto municipal al catastro minero, es ilegal por violación de las normas en que debía fundarse». Lo anterior con fundamento en que «El 31 de enero de 2019, el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A confirmó la decisión del Tribunal que declaró la caducidad de la pretensión de nulidad del acto administrativo n°. 0162200350431 del 14 de octubre de 2016. En relación con la pretensión contra el acto administrativo 20172200036661 del 20 de febrero de 2017, el Consejo de Estado estimó que sí se presentó en tiempo, pero únicamente en cuanto a la decisión de negar la incorporación del Decreto 294 de 2015 al catastro minero. Según la providencia, las demás solicitudes que formuló el Municipio demandante a la ANM ya habían sido resueltas y presentar una nueva petición no revivía las oportunidades procesales precluidas. Como la falta de competencia por el factor funcional no afecta la validez de lo actuado (artículos 16 y 138 CGP) y la s partes no recurrieron la decisión, ese auto está en firme y el litigio se fijará de conformidad con lo dispuesto en esa providencia».

competencia por el factor funcional no afecta la validez de lo actuado (artículos 16 y 138 CGP) y la s partes no recurrieron la decisión, ese auto está en firme y el litigio se fijará de conformidad con lo dispuesto en esa providencia». 21 Cfr. SAMAI, índice 55.Radicación: 110010326000201900127 00 (64542)

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POT del Municipio de Barrancabermeja.

Advirtió que el artículo 5 del Decreto Municipal 294 de 2015 tiene como única finalidad prohibir el desarrollo de actividades mineras en las coordenadas establecidas en el mencionado decreto, lo cual no se traduce en algo diferente al ejercicio de un «poder de vet o» que, como lo precisó la Corte Constitucional en sentencia SU–095 de 2018, «las entidades territoriales no cuentan con competencia absoluta sobre los recursos del subsuelo, tampoco poder de veto respecto a la realización de actividades para la explotación del subsuelo y de RNNR». De modo que las entidades territoriales excede n su competencia si prohíben de manera absoluta la explotación del subsuelo , situación que «deja de presente la ilegalidad del decreto municipal».

El procurador delegado ante el Consejo de Estado conceptuó22 en el sentido de pedir que se denegaran las pretensiones de la demanda , al no ser procedente la declaratoria de nulidad del acto acusado, dado que , por una parte, la información registrada en el Catastro Minero Colombiano es limitada, de carácter taxativo, como

pedir que se denegaran las pretensiones de la demanda , al no ser procedente la declaratoria de nulidad del acto acusado, dado que , por una parte, la información registrada en el Catastro Minero Colombiano es limitada, de carácter taxativo, como lo dispone el artículo 333 de la Ley 685 de 2001 –Código de Minas –, por lo que (transcripción literal):

(…) no se deben inscribir y deben ser devueltos de plano todos los actos y contratos públicos o privados que se presenten distintos a los señalados en el art. 332., razón por la cual fue negada la solicitud por parte de la Agencia Nacional de Minería, con lo cual tampoco se evidencia vulnerada ninguna disposición de orden legal o constituc ional invocada por el demandante, como los artículos 311, 313 constitucionales y las Leyes 685 de 2001 y 1454 de 2011, sino que lo que realizó el gerente del catastro colombiano, fue en ejercicio de sus competencias no inscribir en el registro el acto admi nistrativo (Decreto Municipal), porque así lo dispone el art. 333 del código de minas, cuando quiera que el acto no corresponde a la enumeración taxativa del artículo 332, sin que con tal determinación se desconozca la presunción de legalidad del decreto m unicipal, ni menos los artículos 1, 83, 289, 311 y 313 constitucionales, ni los artículos 35 y 36 del código de minas.

Ahora bien, para el alcalde municipal de Barrancabermeja, conforme lo establecido en el artículo 38 de la Ley 6 85 de 2001, le era exigib le tener conocimiento e información geológica minera, sobre la situación del bien que anexaba al área

Ahora bien, para el alcalde municipal de Barrancabermeja, conforme lo establecido en el artículo 38 de la Ley 6 85 de 2001, le era exigib le tener conocimiento e información geológica minera, sobre la situación del bien que anexaba al área urbana “predio No 1. ubicación: sector sur oriental. Arca: 40.61 hectáreas.

Matrícula inmobiliaria: 303 -816565, Propietario EDUBA Clasificación del suelo.

Urbano, tratamiento urbanístico: Desarrollo, Uso. Residencial, Zona homogénea: Zona urbana de desarrollo, comprendido entre las coordenadas. punto 1 a 59 y punto 60 a 118 coordenadas este y coordenadas norte.”, ya que desde el año 2008, el predio se encontraba afectado bajo el contrato de concesión para la exploración

22 Cfr. SAMAI, índice 58.Radicación: 110010326000201900127 00 (64542)

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y explotación de elementos para la construcción, como arena, gravilla, recebo etc. Información que no solamente estaba al alcance en la realidad, sino también en el Registro Nacional Minero, y en el Catastro Minero Colombiano, por lo cual, era improcedente una nueva inscripción en tal registro hasta no cancelar el mismo, ello en virtud del principio general del derecho, en el cual las cosas en derecho se deshacen como se hacen, por lo cual tampoco era procedente el registro.

A lo anterior se le deba agregar, que de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del código de minas, los planes de ordenamiento territorial se deben

deshacen como se hacen, por lo cual tampoco era procedente el registro.

A lo anterior se le deba agregar, que de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del código de minas, los planes de ordenamiento territorial se deben sujetar a la información geológica minera existente en la jurisdicción del municipio y no al contrario, como lo pretende el señor alcalde con su acto administrativo, donde con la expedición del decreto 294 de 2015, desconoció la realidad geológico minera existente en su comprensión territorial.

III. CONSIDERACIONES

a) Régimen procesal del litigio

1. Al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de interposición de la demanda -31 de julio 2017-, que corresponden a las contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), así como los preceptos del Código General del Proceso (en adelante CGP), en virtud de la remisión expresa prevista por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados.

También, resulta aplicable la Ley 2080 de 2021 -reforma al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) -, con excepción de las modificaciones sobre competencia, las cuales solo se aplicarán a las demandas que se presenten un año después de publicada dicha ley , según lo prevé el artículo 86 de esta norma -régimen de vigencia y transición normativa-23, en concordancia con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del CGP.

b) Presupuestos procesales

de esta norma -régimen de vigencia y transición normativa-23, en concordancia con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del CGP.

b) Presupuestos procesales

23 ARTÍCULO 86. RÉGIMEN DE VIGENCIA Y TRANSICIÓN NORMATIVA. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley. (…) De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 14