CE - Sentencia 11001032600020190019000 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-26-000-2019-00190-00 (65.511)

Recurrente: E.S.E. Hospital San Juan Nepomuceno Opositor: Rafael Guillermo Lora Percia y otros Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011)

Temas: DOCUMENTOS RECOBRADOS – Existentes por lo menos para el cierre de la última etapa probatoria o, excepcionalmente, para antes de que se dictara la decisión censurada, siempre y cuando versen sobre hechos sobrevinientes – Previo a la terminación del proceso ordinario, el recurrente conoció el documento invocado / OMISIÓN PROCESAL - Si la falta en el expediente del escrito no obedeció a fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria, sino al simple descuido o porque se extravió, no es posible a través del recurso extraordinario de revisión subsanar esa circunstancia / HISTORIA CLÍNICA ADULTERADA - Alcance de la causal se ha definido jurisprudencialmente – El mencionado elemento estaba bajo la custodia de la entidad - En realidad, se pretende un a nueva valoración, mediante la cual se concluya que el centro hospitalario no incurrió en falla en el servicio / COSTAS – Criterio objetivo / AGENCIAS EN DERECHO –- Causación y fijación acorde con las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura.

servicio / COSTAS – Criterio objetivo / AGENCIAS EN DERECHO –- Causación y fijación acorde con las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura.

1. La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la E.S.E Hospital San Juan Nepomuceno contra la sentencia condenatoria de segunda instancia proferida el 24 de enero de 2019, por el Tribunal Administrativo del

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

SÍNTESIS DEL CASO

2. La entidad recurrente consideró que el fallo censurado incurrió en las causales de revisión previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 porque, a su juicio, el litigio ordinario se definió con fundamento en un documento adulterado -la historia clínica de la paciente -. Además, luego del fallo recurrido, se encontró una ecografía obstétrica que descartaba la falla en el servicio por la que se le declaró patrimonialmente responsable.

ANTECEDENTES

Proceso en el que se profirió la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

3. El 22 de noviembre de 2006 1, los señores Rafael Guillermo Lora Percia y otros2 interpusieron demanda de reparación directa contra la E.S.E Hospital San Juan Nepomuceno -en adelante, Hospital San Juan Nepomuceno-, el departamento

1 Folios 3 a 18 del cuaderno digital 6. 2 La parte demandante en el litigio declarativo estaba compuesta por las siguientes personas: Rafael Guillermo Lora Percia, María Carolina Lora Sarmiento, Luis Armando Lora Sarmiento, Otilia Carreño

1 Folios 3 a 18 del cuaderno digital 6. 2 La parte demandante en el litigio declarativo estaba compuesta por las siguientes personas: Rafael Guillermo Lora Percia, María Carolina Lora Sarmiento, Luis Armando Lora Sarmiento, Otilia Carreño Sarmiento, Leopoldo Sarmiento Carreño, Liliana Sarmiento C arreño, Edmundo Sarmiento Carreño, Otilda Rosalba Lora Percia, José Luis Sarmiento Lora y Hugues Alberto Maya Castilla.Radicación: 11001-03-26-000-2019-00190-00 (65.511)

Recurrente: E.S.E. Hospital San Juan Nepomuceno Opositor: Rafael Guillermo Lora Percia y otros Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011)

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de Bolívar, el municipio de San Juan Nepomuceno y la Clínica Vargas Ltda. -en lo sucesivo, Clínica Vargas -, con el fin de que se les indemnizaran los perjuicios causados, como consecuencia de la falla médica que produjo la muerte de la señora María Elvira Sarmiento Carreño, ocurrida el 23 de noviembre de 2004.

4. En el escrito inicial se indicó que, el 5 de agosto de 2004, la Clínica Vargas le practicó a la señora Sarmiento Carreño unos exámenes que reportaron “estado de gravidez positivo”3, así como una ecografía que demostraba “un embarazo fuera del útero”4, la cual fue realizada por el Hospital San Juan Nepomuceno.

5. El 9 de agosto siguiente, la Clínica Vargas le diagnosticó a la señora

de gravidez positivo”3, así como una ecografía que demostraba “un embarazo fuera del útero”4, la cual fue realizada por el Hospital San Juan Nepomuceno.

5. El 9 de agosto siguiente, la Clínica Vargas le diagnosticó a la señora Sarmiento Carreño “embarazo anembriónico”5, razón por la cual, a las 5:45 p.m. de ese mismo día, en las instalaciones de la Clínica “San Gabriel” Ltda., el médico Javier Mercado Ebratt le practicó legrado uterino y ordenó mantener a la paciente en observación en casa. Sin embargo, a las 11:35 p.m., luego de presentar complicaciones, la mencionada señora fue internada en el Hospital San Juan Nepomuceno, lugar en el que el galeno Mercado Ebratt realizó impresión diagnóstica por “amenaza aborto embarazo anembriónico”6.

6. El 13 de agosto de 2004, la re currente remitió a la paciente a la Clínica Vargas, donde le diagnosticaron “abdomen agudo secundario a perforación de víscera hueca” 7, como consecuencia, el 18 de agosto siguiente, se le practicó laparotomía explorativa y posteriormente una histerectomía total, resección de íleo con anastomosis término-terminal y lavado de cavidad abdominal, por lo que el 2 de septiembre de ese mismo añ o, se ordenó la salida de la señora María Elvira

Sarmiento Carreño.

7. En la demanda se adujo que, en consideración a que no mostraba mejoría alguna, el 15 de septiembre de 2004 la señora Sarmiento Carreño reingresó a la

Sarmiento Carreño.

7. En la demanda se adujo que, en consideración a que no mostraba mejoría alguna, el 15 de septiembre de 2004 la señora Sarmiento Carreño reingresó a la Clínica Vargas con cuadro de “salida de material fecaloide por la herida quirúrgica”8, por lo que fue hospitalizada y se inició tratamiento farmacológico por 55 días sin respuesta. El 10 de noviembre de ese mismo año, se le realizó intervención quirúrgica “para la resección de la f ístula entero-cutánea y vesical, con una nueva anastomosis término -terminal de íleo” 9, por ende, fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos, lugar en el que falleció el 23 de noviembre siguiente, debido a “shock séptico y falla multisistémica”10.

8. El Hospital San Juan Nepomuceno 11 se opuso a la prosperidad de las pretensiones, para lo cual sostuvo que la atención médica brindada por ese centro médico fue diligente, sumado a ello, esa entidad no fue la que le practicó el legrado uterino a la paciente y, por ende, no se le podía endilgar el daño alegado.

3 Folio 4 de la demanda de reparación directa. 4 Ibidem. 5 Ibidem. 6 Ibidem. 7 Ibidem. 8 Folio 5 de la demanda de reparación directa. 9 Folio 6 de la demanda de reparación directa. 10 Ibidem. 11 Folios 97 a 101 del cuaderno digital 6.Radicación: 11001-03-26-000-2019-00190-00 (65.511)

Recurrente: E.S.E. Hospital San Juan Nepomuceno

10 Ibidem. 11 Folios 97 a 101 del cuaderno digital 6.Radicación: 11001-03-26-000-2019-00190-00 (65.511)

Recurrente: E.S.E. Hospital San Juan Nepomuceno Opositor: Rafael Guillermo Lora Percia y otros Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011)

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9. La Clínica Vargas12 indicó que no se acreditó responsabilidad alguna de su parte. El departamento de Bolívar y el municipio de San Juan de Nepomuceno guardaron silencio.

10. Mediante sentencia del 25 de septiembre de 2017 13, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cartagena resolvió: (i) declarar administrativamente responsable al Hospital San Juan Nepomuceno; (ii) decretar probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Clínica Vargas y el departamento de Bolívar, y (iii) condenar al mencionado hospital público a pagar $1.243’481.794 por concepto de perjuicios materiales e inmateriales. En dicho fallo no hubo pronunciamiento alguno respecto de la responsabilidad del citado Municipio.

11. El a quo explicó que, de conformidad con el material probatorio que obraba en el expediente, el menoscabo alegado le era imputable al referido hospital, porque, desde que la señora María Elvira Sarmiento Carreño ingresó a ese centro médico, ya presentaba “sangrado vaginal”14 e incluso se podía advertir “perforación del uterino dado que fue precisamente el Dr. Mercado Ebratt quien realizó el procedimiento de legrado uterino instrumental el que registró el ingreso de la

médico, ya presentaba “sangrado vaginal”14 e incluso se podía advertir “perforación del uterino dado que fue precisamente el Dr. Mercado Ebratt quien realizó el procedimiento de legrado uterino instrumental el que registró el ingreso de la paciente al centro hospitalario (…)” 15; sin embargo, no se estudió una posible perforación intestinal, lo que a la postre originó un cuadro de sepsis por peritonitis.

12. La primera instancia concluyó que: (i) el médico Javier Mercado Ebratt fue quien atendió a la víctima directa, primero en un establecimiento privado, luego como empleado del hospital demandado, pero no diagnosticó y trató oportunamente la mencionada perforación uterina; (ii) la entidad condenada permitió que el mencionado galeno ingresara y atendiera a la paciente, a pesar de que ese día él no se encontraba de servicio, y (iii) la accionada se tardó en remitir a la señora Sarmiento Carreño a un centro médico de nivel de complejidad superior.

13. El juzgado indicó que, si bien los cuñados y el sobrino de la víctima directa demostraron el parentesco con ella, lo cierto es que no probaron afectación alguna de índole emocional por la que hubiesen sufrido daños morales. Aunado a ello, denegó lo referen te a los perjuicios de “la vida de relación” , porque lo que los accionantes reclamaron fue reconocido a título de menoscabo moral.

14. La parte actora apeló la anterior determinación 16, para lo cual argumentó que lo referente a los daños a bienes constitucionales y convencionalmente protegidos son autónomos e independientes a los perjuicios morales, por lo que

14. La parte actora apeló la anterior determinación 16, para lo cual argumentó que lo referente a los daños a bienes constitucionales y convencionalmente protegidos son autónomos e independientes a los perjuicios morales, por lo que debió accederse a su respectivo reconocimiento.

12 Folios 941 a 944 del cuaderno digital 6. 13 Folios 1399 a 1412 del cuaderno digital 7. 14 Folio 17 de la sentencia de primera instancia. 15 Ibidem. 16 Folios 1414 a 1416 del cuaderno digital 7.Radicación: 11001-03-26-000-2019-00190-00 (65.511)

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15. A través de fallo del 24 de enero de 2019 17, el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina18 confirmó la decisión de primer grado.

16. De manera preliminar, se determinó que la segunda instancia se limitaría a estudiar la procedencia o no de la indemnización por daños a bienes constitucional y convencionalmente protegidos, toda vez que no se controvirtió lo concerniente a la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Hospital San Juan Nepomuceno, así como tampoco lo relativo a los demás perjuicios reconocidos por el a quo.

17. El ad quem señaló que, de acuerdo con el material probatorio que obraba en el expediente, los perjuicios alegados por los demandantes se subsumían en las sumas de dinero otorgadas por daño moral, sin que se demostrara alguna

17. El ad quem señaló que, de acuerdo con el material probatorio que obraba en el expediente, los perjuicios alegados por los demandantes se subsumían en las sumas de dinero otorgadas por daño moral, sin que se demostrara alguna afectación especial que ameritara el reco nocimiento de lo que se reclama vía apelación.

Recurso extraordinario de revisión y oposición

18. El 16 de diciembre de 201919, el Hospital San Juan Nepomuceno interpuso recurso extraordinario de revisión contra el fallo de segunda instancia, para lo cual invocó las causales previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, relativas a: (i) recobrar después de la sentencia documentos decisivos que el recurrente no pudo aportar por causas ajenas a su voluntad, y (ii) haberse dictado la providencia con fundamento en documentos falsos o adulterados20.

19. Respecto de la primera causal, la parte recurrente sostuvo que, en sede de reparación directa, fue decretado como prueba el proceso penal que se adelantó por el delito de homicidio culposo contra el médico Javier Mercado Ebratt, con ocasión de la muerte de la señora Sarmiento Carreño. Sin embargo, luego de dictada la sentencia controvertida, advirtió que el orden y foliatura de las correspondientes piezas procesales fue adulterado, sumado a ello, se sustrajo una ecografía obstétrica del 5 de agosto de 2004, documento que fue recobrado luego de dictado el fallo censurado tras revisar nuevamente la referida investigación penal y permitía establecer que no se incurrió en alguna falla en el servicio, según el dictamen pericial aportado en sede extraordinaria.

de dictado el fallo censurado tras revisar nuevamente la referida investigación penal y permitía establecer que no se incurrió en alguna falla en el servicio, según el dictamen pericial aportado en sede extraordinaria.

20. Frente a la segunda causal, se alegó que, el 12 de diciembre de 2006, aportó al proceso de reparación directa -junto con la contestación de la demanda -, copia de la historia clínica de la señora Sarmiento Carreño en el Hospital San Juan Nepomuceno. En este documento, adujo la recurrente, se observa que el 9 de

17 Folios 761 a 789 del cuaderno digital 5. 18 Tribunal que, de conformidad con los Acuerdos PCSJA18-10913 y PCSJA18-11167 expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura el 20 de marzo y el 6 de diciembre de 2018, respectivamente, asumió el conocimiento de 141 procesos del sistema escritural que s e encontraban para sentencia en el Tribunal Administrativo de Bolívar, incluido el litigio en el que se profirió el fallo objeto de revisión. 19 Folio 1 del cuaderno 1. 20 El presente recurso de revisión fue admitido por esta Corporación por medio de proveído del 4 de septiembre de 2020, previa inadmisión del 11 de febrero anterior. Además, el 10 de octubre de ese mismo año, el expediente de la referencia fue digitalizado e n su totalidad. El 14 de diciembre siguiente, se rechazó por improcedente la solicitud de medidas cautelares presentada por la

recurrente. Índices 3, 12, 13 y 33 de Samai, respectivamente.Radicación: 11001-03-26-000-2019-00190-00 (65.511)

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agosto de 2004 a la mencionada paciente “se le realizo procedimiento” . Sin embargo, una vez finalizado el proceso ordinario, se advirtió que, en el marco de la mencionada investigación penal, el 15 de marzo de 2005 la hermana de la víctima directa aportó copia del mencionado documento en la que no figura la citada anotación21.

21. En contraposición, los señores Rafael Guillermo Lora Percia y otros 22 alegaron que la sentencia censurada se dictó en el marco del proceso ordinario en el que se garantizó el debido proceso a la recurrente, de ahí que era a esa entidad a la que le correspondía allegar todas las imágenes diagnósticas que tuviera en su poder dentro de las fases procesales pertinentes y, por ende, no era admisible que, vía extraordinaria de revisión, pretendiera subsanar la omisión probatoria en que incurrió. Aunado a ello, fue el Hospital San Juan Nepomuceno el que allegó la historia clínica s upuestamente adulterada al litigio declarativo y, en todo caso, si consideraba que se presentaban inconsistencias frente a los elementos que constaban en el proceso penal, debió tachar de falsos las respectivas piezas23.

22. Los herederos determinados de la señora Otilia Sarmiento Carreño 24

consideraba que se presentaban inconsistencias frente a los elementos que constaban en el proceso penal, debió tachar de falsos las respectivas piezas23.

22. Los herederos determinados de la señora Otilia Sarmiento Carreño 24 reiteraron los argumentos expuestos por los demás accionantes del litigio de reparación directa.

23. La curadora ad litem25 de los herederos indeterminados de la señora Otilia Sarmiento Carreño indicó que las pruebas censuradas estuvieron bajo la custodia de la entidad recurrente y, por ende, ese centro hospitalario debió velar por el cuidado correcto de tales documentos, sin que las correspondientes irregularidades fueran imputables a la parte opositora en el presente caso.

24. El municipio de San Juan Nepomuceno Bolívar 26, a pesar de constituir apoderado, no intervino ante esta Corporación.

25. El departamento de Bolívar, la Clínica Vargas, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio.

21 Posteriormente, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones: (i) mediante providencia del 23 de febrero de 2021, se requirió al abogado Julio César Munera Cavadías para que aportara el poder conferido por las personas naturales que conforman la parte opositora; (ii) a través de proveído del 11 de octubre siguiente, se ordenó vincular en calidad de demandados, a los herederos determinados e indeterminados de la señora Otilia Carreño Sarmiento y requerir a la recurrente y las personas naturales accionadas para que info rmaran los canales de notificación de señores Otilda

determinados e indeterminados de la señora Otilia Carreño Sarmiento y requerir a la recurrente y las personas naturales accionadas para que info rmaran los canales de notificación de señores Otilda Rosalba Lora Percia, José Luis Sarmiento Lora y Hugues Alberto Maya Castilla; (iii) en auto del 3 de febrero de 2022, se declaró configurada la notificación por conducta concluyente respecto de los herederos determinados de la señora Otilia Carreño Sarmiento, se reconoció personería al profesional del derecho Munera Cavadias como apodera do de los señores Lora Percia, Sarmiento Lora y Maya Castilla, sumado a ello, se dispuso emplazar a los herederos indeterminados de la señora Otilia Carreño Sarmiento, y (iv) como consecuencia, en providencia del 6 de abril de 2022, se designó a la abogada Angélica Cuéllar Gil como curadora ad litem de los herederos indeterminados, la referida profesional del derecho se posesionó el 24 de mayo siguiente. Índices 33, 37, 45, 59, 65 y 73 de Samai. 22 En concreto, las mismas personas relacionadas en la nota a pie de página número 2 de la presente providencia, salvo la señora Otilia Sarmiento Carreño, quien falleció antes de que se formulara el recurso extraordinario de revisión de la referencia. 23 Índice 29 de Samai. 24 En concreto, los señores Edmundo Sarmiento Carreño, Leopoldo Sarmiento Carreño, Liliana Sarmiento Carreño y María Carolina Lora Sarmiento. 25 Índice 79 de Samai.

24 En concreto, los señores Edmundo Sarmiento Carreño, Leopoldo Sarmiento Carreño, Liliana Sarmiento Carreño y María Carolina Lora Sarmiento. 25 Índice 79 de Samai. 26 Índice 28 de Samai.Radicación: 11001-03-26-000-2019-00190-00 (65.511)

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Trámite probatorio en el sub lite

26. Mediante auto del 28 de julio de 2022 27, se decretaron como pruebas los siguientes elementos allegados por la recurrente: (i) las sentencias de primera y segunda instancia proferidas en sede de reparación directa; (ii) el expediente penal bajo radicación 13244-31-89001-2010-00479, así como el del proceso declarativo;

(iii) el informe pericial del 12 de noviembre de 2019, por medio del cual se pretende demostrar el alcance técnico y/o científico de la ecografía del 5 de agosto de 2004 -supuestamente recobrada-, y (iv) se ordenó librar ofició a la Fiscalía 11 Seccional de El Carmen de Bolívar para que aportara copia digital de la causa penal con radicado No. 2019-10295, correspondiente a la investigación que se adelantó por la supuesta adulteración de documentos en el litigio ordinario.

27. Revisado el citado expediente penal, a través de proveído del 20 de junio de 2023 28, entre otras decisiones 29, se: (i) decretó como prueba el informe

supuesta adulteración de documentos en el litigio ordinario.

27. Revisado el citado expediente penal, a través de proveído del 20 de junio de 2023 28, entre otras decisiones 29, se: (i) decretó como prueba el informe grafológico solicitado por el Hospital San Juan Nepomuceno, y (ii) designó al Laboratorio de Grafología y Documentología Forense de la Seccional Bogotá del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses -en lo subsiguiente, Medicina Legalpara que elaborara dicha experticia, de acuerdo con el cuestionario planteado en el referido auto.

28. Luego de diversas actuaciones, el 24 de junio de 2025 30, Medicina Legal aportó en sobre sellado “Informe Pericial Grafológico y Documentológico DRBOGRDOF-0000042-2025 y ANEXOS”. Como consecuencia, a través de providencia del 28 de julio siguiente 31, la referida experticia se dio a conocer a las partes y se corrió traslado. El 8 de septiembre del año en curso 32, se rechazó la solicitud de “complementación” formulada por la recurrente, determinación que no fue controvertida33.

CONSIDERACIONES

Delimitación de los problemas jurídicos y metodología para adoptar la presente decisión

29. La Sala decidirá el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte recurrente contra la sentencia de segunda instancia del 24 de enero de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catali na, en cuanto no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, y se evidencia el cumplimiento de los presupuestos

proferida por el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catali na, en cuanto no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, y se evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales de: competencia, recurso en tiempo y legitimación en la causa.

27 Índice 81 de Samai. 28 Índice 121 de Samai. 29 En la referida providencia, también se dispuso: (i) remitir al perito la historia clínica aportada por la recurrente en el litigio declarativo, así como la que consta en el proceso penal que se adelantó por la muerte de la señora Sarmiento Carreño, y (ii) requerir al recurrente para que allegara la historia clínica original que reposaba en sus archivos. 30 Índice 253 de Samai. 31 Índice 255 de Samai. 32 Índice 265 de Samai. 33 El expediente ingresó al despacho del magistrado ponente para dictar sentencia el 17 de septiembre de 2025. Índice 269 de Samai.Radicación: 11001-03-26-000-2019-00190-00 (65.511)

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30. Para lo anterior, se resolverán los siguientes problemas jurídicos: (i) ¿la causal de revisión prevista en el numeral 1 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 habilita a las partes para que aleguen inconsistencias respecto de los documentos decretados como prueba en el litigio declarativo?; (ii) ¿la ecografía obstétrica del 5

habilita a las partes para que aleguen inconsistencias respecto de los documentos decretados como prueba en el litigio declarativo?; (ii) ¿la ecografía obstétrica del 5 de agosto de 2004 constituye un elemento recobrado?; (iii) ¿es posible imputar las adulteraciones de una prueba a la parte contraria, a pesar de que el respectivo documento estaba bajo la custodia del recurrente?; (iv) ¿se demostró el momento en el que la historia clínica de la paciente sufrió la supuesta variación invocada, y (v) ¿ese escrito podía variar la decisión controvertida?

31. Con el fin de resolver los problemas jurídicos planteados, se analizará el alcance de las referidas causales de revisión, para luego determinar si lo relativo a las supuestas inconsistencias del expediente penal decretado como prueba en el proceso ordinario da lugar a su configuración. Después, se estudiará si la citada ecografía corresponde a un documento recuperado o, por el contrario, su incorporación al litigio declarativo siempre fue posible. Seguidamente, se analizará el alcance de los alegatos relacionados con elementos falsos o adulterados, para lo cual es fundamental establecer quién tenía a su cargo la custodia de los documentos indicados y si realmente la circunstancia descrita afectaba o no la determinación adoptada por el juez de reparación directa.

32. De manera previa, se presentarán algunas consideraciones generales frente a la naturaleza del recurso extraordinario de revisión.

Naturaleza del recurso extraordinario de revisión

33. El recurso extraordinario de revisión tiene por objeto permitir que las sentencias ejecutoriadas puedan ser analizadas nuevamente e invalidadas en aquellos casos en los que se ha obtenido por medios irregulares o carecen de

33. El recurso extraordinario de revisión tiene por objeto permitir que las sentencias ejecutoriadas puedan ser analizadas nuevamente e invalidadas en aquellos casos en los que se ha obtenido por medios irregulares o carecen de verdad, por razones no imputables a la parte afectada, conservando la finalidad de preservar el valor de la justicia y la seguridad jurídica que brinda la figura de la cosa juzgada34; por ende, ese mecanismo judicial no tiene como finalidad promover otra instancia del proceso ordinario35.

34. Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta

Corporación ha sostenido lo siguiente:

“El [recurso extraordinario de revisión] no constituye una instancia adicional, la tercera en este caso, en la que los interesados pueden replantear el asunto objeto del litigio original para que el Juez de la Revisión lo reexamine o analice una vez más (…).

En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta con trámite propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 20 de febrero de 2020, exp: 56.976. 35 Ver, entre otros, los siguientes pronunciamientos de la Sección Tercera, Subsección A: (i) sentencia del 14 de junio de 2019, C.P. María Adriana Marín, exp: 50.330; (ii) sentencia del 8 de

mayo de 2019, C.P.: Marta nubia Velásquez Rico exp: 46.453, y (iii) sentencia del 5 de octubre de 2016, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, exp: 41.222.Radicación: 11001-03-26-000-2019-00190-00 (65.511)

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del debido proceso, hasta culminar con un fallo que define sobre la legalidad de una sentencia ejecutoriada (…)”36 (se resalta).

35. En las condiciones analizadas, el recurso extraordinario de revisión no está instituido para cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario, sino que procede en determinadas y especiales circunstancias taxativamente consagradas en la ley, las cuales, en todo caso, no deben ser imputables al afectado con el fallo. Así lo ha precisado la jurisprudencia37:

“El recurso de revisión, como extraordinario que es, sólo tiene cabida en los precisos casos que señala la ley y sobre la base de que se interponga dentro del término que este establece. Como no constituye una tercera instancia, que sería contraria al sistema procesal que rige en Colombia, el recurrente no puede mediante el recurso suplir las deficiencias de orden probatorio en que se incurrió en el proceso cuya sentencia quiere que sea revisada o en sus alegaciones jurídicas o remediar omisiones cometidas en defensa de los intereses de la parte que resultó desfavorecida.

La regla general, en el recurso de que se trata, es la posibilidad de desvirtuar la

jurídicas o remediar omisiones cometidas en defensa de los intereses de la parte que resultó desfavorecida.

La regla general, en el recurso de que se trata, es la posibilidad de desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que ampara a las sentencias res iudicata pro veritate habetur, demostrando plenamente que esa sentencia estaba fundada en una realidad procesal contraria a la verdad, que fue demostrada con pruebas falsas o que tal verdad no pudo ser acreditada en el proceso no por descuido, omisión o negligencia de la parte interesada, sino por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria, en cuya virtud las pruebas pertinentes no pudieron ser allegadas al proceso, y además en ambos casos, que de no haber mediado esas circunstancias imprevistas e irresistibles para el interesado, la decisión habría sido otra”.

36. En suma, el carácter excepcional del recurso extraordinario de revisión supone que no puede utilizarse “para cuestionar la actividad interpretativa, ni la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material”38. Es fundamental que los hechos del caso se subsuman en la causal invocada sin recurrir a interpretaciones amplias que reabran la discusión como si fuera una nueva instancia judicial.

Alcance de la causal de revisión establecida en el numeral 1 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011

37. El numeral 1 del artículo 250 ejusdem prevé como causal de revisión el hecho

judicial.

Alcan