CE - Sentencia 11001032600020200014300 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D. C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-26-000-2020-00143-00 (66359)

Demandante: ÁLVARO NAVIA REYES

Demandado: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD AGRARIA

Temas: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – Recuperación de bienes baldíos indebidamente ocupados / ACTO DE ADMINISTRATIVO PROFERIDO EN CUMPLIMIENTO DE UNA ORDEN JUDICIAL – Por regla general, no es susceptible de control judicial.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La Sala decide la acción de nulidad agraria presentada por el señor Álvaro Navia Reyes en contra de las Resoluciones 22984 y 26659 -correccióndel 12 y 25 de noviembre de 2020, mediante las cuales la Agencia Nacional de Tierras – ANT adicionó un parágrafo a un acto administrativo expedido previamente, por medio de la cual se aclaró un acto administrativo que concluyó un procedimiento de recuperación de baldíos indebidamente ocupados.

II. ANTECEDENTES

1.1 Demanda1

Mediante escrito presentado el 18 de diciembre de 2020 2, el señor Álvaro Navia Reyes, actuando por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda de nulidad agraria en contra de la Agencia Nacional de Tierras – ANT, para que se

Reyes, actuando por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda de nulidad agraria en contra de la Agencia Nacional de Tierras – ANT, para que se accediera a las siguientes pretensiones:

1 Previo al estudio de admisibilidad, el Despacho advirtió la existencia de otros procesos en los que se había planteado el mismo debate jurídico de la presente litis, razón por la cual ordenó a la secretaría de la Sección remitir el expediente al Despacho del consejero Alberto Montaña Plata para que se estudiara la posible acumulación de procesos (índice 4 del SAMAI). Sin embargo, mediante auto del 7 de diciembre de 2021, el referido Despacho decidió no acumular los procesos, toda vez que ya había pasado el momento procesal correspondiente (índice 7 del SAMAI). 2 Obrante en el índice 1 del SAMAI.Radicación:11001-03-26-000-2020-00143-00 (66359)

Actor: Álvaro Navia Reyes Demandado: Agencia Nacional de Tierras - ANT Referencia: Acción de Nulidad Agraria – Decreto Ley 902 de 2017

2

1. Se declare que son nulas las resoluciones 22.984 y 26.659 de 12 y 26 de noviembre de 2020 proferidas por la Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

2. Se declare, en consecuencia, que no hay lugar a la desocupación del predio de que tratan tales resoluciones.

3. Se ordene, por lo mismo, la cancelación de la inscripción de las mismas en el registro inmobiliario.

Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró lo siguiente:

3. Se ordene, por lo mismo, la cancelación de la inscripción de las mismas en el registro inmobiliario.

Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró lo siguiente:

El 24 de octubre de 2002, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -Incora-, en virtud de las disposiciones contenidas en la Ley 160 y el Decreto 2664 de 1994, inició un procedimiento administrativo de recuperación de terrenos baldíos indebidamente ocupados, en contra del señor Álvaro Navia Reyes sobre el predio denominado “Gente de Mar”, ubicado en el sector La Punta de Isla Grande, Archipiélago del Rosario, jurisdicción del Distrito Turístico de Cartagena de Indias, departamento de Bolívar.

El procedimiento en cita concluyó con la expedición de la Resolución 1935 3 del 27 de julio de 2007, que declaró que el demandante ejercía indebida ocupación sobre un predio identificado y delimitado en la diligencia de inspección ocular del 2 de enero de 2007, cuya área total es de 1.100 metros cuadrados. En consecuencia, la resolución en comento ordenó al demandante restituir el predio y disponer su inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble.

Mediante sentencia tutela del 19 de abril de 2013, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena ordenó a la autoridad agraria que aclarara la extensión, ubicación, coordenadas, linderos y colindantes del área que fue declarada como indebidamente ocupada. En cumplimiento de esa orden judicial, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER profirió la Resolución 2568 de 2015

ubicación, coordenadas, linderos y colindantes del área que fue declarada como indebidamente ocupada. En cumplimiento de esa orden judicial, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER profirió la Resolución 2568 de 2015 en la que se precisó el área indebidamente ocupada por el demandante.

Según lo afirma el actor, dicha actuación determinó un inmueble distinto al inicialmente objeto del procedimiento administrativo « con diferentes linderos y con una extensión superficial diferente», puesto que se señaló que área ocupada correspondía a 4ha y 2.991 m2.

Posteriormente, la Agencia Nacional de Tierras, alegando el cumplimiento de la orden judicial adoptada en el citado fallo de tutela, profirió las Resoluciones 22984

3 Contra la resolución que se explica se interpuso recurso de reposición, que fue resuelto mediante Resolución 2226 de 2010 en el sentido de confirmarla.Radicación:11001-03-26-000-2020-00143-00 (66359)

Actor: Álvaro Navia Reyes Demandado: Agencia Nacional de Tierras - ANT Referencia: Acción de Nulidad Agraria – Decreto Ley 902 de 2017

3 y 26659 -su correccióndel 12 y 25 de noviembre de 2020, mediante las que decidió adicionar al artículo primero de la Resolución 2568 de 2015 un parágrafo especificando el área objeto del procedimiento administrativo, correspondiente a 1.100 m2 «dentro de la cabida general del predio de 4 ha y 2991 m2».

1.2 Las normas violadas y el concepto de violación

En la demanda se afirma que las Resoluciones 22984 y 26659 -su correccióndel

1.2 Las normas violadas y el concepto de violación

En la demanda se afirma que las Resoluciones 22984 y 26659 -su correccióndel 12 y 25 de noviembre de 2020 se encuentran viciadas de nulidad, comoquiera que:

1. Se refieren a un terreno diferente a aquel que fue sometido al proceso de recuperación de baldíos, que concluyó con las Resoluciones 1935 de 2007 y 2226 de 2010, razón por la cual se debía llevar a cabo el procedimiento administrativo correspondiente para su expedición. El demandante afirma que, aunque pareciera que los actos administrativos hicieron referencia al predio que al inicio fue declarado como indebidamente ocupado -cuya extensión es de 1.100 m2-, el análisis detallado de las consideraciones expuestas en las resoluciones cuestionadas revela que se trata de un inmueble diferente, cuyos linderos y cabida son distintos a los de aquel que fue objeto de la actuación inicial.

Es por ello que, para declarar la indebida ocupación del área en litigio, la Agencia Nacional de Tierras debía seguir el procedimiento administrativo vigente para la fecha de presentación de la demanda, es decir, aquel que está consagrado en los artículos 58, ordinal 8, 60, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 75, 77, 78, 79 y 80 del Decreto Ley 902 de 2011.

1. No fueron debidamente notificadas, ya que solo se ordenó su comunicación a través de medios electrónicos.

1. La Agencia Nacional de Tierras carece de competencia para decidir sobre la recuperación de los bienes baldíos indebidamente ocupados que estén ubicados en

través de medios electrónicos.

1. La Agencia Nacional de Tierras carece de competencia para decidir sobre la recuperación de los bienes baldíos indebidamente ocupados que estén ubicados en distritos especiales, como Cartagena de Indias. De acuerdo con la Ley 768 de 2002, que rige el estat uto político, administrativo y fiscal de los Distritos Especiales de Barranquilla, Cartagena de Indias y Santa Marta, las autoridades distritales son las entidades competentes para llevar a cabo la «recuperación de los bienes de uso público de su jurisdicción, según lo dispuso el artículo 3 de la Ley 48 de 1882».

Debido a esta facultad, y a la presunta naturaleza de bien baldío asignada por las resoluciones impugnadas al predio ubicado en la Isla Grande del Archipiélago deRadicación:11001-03-26-000-2020-00143-00 (66359)

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4 Nuestra Señora del Rosario, Corregimiento de Barú, Distrito de Cartagena de Indias, el bien baldío, que considera es el actor es un bien de uso público, debe ser recuperado únicamente por las autoridades del Distrito de Cartagena de Indias.

1.3 Contestación de la demanda4

La entidad demandada se opuso a las pretensiones. Como razones de su defensa, señaló que los actos administrativos cuestionados se limitan a cumplir con la orden de tutela impartida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el sentido de precisar las coordenadas geográficas del predio y área ocupada que

señaló que los actos administrativos cuestionados se limitan a cumplir con la orden de tutela impartida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el sentido de precisar las coordenadas geográficas del predio y área ocupada que fueron definidas mediante las Resoluciones 1935 de 2007 y 2568 de 2015.

Explicó que mediante la Resolución 1935 de 2007 se declaró que el señor Álvaro Navia Reyes ejercía una indebida ocupación sobre un predio denominado Gente de Mar, ubicado en las Islas de Nuestra Señora del Rosario; zona que había sido determinada como bien baldío reservado al Estado.

Igualmente, indicó que la acción de tutela que amparó el derecho al debido proceso del señor Enrique Leonel Rambal Flórez, representante y administrador del hotel Gente de Mar S.A.S., concluyó que las resoluciones que dieron fin al procedimiento administrativo de recuperación de bienes baldíos no habían georreferenciado el área del territorio objeto de la declaratoria de indebida ocupación, razón por la cual era necesario proceder con su correcta identificación.

En este sentido, señaló que, en cumplimiento del referido fallo de tutela, se expidió la Resolución 2568 de 2015, por medio de la cual se identificó el área baldía objeto de recuperación. Asimismo, indicó que las Resoluciones 22984 y 26659 -su correccióndel 12 y 25 de noviembre de 2020 solo realizaron una precisión sobre la Resolución del 2015, en el sentido de agregar y aclarar « las coordenadas geográficas […] teniendo en cuenta, que se contaba con información de mayor precisión dado que la evolución tec nológica y técnica permite una medición más específica».

Resolución del 2015, en el sentido de agregar y aclarar « las coordenadas geográficas […] teniendo en cuenta, que se contaba con información de mayor precisión dado que la evolución tec nológica y técnica permite una medición más específica».

Sobre este punto, destacó que todos los actos administrativos expedidos respecto a esta situación fueron de pleno conocimiento del demandante, toda vez que (i) los mismos están registrados en el folio de matrícula inmobiliaria del predio en cuestión y (ii) estas decisiones se comunicaron debida y oportunamente.

4 Obrante en el índice 27, 28 y 29 del SAMAI.Radicación:11001-03-26-000-2020-00143-00 (66359)

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5 Así las cosas, afirmó que los actos atacados fueron expedidos con arreglo del artículo 48 de la Ley 160 de 1994 y el Decreto 1071 de 2015, cuya naturaleza consistía en adicionar una precisión respecto al área ocupada que había sido determinada en la Resolu ción 2568 del 2015 que, a su vez, aclaró la resolución 1935 de 2007. Todo esto en cumplimiento de la función de administrar, motivar y requerir los procesos de recuperación de baldíos reservados de la Nación, prevista para la ANT en el artículo 4, numeral 24 del Decreto 2363 y el artículo 2.14.19.3.3 del Decreto 1071, ambos del 2015.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

para la ANT en el artículo 4, numeral 24 del Decreto 2363 y el artículo 2.14.19.3.3 del Decreto 1071, ambos del 2015.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Decreto Ley 902 de 2017 en sus artículos 52 5 y 796 definió que, ante vacíos en la regulación de la etapa judicial, se deberán aplicar los supuestos normativos consagrados en la Ley 1564 de 2012, relativos al proceso verbal sumario, o a la norma que le modifique o sustituya, y en su defecto, aquellas norma s que regulen casos análogos, y a falta de éstas con los principios constitucionales y los generales del derecho procesal.

De ahí que, en principio y de conformidad con el artículo 390 del citado estatuto procesal, es competencia de los jueces de rango municipal en única instancia avocar conocimiento respecto de estos asuntos; no obstante, dado que la jurisdicción contenciosa administrativa, en su estructura, no tiene jueces de ese rango, resulta menester acudir al precepto de residualidad consagrado en la Ley 1437 de 2011.

Dado que la presente acción inició en vigencia de la Ley 1437 de 2011, sin la modificación que a ella le supuso la Ley 2080 de 20217, el conocimiento del asunto

5 «Artículo 52. Vacíos y deficiencias de la regulación. Salvo los eventos de remisión expresa, cualquier vacío en las disposiciones que regulen la fase administrativa se informarán con las normas de la Ley 1437 de 2011, y en lo correspondiente a la fase judi cial, se llenará con las normas de la

cualquier vacío en las disposiciones que regulen la fase administrativa se informarán con las normas de la Ley 1437 de 2011, y en lo correspondiente a la fase judi cial, se llenará con las normas de la 1564 de 2012, o la norma que le modifique o sustituya, en su defecto, aquellas normas que regulen casos análogos, y a falta de éstas con los principios constitucionales y los generales de derecho procesal.» 6 «Artículo 79. Normas aplicables a la etapa judicial. Mientras se expide un procedimiento judicial especial de conocimiento de las autoridades judiciales a las que se refiere el artículo anterior, se aplicarán las normas de la Ley 1564 de 2012 relativas al proceso verbal sumario, o la norma que le modifique o sustituya, en su defecto, aquellas normas que regulen casos análogos, y a falta de éstas son los principios constitucionales y los generales de derecho procesal.» 7 Al respecto se precisa que de conformidad con el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021, las normas sobre competencia contenidas en dicha disposición normativa, solo empezarán a regir a partir de un año después de su promulgación, por lo que en los términos del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, que señala que «la competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con queRadicación:11001-03-26-000-2020-00143-00 (66359)

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6

Actor: Álvaro Navia Reyes Demandado: Agencia Nacional de Tierras - ANT Referencia: Acción de Nulidad Agraria – Decreto Ley 902 de 2017

6 deberá ser asumido, en única instancia, por el Consejo de Estado, en virtud de la disposición normativa consagrada en el numeral 14 del artículo 149 del referido cuerpo normativo, que esta Corporación debía conocer de « todos los demás de carácter Contencioso Administrativo para los cuales no exista regla especial de competencia».

2. Improcedencia de la acción de nulidad agraria en el caso concreto

La Sala advierte, desde el inicio, que las resoluciones cuya nulidad se solicita corresponden a actos administrativos de ejecución proferidos en cumplimiento de una orden judicial. En tal virtud, dichos actos no son susceptibles de control jurisdiccional p or parte de esta Corporación, conforme a los criterios jurisprudenciales consolidados sobre la materia.

Con el fin de sustentar adecuadamente esta determinación, la Subsección considera necesario exponer de manera sucinta los hechos y actuaciones jurídicamente relevantes dentro del trámite administrativo de recuperación de bien baldío indebidamente ocupado, a efectos de determinar con precisión la naturaleza de los actos enjuiciados y así establecer la improcedencia jurídica de la acción de revisión agraria en el caso concreto.

En primer lugar, debe precisarse que el inmueble denominado “Gente de Mar” se encuentra localizado en una de las islas que conforma el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, respecto del cual, desde algunos años quedó establecido que los predios allí localizados son bienes baldíos. Esta determinación se realizó a

encuentra localizado en una de las islas que conforma el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, respecto del cual, desde algunos años quedó establecido que los predios allí localizados son bienes baldíos. Esta determinación se realizó a través del procedimiento de clarificación de la propiedad que concluyó con las Resoluciones No. 4698 del 27 de septiembre de 1984 y No. 4394 del 15 de septiembre de 1986 -confirmatoria de la anterior -, proferidas por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – INCORA.

Sobre la base de la anterior determinación, la autoridad agraria dio inicio a un procedimiento de recuperación de bien baldío indebidamente ocupado, con el objetivo de restituir la tenencia de un bien respecto del cual previamente se determinó su naturaleza baldía y que estaba siendo ocupado, sin autorización, por particulares.

se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad» , las reglas de competencia que se explican solo tendrán aplicación para las demandas presentadas antes del 25 de enero de 2022.Radicación:11001-03-26-000-2020-00143-00 (66359)

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7 Específicamente, la Gerencia Regional de Bolívar del INCORA profirió auto en el que ordenó practicar la diligencia de visita previa al Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, con el objeto de establecer el área ocupada, la explotación económica, el número de ocupantes, entre otros aspectos. Como resultado de dicha visita se

que ordenó practicar la diligencia de visita previa al Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, con el objeto de establecer el área ocupada, la explotación económica, el número de ocupantes, entre otros aspectos. Como resultado de dicha visita se profirió la Resolución 8828 del 24 de octubre de 2002, mediante la cual se dio inicio al procedimiento administrativo de recuperación de bienes baldíos sobre un área de 3.000 m2 en el predio denominado “Gente de Mar”.

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 160 de 1994 y el Decreto 2664 de 1994, relativas al procedimiento administrativo de recuperación de terrenos baldíos indebidamente ocupados, y en virtud de: (i) el régimen jurídico de las islas marítimas; (ii) el título originario del Estado y (iii) la inspección ocular del 22 de enero del 2007 realizada al predio objeto del procedimiento, la Subgerencia de Ordenamiento Social de la Propiedad del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER profirió la Resolución 19359 del 27 de julio de 2007.

Dicha resolución declaró que el demandante ejercía la indebida ocupación sobre un terreno baldío de 1.100 m 2 del predio denominado “Gente de Mar”, ubicado en el sector La Punta de Isla Grande en el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, cuyos linderos fueron establecidos en la respectiva inspección ocular -22 de enero de 2007y, en consecuencia, le ordenó restituir el área ocupada. Inconforme con la anterior decisión, el demandante presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante la Resolución 222610 del 9 de agosto de 2010, en el sentido de confirmar

anterior decisión, el demandante presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante la Resolución 222610 del 9 de agosto de 2010, en el sentido de confirmar el acto impugnado.

El señor Álvaro Navia Reyes presentó ante el Consejo de Estado una acción de revisión agraria en la que pretendió la anulación de las citadas Resoluciones No. 1935 del 27 de julio de 2007 y No. 2226 del 9 de agosto de 2010. Mediante sentencia del 19 de octubre de 2023 se negaron las pretensiones, al considerar que, en efecto, el bien “ Gente de Mar ” es baldío y se encontraba indebidamente ocupado por el demandante. Entre otros aspectos, se advirtió que “ un proceso judicial de revisión del acto que declaró la indebida ocupación del baldío no es ni el tiempo, ni la cuerda procesal adecuada para discutir la propiedad del bien ”, pues esta situación ya se encontraba definida desde 1986 -expediente 11001 -03-26-000-2010-00082-00 (40065)-.

8 Obrante en el índice 2 del SAMAI. 9 Ibidem. 10 Ibidem.Radicación:11001-03-26-000-2020-00143-00 (66359)

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8 En ese contexto, la Sala destaca que las resoluciones que fueron objeto de la referida decisión judicial son los actos administrativos mediante los cuales se concluyó el procedimiento de recuperación de baldío indebidamente ocupado.

8 En ese contexto, la Sala destaca que las resoluciones que fueron objeto de la referida decisión judicial son los actos administrativos mediante los cuales se concluyó el procedimiento de recuperación de baldío indebidamente ocupado.

Mediante acción de tutela11 presentada por el Señor Enrique Leonel Rambal Flórez en calidad de representante legal de la Sociedad Gente de Mar Resort S.A. - Sociedad que operaba el hotel construido en el predio “Gente de Mar”- en contra de la Alcaldía de la Localidad 1 Histórica y del Caribe Norte y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, solicitó la protección de su derecho fundamental al debido proceso, toda vez que los actos administrativos que ordenaron la restitución del predio no georreferenciaban correctamente el área objeto del procedimiento administrativo.

El conocimiento de la referida acción de tutela correspondió al Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena de Indias, bajo el radicado 13001 -31-11-000-72012-0033200. Mediante sentencia del 6 de septiembre de 2012, el citado juzgado ordenó la suspensión de las diligencias de recuperación del bien baldío hasta que se llevaran a cabo los respectivos estudios topográficos que identificaran correctamente las coordenadas, linderos, medidas, cabida superficiaria y demás elementos georreferenciales que establecieran correctamente el área a recuperar. La anterior decisión fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil – Familia, mediante sentencia del 19 de abril de 2013, conforme a las siguientes consideraciones:

Luego de un examen minucioso al expediente de tutela, y luego de revisar detenidamente la resolución donde están contenidas las coordenadas, esta Sala pudo

siguientes consideraciones:

Luego de un examen minucioso al expediente de tutela, y luego de revisar detenidamente la resolución donde están contenidas las coordenadas, esta Sala pudo constatar que efectivamente se encuentran un par de coordenadas que serían usadas para determinar la ubicación geográfica del bien inmueble denominado “Gente de Mar”, […] muy a pesar que se da esta información se debe tener en cuenta el concepto emitido por los profesionales encargados de determinar la ubicación del mismo, los cuales llegan a la conclusión que se podía hacer la ubicación de donde se encuentra el predio de manera general, es decir, la Isla Grande, pero no sirve para identificar linderos, áreas y medidas, se necesita tener mínimo cuatro puntos geográficos con sus medidas, para poder determinar la forma y el área del predio, es decir, los 1100 metros que serían restituidos, no hay cuerpo cierto por la ausencia de las coordenadas que en última instancia con las cuales se define la porción de terreno, máxime cuando en la misma resolución, 1935 de 2007 se dice que el predio tiene una extensión de 3.000 metros cuadrados.

11 Información tomada de los antecedentes de las resoluciones aportadas con la demanda y la contestación de la misma. (Obrantes en los índices 2 y 27 -documento 55_RECIBEMEMORIALESMEDIDASCAUTELARES_20231039006351ANEXO(.pdf) -, 28 y 29 del SAMAI). Es preciso señalar que, dado que en la demanda y en su contestación, así como en las pruebas aportadas en el desarrollo del proceso no se niega la existencia y consideraciones adoptadas en el proceso judicial de tutela, sino que, por el contrario, lo afirman y se refieren a éste,

pruebas aportadas en el desarrollo del proceso no se niega la existencia y consideraciones adoptadas en el proceso judicial de tutela, sino que, por el contrario, lo afirman y se refieren a éste, resulta forzoso concluir que, los argumentos expuestos no resultan en objeto del debate probatorio, por lo que se tienen en cuenta dichas decisiones.Radicación:11001-03-26-000-2020-00143-00 (66359)

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9 Como puede observarse, la anterior determinación no implicó que se dejara sin efectos la orden de restitución, sino que, sobre la base del reconocimiento de la naturaleza baldía del inmueble, debían hacerse unas precisiones técnicas acerca de la correcta d emarcación de la porción de terreno respecto de la cual recaía la medida de protección del patrimonio público.

En virtud de esa orden judicial, el INCODER practicó una visita al predio “Gente de Mar” con el fin de adelantar las actuaciones necesarias que permitieran la individualización y ubicación real del área indebidamente ocupada. Como resultado de dicha diligencia, se expidió la Resolución 256812 del 28 de mayo de 2015.

La anterior decisión aclaró el contenido de las Resoluciones 1935 de 2007 y 2226 de 2010, en el sentido de señalar que el predio “Gente de Mar” tenía una extensión total de 4ha y 2991 m2 y que, por tanto, debía declararse la indebida ocupación del demandante sobre dicha área, para lo cual procedió a relacionar las coordenadas que delimitan la ubicación de la zona antes descrita. En consecuencia, ordenó llevar

total de 4ha y 2991 m2 y que, por tanto, debía declararse la indebida ocupación del demandante sobre dicha área, para lo cual procedió a relacionar las coordenadas que delimitan la ubicación de la zona antes descrita. En consecuencia, ordenó llevar a cabo la restitución del predio sobre la cabida así delimitada13.

En contra de esta decisión, el demandante presentó acción de revisión agraria ante esta Corporación, la que se encuentra en curso bajo el radicado 11001 -03-26-0002015-00102-00 (54548)14.

Posteriormente, la ANT consideró que la Resolución 2568 de 2015 únicamente había aclarado las Resoluciones 1935 de 2007 y 2226 de 2010 en el sentido de establecer la extensión total del predio denominado “Gente de Mar” , correspondiente a 4 ha y 2991 m2, sin realizar la descripción detallada de los 1.100 m2 inicialmente declarados como indebidamente ocupados15.

Por esta razón, alegando el cumplimiento de la decisión adoptada en sede de tutela que, se recuerda, consistía en ordenar a la autoridad territorial que suministrara «los datos necesarios para realizar en debida forma la localización y determinación de los 1100 metros cuadrados que debían restituirse», el 7 de octubre de 2019, la ANT llevó a cabo una visita técnica al predio objeto de litigio con el fin de determinar la

12 Obrante en el índice 2 del SAMAI. 13 En cumplimiento de la decisión adoptada por la Resolución 2568 de 2015, el INCODER y posteriormente la Agencia Nacional de Tierras – ANT requirió a las autoridades distritales de

12 Obrante en el índice 2 del SAMAI. 13 En cumplimiento de la decisión adoptada por la Resolución 2568 de 2015, el INCODER y posteriormente la Agencia Nacional de Tierras – ANT requirió a las autoridades distritales de Cartagena de Indias para que se llevaran a cabo las diligencias correspondie ntes para lograr la efectiva recuperación del predio declarado como indebidamente ocupado. 14 En este proceso se han proferido providencias del 8 de noviembre de 2017 y 17 de marzo de 2025, en las que se ha denegado en dos oportunidades la solicitud de suspensión provisional del acto demandado. 15 Consideraciones adoptadas en el acápite de antecedentes de las resoluciones demandadas.Radicación:11001-03-26-000-2020-00143-00 (66359)

Actor: Álvaro Navia Reyes Demandado: Agencia Nacional de Tierras - ANT Referencia: Acción de Nulidad Agraria – Decreto Ley 902 de 2017

10 extensión de 1.100 m 2 identificados inicialmente en la inspección ocular del 2 de enero de 2007.

Como resultado de dicha diligencia, se profirió la Resolución 22984 16 del 12 de noviembre de 2020 en la que se adicionó al artículo primero de la Resolución 2568 de 2015, un parágrafo en el que se especificó la ubicación de los 1.100 m 2 -que actualizado a la fecha de visita equivalen a 1.379 m2dentro de la cabida de 4 ha y 2991 m 2 que fueron declarados como indebidamente ocupados en el 2015. Este acto administrativo dispuso (se transcribe literalmente, inclusive con posibles errores):

2991 m 2 que fueron declarados como indebidamente ocupados en el 2015. Este acto administrativo dispuso (se transcribe literalmente, inclusive con posibles errores):

ARTÍCULO PRIMERO: ADICIONAR un parágrafo al artículo primero de la Resolución 2568 del 28 de mayo de 2015, por la cual se aclaró el artículo primero de las Resoluciones No 1935 del 27 de julio de 2007 y No 2226 del 9 de agosto de 2010, el

cual quedará así:

“ARTÍCULO PRIMERODeclárese que el Señor ÁLVARO NAVIE REYES, con cédula de ciudadanía 14.937.367 de Cali, ejerce indebida ocupación sobre un lote de terreno baldío que constituye reserva territorial del Estado, con una extensión de (4) cuatro hectáreas y 2991 (dos mil nove cientos noventa y un metros cuadrado