CE - Sentencia 11001032600020210003500 de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-26-000-2021-00035-00 (66.615)

Actor: ANDREA PAOLA CÉLY GRIJALBA Y OTRO

Demandado: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA (ANM)

Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO –

CPACA

Asunto: SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA – SOLICITUD DE

FORMALIZACIÓN DE MINERÍA TRADICIONAL

Síntesis del caso: el 8 de abril de 2013, los demandantes elevaron ante la Agencia Nacional de Minería (ANM) una solicitud de formalización de minería tradicional con fundame nto en lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010, norma que salió del ordenamiento jurídico por virtud de la declaración de inexequibilidad efectuada por la Corte Constitucional en sentencia C-366 de 11 de mayo 2011, sin que para ese preciso momento la referida petición hubiese sido tramitada y decidida. En año 2019 la entidad demandada rechazó dicha petición en atención a lo preceptuado en el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019 , según el cu al «las personas naturales, grupos o asociaciones que presentaron solicitud de formalización de minería tradicional hasta el 10 de mayo de 2013 ante la autoridad minera competente y que a

personas naturales, grupos o asociaciones que presentaron solicitud de formalización de minería tradicional hasta el 10 de mayo de 2013 ante la autoridad minera competente y que a la fecha de promulgación de esta ley se encuentran vigentes y en área libre, continuarán su trámite», por estimar que no quedaba área susceptible de contratar en atención al «sistema de cuadrícula minera» adoptado en las leyes 1753 de 2015 y 1955 de 2019, así como en las resoluciones números 504 de 2018 y 505 de 2019 proferidas por la ANM ; esta decisión fue confirmada posteriormente.

Decide la Sala en única instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por los señores Andrea Paola Cély Sierra y José Federico Cély Sierra en contra de la Agencia Nacional de Minería (índice 2 SAMAI).

I. ANTECEDENTES

La demanda

En el escrito de la demanda la parte actora elevó las siguientes súplicas:

«-. Que es nula la Resolución No. 001134 de 29 de octubre de 2019 mediante la cual se rechazó la solicitud de formalización de minería tradicional No. OD8-16501, proferida por el Vicepresidente de Contratación y Titulación de la “ AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA ”, mediante la cual resuelve:2

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RECHAZAR, la Solicitud de Formalización de Minería Tradicional No.OD816501, radicada por los señores ANDREA PAOLA CELY GRIJALBA y JOSE

Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA Sentencia de única instancia

RECHAZAR, la Solicitud de Formalización de Minería Tradicional No.OD816501, radicada por los señores ANDREA PAOLA CELY GRIJALBA y JOSE FEDERICO CELY SIERRA, para la explotación de un yacimiento denominado técnicamente como carbón coquizable o metalúrgico ubicado en jurisdicción del municipio de Samacá en el departamento de Boyacá.

-. Que es nula la Resolución VCT 000270 de 27 de marzo de 2020 mediante la cual se resolvió recurso de reposición dentro del trámite de la solicitud de formalización de minería tradicional OD8 -16501, proferida por el Vicepresidente de Contratación y Titulación Minera de la “ AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA”, a través de la cual RESUELVE: CONFIRMAR lo dispuesto en la resolución Resolución (sic) No. 001134 de 29 de octubre de 2019 “por medio de la cual se rechaza y se archiva la solicitud de minería tradicional No. OD8-16501, lo anterior de conformidad con lo establecido en la parte motiva del precitado acto administrativo”.

-. Que como consecuencia de las nulidades de los Actos Administrativos demandados y a título de restablecimiento del derecho conculcado, se proceda a dejar la solicitud de legalización de minería tradicional OD816501 en el estado en qu e se encontraba antes de la expedición de los actos administrativos (Resoluciones) demandadas, para que en su lugar se proceda a tramitar la legalización por parte del Consejo de Estado, conforme lo establecía el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 y las decisiones C-763 de

administrativos (Resoluciones) demandadas, para que en su lugar se proceda a tramitar la legalización por parte del Consejo de Estado, conforme lo establecía el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 y las decisiones C-763 de 2002 y C -242 de 2009 de la Corte Constitucional y del mismo Consejo de Estado en donde claramente se establece que “La ultraactividad de la ley es un problema de aplicación de la ley en el tiempo y está íntimamente ligada al principio de que todo hecho, acto o negocio jurídico se rige por la ley vigente al momento de su ocurrencia, realización o celebración. Dentro de la Teoría General del Derecho, es clara la aplicación del principio "Tempus regit actus", que se traduce en que la norma vigente al momento de sucederse los hechos por ella prevista, es la que se aplica a esos hechos, aunque la norma haya sido derogada después. Esto es lo que explica la Teoría del Derecho, la denominada ultractividad de las normas, que son normas derogadas, que se siguen aplicando a los hechos ocurridos durante su vigencia. Este fenómeno se presenta en relación con todas las normas jurídicas, cualquiera que sea su naturaleza: civil, comercial, penal, etc.” Igualmente frente a los derechos adquiridos se pronunció la Honorable Corte Constitucional diciendo que “Los derechos adquiridos son aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han creado y definido bajo el imperio de una Ley y, que por lo mismo, han instituido en favor de sus titulares un derecho su bjetivo que debe ser respetado frente a Leyes posteriores que no puede afectar lo legítimamente obtenido al amparo de una Ley anterior. Presuponen la consolidación de una

instituido en favor de sus titulares un derecho su bjetivo que debe ser respetado frente a Leyes posteriores que no puede afectar lo legítimamente obtenido al amparo de una Ley anterior. Presuponen la consolidación de una serie de condiciones contempladas en la Ley, que permiten a su titular exigir el dere cho en cualquier momento”. El hecho de estar agotada la vía gubernativa ante la Agencia Nacional de Minería y dadas las condiciones de derechos adquiridos de las explotaciones mineras que venimos adelantando los señores ANDREA PAOLA CÉLY GRIJALBA y JOSÉ FE DERICO CÉLY SIERRA, en el área descrita en la solicitud de legalización de minería tradicional no. OD8 -16501, a efectos de legitimar el derecho adquirido en dicha explotación minera e inscribirlo en el Registro Minero Nacional. Todo en razón a que la Autoridad Minera utilizo indebidamente la vía gubernativa y la agoto, violando flagrantemente no solamente el debido proceso y generando nulidad derivada del artículo 29 de la Carta Política, sino que también prevarico, abuso de la función pública y otros, al utilizar ilegalmente el artículo 24 de la Ley 1955 de 2019 de manera retroactiva» (índice 2 SAMAI1 – mayúsculas fijas del original).

1 Archivo: «7ED_NULIDADANDREAPAOLAYJFCDEF(.PDF) NroActua 2».3

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Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda la parte actora narró, en síntesis, lo siguiente:

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Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda la parte actora narró, en síntesis, lo siguiente:

1. El 8 de abril de 2013 , los demandantes presentaron ante la ANM la petición de formalización de minería tradicional con radicación número OD8-16501 con base en lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010, norma que salió del ordenamiento jurídico el día 11 de mayo de 2013 por razón de la declaración de inexequibilidad efectuada por la Corte Constitucional en sentencia C -366 de 11 de mayo 2011 2, sin que para ese momento aquella hubiese sido tramitada y decidida.

1. En el procedimiento administrativo la autoridad minera no requirió al solicitante ni realizó visita s técnicas para efectos de verificar la ubicación y antigüedad de las explotaciones mineras, el estado de la mina y el mineral objeto de explotación.

1. Mediante la Resolución no. 001 134 de 29 de octubre d e 2019 la ANM rechazó la petición de formalización de minería tradicional objeto de la controversia con base en lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019, según el cual «las personas naturales, grupos o asociaciones que presentaron solicitud de formalización de minería tradicional hasta el 10 de mayo de 2013 ante la autoridad minera competente y que a la fecha de promulgación de esta ley se encuentran vigentes y en área libre, continuarán su trámite», toda vez que, para ese momento no quedaba área susceptible de contratar en el espacio objeto de la solicitud de conformidad con el «sistema de

la fecha de promulgación de esta ley se encuentran vigentes y en área libre, continuarán su trámite», toda vez que, para ese momento no quedaba área susceptible de contratar en el espacio objeto de la solicitud de conformidad con el «sistema de cuadricula minera»3; esta decisión fue confirmada por la Resolución número 000270 de 27 de marzo de 2020, la cual fue notificada personalmente a la demandante el 7 de octubre de 2020.

Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora sostiene que los actos administrativos demandados deben declararse nulos por la violación de lo dispuesto en los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 29, 84, 93, 121, 150, 189.11, 330 y 360 de la Constitución Política; 6 del Convenio no. 169 de la Organización

2 A través de esta providencia se declaró inexequible la Ley 1382 de 2010 con efectos diferidos por el término de dos (2) años por el hecho de haberse omitido el trámite de consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes. 3 Regulado por los artículos 21 de la Ley 1753 de 2015 y 24 de la Ley 1955 de 2019 y adoptado por la ANM mediante Resoluciones números 504 del 18 de septiembre de 2018 y 505 de 2 de agosto de 2019 proferidas por la ANM.4

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Internacional del Trabajo; 2531, 2532, 2533 y 2534 del Código Civil; 138, 229, 230, 231, 232 y 233 de la Ley 1437 de 2011 y 12 de la Ley 1382 de 2010; de igual manera, aduce que los referidos actos administrativos desconocen lo dispuesto en la Ley 685 de 2001 y en los Decretos n úmeros 1970 de 2012 y 933 de 2013 proferidos por el Gobierno Nacional.

En explicación de ese quebranto normativo la parte planteó con la d emanda los siguientes cuatro motivos de censura:

3.1 Primer cargo: ausencia de motivación

Como sustento de esta acusación arguyó que los actos administrativos cuestionados carecen de motivación porque las consideraciones allí consignadas «son abstractas, ausentes de razones y [de] justificaciones legales».

3.2 Segundo cargo: falsa motivación y violación del derecho constitucional fundamental del debido proceso

Los fundamentos de estas censuras son los siguientes:

1. No es jurídicamente viable aplicar de forma retroactiva lo dispuesto en los artículos 21 de la Ley 1753 de 2015 y 24 de la Ley 1955 de 2019, así como tampoco lo previsto en las Resoluciones números 504 del 18 de septiembre de 2018 y 505 de 2 de agosto de 2019 proferidas por la ANM para tramitar y decidir la solicitud de formalización de

en las Resoluciones números 504 del 18 de septiembre de 2018 y 505 de 2 de agosto de 2019 proferidas por la ANM para tramitar y decidir la solicitud de formalización de minería tradicional con radicación número OD8-16501 de 8 de abril de 2013, toda vez que, la declaración de inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010 contenida en la sentencia C-366 de 2011 tuvo por efecto la consolidación de un derecho adquirido en favor de la demandante por el hecho de no haberse cumplido la finalidad para la cual fue expedida, de conformidad con lo dispuesto en las sentencias C-242 de 2009 y C-259 de 2016.

1. La petición de formalización de minería tradicional debió tramitarse con sujeción a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 y en los Decretos Reglamentarios números 1970 de 2012 y 933 de 2013 por ser las normas vigentes al momento de su presentación; en consecuencia, se debió requerir a la demandante y realizar las visitas técnicas necesarias para verificar la ubicación y antigüedad de las explotaciones mineras, el estado de avance, el mineral objeto de la explotación y otras condiciones en la forma y términos previstos en dichas normas.5

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1. Las normas del «sistema de cuadrícula minera » se aplican únicamente a los contratos de concesión, empero, no sucede lo mismo con las solicitudes de legalización de minería tradicional.

Sentencia de única instancia

1. Las normas del «sistema de cuadrícula minera » se aplican únicamente a los contratos de concesión, empero, no sucede lo mismo con las solicitudes de legalización de minería tradicional.

1. Operó el fenómeno de la «reviviscencia» respecto de las normas derogadas o modificadas por la Ley 1382 de 2010, motivo por el cual la petición de formalización de minería tradicional debió regirse por las disposiciones que «resurgieron» por virtud de la declaración de inexequibilidad contenida en la sentencia C -366 de 2011 proferida por la Corte Constitucional.

3.3 Tercer cargo: las normas de la Ley 1955 de 2019 no son aplicables para tramitar y de cidir la petición de legalización de minería tradicional por el hecho de no surtir el trámite de la consulta previa

En apoyo de este motivo de reproche de legalidad adujo que los artículos 23, 24, 325 y 329 de la Ley 1955 de 2019 no eran aplicables para tramitar y decidir la petición de legalización de minería tradicional con radicación no. OD8-16501, pues, de conformidad con lo establecido en los artículos 330 constitucional y 6 del Convenio no. 169 de la OIT «las disposiciones que se refieran a la explotación de recursos naturales no renovables, en las zonas que se asientan las comunidades diferenciadas, son susceptibles de Consulta Previa » (índice 2 SAMAI 4), empero, las referidas disposiciones legales no surtieron dicho trámite.

3.4 Cuarto cargo: los actos acusados no podían fundarse en las Resoluciones

susceptibles de Consulta Previa » (índice 2 SAMAI 4), empero, las referidas disposiciones legales no surtieron dicho trámite.

3.4 Cuarto cargo: los actos acusados no podían fundarse en las Resoluciones números 504 de 2018 y 505 de 2019 proferidas por la ANM por ser improcedentes, ilegales y violatorias del artículo 29 de la Constitución Política

Para explicar este cargo de nulidad manifestó que los actos administrativos objeto de debate no podían fundarse en las Resoluciones números 504 de 2018 y 505 de 2019 proferidas por la ANM por ser «improcedentes, ilegales y violatorias del artículo 29 de la Carta Política», por cuanto «no pueden hacer las veces de decretos reglamentarios» de los artículos 23, 24, 325 y 329 Ley 1955 de 201 8 en atención a lo dispuesto en el artículo 360 de la Constitución Política.

4 Archivo: «7ED_NULIDADANDREAPAOLAYJFCDEF(.PDF) NroActua 2» - pág. 16.6

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Trámite y contestación de la demanda

1. Por auto de 7 de febrero de 2022 se inadmitió la demanda por el hecho de no haberse subsanado en la forma y términos indicados por el despacho sustanciador en providencia de 6 de septiembre de 2021; es decir, por el hecho de no haberse indicado

haberse subsanado en la forma y términos indicados por el despacho sustanciador en providencia de 6 de septiembre de 2021; es decir, por el hecho de no haberse indicado con claridad y precisión los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda; la referida decisión fue revocada en sede de súplica, pues, la Sala de Decisión estimo que si bien «en la demanda y en su subsanación se mencionaron los hechos de manera antitécnica, como quiera que, se hizo referencia a las normas jurídicas que se vulneraron (…) de la lectura íntegra y detallada de los mismos, es posible extraer la referencia fáctica y lo que se pretende con la demanda»5.

1. El expediente pasó nuevamente al despacho sustanciador el 13 de febrero de 2024 (índice 39 SAMAI); mediante providencia del 5 de abril de 2024 se admitió la demanda (índice 40 SAMAI), la cual fue notificada en forma personal a la autoridad demandada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado el 29 de abril del mismo año (índice 44 SAMAI).

1. A través de escrito presentado el 18 de junio de 202 4 la ANM se opuso a las pretensiones de la demanda , en sustento de lo cual manifestó que i) la solicitud de formalización de minería tradicional con radicación no. OD8-16501 fue correctamente rechazada por no contar con área libre susceptible de ser otorgada, de c onformidad con lo dispuesto en los artículos 24 y 325 de la Ley 1955 de 2019 y en las Resoluciones números 504 de 2018 y 505 de 2019 proferidas por esa misma autoridad en relación

con lo dispuesto en los artículos 24 y 325 de la Ley 1955 de 2019 y en las Resoluciones números 504 de 2018 y 505 de 2019 proferidas por esa misma autoridad en relación con el «sistema de cuadrícula minera»; ii) al decidir la solicitud de formalización minera tradicional con radicación no. OD8-16501 la entidad demandada aplicó de manera retrospectiva normas expedidas con posterioridad a su presentación por el hecho de que no estaba frente a una situación jurídica consolidada con base en una ley anterior sino ante una mera expectativa y, iii) los actos demandados están amparados por la presunción de legalidad y, además, fueron debidamente motivados (índice 50 SAMAI).

1. Por auto de 24 de julio de 2025 i) se prescindió de la audiencia inicial y se dispuso el trámite de sentencia anticipada; ii) se incorporaron como pruebas los documentos allegados con la demanda y su respectiva contestación; ii) se fijó el litigio y, iv) se corrió

5 Auto de 23 de noviembre de 2022, CP Alberto Montaña Plata (índice 31 SAMAI).7

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traslado a las partes para presentar alegaciones de conclusión (índice 72 SAMAI); esta providencia no fue objeto de recursos.

Alegatos de conclusión

En esta etapa procesal l as partes insistieron en los argumentos esgrimidos a lo largo del proceso (índices 77 y 78 SAMAI); el Ministerio Público solicitó denegar las súplicas

Alegatos de conclusión

En esta etapa procesal l as partes insistieron en los argumentos esgrimidos a lo largo del proceso (índices 77 y 78 SAMAI); el Ministerio Público solicitó denegar las súplicas de la demanda por estimar que i) la aplicación de los artículos 24 y 325 de la Ley 1955 de 2019 se hizo de forma retrospectiva y no retroactiva, pues, la petición de formalización de minería tradicional estaba en trámite al mo mento en que dichas normas entraron a regir; ii) no existe ningún derecho adquirido en cabeza de los demandantes, únicamente una prelación para el estudio de la referida petición respecto de otras presentadas posteriormente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 685 de 2001 y, iii) el cargo relativo a la imposibilidad de aplicar la Ley 1955 de 2019 porque no surtió el trámite de la consulta previa corresponde por competencia a la Corte Constitucional en sede de control abstracto de con stitucionalidad y no al Consejo de Estado (índice 79 SAMAI).

La petición de suspensión provisional de los actos administrativos demandados

Junto con la demanda la parte actora deprecó la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones cuya nuli dad se pretende (índices 2 6 y 97 SAMAI); mediante auto de 25 de septiembre de 2025, notificado mediante anotación por estado electrónico del día 26 de los mismos mes y año, este despacho judicial denegó la petición de suspensión provisional de los actos administrativos demandados (índice 82 SAMAI).

II. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad

suspensión provisional de los actos administrativos demandados (índice 82 SAMAI).

II. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) cuestión previa, 2) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 3) marco normativo de la controversia, 4) análisis de los cargos de nulidad, 5) conclusión y, 6) condena en costas.

6 Archivo: «7ED_NULIDADANDREAPAOLAYJFCDEF(.PDF) NroActua 2». 7 Archivo: «14_RECIBEMEMORIALESMEDIDASCAUTELARES_SOLICITUDMEDIDASCA(.PDF)

NroActua 9».8

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Cuestión previa – no es necesario agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial cuando las súplicas de la demanda no tienen contenido económico

1. El numeral 1 del artículo 161 del CPACA preceptúa que «[c]uando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales»; a su turno, el artículo 2 del Decreto Reglamentario no. 1716 de 2009 8 dispone que son

procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales»; a su turno, el artículo 2 del Decreto Reglamentario no. 1716 de 2009 8 dispone que son conciliables «los conflictos de carácter particular y contenido económico» de los cuales conozca la jurisdicción de lo contencioso administrativo en el marco de los referidos medios de control judicial.

1. Sobre el particular, esta Corporación ha señalado que la conciliación extrajudicial es requisito de procedibilidad en los medios de control judicial de nulidad y restablecimiento del derecho, de reparación directa y de controversias contractuales siempre que la controversia sea de carácter particular y contenido económico , con indicación de que no todos los actos de contenido particula r son susceptibles de ser conciliados, pues, en algunas ocasiones carecen de contenido económico9.

1. Para este caso concreto, lo que se pretende es la declaración de nulidad de los actos administrativos demandados y, al propio tiempo, que se deje «la soli citud de legalización de minería tradicional OD8-16501 en el estado en que se encontraba antes de la expedición de los actos administrativos demandadas (sic), para que en su lugar se proceda a tramitar la legalización por parte del Consejo de Estado », de lo cual no se desprende en forma palmaria que las súplicas de la demanda tengan por contenido y alcance un aspecto de naturaleza económica ; en ese orden, de conformidad con lo expresa y puntualmente establecido en el artículo 2 del Decreto Reglamentario no . 1716 de 2009 la Sala advierte que i) no era necesario agotar el requisito de

y alcance un aspecto de naturaleza económica ; en ese orden, de conformidad con lo expresa y puntualmente establecido en el artículo 2 del Decreto Reglamentario no . 1716 de 2009 la Sala advierte que i) no era necesario agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial y, ii) la parte actora no tramitó, en todo caso, ninguna petición de conciliación extrajudicial en relación con las súplicas de l a demanda.

8 “Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001”. 9 Al respecto ver: i) Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de noviembre de 2012, exp. 2012-00277-00, CP Marco Antonio Velilla Moreno; ii) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 21 de noviembre de 2022, exp. 2011 -01126-01 (59.512), CP Jaime Enrique Rod ríguez Navas; iii) Consejo de Estado, Sección Primera, 2022 -00072-01, CP Nubia Margoth Peña Garzón y iv) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 28 de abril de 2025, exp. 2022-0001900 (67.930), CP Fredy Ibarra Martínez.9

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Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Actor: Andrea Paola Cély Grijalba y otro Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA Sentencia de única instancia

Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

1. Presentada la demanda en término 10, la parte actora pretende la declaración de nulidad de la Resolución número 001 134 de 29 de octubre de 2019 proferida por la ANM a través de la cual «se rechaza y se archiva la solicitud de minería tradicional No.

OD8-16501»; asimismo, depreca la declaración de nulidad de la Resolución número 000270 de 27 de marzo de 2020 expedida por esta misma entidad «por la cual se resuelve un recurso de reposición dentro del trámite de la solicitud de formalización de minería tradicional No OD8-16501».

De igual forma, solicitó el restablecimiento del derecho consistente en que se ordene a la entidad dem andada «dejar la solicitud de legalización de minería tradicional OD816501 en el estado en que se encontraba antes de la expedición de los actos administrativos (Resoluciones) demandadas, para que en su lugar se proceda a tramitar la legalización por part e del Consejo de Estado (…) a efectos de legitimar el derecho adquirido en dicha explotación minera e inscribirlo en el Registro Minero Nacional».

1. Como fundamento de la demanda sostiene que los actos demandados i) carecen de motivación; ii) desconocen el derecho constitucional fundamental del debido proceso y están viciados de falsa motivación; iii) los artículos 23, 24, 325 y 329 de la Ley 1955 de 2019 no surtieron el trámite de la consulta previa y, por ende, no eran aplicables para

están viciados de falsa motivación; iii) los artículos 23, 24, 325 y 329 de la Ley 1955 de 2019 no surtieron el trámite de la consulta previa y, por ende, no eran aplicables para decidir la petición de formalización de minería tradicional objeto de la controversia y, iv) no podían fundarse en las resoluciones nos. 504 de 2018 y 505 de 2019 proferidas por la ANM por ser improcedentes, ilegales y violatorias del artículo 29 de la Constitución Política toda vez que «no pueden hacer las veces de decretos reglamentarios».

1. Se negarán las pretensiones de la demanda , porque la parte actora no logró desvirtuar la presunción de legalida d de la que están investidos los actos administrativos demandados.

10 La Resolución número 000270 de 27 de marzo de 2020 se notificó por aviso el día 10 de septiembre de 2020; en ese orden, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del CPACA , el término de cuatro (4) meses para presentar la demanda previsto en el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA corrió entre el 9 de octubre de 2020 y el 9 de febrero de 2021 ; la demanda fue presentada e n esta última fecha (índice 2 SAMAI – archivos: «6ED_CORREORECIBIDO(.PDF) NroActua 2 » y «ED_CAMSCANNER1216202.PDF NroActua 2»).10

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Marco normativo de la controversia

Actor: Andrea Paola Cély Grijalba y otro Nulidad y restablecimiento del derecho – CPACA Sentencia de única instancia

Marco normativo de la controversia

1. De conformidad con los artículos 33211 y 36012 de la Constitución Política, el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes, motivo por el cual su explotación causa a favor del Estado una contraprestación a título de regalía.

1. En esa misma línea de análisis, el artículo 6 de la Ley 685 de 2001 1 expresamente determina que «[e]l derecho a explotar [los recursos naturales no renovables] solo se adquiere mediante el otorgamiento de los títulos enumerados en el artículo 14 de este Código. Ninguna actividad de prospección, exploración o explotación o de posesión material de dichos recursos, sea cual fuere la antigüedad, duración o características, conferirá derecho o prelación algu na para adquirir el título minero o para oponerse a propuesta de terceros».

1. A su turno, el artículo 14 de ese mismo cuerpo normativo prevé que «[a] partir de la vigencia de este Código, únicamente se podrá constituir, declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal, mediante el contrato de concesión minera, debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional».

1. En igual sentido, el artículo 16 ibidem dispone que mientras la solicitud de concesión minera se halle e n trámite «no confiere, por sí sola, frente al Es