CE - Sentencia 11001032600020210008600 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., catorce (14) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado nœmero: 11001-03-26-000-2021-00086-00 (66891)

Demandante: Jhon Jairo Pinilla Pineda Demandado: Agencia Nacional de Minería Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho — CPACA

TEMAS: T˝TULO MINERO – Requisitos de perfeccionamiento – Función constitutiva de la inscripción en el Registro Minero Nacional. Sin inscripción en este registro el contrat o de concesión no produce efectos jurídicos ni consolida derechos adquiridos. RÉGIMEN JUR˝DICO MINERO – Aplicación preferente del Código de Minas – La ANM actuó dentro de su competencia al archivar la propuesta por inexistencia de Ærea libre. SISTEMA DE CUADR˝CULA MINERA – Aplicación retrospectiva a solicitudes no perfeccionadas – Compatibilidad con el principio de legalidad y seguridad jurídica. Las propuestas no inscritas generan solo una expectativa jurídica, por lo que su evaluación bajo el nuevo sistema no vulnera derechos adquiridos. FACULTADES DE LA AUTORIDAD MINERA – Exclusión oficiosa de Æreas superpuestas – Medida vÆlida en etapa precontractual. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MINERO – Los informes tØcnicos no requieren traslado previo al interesado, al no tener carÆcter pericial ni estar prevista tal

etapa precontractual. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MINERO – Los informes tØcnicos no requieren traslado previo al interesado, al no tener carÆcter pericial ni estar prevista tal exigencia legalmente. DERECHO DE CONTRADICCIÓN – Alcance limitado en actuaciones administrativas tØcnicas – Inaplicabilidad de reglas del proceso judicial laboral. El procedimiento minero no es adversarial, por lo que no exige contradicción previa de informes tØcnicos internos. DEBIDO PROCESO – Sujeción al principio de legalidad – Inexistencia de obligación de crear etapas no previstas en la ley. No puede imponerse a la ANM el deber de habilitar instancias procedimentales no previstas en el rØgimen especial minero. DEBIDO PROCESO Y DERECHO AL TRABAJO – Inexistencia de vulneración – Falta de perfeccionamiento del título impide invocar derechos adquiridos. IGUALDAD Y FALLA DEL SERVICIO – Diferenciación objetiva y ausencia de omisión administrativa. No se acreditó trato desigual ni falla del servicio, pues las propuestas comparadas cumplían condiciones jurídicas distintas.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a dictar sentencia de œnica instanc ia dentro del proceso promovido por Jhon Jairo Pinilla Pineda contra la Agencia Nacional de Mine ría — en adelante, ANM—, con el propósito de que se declare la nulidad de los actos administrativos proferidos durante el trÆmite de una propuesta de contrato d e concesión minera presentada por la parte actora, y se disponga el respectivo restablecimiento del derecho.

I. S˝NTESIS DEL CASO

administrativos proferidos durante el trÆmite de una propuesta de contrato d e concesión minera presentada por la parte actora, y se disponga el respectivo restablecimiento del derecho.

I. S˝NTESIS DEL CASO

El 3 de diciembre de 2004, el actor radicó ante el departamento de Cald as, en su calidad de autoridad minera delegada, la propuesta nœm. 693-17 para la celebración de un contrato de concesión minera sobre un Ærea ubicada en el municip io de Marmato, Caldas, con el propósito de explotar un yacimiento de minerales de oro y sus concentrados. El 30 de octubre de 2009, una vez culminada la evaluació n tØcnica y aceptada el Ærea por el proponente, las partes suscribieron el contrato deRadicado: 11001-03-26-000-2021-00086-00 (66891)

Demandante: Jhon Jairo Pinilla Pineda

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concesión, el cual fue remitido a INGEOMINAS para su inscripción en el Registro Minero Nacional, entidad que se abstuvo de registrarlo por falta de info rmación electrónica. Tiempo despuØs, el departamento de Caldas reiteró la solicitud de inscripción; sin embargo, el 7 de abril de 2014, la ANM concluyó que no existía Ærea disponible, razón por la cual devolvió el contrato sin efectuar el registro.

Con la entrada en vigor de las Leyes 1753 de 2015 y 1955 de 20 19, así como de

las Resoluciones nœm. 504 de 2018 y 505 de 2019 expedidas por la ANM — mediante las cuales se adoptó el sistema de cuadrícula minera para la delimitación tØcnica de Æreas libres—, se reanudó el trÆmite administrativo correspondiente. En aplicación de este nuevo marco normativo, la autoridad minera profirió la Resolución nœm. 001845 del 25 de octubre de 2019, a travØs de la cual rech azó y archivó la propuesta de contrato, al constatar que el Ærea solicitada se encontraba superpuesta con títulos previamente otorgados. Esta decisión fue confirmada mediante la Resolución nœm. 000176 del 3 de marzo de 2020, que resolvió el recurso de reposición interpuesto por el interesado.

El actor promovió demanda, en ejercicio del medio de control de nulida d y restablecimiento del derecho, con el propósito de obtener la anulación de los actos administrativos por considerar que vulneran normas superiores, desconocen derechos adquiridos con la celebración del contrato nœm. 693-17 —suscrito antes de la implementación del sistema de cuadrícula minera — y omiten garantías procedimentales esenciales. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se reconozca la existencia del contrato de concesión suscrito, se ordene su inscripción en el Registro Minero Nacional y se indemnicen los perjuicios materiales causados.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. El 13 de enero de 2021, Jhon Jairo Pinilla Pineda, por conducto de a poderado judicial1, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. El 13 de enero de 2021, Jhon Jairo Pinilla Pineda, por conducto de a poderado judicial1, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA, en la que formuló las siguientes pretensiones, transcritas literalmente, incluso con eventuales errores:

“(…) 2.1. Declarar nula las Resoluciones Nœmero resoluciones nœmero 001845 de fecha 25 de Octubre de 2019 y 000176 de fecha 6 de marzo de 2020 expedida por la GERENCIA DE CONTRATACION Y TITULACION MINERA DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA, toda vez que en dichos actos se niega y archiva la propuesta de contrato de concesión 693-17.

2.2. Como consecuencia de la anterior declaración, en calidad de restablecimiento del derecho, la Agencia Nacional de Minería reconozca la existencia del contrato de concesión 693-17 suscrito y se ordene la inscripción en el registro minero nacional.

2.3. El Reconocimiento de los perjuicios causados dentro del trÆmite de la propuesta de contrato de concesión minera 693-17 desde su radicación 3 de

1 Archivo electrónico identificado con certificado 0B3C141EDD74BD49 45F90BC596E624A7 6CF5FCA2E16EE7A6 E618B53883F00CC1, ubicado en el índice 2 del expediente digital, en el aplicativo Samai.Radicado: 11001-03-26-000-2021-00086-00 (66891)

Demandante: Jhon Jairo Pinilla Pineda

Samai.Radicado: 11001-03-26-000-2021-00086-00 (66891)

Demandante: Jhon Jairo Pinilla Pineda

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diciembre de 2004 a la fecha por daæo emergente en una cuantía de $112.774.048,oo pesos moneda legal, correspondientes al costo del formulario para radicar propuesta de contrato de concesión, los costos ocasionados por honorarios tØcnicos y jurídicos causados durante la vigencia de la propuesta, y el valor del canon anticipado efectuado. 2.4. Que se reconozcan condene costas procesales y agencias en derecho a favor de la parte peticionaria (…)”

1.2. Como antecedentes fÆcticos la parte actora refirió, en síntesis, lo siguiente:

1.2.1. El 3 de diciembre de 2004, el demandante radicó ante la autoridad min era delegada del departamento de Caldas la propuesta nœm. 693-17, p ara la celebración de un contrato de concesión minera sobre un Ærea ubicada en el municipio de Marmato, con el fin de explotar minerales de oro y sus concen trados. Luego de la emisión de varios conceptos tØcnicos que confirmaron la disponibilidad del Ærea y tras la correspondiente aceptación por parte del interesado, el contrato fue suscrito el 30 de octubre de 2009 y remitido a INGEOMINAS para su inscripción. No obstante, este registro fue rechazado por supuesta falta de datos electrónicos.

1.2.2. Refirió que, a pesar de las mœltiples solicitudes del departamento de Caldas para su registro, el contrato no fue inscrito. Posteriormente, la ANM alegó la

1.2.2. Refirió que, a pesar de las mœltiples solicitudes del departamento de Caldas para su registro, el contrato no fue inscrito. Posteriormente, la ANM alegó la existencia de una superposición de Æreas, lo que condujo a la expedición de la Resolución nœm. 001845 de 2019, mediante la cual se rechazó y archivó la propuesta. Esta determinación fue confirmada por la Resolución nœm. 000176 de 2020, sin que al actor se le hubieran respetado las mínimas garantías d el debido proceso, como el traslado del informe tØcnico que sustentó dicha actuación.

1.2.3. Sostuvo el actor que la autoridad minera sustentó el archivo en la aplica ción del nuevo sistema de cuadrícula minera, implementado mediante las Leyes 1753 de 2015 y 1955 de 2019, así como en las Resoluciones nœmeros ANM 504 y 505 de 2018 y 2019, que establecen criterios para la delimitación y evaluación de Æ reas mineras. Sin embargo, dicha normativa dispone que los contratos suscritos con anterioridad a su entrada en vigor conservarÆn las condiciones y coorden adas en que fueron otorgados, aspecto que, segœn afirma el actor, fue desconocido en este caso, pese a que otros contratos similares sí fueron registrados bajo el mismo marco legal.

Seæaló, ademÆs, que el municipio de Marmato se encuentra amparado por una normatividad especial —Decreto 2223 de 1954— que delimita el cerro El Burro por cotas, asignando su parte superior a la pequeæa minería y la inferior a la gran

normatividad especial —Decreto 2223 de 1954— que delimita el cerro El Burro por cotas, asignando su parte superior a la pequeæa minería y la inferior a la gran minería, situación que ha sido reconocida por el Consejo de Estado y por la prÆctica de la autoridad minera al registrar contratos en dichas condiciones bajo la Ley 68 5 de 2001.

1.2.4. Agregó que, en el presente caso, no solo se ha omitido el cumplimiento del principio de igualdad frente a situaciones jurídicas similares, sino que ademÆs se ha incurrido en mora administrativa injustificada, generando un grave perjuicio al solicitante, quien ha incurrido en gastos tØcnicos, jurídicos y económicos durante mÆs de quince aæos de gestión. De igual modo, en su criterio, la actuaci ón de la ANM ha sido contraria al principio de legalidad y a los derechos al debido proceso , publicidad y contradicción, pues no se garantizó la participación del interesado antes de adoptar la decisión desfavorable ni se le corrió traslado del concepto tØcnico queRadicado: 11001-03-26-000-2021-00086-00 (66891)

Demandante: Jhon Jairo Pinilla Pineda

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sustentó la negativa. Todo ello configura un presunto defecto en la pres tación del servicio por parte del Estado, en los tØrminos establecidos por la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa.

1.3. Como concepto de violación, la parte actora manifestó su inconformidad en los siguientes tØrminos:

1.3.1. Los actos administrativos mediante los cuales la ANM rechazó y archivó la

1.3. Como concepto de violación, la parte actora manifestó su inconformidad en los siguientes tØrminos:

1.3.1. Los actos administrativos mediante los cuales la ANM rechazó y archivó la propuesta de contrato de concesión minera nœm. 693-17 —con fundamento en la supuesta inexistencia de Ærea libre por superposición con títulos previamente registrados bajo el sistema de cuadrícula minera — vulneran derechos adquiridos, desconocen precedentes administrativos aplicables y transgreden garantías procedimentales esenciales.

La autoridad minera sustentó su decisión en la migración del expediente al sistema de coordenadas geogrÆficas Datum Magna Sirgas y en la aplicación de la Resolución 505 de 2019 —modificada por la Resolución 703 del mismo aæo —, mediante la cual se definieron los criterios tØcnicos y cartogrÆficos del nuevo sistema de titulación minera. No obstante, omitió valorar que el contrato de concesión 693-17 fue suscrito en el aæo 2009, previo a la entrada en vigor de dicha normativa, por lo que generó efectos jurídicos desde su firma, conforme al criteri o reiterado por el Ministerio de Minas y Energía —Rad. 201000250011 de 2010—, en el sentido de que los contratos estatales de concesión minera nacen a la vida jurídica con su suscripción, independientemente de su inscripción posterior en el Registro Minero Nacional.

La ANM desconoció el principio de igualdad al no aplicar al contrato de concesión 693-17 el mismo trato que se le dio a los títulos mineros 834-17, ICQ-081027X, JHQRegistro Minero Nacional.

La ANM desconoció el principio de igualdad al no aplicar al contrato de concesión 693-17 el mismo trato que se le dio a los títulos mineros 834-17, ICQ-081027X, JHQ08541, 690-17, 835-17, KI7-08051, 810-17, 827-17, 808-17, 80917, ICQ081026X, JHQ08471, 828-17, 811-17, ICQ-08018, 833-17, 824-17, los cuales fueron radicados por la misma Øpoca de la del contrato de concesión 693-17 y fueron debidamente inscritos sin objeciones en el Registro Minero Nacional, bajo el marco normativo de la Ley 685 de 2001.

1.3.2. Adicionalmente, se configuró una vulneración al debido proceso y al derecho de contradicción, en tanto la entidad no trasladó al interesado el informe tØcnico que sirvió de fundamento a la decisión de archivo, impidiendo su discusión, contradicción y eventual refutación. Esta omisión contraviene la doctrina jurisprudencial establecida por la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Laboral— en sentencia del 21 de febrero de 2002, segœn la cual los informes tØcnicos elaborados por entidades pœblicas que requieren conocimientos especializados para resolver aspectos tØcnicos o científicos tienen naturaleza de dictamen pericial, aun cuando se practiquen extraprocesalmente. En consecuencia, su incorporación como medio probatorio exige el respeto del principio de contradicción, sin el cual no pueden derivarse consecuencias jurídicas en contra del administrado.

dictamen pericial, aun cuando se practiquen extraprocesalmente. En consecuencia, su incorporación como medio probatorio exige el respeto del principio de contradicción, sin el cual no pueden derivarse consecuencias jurídicas en contra del administrado.

1.3.3. La decisión de rechazar y archivar la propuesta de contrato 693-17 no so lo desconoce el carÆcter vinculante de un contrato vÆlidamente suscrito —con efectos jurídicos plenos desde su firma — sino que configura una actuación administrativa regresiva, arbitraria y contraria a los principios de igualdad, seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima. La omisión en el traslado del inform e tØcnico y laRadicado: 11001-03-26-000-2021-00086-00 (66891)

Demandante: Jhon Jairo Pinilla Pineda

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negativa injustificada a registrar un título vigente desde 2009 constituyen, ad emÆs, una falla en la prestación del servicio por parte de la autoridad minera, co n consecuencias lesivas en tØrminos económicos y jurídicos para el demandante, quien ha soportado mÆs de quince aæos de gestión administrativa sin una respuesta efectiva ni conforme con la legalidad.

1.3.4. Como consecuencia, la parte actora relacionó la vulneración de las siguientes normas constitucionales y legales: los artículos 2, 25 y 29 de la Constitución Política; y los artículos 3, 4, 50, 328, 332 y 333 de la Ley 685 de 2001.

2. TrÆmite procesal relevante

2.1 El conocimiento del asunto correspondió inicialmente al Juzgado Cuarto de l

y los artículos 3, 4, 50, 328, 332 y 333 de la Ley 685 de 2001.

2. TrÆmite procesal relevante

2.1 El conocimiento del asunto correspondió inicialmente al Juzgado Cuarto de l Circuito de Manizales, autoridad judicial que, en auto del 23 de marzo d e 2021 2, declaró su falta de competencia para conocer del proceso y ordenó remitir el expediente a esta Corporación.

2.2. El 14 de mayo de 2021, el proceso fue asignado por reparto al Despacho sustanciador para decidir sobre la admisión de la demanda formulada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3.

2.3. Por auto de fecha 15 de julio de 2021, el Despacho admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho; ordenó las notificaciones y el traslado legal correspondientes, y reconoció personería a la abogada Lina María CÆrdenas Marín como apoderada de la parte actora4.

2.4. No obstante, por auto de fecha 24 de enero de 2022, el Despacho corrigió el auto proferido el 15 de julio de 2021, en lo referente a las normas aplicables sobre notificaciones y traslado, para ajustarlo a las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021 al CPACA, por tratarse de normas procesales de aplicación inmediata; en consecuencia, precisó que la notificación y el traslado debía n efectuarse conforme a los artículos 199 y 172 del CPACA, en su versión reformada5.

2.5. Una vez surtida la notificación correspondiente, la ANM no contestó la

efectuarse conforme a los artículos 199 y 172 del CPACA, en su versión reformada5.

2.5. Una vez surtida la notificación correspondiente, la ANM no contestó la demanda, segœn se advierte en la constancia secretarial de fecha 4 de mayo de 20226.

2.6. Mediante auto del 30 de junio de 2022, el Despacho adecuó el trÆmite al procedimiento de sentencia anticipada previsto en el artículo 182A del CPACA. En consecuencia, fijó el objeto del litigio en punto a determinar l a legalidad de las resoluciones que rechazaron y archivaron la propuesta del contrato de concesión

2 Archivo electrónico identificado con certificado FE4532A2A0163E2C 8567B2ECE3785D6E D3BBDA9096608B21 699575B986805313, ubicado en el índice 2 del expediente digital, en el aplicativo Samai. 3 Archivo electrónico identificado con certificado 7D6289B3B803AF86 F4C263D6FCD58439 49A729E92D016320 1223610B26383596, ubicado en el índice 3 del expediente digital, en el aplicativo Samai. 4 Archivo electrónico identificado con certificado 7710419028665243 FBBA224854844EBE D1C3DC59D40B82E9 A380AFA21B40CAB6, ubicado en el índice 8 del expediente digital, en el aplicativo Samai. 5Archivo electrónico identificado con certificado 323F718F1978F34B 4C6CDFC97B1CBA0A 0C29DBB1CF6F2669 9BE97254A729EA73, ubicado en el índice 13 del expediente digital, en el aplicativo Samai.

0C29DBB1CF6F2669 9BE97254A729EA73, ubicado en el índice 13 del expediente digital, en el aplicativo Samai. 6 Archivo electrónico identificado con certificado 6E9EF0B6486392BB 269D7A5B232BE74F 9793DA0EC366F958 9EA07161E68FC61C, ubicado en el índice 20 del expediente digital, en el aplicativo Samai.Radicado: 11001-03-26-000-2021-00086-00 (66891)

Demandante: Jhon Jairo Pinilla Pineda

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minera nœm. 693-17, y precisó como cuestiones jurídicas a resolver: (i) la posible contradicción de dichos actos con disposiciones constitucionales y legales; (ii) el alcance del derecho derivado del contrato suscrito en 2009; y (iii) la eventua l vulneración de garantías procedimentales en el trÆmite de evaluación de la propuesta. Por œltimo, ordenó correr traslado para alegar por escrito y dispuso proferir sentencia anticipada una vez surtido dicho traslado7.

2.7. La ANM, por conducto de su apoderado judicial 8, presentó alegatos de conclusión en los que sostuvo, en síntesis, lo siguiente9:

2.7.1. El contrato de concesión minera, de acuerdo con la Ley 685 de 2001, reviste carÆcter solemne y solo se perfecciona con su inscripción en el Registro Minero Nacional. Hasta tanto no se cumpla este requisito, no se configura una situación jurídica consolidada ni se adquiere derecho alguno frente al Estado, limitÆnd ose la

carÆcter solemne y solo se perfecciona con su inscripción en el Registro Minero Nacional. Hasta tanto no se cumpla este requisito, no se configura una situación jurídica consolidada ni se adquiere derecho alguno frente al Estado, limitÆnd ose la propuesta de concesión a una mera expectativa. En tal sentido, la sola suscrip ción del contrato, sin su inscripción en el RMN, no otorga efectos jurídicos plenos ni puede ser invocada como título vÆlido para la exploración o explotación de recursos mineros. Así lo ha reconocido reiteradamente la jurisprudencia y la doctrina especializada, al distinguir entre derechos adquiridos y meras expectativas en el Æmbito minero.

2.7.2. La autoridad minera, con fundamento en los principios legales y tØcnicos vigentes, estÆ facultada para verificar, en cualquier momento previo al perfeccionamiento del contrato, que el Ærea solicitada estØ libre de superposiciones o restricciones, y adoptar las medidas administrativas necesarias en caso de encontrar irregularidades. Esto incluye la reevaluación de propuestas o contratos suscritos, pero no perfeccionados, sin que ello implique modificación unilateral ni afectación de derechos adquiridos, en tanto no existe un contrato perfeccionado. En este marco, el sistema de cuadrícula minera —adoptado mediante la Ley 1753 de 2015 y reglamentado por la Resolución 504 de 2018 — constituye la herramienta obligatoria para delimitar las Æreas mineras, aplicable incluso a propuestas en trÆmite con anterioridad a su implementación.

2.7.3. Como el proponente no acreditó la existencia de un título minero

obligatoria para delimitar las Æreas mineras, aplicable incluso a propuestas en trÆmite con anterioridad a su implementación.

2.7.3. Como el proponente no acreditó la existencia de un título minero perfeccionado ni la consolidación de una situación jurídica que le otorgara derechos adquiridos, su reclamación se basa en una expectativa que puede ser regulada por disposiciones posteriores. Por tanto, la actuación de la ANM al rechazar y a rchivar la propuesta del contrato de concesión minera nœm. 693-17, con fundame nto en el sistema de cuadrícula y la superposición con títulos vigentes, se ajustó al ordenamiento jurídico y no configura vulneración del debido proceso ni ello ge nera responsabilidad estatal.

2.8. El agente del Ministerio Pœblico rindió concepto, cuyos argumentos la Sala

7 Archivo electrónico identificado con certificado 8869BF13C1161684 9A1556639FCE459E 2BD165949221693 5185610365EC27DD, ubicado en el índice 26 del expediente digital, en el aplicativo Samai. 8 Por auto del 21 de septiembre de 2023, el Despacho sustanciador reconoció personería para actuar al abogado Juan SebastiÆn Reyes López, identificado con la cØdula de ciudadanía No. 1.010.175.264 y portador de la tarjeta profesional No. 230.419 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado judicial de la Agencia Nacional de Minería. ( Archivo electrónico identificado con certificado E6C5F841C77B75EF 9935938599095325

profesional No. 230.419 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado judicial de la Agencia Nacional de Minería. ( Archivo electrónico identificado con certificado E6C5F841C77B75EF 9935938599095325 404634E8E2A53508 B24825FBD07FD59F, ubicado en el índice 35 d el expediente digital, en el aplicativo Samai). 9 Archivo electrónico identificado con certificado 2A67134429750DB1 12815DE8913865E0 670434F799060182 682122D2F285B22F, ubicado en el índice 30 del expediente digital, en el aplicativo Samai.Radicado: 11001-03-26-000-2021-00086-00 (66891)

Demandante: Jhon Jairo Pinilla Pineda

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sintetiza a continuación10:

2.8.1. La aplicación de la Resolución 001845 de 2019, que rechazó la propuesta del contrato de concesión minera nœm. 693-17 con base en las reglas contenidas en la Resolución 505 de 2019, pudo haber vulnerado el principio de confianza legítima, al imponer de manera intempestiva un criterio de prelación fundado exclusivament e en la existencia de “derechos adquiridos”. En particular, desconoció las expectativas legítimas de quienes, antes de la entrada en vigor de dicha normativa, ha bían presentado solicitudes de concesión minera bajo el rØgimen anterior.

2.8.2. A juicio del Ministerio Pœblico, tales expectativas —aunque no configuren derechos adquiridos en sentido estricto— surgen de situaciones fÆcticas y jurídicas

2.8.2. A juicio del Ministerio Pœblico, tales expectativas —aunque no configuren derechos adquiridos en sentido estricto— surgen de situaciones fÆcticas y jurídicas concretas que, conforme a la jurisprudencia constitucional, merecen una protección intermedia frente a cambios normativos abruptos. Adicionalmente, consideró que los cargos formulados por el demandante tienen mØrito para prospe rar, ya que la autoridad minera, al adoptar una regla que altera retroactivamente las condici ones de evaluación de las propuestas en trÆmite, quebrantó la confianza generada en los particulares y actuó por fuera del marco de su potestad reglamentaria.

2.9. La parte actora guardó silencio en esta oportunidad procesal11.

III. CONSIDERACIONES

La Sala abordarÆ el siguiente orden para resolver el asunto puesto a su consideración: (1) presupuestos procesales, (2) problemas jurídicos, (3) hechos probados, (4) caso concreto, (5) conclusión y (6) costas.

1. Presupuestos procesales

1.1. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto12, conforme a lo establecido el artículo 104 del CPACA 13, dado que se demanda la nulidad, con el consecuente restablecimiento del derecho, de unos actos administrativos proferidos por una autoridad del orden nacional, como es l a ANM, en el marco del trÆmite de una propuesta de contrato de concesión minera. Igualmente, el Consejo de Estado es competente para resolver el asunto e n œnica instancia, de conformidad con lo previsto en el artículo 295 de la Ley 685 de 200114

Igualmente, el Consejo de Estado es competente para resolver el asunto e n œnica instancia, de conformidad con lo previsto en el artículo 295 de la Ley 685 de 200114

10 Archivo electrónico identificado con certificado 375EA3404AE1BD49 D5F34D3D4443CF7C 882A5B5B2A2686AC 181D0E46AC40050D, ubicado en el índice 31 del expediente digital, en el aplicativo Samai. 11 Conforme a la Constancia Secretarial de fecha 02 de noviembre de 2022. ( Archivo electrónico identificado con certificado ABC1EBFBA3F775B6 DDC37FC36BF06FB6 FCB4E7EAB28C6670 5A5794A9A0BCBECE, ubicado en el índice 31 del expediente digital, en el aplicativo Samai). 12 Al presente asunto le resultan aplicables la Ley 1437 de 2011 –CPACA–, la Ley 1564 de 2012 –CGP–, en virtud de lo dispuesto en el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados, así como la Ley 2080 de 2021, salvo en lo relativo a las disposiciones sobre competencia. 13 LEY 1437 de 2011, artículo 104. “De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Juri sdicción de lo Contencioso Administrativo estÆ instituida para conocer, ademÆ s de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estØn involucradas las entidades pœblicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. […]” [Destaca la Sala]

operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estØn involucradas las entidades pœblicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. […]” [Destaca la Sala] 14 LEY 685 DE 2001, artículo 295. “COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO. De las acciones que se promuevan sobre asuntos mineros, distintas de las contrac tuales y en los que la Nación o una entidad estatal nacional sea parte, conocerá el Consejo de Estado en única instancia.”Radicado: 11001-03-26-000-2021-00086-00 (66891)

Demandante: Jhon Jairo Pinilla Pineda

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— Código de Minas—, vigente para la fecha de la presentación de la demanda15, el cual determinaba que el Consejo de Estado conoce en œnica instancia de los asuntos mineros no contractuales en los que sea parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada.

AdemÆs, cabe destacar que, conforme a lo establecido en el artículo 13 del Acuerdo No. 080 de 201916, corresponde a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el conocimiento de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen “sobre asuntos agrarios contractuales, mineros y petroleros”.

1.2. El medio de control procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA 17, el cual establece que toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica podrÆ pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en

derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA 17, el cual establece que toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica podrÆ pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho, pudiendo solicitar, asimismo, que se le repare el daæo. Por ta nto, se trata del mecanismo procedente en los casos en que el particular sufre un daæo originado en un acto administrativo, generalmente de carÆcter particular y concreto, siempre que dicho acto se estime ilegal; ademÆs, tiene como finalidad que el juez administrativo declare su nulidad y, como consecuencia, ordene el restablecimiento del derecho conculcado, vulnerado o desconocido, y/o la indemnización de los perjuicios ocasionados, siendo la declaratoria de nulidad un requisito sine qua non para obtener dicho restablecimiento.

Este medio de control resulta aplicable al caso en estudio, ya que la part e demandante pretende, por un lado, la declaratoria de nulidad de la Resolución nœm. 001845 del 25 de octubre de 2019, mediante la cual la ANM rechazó y archivó la propuesta de contrato, por considerar que no existía Ærea libre, decisión que fue confirmada mediante la Resolución nœm. 000176 del 3 de marzo de 2