CE - Sentencia 11001032600020210020900 de 2025
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001032600020210020900 de 2025
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 110010326000-2021-00209-00 (67623) Demandante: Mariela Sierra Sierra Demandado: Agencia Nacional de Minería -ANMReferencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Temas: LEGITIMACIÓN POR ACTIVA DEL COMUNERO - Cuando se trata de bienes en comunidad, no es exigible la concurrencia de todos los condueños para el ejercicio de acciones judiciales en procura de su protección o recuperación / SUCESIÓN PROCESALLa muerte de una de las partes no extingue la acción ni invalida lo actuado, como tampoco pone fin al mandato otorgado al apoderado judicial. En tales casos, sus herederos o causahabientes asumen la posición procesal del causante en el estado en que se encuentre el proceso / DEBIDO PROCESO EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS - Constituye una garantía fundamental que asegura que toda persona, al enfrentarse a una decisión de la Administración, tenga la posibilidad real de ejercer de manera efectiva sus derechos de defensa y contradicción / EXPROPIACIÓN MINERA – Es de carácter judicial, pero impone un procedimiento administrativo previo cuya validez exige el cumplimiento estricto de lo establecido en los artículos 189 a 192 del Código de Minas / DEBIDO PROCESO EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EXPROPIACIÓN MINERA - La notificación a los
establecido en los artículos 189 a 192 del Código de Minas / DEBIDO PROCESO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EXPROPIACIÓN MINERA - La notificación a los propietarios y poseedores del acto que ordena la visita técnica en la etapa administrativa del procedimiento de expropiación minera, legitima la expropiación al permitir la intervención de los afectados en la fase en que se adoptan las decisiones más trascendentes, y en esa misma medida, condiciona la validez del acto definitivo.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver sobre las pretensiones de la demanda presentada en contra de unos actos administrativos que aprobaron el inicio del trámite judicial de expropiación de un predio.
Indica la demanda que los actos están viciados de nulidad por desconocimiento del debido proceso, vulneración de normas superiores y falsa motivación.
I. ANTECEDENTES
La demanda y sus fundamentos
1. El 24 de septiembre de 2021 1, Mariela Sierra Sierra presentó demanda 2 en contra de la Agencia Nacional de Minería (en adelante ANM), con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución VSC 1251 del 30 de noviembre de 2018, que aprobó el inicio del trámite judicial de expropiación del predio denominado Brisas
1 Expediente digital, archivo “7_110010326000202100209006expedientedigi20211019121723”. 2 Expediente digital, archivo “3ED_20210922DEMANDAN”.Radicación: 110010326000-2021-00209-00 (67623)
Actor: Mariela Sierra Sierra
2 Expediente digital, archivo “3ED_20210922DEMANDAN”.Radicación: 110010326000-2021-00209-00 (67623) Actor: Mariela Sierra Sierra Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
2 del Nus, así como de la Resolución VSC 432 del 26 de abril de 2021 que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior. Ambos actos administrativos fueron emitidos por la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM. Se solicitó a título de restablecimiento del derecho, ordenar al Juzgado Promiscuo del Circuito de Cisneros, Antioquia, proceder con la terminación del proceso judicial de expropiación del inmueble adelantado en ese despacho 3 y la consecuente restitución a sus propietarios en caso de que hubiese sido entregado a la sociedad Gramalote Colombia Limited4.
2. Como fundamento de las pretensiones, se relataron los siguientes hechos
que la Sala pasa a resumir:
3. La demandante es copropietaria en común y proindiviso del inmueble denominado Brisas del Nus , ubicado en área rural del municipio de San Roque, vereda de Providencia, Antioquia, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 026-5181 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santo Domingo.
4. La sociedad Gramalote Colombia Limited (Gramalote) es beneficiaria del título minero unificado 14292011 para la exploración y explotación de oro, plata y cobre, con ocasión del contrato de concesión minera 14292 suscrito en 2012 con el
4. La sociedad Gramalote Colombia Limited (Gramalote) es beneficiaria del título minero unificado 14292011 para la exploración y explotación de oro, plata y cobre, con ocasión del contrato de concesión minera 14292 suscrito en 2012 con el Departamento de Antioquia. El predio Brisas del Nus se encuentra dentro del área del título minero indicado.
5. El 15 de marzo de 2017, Gramalote solicitó a la ANM la expropiación del predio Brisas del Nus, argumentando que era indispensable para la ejecución de su proyecto minero. Esta solicitud se fundamentó en los artículos 186 a 192 de la Ley 685 de 2001, actual Código de Minas.
6. La ANM expidió el Auto VSC 091 del 19 de mayo de 2017, dando inicio al procedimiento de expropiación y ordenando la visita técnica al predio, decisión aclarada luego por el Auto VSC 000105 del 1 de junio del mismo año. Entre el 25 y el 28 de julio de 2017 se realizaron visitas técnicas al predio, concluyendo que el mismo era indispensable para la operación minera, y el 2 de mayo de 2018, mediante Auto 070, la entidad dio traslado del avalúo comercial del inmueble realizado por la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia.
7. El 30 de noviembre de 2018, el Vicepresidente de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM expidió la Resolución VSC 001251, mediante la cual se facultó a Gramalote para iniciar el trámite judicial de expropiación del inmueble.
8. La demandante no fue notificada en debida forma de los autos ni del acto definitivo.
se facultó a Gramalote para iniciar el trámite judicial de expropiación del inmueble.
8. La demandante no fue notificada en debida forma de los autos ni del acto definitivo.
3 Bajo el radicado 051903189001-2019-00092-00. 4 Textualmente solicitó: PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos proferidos por LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, por haber sido expedidos en infracción de las normas en que deberían fundarse; en desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa y por haberse expedido de forma irregular por falta de motivación o deficiente motivación, de conformidad con lo expuesto en la demanda: a) De la Resolución No. VSC 1251 del 30 de noviembre de 2018 (…). b) De la Resolución VSC No. 432 del 26 de abril de 2021, notificada el día 29 siguiente (…) PRETENSIÓN CONSECUENCIAL DE LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a título de restablecimiento del derecho, se oficie al Juzgado Promiscuo del Circuito de Cisneros, para que este termine de manera inmediata el proceso judicial de expropiación con radicado 05190 31 89 001 201900092-00 y ordene la restitución a sus propietarios del inmueble denominado “Brisas del Nus”, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 026-5181 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santo Domingo, en caso de que este ya haya
sido entregado a la sociedad GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED.Radicación: 110010326000-2021-00209-00 (67623) Actor: Mariela Sierra Sierra Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
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9. En julio de 2020, al tener conocimiento de la Resolución 1251, la parte actora se dio por notificada del acto y presentó recurso de reposición, el cual se sustentó5, entre otros, en: (i) la “falta de notificación del Auto 000091 del 19 de mayo de 2017 - por el cual se admite el trámite de declaración administrativa de expropiación y toman otras decisiones”; (ii) la presencia de errores en la identificación del inmueble por la solicitante e inexistencia del área solicitada en expropiación; y (iii) la insuficiencia probatoria del informe o concepto técnico sobre la necesidad o procedencia de la expropiación, y por ende, la falta de determinación de la necesidad del inmueble.
10. La ANM, mediante Resolución VSC 486 del 16 de septiembre de 2020, rechazó el recurso por extemporáneo, alegando que la decisión ya estaba ejecutoriada pues se había notificado por aviso a la parte actora.
11. El 17 de noviembre de 2020, la demandante interpuso acción de tutela en contra de la ANM, alegando que no fue notificada de la Resolución 1251. En segunda instancia, el Tribunal Superior de Medellín (16 de abril de 2021), al verificar que la citación fue remitida a una dirección inexistente y distinta a la que se indicaba
contra de la ANM, alegando que no fue notificada de la Resolución 1251. En segunda instancia, el Tribunal Superior de Medellín (16 de abril de 2021), al verificar que la citación fue remitida a una dirección inexistente y distinta a la que se indicaba como conocida en el propio acto administrativo, concedió el amparo y ordenó a la ANM dejar sin efectos la Resolución 486 y resolver de fondo el recurso de reposición. La decisión de tutela se circunscribió a la presunta extemporaneidad y al deber de resolver el recurso contra el acto definitivo (Resolución 1251), por lo que no refirió a la falta de notificación del auto inicial que abrió el trámite.
12. En cumplimiento del fallo de tutela, la ANM expidió la Resolución VSC 431 del 26 de abril de 2021, dejando sin efectos la Resolución 486 y teniendo a la demandante por notificada de la Resolución 1251. Posteriormente, profirió la Resolución VSC 432 del 26 de abril de 2021 donde resolvió el recurso de reposición y confirmó la Resolución 1251 en todas sus partes.
13. Actualmente, con fundamento en la Resolución 1251, Gramalote adelanta un juicio de expropiación ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Cisneros, Antioquia
(rad. 05190 31 89 001 2019-00092-00).
Los cargos de nulidad
14. Se indicó que los actos demandados desconocieron el debido proceso, vulneraron normas superiores y están falsamente motivados, en tanto y en cuanto:
15. (i) La demandante no fue notificada de los actos que dieron inicio, trámite y conclusión al procedimiento de expropiación,
vulneraron normas superiores y están falsamente motivados, en tanto y en cuanto:
15. (i) La demandante no fue notificada de los actos que dieron inicio, trámite y conclusión al procedimiento de expropiación,
16. (ii) Dentro del trámite administrativo existieron serias inconsistencias en la delimitación y extensión real del predio, pues mientras la Resolución 1251 de 2018 menciona un área de 29,544 hectáreas, el certificado de tradición y libertad muestra dimensiones di stintas (103 cuadras o aproximadamente 65 hectáreas), y posteriormente, se hicieron anotaciones que daban cuenta de segregaciones y rectificaciones de linderos que reducían la extensión a 35 hectáreas con 2.800 metros cuadrados. A su vez, el avalúo realizado por la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia se efectuó sobre otra medida del terreno, sin claridad sobre
5 Expediente digital, archivo “REC DE REPOS CONTRA RES No. 001251 DE 30 NOV DE 201807 JULIO 2020A”Radicación: 110010326000-2021-00209-00 (67623) Actor: Mariela Sierra Sierra Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
4 cuál era el verdadero inmueble objeto de la expropiación. Tales contradicciones no fueron valoradas ni aclaradas por la ANM, evidenciando un defecto grave en la motivación de los actos administrativos demandados, pues la entidad no precisó cuál era la extensión real del predio a expropiar ni cómo se justificaba la diferencia entre los distintos documentos.
motivación de los actos administrativos demandados, pues la entidad no precisó cuál era la extensión real del predio a expropiar ni cómo se justificaba la diferencia entre los distintos documentos.
17. (iii) La Resolución 1251 de 2018 incluyó como propietario al señor Bernardino Sierra Sierra, fallecido desde 1975, sin acreditar su defunción ni vincular a sus herederos determinados o indeterminados. Este defecto desconoció las normas de orden público sobre cap acidad para ser parte en un proceso administrativo, particularmente las relativas al estado civil y a la sucesión procesal, lo que afecta la validez de la actuación.
18. (iv) La Resolución 432 de 2021 incumplió lo ordenado por el Tribunal Superior de Medellín en el fallo de tutela que amparó a la demandante, pues este ordenó resolver de fondo el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1251 de 2018, pero la ANM se limitó a confirmar lo decidido sin pronunciarse sobre las inconsistencias señaladas, especialmente, sobre la falta de notificación, lo que refuerza el carácter irregular de los actos demandados.
Reforma de la demanda
19. Mediante providencia del 17 de enero de 2022 6 esta Corporación admitió la demanda, ordenó notificar el auto admisorio a la ANM, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y concedió el término legal para su contestación.
20. En escrito del 3 de junio de 20227, la parte actora reformó su libelo con el fin de ampliar las pretensiones y vincular como demandada a la sociedad Gramalote.
Mediante auto del 15 de noviembre de 20228, el despacho rechazó la reforma en lo
de ampliar las pretensiones y vincular como demandada a la sociedad Gramalote. Mediante auto del 15 de noviembre de 20228, el despacho rechazó la reforma en lo relativo a las nuevas pretensiones y partes por haber operado la caducidad, y admitió las modificaciones únicamente en lo atinente a los hechos, fundamentos de derecho y pruebas.
21. En cuanto a los hechos, la reforma incorporó una narración más detallada y cronológica de las actuaciones previas a la expedición de los actos demandados, incluyendo la forma en que Gramalote solicitó la expropiación y las visitas técnicas practicadas en el predio, así como las contradicciones detectadas entre el avalúo, las escrituras y el certificado de tradición, subrayando que la ANM vinculó en el trámite a una persona ya fallecida (Bernardino Sierra Sierra), sin llamar a sus herederos.
22. En los fundamentos de derecho, la demanda reformada amplió los cargos de violación normativa, con especial énfasis en las disposiciones del Código de Minas (arts. 186 a 191), las reglas del CPACA sobre notificaciones y las normas civiles y registrales sobre estado civil y capacidad pa ra ser parte. Asimismo, se reforzó el argumento de que existió una falsa motivación por inconsistencias en la delimitación del inmueble.
6 Expediente digital, archivo “16AUTOQUEADMITEDEMANDA”. 7 Expediente digital, archivo “45RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_20220503REFORMAD” 8 Expediente digital, archivo “70AUTOQUEADMITEREFORMADELADEMANDA”.Radicación: 110010326000-2021-00209-00 (67623)
Actor: Mariela Sierra Sierra
8 Expediente digital, archivo “70AUTOQUEADMITEREFORMADELADEMANDA”.Radicación: 110010326000-2021-00209-00 (67623) Actor: Mariela Sierra Sierra Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
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23. Respecto a las pruebas, la reforma adicionó documentos para demostrar la inexistencia de la dirección utilizada para notificar la Resolución 1251 de 2018 a la demandante, la indebida identificación del predio y la omisión de vincular a los herederos de Bernardino Sierra Sierra. En particular, se allegaron certificaciones de la Secretaría de Planeación de San Roque y escrituras públicas para acreditar las modificaciones en el área y linderos del predio, así como para evidenciar incongruencias en las medidas usadas en el avalúo.
Contestación de la demanda
24. Dentro de la oportunidad correspondiente, la demanda reformada fue contestada por la ANM 9, quien negó todos los cargos de nulidad y se opuso a las pretensiones.
25. Según la entidad, el procedimiento administrativo de expropiación cumplió cada una de las etapas previstas en la ley: la solicitud presentada por Gramalote, la visita técnica de campo, el concepto de necesidad e indispensabilidad del predio para el proyect o minero y el avalúo comercial del inmueble. Sobre esta base, sostuvo que el acto administrativo que autorizó la expropiación goza de presunción de legalidad y que la actora no demostró vicios sustanciales que justifiquen su nulidad.
26. Respecto de la falta de notificación, afirmó que la demandante tuvo
de legalidad y que la actora no demostró vicios sustanciales que justifiquen su nulidad.
26. Respecto de la falta de notificación, afirmó que la demandante tuvo conocimiento oportuno de las decisiones y que, en cualquier caso, se notificó por conducta concluyente de la Resolución 1251 de 2018 que aprobó la iniciación de los trámites para la expropiación judicial, cuando interpuso el recurso de reposición.
Añadió que la supuesta irregularidad en la dirección consignada en las comunicaciones no afecta la validez de los actos administrativos, pues los vicios de notificación inciden en la eficacia del acto, pero no en su legalidad. Además, indicó que mediante la Resolución 431 de 2021 se dejó sin efecto el acto que declaró extemporáneo el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 1251 de 2018, y que el mismo fue resuelto con la Resolución 432 de 2021, de modo que el derecho de defensa de la actora fue respetado y cualquier defecto anterior subsanado.
27. En relación con las inconsistencias sobre el área y delimitación del predio, afirmó que no existía la contradicción insalvable aducida en la demanda. A su juicio, el certificado de tradición refleja una situación registral que no coincide con la extensión real, dado que en el folio no se habían actualizado en detalle las sucesivas segregaciones del inmueble. Precisó que el predio fue identificado técnica y topográficamente con coordenadas precisas en el expediente administrativo, cumpliendo con el requisito legal de localización. Adujo que el hecho de que los registros notariales y el avalúo comercial ofrezcan cifras diferentes no invalida el
topográficamente con coordenadas precisas en el expediente administrativo, cumpliendo con el requisito legal de localización. Adujo que el hecho de que los registros notariales y el avalúo comercial ofrezcan cifras diferentes no invalida el procedimiento, ya que la identificación georreferenciada permite determinar con certeza el inmueble objeto de la expropiación.
28. Sobre el señalamiento de que se vinculó como propietario a Bernardino Sierra Sierra, fallecido desde 1975, explicó que este nombre aparecía en el folio de matrícula inmobiliaria, por lo que actuó con base en la información registral
9 Expediente digital, archivo “73_1RECIBEMEMORIALREFORMA20221216085008”.Radicación: 110010326000-2021-00209-00 (67623) Actor: Mariela Sierra Sierra Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
6 disponible. Además, aclaró que en la Resolución 1251 se dispuso la notificación a los herederos determinados e indeterminados de dicho causante, cumpliendo con la exigencia de vincular a los eventuales titulares de derechos.
29. Finalmente, replicó que tanto la Resolución 1251 como la Resolución 432 contienen una exposición detallada de los antecedentes, de los fundamentos normativos y de los estudios técnicos que justificaron la declaratoria de expropiación. En su criterio, los actos administrativos atacados están debidamente motivados en las disposiciones del Código de Minas, en el principio constitucional de utilidad pública de la actividad minera y en los informes técnicos allegados al expediente. Negó que existiera falsa motivación, pues todos los hechos relevantes
motivados en las disposiciones del Código de Minas, en el principio constitucional de utilidad pública de la actividad minera y en los informes técnicos allegados al expediente. Negó que existiera falsa motivación, pues todos los hechos relevantes estaban acreditados con pruebas técnicas y documentales, y la decisión de expropiar obedeció a la necesidad de garantizar el desarrollo eficiente del proyecto minero de Gramalote.
Coadyuvancia
30. La sociedad Gramalote intervino en calidad de coadyuvante de la entidad demandada con fundamento en su interés directo en la controversia, pues como beneficiaria del título minero, solicitó a la ANM la expropiación del predio Brisas del Nus y promovió el proceso judicial de expropiación que cursa ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Cisneros, intervención que fue admitida mediante auto del 31 de mayo de 202310.
31. En su escrito de coadyuvancia 11, indicó que las irregularidades en las notificaciones alegadas por la actora no configuran causales de nulidad de los actos administrativos, pues se trata de defectos que, en caso de existir, afectan únicamente la eficacia y no la validez del acto. Agregó que cualquier falencia ya había sido corregida por el fallo de tutela de abril de 2021, de modo que se trata de un hecho superado que no puede dar lugar a la nulidad, y que, en cualquier caso, la demandante tuvo la oportunidad de ejercer sus derechos al interponer el recurso de reposición en contra de la Resolución 1251 de 2018, con lo cual quedó garantizado su derecho de defensa.
32. En cuanto a la delimitación y extensión del inmueble, afirmó que la solicitud
de reposición en contra de la Resolución 1251 de 2018, con lo cual quedó garantizado su derecho de defensa.
32. En cuanto a la delimitación y extensión del inmueble, afirmó que la solicitud de expropiación cumplió estrictamente con los requisitos del artículo 189 del Código de Minas, por cuanto se identificaron a los propietarios, se indicó el título minero, se aportó el certificado de tradición y se describió con precisión la localización del predio mediante coordenadas MAGNA. También se allegó un estudio topográfico y un avalúo de la Lonja de Medellín, que determinó la extensión del terreno en 29,544 hectáreas. Afi rmó que las diferencias entre escrituras, certificados y avalúos se explican porque el folio de matrícula inmobiliaria no fue actualizado tras sucesivas segregaciones y rectificaciones, lo cual no afecta la certeza técnica sobre el predio objeto de la expropiación.
33. Respecto al hecho de que en la Resolución 1251 se mencionara como propietario a Bernardino Sierra Sierra, fallecido desde 1975, sostuvo que la ANM actuó conforme a la información registral, vinculando expresamente a sus herederos determinados e indetermina dos, por lo que no hubo irregularidad toda vez que la
10 Expediente digital, archivo “97_110010326000202100209001AUTOQUERESUEL20230601112014” 11 Expediente digital, archivo “88RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ESCRITODE_SOLICITUDDECOADYUV ”.Radicación: 110010326000-2021-00209-00 (67623) Actor: Mariela Sierra Sierra Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: Mariela Sierra Sierra Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
7 obligación de actualizar la información registral recae en los interesados y no en la administración.
34. Finalmente, recalcó que los actos administrativos acusados estaban debidamente motivados, basados en el principio de utilidad pública de la actividad minera, en la indispensabilidad del predio para el desarrollo del proyecto y en informes técnicos y jurídi cos completos, por lo que no existió falsa motivación ni expedición irregular y las resoluciones demandadas deben mantenerse.
Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público
35. Por auto del 6 de marzo de 2023 12 se determinó prescindir de la audiencia inicial, se incorporaron al proceso las pruebas documentales aportadas 13 y se ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.
36. En sus alegatos de conclusión, la ANM 14 y la sociedad coadyuvante 15 reiteraron la legalidad de las resoluciones demandadas, subrayando que: (i) los vicios de notificación solo afectan la eficacia y no la validez de los actos, de manera que no constituyen causal de nulidad; (ii) únicamente la omisión de trámites sustanciales y esenciales pueden dar lugar a la nulidad del acto, y en este caso, no se demostró afectación real del derecho al debido proceso; (iii) las resoluciones acusadas cuentan con soporte fáctico, técnico y jurídico suficiente; y (iv) las diferencias en las extensiones del inmueble se explican por deficiencias registrales,
se demostró afectación real del derecho al debido proceso; (iii) las resoluciones acusadas cuentan con soporte fáctico, técnico y jurídico suficiente; y (iv) las diferencias en las extensiones del inmueble se explican por deficiencias registrales, pero no afectan la certeza técnica de la identificación, que se garantizó con georreferenciación y un avalúo.
37. El Ministerio Público 16 indicó que debían negarse las pretensiones de la demanda, al considerar que las Resoluciones 1251 de 2018 y 432 de 2021 fueron expedidas conforme a la normativa aplicable, cumpliendo los requisitos legales para la expropiación del predio con fines de explotación minera. Argumentó que no hubo irregularidades en la notificación, que las áreas del predio fueron correctamente verificadas, que se garantizó el derecho de defensa y contradicción, y que no se configuraron las causales de falsa o falta de motivació n. Agregó que cualquier cuestionamiento sobre el conocimiento de los actos fue subsanado mediante la notificación por conducta concluyente de la Resolución 1251, y, en todo caso, por el cumplimiento del fallo de tutela que ordenó resolver de fondo el recur so de reposición, lo que ocurrió con la Resolución 432.
12 Expediente digital, archivo “90AUTOQUEDISPONETRAMITEDESENTENCIAANTICIPADA”. 13 Se allegaron como pruebas las siguientes documentales: (i) copia de la Resolución VSC 001251 del 30 de noviembre de
2018 de la ANM; (ii) copia del recurso de reposición del 7 de julio de 2020 con todos sus anexos, interpuesto por la demandante; (iii) copia de la Resolución VSC 00486 del 16 de septiembre de 2020 de la ANM; (iv) copia de la sentencia del Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Civil, del 16 de abril del 2021; (v) copia de la Resolución VSC 432 del 26 de abril de 2021 de la ANM; (vi) certificado de tradición del folio de matrícula inmobiliaria 026 -5181 de la Oficina de Registro de instrumentos públicos de Santo Domingo; (vii) respuesta al derecho de petición interpuesto ante la ANM, donde en su inciso final manifiestan que la fecha de notificación de la Resolución VSC 432 del 26 de abril de 2021, fue notificado el 29 de abril siguiente; (viii) certificado de existencia del proceso con radicado 05190 31 89 001 2019 -00092-00, expedida el 23 de julio del año en curso por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Cisneros; (ix) copia de la respuesta del Secretario de Planeación de San Roque donde certifica que la dirección Calle 35ª # 65D – 75, San Roque, Antioquia, no existe; (x) solicitud de conciliación presentada por la señora Mariela Sierra Sierra ante la Procuraduría Regional de Antioquia; (xi) expediente digitalizado del proceso de expropiación: (xii) Resolución VSC 001251 del 30 de noviembre de 2018, iii) Resolución VSC
000486 del 16 de septiembre de 2020; (xiii) Resolución VSC 000431 del 26 de abril de 2021; (xiv) Resolución VSC 000432 del 26 de abril de 2021; y, (xv) fallo de tutela de segunda instancia 05001340300120200006702 Mariela Sierra Vs. ANM. 14 Expediente digital, archivo “131_MemorialWeb_Alegatos”. 15 Expediente digital, archivo “135Memorial__136ALEGATOS”. 16 Expediente digital, archivo “141Memorial_CHM_Concepto 015-2024”.Radicación: 110010326000-2021-00209-00 (67623) Actor: Mariela Sierra Sierra Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
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38. Antes de dictar sentencia, la Sala consideró indispensable verificar de manera directa e idónea la forma, el medio y la oportunidad en que se surtió la notificación del Auto VSC 091 del 19 de mayo de 2017, que dio inicio al procedimiento administrativo, po r lo que, con fundamento en el artículo 213 del CPACA, requirió a la ANM para que remitiera copia íntegra de las constancias de notificación de dicha actuación, incluyendo sus soportes, como diligencias de notificación personal, citatorios, avisos, guías de operador postal, acuses de recibo o certificaciones de trazabilidad.
39. Mediante memorial radicado el 20 de noviembre de 2025, la ANM dio respuesta al requerimiento de la Sala, informando que, tras adelantar gestiones de búsqueda exhaustiva en sus bases de datos y en el correo institucional de la entonces Coordinadora de la Su cursal PAR Medellín, no se encontró constancia
respuesta al requerimiento de la Sala, informando que, tras adelantar gestiones de búsqueda exhaustiva en sus bases de datos y en el correo institucional de la entonces Coordinadora de la Su cursal PAR Medellín, no se encontró constancia alguna del trámite de comunicación a los interesados del Auto VSC 091 del 19 de mayo de 2017. Adicionalmente, en el informe anexo a dicho memorial, se dejó constancia expresa de que el auto en cuestión no fue recibido por el canal habitual de la entidad para efectos de proceder con su notificación.
II. CONSIDERACIONES
Legitimación en la causa
40. Corresponde verificar la legitimación en la causa por activa en un escenario en el que el inmueble objeto del acto administrativo pertenece en comunidad y proindiviso a varios titulares, en tanto la acción fue promovida inicialmente por uno solo de ellos —Mariela Sierra Sierra —17, sobrevi niendo además su fallecimiento durante el trámite. La definición de esta cuestión incide en la posibilidad de un pronunciamiento de fondo, en la existencia o no de litisconsorcio por activa, y en el alcance de la sen
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