CE - Sentencia 11001032600020210021100 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00211-00 (67627)

Demandante: Edilce Ordóñez Ortega y otros

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Proceso: Recurso Extraordinario de Revisión

CAUSAL PRIMERA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Los documentos aducidos como base de su configuración deben acreditar un supuesto de hecho diferente al acreditado por cuenta de los medios de prueba aportados oportunamente en el curso del proceso – su invocación no está llamada a suplir la inactividad probatoria del demandante en las etapas previstas dentro del proceso ordinario.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver en única instancia el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Edilce Ordóñez Ortega y otr os, contra la sentencia de l 18 de marzo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que decidió:

PRIMERO.- CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes, la sentencia de fecha 25 de noviembre de 2015, proferid a por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto (N), en el asunto de la referencia.

SEGUNDO.- CONDENAR en costas a la parte vencida, es decir a la parte

fecha 25 de noviembre de 2015, proferid a por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto (N), en el asunto de la referencia.

SEGUNDO.- CONDENAR en costas a la parte vencida, es decir a la parte demandante, cuya liquidación se adelantará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del C.G.P. por el Juzgado de origen.

TERCERO.- EJECUTORIADA esta providencia, por S ecretaría se realizarán las respectivas desanotaciones del libro radicador correspondiente y luego remitirá el expediente al Juzgado de origen.Radicación: 11001-03-26-000-2021-00211-00 (67627)

Demandante: Edilce Ordóñez Ortega y otros

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército

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I. SÍNTESIS DEL CASO

La presente controversia gira en torno a la configuración de la causal primera del recurso extraordinario de revisión prevista en el artículo 250 del CPACA, respecto de la sentencia proferida en segunda instancia el 18 de marzo de 2020 , por el Tribunal Administrativo de Nariño , en el marco del proc eso de reparación directa 2013-00396.

Como sustento de su invocación, se afirmó que uno de los demandados dentro del proceso que dio como resultado esa providencia, el municipio de Colón – Nariño, se abstuvo de incorporar pruebas documentales : i) relacionadas con la ausencia de fuerza pública en el corregimiento de Villanueva Col ón, para prevenir la masacre acaecida el 25 de junio de 2011 , cuando un grupo insurgente irrumpió en una

abstuvo de incorporar pruebas documentales : i) relacionadas con la ausencia de fuerza pública en el corregimiento de Villanueva Col ón, para prevenir la masacre acaecida el 25 de junio de 2011 , cuando un grupo insurgente irrumpió en una discoteca del lugar con armas de fuego, causando la muerte de varios de los civiles asistentes; ii) así como las alusivas a las distintas solicitudes elevadas po r la comunidad a nte la autoridades competentes para que prestaran protección a la población.

Se argumentó que, pese a que el municipio demandado no presentó esas pruebas decretadas por el Tribunal Administrativo de Nariño dentro del proceso en cuestión, ciertamente sí lo hizo en otros procesos de reparación directa impetrados por los mismos hechos que, gracias a su valoración, culminaron con sentencias favorables a las pretensiones de los familiares de las víctimas de la referida masacre.

II. ANTECEDENTES

1.- Del proceso de reparación directa 2013 – 00396, en desarrollo del cual se dictó la sentencia objeto de revisión

1.1.- El 13 de agosto de 2013, la señora Edilse Ordóñez Ortega, obrando en nombre propio y en el de sus hijas menores Lesly Taliana Gil Ordóñez, Derly Yarely Ordóñez y Yancy Luzdey Muñoz Ordóñez presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, Policía Nacional, Departamento de Nariño y Municipio de Colón con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por los perjuicios causados con la muerte violenta de José Oveimer Gil Botero, en hechos ocurridos

Nacional, Policía Nacional, Departamento de Nariño y Municipio de Colón con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por los perjuicios causados con la muerte violenta de José Oveimer Gil Botero, en hechos ocurridos el 25 de junio de 2011 en el corregimiento de Villa Nueva del municipio de Colón,Radicación: 11001-03-26-000-2021-00211-00 (67627)

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departamento de Nariño, acaecida “mientras se encontraba departiendo con varias personas en una discoteca del lugar, a la cual llegaron personas encapuchadas, vestidas de camuflados, con armas de corto y largo alcance y dispararon indiscriminadamente, dejando un saldo de 8 muertos, entre las que se encontraba una persona que era pieza clave en el desmantelamiento de los grupos al margen de la ley de influencia en el sector, quien no contaba con ningún tipo de protección”.

Se indicó que, luego del suceso, las autoridades competentes determinaron que debía haber presencia de la fuerza pública en la zona para prevenir nuevos actos violentos, lo que era constitutivo de una omisión en el servicio por haber dejado la población a merced de las bandas delincuenciales del sector.

1.2.- Surtido el procedimiento legal corr espondiente, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto dictó sentencia el 25 de noviembre de 2015, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda, por considerar que “la comisión del hecho dañino no le es imputable a las entidades demandadas, sino a

Administrativo del Circuito de Pasto dictó sentencia el 25 de noviembre de 2015, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda, por considerar que “la comisión del hecho dañino no le es imputable a las entidades demandadas, sino a la delincuencia común, configurándose la causal de culpa exclusiva de un tercero, como eximente de responsabilidad”.

1.3.- En contra de la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, para que se accediera a las pretensiones, insistiendo en que no hubo alguna actividad desplegada por parte de las entidades demandadas encaminada a proteger la honra, vida y bienes de los habitantes del corregimiento de Villanueva, ni antes, ni durante ni después de los hechos ocurridos el día 25 de junio de 2011, donde perdió la vida el señor José Oveimer Gil Ortiz.

2.- Sentencia objeto de revisión

2.1.- El recurso de apelación fue resuelto a través de sentencia de 18 de marzo de 2020, en la que el Tribunal Administrativo de Nariño confirmó el fallo de primera instancia.

Como sustento de su decisión, consideró que la parte actora no logró demostrar la configuración de los elementos de la responsabilidad administrativa de las entidades demandadas, por los perjuicios causados por la muerte del señor José Oveimer Gil Ortiz, toda vez que se trató de un acto terrorista dirigido inequívo camente contraRadicación: 11001-03-26-000-2021-00211-00 (67627)

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particulares donde ni directa ni indirectamente se vio involucrado el Estado, configurándose así el hecho exclusivo y determinante de un tercero.

Estimó que el análisis debía abordarse desde el régimen de responsabilidad subjetivo, bajo el título de imputación de falla del servicio, en aras de determinar si, para las autoridades , el hecho dañino era previsible y emprendieron las acciones para evitarlo.

Al respecto, encontró acreditado el daño consistente en el fallecimiento del señor José O veimer Gil Ortiz, ocurrido el 25 de junio de 2011 , por impactos de bala propinados por varios delincuentes que ingresaron al establecimiento denominado “Billares y Discoteca Discovery”, ubicado en el corregimiento Villanueva del municipio de Colón Génova, de acuerdo a lo consignado en el acta de inspección al cadáver 002.

Agregó que también reposaba el oficio 0031 del 7 de noviembre de 2013, en cuyo contenido el jefe de Comisión SIPOL, Tercer Distrito La Unión, reportó que la masacre ocurrida en el corregimiento de Villanueva, municipio de Colón Génova, al parecer "..., habría sido perpetrad a por integrantes de la Compañía Móvil Camilo Cienfuegos del ELN, en represalias por el asesinado de un integrante de esa estructura. Homicidio presuntamente ocurrido co n anterioridad en el mismo corregimiento".

Constatado lo anterior, precisó que , aun cuando los impactos de bala provinieron ,

estructura. Homicidio presuntamente ocurrido co n anterioridad en el mismo corregimiento".

Constatado lo anterior, precisó que , aun cuando los impactos de bala provinieron , al parecer, de un grupo armado al margen de la ley, no existía un nexo que vinculara dicha conducta con el daño generado, dado que el ataque se dirigió inequívocamente contra personas particulares, sin que su objetivo hubiera sido un servidor público o un puesto de Policía o del Ejército o de cualquier otro ente oficial, lo que traducía que las acciones delincuenciales, en primera medida no se dirigían contra el Estado.

Explicó que , según el departamento de Nariño, el occiso tenía la condición de desplazado por la violencia y que abandonó el corregimiento de Villanueva del municipio de Col ón – Génova, porque su vida se hallaba en una situación excepcional de peligro, razón por la cual vivía en Popayán desde 2008, pero que enRadicación: 11001-03-26-000-2021-00211-00 (67627)

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la fecha de su muerte había retornado intempestivamente, sin informar a ninguna autoridad competente que hubiera podido brindarle protección en su estadía.

Dicho esto, adujo que la previsibilidad del hecho no estaba demostrada, ya que no obraba prueba que permitiera concluir que las autoridades conocían de su regreso y de la situación especial en la que se encontraba, de la misma manera no exist ía prueba orientada a acreditar que la comunidad h ubiera recibido algún tipo de

obraba prueba que permitiera concluir que las autoridades conocían de su regreso y de la situación especial en la que se encontraba, de la misma manera no exist ía prueba orientada a acreditar que la comunidad h ubiera recibido algún tipo de amenazas y que estas hubieran sido puestas en conocimiento de alguna autoridad.

En línea con la advertido, sostuvo que a pesar de existir la obligación constitucional asignada a las entidades en el marco de sus competencias para la guarda y protección de los asociados, de ninguna manera los llevaba a ser responsables de todo ataque terrorista que los grupos al margen de la ley perpetran, más aún s i no se probaba que tal ataque se dirigía contra alguna entidad o establecimiento público, ni que fuera previsible, es decir que se cono ciera de antemano la existencia de un riesgo cierto o algún tipo de amenaza o información que se dirigiera a las autoridades respectivas, quienes tendrían el deber de brindar la protección necesaria como contingencia para evitar la configuración de un daño irreparable.

Sentado ese panorama, señaló que se compartía lo aducido por el juzgado de primera instancia , en el sentido de que el hecho de existir o no presencia de la Policía o del Ejército Nacional con la obligación de prestar seguridad a la zona, no implicaba que todo tipo de eventualidad delincuencial le fuera imputable, pues dicha regla no era aplicable en un Estado con limitaciones patrimoniales y logísticas para dotar a cada persona residente del país de una protección individual.

Corolario de lo expuesto, concluyó:

Todo lo dicho, conduce a confirmar la decisión de primera instancia, ya que las pruebas allegadas al proceso no logran demostrar que existió una falla en el servicio por omisión o negligencia, en vista que no existía una obligación

Todo lo dicho, conduce a confirmar la decisión de primera instancia, ya que las pruebas allegadas al proceso no logran demostrar que existió una falla en el servicio por omisión o negligencia, en vista que no existía una obligación concreta del Estado respecto del occiso, que , si se hubiera cumplido con la carga de informar su retorno y su ries go probable, muy seguramente la producción del daño hubiera sido previsible, hasta el punto de evitarlo.

Es así que se configura el hecho exclusivo y determinante de un tercero, frente al cual la administración no tiene responsabilidad, ya que es un elem ento que rompe el nexo casual, de cuya declaración se pretendía imponer, no existiendo relación directa ni indirecta de las entidades demandadas con los hechos perpetrados que lastimosamente cobraron la vida del señor José Oveimer Gil Ortiz, que si bien su muerte sí se constituye como un daño, el mismo no puedeRadicación: 11001-03-26-000-2021-00211-00 (67627)

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ser catalogado como antijurídico por todas las razones anteriormente expuestas.

3.- Recurso Extraordinario de Revisión

El 1 de octubre de 2021, la parte demandante presentó recurso extraordinario contra la sentencia proferida el 18 de marzo de 2020, por el Tribunal Administrativo de Nariño, con fundamento en la causal 1 del artículo 250 del C.P.A.C.A: “ Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con

la sentencia proferida el 18 de marzo de 2020, por el Tribunal Administrativo de Nariño, con fundamento en la causal 1 del artículo 250 del C.P.A.C.A: “ Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

En apoyo de su impugnación, adujo que , antes de presentar la demanda, la parte actora había radicado varias peticiones a la personería y a la alcaldía de Colón para que certificara sobre la existencia de requerimientos de la comunidad elevados con el fin de que hubiera presencia de las fuerzas armadas po r los hostigamientos de grupos subversivos, peticiones que fueron respondidas afirmando que en sus dependencias no reposaban documentos que dieran cuenta sobre las aludidas solicitudes por parte de la comunidad.

Señaló que, en otros procesos adelantados por los mismos hechos, se dictaron las siguientes sentencias favorables a las pretensiones de la demanda.

-. Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección A, de fecha 07 de Julio de 2016, Magistrado Ponente: Juan Carlos Garzón Martínez, proceso radicado número 2013-0150. Demandante: Yohana López Portilla y Otros, Demandada: Nación-Ministerio de Defensa NacionalPolicía Nacional.

-. Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección B, de fecha 24 de agosto de 2016, Magistrado Ponente: Carlos Alberto

Otros, Demandada: Nación-Ministerio de Defensa NacionalPolicía Nacional.

-. Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección B, de fecha 24 de agosto de 2016, Magistrado Ponente: Carlos Alberto Vargas Bautista, proceso radicado número 11001333603820130040901. Demandante: Aura Janeth Gómez Muñoz y Otros, Demandada: Nación -Ministerio de Defensa NacionalPolicía Nacional.

-. Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera - Subsección A, de fecha 03 de Agosto de 2017, Magistrado Ponente: Bertha Lucy Ceballos Posada, proceso radicado número 11001333603820130021401.

Demandante: Jesús Edinson Muñoz Ortiz y Otros, Demandada: Nación -Ministerio de

Defensa NacionalPolicía Nacional.

-. Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección A, de fecha 17 de Enero de 2019, Magistrado Ponente: Juan Carlos Garzón Martínez, proceso radicado Id Documento: 11001032600020210021100270110010020 número 2013 -0225. Demandante:Radicación: 11001-03-26-000-2021-00211-00 (67627)

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Georgina Solarte de Gomes y Otros, Demandada: Nación -Ministerio de Defensa NacionalPolicía Nacional.

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Georgina Solarte de Gomes y Otros, Demandada: Nación -Ministerio de Defensa NacionalPolicía Nacional.

-. Sentencia SC3 -03-20, proferida por el Tribunal Administrativo de CundinamarcaSección Tercera - Subsección C, de fecha 04 de marzo de 2020, Magistrado Ponente: María Cristina Quintero Facundo, proceso radicado número

11001333603620130045801. Demandante: José Ramiro Gil Gómez y Otros,

Demandada: Nación-Ministerio de Defensa NacionalPolicía Nacional.

Alegó que en las s entencias referidas se hizo alusión al oficio del 6 de marzo de 2007, suscrito por el Alcalde Municipal de Col ón - Nariño y dirigido al Ministro de Defensa de entonces, Juan Manuel Santos, con copia a Eduardo Marcelo Zuñigagobernador del departamento de Nariño, con constancia de recibido del 8 de marzo de 2007 a las 11:11 Horas, por Luis Ed uardo Zambrano, la cual fue pieza documental esencial para declarar responsable a la Policía Nacional de Colombia, por los hechos sucedidos el día 25 de junio de 2011.

Sostuvo:

Con el fin obtener copia del Oficio de fecha 6 de marzo de 2007, suscrito por el Alcalde Municipal de ColonNariñoMILLER ELOY MUÑOZ, dirigido al Doctor JUAN MANUEL SANTOS - Ministro de Defensa, con copia a EDUARDO MARCELO ZUÑIGAGobernador Departamento de Nariño y otros documentos, el doctor Junier Alejandro Parra Vélez, confiere poder a la suscrita, para solicitar

JUAN MANUEL SANTOS - Ministro de Defensa, con copia a EDUARDO MARCELO ZUÑIGAGobernador Departamento de Nariño y otros documentos, el doctor Junier Alejandro Parra Vélez, confiere poder a la suscrita, para solicitar copia del Proceso 520013333003 20130058401Medio de Control Reparación DirectaDemandante: Oscar Freddy Gómez Muñoz y Otros contra la NaciónMinisterio de Defensa - Policía Nacional, elevado ante Tribunal Administrativo de Nariño – Magistrado Ponente: Paulo León España Pantoja, de fecha 15 de julio de 2021, siendo respondido al correo electrónico :angiemelissacastro@hotmail.comjunierparravelez@gmail.com, donde se remite enlace para consulta del proceso referido.

Adicionalmente, advirtió que los siguientes documentos: I) copia del acta del Consejo de Seguridad del corregimiento de Villanueva – municipio de ColónNariño, de fecha 24 de marzo de 2007, diligenciada a mano y firmada la respectiva asistencia por cuarenta y ocho (48) personas de la comunidad, donde se resalta la presencia del señor Alcalde para su momento; ii) copia del oficio del 30 de junio de 2011, suscrito por Cristian Fernando Bravo Gómez - Gestor de Promoción y Apropiación del municipio de Col ón-Nariño, fueron obtenidos con posterioridad a que se profiriera la sentencia que puso fin al proceso.

Precisó que estas dos últimas piezas procesales mencionadas fueron parte de la respuesta dada por parte de la Secretar ía de Gobierno del municipio de Col ón –

que se profiriera la sentencia que puso fin al proceso.

Precisó que estas dos últimas piezas procesales mencionadas fueron parte de la respuesta dada por parte de la Secretar ía de Gobierno del municipio de Col ón – Génova – Nariño, mediante oficio dirigido al señor Fabio Benavidez Hernández,Radicación: 11001-03-26-000-2021-00211-00 (67627)

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Secretario Ad Hocdel Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pasto, Ref.: Reparación Directa 201300584, de fecha 27 de abril de 2016, en la que se expresó: “…hacemos llegar a ustedes las copias de los documentos que se encontraron en el archivo histórico de la Alcaldía Municipal de Colón Génova –Nariño”.

Advirtió que no obstante haberse solicitado al municipio – previa a la interposición de la demanda - que aportara esa documentación, este manifestó que en sus archivos no reposaban esos documentos, situación que , según se corroboró , fue contraria a la realidad, por lo que con su actuación provocó que esas evidencias no pudieran allegarse al plenario.

Adujo que, de haber sido aportados los documentos en cuestión, la decisión habría sido favorable a las pretensiones de la demanda , pues se habr ía contado con elementos para configurar la falla del servicio por omisión que echó de menos el Tribunal Administrativo de Nariño.

En lo sucesivo, procedió a referir las sentencias proferidas por los mismos hechos

elementos para configurar la falla del servicio por omisión que echó de menos el Tribunal Administrativo de Nariño.

En lo sucesivo, procedió a referir las sentencias proferidas por los mismos hechos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a partir de cuyo contenido, en su criterio, se denotaba cómo la valoración de las pruebas en cuestión conducía a despachar favorablemente las pretensiones de la demanda.

4.- Trámite procesal del recurso extraordinario de revisión

4.1. Mediante auto del 12 de febrero de 2022, se admitió el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Edilce Ordoñez Ortega y otros contra la sentencia del 18 de marzo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño y se dispuso correr traslado a la contraparte y al Ministerio Público para que se pronunciaran, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 253 del CPACA.

4.2.- La Nación – Ministerio de Defensa Nacional allegó oportunamente escrito de contestación, esgrimiendo que los argumentos del recurrente fueron objeto de pronunciamiento en la sentencia objeto de revisión , cuestión que descartaba la posibilidad de retomar, en sede de este recurso, la discusión concerniente a la presencia de grupos armados en el lugar de los hechos desde 2002 y los motivos por los cuales la víctima se encontraba en la región para el época del suceso pese a su condición de desplazado . A ñadió que los documentos aducidos comoRadicación: 11001-03-26-000-2021-00211-00 (67627)

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fundamento de la causal de revisión invocada, ya existían al momento de dictar sentencia, pero no fueron aportados al proceso por negligencia de la parte actora , a lo que sumó que su remisión al plenario tampoco habría sido determinante para proferir una decisión contraria a la dictada.

A su turno, el departamento de Nariño en su escrito de oposición alegó que la entidad acusada de no haber aportado los enunciados documentos era el municipio de Colón, situación que relevaba de responsabilidad a aquel ente territorial. Sin perjuicio de lo dicho, al paso manifestó que el departamento sí aportó varios oficios en los que daba cuenta de peticiones de la comunidad y de la alcald ía sobre la instalación de un puesto de policía en el corregimiento de Villanueva, por el aumento de la inseguridad en esa región.

Por su parte, el Ministerio Público allegó concepto en el sentido de advertir que el recurso extraordinario de revisión no e staba llamado a prosperar . Sobre el particular, señaló que la causal invocada era infundada en razón a que los documentos enlistados por la parte recurrente dejaron de ser aportados al proceso por causas atribuibles a su inactividad probatoria, al tiempo q ue su contenido tampoco conducía a que la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño debiera ser distinta a la que , en efecto , fue adoptada. Esto , por cuanto obraban en la causa otras pruebas que igualmente demostraban los mismos hechos que pretendía re velar la recurrente, pese a lo cual no fueron determinantes para

Nariño debiera ser distinta a la que , en efecto , fue adoptada. Esto , por cuanto obraban en la causa otras pruebas que igualmente demostraban los mismos hechos que pretendía re velar la recurrente, pese a lo cual no fueron determinantes para proferir un fallo que acogiera las súplicas de la demanda.

4.3.- En decisión del 17 de febrero de 2023 , se dispuso la apertura del per íodo probatorio, ordenando incorporar al proceso las pruebas aportadas y decretando las solicitadas por los extremos procesales.

II. CONSIDERACIONES

Régimen procesal

En atención a que se trata de un recurso extraordinario de revisión interpuesto el 1 de octubre de 2021, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 249 y 250 de la Ley 1437 de 2011 , junto con lasRadicación: 11001-03-26-000-2021-00211-00 (67627)

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modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021. Igualmente, concierne observar la regulación del Código General del Proceso, en virtud de la integración normativa consagrada por el artículo 306 del primero de los aludidos compendios.

I.- Presupuestos procesales

1.- Jurisdicción y competencia

Con arreglo a lo previsto en el inciso segundo del artículo 249 de la Ley 1437 de 20111, esta Subsección es competente para conocer y resolver el recurso

I.- Presupuestos procesales

1.- Jurisdicción y competencia

Con arreglo a lo previsto en el inciso segundo del artículo 249 de la Ley 1437 de 20111, esta Subsección es competente para conocer y resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto en contra la sentencia proferida el 18 de marzo de 2020, por el Tribunal Administrativo de Nariño.

En consonancia con lo prescrito en el numeral 10 del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, a través del cual se adoptó el Reglamento Interno del Consejo de Estado, le asiste competencia a esta Subsección para decidir la referida impugnación.

2.- Procedencia del recurso extraordinario

A la luz de lo dictados del artículo 248 del CPACA, con apego a los cuales “ El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo d e Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos” se verifica la viabilidad de conocer del presente asunto, en tanto la providencia objeto de impugnación corresponde a la sentencia proferida en segunda instancia por el 18 de marzo de 2020, por el Tribunal Administrativo de Nariño, que confirmó en todas sus partes el fallo del 25 de noviembre de 2015, dictado por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto, por el cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Sobre la finalidad de este mecanismo extraordinario, la doctrina especializada ha considerado que:

1 Artículo 249. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las

negaron las pretensiones de la demanda.

Sobre la finalidad de este mecanismo extraordinario, la doctrina especializada ha considerado que:

1 Artículo 249. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del consejo de estado conocerá la sala plena de lo contencioso administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los tribunales administrativos conocerán las secciones y subsecciones del consejo de estado según la materia .Radicación: 11001-03-26-000-2021-00211-00 (67627)

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“El recurso extraordinario de revisión cumple una trascedente misión y es la de evitar que se mantenga el imperio de una sentencia que no obstante es tar ejecutoriada, es decir, haber hecho tránsito a cosa juzgada formal y por ende susceptible de ser cumplida, dado que se llegó a ella existiendo medios irregulares o ilícitos, es posible cercenar sus efectos, obviamente si se interpone dentro del plazo que el legislador estimó prudencial para hacerlo, para, de ser el caso, proferir otra que la sustituya, enmendara los errores cometidos y restablecer el derecho, no obstante hacer tránsito a cosa juzgada formal que ya operó”2.

Cabe indicar que, el propósito del recurso de revisión no estriba en censurar desde una perspectiva sustancial, la sentencia proferida en el marco de un proceso

operó”2.

Cabe indicar que, el propósito del recurso de revisión no estriba en censurar desde una perspectiva sustancial, la sentencia proferida en el marco de un proceso ordinario, al extremo de derivar en una decisión de tercera instancia . A contrario sensu, su raigambre extraordinaria comporta que su procedencia se sujete a la configuración de las causales taxativas enlistadas en el orden jurídico , cuya ocurrencia, por demás, debe ser ajena a la órbita de acción u omisión de la parte que la alega . Tal ha sido la comprensión dispensada por la jurisprudencia , al sostener3:

Dada la n