CE - Sentencia 11001032600020210021800 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Radicación: 110010326000202100218 00 (67688)

Demandante: NACIÓN-CONGRESO DE LA REPÚBLICA -CÁMARA DE

REPRESENTANTES

Demandado: PEDRO MARY MUVDI ARANGUENA

Tema: Medio de control de repetición. Régimen jurídico aplicable Ley 678 de 2001. Se probó la conducta grave mente culposa del agente estatal. Condena.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide en única instancia y mediante sentencia anticipada 1 el medio de control de repetición promovido por la Nación – Congreso de la República – Cámara de Representantes contra Pedro Mary Muvdi Aranguena.

I. SINTESIS DEL CASO

Mediante sentencia del 23 de julio de 2020 el Tribunal Administrativo del Cesar, condenó a la Nación – Congreso de la República – Cámara de Representantes dentro del proceso de reparación directa No. 20 13-00369-00, a pagar a Jaime Alfonso Castro Martínez el equivalente a $44’073.853, por concepto de perjuicios morales, por la violación de sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre.

Como la Nación – Congreso de la República – Cámara de Repre sentantes fue condenada en el proceso referido y afirma que pagó una indemnización por tal

morales, por la violación de sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre.

Como la Nación – Congreso de la República – Cámara de Repre sentantes fue condenada en el proceso referido y afirma que pagó una indemnización por tal concepto, presentó demanda en ejercicio del medio de control de repetición en

1 Índice 33 Samai, expediente electrónico. Mediante auto del 24 de junio de 2025 se resolvió prescindir de la audiencia inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, con el objeto de dictar sentencia anticipada.2

Radicado: 110010326000202100218 00 (67688) Demandante: Nación – Congreso de la República

contra de Pedro Mary Muvdi Aranguena , señalando que debía reembolsarle dicho dinero, dado que fue el servidor público que con su actuar gravemente culposo incidió en la producción del daño antijurídico por el cual fue condenada.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 24 de septiembre de 20212, la Nación – Congreso de la República – Cámara de Representantes, mediante apoderad o judicial y en ejercicio del medio de control de repetición, presentó demanda en contra de Pedro Mary Muvdi Aranguena, para que se le declare patrimonialmente responsable del pago de $44’073.853 a Jaime Alfonso Castro Martínez , realizado en cumplimiento de la condena que le impuso el Tribunal Administrativo del Cesar mediante sentencia del 23 de julio de 2020.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que Pedro Mary Muvdi Aranguena se desempeñó como representante a la Cámara durante los periodos

el Tribunal Administrativo del Cesar mediante sentencia del 23 de julio de 2020.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que Pedro Mary Muvdi Aranguena se desempeñó como representante a la Cámara durante los periodos 2006-2010 y 2010 -2014, y que fungió como presidente de la Comisión Cuarta Constitucional permanente de la Cámara de Representantes durante el periodo 2010-2011.

Indica que, el 3 de febrero de 2011, Pedro Mary Muvdi Aran guena, en calidad de representante a la Cámara y actuando como presidente de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes , radicó queja disciplinaria ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura contra el juez primero administrativo del Circuito de Valledupar, Jaime Alfonso Castro Martínez , acusándolo de cometer actuaciones “ temerarias, constitutivas del delito de prevaricato y de dilación sospechosa ” de un proceso judicial.

Manifiesta que, el 12 de julio de 2011, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar ordenó la terminación y archivo de la investigación disciplinaria seguida en contra el juez primero administrativo del

2 Índice 2 Samai, expediente electrónico.3

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Circuito de Valledupar Jaime Alfonso Cast ro Martínez, con fundamento en que la conducta del disciplinado no fue constitutiva de falta disciplinaria, desvirtuándose las afirmaciones del quejoso.

Circuito de Valledupar Jaime Alfonso Cast ro Martínez, con fundamento en que la conducta del disciplinado no fue constitutiva de falta disciplinaria, desvirtuándose las afirmaciones del quejoso.

Sostiene que , en fecha indeterminada, Jaime Alfonso Castro Martínez presentó demanda de reparación directa contra de la Nación - Congreso de la RepúblicaCámara de Representantes, por los perjuicios morales causados a su honra y buen nombre, como consecuencia de la queja infundada presentada por el exrepresentante a la cámara Pedro Mary Muvdi Aranguena.

Señala que, mediante sentencia del 13 de diciembre de 2016 , el Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación – Congreso de la República – Cámara de Representantes por la violación de los derechos fundamen tales a la honra y buen nombre de Jaime Alfonso Castro Martínez y condenó a la entidad a pagarle el equivalente a 50 SMLMV, por concepto de perjuicios morales.

Narra que, en fecha indeterminada, la Nación – Congreso de la República – Cámara de Representan tes formuló recurso de apelación contra la sentencia antes mencionada, pero esta fue confirmada mediante providencia del 23 de julio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar.

Refiere que, en cumplimiento de la sentencia de l 23 de julio de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, el Congreso de la República mediante Resolución No. 1985 del 21 de diciembre de 2020, ordenó reconocer y pagar a Jaime Alfonso Castro Martínez la suma de $44’073.853 , lo cual se hizo efectivo el

el Tribunal Administrativo del Cesar, el Congreso de la República mediante Resolución No. 1985 del 21 de diciembre de 2020, ordenó reconocer y pagar a Jaime Alfonso Castro Martínez la suma de $44’073.853 , lo cual se hizo efectivo el 29 de ese mismo mes y año.

Señala que “ la conducta del excongresista Pedro Mary Muvdi Aranguena, como pasará a demostrarse, fue temeraria, negligente e irresponsable. Su actuar no fue el esperado de una persona razonable o del manejo que las personas menos avezadas emplean en el respeto y cuidado de lo propio ”. De ahí que se configuró la causal de culpa grave prevista en el artículo 6, numeral 1º de la Ley 678 de4

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2001 consistente en la violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.

Como la Nación – Congreso de la República – Cámara de Representantes fue condenada en el proceso referido y afirma que pagó una indemnización por tal concepto, presentó demanda en ejercicio del medio de control de repetición en contra de Pedro Mary Muvdi Aranguena, señalando que debía reembolsarle dicho dinero, dado que fue el servidor público que con su actuar gravemente culposo incidió en la producción del daño antijurídico por el cual fue condenada.

2. Contestación

La demanda se admitió mediante au to del 25 de noviembre de 2024 3 y se ordenó su notificación al demandado y al ministerio público.

2.1. Pedro Mary Muvdi Aranguena no contestó la demanda.4

2. Contestación

La demanda se admitió mediante au to del 25 de noviembre de 2024 3 y se ordenó su notificación al demandado y al ministerio público.

2.1. Pedro Mary Muvdi Aranguena no contestó la demanda.4

3. Trámite de la sentencia anticipada

Encontrándose el proceso para convocar a la audiencia inic ial de que tra ta el artículo 180 del CPACA , se resolvió prescindir de esta con el fin de dictar sentencia anticipada 5. Al efecto, se constató la configuración de la causal contenida en el literal c) del numeral 1° del artículo 182A del CPACA 6, por lo que se decretaron e incorporaron como pruebas los documentos aportados por la parte demandante y, en firme tal determinación, se fijó el objeto del litigio en torno a establecer “si la conducta del ex congresista Pedro Mary Muvdi Aranguena fue gravemente culposa y ello dio l ugar a la condena impuesta dentro del proceso de

3 Índice 16 Samai, expediente electrónico. 4 Según constancia secretarial el demandado fue notificado, pero no contestó la demanda. Índice 32 Samai, expediente electrónico. 5 Mediante auto del 24 de junio de 2025, índice 33 Samai, expediente electrónico. 6 Artículo 182A. Sentencia anticipada. Se podrá dictar sentencia anticipada: 1. Antes de la audiencia inicial: a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho; b) Cuando no haya que practicar pruebas; c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las docu mentales aporta das con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento; d)

pruebas; c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las docu mentales aporta das con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento; d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles (…)”. No obstante estar cumplidos los presupue stos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.5

Radicado: 110010326000202100218 00 (67688) Demandante: Nación – Congreso de la República

reparación directa identificado con el radicado No. 20 -001-33-33-004-2013-0036900 en el cual se dispuso: declarar la responsabilidad extracontractual de naturaleza patrimonial de la Nación – Congreso de la República – Cámara de Representantes, por la vulneración de los derechos fundamentales a la honra y buen nombre del señor Jaime Alfonso Castro Martínez y; ii) condena a esa entidad a pagar por concepto de perjuicios morales al señor Jaime Alf onso Castro Martínez, en su condición de víctima directa, la suma de 50 SMLMV. Igualmente, si, en consecuencia, se configuran todos los presupuestos necesarios para que prospere el medio de control de repetición instaurado en su contra […]”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 11 de julio de 2025 7 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 11 de julio de 2025 7 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La entidad demandante 8 reiteró que la culpa grave del demandado con sistió en haber presentado una queja disciplinaria infundada y temeraria contra un juez de la República, lo que dio lugar a que debiera pagar una condena judicial.

4.2. El ministerio público9 solicitó acceder a las pretensiones de la demanda con fundamento en que se c onfiguraron los dos elementos de la presunción de culpa grave prevista en el numeral 1° del artículo 6° de la Ley 678 de 2001, por cuanto la actuación del demandado fu e inexcusable al interponer una queja disciplinaria sin respaldo probatorio y realizar afirmaciones temerarias e infundadas contra un juez de la República. Señaló que esa conducta debía catalogarse como equivocada y negligente porque el deber de denuncia, más cuando se ostenta una investidura como la de representante a la Cámara y presidente d e la Comisión Cuarta Constitucional Permanente, no implica realizar juicios de valor ni imputaciones penales sin respaldo fáctico y jurídico. Aseguró que e l uso despre venido y negligente del deber de denunciar que tienen los servidores públic os es un error inexcusable.

7 Índice 38 Samai, expediente electrónico. 8 Índice 43 Samai, expediente electrónico. 9 Índice 42 Samai, expediente electrónico.6

Radicado: 110010326000202100218 00 (67688) Demandante: Nación – Congreso de la República

9 Índice 42 Samai, expediente electrónico.6

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4.3. Pedro Mary Muvdi Aranguena guardó silencio en esta etapa procesal.

III. CONSIDERACIONES

1. Jurisdicción y competencia

La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las d emandas que pr omuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, co n el fin de ob tener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) 10 y el inciso 1 ° del artículo 7 de la Ley 678 de 200111.

En punto a la competencia funcional del medio de control de repetición, la Ley 1437 de 2011, norma vigente al momento de la p resentación de la demanda 12, en

10 Artículo 142. “Repetición. Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado. La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía

consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado. La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública. Cuando se e jerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño.” 11 Artículo 7º “Jurisdicción y Competencia. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de la acción de repetición.” 12 Por tratarse de una demanda promovida el 24 de septiembre de 2021, esto es, con posterioridad al 2 de julio de 2012, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el CPACA , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 de la mencionada normatividad, a cuyo tenor: “El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior ”. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso (CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los

jurídico anterior ”. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso (CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante auto del 25 de junio de 20 14, unificó su jurisprudencia para indicar que el CGP entró a regir a partir del primero de enero de 2014, “salvo7

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sus artículos 149, 152 y 155 introdujo el fa ctor subjetivo -en relación con los procesos de única instancia ante el Consejo de Estado - y el objetivo por cuantía para los de doble instancia.

De hecho, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 149 del CPACA sin la modificación int roducida por l a Ley 2080 de 2021 13, el Consejo de Estado conoce, en única instancia, de los procesos de repetición que el Estado ejerce contra los senadores y representantes.

En este sentido, atendiendo a la calidad de Pedro Mary Muvdi Aranguena como representante a la Cámara se concluye que esta Corporación es competente para decidir de fondo el presente proceso, en única instancia (hechos referidos 8.2.1. y 8.2.2.).

2. Medio de control procedente

De conformidad con la definición del artículo 2º de la Le y 678 de 2001 14, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política 15, la

2. Medio de control procedente

De conformidad con la definición del artículo 2º de la Le y 678 de 2001 14, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política 15, la

las situaciones que se gobiernen por la norma de transición (…) las cuales se resolverán con la norma vigente al momento en que inició el resp ectivo trámite (…)”. Ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, expediente 49.299. 13 El artículo 149 del CPACA, sin la modificación contenida en el artículo 25 de la Ley 2080 de 2021, dispuso lo siguiente: El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única ins tancia de los siguientes asuntos: (…) 13. De la repetición que el Estado ejerza contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, Senadores y Representantes , Ministros del Despacho, Directores de Departamento Administrativo, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura, Registrador Nacional del Estado Civil, Auditor General de la Repúbl ica, magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, de los tribunales administrativos y del Tribunal Superior Militar y, en general, de los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional (se destaca). Es importante pre cisar que, si b ien el artículo 24 de la Ley 2080 de 2020 modificó el artículo 149

Tribunal Superior Militar y, en general, de los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional (se destaca). Es importante pre cisar que, si b ien el artículo 24 de la Ley 2080 de 2020 modificó el artículo 149 del CPACA y que el artículo 25 de la misma ley introdujo el artículo 149A al CPACA sobre la competencia del Consejo de Estado con garantía de doble conformidad respecto de la s Repeticiones que el Estado ejerza contra congresistas, entre otros funcionarios, lo cierto es que tanto el artículo 149 modificado como el artículo 149A se aplican a las demandas instauradas a partir del 25 de enero de 2022, según lo dispuesto en el artí culo 86 de la Ley 2080 de 2020, pero esta demanda fue presentada el 24 de septiembre de 202 1, por ello se aplica el artículo 149 del CPACA en su texto original. 14 “Artículo 2o. Acción de repetición. La acción de repetición es una acción civil de caráct er patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento8

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acción de repetición es una acción de carácter patrimonial que se ejerce contra e l servidor, ex servidor público o particular investido de una función públi ca que haya dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto.

En este caso el medio de control procedente es el de repetición, porque se solicita

indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto.

En este caso el medio de control procedente es el de repetición, porque se solicita declarar a Pedro Mary Muvdi Aranguena patrimonialmente responsable del pago de $44’073.853, realizado en cumplimiento de la condena que impuso el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante fallo del 23 de julio de 2020.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal16.

Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 17, estableció unos plazos para poder

indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial […]”. 15 La Constitución de 1991 en su artículo 90 elevó a rango constitucional la acción de repetición, al disponer que “[e]n el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 16 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad

tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 16 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales. Precisamente, esta Co rporación ha ma nifestado lo siguiente: “es necesario entender que la caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma inelucta ble y por dispo sición o mandato normativo expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252. 17 Corte Constitucional. Sentencia C -394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita9

Radicado: 110010326000202100218 00 (67688)

procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita9

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ejercer oportunament e cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud jud icial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunid ades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del apa rato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 18, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y est abilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues c on su advenimi ento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues c on su advenimi ento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos q ue discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se e ntiende tambié n como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción,

en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se h alla en la nece sidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C -832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.” 18 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una

legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos10

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resultando como una sanción ipso iure 19 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia 20, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 201221, le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)22. En estos procesos, los recursos interpuestos, la práctica d e pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén s urtiendo, se rigen por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decret aron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a

estén s urtiendo, se rigen por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decret aron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso (CGP)23, en vir tud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados24.

19 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un t érmino específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 20 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[ s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dich os plazos constituyen entonces, una garantía para la s