CE - Sentencia 11001032600020210023500 de 2025

Radicado: 11001-03-26-000-2021-00235-00 (67773)

Demandante: Edward Uribe Rivera y otros

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00235-00 (67773)

Demandante: Edward Uribe Rivera y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional Referencia: Recurso extraordinario de revisión

TEMAS: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - procedencia. CAUSALES - causal 5ª del artículo 250 del CPACA: nulidad originada en la sentencia que puso fin al procesopresupuestos para su configuración - vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. DECLARA INFUNDADO - no se acreditan los supuestos de procedencia.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia1, el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Edward Uribe Rivera y otros, contra la sentencia proferida el 19 de julio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del proceso de reparación directa identificado con radicado núm. 05001-33-33-019-2016-00302-01.

I. SÍNTESIS DEL CASO

En el año 2013, Edward Uribe Rivera ingresó a prestar el servicio militar obligatorio,

identificado con radicado núm. 05001-33-33-019-2016-00302-01.

I. SÍNTESIS DEL CASO

En el año 2013, Edward Uribe Rivera ingresó a prestar el servicio militar obligatorio, en la Policía Nacional. El 24 de enero de 2014 fue herido en el tórax , mientras cumplía labores de vigilancia en un concierto, en la ciudad de Medellín. El 29 de marzo de 2016, Edward Uribe Rivera y su grupo familiar ejercieron el medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, a efectos de que la entidad fuera declarada administrativamente responsable y condenada a indemnizar los perjuicios irrogados con ocasión de las lesiones a él causadas.

En el curso del proceso, el Juzgado 19 Administrativo Oral de Medellín accedió a las pretensiones de la demanda . No obstante, el 19 de julio de 2021, el Tribunal

1 Artículos 243, 243ª , 249 y 255 del CPACA. Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación de la demanda de revisión extraordinaria -26 de octubre de 2021-, las cuales corresponden a las contenidas en la Ley 1437 de 2011, así como a las disposiciones del C.G.P, en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados.Radicado: 11001-03-26-000-2021-00235-00 (67773)

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Administrativo de Antioquia revocó la antedicha decisión y, en su lugar, declaró de

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Administrativo de Antioquia revocó la antedicha decisión y, en su lugar, declaró de oficio la caducidad del medio de control de reparación directa.

La parte actora interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia dictada por el Tribunal, afirmando que se materializó la causal 5ª de revisión del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA) , específicamente, por la vulneración de sus derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

II. ANTECEDENTES

1. El proceso de reparación directa en el que se profirió la sentencia objeto de revisión

Los demandantes indicaron que, en el año 2013 , Edward Uribe Rivera ingresó a prestar el servicio militar obligatorio en la Policía Nacional. Manifestaron que, el 24 de enero de 2014, mientras Uribe Rivera cumplía las labores propias de su cargo , fue herido con arma corto punzante en el tórax, incidente que le provocó secuelas y una disminución de la capacidad laboral.

El 29 de marzo de 20162, Edward Uribe Rivera, Tomás Uribe Rodríguez3, Amparo del Socorro Rivera López y Sebastián Uribe Rivera presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional , para que fuera declarada administrativamente responsable por las lesiones generadas al primero de ellos durante la prestación del servicio militar obligatorio.

Mediante sentencia de l 20 de septiembre de 20194, el Juzgado 19 Administrativo

administrativamente responsable por las lesiones generadas al primero de ellos durante la prestación del servicio militar obligatorio.

Mediante sentencia de l 20 de septiembre de 20194, el Juzgado 19 Administrativo Oral de Medellín declaró administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por los daños causados a los demandantes . Concretamente, sustentó su decisión en la responsabilidad que le asiste al Estado de preservar la integridad psicológica y física del soldado conscripto.

El 4 de octubre de 2019 , la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional interpuso recurso de apelación 5, bajo el argumento de que no se en contraban satisfechos los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado. El 22 de noviembre de 20196 la alzada fue concedida.

El 19 de julio de 20217, el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró probada la excepción de caducidad del

2 Folio 1 a 23, cuaderno proceso de reparación directa. 3 Menor de edad representado por Edward Uribe Rivera 4 Folio 233 a 241, cuaderno del recurso extraordinario de revisión. 5 Folio 243 a 246, cuaderno del recurso extraordinario de revisión. 6 Folio 248, cuaderno del recurso extraordinario de revisión. 7 Folio 256 a 263, cuaderno del recurso extraordinario de revisión.Radicado: 11001-03-26-000-2021-00235-00 (67773)

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medio de control de reparación directa. Como fundamento, explicó que los 2 años

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medio de control de reparación directa. Como fundamento, explicó que los 2 años dispuestos en el artículo 164 del CPACA transcurrieron desde el 25 de enero de 2014, día siguiente a la ocurrencia de los hechos donde resultó agraviado Edward Uribe Rivera, hasta el 25 de enero de 2016, y que, por consiguiente, la solicitud de conciliación prejudicial presentada el 26 de enero de 2016 y la demanda radicada el 29 de marzo de 2016 se interpusieron de manera extemporánea, es decir, fuera del plazo establecido en la ley.

2. El recurso extraordinario de revisión

El 26 de octubre de 20218, Edward Uribe Rivera, Tomás Uribe Rodríguez9, Amparo del Socorro Rivera López y Sebastián Uribe Rivera formularon recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Invocaron la causal 5ª del artículo 250 del CPACA, es decir , por “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

En consecuencia, solicitaron la nulidad de la decisión enjuiciada y que se declare la responsabilidad administrativa de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por las lesiones sufridas por Edward Uribe Rivera.

En sustento, afirmaron que el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la caducidad del medio de control con fundamento en la constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad, expedida el 28 de marzo de 2016 por la Procuraduría General de la Nación , que, erróneamente, certificó como fecha de la solicitud de

caducidad del medio de control con fundamento en la constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad, expedida el 28 de marzo de 2016 por la Procuraduría General de la Nación , que, erróneamente, certificó como fecha de la solicitud de conciliación prejudicial el 26 de enero de 2016, siendo lo correcto el 22 de enero de la misma anualidad.

Señalaron que, al advertir el fenómeno de la caducidad en el fallo de segunda instancia, se les impidió subsanar el yerro cometido por el agente del Ministerio Público, lo cual vulneró sus garantías al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por que no se les otorgó la posibilidad de prever el mencionado desacierto, ni de enmendar la equivocación.

3. Contestación al recurso extraordinario de revisión

El 14 de enero de 202210 se admitió el recurso extraordinario de revisión y se ordenó notificar a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

8 Índice 2 de SAMAI. 9 Menor de edad representado por Edward Uribe Rivera 10 Índice 4 de SAMAI.Radicado: 11001-03-26-000-2021-00235-00 (67773)

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3.1. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional11 reiteró los argumentos expuestos por el Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia de 19 de julio de 2021. Insistió en que la demanda fue presentada con posterioridad a los 2 años siguientes al acaecimiento del hecho dañoso.

expuestos por el Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia de 19 de julio de 2021. Insistió en que la demanda fue presentada con posterioridad a los 2 años siguientes al acaecimiento del hecho dañoso.

3.2. La Procuraduría General de la Nación 12 estimó que en el caso de autos no se configuró la causal 5ª del artículo 250 del CPACA, puesto que el Tribunal Administrativo de Antioquia falló con fundamento en las pruebas legalmente aportadas al proceso . Sin embargo, consideró procedente analizar el recurso extraordinario de revisión bajo el supuesto de la causal 250-1, esto es, por “haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos con los cuales se hubiera podido proferir un fallo distinto”.

3.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no se pronunció sobre el recurso extraordinario de revisión.

III. CONSIDERACIONES

Para resolver el recurso extraordinario de revisión, la Sala seguirá el siguiente orden: (1) presupuestos procesales, (2) problema jurídico, (3) hechos probados, (4) análisis de configuración de la causal de revisión extraordinaria, (5) conclusión y (6) costas.

1. Presupuestos procesales

1.1. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 13 del CPACA, concordante con el artículo 1314 del Acuerdo 080 de 2019 15, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 202416.

conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 13 del CPACA, concordante con el artículo 1314 del Acuerdo 080 de 2019 15, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 202416.

11 Índice 10 de SAMAI. 12 Índice 11 de SAMAI. 13 “Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]”. 14 “Artículo 13. Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos del reparto, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así : […] Sección Tercera: 10. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias [...] dictadas por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección. […]”. 15 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 16 “Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.Radicado: 11001-03-26-000-2021-00235-00 (67773)

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1.2. De acuerdo con el artículo 24817 del CPACA, en el caso bajo estudio el recurso extraordinario de revisión es procedente, toda vez que tiene por objeto la revisión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia , que se encuentra debidamente ejecutoriada.

extraordinario de revisión es procedente, toda vez que tiene por objeto la revisión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia , que se encuentra debidamente ejecutoriada.

1.3. El recurso extraordinario de revisión se formuló dentro del término legal18, toda vez que: (i) el 20 de julio de 202119 quedó ejecutoriada la sentencia proferida el 19 de julio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia (hecho probado 3.6.); y (ii) el 26 de octubre de 2021 los recurrentes interpusieron el recurso extra ordinario de revisión, es decir, dentro del término legal de un año.

1.4. Edward Uribe Rivera, Tomás Uribe Rodríguez, Amparo del Socorro Rivera López y Sebastián Uribe Rivera se encuentran legitimados en la causa para interponer el recurso extraordinario de revisión, pues fungieron como parte activa en la demanda de reparación directa resuelta el 19 de julio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se configura la causal de revisión establecida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA, es decir, si existe nulidad originada en la sentencia proferida el 19 de julio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró la caducidad del medio de control de reparación directa promovido por los recurrentes contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

3. Hechos probados

Con fundamento en las pruebas que obran en el expediente, se encuentra acreditado que:

promovido por los recurrentes contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

3. Hechos probados

Con fundamento en las pruebas que obran en el expediente, se encuentra acreditado que:

3.1. Entre el 9 de febrero de 2012 y el 9 de febrero de 2013, Edward Uribe Rivera prestó su servicio militar obligatorio en la Policía Nacional20.

3.2. El 24 de enero de 2014, d urante el ejercicio de sus funcione s como bachiller auxiliar, Edward Uribe Rivera fue herido con arma cortopunzante “en tórax posterior

17 “Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”. 18 “Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. […]” 19 Fecha incluida en la constancia de ejecutoria emitida por la secretaria del Juzgado 19 Administrativo Oral del Circuito de Medellín. 20 Ficha biográfica de Edward Uribe Rivera y oficio suscrito por el comandante del Grupo Auxiliares de Policía Bachilleres Meval, folios 166 y 167 del cuaderno de reparación directa.Radicado: 11001-03-26-000-2021-00235-00 (67773)

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no penetrante” y, además, sufrió “trauma contuso en pie derecho”, lo que le produjo

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no penetrante” y, además, sufrió “trauma contuso en pie derecho”, lo que le produjo una disminución de la capacidad laboral de 27.51%21.

3.3. El 29 de marzo de 2016, Edward Uribe Rivera, Tomás Uribe Rodríguez, Amparo del Socorro Rivera López y Sebastián Uribe Rivera interpusieron el medio de control de reparación directa, radicado núm. 05001-33-33-019-2016-00302-01, contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional , para que fuera declarad a patrimonialmente responsable por las lesiones sufridas por Edward Uribe Rivera durante la prestación del servicio militar obligatorio 22. Con el escrito de demanda, los demandantes aportaron la constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad expedida el 28 de marzo de 2016 por la Procuraduría General de la Nación. En este documento quedó consignado que la solicitud de conciliación extrajudicial fue radicada el 26 de enero de 201623.

3.4. El 20 de septiembre de 2019, el Juzgado 19 Administrativo Oral de Medellín profirió sentencia de primera instancia, en la que declaró administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la condenó al pago de los perjuicios acreditados a favor de los demandantes24.

3.5. El 4 de octubre de 2019, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional interpuso recurso de apelación25.

3.6. El 19 de julio de 2021 , el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó el fallo

interpuso recurso de apelación25.

3.6. El 19 de julio de 2021 , el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó el fallo dictado por el Juzgado 19 Administrativo Oral de Medellín y , en su lugar, declaró probada, de oficio, la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa26.

3.7. El 20 de julio de 2021 quedó ejecutoriada la sentencia proferida el 19 de julio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia27.

3.8. El 12 de agosto de 2021, la Procuraduría General de la Nación, luego de revisar el expediente de conciliación extrajudicial referido a esta controversia, certificó que la solicitud para iniciar el trámite fue radicada el 22 de enero de 201628.

21 Decisión de la Junta Médico Labora l de 17 de enero de 2017 , folios 210 y 211 del cuaderno de reparación directa. 22 Escrito de demanda, folio 1 al 23 del cuaderno de reparación directa. 23 Constancia expedida por la Procuraduría General de la Nación, folio 24 del cuaderno de reparación directa. 24 Sentencia de primera instancia, folio 233 a 241 del cuaderno principal. 25 Escrito de apelación, folio 243 a 246 del cuaderno principal. 26 Sentencia de segunda instancia, folio 250 a 263 del cuaderno principal. 27 Constancia de ejecutoria emitida por la secretaria del Juzgado 19 Administrativo Oral del Circuito de Medellín, documento contenido en el expediente digitalizado con certificado B635E2899F80CB93

27 Constancia de ejecutoria emitida por la secretaria del Juzgado 19 Administrativo Oral del Circuito de Medellín, documento contenido en el expediente digitalizado con certificado B635E2899F80CB93 C37A2EEDB63B0816 BDFBDD519241C78B A3D37B387694AE95, ubicado e n el índice 34 de SAMAI. 28 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 038D275D9842CA88 EB183227416CC303 9488254A37418321 1A7661650FB83B5A, ubicado en el índice 34 de SAMAI.Radicado: 11001-03-26-000-2021-00235-00 (67773)

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4. Análisis de configuración de la causal de revisión extraordinaria

El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada. Por tal razón, el legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan la procedencia de este medio de impugnación, a efectos de prevenir un uso indebido que lleve a un nuevo debate probatorio o interpretativo.

Así, la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, que en realidad es una acción autónoma del proceso que da lugar a ella , no tiene como finalidad corregir errores in judicando, ni puede fundamentarse en las mismas pruebas que sirvieron de base para la decisión que puso fin al proceso. Para la corrección de estos errores existen los recursos ordinarios y extraordinarios dentro de las debidas instancias procesales.

Asimismo, la revisión extraordinaria no está concebida como un mecanismo para

de base para la decisión que puso fin al proceso. Para la corrección de estos errores existen los recursos ordinarios y extraordinarios dentro de las debidas instancias procesales.

Asimismo, la revisión extraordinaria no está concebida como un mecanismo para subsanar errores, omisiones o estrategias deficientes de los sujetos procesales , ocurridas durante el proceso inicial. De manera que n o puede ser utilizada para corregir negligencias ni para reabrir un debate judicial que ya ha sido resuelto conforme a derecho.

Por el contrario, la acción de revisión tiene como propósito el examen de hechos nuevos que impactan la decisión adoptada y afectan el sentido de justicia que de ella emana. Dado que esta acción incide en la certeza jurídica derivada de la cosa juzgada, su carácter es no solo extraordinario, sino también restrictivo, ya que solo procede por las causales expresamente señaladas en la ley, sin posibilidad de invocar otras distintas, y sin que el juez pueda hacer una interpretación o aplicación extensiva de los hechos que dan lugar al recurso.

Estas restricciones resultan justificadas, pues la revisión extraordinaria es un mecanismo excepcional que permite modificar providencias protegidas por el principio de cosa juzgada. En consecuencia, las causales previstas para su procedencia deben ser aplicadas e interpretadas de manera estricta , restrictiva o restringida, garantizando que su utilización responda únicamente a los supuestos contemplados por la norma y evitando que se convierta en una instancia adicional de impugnación. En este sentido , la C orte Constitucional ha señalado que “las causales previstas para la revisión deben ser aplicadas e interpretadas en sentido restringido”29.

de impugnación. En este sentido , la C orte Constitucional ha señalado que “las causales previstas para la revisión deben ser aplicadas e interpretadas en sentido restringido”29.

En la Jurisdicción Contencioso Administrativo, el artículo 248 del CPACA dispone la procedencia del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo

29 Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009.Radicado: 11001-03-26-000-2021-00235-00 (67773)

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Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los tribunales administrativos y por los jueces administrativos.

A su turno, las causales de revisión se encuentran dispuestas en el artículo 250 del CPACA y, en lo que atañe a providencias que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

En el presente caso, los recurrentes fundamentan su solicitud en la causal prevista en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA, la cual establece como motivo de revisión la existencia de una nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la cual no procede recurso de apelación.

Esta causal impone acreditar: (i) que la revisión se formule contra una sentencia; (ii) que la sentencia ponga fin al proceso, de manera que contra ella no proceda el recurso de apelación (iii) que el vicio alegado haya surgido en la propia decisión

Esta causal impone acreditar: (i) que la revisión se formule contra una sentencia; (ii) que la sentencia ponga fin al proceso, de manera que contra ella no proceda el recurso de apelación (iii) que el vicio alegado haya surgido en la propia decisión judicial, es decir, que se haya materializado en el momento en que se profirió la providencia y no en una etapa previa del proceso. Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad que configure un defecto insubsanable en la actuación, de manera que, de no habe rse producido dicho yerro, la decisión adoptada habría sido sustancialmente distinta30.

Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado31 ha indicado que las nulidades procesales no pueden confundirse con las que tienen origen en la sentencia, pues, mientras las primeras se estructuran en los supuestos taxativos del artículo 133 del Código General del Proceso (en adelante CGP), las segundas , al no estar determinadas por la ley, deben interpretarse restrictivamente bajo unos presupuestos fácticos específicos que la jurisprudencia de esta Corporación ha puntualizado.

A modo enunciativo, los eventos que pueden encuadrarse en la causal quinta son los siguientes: (i) que el juez resuelva asuntos sobre los cuales carece de jurisdicción o de competencia; (ii) que, sin actuación alguna, el juez dicte nuevo fallo en proceso que terminó normalmente por sentencia en firme; (iii) que sin más actuación, el juez profiera sentencia después de ejecutoriado el auto que aceptó el desistimiento, aprobó la transacción o declaró la perención del proceso; (iv) que el juez dicte el fallo sin el trámite previo correspondiente; (v) cuando el demandado es

desistimiento, aprobó la transacción o declaró la perención del proceso; (iv) que el juez dicte el fallo sin el trámite previo correspondiente; (v) cuando el demandado es condenado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido o causa diferente a la invocada en la demanda; (vi) cuando el juez condena a quien no ha sido parte en el proceso; (vii) cuando, sin más actuación, el juez profiere sentencia

30 Entre otras decisiones: Consejo de Estado , Sala de lo Contencioso Administrativo , Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 30 de septiembre de 2019, Rad. No. 11001-03-26-000-201800084-00. 31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 26 de febrero de 2013, Rad. No. 11001-23-15-000-2008-01289-00.Radicado: 11001-03-26-000-2021-00235-00 (67773)

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después de ocurrida la interrupción o suspensión del proceso , o antes de la oportunidad debida; (viii) cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los magistrados que debieron haberlo hecho; (ix) cuando la sentencia fue adoptada con un número de votos diferente del previsto en la ley; (x) cuando la sentencia carece completamente de motivación ; o (xi) cuando la sentencia carece de congruencia interna o externa32.

Además, esta Corporación33 ha precisado que pueden surgir otras situaciones que generen una nulidad en la sentencia, particularmente aquellas que tienen su génesis

de congruencia interna o externa32.

Además, esta Corporación33 ha precisado que pueden surgir otras situaciones que generen una nulidad en la sentencia, particularmente aquellas que tienen su génesis en la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política, por ejemplo, cuando se profiere sentencia inhibitoria sin fundamento válido. En otros términos, la violación al debido proceso en el fallo habilita la formulación d el recurso extraordinario de revisión por la causal 5ª del artículo 250 del CPACA.

Conforme con lo explicado , en el caso de autos se encuentra acreditado que, con ocasión de una lesión padecida por Edward Uribe Rivera durante la prestación de su servicio militar obligatorio en la Policía Nacional, él y su familia ejercieron el medio de control de reparación directa con el fin de que el Estado fuera declarado responsable y condenado al pago de los perjuicios reclamados, proceso que culminó desfavorablemente para los actores debido a que el juzgador de segunda instancia declaró de oficio la excepción de caducidad (hechos probados 3.1., 3.2., 3.3. y 3.6.).

Así, en el asunto de la referencia se tiene probado que la sentencia proferida el 19 de julio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia puso fin al medio de control de reparación directa impetrado por Edward Uribe Rivera y su grupo familiar contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. (hecho probado 3.7.)

Igualmente, se advierte que contra la sentencia proferida el 19 de julio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia no es pasible recurso ordinario alguno, porque esta decisión se produjo, precisamente, al resolver la alzada propuesta

Igualmente, se advierte que contra la sentencia proferida el 19 de julio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia no es pasible recurso ordinario alguno, porque esta decisión se produjo, precisamente, al resolver la alzada propuesta dentro del proceso de reparación directa, agotando así las instancias legalmente establecidas para el trámite de este medio de control.

En otras palabras , el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra el fallo dictado el 19 de julio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia se dirige, efectivamente, contra la decisión que puso fin al proceso de reparación directa y

32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 20 de octubre de 2009 y del 26 de febrero de 2013, Rad. Nos. 11001-03-15-000-2003-00133-00 y 11001-23-15-0002008-01289-00, respectivamente; y Consejo de Estado , S ala de lo Contencioso Administrativo , Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de abril de 2015, Rad. No. 20001-23-31-000-200101278-02. 33 Consejo de Estado , Sala de lo Contencioso Administrativo , Sala 22 Especial de Decisión, sentencia del 2 de febrero de 2016, Rad. No. 11001-03-15-000-2015-02342-00; y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de 2018, Rad. No. 11001-0315-000-1998-00153-01.Radicado: 11001-03-26-000-2021-00235-00 (67773)

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15-000-1998-00153-01.Radicado: 11001-03-26-000-2021-00235-00 (67773)

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respecto de la cual no procede el recurso de apelación. En consecuencia, resta determinar si dich a sentencia presenta un vicio de nulidad originado en la propia providencia, con implicaciones graves en la garantía del debido proceso.

Sobre el particular, se observa que la sentencia proferida el 19 de julio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la caducidad del medio de control por considerar que “[…] los dos años previstos en la norma [artículo 164.2.i34] comenzaron a correr el 25 de enero de 2014, día siguiente a la ocurrencia de los hechos donde resultó lesionado el policía bachiller Edward Uribe Rivera […] habiendo ocurrido el hecho generador del daño el día 24 de enero de 2014, el cómputo para la caducidad se inició a partir del día 25 de enero del mismo año, el cual se extendía hasta el 25 de enero de 2016, sin que operara ninguna causal de suspensión del mismo durante dicho término, puesto que la solicitud de conciliación prejudicial s