CE - Sentencia 11001032600020220001000 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicado nœmero: 11001-03-26-000-2022-00010-00 (67912)

Demandante: Inversiones Martínez Leroy S.A. (Invercoal) Demandado: Agencia Nacional de Minería Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho — CPACA

TEMAS: LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – Presupuesto estructural del proceso.

El acceso a la jurisdicción exige una correspondencia directa entre el demandante y el titular del derecho sustancial cuya protección se pretende. LEGITIMACIÓN FORMAL Y MATERIAL –La legitimación en la causa desde el punto de vista formal se configura con la presentación de la demanda y la atribución de una conducta a la parte demandada, mientras que la legitimación material exige un vínculo sustancial entre los sujetos procesales y la relación jurídica controvertida. Solo esta œltima habilita un pronunciamiento de fondo. CONTROL OFICIOSO DE PRESUPUESTOS PROCESALES – Facultad y deber del juez. La verificación de la legitimación en la causa puede y debe ser realizada de oficio por el juez, aun sin alegación de parte, en aplicación de los principios de legalidad, congruencia y economía procesal. INTERÉS JUR˝DICO DIRECTO – Inviabilidad de intereses fÆcticos o económicos. El interØs económico o estratØgico de un tercero respecto del resultado del procedimiento administrativo minero no

JUR˝DICO DIRECTO – Inviabilidad de intereses fÆcticos o económicos. El interØs económico o estratØgico de un tercero respecto del resultado del procedimiento administrativo minero no sustituye el interØs jurídico directo y personal exigido para habilitar la legitimación en la ca usa por activa. RELACIÓN ENTRE EL DEMANDANTE Y EL DERECHO INVOCADO – Ausencia de vínculo sustancial. La sociedad actora no acreditó poder, representación ni vínculo jurídico con el sujeto que formuló la solicitud de formalización de minería tradicional, lo que exc luye su capacidad procesal para controvertir los actos que resolvieron dicha solicitud. AGENCIA OFICIOSA – Inexistencia de manifestación expresa ni ratificación. No se advierte que la sociedad actora haya actuado como agente oficioso del verdadero titular del derecho conforme a lo exigido por el artículo 57 del CGP. EVENTUAL PARTICIPACIÓN EN MEDIACI ÓN – La eventual intervención en la fase de mediación prevista en el art. 325 de la Ley 1955 de 2019, como titular de títulos mineros superpuestos, no confiere legitimación en la causa para impugnar los actos administrativos que resolvieron una solicitud presentada por un tercero. CONDENA EN COSTAS – Improcedencia ante la inexistencia de parte vencida por declaratoria de falta de legitimación en la causa por activa. En consecuencia, no se cumplen los supuestos normativos que permitirían la imposición de costas, conforme a los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables por remisión del artículo 188 del CPACA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a dictar sentencia de œnica instanc ia dentro del proceso

por remisión del artículo 188 del CPACA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a dictar sentencia de œnica instanc ia dentro del proceso promovido contra la Agencia Nacional de Minería —en adelante, ANM—, con el fin de que se declare la nulidad de los actos administrativos proferidos en el marco de un trÆmite de formalización de minería tradicional y se ordene el correspo ndiente restablecimiento del derecho.

I. S˝NTESIS DEL CASO

La sociedad Inversiones Martínez Leroy S.A., por conducto de su apode rada judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nuli dad yRadicado: 11001-03-26-000-2022-00010-00 (67912)

Demandante: Inversiones Martínez Leroy S.A.

2

restablecimiento del derecho contra la ANM, con fundamento en el artículo 138 del CPACA, con el fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones No. 922 del 17 de octubre de 2019 y No. 695 del 23 de junio de 2020, mediante las cuales la autoridad minera rechazó la solicitud de formalización de minería tradicional No. NF4-16561, relacionada con un yacimiento de carbón ubicado en el municipio de LandÆzuri, Santander, presentada por el seæor David Jesœs Castillo Cepeda, deb ido a la superposición que presentaba el Ærea solicitada con tres títulos mineros —FEL163, EI1-131 y FEL-161— de los cuales la sociedad demandante es titular.

La actora considera que la decisión administrativa se adoptó con una interpretación

a la superposición que presentaba el Ærea solicitada con tres títulos mineros —FEL163, EI1-131 y FEL-161— de los cuales la sociedad demandante es titular.

La actora considera que la decisión administrativa se adoptó con una interpretación restrictiva del artículo 325 de la Ley 1955 de 2019, al considerar que la etapa de mediación entre el minero tradicional y el titular minero solo procede en casos de superposición con un œnico título. Alega que los tres títulos pertenecen a un s olo titular —la sociedad aquí demandante—, que manifestó expresamente su voluntad de adelantar la etapa de mediación con el seæor Castillo Cepeda, razón po r la cual, a su juicio, la autoridad debió permitir dicha instancia para buscar un acu erdo que viabilizara la formalización. Afirma que esta omisión vulneró principios constitucionales como el debido proceso y la igualdad, así como los principios de buena fe, celeridad y publicidad que rigen la función administrativa. Como consecuencia, solicita que se ordene rehacer el procedimiento de formalización minera conforme al trÆmite previsto en la normativa aplicable al asunto.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. La sociedad Inversiones Martínez Leroy S.A. (Invercoal), por conducto de apoderada judicial, presentó demanda contra la ANM el día 22 de junio de 20211, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA, con el fin de que se acceda a las siguientes pretensiones2:

“(…) Declarativas

PRIMERA: Respetuosamente solicito a la AGENCIA NACIONAL DE

en el artículo 138 del CPACA, con el fin de que se acceda a las siguientes pretensiones2:

“(…) Declarativas

PRIMERA: Respetuosamente solicito a la AGENCIA NACIONAL DE MINERIA, la revocación de la Resolución No. 000922 del 17 de octubre de 2019, confirmada con la Resolución 695 del 23 de junio de 2020, mediante las cuales se rechaza y archiva la solicitud de minería tradicional No NF416561.

Condenatorias:

SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento solicito que como consecuencia de la declaratoria de nulidad la Agencia Nacional de Minería, rehaga sus actuaciones y adelante el procedimiento de formalización minera NF4-16561, conforme a las etapas procesales establecidas en el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019.

TERCERO: Se condene en costas y agencias en derecho al accionado”.

1 Archivo electrónico identificado con certificado 4561623601438EF5 E3A580CDD2130808 2AC81CE47A8C8F7F D596725C283B4E8A, ubicado en el índice No. 10 del expediente digital, en el aplicativo Samai. 2 Archivo electrónico identificado con certificado 7B410C6D9AD4BC20 82CBC946E50B0927 D040F0C9591E4FBC 82B19F1C52616F2F, ubicado en el índice 2 del expediente digital, en el aplicativo Samai.Radicado: 11001-03-26-000-2022-00010-00 (67912)

Demandante: Inversiones Martínez Leroy S.A.

3

Demandante: Inversiones Martínez Leroy S.A.

3

1.2. Como antecedentes fÆcticos la parte actora refirió, en síntesis, lo siguiente:

1.2.1. La sociedad Inversiones Martínez Leroy S.A. (Invercoal) es titular de los contratos de concesión minera identificados con las placas FEL-163, EI1-131 y FEL161, cuyo objeto es la explotación de carbón en Æreas ubicadas en el mu nicipio de LandÆzuri, Santander. Estas concesiones se encuentran inscritas en el Registr o Minero Nacional y han sido objeto de seguimiento por parte de la autoridad minera.

1.2.2. Desde el aæo 2000, el seæor David Jesœs Castillo Cepeda ha venido desarrollando actividades de extracción de carbón dentro de los polígonos correspondientes a los títulos mineros de la sociedad. Dicha actividad, de carÆcter tradicional y sin título minero inscrito, fue reconocida por Invercoal, que identificó al seæor Castillo Cepeda como un minero de hecho, amparado por las disposicio nes de la Ley 685 de 2001 y la Ley 1382 de 2010.

1.2.3. En el aæo 2012, el seæor Castillo Cepeda presentó ante el entonces Se rvicio Geológico Colombiano —hoy Agencia Nacional de Minería (ANM) — solicitud de formalización minera bajo la modalidad de legalización, en los tØrminos del art ículo 12 de la Ley 1382 de 2010. Esta solicitud fue registrada bajo la placa NF416561 y correspondía a un yacimiento ubicado en el sector Miralindo del municipio de LandÆzuri.

12 de la Ley 1382 de 2010. Esta solicitud fue registrada bajo la placa NF416561 y correspondía a un yacimiento ubicado en el sector Miralindo del municipio de LandÆzuri.

1.2.4. Durante la etapa inicial del trÆmite, la ANM constató que el Ærea solicitada para formalización presentaba superposición total o parcial con los títulos FEL-163, EI1-131 y FEL-161, todos ellos en cabeza de Invercoal. A raíz de lo anterior, y ante la falta de desarrollo normativo posterior a la suspensión del Decreto 933 de 2013, la autoridad minera suspendió las actuaciones relacionadas con la solicitud del seæor Castillo Cepeda.

1.2.5. Posteriormente, con la expedición de la Ley 1955 de 2019, en su artículo 325, se estableció un nuevo marco jurídico para la formalización de minería tradicio nal. Esta disposición previó que, en casos de superposición total con títulos mi neros vigentes, la autoridad debía adelantar un proceso de mediación entre e l titular del derecho minero y el solicitante de la formalización. Asimismo, facultó a la ANM para realizar recortes en situaciones de superposición parcial.

1.2.6. En virtud de la nueva normativa, la Coordinadora del Grupo de Lega lización Minera de la ANM, mediante comunicación de julio de 2019, indicó al seæor Castillo Cepeda que podía continuar con la explotación mientras se surtía el procedimiento de evaluación tØcnica y jurídica. La sociedad Invercoal, en correspondencia con lo anterior, certificó no haber sido convocada a la mediación y manifestó d e forma

Cepeda que podía continuar con la explotación mientras se surtía el procedimiento de evaluación tØcnica y jurídica. La sociedad Invercoal, en correspondencia con lo anterior, certificó no haber sido convocada a la mediación y manifestó d e forma expresa su interØs en participar en dicho proceso, con el fin de facilitar una sali da negociada y respetuosa de la legalidad minera.

1.2.7. Sin embargo, la ANM expidió la Resolución No. 922 del 17 de octubre de 2019, mediante la cual rechazó la solicitud de formalización minera No. NF4-16561, decisión que fue confirmada mediante Resolución No. 695 del 23 de junio de 2020. El fundamento principal consistió en que el Ærea de la solicitud se superpon ía con tres títulos distintos, lo cual —segœn la interpretación de la entidad — excluía laRadicado: 11001-03-26-000-2022-00010-00 (67912)

Demandante: Inversiones Martínez Leroy S.A.

4

posibilidad de activar la etapa de mediación prevista en el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019.

1.2.8. La sociedad demandante cuestiona la legalidad de dicha interpretación, en tanto —segœn afirma— todos los títulos superpuestos se encuentran en cabeza de un solo titular y, en consecuencia, no existe una pluralidad de partes que impida o dificulte el proceso de concertación. A su juicio, la autoridad minera incurrió en falsa motivación e interpretación restrictiva de la norma aplicable, contrariando los fines del legislador en materia de formalización minera y desconociendo el principio pro homine.

dificulte el proceso de concertación. A su juicio, la autoridad minera incurrió en falsa motivación e interpretación restrictiva de la norma aplicable, contrariando los fines del legislador en materia de formalización minera y desconociendo el principio pro homine.

1.2.9. Asimismo, la demandante argumenta que la decisión de la ANM v ulneró derechos y principios constitucionales, como el debido proceso, la igualdad ant e la ley, la buena fe y la celeridad administrativa, ademÆs de haber omitido la notificación formal de los actos administrativos a la sociedad, lo que afectó su derecho de defensa y contradicción. Las resoluciones solo fueron conocidas de manera efectiva mediante la remisión de copias en sede de una acción de tutela int erpuesta con posterioridad.

1.3. En relación con las normas presuntamente vulneradas y el concepto de violación, la parte actora expuso su inconformidad en los siguientes tØrminos:

1.3.1. Invocó como normas vulneradas los artículos 13 y 29 de la Constitución Política, que prevØn los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, así como el artículo 3” del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), en lo relativo a los principios de imparcialidad, buena fe, publicidad y celeridad que rigen las actuaciones administrativas. Sostuvo que la ANM desconoció dichos principios al excluirla del trÆmite de formalización minera adelantado por un tercero sobre Æreas cubiertas p or sus títulos y al omitir notificarle formalmente los actos administrativos expedidos en desarrollo de dicho procedimiento.

trÆmite de formalización minera adelantado por un tercero sobre Æreas cubiertas p or sus títulos y al omitir notificarle formalmente los actos administrativos expedidos en desarrollo de dicho procedimiento.

1.3.2. En sustento de la nulidad de las resoluciones demandadas, la sociedad alegó una indebida interpretación del artículo 325 de la Ley 1955 de 2019, n orma que regula el procedimiento de formalización de minería tradicional. A juicio de la actora, la ANM aplicó de forma restrictiva dicho artículo al considerar que la mediación prevista en caso de superposición solo procede cuando existe un œnico título minero, sin tener en cuenta que, en el caso concreto, los tres títulos afectad os pertenecen a un mismo titular, lo cual —segœn la demanda— no impedía ni excluía la posibilidad de adelantar dicha instancia de concertación.

1.3.3. Con fundamento en lo anterior, la parte actora formuló cargos por falsa motivación y por expedición irregular de los actos administrativos, al considerar que se omitieron hechos jurídicamente relevantes y se aplicó la norma sin atender a su finalidad, en contravía del principio pro homine. Afirmó que esta actuación limitó de forma irrazonable el ejercicio de derechos fundamentales, impidió la mediación con el minero tradicional, desconoció su derecho de defensa y afectó el principio de legalidad, por lo que solicitó la nulidad de los actos y la reanuda ción del trÆmite conforme al procedimiento legal vigente.

2. TrÆmite procesal relevanteRadicado: 11001-03-26-000-2022-00010-00 (67912)

Demandante: Inversiones Martínez Leroy S.A.

conforme al procedimiento legal vigente.

2. TrÆmite procesal relevanteRadicado: 11001-03-26-000-2022-00010-00 (67912)

Demandante: Inversiones Martínez Leroy S.A.

5

2.1 El 26 de enero de 2022, el proceso fue asignado por reparto al Despacho sustanciador para decidir sobre la admisión de la demanda formulada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3.

2.2. Por auto de fecha 18 de febrero de 2022, el Despacho resolvió rechazar la demanda, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 169 del CPACA, al verificarse la configuración de la causal de rechazo por caducidad del medio de control. Pa ra tal efecto, advirtió que, conforme a lo previsto en el artículo 164, numeral 2, literal d) del mismo estatuto, la acción debía interponerse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación del acto definitivo. En el caso concreto, la Resolución No. 000695 del 23 de junio de 2020 —que confirmó el rechazo de la solicitud de formalización minera— fue notificada el 22 de agosto de 2020, por lo que el tØrmino para presentar la demanda vencía el 12 de enero de 2021, una vez d escontado el periodo de vacancia judicial. Sin embargo, la solicitud de conciliación extrajud icial fue presentada apenas el 8 de junio de 2021 y la demanda fue ra dicada el 23 de junio del mismo aæo, cuando el tØrmino ya se encontraba expirado 4.

fue presentada apenas el 8 de junio de 2021 y la demanda fue ra dicada el 23 de junio del mismo aæo, cuando el tØrmino ya se encontraba expirado 4.

2.3. No obstante, mediante auto del 10 de junio de 2022, el Despacho resolvió reponer la decisión de rechazo al resolver el recurso de reposición interpuesto por la parte actora, quien sostuvo que solo tuvo conocimiento efectivo del acto administrativo definitivo el 9 de febrero de 2021, en el marco de una acción de tutela promovida con el fin de obtener su notificación, dado que la ANM no la recono ció como sujeto interesado dentro del trÆmite administrativo. Con fundamento en lo anterior, el Despacho verificó que tanto la solicitud de conciliación extrajudicial , presentada el 8 de junio de 2021, como la radicación de la demanda, el 22 del mismo mes, se efectuaron dentro del tØrmino legal de caducidad del medio de con trol; en consecuencia, revocó la decisión inicial y admitió la demanda, corrió traslado a la parte demandada, ordenó la notificación a las partes y al Ministerio Pœblico, y remitió copia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado5.

2.4. Una vez surtida la notificación correspondiente, la ANM no contestó la demanda, segœn se advierte en la constancia secretarial de fecha 22 de septiembre de 20226.

2.5. Mediante auto del 8 de noviembre de 2022, el Despacho adecuó el trÆmite al procedimiento de sentencia anticipada previsto en el artículo 182A del CPACA.

de 20226.

2.5. Mediante auto del 8 de noviembre de 2022, el Despacho adecuó el trÆmite al procedimiento de sentencia anticipada previsto en el artículo 182A del CPACA. En consecuencia, fijó el litigio en torno a la legalidad de los actos administrativo s reprochados, con base en tres cuestiones: (i) si las resoluciones demandadas desconocen los artículos 13 y 29 de la Constitución Política, el artículo 3” de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019; (ii) si resulta procedente aplicar la figura de la mediación prevista en el artículo 325 de la Ley 1955 d e 2019 en casos de superposición con varios títulos adjudicados a un mismo titular; y (iii) si

3 Archivo electrónico identificado con certificado E6824BF2AC3C3268 686E6E1A5B331B3C F2EEF692ABE65FFC 1DC7572DBF968F62, ubicado en el índice 3 del exp ediente digital, en el aplicativo Samai. 4 Archivo electrónico identificado con certificado 1F83971224137535 090DFBF4990CDF23 D9BE099A6159A724 D09D7C2122920749, ubicado en el índice 12 de l expediente digital, en el aplicativo Samai. 5Archivo electrónico identificado con certificado 323F718F1978F34B 4C6CDFC97B1CBA0A 0C29DBB1CF6F2669 9BE97254A729EA73, ubicado en el índice 13 del expediente digital, en el aplicativo Samai. 6 Archivo electrónico identificado con certificado 1701C55EE7DEBE53 68AC9788ED343620

0C29DBB1CF6F2669 9BE97254A729EA73, ubicado en el índice 13 del expediente digital, en el aplicativo Samai. 6 Archivo electrónico identificado con certificado 1701C55EE7DEBE53 68AC9788ED343620 C72426C7EAF81B10 C48E9FD26F481718, ubicado en el índice 18 del e xpediente digital, en el aplicativo Samai.Radicado: 11001-03-26-000-2022-00010-00 (67912)

Demandante: Inversiones Martínez Leroy S.A.

6

la autoridad minera incurrió en falsa motivación al interpretar de forma restrictiva el principio pro homine. Por œltimo, dispuso proferir sentencia anticipada una vez surtido el traslado para alegar de conclusión7.

2.6. Por medio de auto de fecha 6 de febrero de 2023, el Despacho corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y advirtió que el agente del Ministerio Pœblico podía presentar concepto en la misma oportunidad indicada para alegar8.

2.7. La parte actora, por conducto de su apoderada judicial, presentó alegatos de conclusión en los que sostuvo, en síntesis, lo siguiente9:

2.7.1. Reiteró que los actos administrativos expedidos por la ANM —mediante los cuales se rechazó y archivó la solicitud de formalización minera No. NF4-16561 — vulneraron los artículos 13 y 29 de la Constitución Nacional, el artículo 3” del CPACA y el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019. A su juicio, la entidad demandada incurrió

vulneraron los artículos 13 y 29 de la Constitución Nacional, el artículo 3” del CPACA y el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019. A su juicio, la entidad demandada incurrió en una interpretación regresiva y restrictiva del inciso tercero del artículo 325 ejusdem, al considerar improcedente la mediación cuando la superposición del Ærea solicitada recae sobre varios títulos mineros, pese a que todos pertenecen a un mismo titular. La apoderada judicial de la sociedad demandante cuestionó dic ha interpretación por desconocer el principio pro homine y la finalidad normativa, orientada a permitir soluciones concertadas que viabilicen la formalización de la minería tradicional.

2.7.2. Sostuvo que la posición adoptada por la ANM en la Resolución No. 69 5 de 2020 contradice precedentes administrativos de la misma entidad, como lo ocurrido bajo la vigencia del Decreto 933 de 2013, en donde, en circunstancias similares, sí se reconoció la viabilidad de la mediación. Subrayó que su representada, titular de los contratos de concesión FEL-163, EI1-131 y FEL-161, manifestó en vari as oportunidades su voluntad expresa de participar en dicho trÆmite, en aras de dar continuidad al proceso iniciado por el minero tradicional. En respaldo de sus argumentos, invocó jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la obligación de los operadores jurídicos de preferir interpretaciones normativas garantistas, y solicitó que, en consecuencia, se declare la nulidad de las resoluciones acusadas y se ordene rehacer el procedimiento conforme a lo previsto en el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019.

solicitó que, en consecuencia, se declare la nulidad de las resoluciones acusadas y se ordene rehacer el procedimiento conforme a lo previsto en el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019.

2.8. La ANM, por intermedio de su apoderado judicial, formuló alegatos de conclusión en los que expuso, en tØrminos generales, lo siguiente 10:

2.8.1. La entidad solicitó declarar infundadas las pretensiones de la demanda, al considerar que las resoluciones acusadas —No. 000922 del 17 de octubre de 2019 y No. 695 del 23 de junio de 2020 — fueron expedidas en estricto cumplimiento del

7 Archivo electrónico identificado con certificado 5EC1BB0331BFFAC6 18B8FF94032C90A2 A417AE087686EB89 1B4EFB2041BDC5E7, ubicado en el índice 19 d el expediente digital, en el aplicativo Samai. 8 Archivo electrónico identificado con certificado E4D475DD326A393C A2DDADC0A3FF5449 E0DDE60C4F811B47 62BE327025C46471, ubicado en el índice 25 d el expediente digital, en el aplicativo Samai. 9 Archivo electrónico identificado con certificado 307CBF2D30E15CBF 6DFE393C88B4997F F2B16A1596C4C1C6 CEF33F518625B57F, ubicado en el índice 29 del expediente digital, en el aplicativo Samai. 10 Archivo electrónico identificado con certificado BD2242F43FFAB986 379C27DE1D3CAA43

Samai. 10 Archivo electrónico identificado con certificado BD2242F43FFAB986 379C27DE1D3CAA43 06CD0911BE9972AE FF3C282DE7EE267A, ubicado en el índice 30 de l expediente digital, en el aplicativo Samai.Radicado: 11001-03-26-000-2022-00010-00 (67912)

Demandante: Inversiones Martínez Leroy S.A.

7

principio de legalidad y con fundamento en el marco normativo aplicab le, en particular, el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019, la Ley 685 de 2001 y la Resolución 505 de 2019. Sostuvo que el rechazo de la solicitud de formalización min era No. NF4-16561 obedeció a la inexistencia de Ærea libre a otorgar, dado que la tota lidad del polígono se encontraba superpuesta con títulos mineros vigentes —EIF-131, FEL-161 y FEL-163 —, situación que hacía inviable su trÆmite conforme a los lineamientos del sistema de cuadrícula minera. Reiteró que los actos administrativos demandados fueron proferidos por autoridad competente, debidamente motivados, ajustados a derecho y notificados conforme a las exigencias legales.

2.8.2. Enfatizó que su actuación se enmarcó en los principios del Estado de Derecho, la legalidad y la función administrativa, y que no existe irregularidad alguna que justifique la nulidad de los actos acusados. Rechazó los argumentos de la parte actora sobre la procedencia de la mediación, al sostener que la imposibilidad jurídica y material de formalizar un Ærea completamente ocupada por títulos vigentes

que justifique la nulidad de los actos acusados. Rechazó los argumentos de la parte actora sobre la procedencia de la mediación, al sostener que la imposibilidad jurídica y material de formalizar un Ærea completamente ocupada por títulos vigentes excluye la aplicación de dicho trÆmite, cuya procedencia requiere disponibilidad efectiva del recurso.

2.9. El agente del Ministerio Pœblico rindió concepto en el que expuso la posición que la Sala sintetiza a continuación11:

2.9.1. Sostuvo que la legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal indispensable para dictar sentencia de mØrito en el contencioso administrativo, en tanto implica la existencia de un interØs jurídico en la pretensión formulada. Ci tando jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado, precisó que dicha legitimación no depende œnicamente del uso formal del medio de control, sino de la calidad subjetiva que tiene la parte demandante frente al objeto litigioso . En esa línea, destacó que en las acciones como la de nulidad y restablecimiento d el derecho —orientadas a la defensa de derechos subjetivos — se exige que el actor acredite la afectación directa de su situación jurídica, sin que resulte procedente su ejercicio para reclamar el restablecimiento de derechos ajenos.

2.9.2. Con fundamento en lo anterior, concluyó que la sociedad Inversiones Martínez Leroy S.A. no demostró interØs legítimo ni derecho subjetivo afectado p or los actos administrativos que rechazaron la solicitud de formalización minera presentada por el seæor David de Jesœs Castillo Cepeda. A juicio del Ministerio

Martínez Leroy S.A. no demostró interØs legítimo ni derecho subjetivo afectado p or los actos administrativos que rechazaron la solicitud de formalización minera presentada por el seæor David de Jesœs Castillo Cepeda. A juicio del Ministerio Pœblico, la sociedad actora no acreditó vínculo jurídico alguno con el solicitante, ni su representación procesal o extraprocesal, ni tampoco invocó una agencia oficiosa. Por tanto, no le asistía legitimación en la causa por activa para solicitar la nulidad de las resoluciones No. 000922 de 2019 y 000695 de 2020, ni el restab lecimiento de un derecho cuya titularidad corresponde a un tercero.

III. CONSIDERACIONES

1. Presupuestos procesales

11 Archivo electrónico identificado con certificado BD2242F43FFAB986 379C27DE1D3CAA43 06CD0911BE9972AE FF3C282DE7EE267A, ubicado en el índice 31 del expediente digital, en el aplicativo Samai.Radicado: 11001-03-26-000-2022-00010-00 (67912)

Demandante: Inversiones Martínez Leroy S.A.

8

1.1. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto12, conforme a lo establecido el artículo 104 del CPACA 13, dado que se pretende la declaratoria de nulidad, con el consecuente restablecimiento del derecho, de unos actos administrativos proferidos en el marco de un trÆm ite de formalización de minería tradicional por parte de una autoridad del orden nacional, como es la ANM14. Igualmente, el Consejo de Estado es competente para resolver

derecho, de unos actos administrativos proferidos en el marco de un trÆm ite de formalización de minería tradicional por parte de una autoridad del orden nacional, como es la ANM14. Igualmente, el Consejo de Estado es competente para resolver el asunto en œnica instancia, de conformidad con lo previsto en el artículo 295 de la Ley 685 de 200115 —contentiva del Código de Minas—, vigente para la fecha de la presentación de la demanda 16, el cual determinaba que el Consejo de Estado conoce en œnica instancia de los asuntos mineros no contractuales en los que sea parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada.

AdemÆs, cabe destacar que, conforme a lo establecido en el artículo 13 del Acuerdo No. 080 de 201917, corresponde a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el conocimiento de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen “sobre asuntos agrarios contractuales, mineros y petroleros”.

1.2. El medio de control procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA 18, el cual establece que toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica podrÆ pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho, pudiendo solicitar, asimismo, que se le repare el daæo. S e trata del mecanismo procedente en los casos en que el particular sufre un daæo orig inado en un acto administrativo, generalmente de carÆcter particular y concreto, siempre que dicho acto se estime ilegal; ademÆs, tiene como finalidad, que el juez administrativo

un acto administrativo, generalmente de carÆcter particular y concreto, siempre que dicho acto se estime ilegal; ademÆs, tiene como finalidad, que el juez administrativo declare su nulidad y, como consecuencia, ordene el restablecimiento del d erecho conculcado, vulnerado o desconocido, y/o la indemnización de los perjuicios

12 Al presente asunto le son aplicables la Ley 1437 de 2011 -CPACAy la Ley 1564 de 2012 - CGP-, en virtud de lo previsto en el artículo 306 del primer estatuto menc ionado, así como la Ley 2080 de 2021, salvo en lo relativo