CE - Sentencia 11001032600020220013400 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Expediente: 11001032600020220013400 (68.563)

Demandantes: Asesorías Arrubla Devis Amaya Abogados S.A.S.

Demandado: Nación – Presidencia de la República y otros Medio de control: Nulidad Asunto: Sentencia de única instancia

TEMAS: SIMPLE NULIDAD –decreto reglamentario que desarrolla una inhabilidad contemplada en la Ley 80 de 1993 / POTESTAD REGLAMENTARIA – competencia constitucional atribuida al Gobierno nacional - sus límites están dados por el contenido mismo de la ley que desarrolla / INHABILIDAD– restricción en la capacidad de los sujetos para contratar con el Estado, cuya determinación solo procede en virtud de la Constitución o la ley, de enunciación taxativa e interpretación restrictiva

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir las pretensiones de nulidad promovidas contra el artículo 1 del Decreto 1358 de 2020.

I. ANTECEDENTES

1. El 14 de junio de 2022 1, Asesorías Arrubla Devis Amaya Abogados S.A.S., presentó demanda contra la Nación - Presidencia de la República, con el fin de que se declare la nulidad de la expresión “ ha actuado” incluida en los incisos quinto y

presentó demanda contra la Nación - Presidencia de la República, con el fin de que se declare la nulidad de la expresión “ ha actuado” incluida en los incisos quinto y décimo del artículo 1 del Decreto 1358 de 2020 2, expedido por el Gobierno Nacional3, cuyo tenor literal es el siguiente (se resalta el aparte demandado):

“ARTÍCULO 1. Adiciónese una Sección 3 al Capítulo 2 del Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, la cual quedará así:

SECCIÓN 3.

SOLICITUD Y PUBLICIDAD DE LAS SENTENCIAS PENALES POR LA

COMISIÓN DE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, O DE CUALQUIERA DE LOS DELITOS O FALTAS CONTEMPLADAS POR LA LEY 1474 DE 2011 Y SUS NORMAS MODIFICATORIAS O DE CUALQUIERA DE

LAS CONDUCTAS DELICTIVAS CONTEMPLADAS POR LAS

CONVENCIONES O TRATADOS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

SUSCRITOS Y RATIFICADOS POR COLOMBIA, ASÍ COMO DE LAS

SANCIONES ADMINISTRATIVAS POR CONDUCTAS DE SOBORNO

TRASNACIONAL.

(…)

ARTÍCULO 2.2.3.2.3.2. DE LA PUBLICIDAD DE LAS DECISIONES PROFERIDAS POR AUTORIDADES EXTRANJERAS. Una vez se reciban las

1 Índice 2, SAMAI. 2 “Por el cual se reglamenta el literal j del numeral 1° del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 2 de la

1 Índice 2, SAMAI. 2 “Por el cual se reglamenta el literal j del numeral 1° del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 2 de la Ley 2014 de 2019 y se adiciona el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”. 3 Suscrito por el presidente de la República, los ministros de (i) Relaciones Exteriores, (ii) Justicia y del Derecho, (iii) Comercio, Industria y Turismo; y por el director del Departamento Nacional de Planeación.Expediente 11001032600020220013400 (68.563)

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decisiones de que trata el artículo 2.2.3.2.3.1 del presente Decreto, la dependencia que para el efecto determine el Ministro de Relaciones Exteriores, en un término de diez (10) días hábiles, las remitirá a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Esta do, quien tendrá el término de un (1) mes, contado a partir de la recepción de la información, para verificar mediante oficio con el carácter de acto de trámite, que la misma haya sido enviada con el lleno de requisitos formales.

Cuando se trate de sentencias judiciales proferidas contra personas naturales, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado requerirá a la Cámara de Comercio respectiva para que ésta, en un término de diez (10) días hábiles, informe acerca de las soc iedades y las sucursales de sociedades extranjeras

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado requerirá a la Cámara de Comercio respectiva para que ésta, en un término de diez (10) días hábiles, informe acerca de las soc iedades y las sucursales de sociedades extranjeras respecto de las cuales la persona natural declarada judicialmente responsable, actúa o ha actuado en calidad de administrador, representante legal, miembro de junta directiva o socio controlante, así como las matrices y subordinadas de las mismas.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitará a la Cámara de Comercio del respectivo domicilio de la persona jurídica relacionada con la persona natural condenada a través de las modalidades establecidas en el inciso precedente, que inscrib a en el Registro Único de Proponentes (RUP) de dichas sociedades, la siguiente mención: "En aplicación del literal j) del artículo 8° de la Ley 80 de 1993, esta persona jurídica se encuentra inhabilitada para participar en licitaciones y celebrar contratos con el Estado Colombiano desde (la fecha de la resolución administrativa sancionatoria o de la sentencia penal conde natoria correspondiente)" . En el paréntesis se debe incluir la fecha a partir de la cual rige la sanción.

Cuando se trate de sanciones administrativas proferidas contra personas jurídicas, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitará a la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica sancionada, así como de su matriz y subordinadas, cuando fuere el caso, para que dicha Cámara de Comercio inscriba en el Registro Único de Proponentes (RUP) la siguiente mención: "En aplicación del literal j) del artículo 8° de la Ley 80 de 1993, esta persona jurídica

inscriba en el Registro Único de Proponentes (RUP) la siguiente mención: "En aplicación del literal j) del artículo 8° de la Ley 80 de 1993, esta persona jurídica se encuentra inhabilitada para participar en licitaciones y celebrar contratos con el Estado Colombiano desde (la fecha de la resolución administrativa sancionatoria o de la sentencia penal condenatoria correspondiente)" . En el paréntesis se debe incluir la fecha a partir de la cual rige la sanción.

PARÁGRAFO. En caso de que la sentencia de primera instancia o la sanción administrativa, no se encuentre ejecutoriada, tal situación será informada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a la Cámara de Comercio correspondiente, para efectos de la inscripción a en el Registro Único de Proponentes (RUP) a la que hace referencia el presente artículo. Cuando la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tenga conocimiento de que las decisiones inscritas acorde con lo establecido en el prese nte artículo sean revocadas, solicitarán tales decisiones, observando el mismo procedimiento aquí establecido, y las remitirá a la Cámara de Comercio correspondiente, con la solicitud del levantamiento de la anotación de inhabilidad del Registro Único de Proponentes (RUP).

ARTÍCULO 2.2.3.2.3.3. DE LA PUBLICIDAD DE LAS SENTENCIAS PROFERIDAS POR JUECES PENALES COLOMBIANOS. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5. 7 del Decreto 1082 de 2015, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tomará las medidas necesarias para que, mediante la integración o interacción del Sistema Único de Gestión e Información

Nacional de Defensa Jurídica del Estado tomará las medidas necesarias para que, mediante la integración o interacción del Sistema Único de Gestión e Información de la actividad litigiosa de la Nación con el Sistema de Información de la Rama Judicial, se obtengan las sentencias condenatorias en primera instancia, contra personas naturales que hayan cometido delitos contra la Administración Pública o cualquiera de los delitos contemplados en la Ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias.

Una vez la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cuente con las sentencias judiciales proferidas contra personas naturales, requerirá la Cámara de Comercio para que esta, en un término de diez (10) días hábiles, informe las sociedades y las sucur sales de sociedades extranjeras respecto de las cuales la persona natural condenada actúa o ha actuado en calidad de administrador, representante legal, miembro de junta directiva o socio controlante, así como lasExpediente 11001032600020220013400 (68.563)

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matrices y subordinadas de las mismas. Una vez se cuente con dicha información, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitará a la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica relacionada, que inscriba en el Registro Único de Pro ponentes (RUP) de dichas sociedades, la siguiente mención: "En aplicación del literal j) del artículo 8° de la Ley 80 de 1993, esta persona jurídica se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado

Registro Único de Pro ponentes (RUP) de dichas sociedades, la siguiente mención: "En aplicación del literal j) del artículo 8° de la Ley 80 de 1993, esta persona jurídica se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado Colombiano desde (la fecha de expedición de la sentencia penal condenatoria correspondiente)" . En el paréntesis se debe incluir la fecha a partir de la cual rige la sanción (…)” (se resalta).

Fundamentos de la demanda

2. Indica el demandante que la Ley 2014 de 2019, “[p]or medio de la cual se regulan las sanciones para condenados por corrupción y delitos contra la administración pública, así como la cesión unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción y se dictan otras disposiciones”, modificó el literal j) del núm.1 del art. 8 de la Ley 80 de 1993, que consagra el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para celebrar contratos con las entidades estatales.

3. La norma expedida fue objeto de reglamentación por el Gobierno nacional, mediante el Decreto 1358 de 2020 –que agregó la Sección 3 al capítulo 2, parte 2 del libro 2 del Decreto 1069 de 2015 4, es decir, los arts. 2.2.3.2.3.1. al 2.2.3.2.3.5. de esta última normativa– en el que estableció el trámite para solicitar, publicar y/o conocer las sentencias penales o sanciones administrativas por la comisión de delitos contra la Administración pública, delitos o faltas previstos en la Ley 1474 de

2011.

4. Para el actor, la expresión “ha actuado”, objeto de censura, vulnera los arts.

delitos contra la Administración pública, delitos o faltas previstos en la Ley 1474 de 2011.

4. Para el actor, la expresión “ha actuado”, objeto de censura, vulnera los arts. 189.11 de la Carta Política y 8° de la Ley 80 de 1993, en tanto excede el precepto legal que reglamenta.

5. En el concepto de la violación, adujo lo siguiente:

a) Nulidad por exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria. Señala que el lit. j) del núm. 1 del art. 8 de la Ley 80 de 1993 consagra como único supuesto de inhabilidad extensivo a las sociedades respecto de las personas naturales condenadas por los delitos o las faltas que allí se mencionan, quienes al momento de declararse su responsabilidad hagan parte de esas personas jurídicas en calidad de administradores, representantes legales, miembros de junta o socios controlantes. Sin embargo, el reglamento amplió ese supuesto, mediante una modificación en la conjugación, al indicar que esa restricción también procede frente a todas las sociedades en las que han actuado esas personas.

b) Nulidad por infracción de las normas en que debía fundarse . Plantea que el término “ha actuado”, en la disposición debatida, (i) omite que la inhabilidad prevista en el lit. j) del núm. 1 del art. 8 de la Ley 80 de 1993 es un mecanismo de prevención frente a actos de corrupción, no una sanción, de manera que la norma reglamentaria sobrepasa el prop ósito de la restricción legal; (ii) desconoce la tipicidad rígida e interpretación restrictiva de las inhabilidades, al extender su

frente a actos de corrupción, no una sanción, de manera que la norma reglamentaria sobrepasa el prop ósito de la restricción legal; (ii) desconoce la tipicidad rígida e interpretación restrictiva de las inhabilidades, al extender su configuración al pasado, pese a que la ley siempre ha mantenido su conjugación

4 Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.Expediente 11001032600020220013400 (68.563)

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en tiempo presente 5; y, (iii) contraviene la tarea de los particulares sobre sus mecanismos de autorregulación y control interno para garantizar buenas prácticas en materia de transparencia en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ya que para las sociedades resultaría irrelevante estructurar tales instrumentos si no actúan de forma preventiva y si no tiene repercusión alguna sobre el restablecimiento de su capacidad de contratar con el Estado.

(c) Nulidad por falta de competencia , pues el Gobierno nacional sobrepasó su facultad reglamentaria y desplegó una competencia que sólo atañe al legislador.

Contestaciones de la demanda6

6. La Presidencia de la República 7 se opuso a las pretensiones, y como

medios exceptivos planteó:

(i) “ inexistencia de violación alguna de normas superiores ”, pues la expresión cuestionada se acompasa al orden constitucional y los preceptos de mayor jerarquía, ya que no se limita al tiempo pasado, sino que emplea el verbo “haber”

(i) “ inexistencia de violación alguna de normas superiores ”, pues la expresión cuestionada se acompasa al orden constitucional y los preceptos de mayor jerarquía, ya que no se limita al tiempo pasado, sino que emplea el verbo “haber” en pretérito perfecto, precisando que la inhabilidad procede preventivamente aun en los casos de sociedades de las que hacen parte las personas naturales condenadas, o beneficiadas por un principio de oportunidad, con relación a cualquier delito contra la administración pública, o por punibles y faltas descritas por la Ley 1474 de 2011;

(ii) “indebida integración del contradictorio e indebida representación de la Nación por parte de la Presidencia de la República y de la Presidencia de la República”, en tanto la representación de la Nación frente a los actos suscritos por el Gobierno nacional, corresponde al ministro o director del departamento del ramo respectivo y no al presidente, así que los llamados a intervenir son el DNP y el Ministerio de Justicia y del Derecho 8. El presidente de la República, por conducto de la Presidencia, solo asume la defensa de algunos actos referidos a contratos suscritos por él a nombre de la Nación –inciso quinto del art. 159 del CPACA–; y,

(iii) la excepción “innominada”9.

7. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 10 también se opuso a las súplicas incoadas. Afirmó que los incisos quinto y décimo del art. 1 del Decreto 1358 de 2020 son producto de la facultad de reglamentación otorgada por la ley11.

5 Añadió que: “La inclusión de la expresión ha actuadó no resulta menor, pues cambia radicalmente el alcance del literal j)

1358 de 2020 son producto de la facultad de reglamentación otorgada por la ley11.

5 Añadió que: “La inclusión de la expresión ha actuadó no resulta menor, pues cambia radicalmente el alcance del literal j) al extender el supuesto de hecho de la inhabilidad consignada en el mismo e imponer una carga desproporcionada a las sociedades que pretenden contratar con el Estado o que han celebrado contratos con el mismo, que ya no solo tendrán que vigilar y tomar medidas frente a las personas con las que sostienen algún tipo de relación jurídica o económica, sino que además, deberán controlar las acciones de aquellos con los que ya no tienen vínculo alguno (…)”. 6 En auto del 20 de octubre de 2022, se admitió la demanda y se ordenó notificar a la Presidencia de la República, y a los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia y del Derecho, Comercio Industria y Turismo, y al DNP –índice 4, SAMAI–. 7Índice 26, SAMAI. 8 Explicó que en atención a los arts. 115 de la Constitución Política y 159 del CPACA, “la representación judicial de la Nación, frente a la nulidad de las normas que se demandan, corresponde al jefe de la administración de la dependencia que tiene por función la formulación de la política pública de su respectivo sector, sin que resulte i mperativo contar con la integración del máximo mandatario dentro del respectivo medio de control ... el Primer Mandatario NO es sujeto procesal salvo en las excepciones del artículo 115 de la Constitución Política y el inciso quinto del artículo 159 del C. P.A.C.A. Tampoco actúa en nombre y representación legal ni judicial de entidad alguna, porque él no es la autoridad de mayor jerarquía de las entidades

excepciones del artículo 115 de la Constitución Política y el inciso quinto del artículo 159 del C. P.A.C.A. Tampoco actúa en nombre y representación legal ni judicial de entidad alguna, porque él no es la autoridad de mayor jerarquía de las entidades de la rama ejecutiva del Orden Nacional, en tanto lo son los Ministros y los Directores de Departamentos Administrativos en el orden nacional de la Rama Ejecutiva del poder público”. 9 Pidiendo que se reconozca cualquier otro medio de defensa que se acredite en el plenario. 10Índice 28, SAMAI. 11 No explicó con mayor profundidad la razón aludida.Expediente 11001032600020220013400 (68.563)

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8. El Ministerio de Justicia y del Derecho12 anotó que la previsión enjuiciada no extiende el alcance de la inhabilidad contemplada en la ley. Para estos efectos aduce que el Decreto 1358 de 2020 estableció los parámetros para que se surta la publicidad de las sanciones y penas impuestas por autorida des extranjeras y nacionales. La conjugación “ ha actuado ” versa sobre una conducta que tiene efectos en el presente, siendo concordante con el fin de la norma que reglamenta, que procura que se informe “ no solo de las sociedades respecto de las cuales la persona natural condenada o sancionada actúa, sino que también ha actuado en calidad de administrador, representante legal, miembro de junta directiva o socio controlante”.

9. El Ministerio de Relaciones Exteriores13 sostuvo que el precepto debatido

persona natural condenada o sancionada actúa, sino que también ha actuado en calidad de administrador, representante legal, miembro de junta directiva o socio controlante”.

9. El Ministerio de Relaciones Exteriores13 sostuvo que el precepto debatido se ajusta al ordenamiento jurídico, y que las pretensiones se basan en una apreciación subjetiva y sin soporte, pues la norma acusada regula el trámite para recaudar información que permita valorar y dar cumplimiento al contenido de la ley.

10. El DNP14 aseveró que la expresión demandada no contradice la ley, no crea una nueva causal de inhabilidad, ni es oscura; en cambio, procura el cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.

Intervención del coadyuvante del extremo activo15

11. La Cámara Colombiana de Infraestructura –CCI– aseguró que el art. 8 de la Ley 80 de 1993 es claro en establecer que para que la inhabilidad se extienda a la sociedad es necesario que la persona natural haga parte de aquella; sin embargo, el Decreto reglamentario modificó la ley, al señalar que se refiere a quien haya detentado (en tiempo pasado) las calidades indicadas en la ley. Aportó dos oficios16 en los que el Ministerio de Justicia reconoció que la conjugación demandada “constituye un yerro que debe ser corregido”17.

Trámite procesal

12. En proveído del 22 de febrero de 2023 se negó la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional 18. Igualmente, en auto del 21 de febrero de 202419 se resolvió de manera negativa la excepción de “ indebida integración del

12. En proveído del 22 de febrero de 2023 se negó la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional 18. Igualmente, en auto del 21 de febrero de 202419 se resolvió de manera negativa la excepción de “ indebida integración del contradictorio e indebida representación de la Nación”.

13. Mediante providencias del 14 de mayo 20 y 2 de septiembre de 2024 21, esta Corporación prescindió de la audiencia inicial, para dictar sentencia anticipada, al tratarse de un asunto de puro derecho en el que no hay pruebas. Se fijó el litigio22

12 Índice 24, SAMAI. 13 Índice 23, SAMAI. 14 Índice 27, SAMAI. 15 Con auto del 22 de marzo de 2023 esta Corporación aceptó la coadyuvancia formulada por el solicitante (índice 40, SAMAI). 16 Oficios: MJD-OFI22-0022431-GAA-1500 del 22 de junio de 2022 y MJD-OFI22-0026788-GAA-1500 del 25 de julio de 2022. 17 Índice 25, SAMAI. 18 Índice 33, SAMAI. 19 Índice 60, SAMAI. 20 Índice 70, SAMAI. 21 Índice 82, SAMAI. 22 Se fijó el litigio en los siguientes términos: “… el OBJETO DEL LITIGIO se contrae a determinar si la expresión “ha actuado”,

contenida en los incisos 2° de los artículos 2.2.3.2.3.2 y 2.2.3.2.3.3 del Decreto 1069 de 2015, adicionados por el articulo 1° del Decreto 1358 de 2020 (incisos 5° y 10°), expedido por el Gobierno Nac ional, mediante el cual se reglamentó el literal j) del numeral 1° del artículo 8° de la Ley 80 de 1993, adolece de nulidad al excederse las facultades reglamentarias queExpediente 11001032600020220013400 (68.563)

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y se incorporaron las pruebas documentales allegadas al proceso23; luego, se corrió traslado a las partes para ejercer su derecho de contradicción y, posteriormente, para alegar de conclusión24.

14. En esta oportunidad, el DNP 25, los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo26, de Justicia y Derecho 27 y de Relaciones Exteriores 28 reiteraron las razones expuestas en sus contestaciones. La Presidencia aseguró que la actora no probó que la locución atacada extienda los alcances de la inhabilidad examinada29.

15. La demandante 30 insistió en sus planteamientos y sostuvo que el propio Ministerio de Justicia y del Derecho, en los oficios aportados al sub-lite, reconoció que la expresión censurada iba más allá de la ley. Añadió que la interpretación de las entidades públicas, de que el término enjuiciado también se refiere a personas

que la expresión censurada iba más allá de la ley. Añadió que la interpretación de las entidades públicas, de que el término enjuiciado también se refiere a personas que “ hayan sido declaradas responsables ”, busca justificar la extensión del supuesto de hecho fijado en la ley, a personas que ya no tienen ningún rol en la persona jurídica objeto de la inhabilidad.

16. Afirmó que si bien una de las interpretaciones de la expresión “ha actuado”, dada su conjugación en el tiempo pretérito perfecto, permite acoger una acción que se inició en el pasado que aún produce efectos en el presente, tal entendimiento no es el único, ni el más usual, en tanto la misma se extiende a conductas que ocurrieron en el pasado y ya terminaron. De esta manera, la sola divergencia de posibles interpretaciones, por sí sola, debe dar lugar a su nulidad.

17. El Ministerio Público31 señaló que la norma enjuiciada no altera la inhabilidad contenida en el EGCAP, pues lo que desarrolla es el principio de publicidad y, con ello, la divulgación de las decisiones judiciales relevantes para el efecto32.

II.CONSIDERACIONES

18. El centro del debate se sitúa en determinar si la expresión “ ha actuado ” incluida en los incisos quinto y décimo del art. 1 del Decreto 1358 de 2020 debe anularse por infringir normas superiores, o por exceso en el ejercicio de la facultad reglamentaria. Para solventar la censura, la Sala precisará el contenido de esta norma y el contexto que le dio origen, junto con el análisis de la disposición reglamentaria, no sin antes referirse a la representación de la Nación por parte de la Presidencia de la República en el presente proceso.

norma y el contexto que le dio origen, junto con el análisis de la disposición reglamentaria, no sin antes referirse a la representación de la Nación por parte de la Presidencia de la República en el presente proceso.

dispuso la Constitución para ser ejercidas por el Presidente de la Republica y sus ministros (gobierno nacional), y por infracción de las normas en que debía fundarse el Decreto 1358 de 2020”. 23 Estos son: (i) Decreto 133 del 5 de febrero de 2021, por medio del cual se nombró́ al doctor Víctor Manuel Muñoz Rodríguez como Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep ública; (ii) Decreto 1358 de 16 de octubre de 2020, “Por el cual se reglamenta el literal j del numeral 10 del articulo 8 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 2 de la Ley 2014 de 2019 y se adiciona el Decreto 1069” –(i) y (ii) aportados por el actor –; (iii) antecedentes administrativos del decreto demandado –allegado por el Ministerio de Relaciones Exteriores –; (iv) comunicación 1 -3-452022-21059 del 4 de mayo de 2022, dirigida al Ministerio de Justicia y del Derech o y al DNP –aportado por la CCI –; y (v) oficios MJD -OFI220022431-GAA-1500 del 22 de junio y MJD-OFI22-0026788GAA-1500 del 25 de julio de 2022, emitidos por el Ministerio de Justicia y del Derecho –allegados por la CCI y la demandante–. 24 Índice 93, SAMAI. 25 Índice 97, SAMAI. 26 Índice 102, SAMAI.

Justicia y del Derecho –allegados por la CCI y la demandante–. 24 Índice 93, SAMAI. 25 Índice 97, SAMAI. 26 Índice 102, SAMAI. 27 Índice 106, SAMAI. 28 Índice 98, SAMAI. 29 Índice 103, SAMAI. 30 Índice 101, SAMAI. 31 Índice 100, SAMAI. 32 El término concedido a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para emitir concepto corrió del 18 al 29 de noviembre de 2024. Luego de los trámites secretariales, el asunto ingresó al despacho para fallo el 10 de febrero de 2025.Expediente 11001032600020220013400 (68.563)

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19. Esta Subsección 33 ha precisado la distinción entre la capacidad para comparecer al proceso y la figura de la representación. La primera concierne a la aptitud para fungir como parte del proceso; la segunda, corresponde a la facultad que el legislador reconoce para que una persona actúe por otra –en su nombre y representación– de modo que los efectos de los actos del mandatario recaen sobre el sujeto representado.

20. El inciso primero del artículo 159 de la Ley 1437 de 2011 dispone que las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los demás sujetos que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso, pueden obrar como deman dantes, demandados o intervinientes, a través de sus

entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los demás sujetos que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso, pueden obrar como deman dantes, demandados o intervinientes, a través de sus representantes. A su vez, el art. 80 de la Ley 153 de 1887 dispone que la Nación, los departamentos y los municipios, son personas jurídicas. Comoquiera que la demanda se instauró en contra de la Nación, se trata de un sujeto que tiene capacidad procesal y está llamada a comparecer al proceso para defender la legalidad de un acto administrativo proferido por una autoridad de ese nivel.

21. En punto a su representación en el sub-lite, el artículo 115 de la Constitución Política determina que el primer mandatario puede actuar, según la función que ejerza, en la calidad de jefe de Estado, jefe de Gobierno o suprema autoridad administrativa. La primera categoría trata sobre aquellas atribuciones relativas a la soberanía y unidad nacional –como lo es, el manejo de las relaciones internacionales–; actúa como jefe de gobierno al ejercer las actividades que corresponden a la fijación de las políticas de dirección del país, para lo cual aplica el programa gubernamental y promulga las normas bajo su competencia34; mientras que ejerce como suprema autoridad administrativa en lo relativo a la gestión y normal funcionamiento de la administración35. Así, en lo que atañe al ejercicio de la potestad reglamentaria, el primer mandatario actúa bajo la doble condición de jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa36.

22. El artículo 159 del CPACA establece que las entidades públicas son representadas, para efectos judiciales, por “la persona de mayor jerarquía en la

de Gobierno y suprema autoridad administrativa36.

22. El artículo 159 del CPACA establece que las entidades públicas son representadas, para efectos judiciales, por “la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho ”. De modo que, cuando se trata de un acto proferido por la Nación – Gobierno nacional, “la persona de mayor jerarquía que lo suscribe es, sin duda alguna, el Presidente de la República ”37, sin perjuicio de que concurran también el ministro, o director de departamento administrativo, puesto que su participación en la expedición del acto es imperiosa a efectos de que

33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 1 de diciembre de 2023, radicación 11001032400020220039300 (69.231), C.P. José Roberto Sáchica Méndez. 34 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 18 de abril de 2023, número 2501, C.P. Edgar González López. 35 En el concepto precitado, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación precisó la calidad que ostenta el presidente de la República frente a cada una de las funciones descritas en el artículo 189 de la Carta Política. Así, detalló que actúa como jefe de Gobierno en ejercicio de las funciones de que tratan los núm. 3, 4, 9, 10, 11 y 12, como jefe de Estado en