CE - Sentencia 11001032600020220014700 de 2025

Radicado: 11001-03-26-000-2022-00147-00 (68647)

Demandante: Jhon Henry Vélez

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-26-000-2022-00147-00 (68647) Demandante: Jhon Henry Vélez Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial Referencia: Recurso extraordinario de revisión

TEMAS: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - procedencia – no es una instancia adicional para reabrir aspectos debatidos y resueltos en el proceso inicial . CAUSALES – las causales del recurso extraordinario de revisión son taxativas y de interpretación restrictiva.

CAUSAL 5ª DEL ARTÍCULO 250 DEL CPACA: nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso - presupuestos para su configuración. NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – los cambios o giros de la jurisprudencia se aplican, por regla general, de forma retrospectiva (inmediata), salvo que dentro del fallo de unificación se fijen efectos diferentes . DECLARA INFUNDADO - El desconocimiento del precedente no constituye un vicio formal de la sentencia.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

se fijen efectos diferentes . DECLARA INFUNDADO - El desconocimiento del precedente no constituye un vicio formal de la sentencia.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia1, el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Jhon Henry Vélez, contra la sentencia proferida el 6 de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del proceso de reparación directa identificado con radicado núm. 05001-33-33-023-2017-00055-01.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 12 de septiembre de 2013 , Jhon Henry Vélez fue capturado en flagrancia por agentes de la Policía Nacional y procesado penalmente por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos . La privación de la libertad se extendió hasta el 1 3 de noviembre de 2014. El 4 de febrero de 2015 el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia profirió sentencia absolutoria, en aplicación del principio in dubio pro reo.

1 Artículos 243, 243ª , 249 y 255 del CPACA. Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación de la demanda de revisión extraordinaria -26 de octubre de 2021-, las cuales corresponden a las contenidas en la Ley 1437 de 2011, así como a las disposiciones del C.G.P, en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados.Radicado: 11001-03-26-000-2022-00147-00 (68647)

Demandante: Jhon Henry Vélez

primero de los estatutos mencionados.Radicado: 11001-03-26-000-2022-00147-00 (68647)

Demandante: Jhon Henry Vélez

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El 3 de febrero de 2017, Jhon Henry Vélez ejerció el medio de control de reparación directa contra la Nación – Fiscalía General de la Nación – Rama Judicial, para que fueran declaradas administrativamente responsables por privación injusta de la libertad. El 10 de abril de 2019, el Juzgado 23 Administrativo Oral de Medellín accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, con fundamento en el título de imputación por daño especial. La Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial apelaron. El 6 de agosto de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la decisión y, en su lugar, negó las pretensiones, en razón a que no se acreditó la antijuridicidad del daño, ya que, atendiendo las pruebas y las circunstancias de la captura en flagrancia, las autoridades tenían el deber de investigar, aunado a que la medida de aseguramiento cumplió con los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad.

La parte actora interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia . Afirmó que se materializó la causal 5ª de revisión del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA) , específicamente, por desconocimiento del precedente judicial vigente para el momento en que se presentó la demanda de reparación directa. Señaló que se vulneraron los principios

de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA) , específicamente, por desconocimiento del precedente judicial vigente para el momento en que se presentó la demanda de reparación directa. Señaló que se vulneraron los principios de seguridad jurídica, igualdad, legalidad ante la aplicación irracional de la vigencia jurisprudencial y el derecho de acceso a la administración de justicia.

II. ANTECEDENTES

1. El proceso de reparación directa en el que se profirió la sentencia objeto de revisión

El demandante indicó que el 12 de septiembre de 2013 fue capturado por agentes de la Policía Nacional, quienes inspeccionaron el automóvil particular que él conducía y hallaron una caleta con armas de fuego y material bélico , como consecuencia de lo cual permaneció privado de la libertad y fue procesado penalmente por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.

Señaló que el 1 3 de noviembre de 2014 recuperó la libertad , luego de que en audiencia de juicio oral se anunciara el sentido del fallo absolutorio.

Afirmó que el 4 de febrero de 2015, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia profirió sentencia absolutoria, en aplicación del principio in dubio pro reo.Radicado: 11001-03-26-000-2022-00147-00 (68647)

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Aseveró que el 17 de febrero de 2017 2, presentó demanda de reparación directa contra la Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, para que fueran

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Aseveró que el 17 de febrero de 2017 2, presentó demanda de reparación directa contra la Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, para que fueran declaradas administrativamente responsable s por los daños ocasionados con la privación injusta de la libertad de que fue objeto.

Refirió que el 10 de abril de 20193, el Juzgado 23 Administrativo Oral de Medellín, con fundamento en el título de imputación de daño especial, declaró la responsabilidad administrativa.

Anotó que el 25 de abril y el 6 de mayo de 2019, en su orden, la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial interpusieron recurso de apelación4, argumentando que la medida de aseguramiento era legal y que la privación de la libertad obedeció a los hechos, las pruebas y las normas aplicables al caso.

Adujo que el 6 de agosto de 20215, el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, en aplicación del régimen de falla en el servicio, bajo el cual encontró que no era dable exigirles a las autoridades demandadas una conducta diferente y que estas actuaron con apego a los mandatos legales y constitucionales , de manera que la privación de la libertad no representó un daño antijuridico.

2. El recurso extraordinario de revisión

El 30 de junio de 20226, Jhon Henry Vélez formuló recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida el 6 de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Invocó la causal 5ª del artículo 250 del CPACA, es decir , “[e]xistir

contra la sentencia proferida el 6 de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Invocó la causal 5ª del artículo 250 del CPACA, es decir , “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

En sustento, el recurrente afirmó que el Tribunal Administrativo de Antioquia fundamentó su decisión en la sentencia proferida el 21 de mayo de 2021 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, expediente núm. 61952, que no había sido dictada para el momento de los hechos , y no tenía la connotación de sentencia de unificación. Consideró que la jurisprudencia aplicable a su caso era la sentencia de unificación proferida el 17 de octubre de 2013 por la Sección Tercera de la Corporación, dentro del expediente núm. 23354 , que sirvió de fundamento al Juzgado 23 Administrativo Oral de Medellín para establecer la

2 SAMAI, índice 30, documento con certificado No. CE34923EC92EA53A D8CFFF6B344BF60D E83A51EB5B42DEB7 AB40461285D9BF4C. 3 SAMAI, índice 30, documento con certificado No. F67339532350EF38 695ABCA939D4EA98 378668E58AE164A7 3AD60AF8288FE3DF. 4 SAMAI, índice 30, documento con certificado No. F67339532350EF38 695ABCA939D4EA98 378668E58AE164A7 3AD60AF8288FE3DF. 5 SAMAI, índice 8, documentos con certificado No. BCA22AE8F8E27231 FBFD3C1662558EB3

378668E58AE164A7 3AD60AF8288FE3DF. 5 SAMAI, índice 8, documentos con certificado No. BCA22AE8F8E27231 FBFD3C1662558EB3 682B12DCE2FB8258 8798E614C64F7C9A. 6 SAMAI, ín dice 2 , documento con certificado No. 67CB6A00AB4B85C6 2CD62A04693C6935 C11C849F98D81160 4DDB20BC8242A8C5.Radicado: 11001-03-26-000-2022-00147-00 (68647)

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responsabilidad objetiva del Estado en primera instancia y acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda, al existir una sentencia penal absolutoria por in dubio pro reo.

En definitiva, el recurrente señaló que el Tribunal Administrativo de Antioquia , contrarió lo previsto en los artículos 230 7 de la Constitución Nacional y 108 del CPACA, toda vez que desconoció la fuerza vinculante del precedente aplicable, con lo cual lesionó los principios de seguridad jurídica, igualdad, legalidad y el acceso a la administración de justicia.

En consecuencia, Jhon Henry Vélez solicitó la nulidad de la decisión enjuiciada y, en su lugar, dejar en firme la sentencia proferida el 10 de abril de 2019 por el Juzgado 23 Administrativo Oral de Medellín, en la que se declaró la privación injusta de la libertad.

3. Contestación al recurso extraordinario de revisión

El 17 de noviembre de 2022 9 se admitió el recurso extraordinario de revisión y se

de la libertad.

3. Contestación al recurso extraordinario de revisión

El 17 de noviembre de 2022 9 se admitió el recurso extraordinario de revisión y se ordenó notificar a la Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, así como al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

3.1. El 31 de enero de 2023 10, el Ministerio Público solicitó que el recurso extraordinario de revisión se declarara infundado, porque no se configuró la causal invocada. En sustento conceptuó que, en virtud de lo previsto en las sentencias de la Corte Constitucional C-037 del 5 de febrero de 1996 y SU -072 del 5 de julio de 2018, el Tribunal Administrativo de Antioquia debía apartarse del precedente de unificación 23354 de 2013 y analizar la privación de la libertad de cara a los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad. Ello, en consideración a que durante el tránsito jurisprudencial el asunto no se había resuelto y, por tanto, no se había consolidado la cosa juzgada.

Adicionalmente, refirió que en un ordenamiento jurídico que propenda por la realización de la justicia material, el cambio de postura es válido, atiende el criterio actual y permite rectificar criterios errados.

7 “Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.” 8 “Artículo 10. Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Al resolver los asuntos

equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.” 8 “Artículo 10. Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas.” 9 SAMAI, Índice 11. 10 SAMAI, Índice 20.Radicado: 11001-03-26-000-2022-00147-00 (68647)

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3.2. El 31 de enero de 2023 11, la Rama Judicial advirtió que los argumentos de la recurrente no configuran la causal 5 del artículo 250 del CPACA, ni las hipótesis del artículo 133 del Código General del Proceso (en adelante CGP) . Consideró que el revisionista intenta reanudar una controversia ya finiquitada y que la sentencia objeto de la solicitud de revisión se encuentra en consonancia con la jurisprudencia pacífica del Consejo de Estado y con la sentencia SU -072 de 2018 de la Corte Constitucional.

3.3. El 2 de febrero de 2023 12, la Fiscalía General de la Nación refirió que ni los argumentos esgrimidos por la recurrente , ni los documentos aportados al proceso, sustentan la procedencia de las causales de revisión extraordinaria establecidas en

argumentos esgrimidos por la recurrente , ni los documentos aportados al proceso, sustentan la procedencia de las causales de revisión extraordinaria establecidas en el artículo 250 del CPACA , y que estos solo pretenden cuestionar el criterio empleado por el Tribunal Administrativo de Antioquia para negar las pretensiones formuladas en reparación directa.

3.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

Para resolver el recurso extraordinario de revisión, la Sala seguirá el siguiente orden: (1) presupuestos procesales, (2) problema jurídico, (3) hechos probados, (4) análisis de configuración de la causal de revisión extraordinaria, (5) conclusión y (6) costas.

1. Presupuestos procesales

1.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 13 del CPACA, en concordancia con el artículo 13 14 del Acuerdo 080 de 2019 15, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024 16, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

11 SAMAI, Índice 19. 12 SAMAI, índice 21. 13 “Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]”. 14 “Artículo 13. Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos del reparto, los asuntos

proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]”. 14 “Artículo 13. Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos del reparto, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de traba jo, así: […] Sección Tercera: 10. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias [...] dictadas por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección. […]”. 15 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 16 “Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.Radicado: 11001-03-26-000-2022-00147-00 (68647)

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1.2. De acuerdo con el artículo 24817 del CPACA, en el caso bajo estudio el recurso extraordinario de revisión es procedente, toda vez que tiene por objeto la revisión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que se encuentra debidamente ejecutoriada.

1.3. De conformidad con el artículo 251 18 del CPACA, el recurso extraordinario de revisión se formuló dentro del término legal, toda vez que: (i) el 12 de agosto de 202119 quedó ejecutoriada la sentencia recurrida (hecho probado 3.9); y (ii) el 30 de junio de 2022 los recurrentes interpusieron el recurso extraordinario de revisión, es

202119 quedó ejecutoriada la sentencia recurrida (hecho probado 3.9); y (ii) el 30 de junio de 2022 los recurrentes interpusieron el recurso extraordinario de revisión, es decir, dentro del término legal de un año siguiente a la ejecutoria de la sentencia impugnada.

1.4. Jhon Henry Vélez se encuentra legitimad o en la causa para interponer el recurso extraordinario de revisión, pues fungió como parte actora en el proceso de reparación directa resuelto el 6 de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del radicado núm. 05001 -33-33-023-2017-00055-01 (hechos probados 3.4. y 3.8.).

2. Problema jurídico

De conformidad con los cargos expuestos en el recurso extraordinario de revisión, corresponde a la Sala determinar si se configura la causal de revisión establecida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA, es decir, si existe nulidad originada en la sentencia proferida el 6 de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de reparación directa, por aplicación indebida del precedente jurisprudencial en materia de privación injusta de la libertad.

3. Hechos probados

Con fundamento en las pruebas que obran en el expediente, se encuentra acreditado que:

3.1. El 12 de septiembre de 2013, con ocasión de un operativo de control policial efectuado al vehículo particular que conducía Jhon Henry Vélez, éste fue capturado en flagrancia porque se le encontró una caleta con armas de fuego , municiones y

efectuado al vehículo particular que conducía Jhon Henry Vélez, éste fue capturado en flagrancia porque se le encontró una caleta con armas de fuego , municiones y

17 “Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”. 18 “Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. […]” . Para las causales 1°, 2°, 5°, 6° y 8°, el término para formular el recurso extraordinario de revisión es de un año, contado a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia. Entonces, como en este asunto se invocó la causal 5°, los recurrentes contaban con un 1 año, una vez en firme la providencia objeto de censura. 19 La sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 6 de agosto de 2021, fue notificada por estado electrónico el 9 de agosto de 2021, y quedó ejecutoriada el 12 de agosto siguiente, conforme se aprecia en SAMAI, índice 16 , del expediente de reparación directa con radicado núm. 05001-33-33-023-2017-00055-01.Radicado: 11001-03-26-000-2022-00147-00 (68647)

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proveedores. En consecuencia, el capturado fue puesto a disposición de las

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proveedores. En consecuencia, el capturado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales que lo procesaron por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y privativo de las fuerzas armadas o explosivos20.

3.2. Desde el 12 de septiembre de 2013 y hasta el 13 de noviembre de 2014, Jhon Henry Vélez permaneció privado de la libertad en establecimiento carcelario21.

3.3. El 4 de febrero de 2015, el Juzgado 1° Penal del Circuito Especializado de Antioquia absolvió de responsabilidad penal a Jhon Henry Vélez, en aplicación del principio in dubio pro reo22.

3.4. El 3 de febrero de 2017, Jhon Henry Vélez presentó la demanda de reparación directa, radicada con el No. 05001-33-33-023-2017-00055-00, contra la Nación – Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial , para que fuera declarada patrimonialmente responsable por privación injusta de la libertad23.

3.5. El 10 de abril de 2019 , el Juzgado 23 Administrativo Oral del Circuito d e Medellín declaró administrativamente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial, por la privación injusta de la libertad de Jhon Henry Vélez. En sustento, el a quo concluyó que la privación de la libertad que sufrió el demandante resultó injustificada , en aplicación del título de imputación de daño especial, conforme a la sentencia de unificación proferida el 17 de octubre de 2013

En sustento, el a quo concluyó que la privación de la libertad que sufrió el demandante resultó injustificada , en aplicación del título de imputación de daño especial, conforme a la sentencia de unificación proferida el 17 de octubre de 2013 por la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del radicado núm. 2335424.

3.6. El 25 de abril de 2019 , la Fiscalía General de la Nación apeló la decisión anterior. Argumentó que sus actuaciones se surtieron conforme a la ley, y que, en caso de confirmarse la responsabilidad administrativa, la Rama Judicial era la llamada a responder, porque la medida restrictiva de la libertad la impuso un juez de control de garantías25.

3.7. El 6 de mayo de 2019 , la Rama Judicial formuló su alzada. Argumentó que la medida de aseguramiento impuesta contra Jhon Henry Vélez fue razonable, proporcional y necesaria , de manera que el daño derivado de la privación no era

20 Conforme a las piezas procesales de la investigación penal. SAMAI, índice 30, documento con certificado No. 2FC2218AB16BF9EE 2EC32D756E918E36 7429ABE57430E619 51D8998E3B1AC81C. 21 Según certificación expedida por el INPEC. SAMAI, índice 30, documento con certificado No. CE34923EC92EA53A D8CFFF6B344BF60D E83A51EB5B42DEB7 AB40461285D9BF4C . 22 Sentencia absolutoria obrante en SAMAI, índice 30, documento con certificado No.

CE34923EC92EA53A D8CFFF6B344BF60D E83A51EB5B42DEB7 AB40461285D9BF4C . 22 Sentencia absolutoria obrante en SAMAI, índice 30, documento con certificado No. 2FC2218AB16BF9EE 2EC32D756E918E36 7429ABE57430E619 51D8998E3B1AC81C . 23 Demanda consignada en SAMAI, índice 30, documento con certificado No. D757B02FFFD708AE 72CA480701CF3BBC C9FB681291885AD6 52A7E35E1FDA5D3B. 24 Sentencia de primera instancia SAMAI, índice 30, documento con certificado No. F67339532350EF38 695ABCA939D4EA98 378668E58AE164A7 3AD60AF8288FE3DF. 25 Recurso de apelación SAMAI, índice 30, documento con certificado No. F67339532350EF38

695ABCA939D4EA98 378668E58AE164A7 3AD60AF8288FE3DFRadicado: 11001-03-26-000-2022-00147-00 (68647)

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antijurídico. Señaló que la afectación se ocasionó por la culpa exclusiva de la víctima, quien conducía el vehículo en el que se transportaban las armas halladas por la Policía Nacional26.

3.8. El 6 de agosto de 2021 , el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la condena impuesta a la Nación Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial . En sustento señaló que, en la sentencia SU-072 de 2018, la Corte Constitucional había

condena impuesta a la Nación Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial . En sustento señaló que, en la sentencia SU-072 de 2018, la Corte Constitucional había retomado el análisis efectuado en la sentencia C -037 de 1996, para indicar que ni el artículo 90 superior, ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 previeron la privación injusta de la libertad como un evento resarcible en sí mismo, ni especificaron un régimen único de responsabilidad para esos casos27.

Bajo este entendido, consideró que, con independencia del título de imputación por el que se optara, el juez debía analizar si las decisiones restrictivas de la libertad se enmarcaban en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad . Adicionalmente, destacó que la Corte Constitucional delimitó la responsabilidad objetiva a dos eventos, en los que no se encontraba el in dubio pro reo. En este contexto, el ad quem concluyó que, dadas las circunstancias del caso concreto, el deber de las autoridades judiciales y penales era proceder como lo hicieron y, en consecuencia, el daño que padeció el demandante no resultó antijurídico, toda vez que la privación fue razonable, proporcional y ajustada a la ley.

3.9. El 12 de agosto de 2021 quedó ejecutoriada la sentencia proferida el 6 de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia28.

4. Análisis de configuración de la causal de revisión extraordinaria

La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión formulado por Jhon Henry Vélez contra la sentencia dictada el 6 de agosto de 2021 por el Tribunal

4. Análisis de configuración de la causal de revisión extraordinaria

La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión formulado por Jhon Henry Vélez contra la sentencia dictada el 6 de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, con fundamento en la causal consagrada en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA, por las razones que pasan a exponerse:

4.1. El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada. Por tal razón, el legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan la procedencia de este medio de impugnación, a efectos de prevenir un uso indebido que lleve a un nuevo debate probatorio o interpretativo.

26 Recurso de apelación SAMAI, índice 30, documento con certificado No. F67339532350EF38 695ABCA939D4EA98 378668E58AE164A7 3AD60AF8288FE3DF. 27 Sentencia SAMAI, índice 08, documento con certificado No. BCA22AE8F8E27231 FBFD3C1662558EB3 682B12DCE2FB8258 8798E614C64F7C9A. 28 La sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 6 de agosto de 2021 fue notificada por estado electrónico el 9 de agosto de 2021, y quedó ejecutoriada el 12 de agosto siguiente, conforme se aprecia en SAMAI, índice 16, del expediente de reparación directa con radicado núm. 05001-33-33-023-2017-00055-01.Radicado: 11001-03-26-000-2022-00147-00 (68647)

radicado núm. 05001-33-33-023-2017-00055-01.Radicado: 11001-03-26-000-2022-00147-00 (68647)

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Así, el recurso extraordinario de revisión, cuya naturaleza en realidad es la de ser una acción autónoma del proceso que da lugar a ella, no tiene como finalidad corregir errores in judicando, ni puede fundamentarse en las mismas pruebas que sirvieron de base para la decisión que puso fin al proceso. Para la corrección de estos errores existen los recursos ordinarios y extraordinarios dentro de las debidas instancias procesales.

Igualmente, la revisión extraordinaria no está concebida como un mecanismo para subsanar errores, omisiones o estrategias deficientes de los sujetos procesales, ocurridas durante el proceso inicial u ordinario, d e manera que no puede ser utilizada para corregir negligencias ni para reabrir un debate judicial que ya ha sido resuelto conforme a derecho.

Por el contrario, la acción de revisión tiene como propósito el examen de hechos nuevos que impactan la decisión adoptada y afectan el sentido de justicia que de ella emana. Dado que esta acción incide en la certeza jurídica derivada de la cosa juzgada, su carácter es no solo extraordinario, sino también restrictivo, ya que únicamente procede por las causales expresamente señaladas en la ley, sin posibilidad de invocar otras distintas, y sin que el juez pueda hacer una interpretación o aplicación extensiva de los hechos que dan lugar al recurso.

Esta taxatividad resulta justificada, pues la revisión extraordinaria es un mecanismo excepcional que permite modificar providencias protegidas por el principio de cosa

interpretación o aplicación extensiva de los hechos que dan lugar al recurso.

Esta taxatividad resulta justificada, pues la revisión extraordinaria es un mecanismo excepcional que permite modificar providencias protegidas por el principio de cosa juzgada. En consecuencia, las causales previstas para su procedencia deben ser aplicadas e interpretadas de manera estricta, restrictiva o restringida, garantizando que su utilización responda únicamente a los supuestos contemplados por la norma y evitando que se convierta en una instancia adicional de impugnación. En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que “ las causales previstas para la revisión deben ser aplicadas e interpretadas en sentido restringido”29.

En la Jurisdicción Contencioso Administrativo, el artículo 248 del CPACA dispone la procedencia del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los tribunales administrativos y por los jueces administrativos.

A su turno, las causales de revisión se encuentran dispuestas en el artículo 250 del CPACA y, en lo que atañe a providencias que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

En el mismo sentido, el artículo 252 del CPACA pone de manifiesto el carácter restrictivo y formalista de este recurso extraordinario , y exige que su interposición

29 Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009.Radicado: 11001-03-26-000-2022-00147-00 (68647)

Demandante: Jhon Henry Vélez

29 Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009.Radicado: 11001-03-26-000-2022-00147-00 (68647)

Demandante: Jhon Henry Vélez

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se realice mediante un escrito que contenga la indicación razonada de la causal invocada, junto con una exposición clara de los hechos u omisiones que sustentan su configuración. Esto impone una carga argumentativa y formal significativa sobre quien impugna una decisión en firme. Tales exigencias responden a la necesidad de delimitar con precisión el obj eto del recurso , permitir el adecuado ejercicio del derecho de contradicción y restring