CE - Sentencia 11001032600020230007800 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-26-000-2023-00078-00 (69899)

Demandante: Luis Enrique Borda Ladino y otros

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Proceso: Recurso Extraordinario de Revisión

CAUSAL QUINTA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN –Nulidad originada en sentencia por pretermisión de instancia – no se configuró en el caso concreto

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolve r en única instancia el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Luis Enrique Borda Ladino y otros, contra la sentencia de l 23 de marzo de 202 3, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Primera de Decisión, que decidió:

1. REVÓCASE los numerales 3.2. y 3.3 del numeral 3, de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pereira dentro del proceso de la referencia, por las razones expuestas en precedencia.

2. CONFÍRMASE en lo demás la sentencia proferida dentro del proceso de la referencia, conforme a los argumentos anotados en la parte motiva del presente fallo.

3. Sin condena en costas en esta instancia, por las razones expuestas.

2. CONFÍRMASE en lo demás la sentencia proferida dentro del proceso de la referencia, conforme a los argumentos anotados en la parte motiva del presente fallo.

3. Sin condena en costas en esta instancia, por las razones expuestas.

4. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La presente controversia gira en torno a la configuración de la causal quinta del recurso extraordinario de revisión, prevista en el artículo 250 del CPACA, respecto de la sentencia proferida en segunda instancia el 23 de marzo de 202 3, por elRadicación: 11001-03-26-000-2023-00078-00 (69899)

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Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército

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Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Primera de Decisión , en el marco del proceso de reparación directa 2017-00280.

Como sustento de su invocación, se afirmó que la providencia objeto de revisión incurrió en la causal de nulidad originada en sentencia, por cuanto, pese a que la parte actora, al presentar recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia proferido el 16 de diciembre de 2019, por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pereira, solicitó tener como pruebas en segunda instancia los registros civiles de nacimiento de algunos demandantes respecto de quienes de negaron las pretensiones , documentos que adjuntó al escrito de impugnación, el tribunal ad quem no se pronunció sobre esa petición y al dictar sentencia desatando

registros civiles de nacimiento de algunos demandantes respecto de quienes de negaron las pretensiones , documentos que adjuntó al escrito de impugnación, el tribunal ad quem no se pronunció sobre esa petición y al dictar sentencia desatando la alzada no “se hizo alusión alguna a la solicitud de decreto y práctica de prueba documental, ni se hizo alusión alguna a los múltiples requerimientos al respecto”.

Con fundamento en lo anterior, se argumentó que el Tribunal de origen pretermitió una instancia, originado así la nulidad de la sentencia objeto de revisión.

II. ANTECEDENTES

1.- Del proceso de reparación directa 2017 – 00280, en desarrollo del cual se dictó la sentencia objeto de revisión

1.1.- El 7 de septiembre de 2017, los señores Luis Enrique Borda Ladino, Luz Estella Ladino Becerra, actuando en nombre propio y en el de su hija menor Heylen Tatiana Guerrero Ladino, Cristian Camilo Orjuela Ladino, Rony Gutiérrez Ladino e Isail de Jesús Ladino presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable por los perjuicios causados con las lesiones sufridas por el soldado Luis Enrique Borda Ladino , mientras cumplía su servicio militar obligatorio.

Se indicó en la demanda que las tropas del Batallón San Mateo de Pereira estaban desarrollando una actividad vehicular en cumplimiento del servicio y, en medio de la maniobra, uno de los carros chocó con una valla que, al desprenderse, impactó al soldado Borda Ladino, resultando herido en su pie izquierdo. El suceso narrado

desarrollando una actividad vehicular en cumplimiento del servicio y, en medio de la maniobra, uno de los carros chocó con una valla que, al desprenderse, impactó al soldado Borda Ladino, resultando herido en su pie izquierdo. El suceso narrado le produjo una pérdida de capacidad laboral del 10%.Radicación: 11001-03-26-000-2023-00078-00 (69899)

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1.2.- Surtido el procedimiento legal correspondiente, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de P ereira dictó sentencia el 16 de diciembre de 2019, mediante la cual resolvió:

1. Se declara no probada la excepción de "injerencia propia de la víctima en el resultado por asunción propia del riesgo”, formulada por la demandada Nación — Ministerio de Defensa — Ejercito Nacional, atendiendo lo expuesto en esta providencia.

2. Se declara administrativamente responsable a la Nación —Ministerio de Defensa — Ejército Nacional, por la lesión sufrida por el señor Luis Enrique Borda Ladino durante la prestación del servicio militar obligatorio, ocurrida en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que quedaron precisadas en la parte motiva de esta providencia.

3. Como consecuencia de la declaración anterior, se condena a la -Nación — Ministerio de Defensa — Ejército Nacional a pagar las sumas que a título de indemnización de perjuicios se indican a continuación: 3.1. Morales: En favor del señor Luis Enrique Borda Ladino, la suma equivalente a 20 salarios

Ministerio de Defensa — Ejército Nacional a pagar las sumas que a título de indemnización de perjuicios se indican a continuación: 3.1. Morales: En favor del señor Luis Enrique Borda Ladino, la suma equivalente a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 3.2. Daño a la salud Para el señor Luis Enrique Borda Ladino, la suma equivalente a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 3.3. Perjuicios materiales – Lucro Cesante Vencido o Consolidado: En favor del señor Luis Enrique Borda Ladino, la suma de cuatro millones quinientos cuarenta y un mil trescientos cincuenta y cuatro pesos M/Cte. ($4.541.354). - Lucro Cesante Futuro: En favor del señor Luis Enrique Borda Ladino, la suma de veinte millones cuatrocientos treinta y cinco mil ciento setenta y un pesos M/Cte. ($20.435.171).

4. Se niega el reconocimiento de perjuicios morales en favor de los restantes demandantes, conforme a lo señalado en la parte considerativa de esta sentencia.

5. Sin condena en costas, conforme a lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.

6. De conformidad con lo establecido en los artículos 192 y 203 inciso final de la Ley 1437 de 2011, por Secretaría se enviará copia de esta providencia a la entidad demandada condenada para lo de su competencia.

7. Por Secretaría, expídanse a costa de la parte interesada las copias correspondientes, con observancia de lo estipulado en el artículo 114 del C.G.P.

8. Una vez ejecutoriada esta providencia, archívense las diligencias previas las anotaciones respectivas en el programa Justicia Siglo XXI, sin p erjuicio de lo

correspondientes, con observancia de lo estipulado en el artículo 114 del C.G.P.

8. Una vez ejecutoriada esta providencia, archívense las diligencias previas las anotaciones respectivas en el programa Justicia Siglo XXI, sin p erjuicio de lo establecido en la Circular DEAJC 19-43 del 11 de junio de 2019.

El juzgado de primera instancia consideró que estaba demostrada la concreción del daño padecido por el soldado Luis Enrique Borda Ladino, consistente en la lesión en su pie izquierdo, sufrida como consecuencia del golpe causado por una valla en medio de una jornada automovilística del Ejército . Adicionalmente, estimó que elRadicación: 11001-03-26-000-2023-00078-00 (69899)

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daño era imputable a la demandada , por haberse producido mientras prestaba el servicio militar obligatorio y con ocasión del mismo, con lo cual se le sometió a una carga que no estaba en el deber de soportar.

Reconoció la suma equivalente a 20 SMLVM para el conscripto lesionado , por concepto de perjuicios morales y se abstuvo de reconocerlos en favor de los demás accionantes, pues, a pesar de haber aducido en la demanda que se aportaban registros civiles de nacimiento, de la revisión del expediente no se hallaron tales documentos, falencia a partir de la cual concluyó que no estaba demostrado su parentesco con la víctima directa.

registros civiles de nacimiento, de la revisión del expediente no se hallaron tales documentos, falencia a partir de la cual concluyó que no estaba demostrado su parentesco con la víctima directa.

Finalmente, reconoció daño a la salud en cuantía de 20 SMLV para el demandante, Luis Enrique Borda Ladino, y en su favor también lucro cesante consolidado y futuro en las sumas de $4’541.354 y $20’435.171, respectivamente.

1.3.- En contra de la anterior decisión, tanto la parte actora como la demandada interpusieron recurso de apelación.

En el caso de la primera, para que se reconocieran perjuicios morales a los familiares del sol dado lesionado, bajo el argumento de que los re gistros civiles s í fueron adjuntados con la demanda, pero que, por alguna razón involuntaria, fueron extraídos del proceso.

La accionada por su parte, solicitó que se revocara la sentencia, para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, por cua nto, ante la configuración de la circunstancia eximente de responsabilidad de caso fortuito, no existía nexo de causalidad entre el daño y la actividad propia del servicio.

2.- Sentencia objeto de revisión

2.1.- Los recursos de apelación fueron resueltos a través de sentencia de l 23 de marzo de 202 3, en la que el Tribunal Administrativo de Risaralda revocó los numerales 3.2. y 3.3 del numeral 3, de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pereira dentro del proceso de

numerales 3.2. y 3.3 del numeral 3, de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pereira dentro del proceso de la referencia y la confirmó en lo demás.Radicación: 11001-03-26-000-2023-00078-00 (69899)

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Como sustento de su decisión, consideró que no se desvirtuó la presencia de los elementos de la responsabilidad , en atención a que el caso fortuito no constituía una causa extraña ajena a la órbita de la actividad a cargo del ente castrense.

En cuanto a la discrepancia formulada por la parte actora , advirtió que, si bien se alegaba por el libelista que los registro s civiles de nacimiento -que adjuntó con la apelaciónhabían sido allegados junto con la demanda, y que los mismos fueron extraviados, estimó que dicha afirmación carecía de sustento, según se constataba con el número de piezas procesales relacionadas en las actas de reparto. Agregó que el hecho de que en la demanda se hubiera consignad o que se aportaban los registros civiles de los demandantes, ello no hac ía presumir que efectivamente se hubieran adjuntado. Y que el hecho de no haberlos evidenciado de inicio en el expediente, no se erigía como una causal de inadmisión del escrito introductorio.

3.- Recurso Extraordinario de Revisión

El 28 de marzo de 2023, la parte demandante presentó recurso extraordinario contra

expediente, no se erigía como una causal de inadmisión del escrito introductorio.

3.- Recurso Extraordinario de Revisión

El 28 de marzo de 2023, la parte demandante presentó recurso extraordinario contra la sentencia proferida el 23 de marzo de 202 3, por el Tribunal Administrativo de Risaralda, con fundamento en la causal 5 del artículo 250 del C.P.A.C.A, consistente en “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”, la cual, en criterio del recurrente se configuró por haberse dictado sentencia de segunda instancia “como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia”.

En apoyo de su impugnación, adujo que la sentencia de segunda instancia se profirió sin haber emitido pronunciamiento previo respecto de la solicitud probatoria elevada en el escrito de apelación y sobre los múltiples requerimientos que en ese sentido se presentaron por la recurrente.

En desarrollo de su argumentación relató que:

1. El a quo inadmitió la demanda para que se allegara solo uno de los registros civiles que no reposaban en el plenario , lo que mostraba que el resto s í obraban en el expediente desde la presentación del libelo.Radicación: 11001-03-26-000-2023-00078-00 (69899)

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1. Al proferir sentencia de primera instancia , se negaron los perjuicios

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1. Al proferir sentencia de primera instancia , se negaron los perjuicios solicitados en favor de los familiares de la víctima, pese a que al instaurar la demanda sí se aportaron los registros civiles que acreditaban el parentesco. iii) Los folios posteriores a la demanda y donde deberían estar los registros civiles adjuntados con el escrito inicial , se encontraban tachados y no llevaban un consecutivo, lo que permitía sospechar que tales documentos sí fueron allegados, al punto que el juez los observó al momento de admitir la demanda, pero luego los mismos fueron sustraídos por error o con mala intención. iv) Se presentó recurso de apelación y se solicitó como prueba en se gunda instancia que se incorporaran los registros de los demandantes (los cuales se aportaron). v) El Tribunal Administrativo de Risaralda, admitió el recurso de apelación, pero no se pronunció acerca de la prueba solicitada en segunda instancia, por lo que se hicieron múltiples solicitudes al Despacho, a fin de que definiera lo solicitado y no pretermitiera una etapa procesal . Sin embargo, no fue resuelta. vi) Finalmente, para sorpresa de los actores, el 27 de marzo de 2023 se profirió sentencia de segunda inst ancia, donde no se hizo alusión alguna a la solicitud de decreto y práctica de prueba documental, ni se hizo alusión alguna a los múltiples requerimientos al respecto.

4.- Trámite procesal del recurso extraordinario de revisión

solicitud de decreto y práctica de prueba documental, ni se hizo alusión alguna a los múltiples requerimientos al respecto.

4.- Trámite procesal del recurso extraordinario de revisión

4.1. Mediante auto del 28 de julio de 2023, se admitió el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Luis Enrique Borda Ladino y otros contra la sentencia del 23 de marzo de 202 3, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda y se dispuso correr traslado a la contr aparte y al Ministerio Público para que se pronunciaran, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 253 del CPACA.

El Ministerio Público allegó concepto en el sentido de advertir que el recurso extraordinario de revisión no estaba llamado a prosperar. Sobre el particular, señaló que la causal invocada era infundada , toda vez que las pruebas aportadas con el recurso de apelación no cumplían las exigencias para su decreto en segunda instancia, máxime cuando estas habían sido incorporadas de forma extemporánea, a lo que sumó que a través de su solicitud no se podía suplir el hecho de no haberlasRadicación: 11001-03-26-000-2023-00078-00 (69899)

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aportado dentro del término legal. Bajo esa compresión, sostuvo que en el caso no se había configurado la pretermisión de instancia alguna.

Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

4.2.- En decisión del 22 de febrero de 202 4, se dispuso la apertura del per íodo

se había configurado la pretermisión de instancia alguna.

Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

4.2.- En decisión del 22 de febrero de 202 4, se dispuso la apertura del per íodo probatorio, ordenando incorporar el expediente completo de reparación directa, promovido por Luis Enrique Borda Ladino y otros contra la Nación-Ministerio de Defensa.

II. CONSIDERACIONES

Régimen procesal

En atención a que se trata de un recurso extraordinario de revisión interpuesto el 28 de marzo de 202 3, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 249 y 250 de la Ley 1437 de 2011 , junto con las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021. Igualmente, concierne observar la regulación del Código General del Proceso , en virtud de la integración normativa consagrada por el artículo 306 del primero de los aludidos compendios.

I.- Presupuestos procesales

1.- Jurisdicción y competencia

Con arreglo a lo previsto en el inciso segundo del artículo 249 de la Ley 1437 de 20111, esta Subsección es competente para conocer y resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto en contra la sentencia proferida el 23 de marzo de 2023, por el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Primera de Decisión.

En consonancia con lo prescrito en el numeral 10 del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, a través del cual se adoptó el Reglamento Interno del Consejo de Estado,

1 Artículo 249. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las

de 2019, a través del cual se adoptó el Reglamento Interno del Consejo de Estado,

1 Artículo 249. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del consejo de estado conocerá la sala plena de lo contencioso administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los tribunales administrativos conocerán las secciones y subsecciones del consejo de estado según la materia.Radicación: 11001-03-26-000-2023-00078-00 (69899)

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le asiste competencia a esta Subsección para decidir la referida impugnación.

2.- Procedencia del recurso extraordinario

A la luz de lo s dictados del artículo 248 del CPACA, con apego a los cuales “ El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos” se verifica la viabilidad de conocer del presente asunto, en tanto la providencia objeto de impugnación corresponde a la sentencia proferida en segunda instancia el 23 de marzo de 202 3, por el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Primera de Decisión, que modificó el fallo del 16 de diciembre de 2019, dictado por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pereira, por el cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

2019, dictado por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pereira, por el cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Sobre la finalidad de este mecanismo extraordinario, la doctrina especializada ha considerado que:

“El recurso extraordinario de revisión cumple una trascedente misión y es la de evitar que se mantenga el imperio de una sentencia que no obstante estar ejecutoriada, es decir, haber hecho tránsito a cosa juzgada formal y por ende susceptible de ser cumplida, dado que se llegó a ella existiendo medios irregulares o ilícitos, es posible cercenar sus efectos, obviamente si se interpone dentro del plazo que el legislador estimó prudencial para hacerlo, para, de ser el caso, proferir otra que la sustituya, enmendara los errores cometidos y restablecer el derecho, no obstante hacer tránsito a cosa juzgada formal que ya operó”2.

Cabe indicar que, el propósito del recurso de revisión no estriba en censurar desde una perspectiva sustancial, la sentencia proferida en el marco de un proceso ordinario, al extremo de derivar en una decisión de tercera instancia . A contrario sensu, su raigambre extraordinaria comporta que su procedencia se sujete a la configuración de las causales taxativas enlistadas en el orden jurídico , cuya ocurrencia, por demás, debe ser ajena a la órbita de acción u omisión de la parte que la alega . Tal ha sido la comprensión dispensada por la jurisprudencia , al sostener3:

2 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Código General del Proceso. Parte General. Tirant Lo Blanch

que la alega . Tal ha sido la comprensión dispensada por la jurisprudencia , al sostener3:

2 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Código General del Proceso. Parte General. Tirant Lo Blanch Tercera Edición. Bogotá 2024. Pag.816. 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 8 de mayo de 2019, exp: 54.722.Radicación: 11001-03-26-000-2023-00078-00 (69899)

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Dada la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, se prevé como uno de los requisitos para su procedencia, el que las razones o motivos que constituyen las causales del recurso no hayan sido provocadas ni le sean imputables al afectado con la sentencia, en el entendido de que este recurso no consagra una nueva instancia, ni prevé oportunidades para que las partes subsanen conductas omisivas o negligentes en las que hubiesen podido incurrir durante el trámite del proceso.

3.- Oportunidad de la interposición del recurso

Al tenor de l artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, el plazo para acudir a esta jurisdicción en ejercicio del recurso extraordinario de revisión es de un año contado a partir de la ejecutoria de la sentencia cuestionada4.

Según consta en el aplicativo SAMAI, la sentencia proferida el 23 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Primera de Decisión , fue

a partir de la ejecutoria de la sentencia cuestionada4.

Según consta en el aplicativo SAMAI, la sentencia proferida el 23 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Primera de Decisión , fue notificada de manera electrónica el 2 7 de marzo de 202 35, por lo que , de conformidad con el artículo 302 del CGP, cobró ejecutoria el 10 de abril de 2023, de suerte que al haberse interpuesto el recurso extraordinario el 28 de marzo de 2023, se concluye que su presentación fue oportuna.

4.- Causal de revisión establecida en el numeral 5) del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011

La causal quinta del artículo 250 del C.P.A.C.A. consiste en “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.”

De acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado 6, la configuración de esta causal exige dos elementos: (i) que la nulidad haya sido ori ginada en la sentencia recurrida y sea de tal magnitud que, de no haber existido, se hubiera

4 Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare. En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso (…) (se destaca).

recurso dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare. En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso (…) (se destaca). 5 Conforme índice 15 del aplicativo SAMAI correspondiente al proceso ordinario 6 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N° 16. Sentencia del 5 de mayo de 2020. Radicado 11001 -03-15-000-2017-02519-00; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sal a Especial de Decisión N° 26. Sentencia del 14 de agosto de 2018, Radicado 11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N°22. Sentencia del 3 de diciembre de 2019, Radicado 11001-03-15-000-2014-03093-00.Radicación: 11001-03-26-000-2023-00078-00 (69899)

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adoptado una decisión distinta; y (ii) que contra esa decisión no proceda recurso de apelación, es decir, que se trate de fallos de única o de segunda instancia.

La aludida causal no permite alegar nulidades procesales que pudieron configurarse durante el trámite del asunto, dado el deber de las partes de ponerlas en conocimiento oportunamente y del juez de advertirlas y sanear el proceso en cada etapa procesal.

La aludida causal no permite alegar nulidades procesales que pudieron configurarse durante el trámite del asunto, dado el deber de las partes de ponerlas en conocimiento oportunamente y del juez de advertirlas y sanear el proceso en cada etapa procesal.

Así, el recurso extraordinario de revisión solo permite atacar sentencias contra las cuales no procede recurso alguno y que, por tanto, no pueden ser objeto de control de legalidad en una segunda instancia, adquiriendo fuerza de cosa juzgada. No obstante, esta Corporación ha reconocido que es posible alegar nulidades ocurridas antes del fallo únicamente cuando el demandante demuestre que le fue imposible reclamarlas durante el trámite ordinario7.

Ahora bien, la Ley 1437 de 2011 no establece causales espec íficas de nulidad procesal. Por ello, en aplicación del artículo 208 del C.P.A.C.A., debe acudirse a las causales consagradas en el Código de Procedimiento Civil —hoy Código General del Proceso—. En ese sentido, el artículo 133 del C.G.P. enumera las causa les de nulidad procesal, y esta Corporación ha delimitado cuáles de ellas pueden originarse en la sentencia, de la siguiente manera:

“(…) se deducen como nulidades originadas en la sentencia, de acuerdo con el artículo 133 del Código General del Proceso l as siguientes: la del numeral primero: por falta de jurisdicción y competencia; la del numeral segundo: cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia; la del numeral tercero: cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si en

proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia; la del numeral tercero: cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si en estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida; y, la del numeral séptimo: cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación”. 8

Sumado a ello, el Consejo de Estado 9 ha determinado que también son causales de nulidad originadas en la sentencia: “la carencia absolu ta de motivación de la

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 6 de agosto de 2013, Radicado 2009-00687-00. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 21 Especial de Decisión, Sentencia de 3 de abril de 2018, Radicado 2014-00251-00(REV). 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión, sentencia del 13 de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00 (REV).Radicación: 11001-03-26-000-2023-00078-00 (69899)

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sentencia10, la violación al principio de la non reformatio in pejus 11, la prueba obtenida con violación del debido proceso 12, la expedición de una sentencia

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sentencia10, la violación al principio de la non reformatio in pejus 11, la prueba obtenida con violación del debido proceso 12, la expedición de una sentencia condenatoria contra un tercero que no estuvo vinculado en el proceso, la falta de congruencia13, la falta de votos necesarios para la aprobación de una sentencia14 y la expedición de un fallo inhibitorio injustificado15”.

Lo anterior, sin perjuicio de que la parte recurrente pueda alegar, justificar y probar cualquier otra causal de n ulidad que se configure en la sentencia impugnada, con fundamento en la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política por vulneración al debido proceso.

Con todo, cabe indicar al respecto que, si bien la jurisprudencia ha admitido tal posibilidad, ella solo resulta procedente siempre que