CE - Sentencia 11001032600020230010600 de 2025
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001032600020230010600 de 2025
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-26-000-2023-00106-00 (70076) Demandante: Andreis Romero Vanegas y otros Demandado: Nación-Cámara de Representantes y otro Proceso: Recurso extraordinario de revisión
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN -Se debe acreditar la configuración de la causal de nulidad. CAUSAL QUINTA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓNLa nulidad debe haberse originado en la sentencia recurrida y ser de tal magnitud que, de no haber existido, se hubiera adoptado una decisión distinta . INCONFORMISMO CON LA INTERPRETACIÓN PROBATORIA Y LA DECISIÓN DEL PROCESO -No constituye causal de nulidad , ni argumento suficiente para revocar la decisión recurrida.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver en única instancia el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Andreis Romero Vanegas y otros, contra la sentencia del 9 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que decidió:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, el día 31 de mayo de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, el día 31 de mayo de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Sin costas.
TERCERO: En firme est a providencia, devuélvase el proceso al juzgado de origen.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La presente controversia gira en torno a la configuración de la causal quinta del recurso extraordinario de revisión prevista en el artículo 250 del C .P.A.C.A., respecto de la sentencia proferida en segunda instancia el 9 de junio de 2022 , porRadicación: 11001-03-26-000-2023-00106-00 (70076) Demandante: Andreis Romero Vanegas y otros Demandado: Nación-Cámara de Representantes y otro Asunto: Recurso extraordinario de revisión 2
el Tribunal Administrativo del Cesar, en el marco del proceso de reparación directa 2016-00071.
Como sustento de su invocación, se afirmó que la sentencia incurrió en nulidad por omitir la práctica de una inspección judicial y pericial en el lugar de ocurrencia del suceso fáctico que sirvió de base a la acción , pruebas que resultaban fundamentales para demostra r la causación de un accidente de tránsito por un vehículo oficial de la Cámara de Representantes. También se cuestionó que, tanto el juez de primera instancia como el Tribunal Administrativo del Cesar, valoraron de forma equivocada los documentos, testimonios y peritazgos, incluyendo imágenes satelitales, que evidenciaban el mal estado de la vía y la correspondiente
el juez de primera instancia como el Tribunal Administrativo del Cesar, valoraron de forma equivocada los documentos, testimonios y peritazgos, incluyendo imágenes satelitales, que evidenciaban el mal estado de la vía y la correspondiente responsabilidad del municipio en el siniestro . Además, criticó que se dieran por ciertos hechos no probados, como la supuesta imprudencia de la víctima, cuando en realidad el accidente fue causado por la maniobra del conductor oficial.
II. ANTECEDENTES
1.- Del proceso de reparación directa 2016-00071 en desarrollo del cual se dictó la sentencia objeto de revisión
1.1.- El 30 de marzo de 2016 1, Andreis Romero Vanegas, Héctor Luis Vanegas Romero y Luis Hernando Vanegas Romero, por medio de apoderado judicial, quien actuó a su vez como agente oficioso de Rosalía Galvis de Vanegas, Miguel Antonio Vanegas, Luis Alfredo Vanegas Galvis, María del Carmen Vanegas Galvis e Ismael Vanegas Galvis, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación - Cámara de Representantes y el Municipio de La Jagua de Ibirico, con el fin de que se les declarara responsables “de todos los perjuicios materiales, morales y daños a la vida de relación irrogados ”, como consecuencia del fallecimiento de su familiar, Luis Hernando Vanegas Galvis, en un accidente de tránsito ocasionado por una camioneta de propiedad de la Cámara de Representantes.
Se indicó que el vehículo oficial , presuntamente, se desplazaba con exceso de velocidad e invadió el carril izquierdo para evitar un bache en la vía. Dicha maniobra
Representantes.
Se indicó que el vehículo oficial , presuntamente, se desplazaba con exceso de velocidad e invadió el carril izquierdo para evitar un bache en la vía. Dicha maniobra provocó el impacto contra la motocicleta en la que se movilizaba el familiar de los
1 SAMAI, índice 34, carpeta 01PrimeraInstancia, subcarpeta C01Principal, archivo 05ActaReparto y archivo 01Demanda, pp.13.Radicación: 11001-03-26-000-2023-00106-00 (70076) Demandante: Andreis Romero Vanegas y otros Demandado: Nación-Cámara de Representantes y otro Asunto: Recurso extraordinario de revisión 3
demandantes, lo que le causó la muerte. Se afirmó que, por estas razones, se configuró una falla en el servicio.
1.2.- Surtido el procedimiento legal correspondiente, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Valledupar dictó sentencia el 31 de mayo de 2019, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda, al considerar que “el daño no se materializó por el ejercicio de la actividad peligrosa a cargo de la administración, sino por la conducta de la propia víctima quien, al omitir realizar el pare, creó el riesgo de resultar impactada o colisionada con cualquier vehículo que circulara por el lugar, riesgo que al concretarse, exonera de responsabilidad a la entidad”.
1.3.- Contra la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, solicitando que se accediera a las pretensiones, al insistir en que la víctima sí realizó el pare y que fue el conductor del vehículo oficial quien incurrió en una infracción al
solicitando que se accediera a las pretensiones, al insistir en que la víctima sí realizó el pare y que fue el conductor del vehículo oficial quien incurrió en una infracción al Código Nacional de Tránsito, por desplazarse a exceso de velocidad e invadir el carril contrario, lo que ocasionó el impacto directo con la motocicleta de Luis Hernando Vanegas Galvis.
2.- Sentencia objeto de revisión
2.1.- El recurso de apelación fue resuelto mediante sentencia del 9 de junio de 2022, en la que el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó el fallo de primera instancia.
Como sustento de su decisión, el Tribunal consideró que la parte actora no logró demostrar la configuración de los elementos de la responsabilidad administrativa de las entidades demandadas por los perjuicios ocasionados con la muerte de Luis Hernando Vanegas Galvis, toda vez que quedó plenamente probado que la causa del accidente de tránsito fue la infracción cometida por el motociclista al desatender una señal de pare y transitar sin licencia de conducción, configurándose así un hecho exclusivo y determinante de la víctima. Esta conclusión se basó en las pruebas practicadas en el expediente y en la investigación penal adelantada por los mismos hechos.
Al respecto, se concluyó que la conducta de la víctima exoneraba de responsabilidad a las entidades demandadas. Para fundamentar lo anterior, se reconoció que el daño estaba acreditado con el fallecimiento del familiar de losRadicación: 11001-03-26-000-2023-00106-00 (70076) Demandante: Andreis Romero Vanegas y otros Demandado: Nación-Cámara de Representantes y otro Asunto: Recurso extraordinario de revisión 4
Demandante: Andreis Romero Vanegas y otros Demandado: Nación-Cámara de Representantes y otro Asunto: Recurso extraordinario de revisión
4
demandantes; adujo que, sin embargo, no se logró demostrar el nexo causal con el actuar de la Administración.
Asimismo, se indicó que el extremo activo no probó que la causa del accidente hubiera sido la existencia de un bache en la vía, ni que la camioneta de propiedad de la entidad accionada se desplazara con exceso de velocidad. En ese sentido, se explicó que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, en los casos en que la actividad peligrosa fuera desarrollada tanto por la parte demandante como por un vehículo oficial, no resultaba aplicable un régimen de responsabilidad objetiva, siendo necesario que la parte actora demostrara una falla en el servicio.
En consecuencia, se citaron pronunciamientos de esta Corporación que establecían la necesidad de determinar cuál de las actividades peligrosas concurrentes fue la que materialmente concretó el riesgo y causó el daño, desde un análisis de imputación objetiva.
En línea con lo anterior, se añadió que, para el caso concreto, el Informe Policial de Accidente de Tránsito consignó que la causa probable del siniestro consistió en que la motocicleta no respetó las señales de tránsito. Además, se d ocumentó que la víctima conducía sin licencia. A ello se sumó que el informe de campo elaborado en el marco de la investigación penal conceptuó que la causa del accidente fue el factor humano atribuible a Luis Hernando Vanegas Galvis, por no respetar la señal de pare ubicada en su carril.
el marco de la investigación penal conceptuó que la causa del accidente fue el factor humano atribuible a Luis Hernando Vanegas Galvis, por no respetar la señal de pare ubicada en su carril.
Con base en ese panorama, se señaló que, frente a lo afirmado en el recurso de apelación por la parte demandante —en el sentido de que las fotografías tomadas durante la investigación de campo podrían demostrar una hipótesis distinta sobre la causa del accidente—, no se aportó prueba técnica que sustentara dicha teoría ni se desvirtuaron las pruebas que fundamentaron la decisión del juez de primera instancia. Se explicó que, de acuerdo con la Resolución 11268 de 2012, pro ferida por el Ministerio de Transporte, y la sentencia T-457 de 2018, el Informe Policial de Accidente de Tránsito e ra un documento de carácter descriptivo sobre las circunstancias de hecho y el actuar del agente conforme al protocolo, por lo que hacía parte del acervo probatorio del proceso.Radicación: 11001-03-26-000-2023-00106-00 (70076) Demandante: Andreis Romero Vanegas y otros Demandado: Nación-Cámara de Representantes y otro Asunto: Recurso extraordinario de revisión 5
A ese respecto, se precisó que la parte demandante no logró desvirtuar las causas probables del accidente , registradas en el informe policial , concluyendo al efecto que:
Para la Sala es inhesitable que el accid ente de tránsito analizado en esta oportunidad, ocurrió por el hecho exclusivo y determinante de la víctima, en la medida en que se encuentra claramente probado el origen del mismo, consistente en la infracción realizada por el conductor de la motocicleta, señor
oportunidad, ocurrió por el hecho exclusivo y determinante de la víctima, en la medida en que se encuentra claramente probado el origen del mismo, consistente en la infracción realizada por el conductor de la motocicleta, señor LUIS HERNANDO VANEGAS GALVIS, al saltarse la señal de pare, y, transitar sin licencia de conducción, imprudencia que fue la causa generadora del daño que hoy reclaman los actores.
En virtud de lo anterior, esa conducta de la propia víctima exonera de responsabilidad a las entidades demandadas, pues se repite, el informe de tránsito, así como las pruebas obtenidas al interior de la investigación penal adelantada por tales hechos, ind iscutiblemente demuestran que el comportamiento que incrementó el riesgo permitido fue el de la víctima, al transitar sin licencia de conducción y no tener el cuidado respetar las señales de tránsito.
Ahora bien, aunque la parte apelante alegue que otra es la causa del accidente, como la existencia de un bache en el carril por el que transitaba la camioneta de propiedad de la Cámara de Representantes y el supuesto exceso de velocidad de la misma, lo cierto es que en el proceso nada de ello fue demostrado, por el contrario, todas las pruebas que reposan en el sub examine llegan a la misma teoría sobre la culpa exclusiva de la víctima, por lo que si la parte actora pretendía comprobar su teoría del accidente, debió utilizar todos los medios probatorios pertinentes para acreditarlo, pero se itera, el recurso de apelación sólo consigna meras afirmaciones que carecen de respaldo científico para poder acceder a sus pretensiones.
Concluyese de lo dicho, que al estar configurada la causal denominada culpa
apelación sólo consigna meras afirmaciones que carecen de respaldo científico para poder acceder a sus pretensiones.
Concluyese de lo dicho, que al estar configurada la causal denominada culpa exclusiva de la víctima, ello exonera de responsabilidad a las entidades demandadas en los hechos narrados en el presente medio de control, lo que impone CONFIRMAR en su totalidad la sentencia apelada.
3.- Recurso extraordinario de revisión
El 16 de junio de 2023 2, la parte demandante presentó recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida el 9 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo del Cesar, con fundamento en la causal 5 del artículo 250 del C.P.A.C.A.: “ Existir nulidad or iginada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
Afirmó, de entrada, que el recurso fue interpuesto dentro de la oportunidad prevista en el artículo 251 del C.P.A.C.A., ya que la sentencia impugnada fue not ificada el 13 de junio de 2022 y quedó ejecutoriada el 16 del mismo mes y año.
2 SAMAI, índice 2, archivo ED_COMUNICACI_GMAILRV_RECURSO.Radicación: 11001-03-26-000-2023-00106-00 (70076) Demandante: Andreis Romero Vanegas y otros Demandado: Nación-Cámara de Representantes y otro Asunto: Recurso extraordinario de revisión 6
En apoyo de su impugnación, alegó que se configuró la causal de nulidad prevista en el numeral 5 del artículo 133 del C.G.P., relativa a “[c]uando se omiten las
6
En apoyo de su impugnación, alegó que se configuró la causal de nulidad prevista en el numeral 5 del artículo 133 del C.G.P., relativa a “[c]uando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria ”. Al respecto, sostuvo que en el escrito de la demanda solicitó el decreto y la práctica de una inspección judicial y una pr ueba pericial en el sitio del accidente, en los siguientes términos:
4.- INSPECCIÓN JUDICIAL Y PERICIAL: Solicito se ordene la práctica de una inspección judicial en el sitio del accidente, con intervención de perito experto en movilidad o del Instituto Departamental y/o del Instituto Municipal de Tránsito de la Jagua de Ibirico, para establecer que el accidente no se hubiera presentado si el conductor del vehículo de propiedad de la Cámara de Representantes no hubiera invadido el carril contrario todo para evitar el bache o desperfecto del pavimento de la calle 5 en el perímetro urbano de la Jagua de Ibirico y reconstruir otras circunstancias anteriores, concomitantes y posteriores al accidente de tránsito donde perdió
la vida LUIS HERNANDO VANEGAS GALVIS.
Indicó que la finalidad de ese medio probatorio era demostrar que el conductor de la camioneta oficial realizó una maniobra para evitar un bache en la vía que habría podido generar un volcamiento, razón por la cual invadió el carril contrario y provocó el accidente de tránsito. Relató que dicha prueba fue decretada por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Valledupar, el cual comisionó al
podido generar un volcamiento, razón por la cual invadió el carril contrario y provocó el accidente de tránsito. Relató que dicha prueba fue decretada por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Valledupar, el cual comisionó al Juzgado Promiscuo Municipal de La Jagua; sin embargo, no se practicó y el juez natural decidió dese stimar su realización. Enfatizó que dicha omisión no era atribuible a la parte demandante.
Cuestionó que el juzgador de primera instancia no hubiera tenido en cuenta las fotografías satelitales tomadas en marzo de 2013 —diez meses antes del accidente—, las cuales demostrarían la responsabilidad del municipio de La Jagua de Ibirico “al no tomar las medidas correctivas que debió realizar para solucionar el problema de circulación de vehículos motorizados por las calles”. Alegó que , del análisis de esas imágenes, junto con los demás elementos probatorios, se habría podido concluir que la vía no se encontraba en óptimas condiciones al momento del accidente.
En el mismo sentido, reprochó que el Tribunal Administrativo del Cesar tampoc o hubiera valorado las imágenes aportadas como pruebas documentales con laRadicación: 11001-03-26-000-2023-00106-00 (70076) Demandante: Andreis Romero Vanegas y otros Demandado: Nación-Cámara de Representantes y otro Asunto: Recurso extraordinario de revisión 7
demanda y en el escrito de alegatos. También censuró que no se hubieran analizado las demás pruebas documentales, testimoniales y periciales que demostrarían que el vehículo oficial impactó al occiso en contravía.
7
demanda y en el escrito de alegatos. También censuró que no se hubieran analizado las demás pruebas documentales, testimoniales y periciales que demostrarían que el vehículo oficial impactó al occiso en contravía.
Asimismo, señaló que en el fallo de segunda instancia se dieron por ciertos hechos que no estaban procesalmente probados, como atribuir la responsabilidad del accidente al hecho de que la víctima no respetó las señales de tránsito ni contaba con licencia de conducción, cuando la verdadera causa habría sido el desplazamiento en contravía y el exceso de velocidad de la camioneta de propiedad de la Cámara de Representantes. Argumentó que tampoco se tuvo en cuenta que el accidente ocurrió a un metro de que la víctima terminara de cruzar la calle, y que, por la fuerza del impacto, fue desplazada cinco metros; el vehículo oficial impactó una motocicleta que se encontraba parqueada y terminó subido en una acera, a poca distancia de atropellar a un peatón.
Se refirió a la finalidad del recurso extraordinario de revisión como una excepción al principio de cosa juzgada, que permitía enmendar errores o ilicitudes cometidas en sentencias ejecutoriadas. Para ello, citó la sentencia C -871 de 2003, en la cual la Corte Constitucional p erfiló que este mecanismo era procedente en los casos en que hechos o circunstancias posteriores a la sentencia revel aran que esta e ra injusta, permitiendo así reabrir el proceso para proferir un nuevo fallo en el que imperara la justicia y la verdad material. En ese contexto, la revisión no deb ía apoyarse en las mismas pruebas del proceso ordinario y solo proced ía por las
injusta, permitiendo así reabrir el proceso para proferir un nuevo fallo en el que imperara la justicia y la verdad material. En ese contexto, la revisión no deb ía apoyarse en las mismas pruebas del proceso ordinario y solo proced ía por las causales taxativamente determinadas por la ley.
Dicho lo anterior , solicitó tener como pruebas los documentos aportados con el recurso de revisión, consistentes en copia de la sentencia impugnada, copia de la notificación electrónica y veinticinco fotografías del lugar donde ocurrió el accidente, tomadas desde marzo de 2013. Igualmente, pidió oficiar al Tribunal Administrativo del Cesar para que remitiera el expediente completo del proceso ordinario, y a la Alcaldía del municipio de La Jagua de Ibirico, para que enviar a las fotografías que tuviera la Secretaría de Planeación sobre el estado de la intersección de las calles 5 con carrera 9 y su entorno, con el fin de establecer el estado de la vía.
4.- Trámite procesal del recurso extraordinario de revisiónRadicación: 11001-03-26-000-2023-00106-00 (70076) Demandante: Andreis Romero Vanegas y otros Demandado: Nación-Cámara de Representantes y otro Asunto: Recurso extraordinario de revisión 8
4.1.- Mediante auto del 28 de julio de 20233, se ofició al Tribunal Administrativo del Cesar para que certificara la fecha de ejecutoria de la sentencia del 9 de junio de 2022, en el expediente con radicado No. 20001-33-33-002-2016-00071-01. El 5 de septiembre de 20234, la Secretaría de esa Corporación informó que la providencia
2022, en el expediente con radicado No. 20001-33-33-002-2016-00071-01. El 5 de septiembre de 20234, la Secretaría de esa Corporación informó que la providencia referida cobró firmeza el 21 de junio de 2022.
4.2.- El 9 de noviembre de 2023 5, se inadmitió el recurso y se concedió un término de cinco días para que la parte actora enviara el escrito y sus anexos a las demás partes, aportara los documentos solicitados como pruebas y allegara los poderes otorgados por Rosalía Galvis de Vanegas, Miguel Antonio Vanegas, Luis Alfredo Vanegas Galvis, María del Carmen Vanegas Galvis e Ismael Vanegas Galvis para presentar el recurso extraordinario de revisión. La decisión se notificó por estado electrónico el 28 de noviembre siguiente6.
4.3.- El 4 de diciembre de 20237, la parte demandante presentó memorial en el que aportó la constancia de envío de l recurso y sus anexos a las demás partes, las pruebas documentales referidas, y desisti ó del recurso de revisión como agente oficioso de Rosalía Galvis de Vanegas, Miguel Antonio Vanegas, Luis Alfredo Vanegas Galvis, María del Carmen Vanegas Galvis e Isma el Vanegas Galvis, solicitando que solo se tuviera como recurrentes a Andreis Romero Vanegas, Héctor Luis Vanegas Romero y Luis Hernando Vanegas Romero. Para ello, aportó el poder otorgado por estos últimos.
4.4.- Como consecuencia del cambio de conformación de las partes, mediante auto del 8 de abril de 2024 8, se tuvo el escrito de subsanación como reforma de la
otorgado por estos últimos.
4.4.- Como consecuencia del cambio de conformación de las partes, mediante auto del 8 de abril de 2024 8, se tuvo el escrito de subsanación como reforma de la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173.3 del C.P.A.C.A., en concordancia con el artículo 93.2 del C.G.P. En consecuencia, se inadmitió nuevamente el recurso extraordinario de revisión, para que la parte actora designara correctamente a las partes y sus representantes, indicara las direcciones electrónicas de notificación y aportara la constancia del envío del recurso y sus anexos a todos los integrantes de la parte demandada. La decisión se notificó por estado electrónico el 16 de abril siguiente9.
3 SAMAI, índice 4. 4 SAMAI, índice 10. 5 SAMAI, índice 13. 6 SAMAI, índice 15. 7 SAMAI, índice 17. 8 SAMAI, índice 20. 9 SAMAI, índice 22.Radicación: 11001-03-26-000-2023-00106-00 (70076) Demandante: Andreis Romero Vanegas y otros Demandado: Nación-Cámara de Representantes y otro Asunto: Recurso extraordinario de revisión 9
4.5.- El 18 de abril de 202410, la parte actora presentó memorial de subsanación en el que informó que no había tenido comunicación con Rosalía Galvis de Vanegas, Miguel Antonio Vanegas, Luis Alfredo Vanegas Galvis, María del Carmen Vanegas Galvis e Ismael Vanegas Galvis. Reiteró que úni camente actuarían como demandantes Andreis Romero Vanegas, Héctor Luis Vanegas Romero y Luis
Miguel Antonio Vanegas, Luis Alfredo Vanegas Galvis, María del Carmen Vanegas Galvis e Ismael Vanegas Galvis. Reiteró que úni camente actuarían como demandantes Andreis Romero Vanegas, Héctor Luis Vanegas Romero y Luis Hernando Vanegas Romero, señaló como demandadas a la Nación - Cámara de Representantes y al municipio de La Jagua de Ibirico, y relacionó como interviniente al Tribunal Administrativo del Cesar, sin incluir en la parte activa a las personas respecto de las cuales había actuado como agente oficioso.
4.6.- No obstante, el 7 de junio de 2024 11, se admitió la demanda y, de oficio, se vinculó a Rosalía Galvis de Vanegas, Miguel Antonio Vanegas, Luis Alfredo Vanegas Galvis, María del Carmen Vanegas Galvis e Ismael Vanegas Galvis como litisconsortes necesarios por activa. En ese auto se ordenó notificar personalmente a estas personas, a la parte demandada y al Ministerio Público, y, una vez cumplido lo anterior, correr traslado a las partes y demás sujetos procesales por el término de diez días. La decisión se notificó por estado a la parte actora el 18 de junio de 202412 y personalmente a los litisconsortes necesarios por ac tiva, a los demandados y al Ministerio Público el 11 de julio siguiente13.
4.7.- El 3 de julio de 2024 14, el Tribunal Administrativo del Cesar remitió el expediente digitalizado del proceso ordinario.
4.8.- El 24 de julio de 202415, el municipio de La Jagua de Ibirico se opuso al recurso extraordinario de revisión. Señaló que, si bien proced ía porque la decisión
expediente digitalizado del proceso ordinario.
4.8.- El 24 de julio de 202415, el municipio de La Jagua de Ibirico se opuso al recurso extraordinario de revisión. Señaló que, si bien proced ía porque la decisión impugnada no era susceptible de apelación, no se cumpl ía con el presupuesto de que la nulidad procesal se h ubiera originado en dicha providencia. Adujo que la parte actora pretendía reabrir el debate probatorio del proceso ordinario en sede de revisión, lo cual era totalmente improcedente. Para sustentar lo anterior, citó apartes de la demanda en los que los actores manifestaron inconformidades con el análisis probatorio realizado por el juez natural. Esgrimió que dichos argumentos evidenciaban la intención del demandante de suplir deficiencias probatorias y reabrir
10 SAMAI, índice 22. 11 SAMAI, índice 27 12 SAMAI, índice 29. 13 SAMAI, índice 35. 14 SAMAI, índice 34. 15 SAMAI, índice 52.Radicación: 11001-03-26-000-2023-00106-00 (70076) Demandante: Andreis Romero Vanegas y otros Demandado: Nación-Cámara de Representantes y otro Asunto: Recurso extraordinario de revisión 10
el debate del proceso de reparación directa. Alegó q ue la parte ac cionante “se centró en reiterar los argumentos de la demanda y de la apelació n, con el objetivo de convertir el recurso extraordinario en una tercera instancia. De ahí que, sean inadecuadas las valoraciones jurídicas y probatorias, pues debía n exponerse en el
de convertir el recurso extraordinario en una tercera instancia. De ahí que, sean inadecuadas las valoraciones jurídicas y probatorias, pues debía n exponerse en el transcurso de las instancias ordinarias y no en el recurso extraordinario de revisión”. Por lo tanto, solicitó declarar infundada la acción de revisión y condenar en costas y agencias en derecho al recurrente.
4.9.- El 1 de agosto de 202416, la Nación-Cámara de Representantes allegó escrito de contestación. Manifestó que no se debía acceder a las pretensiones, pues no se justificó la causal de nulidad alegada. Estimó que el recurso de revisión fue presentado de forma incoherente respecto de su finalidad, ya que la parte demandante pr ocuraba reabrir el proceso ordinario y convertirlo en una tercera instancia. Agregó que era deber de la parte interponer los recursos correspondientes durante el trámite ordinario para controvertir la decisió n del juez de prescindir de la prueba pericial solicitada con la demanda. Además, sostuvo que no era procedente debatir la causa del accidente de tránsito mediante el recurso extraordinario de revisión, cuando era obligación de la parte emplear todos los medios probatorios pertinentes para demostrarlo en el proceso ordinario. Citó pronunciamientos del Consejo de Estado, en los que se ha precisado la naturaleza extraordinaria de l recurso de revisión y la imposibilidad de tratarl o como una instancia adicional o como un mecanismo para subsanar conductas omisivas o negligentes de las partes en el proceso ordinario.
4.10.- Los litisconsortes necesarios por activa y el Ministerio Público guardaron silencio.
instancia adicional o como un mecanismo para subsanar conductas omisivas o negligentes de las partes en el proceso ordinario.
4.10.- Los litisconsortes necesarios por activa y el Ministerio Público guardaron silencio.
4.11.- Mediante auto del 2 de diciembre de 2024, se decretó como única prueba el expediente del proceso ordinario de reparación directa promovido por Andreis Romero Vanegas y otros contra la Nación - Cámara de Representantes y otro, con radicado No. 20001 -33-33-002-2016-00071-01, remitido por el Tribunal Administrativo del Cesar el 3 de julio de 2024. Las fotografías aportadas por la parte recurrente y las solicitudes de oficiar a la Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico fueron negadas como pruebas, por no cumplir con los requisitos de pertinencia y utilidad para demostrar la nulidad originada en la sentencia impugnada. La decisión
16 SAMAI, índice 53.Radicación: 11001-03-26-000-2023-00106-00 (70076) Demandante: Andreis Romero Vanegas y otros Demandado: Nación-Cámara de Representantes y otro Asunto: Recurso extraordinario de revisión 11
se notificó por estado el ectrónico el 13 de diciembre de 2024 17, sin que se interpusieran recursos en su contra.
III. CONSIDERACIONES
Régimen procesal
En atención a que se trata de un recurso extraordinario de revisión interpuesto el 16 de junio de 2023 18, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 249 y 250 de la Ley 1437 de 2011 , junto con las
En atención a que se trata de un recurso extraordinario de revisión interpuesto el 16 de junio de 2023 18, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 249 y 250 de la Ley 1437 de 2011 , junto con las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021. Igualmente, concierne observar la regulación del Código General del Proceso, en virtud de la integración normativa consagrada por el artículo 306 del primero de los aludidos compendios.
Presupuestos procesales
1.- Jurisdicción y competencia
Con arreglo a lo previsto en el inciso segundo del artículo 249 de la Ley 1437 de 201119, esta Subsecció
Estás viendo una vista previa
Lee el documento completo con Ariel
Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.