CE - Sentencia 11001032600020230013600 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-26-000-2023-00136-00 (70298) Demandante: María Angélica del Pilar Angulo Páez Demandado: Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional y otros

Proceso: Recurso Extraordinario de Revisión

CAUSAL QUINTA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN –Nulidad originada en sentencia – Falta de valoración probatoria del dictamen médico – No se configuró.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a res olver en única instancia el recurso extraordinario de revisión interpuesto por María Angélica del Pilar Angulo Páez contra la sentencia del 21 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera -Subsección B, dentro del proceso de reparación directa con radicación 11001 -33-36-037-2017-00056-01, mediante la cual se decidió:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 14 de enero de 2022 proferida por el Juzgado Treinta y Siete (37) Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial Bogotá, y en su lugar, NIEGA las pretensiones de la demanda, de acuerdo a lo expuesto en la parte resolutiva.

Juzgado Treinta y Siete (37) Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial Bogotá, y en su lugar, NIEGA las pretensiones de la demanda, de acuerdo a lo expuesto en la parte resolutiva.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de esta instancia a la parte demandante, por tal motivo, se fija como agencias en derecho la suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la ejecutoria de la presente sentencia a favor de los demandados.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, regresar el expediente al juzgado de origen.

CUARTO: Liquídense por secretaría del juzgado los gastos del proceso. En caso de que pasados dos (2) años, no hayan sido reclamados por la parte actora, la secretaría del Juzgado declarará la prescripción a favor del Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial o de la entidad que haga sus veces.Radicación: 11001-03-26-000-2023-00136-00 (70298)

Demandante: María Angélica del Pilar Angulo Páez.

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros

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QUINTO: Por Secretaría de la Sección Tercera NOTIFICAR esta decisión a: a) las partes a los siguientes correos electrónicos: Demandante:

rodolfocharry@hotmail.com; Demandado: decun.notificacion@policia.gov.co; b) Al repr esentante del Ministerio Público, al siguiente correo electrónico: monicaivon@hotmail.es. Lo anterior, de conformidad a las direcciones electrónicas que reposan en el plenario. Ejecutoriada la presente providencia,

b) Al repr esentante del Ministerio Público, al siguiente correo electrónico: monicaivon@hotmail.es. Lo anterior, de conformidad a las direcciones electrónicas que reposan en el plenario. Ejecutoriada la presente providencia, regresar el expediente al juzgado de orig en. Demandado: decun.notificacion@policia.gov.co; b) Al representante del Ministerio Público, al siguiente correo electrónico: monicaivon@hotmail.es. Lo anterior, de conformidad a las direcciones electrónicas que reposan en el plenario. Ejecutoriada la pr esente providencia, regresar el expediente al juzgado de origen.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La presente controversia gira en torno a la configuración de la causal quinta del recurso extraordinario de revisión, prevista en el artículo 250 del CPACA, respecto de la sentencia proferida en segunda instancia el 21 de octubre de 2022, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección Tercera -Subsección B, en el marco del proceso de reparación directa 2017-00056.

Como sustento de su invocación, se afirmó que la providencia objeto de revisión incurrió en la causal de nulidad originada en sentencia, por cuanto, pese a que en el fallo de primera instancia se accedió a las pretensiones de la demanda por considerar que el daño reclamado fue causado por la falla en el servicio del Hospital Central de la Policía, conclusiones a las que arribó el a quo con apoyo en el dictamen pericial rendido por el médico cirujano Máximo Alberto Duque Piedrahita, el Tribunal ad quem revocó la declaratoria de responsabilidad tras desestimar esa prueba de manera infundada, al advertir erradamente que el perito no contaba con

dictamen pericial rendido por el médico cirujano Máximo Alberto Duque Piedrahita, el Tribunal ad quem revocó la declaratoria de responsabilidad tras desestimar esa prueba de manera infundada, al advertir erradamente que el perito no contaba con la idoneidad requerida para rendir la experticia y afirmar que de sus conclusiones no se podía establecer el nexo causal entre el daño y las irregularidades atribuidas a la demandada en la atención médica brindada a la menor María José Prada Angulo.

Con fundamento en lo anterior, se argumentó que el Tribunal de origen negó mérito probatorio a la prueba pericial practicada en el proceso, originado así la nulidad de la sentencia objeto de revisión.Radicación: 11001-03-26-000-2023-00136-00 (70298)

Demandante: María Angélica del Pilar Angulo Páez.

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros

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II. ANTECEDENTES

1.- Del proceso de reparación directa 2017 – 00056, en desarrollo del cual se dictó la sentencia objeto de revisión

1.1.- El 19 de diciembre de 2016, los señores María Angélica del Pilar Angulo Páez, actuando en nombre de su menor hija María José Prada Angulo , Laura Catalina Angulo Páez, Adriana Paola Angulo Páez, Daniela Angulo Páez, Carlos Arturo Angulo Murcia y María Celmira Angulo Páez presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Hospital Central de la Policía Nacional y otros , con el fin de que

Angulo Murcia y María Celmira Angulo Páez presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Hospital Central de la Policía Nacional y otros , con el fin de que se les declarara administrativamente responsable por los perjuicios causados con la pérdida de oportunidad de la que fue objeto la menor María José Prada Angulo, atribuida a deficiencia s en la atención médica brindada a su patología que impidieron el restablecimiento de su salud.

Se indicó en la demanda que no se impartió un diagnóstico oportuno de la enfermedad Legg Calve Perthes padecida por la niña María José Prada Angulo , aunado a que presentó mora en la asignación de la cita con la especialidad de ortopedia, todo lo cual configuró una omisión, dilación e indebida prestación del servicio médico que desencadenó secuelas irreversibles, en cuanto produjo una deformación permanente en la articulación de su cadera.

1.2.- Surtido el procedimiento legal correspond iente, el Juzgado Treinta y Siete Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá dictó sentencia el 14 de enero de 2022.

En sustento de su decisión, sostuvo que estaba demostrada la concreción del daño sufrido por la menor Prada Angulo, reflejado en el avance de la enfermedad de Legg Calve Perthes que conllevó a una lesión en la articulación de su cadera.

Dicho esto, consideró no era posible determinar con certeza que el haber iniciado el tratamiento de manera oportuna habría eliminado las secuelas derivadas de la

Calve Perthes que conllevó a una lesión en la articulación de su cadera.

Dicho esto, consideró no era posible determinar con certeza que el haber iniciado el tratamiento de manera oportuna habría eliminado las secuelas derivadas de la enfermedad, ya que surgía la duda de si se habían generado como consecuenciaRadicación: 11001-03-26-000-2023-00136-00 (70298)

Demandante: María Angélica del Pilar Angulo Páez.

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de un inicio tardío del procedimiento o si se desprendían del desarrollo de la misma patología, máxime si se tiene en cuenta que a la menor se le había detectado desde temprana edad una displasia de columna. Precisó que , no obstante lo anterior, no resultaba razonable que una paciente menor de edad debiera esperar 8 meses para obtener una cita médica con especialista, por lo que concluyó que dicha demora extinguió el chance de no tener secuelas irreversibles , pues, una vez detectada la enfermedad, se debía aplicar un tratamiento inmediato en aras de mitigar los daños causados por esta.

Con base en esos argumentos, resolvió declarar administrativa y extracontractualmente responsable al Hospital Central de la Policía Nacional por los perjuicios causados a los demandantes , con ocasión de la pérdida de oportunidad de la que fue objeto la menor María José Prada Angulo.

Consecuencialmente, condenó a esa entidad a pagar la suma equivalente a 20 SMLVM por concepto de perjuicios morales para la madre y los abuelos y 4 SMLVM

de la que fue objeto la menor María José Prada Angulo.

Consecuencialmente, condenó a esa entidad a pagar la suma equivalente a 20 SMLVM por concepto de perjuicios morales para la madre y los abuelos y 4 SMLVM para cada uno de los tíos. Reconoció la suma equivalente a 20 SMLMV por daño a la vida de relación a la menor afectada y en favor de esta última ordenó desembolsar la suma de $67’866.977 como lucro cesante futuro.

1.3.- En contra de la anterior decisión, tanto la parte actora como la demandada interpusieron recurso de apelación.

En el caso de la primera, para que se aumentara el monto de los perjuicios reconocidos porque, en su criterio, las pruebas revelaban que debía ser superior.

La accionada, Policía Nacional por su parte, solicitó que se revocara la sentencia, para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, debido a que la atención médica brindada a la paciente María José, desde que ingres ó al servicio en el Subsistema de Salud de la Policía Nacional, fue la adecuada de acuerdo con los compromisos adquiridos por parte de los profesionales de la salud; el diagnóstico realizado fue el correcto, teniendo en cuenta los protocolos y las guías para el manejo, expedida por el Ministerio de la Protección Social.Radicación: 11001-03-26-000-2023-00136-00 (70298)

Demandante: María Angélica del Pilar Angulo Páez.

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2.- Sentencia objeto de revisión

Demandante: María Angélica del Pilar Angulo Páez.

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2.- Sentencia objeto de revisión

2.1.- Los recursos de apelación fueron resueltos a través de sentencia de l 21 de octubre de 2022, en la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B revocó la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Siete Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá dentro del proceso de la referencia y en su lugar negó las pretensiones de la demanda.

Al fundamentar su determinación, adujo que no contaba con medio de convicción que diera cuenta del daño antijurídico alegado por el extremo activo, relacionado con la agravación del estado de salud de la menor Prado Angulo, quien había presentado complicaciones de displas ia de cadera desde sus primeros años de vida, las cuales ha bían evolucionado hasta padecer de Legg Calvé Perthers , patología cuyo origen era desconocido , como tambié n lo era su relación con la atención médica recibida por el Hospital Central de la Policía Naciona l, por lo que no se desprendía la existencia de un daño irrogado a la menor.

3.- Recurso Extraordinario de Revisión

El 15 de agosto de 2023, la parte demandante presentó recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida el 21 de octubre de 2022, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B , con fundamento en la causal 5 del artículo 250 del C.P.A. C.A, consistente en “ existir

Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B , con fundamento en la causal 5 del artículo 250 del C.P.A. C.A, consistente en “ existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”, la cual, en criterio del recurrente se configuró por cuanto “no tuvo en cuenta el dictamen pericial rendido dentro del proceso el cual fue puesto a disposición de la contraparte dentro de la oportunidad pertinente”.

En apoyo de su impugnación, adujo que la sentencia de segunda instancia se profirió negando todo mérito probatorio al dictamen de manera injustificada, con l o cual se cercenó el acceso material a la administración de justicia.

Añadió que , al abandonar las reglas razonables de apreciación probatoria del dictamen, la sentencia desconoció los conocimientos de un experto en medicina forense e incurrió en un error que incidió en el sentido de la decisión, toda vez que se descartó la prueba científica que demostró el nexo causal de la omisión de laRadicación: 11001-03-26-000-2023-00136-00 (70298)

Demandante: María Angélica del Pilar Angulo Páez.

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entidad demandada y el daño producto de la negligencia médica , cuestión que fue la que llevó a la revocatoria del fallo de primera instancia.

4.- Trámite procesal del recurso extraordinario de revisión

4.1. Mediante auto del 8 de julio de 2024, se admitió el recurso extraordinario de

la que llevó a la revocatoria del fallo de primera instancia.

4.- Trámite procesal del recurso extraordinario de revisión

4.1. Mediante auto del 8 de julio de 2024, se admitió el recurso extraordinario de revisión interpuesto por María Angélica del Pilar Angulo Páez contra la sentencia del 21 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera -Subsección B . En esa providencia, se ordenó la notificación y el traslado de la demanda a Carlos Arturo Angulo Murcia, María Celmira Páez Lancheros, Laura Catalina Angulo Páez, Adriana Paola Angulo Páez y Daniela Angulo Páez para su vinculación al proceso como litisconsortes necesarios por activa, en concordancia con los artículos 61 y 133 del CGP y el artículo 252 del CPACA y se dispuso correr traslado a la contraparte y al Ministerio Público para que se pronunciaran, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 253 del CPACA.

El Ministerio Público allegó escrito en el sentido de adver tir que , para emitir concepto, era necesario que reposara en el expediente la prueba trasladada pedida en el escrito del recurso, en cuyo interior habría de reposar el dictamen cuya falta de valoración constituía el objeto de la controversia.

La NaciónMinisterio de Defensa – Policía Nacional presentó su oposición, en la cual esgrimió que las pretensiones del recurso no tendían a prosperar, por no estar amparadas bajo alguna causal de nulidad procesal, como tampoco era viable que con el recurso de revisión se pretendiera instaurar una tercera instancia para surtir

cual esgrimió que las pretensiones del recurso no tendían a prosperar, por no estar amparadas bajo alguna causal de nulidad procesal, como tampoco era viable que con el recurso de revisión se pretendiera instaurar una tercera instancia para surtir una nueva valoración probatoria y , menos aun, cuando ésta cumplió todas las etapas procesales con conocimiento de las partes y respeto del debido proceso.

Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

4.2.- En decisión del 2 de diciembre de 202 4, se abrió el per íodo probatorio , ordenando incorporar el expediente completo de reparación directa que dio origen a la sentencia recurrida, proceso que, en cumplimiento de lo anterior, fue trasladado a esta causa mediante remisión realizada por el Juzgado Treinta y Siete de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá.Radicación: 11001-03-26-000-2023-00136-00 (70298)

Demandante: María Angélica del Pilar Angulo Páez.

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II. CONSIDERACIONES

Régimen procesal

En atención a que se trata de un recurso extraordinario de revisión interpuesto el 15 de agosto de 202 3, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 249 y 250 de la Ley 1437 de 2011 , junto con las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021. Igualmente, concierne observar la regulación del Código General del Proceso , en virtud de la integración normativa consagrada por el artículo 306 del primero de los aludidos compendios.

modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021. Igualmente, concierne observar la regulación del Código General del Proceso , en virtud de la integración normativa consagrada por el artículo 306 del primero de los aludidos compendios.

I.- Presupuestos procesales

1.- Jurisdicción y competencia

Con arreglo a lo previsto en el inciso segundo del artículo 249 de la Ley 1437 de 20111, esta Subsección es competente para conocer y resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto en contra de la sentencia proferida el 21 de octubre de 2022, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B.

En consonancia con lo prescrito en el numeral 10 del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, a través del cual se adoptó el Reglamento Interno del Consejo de Estado, le asiste competencia a esta Subsección para decidir la referida impugnación.

2.- Procedencia del recurso extraordinario

A la luz de lo s dictados del artículo 248 del CPACA, con apego a los cuales “ El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos” se verifica la viabilidad de conocer del presente asunto, en

1 Artículo 249. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del consejo de estado conocerá la sala plena de lo contencioso administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los tribunales

secciones o subsecciones del consejo de estado conocerá la sala plena de lo contencioso administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los tribunales administrativos conocerán las secciones y subsecciones del consejo de estado según la materia.Radicación: 11001-03-26-000-2023-00136-00 (70298)

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tanto la providencia objeto de impugnación corresponde a la sentencia proferida en segunda instancia el 21 de octubre de 202 2, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, que revocó el fallo dictado el 14 de enero de 2022, por el Juzgado Treinta y Siete Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, por el cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Sobre la finalidad de este mecanismo extraordinario, la doctrina especializada ha considerado que:

“El recurso extraordinario de revisión cumple una trasce ndente misión y es la de evitar que se mantenga el imperio de un a sentencia que no obstante estar ejecutoriada, es decir, haber hecho tránsito a cosa juzgada formal y por ende susceptible de ser cumplida, dado que se llegó a ella existiendo medios irregulares o ilícitos, es posible cercenar sus efectos, obviamente si se interpone dentro del plazo que el legislador estimó prudencial para hacerlo, para, de ser

susceptible de ser cumplida, dado que se llegó a ella existiendo medios irregulares o ilícitos, es posible cercenar sus efectos, obviamente si se interpone dentro del plazo que el legislador estimó prudencial para hacerlo, para, de ser el caso, proferir otra que la sustituya, enmendara los errores cometidos y restablecer el derecho, no obstante hacer tránsito a cosa juzgada formal que ya operó”2.

Cabe indicar que, el propósito del recurso de revisión no estriba en censurar desde una perspectiva sustancial, la sentencia proferida en el marco de un proceso ordinario, al extremo de derivar en una decisión de tercera instancia . A contrario sensu, su raigambre extraordinaria comporta que su procedencia se sujete a la configuración de las causales taxativas enlistadas en el orden jurídico , cuya ocurrencia, por demás, debe ser ajena a la órbita de acción u omisión de la parte que la alega . Tal ha sido la comprensión dispensada por la jurisprudencia , al sostener3:

Dada la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, se prevé como uno de los requisitos para su procedencia, el que las razones o motivos que constituyen las causales del recurso no hayan sido provocadas ni le sean imputables al afectado con la sentencia, en el entendido de que este recurso no consagra una nueva instancia, ni prevé oportunidades para que las partes subsanen conductas omisivas o negligentes en las que hubiesen podido incurrir durante el trámite del proceso.

2 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Código General del Proceso. Parte General. Tirant Lo Blanch

subsanen conductas omisivas o negligentes en las que hubiesen podido incurrir durante el trámite del proceso.

2 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Código General del Proceso. Parte General. Tirant Lo Blanch Tercera Edición. Bogotá 2024. Pag.816. 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 8 de mayo de 2019, exp: 54.722.Radicación: 11001-03-26-000-2023-00136-00 (70298)

Demandante: María Angélica del Pilar Angulo Páez.

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3.- Oportunidad de la interposición del recurso

Al tenor de l artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, el plazo para acudir a esta jurisdicción en ejercicio del recurso extraordinario de revisión es de un año contado a partir de la ejecutoria de la sentencia cuestionada4.

Según consta en el aplicativo SAMAI , la sentencia proferida el 21 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B , se notificó por correo electrónico el 10 de noviembre de 2022 5 y quedó ejecutoriada el 18 de noviembre siguiente. Por consiguiente, el término para formular el recurso extraordinario de revisión se extendió hasta el 19 de noviembre de 2023, de suerte que al haberse interpuesto el recurso extraordinario el 15 de agosto de 2023, se concluye que su presentación fue oportuna.

formular el recurso extraordinario de revisión se extendió hasta el 19 de noviembre de 2023, de suerte que al haberse interpuesto el recurso extraordinario el 15 de agosto de 2023, se concluye que su presentación fue oportuna.

4.- Causal de revisión establecida en el numeral 5) del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011

La causal quinta del artículo 250 del C.P.A.C.A. consiste en “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.”

De acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado 6, la configuración de esta causal exi ge dos elementos: (i) que la nulidad haya sido originada en la sentencia recurrida y sea de tal magnitud que, de no haber existido, se hubiera adoptado una decisión distinta; y (ii) que contra esa decisión no proceda recurso de apelación, es decir, que se trate de fallos de única o de segunda instancia.

La aludida causal no permite alegar nulidades procesales que pudieron configurarse durante el trámite del asunto, dado el deber de las partes de ponerlas en

4 Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare. En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso (…) (se destaca). 5 SAMAI, índice 13 del proceso ordinario.

En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso (…) (se destaca). 5 SAMAI, índice 13 del proceso ordinario. 6 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso A dministrativo, Sala Especial de Decisión N° 16. Sentencia del 5 de mayo de 2020. Radicado 11001 -03-15-000-2017-02519-00; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N° 26. Sentencia del 14 de agosto de 2018, Ra dicado 11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N°22. Sentencia del 3 de diciembre de 2019, Radicado 11001-03-15-000-2014-03093-00.Radicación: 11001-03-26-000-2023-00136-00 (70298)

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conocimiento oportunamente y del juez de advertir las y sanear el proceso en cada etapa procesal.

Así, el recurso extraordinario de revisión solo permite atacar sentencias contra las cuales no procede recurso alguno y que, por tanto, no pueden ser objeto de control de legalidad en una segunda instancia, adquiriendo fuerza de cosa juzgada. No obstante, esta Corporación ha reconocido que es posible alegar nulidades ocurridas antes del fallo únicamente cuando el demandante demuestre que le fue imposible

de legalidad en una segunda instancia, adquiriendo fuerza de cosa juzgada. No obstante, esta Corporación ha reconocido que es posible alegar nulidades ocurridas antes del fallo únicamente cuando el demandante demuestre que le fue imposible reclamarlas durante el trámite ordinario7.

Ahora bien, la Ley 1437 de 2011 no establece causales específicas de nulidad procesal. Por ello, en aplicación del artículo 208 del C.P.A.C.A., debe acudirse a las causales consagradas en el Código de Procedimiento Civil —hoy Código General del Proceso—. En ese sentido, el artículo 133 del C.G.P. enumera las causales de nulidad procesal, y esta Corporación ha delimitado cuáles de ellas pueden originarse en la sentencia, de la siguiente manera:

“(…) se deducen como nulidades originadas en la sentencia, de acuerdo con el artículo 133 del Código General del Proceso las siguientes: la del numeral primero: por falta de jurisdicción y competencia; la del numeral segundo: cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente c oncluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia; la del numeral tercero: cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si en estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida; y, la del numeral séptimo: cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación”. 8

Sumado a ello, el Consejo de Estado 9 ha determinado que también son causales

séptimo: cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación”. 8

Sumado a ello, el Consejo de Estado 9 ha determinado que también son causales de nulidad originadas en la sentencia: “la carencia absoluta de motivación de la sentencia10, la violación al principio de la non reformatio in pejus 11, la prueba obtenida con violación del debido proceso 12, la expedición de una sentencia

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 6 de agosto de 2013, Radicado 2009-00687-00. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 21 Especial de Decisión, Sentencia de 3 de abril de 2018, Radicado 2014-00251-00(REV). 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión, sentencia del 13 de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00 (REV). 10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 15 Esp ecial de Decisión, Sentencia de 5 de junio de 2018, Radicado 2011-01409-00(REV). 11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de Decisión, Sentencia de 6 de febrero de 2018, Radicado 2016-01127-00. 12 Corte Constitucional, Sentencia C-491 de 1995 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 12 Especial de Decisión, Sentencia de 6 de marzo de 2018, Radicado 201212 Corte Constitucional, Sentencia C-491 de 1995 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 12 Especial de Decisión, Sentencia de 6 de marzo de 2018, Radicado 201201027-00Radicación: 11001-03-26-000-2023-00136-00 (70298)

Demandante: María Angélica del Pilar Angulo Páez.

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condenatoria contra un tercero que no estuvo vinculado en el proceso, la falta de congruencia13, la falta de votos necesarios para la aprobación de una sentencia14 y la expedición de un fallo inhibitorio injustificado15”.

Lo anterior, sin perjuicio de que la parte recurrente pueda alegar, justificar y probar cualquier otra causal de nulidad que se configure en la sentencia impugnada, con fundamento en la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política por vulneración al debido proceso.

Con todo, cabe ind