CE - Sentencia 11001032600020230016400 de 2025

Radicado: 11001-03-26-000-2023-00164-00 (70468)

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-26-000-2023-00164-00 (70468) Recurrentes: JUAN FERNANDO VÉLEZ MADRID Y OTRA Asunto: Causal 5ª artículo 250 CPACA – nulidad originada en la sentencia

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide en única instancia el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022), dentro del proceso de reparación directa No. 05001-33-33-022-2015-00791-01.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Mediante providencia de veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022), el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la decisión proferida por el Juzgado Veintidós Administrativo Oral de Medellín que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, reconoció los perjuicios solicitados por los demandantes mediante acción de reparación directa dirigida contra la Fiscal ía General de la Nación y la

Veintidós Administrativo Oral de Medellín que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, reconoció los perjuicios solicitados por los demandantes mediante acción de reparación directa dirigida contra la Fiscal ía General de la Nación y la Rama Judicial, por la privación de la libertad de la que fue objeto el señor José Alejandro Vélez Ma drid. El Tribunal concedió parcialmente las pretensiones impetradas y negó la indemnización de perjuicios morales solicitada en favor de los hermanos de la víctima directa , alegando que estos no fueron probados. Los recurrentes alegan que en dicha sentencia se materializó la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), esto es, “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procedeRadicado: 11001-03-26-000-2023-00164-00 (70468)

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recurso de apelación”, por violación al debido proceso derivada del desconocimiento y aplicación indebida de la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera el veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintiuno ( 2021), radicación 18001-23-31-000-2006-00178-01 (46681).

II. ANTECEDENTES

1. Antecedentes relevantes del proceso de reparación directa (radicado No. 05001-33-33-022-2015-00791-01)

1.1. El treinta (30) de junio de dos mil quince ( 2015), los señores José Alejandro

1. Antecedentes relevantes del proceso de reparación directa (radicado No. 05001-33-33-022-2015-00791-01)

1.1. El treinta (30) de junio de dos mil quince ( 2015), los señores José Alejandro Vélez Madri d, Sandra Lorena Muñoz Molina ⎯en nombre propio y en representación de su hija menor María José Agudelo Muñoz⎯, Mariela del Socorro Madrid Meneses, José Hernán Vélez Velásquez, Andrea Vélez Alfonso y Juan Fernando Vélez Madrid , formularon demanda de reparación directa contra la Nación - Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación , solicitando que se las declarara administrativamente responsables de la privación de la libertad de la que fue objeto el señor José Alejandro Vélez Madrid, la cual calificaron como injusta.

Según indicaron en la demanda, el señor José Alejandro Vélez Madrid fu e procesado por los delitos de hurto agravado y calificado debido a la denuncia formulada por unos ciudadanos víctimas de fleteo y quienes reconocieron al señor Vélez Madrid como uno de los presuntos responsables. En consecuencia, el tres (3) de febrero de dos mil doce ( 2012) se le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario , que luego fue sustituida por detención domiciliar ia; finalmente, mediante sentencia del doce (12) de julio de dos mil trece ( 2013), el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Medellín lo absolvió del delito del que fue acusado.

En este contexto, la parte actora solicitó que la Nación - Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación fuera n condenadas a pagar los perjuicios morales y

absolvió del delito del que fue acusado.

En este contexto, la parte actora solicitó que la Nación - Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación fuera n condenadas a pagar los perjuicios morales y patrimoniales derivados de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Vélez Madrid1.

1 La fecha de radicación de la demanda consta a folio 171 del PDF denominado “ CUADERNO N° 2”, disponible en el archivo tipo ZIP “ 59RECIBEMEMORIAL_EXPEDIENTEFISICODIGI” del índice 38 de SAMAI. El escrito introductorio obra a folios 154 a 171 de la ubicación atrás indicada.Radicado: 11001-03-26-000-2023-00164-00 (70468)

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1.2. Mediante sentencia de quince (15) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), el Juzgado Veintidós Administrativo Oral de Medellín negó las pretensiones de la demanda al considerar que la medida de aseguramiento se adoptó de conformidad con los lineamientos de los artículos 306 a 308 de la Ley 906 de 2004 . Además, estimó que se configuró el eximente de responsabilidad del hecho de un tercero, ya que las investigaciones penales tuvieron su origen en la denuncia presentada por las víctimas del delito de hurto, quienes reconocieron al señor Vélez Madrid como autor del mismo, y precisó que la razón de la absolución fue la aplicación del principio in dubio pro reo2.

1.3. Inconforme con lo anterior, la parte actora formuló recurso de apelación bajo la consideración de que en este caso había lugar a aplicar el régimen objetivo

principio in dubio pro reo2.

1.3. Inconforme con lo anterior, la parte actora formuló recurso de apelación bajo la consideración de que en este caso había lugar a aplicar el régimen objetivo previsto en la jurisprudencia para los eventos de privación injusta de la libertad3.

1.4. Mediante sentencia de veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022), el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró administrativamente responsable a las entidades demandadas por la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Vélez Madrid.

Como sustento de su decisión, el Tribunal consideró que el daño sí tenía el carácter de injusto, debido a que se probó que la captura del señor Vélez Madrid se produjo a pesar de que no se contaba con los elementos de plena identificación e individualización de quien presuntamente habría cometido el delito denunciado. En especial, explicó que la deficiente labor de la Fiscalía General impidió determinar con certeza quién había sido el autor del delito, lo que llevó a la imposición de una medida de aseguramiento fundada en elementos contrarios a la verdad.

Para tasar la indemnización de perjuicios morales, el ad quem señaló que debía acatarse l o establecido en la sentencia de unificación de veintinueve ( 29) de noviembre de dos mil veintiuno ( 2021), radicación 46681, en la que la Sección Tercera fijó nuevos topes y reglas para el reconocimiento de dicho s perjuicios tratándose de casos de privación injusta de la libertad.

En consecuencia, procedió con el reconocimiento así:

Tercera fijó nuevos topes y reglas para el reconocimiento de dicho s perjuicios tratándose de casos de privación injusta de la libertad.

En consecuencia, procedió con el reconocimiento así:

2 Folios 259 a 269 del PDF denominado “ CUADERNO N° 4 ”, disponible en el archivo tipo ZIP “59RECIBEMEMORIAL_EXPEDIENTEFISICODIGI” del índice 38 de SAMAI. 3 Folios 277 a 283 de la ubicación ibidem.Radicado: 11001-03-26-000-2023-00164-00 (70468)

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NOMBRE CONDICIÓN VALOR POR

RECONOCER

José Alejandro Vélez Madrid Víctima directa 41.992 SMLMV4 Sandra Lorena Muñoz Molina Compañera permanente 20.996 SLMMV para cada uno de ellos5 María José Agudelo Muñoz Hija de crianza Mariela del Socorro Madrid Muñoz (sic) Madre José Hernán Vélez Velásquez Padre

No obstante, s eñaló que no procedía el reconocimiento de perjuicios en favor de Juan Fernando Vélez Madrid y Andrea Vélez Alfonso, hermanos de la víctima directa, toda vez que “de conformidad con la sentencia de unificación del Consejo de Estado antes citada, (…) no se cumplió con la carga de acreditar la existencia del perjuicio moral” . Por lo demás, reconoció la suma de diecinueve millones novecientos setenta y seis mi l setecientos setenta y un pesos ( $19.976.771) por

del perjuicio moral” . Por lo demás, reconoció la suma de diecinueve millones novecientos setenta y seis mi l setecientos setenta y un pesos ( $19.976.771) por concepto de lucro cesante y negó, por falta de prueba , tanto el daño emergente como el daño en la vida de relación solicitados6.

En escritos separados, l a parte actora solicitó corrección y aclaración de la sentencia7, solicitudes que fueron resueltas mediante providencia del doce (12) de diciembre de veintidós (2022)8.

2. El recurso extraordinario de revisión

El veintiséis (26) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)9, a través de apoderado judicial, los señores Juan Fernando Vélez Madrid y Andrea Vélez Alfonso formularon recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022), alegando la configuración de la causal prevista en el numeral 5°

4 Monto que se calculó teniendo en cuenta que el señor Vélez Madrid estuvo privado de la libertad 15 meses y 14 días, de los cuales 1 mes y 10 días fue ron cumplidos en detención intramural y 14 meses y 4 días se surtieron en detención domiciliaria. 5 Correspondiente al 50% de lo que le correspondió a la víctima directa. 6 PDF “45RECIBEMEMORIAL_05Sentencia022201500” del índice 38 de SAMAI. Se precisa que uno de los magistrados integrantes de la Sala salvó su voto, según consta en el PDF “46RECIBEMEMORIAL_06SalvamentoVotoBEJM” del índice 38 de SAMAI.

uno de los magistrados integrantes de la Sala salvó su voto, según consta en el PDF “46RECIBEMEMORIAL_06SalvamentoVotoBEJM” del índice 38 de SAMAI. 7 A través de la solicitud de corrección se solicitó precisar el nombre de la madre de la víctima directa por un error en el segundo apellido, según consta a índice 38 de SAMAI, en el PDF “49RECIBEMEMORIAL_09SolicAclaracionSen”. Por su parte, con la solicitud de aclaración se pidió que en la providencia se ordenara a las entidades cumplir el fallo de conformidad con el artículo 192 del CPACA , tal y como obra en el índice atrás referenciado, PDF “51RECIBEMEMORIAL_11SolicitudAclaracio”. 8 PDF “52RECIBEMEMORIAL_12AclaraSentencia022” del índice 38 de SAMAI. 9 Índice 2 de SAMAI, documento “ED_COMUNICACI_GMAILRV_RECURSO NroActua 2”.Radicado: 11001-03-26-000-2023-00164-00 (70468)

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del artículo 250 del CPACA, esto es, “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”, por violación al debido proceso.

Como sustento de su recurso, los recurrentes afirman que el Tribunal aplicó indebidamente las reglas establecidas en la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), radicación 46681, en punto a la determinación de perjuicios

la Sección Tercera del Consejo de Estado el veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), radicación 46681, en punto a la determinación de perjuicios morales en favor de los hermanos de la víctima directa.

Al respecto, sostienen que, si bien la Sección Tercera en ese fallo varió la regla jurisprudencial que venía aplicándose y concluyó que , tratándose de casos de privación injusta de la libertad, los perjuicios morales para personas distintas a la víctima directa, su cónyuge o compañero permanente y familiares del primer nivel de parentesco debían estar debidamente acreditados, lo cierto es que también estableció que se debía abrir un nuevo periodo probatorio para demostrar esos supuestos, así:

“No obstante, como a partir de la sentencia del 28 de agosto de 2013 (sic) puede deducirse que, en relación con los hermanos de la víctima directa era suficiente acreditar el parentesco para tener por demostrado el perjuicio moral, y en la gran mayoría de los fallos tal presunción viene aplicándose, la Sala estima procedente establecer la siguiente regla: en relación con las demandas presentadas desde el 28 de agosto de 2013 y hasta la fecha de expedición de la presente sentencia, en las cuales el juez advierta que se presentaron fundándose en la jurisprudenc ia existente y no se solicitaron pruebas para acreditar los perjuicios morales de los parientes en segundo grado de consanguinidad, podrá hacer uso de las facultades probatorias que le otorga la ley para garantizar su derecho al debido proceso. Esta determinación se adoptará sin importar la instancia en la que se encuentre el proceso”.

grado de consanguinidad, podrá hacer uso de las facultades probatorias que le otorga la ley para garantizar su derecho al debido proceso. Esta determinación se adoptará sin importar la instancia en la que se encuentre el proceso”.

En este contexto, aseguran que dado que la demanda de reparación directa se radicó el “dos (2) de julio de dos mil quince (2015)”10 y el proceso entró para fallo de segunda instancia el dos (2) de marzo de dos mil dieciocho (2018), el Tribunal debió aplicar la regla de unificación antes citada y, por consiguiente, abrir un nuevo periodo probatorio para que los hermanos de la víctima directa ─hoy recurrentes─ pudieran probar el perjuicio moral reclamado o, en su defecto, decretar pruebas de oficio para acreditar dicha situación. Como no se procedió en ese sentido, afirman que se violó la confianza legítima de la parte actora, pues, en aplicación de la regla

10 Se precisa que, según consta a folio 171 del PDF denominado “CUADERNO N° 2” disponible en el archivo tipo ZIP “ 59RECIBEMEMORIAL_EXPEDIENTEFISICODIGI” del índice 38 de SAMAI, la demanda de reparación directa se radicó el 30 de junio de 2015.Radicado: 11001-03-26-000-2023-00164-00 (70468)

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probatoria anterior, al proceso solo se llevaron las pruebas relativas al parentesco con la víctima directa, lo que, a la luz de la nueva posición jurisprudencial, condujo a la negativa de las pretensiones frente a ellos.

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probatoria anterior, al proceso solo se llevaron las pruebas relativas al parentesco con la víctima directa, lo que, a la luz de la nueva posición jurisprudencial, condujo a la negativa de las pretensiones frente a ellos.

Bajo este panorama, sostienen que la sentencia acusada resulta nula por ser contraria a la sentencia de unificación, lo que debe llevar a que se inf irme en ese aspecto para, en su lugar, “ORDENAR al Juez de segunda instancia abrir un periodo probatorio para que la parte interesada solicite el decreto y práctica de las pruebas tendientes a demostrar los perjuicios morales ocasionados a Juan Fernando Vélez Madrid y Andrea Vélez Alfonso, para dar cumplimiento al numeral 68.5 de la sentencia de unificación jurisprudencial de fecha 29 de noviembre de 2021”, y, con base en ello , dictar una nueva sentencia que disponga sobre el reconocimiento de esos perjuicios11.

3. Trámite del recurso y oposición

3.1. Por auto de cinco (5) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), el Despacho ponente inadmitió el recurso extraordinario de la referencia 12. Subsanadas las falencias advertidas, mediante providencia de veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) se dispuso su admisión y se ordenó notificar esa decisión a la Nación - Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado13.

3.2. Dentro del término de traslado, se presentaron las siguientes manifestaciones:

3.2.1 La Fiscalía General de la Nación se opuso a la prosperidad del recurso

a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado13.

3.2. Dentro del término de traslado, se presentaron las siguientes manifestaciones:

3.2.1 La Fiscalía General de la Nación se opuso a la prosperidad del recurso extraordinario por considerar que se está utilizando este mecanismo como una tercera instancia para cuestionar la labor probatoria y argumentativa de la decisión del Tribunal, lo que es ajeno a la naturaleza de este recurso14.

3.2.2 Por su parte, mediante Concepto 028 de 2024 el Ministerio Público solicitó que se declare fundado el recurso de la referencia, toda vez que, a su juicio, el Tribunal Administrativo de Antioquia desconoció la regla de unificación contenida en la sentencia del veintinueve (29) de noviembre de

11 PDF denominado “ ED_RECURSOREVISIONJOS” certificado N° A7252978DE18B3B6 5F82659A783DD954 B0FFBF0F2194B255 F87E73A3A3A5DD55 disponible a índice 2 de SAMAI. 12 Índice 4 de SAMAI. 13 Índice 10 de SAMAI. 14 Índice 18 de SAMAI.Radicado: 11001-03-26-000-2023-00164-00 (70468)

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dos mil veintiuno (2021) que, de manera expresa, señaló que en los procesos de privación de la libertad cuya demanda se hubiere formulado con posterioridad al veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce ( 2014) era necesario abrir un espacio probatorio para garantizar que víctimas indirectas, como los hermanos , pudieran demostrar el perjuicio moral solicitado. Lo

posterioridad al veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce ( 2014) era necesario abrir un espacio probatorio para garantizar que víctimas indirectas, como los hermanos , pudieran demostrar el perjuicio moral solicitado. Lo anterior, porque la jurisprudencia hasta esa fecha tomaba como prueba suficiente del perjuicio moral el parentesco con el afectado , criterio que fue modificado con la nueva sentencia de unificación.

Así, señaló que el Tribunal omitió dar aplicación a la regla atrás indicada, con lo que transgredió el derecho al debido proceso de los demandantes15.

3.3. Por auto de primero (1) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), el Despacho Ponente decretó las pruebas del proceso, teniendo como tales las documentales aportadas con el recurso. Igualmente, ordenó la remisión integra del expediente de reparación directa No. 05001-33-33-022-2015-00791-01, el cual fue enviado de manera digital por el Juzgado Veintidós Administrativo Oral de Medellín16.

3.4. Agotadas las etapas correspondientes, el proceso ingresó al Despacho para adoptar la decisión que en derecho corresponda17.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del CPACA18, en concordancia con lo establecido en el numeral 10 del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024 ⎯Reglamento Interno de la

15 Índice 18 de SAMAI. 16 El auto de pruebas obra a índice 21 de SAMAI. Con el recurso, la parte recurrente aportó copias

modificado por el Acuerdo 434 de 2024 ⎯Reglamento Interno de la

15 Índice 18 de SAMAI. 16 El auto de pruebas obra a índice 21 de SAMAI. Con el recurso, la parte recurrente aportó copias de las sentencias proferidas en primera y segunda instancia en el curso del proceso ordinario, así como copia de la sentencia de 29 de noviembre de 2021, radicación 18001-23-31-000-2006-0017801 (46681). Asimismo, a llegó copia de los registros civiles de los señores Juan Fernando Vélez Madrid y Andrea Vélez Alfonso. Finalmente, el expediente digital del proceso de reparación directa, que obra a índice 3 8 de SAMAI, fue puesto en conocimiento de las partes sin que efectuaran manifestación alguna (índices 39 y 40 de SAMAI). 17 Índice 42 de SAMAI. 18 “ARTÍCULO 249. COMPETENCIA. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. (…)”.Radicado: 11001-03-26-000-2023-00164-00 (70468)

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Corporación19⎯, esta Subsección es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión de la referencia.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022), dentro del proces o de reparación directa No. 05001 -33-33-022-2015Administrativo de Antioquia el veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022), dentro del proces o de reparación directa No. 05001 -33-33-022-201500791-01, se encuentra incursa en la causal de revisión contenida en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA, esto es, “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que le puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación” , por la violación al debido proceso derivada de la indebida aplicación de una sentencia de unificación.

Para tales efectos, la Sala planteará algunas consideraciones generales relacionadas con el recurso extraordinario de revisión y la causal señalada por la parte recurrente, a partir de lo cual se dará solución al asunto sub examine.

3. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión es una herramienta cuyo propósito es despojar del carácter inmutable y de cosa juzgada que , por regla general , tienen las decisiones judiciales, ante el acaecimiento de circunstancias excepcionales que permiten sostener que determinada sentencia es contraria a derecho. Así lo definió la Corte Constitucional en sentencia C -090 de 1998 al concluir que se trata de un mecanismo para evitar “que persistan dentro del ordenamiento jurídico sentencias que vulneren el debido proceso, o que no se ajusten al derecho y a la Constitución”.

En la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el recurso extr aordinario de revisión se consagró en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984 y se mantuvo en la Ley 1437 de 2011, con el propósito de permitir a los jueces reexaminar

revisión se consagró en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984 y se mantuvo en la Ley 1437 de 2011, con el propósito de permitir a los jueces reexaminar determinadas sentencias a efectos de establecer si estas son contrarias al

19 “ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así (…) Sección Tercera: 10. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia dictados por los tri bunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección.”.Radicado: 11001-03-26-000-2023-00164-00 (70468)

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ordenamiento j urídico20, siempre que se configure alguna de las causales taxativamente previstas en la ley 21. De acuerdo con lo consagrado en el artículo 248 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este recurso procede contra las s entencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado, por los tribunales administrativos y por los jueces administrativos.

Se trata de un proceso independiente y autónomo del que dio origen a la sentencia cuya revisión s e precisa, de forma que no puede entenderse como una instancia adicional, pues este recurso no es la vía para corregir los yerros probatorios de las partes, ni para reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir términos o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario22.

partes, ni para reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir términos o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario22.

Adicionalmente, como se trata de un mecanismo excepcional y extraordinario, el análisis de este recurso tiene interpretación restrictiva. En este sentido, esta Subsección ha señalado que “[c]omo dicho recurso afecta el carácter de inmutable de la sentencia judicial ejecutoriada, las decisiones que se producen, con ocasión de su interposición, son de carácter excepcional, restrictivo y están sometidas a las causales taxativamente previstas en l a ley, con el fin de evitar que se convierta en una tercera instancia.”23 (Se resalta).

De allí entonces que este solo proceda en los precisos y estrictos casos previstos en la ley, sin que sea viable para el juez flexibilizar las exigencias para su procedencia o crear unos requisitos o causales distintas, dado que ello no solo desnaturalizaría la excepcionalidad del recurso, sino que atentaría directamente contra la seguridad jurídica.

20 Sobre el punto, la Corte Constitucional en sentencia C-871 de 2003 señaló: “Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a co lisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio ‘res iudicata pro veritate habertur’ para evitar que

o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio ‘res iudicata pro veritate habertur’ para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa j uzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado”. 21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de 2013, radicación 11001-03-15-000-2012-00231-00. 22 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N o. 27, sentencia de 3 de diciembre de 2019, radicado 11001-03-15-000-2018-03791-00. 23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de diciembre de 2020, radicación 08001-23-31-000-2011-00639-01 (52456).Radicado: 11001-03-26-000-2023-00164-00 (70468)

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4. La nulidad originada en la sentencia como causal del recurso extraordinario de revisión

4.1. El numeral 5° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contempla como causal de revisión la de “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.”

De la lectura de la norma se desprende que la configuración de la causal demanda,

nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.”

De la lectura de la norma se desprende que la configuración de la causal demanda, de un lado, que haya tenido lugar una nulidad originada en la sentencia y, del otro, que contra ella no proceda el recurso de apelación. Sin embargo, debido a qu e el legislador no determinó cuáles son los eventos en los que se considera que se ha configurado una “nulidad originada en la sentencia” , ha sido la jurisprudencia del Consejo de Estado la que ha dotado de contenido esta disposición24.

Así, esta Corpora ción ha señalado que esa condición se refiere a situaciones “originadas en la misma sentencia recurrida o en circunstancias sobrevinientes con influencia en la decisión, por desconocimiento grave o insaneable de alguna ritualidad sustantiva propia de la actuación”25.

En ese sentido, de acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado, esto implica corroborar: i) que el vicio alegado se originó en la sentencia, es decir, que se materializó con la adopción misma del fallo y no antes, y ii) que la anomalía es de tal magnitud que configura un defecto insanable de la actuación, al punto que, de no presentarse ese yerro, la decisión adoptada hubiese sido distinta26.

Sobre lo primero, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que, por regla general, no es posible “alegar como fundamento del recurso, alguna causa de nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia, ya que ‘la proposición de nulidades procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y

regla general, no es posible “alegar como fundamento del recurso, alguna causa de nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia, ya que ‘la proposición de nulidades procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y legitimación previstas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil [hoy, artículo 134 del Código General del Proceso], sin perjuicio del deber que el artículo

24 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 16, sentencia del 5 de mayo de 2020, radicado 11001-03-15-000-2017-02519-00. 25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 7 de octubre de 2019, radicado 11001-33-31-035-2008-00180-01. 26 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26, sentencia del 14 de agosto de 2018, radicado 11001-03-15-000-2014-03093-00; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2018, radicado 11001-03-25-000-2015-00996-00; y Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 22, sentencia del 3 de diciembre de 2019, rad icado 1100103-15-000-2019-00894-00.Radicado: 11001-03-26-000-2023-00164-00 (70468)

Recurrentes: Juan Fernando Vélez Madrid y otra

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145 ibídem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que observe antes de dictar sentencia’” 27. Sin embargo, en algunos casos se ha

Recurrentes: Juan Fernando Vélez Madrid y otra

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145 ibídem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que observe antes d