CE - Sentencia 11001032600020230016500 de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-26-000-2023-00165-00 (70.478)

Demandante: NACIÓN - RAMA JUDICIAL

Demandado: DIÓGENES VILLA DELGADO Medio de control: REPETICIÓN - CPACA

Asunto: SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA - CULPA GRAVE

Síntesis del caso: se dirige la demanda en contra de l señor Diógenes Villa Delgado exdirector ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que se le declare patrimonialmente responsable, a título de culpa grave, con ocasión de la condena impuesta por el Juzgado Séptimo Administrativo de Bogotá en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se anuló la Resolución número 6160 del 5 de diciembre de 2011 que declaró la insubsistencia del acto de nombramiento del señor John Jairo Hurtado Cubillos en el cargo de profesional universitario grado 20 en provisionalidad de la unidad administrativa.

Decide la Sala en única instancia la demanda de repetición presentada por la Nación - Rama Judicial en contra del señor Diógenes Villa Delgado.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 19 de diciembre de 2017 (índice 2 SAMAI1), la Nación

• Rama Judicial en contra del señor Diógenes Villa Delgado.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 19 de diciembre de 2017 (índice 2 SAMAI1), la Nación - Rama Judicial, a través de apoderado judicial promovió demanda de repetición en contra del señor Diógenes Villa Delgado (índice 2 SAMAI2) en la cual se formularon las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: Que se declare responsable al doctor Diógenes Villa Delgado, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.224.891, en su calidad de Director Ejecutivo de Administración Judicial, para la época de los hechos, por los perjuicios causados a la NACIÓN - RAMA JUDICIALDIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, como consecuencia del pago de la suma de SETENTA y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($78.630.385,00), que desembolsó al señor John Jairo Hurtado Cubillos, con ocasión del fallo proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bogotá DC, del 11 de febrero de 2015, que 1 Folio 84 del archivo “ed_001cuadernoprincipal”. 2 Folios 10 a 29 del archivo “ed_001cuadernoprincipal”.Expediente 11001-03-26-000-2023-00165-00 (70.478)

Actor: Nación - Rama Judicial Repetición Sentencia de única instancia

2 declaró responsable extracontractualmente a la Nación - Rama Judicial, en virtud de haber proferido el doctor Villa Delg ado, la Resolución No.

Actor: Nación - Rama Judicial Repetición Sentencia de única instancia

2 declaró responsable extracontractualmente a la Nación - Rama Judicial, en virtud de haber proferido el doctor Villa Delg ado, la Resolución No. 6160 del 5 de diciembre de 2011, por la cual declaró insubsistente el nombramiento del señor John Jairo Hurtado Cubillos, en el cargo de Profesional Universitario grado 20, infringiendo directament e la Constitución, la ley y la j urisprudencia de la Corte Constitucional, profiriendo dicho acto administrativo de desvinculación sin la debida motivación, violando de manera grosera, caprichosa las normas de derecho, teniendo en cuenta que este no persiguió razones del buen servicio público, sino por el contrario se basó en motivaciones de carácter personal, conducta del funcionario que encuadraría en la presunción de culpa grave consagrada en el numeral 3 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, por medio de la cual se reglamenta la determinac ión de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración, el doctor Diógenes Villa Delgado, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.224.891, deberá reconocer y pagar a favor de la NACIÓN - RAMA

JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

la suma de SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($78.630.385,00), suma esta que la Administración pagó en su totalidad al señor John Jairo

la suma de SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($78.630.385,00), suma esta que la Administración pagó en su totalidad al señor John Jairo Hurtado Cubillos, en cumplimiento del fallo proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo de Bogotá, del 11 de febrero de 2015, reconocida mediante Resolución No. 6280 del 6 de octubre de 2017.

TERCERA: Ordenar la actualización del valor de la condena hasta la fecha de pago efectiva y se dé cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 y ss de la Ley 1437 de 2011.

CUARTA: Ordenar el cumplimiento de la sentencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 334 del CPC , de acuerdo a la remisión del artículo 193 de la Ley 1437 de 2011.

QUINTA: Que se condene en costas a la demandada de conformidad con el artículo 188 del CPACA” (índice 2 SAMAI - mayúsculas fijas y negrillas del texto original)3.

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1. El 5 de diciembre de 2011, el señor Diógenes Villa Delgado, en la condición de director ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, profirió la Resolución número 6160 mediante la cual declaró la insubsistencia del acto de nombramiento del señor John Jairo Hurtado Cubillos en el cargo de profesional universitario grado 20 en provisionalidad de la unidad administrativa.

Resolución número 6160 mediante la cual declaró la insubsistencia del acto de nombramiento del señor John Jairo Hurtado Cubillos en el cargo de profesional universitario grado 20 en provisionalidad de la unidad administrativa.

3 Folios 1 a 2 del archivo “ed_001demanda”.Expediente 11001-03-26-000-2023-00165-00 (70.478)

Actor: Nación - Rama Judicial Repetición Sentencia de única instancia

3 2) En virtud de lo anterior, el señor John Jairo Hurtado Cubillos presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación - Rama Judicial a través de la cual solicitó que se declarara la ilegalidad del mencionado acto administrativo, así como también que se ordenara el reintegro laboral y el pago de las sumas de dinero que dejó de percibir por concepto de salarios y prestaciones sociales.

1. El 11 de febrero de 2015, el Juzgado Séptimo Administrativo de Bogotá accedió a las pretensiones de la demanda por estimar que el acto administrativo enjuiciado fue proferido sin motivación alguna, de modo que hubo una vulneración del derecho del debido proceso.

1. A través de la Resolución número 6280 del 6 de octubre de 2017, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial reconoció en favor del referido accionante el valor de setenta y ocho millones seiscientos treinta mil trescientos ochenta y cinco pesos ($78.630.385).

1. Hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del exdirector ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Diógenes Villa Delgado, por cuanto,

pesos ($78.630.385).

1. Hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del exdirector ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Diógenes Villa Delgado, por cuanto, al declarar la insubsistencia del acto de nombramiento del señor John Jairo Hurtado Cubillos, incurrió en culpa grave, su conducta se enmarca en lo previsto en el numeral 3 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 -sin la modificación introducida por la Ley 2195 de 2022relativa a la “omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable” , pues, la resolución fue emitida sin la debida motivación a pesar de encontrarse vigente la Ley 909 de 2004 que exige justificación para la desvinculación de funcionarios en provisionalidad; adicionalmente, la decisión que profirió obedeció a razones de índole personal (índice 2 SAMAI)4.

4 Folios 10 a 29 del archivo “ed_001demanda”.Expediente 11001-03-26-000-2023-00165-00 (70.478)

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3. Contestación de la demanda

La demanda de la referencia fue admitida en única instancia el 26 de julio de 2018 (índice 2 SAMAI5), providencia en la que se ordenó la notificación personal del señor Diógenes Villa Delgado6.

El señor Diógenes Villa Delgado se opuso a las pretensiones de la demanda por estimar que i) no se acreditó que actuó con dolo o culpa grave; ii) la expedición de

Diógenes Villa Delgado6.

El señor Diógenes Villa Delgado se opuso a las pretensiones de la demanda por estimar que i) no se acreditó que actuó con dolo o culpa grave; ii) la expedición de la Resolución número 6160 del 5 de diciembre de 2011 obedeció a la necesidad de mejorar el servicio, toda vez que, el reemplazo del señor John Jairo Hurtado Cubillos contaba con mayores competencias para desempeñar el cargo; iii) las afirmaciones de la parte actora sobre supuestos móviles personales en la decisión de declarar la insubsistencia del nombramiento del señor John Jairo Hurtado carecen de respaldo probatorio; iv) no se puede valorar como prueba en su contra la sentencia condenatoria dictada en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho dado que no fue vinculado a dicho trámite judicial; v) parte del monto de dinero pagado al señor John Jairo Hurtado Cubillos corresponde a intereses causados por la mora en el cumplimiento del fallo condenatorio, aspecto que no le es imputable; vi) debe declararse la caducidad del medio de control judicial (índice

2 SAMAI)7.

4. Fijación del litigio

El 6 de diciembre de 2024 se resolvió prescindir de la realización de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 por tratarse de un asunto de pleno derecho y, se fijó el litigio en los siguientes términos:

“Se pretende la declaratoria de responsabilidad patrimonial del señor Diógenes Villa Delgado quien se desempeñó como director de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para la época de los

“Se pretende la declaratoria de responsabilidad patrimonial del señor Diógenes Villa Delgado quien se desempeñó como director de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para la época de los 5 Folios 86 a 90 del archivo “ed_001demanda”. 6 Es preciso advertir que, el conocimiento del asunto correspondió inicialmente al Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo de Bogotá quien admitió la demanda mediante auto del 26 de julio de 2018, no obstante, a través de providencia del 23 de agosto de 2023 dicha autoridad judicial declaró probada la excepción previa de falta de competencia por el factor subjetivo, porque en virtud del artículo 149 de la Ley 1437 de 2001 por el hecho de haber ostentado el demandado el cargo de director ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial la competencia recae en el Consejo de Estado en única instancia; por lo anterior, el 30 de mayo de 2024 esta Corporación avocó conocimiento de la demanda de la referencia (índice 4 SAMAI). 7 Folios 1 a 9 del archivo “ed_010contestacionconan”.Expediente 11001-03-26-000-2023-00165-00 (70.478)

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5 hechos, por incurrir en una conducta gravemente culposa 8 al haber proferido la Resolución 6160 de 2011 sin la debida motivación, con desviación de poder y violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, pues, la desvinculación del señor John Jairo Hurtado Cubillos no persiguió razones del buen servicio público sino que, se basó en motivaciones de carácter personal, situación que dio lugar a la condena

de derecho, pues, la desvinculación del señor John Jairo Hurtado Cubillos no persiguió razones del buen servicio público sino que, se basó en motivaciones de carácter personal, situación que dio lugar a la condena de la entidad” (índice 11 SAMAI).

5. Alegatos de conclusión

Por auto del 11 de marzo de 2025 (índice 23 SAMAI) se corrió traslado a las partes para que presentaran las alegaciones de conclusión por el término común de diez (10) días y, por el mismo lapso, al Ministerio Público para que emitiera concepto.

En dicha oportunidad procesal, la Nación - Rama Judicial reiteró los argumentos planteados durante el trámite del proceso (índice 28 SAMAI); mientras que el Ministerio Público solicitó acceder a las pretensiones de la demanda porque, a su juicio, la actuación del señor Diógenes Villa Delgado fue gravemente culposa por el hecho de no haber motivado la mencionada Resolución número 6160 del 5 de diciembre de 2011, pues, para la época de los hechos el escenario normativo y jurisprudencial exigía que la declaración de insubsistencia debía ser debidamente justificada en el acto administrativo (índice 27 SAMAI).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) análisis del caso, 3) conclusión y, 4) condena en costas.

consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) análisis del caso, 3) conclusión y, 4) condena en costas.

8 “Al respecto, se advierte que la parte actora fundamenta la demanda, principalmente, en la conducta gravemente culposa del señor Diógenes Villa Delgado, sin embargo, en algunos acápites de la demanda hace alusión también a una conducta dolosa, en este caso solo se analizará la conducta imputada en forma principal, esto es, ‘culpa grave’, pues, no se puede invocar en forma concomitante dos distintas conductas del agente estatal por constituir una violación del debido proceso y del derecho de defensa del demandado y por tratarse de comportamientos diferentes que se excluyen entre sí”.Expediente 11001-03-26-000-2023-00165-00 (70.478)

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1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Presentada la demanda de manera oportuna9, el objeto de la controversia planteada consiste en determinar si se reúnen los requisitos necesarios para atribuirle responsabilidad patrimonial al señor Diógenes Villa Delgado en la condición de exdirector ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con ocasión de la expedición de la Resolución número 6160 del 5 de diciembre de 2011 que declaró la insubsistencia del acto de nombramiento del señor John Jairo Hurtado Cubillos en el cargo de profesional universitario grado 20 en provisionalidad de la unidad administrativa, acto que posteriormente fue anulado en sentencia

que declaró la insubsistencia del acto de nombramiento del señor John Jairo Hurtado Cubillos en el cargo de profesional universitario grado 20 en provisionalidad de la unidad administrativa, acto que posteriormente fue anulado en sentencia emitida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, motivo por el cual la entidad demandante fue obligada a pagar los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por el servidor afectado con dicha decisión10.

La parte demandante invoca la presunción establecida en el numeral 3 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, por considerar que el demandado incurrió en culpa grave por expedir el acto administrativo que declaró la insubsistencia del acto de nombramiento del señor John Jairo Hurtado Cubillos, pues, dicho acto carecía de motivación y la decisión obedeció a razones de carácter personal.

Para lo anterior la Sala determinará, primero, si los elementos objetivos del medio de control judicial de repetición consistentes en la existencia de la condena y el pago se hallan acreditados y, posteriormente, verificará si se encuentran demostrados los supuestos de hecho para que opere la presunción de culpa grave alegada y que llevaron a la causación del daño antijurídico por el cual la Nación - Rama Judicial fue condenada y tuvo que pagar perjuicios en favor de un tercero y, si como consecuencia de ello debe reembolsar las sumas pagadas por la entidad demandante.

9 Según el literal I) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 , la demanda de repetición debe presentarse dentro de los dos años siguientes al día en que efectivamente se realice el pago de la condena o, a más tardar, contados desde el vencimiento del plazo con el que cuenta la

presentarse dentro de los dos años siguientes al día en que efectivamente se realice el pago de la condena o, a más tardar, contados desde el vencimiento del plazo con el que cuenta la administración para efectuar dicho pago. En este caso objeto de estudio, la sentencia condenatoria quedó ejecutoriada el 27 de febrero de 2015 (índice 2 sama i - fl. 61 del archivo “ed_001cuadernoprincipal”), el pago de la condena se hizo el 3 de noviembre de 20 17 (índice 2 samai - fls. 43 a 44 del archivo “ed_001cuadernoprincipal”), esto es, por fuera del término de diez (10) meses establecido en el artículo 192 del CPACA, de modo que la entidad demandante tenía plazo hasta el 28 de diciembre de 2017 para presentar la demanda de repetición y como esta fue radicada el 19 de diciembr e de 2017 (índice 2 samai - folio 84 del archivo “ed_001cuadernoprincipal”), se interpuso dentro del término legal. 10 El presente asunto tiene prelación conforme a lo acordado por la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación en el acta número 10 del 25 de abril de 2013, sin sujeción al turno.Expediente 11001-03-26-000-2023-00165-00 (70.478)

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7 Es importante aclarar que, aunque en u n apartado aislado de la demanda se mencionó en forma completamente general y abstracta que el señor Diógenes Villa Delgado habría actuado con dolo, lo cierto es que tal manifestación no estuvo respaldada por hechos concretos, argumentos jurídicos ni expli caciones que

mencionó en forma completamente general y abstracta que el señor Diógenes Villa Delgado habría actuado con dolo, lo cierto es que tal manifestación no estuvo respaldada por hechos concretos, argumentos jurídicos ni expli caciones que permitieran atribuirle esa conducta; en esa medida, no resulta procedente analizarla en esta instancia, en especial si se considera que, en la fijación del litigio se estableció, expresa y puntualmente, que el examen del comportamiento del demandado se limitaría únicamente a la culpa grave, decisión que no fue controvertida por ninguna de las partes y, por lo tanto, adquirió ejecutoria y efecto jurídico vinculante para estas y el juez.

2. Análisis del caso

Para el análisis del presente caso la Sala abordará su estudio en el siguiente orden: 1) generalidades del medio de control judicial de repetición, 2) la existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio, 3) la acreditación del pago, y 4) la calificación de la conducta del demandado.

2.1 Generalidades del medio de control judicial de repetición

El artículo 90 superior prevé que en los casos en que el Estado es obligado a reparar un daño debe repetir contra su agente cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este 11, de igual manera, la figura ha tenido desarrollo legal en el Decreto-ley 01 de 1984 y en forma más reciente en la Ley 678 de 2001.

En tal virtud la jurisprudencia de la Corporación ha sido unánime en determinar los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, a saber: (i) la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular; (ii) el pago efectivo

presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, a saber: (i) la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular; (ii) el pago efectivo a la víctima del daño y, (iii) la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente como factor determinante de la condena.

11 Constitución Política de Colombia, artículo 90, inciso segundo: “…en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra este”.Expediente 11001-03-26-000-2023-00165-00 (70.478)

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8 2.2 La existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio

Para la Sala, no cabe duda sobre la existencia de una condena judicial impuesta en contra de la parte actora consistente en el pago de una suma de dinero, pues, en el expediente obra copia de la sentencia del 11 de febrero de 2015 proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Bogotá que declaró la nulidad de la Resolución número 6160 del 5 de diciembre de 2011 expedida por el entonces director ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y, en consecuencia, ordenó, a título de restablecimiento del derecho, el reintegro laboral y el pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir por el señor John Jairo Hurtado Cubillos (índice 2 SAMAI12).

2.3 La acreditación del pago

y el pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir por el señor John Jairo Hurtado Cubillos (índice 2 SAMAI12).

2.3 La acreditación del pago

Respecto del pago de la condena, la actuación se soporta en los siguientes documentos:

1. La Resolución número 6280 del 6 de octubre de 2017, por medio de la cual el director ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial reconoció y ordenó el pago en favor del señor John Jairo Hurtado Cubillos por el valor de setenta y ocho millones seiscientos treinta mil trescientos ochenta y cinc o pesos ($78.630.385) por concepto de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir, así como también por intereses moratorios (índice 2 SAMAI13).

1. El certificado emitido por la directora administrativa de la división de tesorería de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en la que se señaló que el 3 de noviembre de 2017 se realizó el pago de setenta y ocho millones seiscientos treinta mil trescientos ochenta y cinco pesos ($78.630.385) en favor del señor John Jairo

Hurtado Cubillos (índice 2 SAMAI14).

1. La Sala considera que los mencionados elementos materiales probatorios constituyen, en su conjunto, pruebas suficientes para demostrar el pago de la condena, postura que es acorde con lo establecido por esta Subsección que, en oportunidades anteriores ha afirmado que no existe disposición legal que exija como prueba que la constancia del pago deba provenir del acreedor y que otros medios

condena, postura que es acorde con lo establecido por esta Subsección que, en oportunidades anteriores ha afirmado que no existe disposición legal que exija como prueba que la constancia del pago deba provenir del acreedor y que otros medios 12 Folios 45 a 60 del archivo “ed_001cuadernoprincipal”. 13 Folios 63 a 71 del archivo “ed_001cuadernoprincipal”. 14 Folios 43 a 44 del archivo “ed_001cuadernoprincipal”.Expediente 11001-03-26-000-2023-00165-00 (70.478)

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9 de prueba, tales como documentos públicos con presunción de autenticidad son suficientes para demostrar el mencionado presupuesto15.

2.4 Calificación de la conducta del demandado

Con base en lo anterior, la Sala procede a analizar la conducta del demandado y la posibilidad de calificarla como gravemente culposa conforme a la presunción contenida en el numeral 3 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 -original sin la modificación introducida por la Ley 2195 de 2022-, calificación con base en la cual se formulan las súplicas de la demanda, se seguirá el siguiente de rrotero: 1) régimen aplicable, 2) hechos probados y, 3) análisis de la conducta específica del demandado.

2.4.1 Régimen aplicable

Para la determinación del régimen legal aplicable en este caso debe considerarse que los hechos se refieren a que fue el señor Diógenes Villa Delgado quien, en la condición de director ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,

Para la determinación del régimen legal aplicable en este caso debe considerarse que los hechos se refieren a que fue el señor Diógenes Villa Delgado quien, en la condición de director ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante la Resolución número 6160 del 5 de diciembre de 2011, declaró insubsistente el acto de nombramiento del señor John Jairo Hurtado Cubillos en el cargo de profesional universitario grado 20 en provisionalidad de la unidad administrativa, época en la que ya estaba vigente la Ley 678 de 200116.

1. El artículo 6 de la Ley 678 de 2001 prevé los eventos en los que es posible presumir la culpa grave del agente o exagente estatal, presunciones que corresponden a las denominadas “ iuris tantum”, esto es, que pueden ser desvirtuadas probatoriamente.

La Corte Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad estimó que las presunciones legales tienden a corregir la desigualdad material frente al acceso a la prueba, no comprometen el debido proceso y no implican atribución de culpabilidad en cabeza del demandado17; sin embargo, es deber de la entidad actora expresar la causal derivada de la presunción de dolo o culpa grave en orden a permitir que el demandado tenga la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción frente a un cargo específico, igualmente la entidad demandante 15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de mayo de 2020, expediente

permitir que el demandado tenga la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción frente a un cargo específico, igualmente la entidad demandante 15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de mayo de 2020, expediente número 45522, MP Martín Bermúdez Muñoz. 16 Promulgada en el Diario Oficial No. 44.509, de 4 de agosto de 2001. 17 Corte Constitucional, sentencia C-374 de 2002.Expediente 11001-03-26-000-2023-00165-00 (70.478)

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10 debe probar los supuestos de hecho que estructuran la correspondiente presunción para que pueda tener efectos jurídicos.

1. En el proceso de la referencia, respecto del sujeto pasivo del medio de control judicial Diógenes Villa Delgado, en la demanda se aludió a la presunción de culpa grave consagrada en el numeral 3 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 -original sin la modificación introducida por la Ley 2195 de 2022y como argumento se precisó que el demandado obró así, porque, el acto administrativo demandado no fue motivado, además, la decisión allí adoptada se hizo por razones de índole personal.

1. La Sala advierte que hay lugar a declarar la responsabilidad del aquí demandado porque se acreditó uno de los supuestos de hecho para que opere la presunción contemplada en el numeral 3 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001.

2.4.2 Hechos probados

De conformidad con las pruebas decretadas y aportadas al proceso, los hechos

contemplada en el numeral 3 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001.

2.4.2 Hechos probados

De conformidad con las pruebas decretadas y aportadas al proceso, los hechos probados más relevantes para la adopción de la decisión de la controversia planteada son los siguientes:

1. El demandado Diógenes Villa Delgado, en la condición de Director Ejecutivo de Administración Judicial, suscribió la Resolución número 6160 de 5 de diciembre de 2011 a través de la cual declaró la insubsistencia del acto de nombramiento del funcionario John Jairo Hurtado Cubillos en el cargo de profesional universitario grado 20 de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en los siguientes

términos:

“El director ejecutivo de administración judicial en ejercicio de sus facultades legales estatutarias, especialmente las conferidas en el artículo 99 de la ley 270 de 1996

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar insubsistente el nombramiento como profesional universitario grado 20 de la Unidad Administrativa, al doctor JOHN JAIRO HURTADO CUBILLOS identificado con la cédula de ciudadanía 80.792.476 de Bogotá, a partir del 5 de diciembre de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá DC, 05 DIC 2011Expediente 11001-03-26-000-2023-00165-00 (70.478)

Actor: Nación - Rama Judicial Repetición Sentencia de única instancia

11 (firmado)

DIÓGENES VILLA DELGADO”

Actor: Nación - Rama Judicial Repetición Sentencia de única instancia

11 (firmado) DIÓGENES VILLA DELGADO” (índice 2 SAMAI - mayúsculas fijas del original)18.

1. Contra ese acto administrativo el 5 de julio de 2012 el señor John Jairo Hurtado Cubillos presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que fuese anulado y, en consecuencia, que se ordenara su reintegro laboral y el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, por razón de que el acto administrativo carecía de motivación (índice 18 SAMAI).

1. El 11 de febrero de 2015, el Juzgado Séptimo Administrativo de Bogotá declaró la nulidad de la Resolución número 6160 de 5 de diciembre de 2011 y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó el reintegro laboral y el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por el funcionario afectado con la referida decisión administrativa (índice 2 SAMAI)19.

En este contexto señaló lo siguiente:

“(…) es del caso precisar que la jurisprudencia del órgano de cierre de esta jurisdicción, ha señalado que los empleados en provisionalidad no gozan de fuero de estabilidad, por cuanto su ingreso no se produjo previo concurso de méritos sino en ejercicio de la facultad discrecional, por ende, para su retiro no estable invocar las causales y procedi