CE - Sentencia 11001032600020230017600 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Expediente: 11001-03-26-000-2023-00176-00 (70580)

Demandante: Nación – Ministerio de Minas y Energía Demandado: Municipio de San Agustín - Huila Medio de control: Nulidad (Artículo 137 del CPACA) Asunto: Sentencia de única instancia

Temas: COSA JUZGADA – Institución procesal que garantiza la estabilidad, inmutabilidad y obligatoriedad de las decisiones judiciales, impidiendo la reapertura de controversias ya resueltas y asegurando la coherencia del ordenamiento jurídico. / REQUISITOS DE LA COSA JUZGADA – Identidad de objeto, causa y partes conforme al artículo 303 del CGP; en los procesos de control objetivo de legalidad, la identidad de partes carece de relevancia por tratarse de acciones públicas c on efectos erga omnes. / COSA JUZGADA EN EL CONTROL DE LEGALIDAD – De acuerdo con el artículo 189 del CPACA, la sentencia que declara la nulidad de un acto administrativo produce cosa juzgada absoluta erga omnes; la que niega la nulidad genera cosa juzgada relativa erga omnes, limitada a la causa petendi juzgada. / ACCIÓN DE NULIDAD SIMPLE – Medio de control público, objetivo e imprescriptible, orientado a la depuración del ordenamiento jurídico frente a actos

juzgada. / ACCIÓN DE NULIDAD SIMPLE – Medio de control público, objetivo e imprescriptible, orientado a la depuración del ordenamiento jurídico frente a actos administrativos de contenido general contrarios a la Constitución o la ley. / ACCIÓN DE VALIDEZ – Mecanismo especial y preventivo previsto en el artículo 305.10 de la Constitución y en el artículo 121 del Decreto Ley 1333 de 1986, de legitimación restringida al Gobernador, para someter a control inmediato la legalidad de los acuerdos municipales o distritales. / RELACIÓN ENTRE NULIDAD SIMPLE Y VALIDEZ – Ambas comparten naturaleza objetiva y finalidad de preservar la legalidad, aunque difieren en su legitimación, oportunidad y alcance. Lo decidido en la acción de validez constituye cosa juzgada respecto de la nulidad simple: con efectos absolutos cuando se declara la invalidez del acuerdo y relativos cuando se declara su validez, cerrando únicamente frente a los cargos examinados.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a decidir en única instancia las pretensiones de la demanda presentada por el Ministerio de Minas y Energía, con el fin de que se declare la nulidad del acto administrativo mediante el cual se dictaron unas medidas para “la protección de los recursos naturales y defensa del patrimonio ecológico del municipio de San Agustín – Huila”.Radicación: 11001-03-26-000-2023-00176-00 (70580)

Demandante: Nación – Ministerio de Minas y Energía

Demandado: Municipio de San Agustín, Huila.

– Huila”.Radicación: 11001-03-26-000-2023-00176-00 (70580)

Demandante: Nación – Ministerio de Minas y Energía

Demandado: Municipio de San Agustín, Huila.

Referencia: Nulidad (Artículo 137 del CPACA)

2 Como fundamento de la demanda, la parte actora afirma que el acto acusado está inmerso en las causales de falta de competencia e infracción de normas superiores.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Radicada el 18 de agosto de 2017 1, bajo el medio de control previsto en el artículo 137 del CPACA, la demanda2 solicita que se declare la nulidad del Acuerdo 016 de 10 de junio de 2017 proferido por el concejo municipal de San Agustín, Huila, acto administrativo que dispuso lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso

con los posibles errores)3:

“ARTÍCULO PRIMERO. - Prohibir en la jurisdicción del Municipio de San Agustín -Huila, la construcción de Centrales Hidroeléctricas y/o Represas.

ARTÍCULO SEGUNDO. —Prohibir la realización de actividades de Extracción Minera a gran escala, en cualquiera de sus modalidades, exceptuando las actividades locales, de menor impacto y que se requieran para la sostenibilidad de las carreteras, la construcción y/o actividades artesanales.

PARÁGRAFO 1. Impúlsese la vigilancia control y f ormalización de las minas dedicadas a las actividades descritas en el artículo anterior. Las ladrilleras en el Municipio de San Agustín, podrán continuar con su trabajo de extracción,

PARÁGRAFO 1. Impúlsese la vigilancia control y f ormalización de las minas dedicadas a las actividades descritas en el artículo anterior. Las ladrilleras en el Municipio de San Agustín, podrán continuar con su trabajo de extracción, procesamiento y producción dentro de los límites que establece la norma.

ARTÍCULO TERCERO. - Prohibir la exploración y/o explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales en el territorio del Municipio de San Agustín - Huila.

Las anteriores decisiones se realizan de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente Acuerdo y a fin de garantizar la defensa del patrimonio ecológico, natural y cultural del Municipio.

ARTÍCULO CUARTO. - Motivar a las distintas instituciones, oficiales y privadas para que predomine y se proteja en el Municipio la integralidad del paisaje y la preservación de él, junto a los ecosistemas estratégicos presentes en la localidad, los cuales son garantes de los servicios ambientales, requeridos para la vida de los seres humanos y el desarrollo de actividades productiv as que ellos requieren.

ARTÍCULO QUINTO. - Remitir copia del presente Acuerdo a la Gobernación del Departamento del Huila, a la Agencia Nacional de Minería -ANM-, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-, a Cormagdalena, Ministerio del

1 La demanda fue inicialmente presentada en los juzgados administrativos del Huila y fue remitida a esta Corporación por competencia en 2023. 2 SAMAI, índice 2, archivo “014ED_6_EXPEDIENTEDIGITAL_”, págs. 130 a 204.

competencia en 2023. 2 SAMAI, índice 2, archivo “014ED_6_EXPEDIENTEDIGITAL_”, págs. 130 a 204. 3 SAMAI, índice 2, archivo “014ED_6_EXPEDIENTEDIGITAL_”, págs. 288 a 330.Radicación: 11001-03-26-000-2023-00176-00 (70580)

Demandante: Nación – Ministerio de Minas y Energía

Demandado: Municipio de San Agustín, Huila.

Referencia: Nulidad (Artículo 137 del CPACA)

3 Medio Ambiente, Ingeominas, Ministerio de Minas y Energía, para su conocimiento y adopción de las medidas correspondientes, a fin de garantizar el cumplimiento de lo aquí dispuesto.

ARTÍCULO SEXTO. - Remitir copia del presente Acuerdo a la Federación Colombiana de Municipios para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO SÉPTIMO. - El presente Acuerdo rige a partir de la aprobación por parte del Honorable Concejo Municipal y la respectiva sanció n del Alcalde Municipal y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias”.

2. En la parte motiva del acto demandado, se expusieron principalmente las

siguientes consideraciones:

3. (i) Los artículos 1, 2, 3, 8, 79, 80, 95, 287, 311 y 313 de la Constitución Política reconocen la autonomía territorial, la obligación de proteger el ambiente y el derecho colectivo a un ambiente sano. Los concejos municipales tienen la facultad de ordenar el desarrollo del territorio, reglamentar los usos del suelo y dictar normas de protección del patrimonio ecológico y cultural, por lo que pueden adoptar

colectivo a un ambiente sano. Los concejos municipales tienen la facultad de ordenar el desarrollo del territorio, reglamentar los usos del suelo y dictar normas de protección del patrimonio ecológico y cultural, por lo que pueden adoptar medidas de carácter preventivo para evitar el deterioro ambiental y garantizar la vida digna de sus habitantes.

4. (ii) La Ley 23 de 1973, el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 136 de 1994, la Ley 388 de 1997 y la Ley 1523 de 2012 desarrollan los anteriores mandatos constitucionales y facultan a los municipios para expedir normas de protección ambiental, de gestión del riesgo y de ordenamiento territorial.

Estas disposiciones reconocen que las autoridades locales pueden expedir reglas más estrictas cuando las circunstancias lo exigen, en aplicación del principio de rigor subsidiario.

5. (iii) El municipio de San Agustín se encuentra en el Macizo Colombiano, la Reserva de la Biosfera Cinturón Andino y el Corredor Biológico Cueva de los Guácharos, y alberga el Parque Arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta riqueza natural y cultural está amenazada por la proliferación de solicitudes de títulos mineros y energéticos que implican riesgos graves para los ecosistemas estratégicos, las fuentes hídricas, la biodiversidad y la seguridad alimentaria. Investigaciones de la Contraloría General de la Rep ública y de la Comisión Mund ial de Represas, han demostrado que la minería y las hidroeléctricas generan daños irreversibles, como desertificación, pérdida de suelos

seguridad alimentaria. Investigaciones de la Contraloría General de la Rep ública y de la Comisión Mund ial de Represas, han demostrado que la minería y las hidroeléctricas generan daños irreversibles, como desertificación, pérdida de suelos y aguas, contaminación, desplazamiento de comunidades y deterioro del tejido social y cultural.

6. (iv) La Corte Constit ucional ha reconocido que la autonomía territorial es un núcleo esencial protegido por la Constitución. En sentencias diversas sentencias

(C-535 de 1996, C-239 de 2002, C-123 de 2014, C-273 de 2016 y T-445 de 2016) la Corte ha precisado que los municipios pueden ejercer competencias en materia ambiental y ordenar usos del suelo, incluso, adoptando medidas que excluyanRadicación: 11001-03-26-000-2023-00176-00 (70580)

Demandante: Nación – Ministerio de Minas y Energía

Demandado: Municipio de San Agustín, Huila.

Referencia: Nulidad (Artículo 137 del CPACA)

4 actividades extractivas. Estas decisiones resaltan el principio de coordinación y concurrencia entre la Nación y los entes territoriales, per o también el rigor subsidiario que habilita a los municipios para expedir normas más estrictas cuando las condiciones locales así lo justifican.

7. (v) El municipio de San Agustín tiene una vocación agrícola, pecuaria y turística que depende de la conservaci ón de sus paisajes, fuentes hídricas y patrimonio cultural. La minería, los hidrocarburos y las hidroeléctricas de gran escala

turística que depende de la conservaci ón de sus paisajes, fuentes hídricas y patrimonio cultural. La minería, los hidrocarburos y las hidroeléctricas de gran escala alteran la estructura productiva, afectan la soberanía alimentaria y ponen en riesgo la estabilidad de las comunidades indígenas y campesinas. Bajo los principios de precaución, prevención y progresividad, el concejo municipal consideró necesario prohibir este tipo de actividades para asegurar la sostenibilidad del territorio y la protección de las generaciones presentes y futuras.

8. En el concepto de la violación, la cartera ministerial afirmó que el acto demandado está inmerso en las causales de falta de competencia e infracción de las normas en que debía fundarse.

9. Indicó que el acto incurrió en infracción de normas superiores, por cuanto el concejo municipal desconoció preceptos constitucionales como los artículos 25, 26, 79, 80, 332, 333, 334, 360 y 367, así como disposiciones de la Ley 388 de 1997 y de la Ley 685 de 2001, por cuanto la prohibición absoluta de la minería, de la extracción de hidrocarburos y la construcción y operación de hidroeléctricas, vulnera el derecho al trabajo de quienes participan en dichas actividades, limita de manera desproporcionada la libertad económica y empresarial, y desconoce el principio de legalidad y la jerarquía normativa, al crear restricciones contrarias a la Constitución Política y a la ley. Además, resaltó que el Acuerdo compromete la política minera y energética nacional, afecta la distribución de regalías y desconoce el interés general, pues impide el desarrollo de actividades declaradas de utilidad pública y de

Política y a la ley. Además, resaltó que el Acuerdo compromete la política minera y energética nacional, afecta la distribución de regalías y desconoce el interés general, pues impide el desarrollo de actividades declaradas de utilidad pública y de interés social. A lo anterior, se suma que la prohibición de construir centrales hidroeléctricas afecta la prestación de servicios públicos esenciales como la energía eléctrica, des conociendo que el acceso a dichos servicios es un derecho constitucional (arts. 365 a 367 C.P.), cuya regulación corresponde a la Nación.

10. La falta de competencia se sustentó en que la regulación del subsuelo, los recursos naturales no renovables y los servicios públicos corresponde al Estado en su conjunto y, en particular, al legislador. El concejo de San Agustín, al expedir un acto que prohíbe de manera absoluta actividades minero-energéticas, se extralimitó en sus funciones, usurpando competencias nacio nales. Aunque los municipios pueden reglamentar los usos del suelo y dictar normas ambientales locales, no tienen atribución para disponer prohibiciones absolutas sobre el subsuelo ni sobre la prestación de servicios públicos domiciliarios de alcance nacio nal. También advirtió que el Acuerdo desconoció el marco normativo ambiental de la Ley 99 de 1993, que asigna a las autoridades nacionales y regionales —ANLA y CAR — las competencias de control, y vulneró los principios de coordinación, concurrencia yRadicación: 11001-03-26-000-2023-00176-00 (70580)

Demandante: Nación – Ministerio de Minas y Energía

Demandado: Municipio de San Agustín, Huila.

Referencia: Nulidad (Artículo 137 del CPACA)

Demandante: Nación – Ministerio de Minas y Energía

Demandado: Municipio de San Agustín, Huila.

Referencia: Nulidad (Artículo 137 del CPACA)

5 subsidiariedad, al adoptar medidas unilaterales sobre actividades estratégicas de la Nación.

Contestación de la demanda

11. El municipio se opuso a la pretendida nulidad del acto 4, con fundamento en tres ejes principales: la competencia constitucional y legal de los concejos municipales para reglamentar usos del suelo y dictar medidas de protección ambiental y cultural; la necesidad y proporcionalidad de la prohibición, sustentada en principios de precaución, prevención y desarrollo soste nible; y, la autonomía territorial, reforzada por la jurisprudencia constitucional, que avala la posibilidad de excluir actividades minero -energéticas en defensa del ambiente, la cultura y la vocación productiva del municipio.

12. Señaló que el Acuerdo 016 de 2017 fue expedido dentro del marco de las competencias constitucionales y legales de los concejos municipales, particularmente las derivadas de los artículos 311 y 313 constitucionales. Recordó que los concejos están facultados para reglamentar los usos del suelo, proteger el patrimonio ecológico y cultural y dictar normas que permitan preservar los recursos naturales, en ejercicio de la autonomía territorial reconocida por la Constitución

Política.

13. En desarrollo de ese mandato, el concejo consideró que las actividades de minería a gran escala, explotación de hidrocarburos y construcción de hidroeléctricas representan un riesgo cierto y grave para el patrimonio ambiental,

13. En desarrollo de ese mandato, el concejo consideró que las actividades de minería a gran escala, explotación de hidrocarburos y construcción de hidroeléctricas representan un riesgo cierto y grave para el patrimonio ambiental, cultural y social del municipio, que forma parte de áreas de especial protección como el Macizo Colombiano, la Reserva de la Biosfera Cinturón Andino y el Parque Arqueológico de San Agustín, Patrimonio de la Humanidad. Por tanto, bajo los principios de precaución y prevención, se estimó necesario adoptar medidas de carácter preventivo qu e prohibieran actividades incompatibles con la vocación agrícola, pecuaria y turística del territorio.

14. Sostuvo que la demanda parte de una concepción errada de la autonomía territorial, pues si bien el subsuelo pertenece al Estado y la Nación fija la polí tica minera, la jurisprudencia constitucional —en especial la Sentencia T-445 de 2016 y otras como la C-123 de 2014— ha reconocido que los municipios tienen un rol activo en la definición de los usos del suelo y pueden adoptar decisiones de exclusión de actividades extractivas cuando estas sean incompatibles con su modelo de desarrollo y con la protección de derechos colectivos, como el ambiente sano y la seguridad alimentaria.

15. Precisó que el Acuerdo no desconoce el derecho al trabajo ni la libertad económica, pues no prohíbe toda actividad productiva, sino únicamente aquellas que por su escala y naturaleza generan impactos irreversibles sobre el ambiente y la cultura. Por el contrario, el acto acusado fomenta la agricultura sostenible, el

económica, pues no prohíbe toda actividad productiva, sino únicamente aquellas que por su escala y naturaleza generan impactos irreversibles sobre el ambiente y la cultura. Por el contrario, el acto acusado fomenta la agricultura sostenible, el

4 SAMAI, índice 2, archivo “015ED_7_EXPEDIENTEDIGITAL_”, págs. 5 a 61.Radicación: 11001-03-26-000-2023-00176-00 (70580)

Demandante: Nación – Ministerio de Minas y Energía

Demandado: Municipio de San Agustín, Huila.

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6 turismo cultural y ecológico, y permite la minería artesanal y de pequeña escala en condiciones de formalización, buscando proteger los empleos ligados a la vocación productiva propia del territorio.

16. Sostuvo que el Acuerdo se fundamentó en abundantes consideraciones ambientales, legales y jurisprudenciales, apoyadas en estudios de la Contraloría General de la República y en informes de la Comisión Mundial de Represas. Estas fuentes demostraron los efectos negativos de la minería y de las hidroeléctricas sobre el agua, los suelos, la biodiversidad y las comunidades, por lo que el acto administrativo cuenta con motivación suficiente y objetiva, orientada a garantizar el principio constitucional de desarrollo sostenible.

17. Finalmente, defendió que la medida es proporcionada y necesaria, pues la función de las entidades territoriales no se limita a ejecutar las políticas nacionales, sino que deben ejercer sus competencias para proteger la vida, la salud, el ambiente

17. Finalmente, defendió que la medida es proporcionada y necesaria, pues la función de las entidades territoriales no se limita a ejecutar las políticas nacionales, sino que deben ejercer sus competencias para proteger la vida, la salud, el ambiente y el patrimonio cultural de sus habitantes. Negó que se haya violado el principio de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, por cuanto la decisión local se enmarca en una interpretación armónica de la Constitución que reconoce la autonomía territorial como un límite frente a actividades extractiv as incompatibles con las realidades locales.

Trámite procesal relevante

18. La demanda fue inicialmente conocida por el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva, bajo el radicado 41001 -33-33-009-2017-00338-00, quien mediante auto del 6 de agosto de 2021 5 y co n fundamento en el artículo 182A del CPACA, determinó la procedencia de dictar sentencia anticipada por tratarse de un asunto de puro derecho, por no existir excepciones previas por resolver y dado que las pruebas aportadas por las partes eran exclusivamente documentales, las cuales se decretaron e incorporaron al expediente6.

19. Posteriormente, al encontrarse el proceso para dictar sentencia, en auto del 15 de agosto de 20237, el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva declaró su falta de competencia por el factor funcional, al advertir que el artículo 295 del Código de Minas atribuye al Consejo de Estado la competencia privativa en única instancia para conocer de litigios sobre asuntos mineros, distintos de los contractuales, en los que fuera parte la Nación o una entidad estatal del orden nacional. En consecuencia, ordenó remitir el expediente a esta Corporación.

para conocer de litigios sobre asuntos mineros, distintos de los contractuales, en los que fuera parte la Nación o una entidad estatal del orden nacional. En consecuencia, ordenó remitir el expediente a esta Corporación.

5 SAMAI, índice 10, archivo “030_ED_02AUTOCORRETRASLADOP”. 6 Se allegó: (i) copia del Acuerdo No. 016 de 2017 expedido por el Concejo Municipal de San Agustín; (ii) documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible realizada del 20 al 22 de junio de 2012; (iii) informe sobre “La minería de hecho en Colombia” de la Defensoría del Pu eblo; (iv) Reporte final de la Comisión Mundial de Represas del año 2000, denominado “Represas y desarrollo: Un nuevo marco para la toma de decisiones”; (v) “Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico” -2010del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; (vi) informe preventivo sobre la minería ilegal en Colombia de la Procuraduría General de la Nación. 7 SAMAI, índice 2, archivo “006ED_018_AUTOQUEREMITEPRO”.Radicación: 11001-03-26-000-2023-00176-00 (70580)

Demandante: Nación – Ministerio de Minas y Energía

Demandado: Municipio de San Agustín, Huila.

Referencia: Nulidad (Artículo 137 del CPACA)

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20. El 12 de marzo de 2024, el Consejo de Estado resolvió avocar el conocimiento del proceso en única instancia precisando que, al haberse presentado la demanda en 2017, antes de las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de

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20. El 12 de marzo de 2024, el Consejo de Estado resolvió avocar el conocimiento del proceso en única instancia precisando que, al haberse presentado la demanda en 2017, antes de las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021, resultaba aplicable la norma especial que le atribuía competencia exclusiva en esta materia.

21. Mediante auto del 26 de septiembre de 2025, se ordenó ofi ciar al Tribunal Administrativo del Huila – Sala Quinta de Decisión, a fin de que remitiera copia íntegra de: (i) la sentencia de única instancia del 27 de septiembre de 2017, proferida en el proceso con radicado 410012333000 -2017-00380-00; (ii) el auto qu e avocó conocimiento del asunto; (iii) el escrito de objeciones del Gobernador del Huila, y (iv) el escrito de coadyuvancia presentado por el Ministerio de Minas y Energía en dicho trámite. El Tribunal allegó los documentos requeridos mediante memorial del 27 de octubre de 2025 8. Una vez surtido el traslado respectivo, las partes guardaron silencio sobre estas pruebas.

Alegatos de conclusión

22. La parte actora reiteró que el Acuerdo 016 de 2017 es nulo porque fue expedido sin competencia y en contravía de la Constitución y la ley. Insistió en que los municipios carecen de facultad para prohibir actividades mineras, hidrocarburíferas o hidroeléctricas, ya que el subsuelo y los recursos no renovables son de propiedad estatal (art. 332 C.P.) y su regulación corresponde al legislador.

Subrayó que la Sentencia T -445 de 2016 citada por el concejo municipal no es

son de propiedad estatal (art. 332 C.P.) y su regulación corresponde al legislador. Subrayó que la Sentencia T -445 de 2016 citada por el concejo municipal no es aplicable al caso, porque sus efectos son interpartes y no confieren a los municipios facultades para expedir actos administrativos que prohíban en bloque la minería. Reseñó que la Corte Constitucional ha establecido que la explotación de recursos naturales no renovables es de interés público y s ocial, y que las competencias de los municipios en materia ambiental se limitan a regular el uso del suelo y participar en procesos de concertación, no a imponer prohibiciones absolutas.

23. El municipio reafirmó la validez del acto acusado afirmando que fue expedido dentro de las competencias constitucionales y legales de los concejos municipales

(arts. 311 y 313 C.P.), que los habilitan para reglamentar los usos del suelo, proteger el patrimonio ecológico y cultural, y dictar normas ambientales. Así mismo, insistió en que la jurisprudencia constitucional (especialmente las sentencias C-123 de 2014 y T-445 de 2016) reconoce que los entes territoriales pueden excluir actividades minero-energéticas en defensa del ambiente y la seguridad alimentaria, en aplicación de los principios de precaución, prevención y rigor subsidiario. Agregó que el Tribunal Administrativo del Huila, en ejercicio de la acción de validez promovida por el Gobernador del Huila con coadyuvancia del propio Ministerio, ahora demandante, se pronunció sobre la constitucionalidad y legalidad del Acuerdo 016 de 2017 concluyendo que era válido, por lo que, en el caso concreto, se configura el fenómeno de la cosa juzgada.

ahora demandante, se pronunció sobre la constitucionalidad y legalidad del Acuerdo 016 de 2017 concluyendo que era válido, por lo que, en el caso concreto, se configura el fenómeno de la cosa juzgada.

8 SAMAI, índice 24.Radicación: 11001-03-26-000-2023-00176-00 (70580)

Demandante: Nación – Ministerio de Minas y Energía

Demandado: Municipio de San Agustín, Huila.

Referencia: Nulidad (Artículo 137 del CPACA)

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II. CONSIDERACIONES

Competencia

24. La demanda se interpuso el 18 de agosto de 2017, por ello, al proceso le resulta aplicable el artículo 295 del Código de Minas9, que establece que el Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia las acciones que se promuevan sobre asuntos mineros, distintos de los contractuales y en los que la Nación o una entidad nacional sea parte.

25. Aunque no se desconoce que el Acuerdo 016 de 2017 despliega un amplio espectro de prohibiciones en materia minero –energética, que abarcan no solo la extracción minera a gran escala sino también la construcción de centrales hidroeléctricas y represas y la exploración y explotación de hidrocarburos, la Sala advierte que el objeto del litigio se estructura en torno a un conjunto de medidas que, de forma unitaria y esencial, restringen el des arrollo de actividades minero – energéticas, en particular la minería a gran escala y la explotación de recursos naturales no renovables, declaradas de utilidad pública y sometidas a la política

que, de forma unitaria y esencial, restringen el des arrollo de actividades minero – energéticas, en particular la minería a gran escala y la explotación de recursos naturales no renovables, declaradas de utilidad pública y sometidas a la política minera nacional, de suerte que el caso se encuadra en la catego ría de “asuntos mineros” en el sentido amplio reconocido por la jurisprudencia de esta Corporación10. La referencia a proyectos hidroeléctricos y a la actividad hidrocarburífera no desnaturaliza ese carácter, pues se inserta en la misma lógica de ordenamiento del subsuelo y de los recursos naturales no renovables sobre la cual se proyecta el régimen especial de competencia aplicable en esta oportunidad.

Cuestión preliminar

26. Corresponde a la Sala establecer si en el caso concreto se configura el fenómeno de la cosa juzgada, teniendo en cuenta que el acuerdo municipal demandado fue objeto de control de legalidad a través de la acción de validez promovida por el Gobernador del Huila.

9 Derogado por el artículo 87 de la Ley 2080 de 2021. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de octubre de 2021, Exp. 20001-33-31-002-2006-00030-00 (39256), C.P. José Roberto Sáchica Méndez. “(…) aun cuando en el ordenamiento jurídico no se encuentra definido de manera específica cuáles son los asuntos mineros, la exposición de motivos del Proyecto de Ley 269 de 2000, mediante el cual se expidió finalmente la

aun cuando en el ordenamiento jurídico no se encuentra definido de manera específica cuáles son los asuntos mineros, la exposición de motivos del Proyecto de Ley 269 de 2000, mediante el cual se expidió finalmente la Ley 685 de 200131, determina con claridad como propósito de dicha norma el de regular íntegramente el sector minero, y en ese sentido, el artículo 3 de la misma establece que sus reglas y principios desarrollan los mandatos constitucionales relacionados con los recursos mineros, en form a completa, sistemática, armónica y con el sentido de especialidad y de aplicación preferente (…) para la Sala, solo pueden ser caracterizados como asuntos mineros, y por ende, de conocimiento de esta Corporación en única instancia, aquellos directa e inescindiblemente vinculados al reconocimiento, otorgamiento o ejercicio de los derechos para la explotación de yacimientos mineros, desarrollados bajo la exploración, construcción, montaje, explotación, beneficio, transformación, transporte y promoción de los minerales que se encuentren en el suelo o el subsuelo, ya sean de propiedad nacional o de propiedad privada, y que se encuentran dentro del ámbito de aplicación material de las normas especiales que regulan el sector minero”.Radicación: 11001-03-26-000-2023-00176-00 (70580)

Demandante: Nación – Ministerio de Minas y Energía

Demandado: Municipio de San Agustín, Huila.

Referencia: Nulidad (Artículo 137 del CPACA)

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Generalidades de la cosa juzgada

27. La cosa juzgada es una institución procesal que asegura la estabilidad, inmutabilidad y obligatoriedad de las decisiones judiciales, a la vez que materializa

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Generalidades de la cosa juzgada

27. La cosa juzgada es una institución procesal que asegura la estabilidad, inmutabilidad y obligatoriedad de las decisiones judiciales, a la vez que materializa los principios de seguridad jurídica y economía proces al. Por sus fines, la cosa juzgada tiene como punto de partida la autoridad y fuerza obligatoria de las providencias judiciales, lo que impide la proliferación de juicios sucesivos sobre los mismos hechos, pretensiones y fundamentos normativos, de manera q ue protege no solo los intereses de las partes que intervinieron en el proceso, sino que trasciende a toda la sociedad, garantizando la coh